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Leyes con interpretación
Parece la persecución del español y ni tan siquiera es la defensa
del catalán como lengua
Eduardo Méndez www.gaceta.es 2 Julio 2010
Tenía que pasar, era lo lógico, el resultado de tener un poder
judicial elegido –y sobre todo mal elegido–, por los políticos no es
otro que el que estamos viviendo. Leyes que se interpretan en el
sentido que mejor le venga al partido de turno. De esta forma, una
ley puede dictar una cosa y la contraria dependiendo del signo del
juez que la interprete, o lo que es peor dependiendo de los
intereses a los que ese juez les deba su cargo.
Así nos encontramos con una Constitución que defiende la igualdad
ante la ley de todos los españoles, pero que gracias al poder
interpretativo de unos magistrados se plantearía la existencia de
una nación dentro de otra nación. Con esto se cargan de un plumazo
ese principio de igualdad, y se dan situaciones tan anacrónicas como
las que está propiciando la lengua en Cataluña. Sí, sí. En esta
autonomía dependiente del Estado español mientras los magistrados
del Tribunal Constitucional lo permitan, se puede poner cualquier
negocio siempre y cuando se rotule o se atienda al consumidor en
cualquier idioma que no sea el castellano.
No estoy confundido. Cualquier idioma que no sea el castellano
sirve. Veamos: puedo abrir en la misma Plaza de Cataluña un burger
pero no puedo abrir una hamburguesería; puedo comprar algo en una
tienda regentada por chinos y que se dirijan a mí en algo parecido
al catalochino, pero si me hablan en castellano los pueden multar
hasta con un millón de euros... Cosas de estas leyes y sus
interpretes. Podría parecer a simple vista que es la persecución de
un idioma, pero no lo es, ni tan siquiera es la defensa del catalán
como lengua. Creo que es algo mucho más grave: es poner la ley al
servicio de los intereses de unos políticos que no pocas veces nos
han demostrado que sólo les mueve su beneficio personal –¿cuánto
dejaré de ganar si pierdo las próximas elecciones?–, y que bajo el
engaño de servir a la comunidad se sirven de los votos para seguir
en la cadira, o sea, el sillón. Por cierto que la Selección española
de fútbol cada vez lo esta haciendo mejor, felicitémonos y
continuémos en esa linea hasta la final. Los romanos que eran muy
listos ya distraían la atención ofreciéndole al pueblo pan y circo o
lo que es lo mismo fútbol y toros. ¡Estamos tontos!
¿Necesitamos el Estatuto de «Gataluña»?
Roberto Blanco Valdés La Voz 2 Julio 2010
Que todas las regiones españolas lleven años sometidas a los ritmos
políticos que, en materia autonómica, marca Cataluña, explica que,
nada más conocerse la sentencia sobre el Estatut, se haya desatado
entre la clase política gallega una fiebre de reforma estatutaria de
la que, por suerte, nos habíamos librado en los meses previos de la
actual legislatura. Pero las cosas son así: Cataluña estornuda y
Galicia se acatarra.
La primera consecuencia de ese fenómeno de imitación -que dice poco,
ciertamente, de la autonomía de acción y pensamiento de unos líderes
que se llaman autonómicos- es que, de la noche a la mañana, se ha
convertido en urgente lo que, con toda la razón, nadie tenía en su
agenda hasta hace un par de días.
Esto último era, desde luego, muy sensato, pues, con la que está
cayendo, lo que menos necesita ahora Galicia es empantanarse con un
asunto que nos descoloca de las auténticas prioridades del país:
luchar contra la crisis y la más grave de sus muchas consecuencias
-el desempleo- e intentar salir de ella en las mejores condiciones
para competir en un mercado cada vez más global y más abierto.
Máxime cuando es fácil constatar que ninguno de los problemas de
verdad a los que hoy nos enfrentamos depende de que se reforme o no
nuestro Estatuto.
De hecho, si las regiones españolas no estuvieran literalmente
enganchadas a la droga identitaria, lo responsable hubiera sido
aprovechar esta crisis para reflexionar en serio sobre si podemos
permitirnos el carísimo Estado que tenemos o si, por el contrario,
deberíamos reorganizarlo de un modo en que la autonomía local y
regional fuese compatible con la eficiencia pública y la cohesión
territorial, económica y social. Todo ello será mucho más difícil,
por no decir imposible, tras la sentencia del Tribunal
Constitucional que ha laminado la Constitución como marco jurídico
de juego.
Pero, por si fuera poco esta urgencia sobrevenida sobre la reforma
estatutaria, mucho peor sería equivocar los términos del
pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pues el hecho de que un
órgano incapaz de cumplir con sus funciones no haya tenido el coraje
de declarar inconstitucional lo que lo es a todas luces, no
significa que muchas de las previsiones del Estatut que ahora se
convalidan no sean un verdadero desatino.
Por eso, si Galicia no necesita hoy meterse en el charco de una
reforma que no aportaría a nuestra vida más que enfrentamientos y
problemas, mucha menos falta le hace todavía copiar un texto
disparatado que, tras traicionar la letra y el espíritu de la
Constitución, está construido al servicio de un proyecto confederal
que en Galicia solo defiende el BNG. Las prioridades de Galicia no
pasan hoy por hacer otro Estatuto y mucho menos por hacer el
gatalán.
Pujol, Cataluña y España
La gestión llevada a cabo por los gobiernos socialistas del señor
Rodríguez Zapatero en relación con Cataluña puede calificarse de
lamentable.
IGNACIO CAMUÑAS SOLÍS (PRESIDENTE DEL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL) ABC 2 Julio 2010
El excelente y habitual columnista de ABC Valentí Puig publicó el
domingo día 20 de junio en este periódico una muy interesante y, a
mi juicio, grave entrevista con el ex presidente de la Generalitat
Jordi Pujol. Decir que Jordi Pujol representa lo más serio, lo más
cuajado y coherente del nacionalismo catalán, es no decir más que la
verdad y lo que casi todo el mundo sabe y admite como cierto. Por
eso sus pensamientos y sus palabras deben enjuiciarse con la
importancia que revisten.
El conjunto de sus manifestaciones, leídas con atención, deja claro,
para cualquier observador alerta, lo que puede ser el núcleo
esencial de la doctrina del nacionalismo catalán para los tiempos
venideros. Para ayudar al lector a centrarse en lo sustancial de sus
propuestas, permítaseme resumir en algunos enunciados el contenido
principal de sus manifestaciones.
1. Para Pujol, Cataluña y España son dos realidades bien distintas.
Esta afirmación se deduce de dos de sus respuestas a Valentí Puig.
La primera, cuando dice que «Cataluña no es solo una comunidad
autónoma, sino realmente un país», y cuando añade a continuación:
«No acepto el proyecto altamente centralista y homogeneizador que
ahora quiere imponernos España». Para concluir declarando: «La
oferta de incardinación en España que se nos hace significaría la
dilución de Cataluña a cuarenta o cincuenta años vista. O sea que, a
mi entender, hay que rechazarla totalmente». Pujol, con estas
declaraciones, se enfrenta de manera flagrante a los postulados
fundamentales de nuestra Constitución, apartándose de lo que
realmente supone la España de las Autonomías. Para él, Cataluña no
es una comunidad autónoma más, es un país, y no dice textualmente
que es una nación, aunque naturalmente lo piensa; y, por tanto, es
una realidad aparte y distinta de España, con la que pretende
entenderse de tú a tú y llegar a un acomodo que a los nacionalistas
catalanes les resulte satisfactorio.
2. En relación con las propuestas independentistas que hoy recorren
el territorio de Cataluña, el astuto y viejo timonel de la política
catalana se manifiesta, como es habitual en él, con una calculada
ambigüedad. Y así, afirma: «A la propuesta independentista no me
adhiero, pero no la critico, porque no estoy en condiciones de
defender una solución de concordia, de respeto mutuo y de progreso
común». Es decir, sin proclamarse independentista parece ver bien y
razonable que otros lo sean. Además, dice que está poco interesado
en defender una solución de concordia y de progreso común. Por
tanto, lejos de rechazar las consultas a favor de la independencia,
considera admisible que existan y da en el fondo razones para su
legitimidad y puesta en escena.
3. Por último, y en relación con la sentencia del Estatuto de
Cataluña, considera que en todo caso será un fracaso, pues, según
manifiesta, «será una sentencia absurda, repleta de
contradicciones». Y para finalizar, añade: «Lo que propugno es una
acción catalana de fortalecimiento en todos los terrenos, pero sin
asumir el compromiso de un proyecto común». En definitiva, lo que
argumenta Pujol es que hay que seguir fortaleciendo Cataluña sin
asumir ningún compromiso con el proyecto común, es decir, con lo que
él llama España. En definitiva, digo yo, seguir reclamando lo que
Cataluña viene demandando desde hace treinta años, esto es, más
dinero, más competencias y más inmersión lingüística, bajo la
apariencia de prestar su apoyo a la gobernabilidad del Estado, como
les gusta decir generalmente a los dirigentes de Convergencia de
manera habitual.
El siguiente objetivo, a no dudar, será pedir un concierto económico
para Cataluña igual al concierto vasco, ya que, si el País Vasco
disfruta de un concierto económico, ¿por qué nosotros no lo vamos a
tener también?, parece defender Artur Mas en algunas de sus más
recientes declaraciones. Pues bien, a mí me parece entendible que
los nacionalistas catalanes aspiren y piensen de esta manera. En el
fondo, ellos quieren y ansían la independencia dentro del marco
europeo, y España, como ellos dicen, es un obstáculo permanente para
ese propósito. Un sector del nacionalismo defenderá ese programa
abierta y frontalmente, mientras que otro sector que pretende lo
mismo considera que la táctica debe ser otra, más oblicua y más
taimada, más gradual y más pausada, para no despertar excesivos
recelos ni manifiestas sospechas. Pero a la altura en que nos
encontramos, y después del tiempo transcurrido, solo los ignorantes
o los miopes podrán negar una realidad palmaria cien mil veces
puesta de manifiesto, a saber: el nacionalismo catalán en su
conjunto, pero con un reparto inteligente de papeles, trabaja día a
día en pro de la independencia.
Lo que ya no me parece tan razonable es que los que pensamos y
defendemos que Cataluña es una parte entrañable e irrenunciable de
esta vieja nación que es España no tengamos los arrestos
democráticos para defender como es debido, sin complejos y a cara
descubierta, nuestra posición, pues yo me pregunto: ¿por qué va a
ser más democrático y más progresista tolerar las ínfulas
independentistas de una minoría del pueblo catalán, mientras se
tacha de reaccionaria y poco democrática la posición de aquellos que
queremos defender la unidad de nuestro país tal y como la consagra
nuestra propia Constitución?
¿No habría, pues, que advertir muy seriamente, en este sentido, a
los dos partidos nacionales en relación con los guiños negociadores
y los flirteos que por lo común practican con el nacionalismo
catalán en sus diferentes versiones? Se me dirá que la aritmética
parlamentaria obliga las más de las veces a ello, pero, siendo esto
tal vez cierto, cabría pensar que en esta cuestión la competencia
ciega y absurda entre los dos grandes partidos nacionales tendría
que encontrar otras vías de solución.
Los que estuvimos en el período constituyente creímos que nuestra
Constitución y el Estatuto de Sau serían respuestas más que
satisfactorias para el encaje y normal funcionamiento de Cataluña
dentro de España. Hoy observamos con decepción no exenta de amargura
que los esfuerzos de entonces no han servido para calmar la
insaciable vocación reivindicativa de las fuerzas nacionalistas,
que, por lo que hemos podido comprobar, necesitan de esa permanente
reivindicación para justificar su razón de ser y asegurar su
sustento político.
Las cartas están sobre la mesa. La gestión llevada a cabo por los
gobiernos socialistas del señor Rodríguez Zapatero en relación con
Cataluña puede calificarse de lamentable. El nuevo Estatuto, según
asegura el propio Pujol, no servirá más que para aumentar la
confusión y la frustración, mientras España, añado yo, continúa
deshilachándose y el mal ejemplo catalán se extiende por otras
comunidades autónomas poniendo en riesgo la necesaria cohesión de
nuestro país. El señor Rajoy, como principal candidato a ocupar la
Presidencia del Gobierno, en caso de ganar las próximas elecciones,
debería tomar buena nota de ello, a menos que le preocupe más llegar
a La Moncloa que asegurar la unidad y la estabilidad de España en su
conjunto.
Estamos, por desgracia, en una pendiente inclinada, sin que nadie se
atreva a revertir la situación. Es cuestión de tiempo. Cualquier
atento observador puede verificar que el sentimiento independentista
en Cataluña se multiplica año tras año, mientras la clase dirigente
continúa mirando a otro lado por miedo a enfrentarse a esta
lacerante situación. El que avisa no es traidor. De no actuar a
tiempo y con energía democrática, pagaremos un alto precio.
¿Es Cataluña el modelo a seguir por
Galicia?
A la luz de los hechos, aquel intento de «reforma» de 2006,
siguiendo el modelo catalán, fue un error
CARLOS RUIZ MIGUEL ABC Galicia 2 Julio 2010
El bipartito impulsó la elaboración de un nuevo Estatuto gallego en
2006. En su momento, el PP cometió el error de sumarse a esa
iniciativa. Afortunadamente, un tiempo después, el PP se desmarcó de
aquella operación que no buscaba sino cómplices para la «operación
Estatuto catalán».
La reciente sentencia del TC sobre el nuevo Estatuto catalán y la
situación económica actual de España nos invitan a reflexionar, no
sólo para juzgar aquella operación intentada en Galicia, sino para
prevenirnos de lo que puede intentarse en el futuro. La sentencia
del TC sobre el Estatuto catalán es una mala sentencia para un mal
Estatuto. Pero independientemente de que, en mi opinión (y a la
vista exclusivamente del fallo, que es lo que se ha hecho público),
esa sentencia no contribuye a la claridad y a la seguridad del
sistema político hay algunas conclusiones que sí se pueden extraer.
La primera es que las propuestas de Estatuto que se hicieron desde
ámbitos cercanos al PSOE de Galicia y al BNG ha quedado claro que
eran inconstitucionales. Si lo que se buscaba era un «Estatuto de
nación» está claro que eso no es conforme con la Constitución. La
segunda es que el borrador que presentaba la Xunta también contenía
aspectos inconstitucionales. No es extraño siendo el inspirador de
ese borrador el actual ministro de Justicia, el mismo que contribuyó
a la redacción del texto catalán.
La sentencia no contribuye a la claridad y a la seguridad del
sistema político
Tenemos que destacar que, a la vista del fallo del TC, el nuevo
Estatuto catalán ha sido declarado en una parte esencial como
inconstitucional y en otra parte importante como necesitado de una
interpretación correctora. La consecuencia evidente, a la luz de los
hechos, es que aquel intento de «reforma» estatutaria en Galicia,
siguiendo el modelo catalán, que emprendió el bipartito fue un
error. Que el PP al sumarse inicialmente a esa «reforma» se equivocó
y que el PP acertó al descolgarse de la dicha «reforma».
Eso es el pasado. ¿Y qué decir para el futuro?
Para el futuro conviene tener en cuenta algunos datos. El nuevo
Estatuto catalán lleva en vigor cuatro años y parece relevante a la
hora de juzgar la situación actual de Cataluña. Y la situación
actual de esa región es que es la comunidad autónoma más endeudada
de España: ¡25.000 millones de euros! (más del 25% del total de la
deuda autonómica), y que el Producto Interior Bruto de la región
catalana ha bajado más que el del resto de las comunidades
autónomas. A la luz de estos datos hay una conclusión que es
evidente por sí misma: el tener un nuevo Estatuto de autonomía, con
más competencias, con más órganos autonómicos, no sólo no garantiza
más prosperidad, sino que hay razones para sostener que produce
mayor pobreza.
Emitida la sentencia del TC, el medio que más descaradamente
promociona al actual ministro de justicia vuelve a la carga y dice
que Feijóo no tiene ahora «excusa» para no promover una «reforma»
estatutaria. Lo que hará Feijóo no lo sé. Lo que está claro, sin
embargo, es lo que no debería hacer.
11-M
Homenaje a las víctimas del terrorismo
Gabriel Moris Libertad Digital 2 Julio 2010
El domingo veintisiete de junio tuve la ocasión de presenciar un
acto televisado en homenaje a las víctimas del terrorismo. A pesar
de tener noticias de su celebración quedé sorprendido por el mismo y
por su estructura. Como víctima del terrorismo desde el fatídico
11-M vaya por delante mi felicitación a todos los que de buena fe
participaron en él. En cualquier caso, me gustaría compartir con los
lectores algunas reflexiones.
Me resultó agradable a la vez que chocante ver reunidos a todos los
representantes de las altas magistraturas del Estado pronunciando
discursos de apoyo a las víctimas y de condena del terrorismo. La
ausencia del presidente del Gobierno, aunque habitual en actos de
las víctimas, no hizo más que confirmar el interés que
constantemente suscitamos en su acción de Gobierno. Respecto a los
organizadores, he de confesar que tampoco se han prodigado con su
presencia en actos o congresos de las víctimas del terrorismo.
El acto en sí, con dos breves intervenciones del presidente del
Congreso y del jefe del Estado, y completado con la interpretación
de una agradable obra de Dvorak, resultó sencillo. Las víctimas que
participaron tuvieron el privilegio de saludar a los auténticos
protagonistas del mismo: las autoridades. Habría resultado
interesante que los representantes de las víctimas hubieran podido
intervenir con libertad y exponer directamente a los responsables de
nuestro Estado las necesidades e inquietudes con las que llevamos a
diario la pesada carga que nuestros victimarios colocaron sobre
nuestras vidas. Carga que no siempre sentimos correctamente tratada
y aliviada desde las instituciones.
Después de saludar a las víctimas, los representantes de las
instituciones pasaron al Salón de los Pasos Perdidos. No deja de
resultar sugerente el nombre del salón en que supuestamente
departieron las autoridades.
Como resumen del acto, a mi juicio el protagonismo lo tuvieron, no
las víctimas, sino los organizadores. Tuve la sensación de
presenciar una puesta en escena que no respondía ni a las
necesidades de las víctimas ni a la simulada unidad de todos frente
al terrorismo. Estas afirmaciones se fundamentan en que ya existe un
día de recuerdo y homenaje a las víctimas a nivel europeo, ese día
es y será para todos el 11 de Marzo. Las víctimas no tenemos
necesidad de tantas celebraciones, sólo exigimos a nuestras
instituciones que satisfagan nuestras demandas de Verdad, Memoria
Dignidad y Justicia. Todas estas exigencias, no sólo son
escamoteadas, cada poco sufrimos ataques desde las instituciones por
pedir lo que es justo.
Por último, quisiera reseñar en este artículo algunos pensamientos
que no lograron evitarme las imágenes de la televisión estatal:
* La presencia de presidente del Congreso me hizo recordar su papel
en una manifestación convocada contra la excarcelación del criminal
De Juana Chaos simulando una agresión inexistente.
* El escenario del Congreso me recordó la triste jornada del cierre
de la Comisión Parlamentaria de Investigación del 11-M, de la que
fui testigo mudo. Entonces se dio por finalizado un simulacro de
investigación del atentado con un gran sentimiento de utilización
partidista del mismo en la mente y en el corazón de las víctimas
asistentes. Sólo un grupo parlamentario se opuso al cierre en falso
de la comisión alegando que no había clarificado las
responsabilidades políticas del atentado. También entonces Rodríguez
Zapatero hizo mutis por el foro.
* Los primeros planos del ministro del Interior me hicieron
rememorar la frase: "España no se merece un Gobierno que le mienta".
Él forma parte del Gobierno nacido del 11-M y todavía no nos han
informado ni política ni judicialmente quién lo perpetró. Es más,
desde su ministerio se hace obstrucción clara y permanente sobre el
juicio que se sigue en la Audiencia de Madrid contra Sánchez
Manzano, manteniendo la misma actitud respecto al caso Faisán.
* La Administración de Justicia –representada por Carlos Dívar y
María Emilia Casas– resumió el olvido judicial del 11-M.
Creo que todo lo que antecede justifica nuestro escepticismo ante la
simulada unidad de los representantes del Estado y las víctimas del
terrorismo.
Aznar se mete de lleno en el lío del
Estatut y arremete contra el PSOE
El Semanal Digital 2 Julio 2010
En cosa de varios días ha habido reacciones para todos los gustos
acerca de la sentencia del Constitucional, pero falta la del ex
presidente del Gobierno, como siempre, la más afilada.
El ex presidente de Gobierno José María Aznar achacó este viernes al
PSOE y a su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, toda la
responsabilidad del "lío" que ha habido estos años en torno al
Estatut catalán pero cree que la sentencia del Tribunal
Constitucional, aunque adolezca de exceso de "interpretación", marca
los límites del Estado autonómico por lo que debe darse por
concluida la "irresponsable deriva de inestabilidad y deterioro
institucional´.
En su intervención inaugural del Campus de Verano de la fundación
FAES que preside, Aznar remarcó que el proceso estatutario catalán
fue una "obra más bien chapucera de albañilería política", de la que
exculpa a los nacionalistas, que ha llevado al país a una "profunda
sima jurídica y política". Y todo, según explicó, motivado por el
empeño de los socialistas de mantenerse en el poder.
En su discurso de bienvenida a los alumnos del Campus, el ex
presidente dedicó casi la totalidad de sus palabras a valorar el
fallo del Tribunal Constitucional y a criticar al PSOE por haber
permitido que la reforma saliera adelante en 2006.
Afirmó que el problema generado por el Estatuto de Cataluña es "un
lío de socialistas", ya que fueron ellos los que con la reforma
convirtieron "un problema de gobierno en un problema de Estado para
encubrir sus propias responsabilidades". Aznar eximió de culpa a
CiU, de quien dijo que en las elecciones autonómicas de 2003 "no
pujaba en su programa por un nuevo Estatuto". La culpa, sentenció,
es del PSOE, del PSC y especialmente de José Luis Rodríguez Zapatero
por permitirlo.
Un Estado fallido
Aznar responsabilizó al PSOE, y en particular a Zapatero, de sacar
adelante el Estatuto a toda costa "en un empeño de alteración del
marco político y de exclusión del adversario más cargado de
imprevisión, de frivolidad y de sectarismo". "Es preciso tener muy
claro quiénes nos han llevado al borde de una profunda sima jurídica
y política y quiénes nos han arrastrado, por su estricta
conveniencia partidista, al límite de un Estado constitucionalmente
fallido, sin nada que lo justificara", remachó.
A su juicio, nada de esto habría ocurrido si el PSOE de Zapatero "no
hubiera roto los consensos constitucionales básicos y esenciales
para la estabilidad del modelo de Estado". Aznar celebró que, al
menos, la sentencia del Constitucional ha rechazado la definición de
Cataluña como una nación propia y recalcó la unidad indisoluble de
la nación española. Asimismo, ensalzó que el debate sobre la nación
catalana "ya ha sido zanjado", aunque desde la Generalitat se
cuestione el fallo y se llame a la rebeldía con la convocatoria de
una manifestación ciudadana.
Una obra chapucera
Argumentó que la sentencia del Tribunal Constitucional ha puesto de
manifiesto que el Estatuto "no estaba cepillado", como se dijo desde
el PSOE cuando salió aprobado en las Cortes Generales, y que el
recurso que presentó el PP fue "un acto de responsabilidad, de
lealtad y de compromiso constitucional".
"Lo que ha quebrado no es ningún proceso de llamada construcción
nacional, sino una obra más bien chapucera de albañilería política
para sostener en el poder a quienes ya se han cobrado con largueza
los réditos del Estatuto", dijo sobre la sentencia.
Eso sí, Aznar lamentó que los magistrados del Constitucional hayan
utilizado "en exceso" la técnica de la reinterpretación para
corregir 27 artículos del Estatuto de Cataluña, ya que entiende que
sería mejor "fortalecer el valor normativo de la Constitución y su
primacía efectiva sobre el resto del ordenamiento jurídico". Por
eso, señaló que conviene esperar a conocer el contenido concreto de
la reinterpretación que el tribunal hace de esos 27 artículos para
"calibrar en su integridad el alcance de la sentencia" sobre el
Estatuto.
Para terminar, pidió "dar por concluida esta irresponsable deriva de
inestabilidad y deterioro institucional" y abrir una nueva etapa que
asuma la "exigencia de reconstruir el consenso constitucional" de
1978.
Los expertos lingüísticos auguran 'un
futuro muy halagüeño' al español en EE.UU.
En 2050 podría ser el primer país hispanohablante del mundo
www.lavozlibre.es 2 Julio 2010
Madrid.- Castilla y León acoge esta semana diferentes actos como el
congreso 'Comunidad Ele', que organiza la Junta de la comunidad, o
el 'V encuentro de Enseñanza del Español' que organiza la
Universidad de Valladolid, en el que el castellano está siendo el
principal protagonista. Participan centenares de profesores de
idiomas y expertos de la lengua. La jornada del jueves se
caracterizó porque todos los expertos presentes en el congreso
destacaron “la fuerza que actualmente tiene el castellano en Estados
Unidos”.
El secretario general de la Asociación de las Academias de la Lengua
Española, el puertorriqueño Humberto López Moralez, ha pronosticado
un “futuro extraordinariamente halagüeño” para la lengua hispana.
Los datos son espectaculares. El castellano es lengua oficial en 18
países y es la cuarta más hablada del planeta. El 5,7% del mundo
utiliza el español.
Uno de los temas que se está debatiendo es la manera de hacer un
castellano más homogéneo para todos. López Morales recibió la
propuesta de un filólogo mexicano sobre la posibilidad de elaborar
un Diccionario Internacional de la Lengua Española (DILE) que haga
del español un idioma “más uniforme, claro y coherente”. El proyecto
tiene que presentarse aún a la Asociación de Academias de la Lengua
Española.
El profesor Milton Azevedo es responsable de la cátedra de Español
en la Universidad de Berkeley (California). Él, que conoce la
evolución de primera mano al residir allí, asegura que el
crecimiento del castellano en Estados Unidos es “un fenómeno
imparable, por lo menos en quince o veinte años”. Cifró en “cuarenta
millones de personas las que tienen contacto con la lengua
española”. Las colonias de inmigrantes procedentes de México y
Centroamérica son, para el profesor, las causantes de esta
expansión. “Hay una comunidad hispanohablante muy fuerte que debe
ser considerada, por lo que cada vez el español es más frecuente en
páginas 'web' del Gobierno federal o de los estados y
ayuntamientos”. Las estadísticas aseguran que Estados Unidos será el
primer país hispanohablante en el año 2050.
También en Brasil el uso del castellano seguirá disparándose. Dentro
de diez años, el país carioca tendrá, entre su población, unos
treinta millones de hispanohablantes como segunda lengua.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Tras el fallo, el bloque
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 2 Julio 2010
El Estatut fue un desafío a la Constitución. ¿O no lo presentó ZP
como la muestra del nuevo modelo de Estado? Y, por esa vía de los
hechos consumados se hicieron los debates partidarios (en los que
participó el PP), la votación del texto en el parlamento catalán, la
aprobación de las Cortes y el refrendo de la calle. El vicio
original venía ya del 78, de una Constitución que no había cerrado
el modelo de Estado y que, al reconocer las «nacionalidades», daba
por supuesto un pacto político en la transformación del Estado
autonómico.
El criterio de los que piensan que el protagonismo de los
nacionalismos se ha debido a una reciente dimisión de los partidos
estatales es producto de la pura inconsciencia. Las propuestas de ZP
han sido la continuación de un proceso que comenzó con la afirmación
del proyecto Galeusca (Galicia/ Euskadi/ Cataluña), que en Cataluña
supuso la aceptación del «hecho diferencial», defendido por Pujol, y
en el País Vasco el proyecto del PNV con el apoyo real del terror.
Lo más escandaloso del Estatut ha sido tratar de superar el modelo
autonómico ¡en el marco de la Constitución! La prueba del
desgobierno al que conducía el Estatut como proyecto es que la
sentencia obligará a la creación de nuevas leyes que, por otra
parte, ni siquiera van a poder enmendar errores básicos. Por ejemplo
¿de qué vale afirmar que el catalán no puede ser lengua «preferente»
cuando en la práctica no queda recurso alguno que permita hacer del
castellano una lengua «vehicular»?
De este arreglo de mínimos al que ha llegado la sentencia del TC ;
de la sucesión de trampas administrativas que quedan en el texto
definitivo; de este inmenso disparate político que utilizarán todos
los partidos de forma electoralista ... queda un hecho claro: la
unión de los partidos que creen en la nación catalana, esto es, CiU,
el PSC, ERC e IU. El bloque soberanista. Lo único que nos dirá el
tiempo es si el signo confederal será el predominante o el
independentista….
El coste de la negación de la libertad
lingüística
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 2 Julio 2010
Después de varios titubeos el gobierno del PP de Galicia, presidido
por Núñez Feijoo, presentó su "Decreto lingüístico". El Decreto no
está a la altura de las promesas electorales... pero tampoco de las
necesidades de los alumnos y las familias. Estas son las razones de
mi opinión.
Negar la libertad tiene un coste, no sólo emocional o político, sino
económico. Andrés Freire ha ilustrado perfectamente en este diario
sobre el coste político del “Decreto del gallego”. El Decreto
79/2010, de 20 de mayo, titulado “para el plurilingüismo en la
enseñanza no universitaria de Galicia”, y publicado en el “DOGA” del
día 25 de mayo, trata sobre algo más que la lengua de los profesores
y de los alumnos. Trata también sobre la lengua de los libros y
materiales de texto En su artículo, el 13.1 dice: “Los materiales y
libros de texto de las materias impartidas en gallego y en
castellano estarán redactados en la lengua en que se imparta la
materia”. O dicho de otro modo, no sólo se impone una lengua
(gallego o español) al profesor, sino también, y esto es más grave,
se impone la lengua del libro de texto.
La única crítica a este punto hasta ahora se debe al diputado del
BNG Carlos Aymerich que según el diario Xornal de Galicia se
preguntaba qué va a hacer la Xunta con los libros de texto de una
asignatura antes impartida obligatoriamente en gallego y que ahora
deba impartirse en castellano. El diario en cuestión le atribuye
unas declaraciones según las cuales el Sr. Diputado se preguntaba si
con estos libros la Xunta va a “facer un auto de fe no Obradoiro”,
ao xeito “do filme Fahrenheit 411”. Antes de seguir adelante,
convendría aclarar que esa película es la adaptación de una novela
escrita algunos años antes por Ray Bradbury y que la cifra que
acompaña a Fahrenheit no es “411”, sino “451” pues es precisamente a
la temperatura de 451 grados de la escala Fahrenheit a la que arde
el papel. Pero lo importante aquí no es saber si es el diputado
Aymerich o el redactor de ese periódico quien desconoce la obra de
Bradbury. Dejemos la anécdota y vayamos a la categoría.
La prohibición del uso de libros de texto en lengua distinta de la
lengua en que se imparta la asignatura puede ser discutible desde un
punto de vista constitucional: pues parece claro que estamos ante
algo que contraviene la libertad de mercado de libros de texto. Y la
libertad de mercado, aunque alguno no lo sepa, está consagrada en la
Constitución.
La prohibición en cuestión también puede ser cuestionable desde un
punto de vista pedagógico, por un lado, porque un libro en la lengua
materna del alumno, sin duda, le ayudaría a aprender mejor la
materia, y por otro, porque se supone que el profesor tiene que
recomendar no el libro que esté en uno u otro idioma, sino el mejor
libro de la asignatura, pues ese, si no lo es, debiera ser, el
objetivo de la enseñanza.
Pero es que, además, finalmente, esta prohibición contribuye a
encarecer los libros de texto. No hay duda de que un libro con
amplia tirada es mucho más barato. Resulta difícil de explicar, y de
justificar, que un padre se vea obligado a pagar más caro un libro
de texto (ya de por sí caro) porque el mismo ha tenido que ser
editado en gallego en una edición muy reducida y no pueda comprar un
libro de texto sobre la misma materia que puede ser más barato y de
más calidad… sólo porque está en castellano.
[NOTA:
Este artículo fue publicado en el ABC, edición de Galicia, el día 25
de junio de 2010]
Estatut
La nación catalana a debate
Jorge Vilches Libertad Digital 2 Julio 2010
Ahora que se ha dado vía libre al nuevo Estatuto de Cataluña, es
frecuente oír que el nacionalismo catalán es nocivo o malo porque
quiere "romper España". En realidad, sostener que quiere “romper
España” es seguirle el juego al victimismo independentista y
reforzar la imagen estereotipada del españolista, lleno de tópicos
que al catalanista le es fácil vincular con el viejo discurso del
franquismo. No; ese nacionalismo es rechazable por otras razones más
poderosas y ciertas: el tipo de Estado catalán que propugna y la
invención forzada de su nación.
Todo parte de la construcción de la nación catalana por parte de
unas élites políticas que tomaron la cultura y la lengua como hechos
diferenciales, e interpretaron la historia, maleándola a su
conveniencia, para que diera un anclaje secular a "la nación de los
mil años", como un día dijo Jordi Pujol. Antes de 1898 ya se fue
configurando un catalanismo que buscaba su redención a través de la
crítica a "la capital", a la ciudad y a su vida urbanita, epicentro
del vicio y de la corrupción de la vida natural, y ajena a la
naturaleza verdadera del hombre. Esto fue moneda común en todos los
movimientos nacionalistas conservadores, que en algunos casos
derivaron hacia el autoritarismo y el fascismo, como fue el caso
japonés. Por ese camino transitó, por ejemplo, el catalanista
Valentín Almirall, que en su libro España, tal como es, se
despachaba groseramente con Madrid, una ciudad que nunca le negó
nada, ni siquiera el ser federal en 1868.
Al repudio al supuesto "centralismo" le siguió la pretensión,
expuesta por Prat de la Riba y luego por Cambó con matices, de
ordenar España desde Cataluña, pero motivada por un sentimiento de
superioridad. No faltó entonces la xenofobia y el racismo de, entre
otros, Gener y el doctor Robert. Por aquellos días surgieron voces
sobre el “troceamiento” del país que, lejos de convencer a alguien,
alimentaron el independentismo.
La élite política catalanista se dedicó a incentivar la invención de
la nación catalana a través de las expresiones culturales y del
idioma propio. A esa "nación" se le añadió, además, un pasado
histórico, que permitía conferirle una personalidad que,
naturalmente, había sido mancillada por un Estado más poderoso, el
español, y que era preciso recuperar. En su competencia por el
poder, dicha élite política local atribuyó al pueblo catalán la
misión de restablecer un Estado-nacional basado cultural, jurídica e
históricamente en artificios, exageraciones o falsedades creadas por
los mismos políticos. De esta manera, los partidos catalanistas
recrearon en el primer tercio del siglo XX la necesidad del
autogobierno, con la excusa de escapar del supuesto "fracaso
español", pero con el ánimo claro de tener el poder en exclusiva.
Y esa es la clave, expresada con mucha brevedad, del segundo motivo
para rechazar ese tipo de nacionalismo: su vínculo con el poder. El
reconocerse nacionalista es una coartada, un salvoconducto para
acceder y permanecer en la vida política, social, cultural o
académica. Se ha convertido en obligatorio. Los nacionalistas
entienden que sólo hay una voluntad, un deseo y, por tanto, un
interés, y de ahí sacan leyes, normas y reglamentos que destruyen la
separación y contrapeso entre poderes, y que limitan los derechos
individuales, sobre todo de aquellos que no creen en la obligación
de ser nacionalista. El tipo de Estado que propugnan está, en
consecuencia, muy alejado de las modernas formas de las democracias
liberales y occidentales, adquiriendo los tics de uno autoritario.
El problema no es, por tanto, que quieran "romper España", sino lo
discutible que resulta su condición nacional y el perjuicio claro
que para los derechos individuales supondría (y supone) su proyecto
de futuro.
Estatut
El Constitucional no avala la inmersión
Antonio Robles Libertad Digital 2 Julio 2010
No es la mejor sentencia (fallo, de momento), pero no es la peor de
las posibles. Agrieta la igualdad de todos los españoles (en espera
de las interpretaciones de la sentencia, ningún español podrá alegar
desconocimiento del catalán ante el requerimiento de trabajo en
Cataluña), abre nuevos frentes de confrontación contra la cohesión
social y sentimental de España (la reivindicación de selecciones
deportivas propias, distintas de la española, incluido el fútbol o
los juegos olímpicos), deja otros dispuestos para litigios
interminables (como la bilateralidad o la financiación), pone una
venda sobre la infección simbólica del concepto de nación, que es
donde reside su eficacia y no sólo en su fundamento jurídico, y
sobre todo no cierra heridas ni impone el imperio de la ley con
personalidad de Estado, sino que abre un avispero de incalculables
consecuencias para la estabilidad nacional, cuyos costes los acabará
pagando de su bolsillo el ciudadano de a pie en litigios judiciales
cada vez que el desarrollo de la norma se cruce con sus derechos. En
una palabra, no apacigua a la fiera del sentimentalismo
nacionalista, ni la reduce a la legalidad.
Pero el fallo no es el peor de los escenarios: impide la venta del
poder judicial por parcelas, reduce la financiación a la solidaridad
nacional, el defensor del Pueblo recupera su capacidad
jurisdiccional en Cataluña, o deja posibilidades legales para que
los derechos lingüísticos de los castellanohablantes no sean
excluidos. Habría sido el comienzo irreversible del proceso
soberanista si no hubiera eliminado la aspiración a parcelar el
poder judicial o si no hubiera eliminado la primacía del catalán a
través del término "preferente". En ellos tenían la materia real de
la construcción nacional, y no tanto en la financiación (que la
conseguirán igualmente por atajos políticos), ni en el simulacro de
arremeter contra el término jurídico de nación, sin ser consecuentes
hasta el final y extenderlo al valor simbólico que conserva en el
preámbulo. Fallo inmenso dejarlo vivo en el imaginario colectivo,
pues aunque sea sólo en el plano simbólico, lo utilizarán como
realidad negada y sometida a un Estado externo. Una fuente
inagotable de victimismo que servirá de coartada para vender un
repertorio infinito de contrabando político. Como hasta la fecha han
hecho.
Desactivado el problema del poder judicial, el escenario lingüístico
no empeorará. Incluso si el gobierno de la nación es consecuente, el
Congreso de los Diputados se decide a hacer una ley de derechos
lingüísticos para toda España y los jueces son tan diligentes como
lo han sido los magistrados del Tribunal Constitucional para
eliminar los artículos del Estatuto que ponían en riesgo sus propios
intereses judiciales corporativos, el articulado lingüístico no
podrá impedir la libertad de cualquier ciudadano de Cataluña a
utilizar la lengua de su elección en las instituciones, incluida la
escuela.
Eliminar el "uso preferente" de la lengua catalana del artículo 6.1.
permite que el castellano y el catalán puedan ser lenguas de uso en
la escuela, y no sólo el catalán, ya que el adverbio "normalmente",
que prima el uso de la lengua catalana, pero a la vez limita su uso
exclusivo como lengua docente, pasa a ser el elemento corrector de
la exclusividad. Ello hará posible que las autoridades académicas de
la Generalitat no puedan impedir que el castellano pueda ser
utilizado como lengua vehicular y los libros de texto puedan ser,
además de en catalán como hasta ahora, también en lengua común
española. Tal como queda este artículo, el catalán ocupa un lugar de
privilegio, pero no preferente ni exclusivo y, por tanto, el TC no
abala la inmersión (mecanismo de exclusión vehicular del castellano
por excelencia), por mucho que sus defensores nacionalistas se
empeñen en repetir lo contrario hasta convertirla en verdad
publicada.
Ya lo consiguieron con motivo de la sentencia 337/1994 del Tribunal
Constitucional, cuya doctrina de la "conjunción lingüística" fue
manipulada hasta hacerle decir lo contrario de lo que decía.
Efectivamente, este modelo consagra que catalán y castellano han de
convivir como lenguas vehiculares sin que ninguna de ellas pueda ser
excluida como lenguas de enseñanza. Así de claro lo dejó ya la
doctrina constitucional 337/1994 en el apartado (FG 10) cuando, en
atención a su protección como lengua aún por normalizar, se le
otorga el derecho de ser lengua vehicular de la enseñanza: "siempre
que ello no determine la exclusión del castellano como lengua
docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el
territorio de la comunidad autónoma". Es precisamente este
fundamento jurídico el que se ha esgrimido ahora.
Es decir, aunque prime al catalán, no lo hace exclusivo como lengua
docente. Ello permite que si no es preferente ni única, el
castellano tiene legítimo y constitucional derecho a compartir el
derecho a ser lengua vehicular.
Sabemos que la administración nacionalista nunca permitirá esa
interpretación, incluso hemos comprobado que no rectificarán ni con
sentencias firmes de los tribunales, pero sabemos que ella tampoco
podrá actuar judicialmente contra quienes impartan clases en
castellano, den libros en la lengua de todos los españoles o se
relacionen así con la comunidad escolar. Tendrán problemas, por eso
digo que sólo si hay un Gobierno nacional de verdad, un Congreso
valiente y unos jueces atentos, nadie podrá impedir que se vayan
recuperando espacios de libertad y derechos hasta ahora conculcados.
Todo indica, además, que las aclaraciones e interpretaciones de
otros artículos abundan sobre esta doctrina hasta dejarla
meridianamente clara. A la espera de esos fundamentos jurídicos y de
las interpretaciones de la sentencia, la inmersión obligatoria será
inconstitucional. Los ciudadanos nos habremos de hacer valer y
denunciar ante los tribunales la conculcación de nuestros derechos
lingüísticos. No hay otro camino, los nacionalistas no rectificarán.
Bueno, sí hay otro camino: los votos.
El Estatut o "no es cuestión de cantidad"
Pablo García Mexía* EC 2 Julio 2010
Esta semana se daba a conocer el fallo de la sentencia sobre el
Estatuto de Cataluña, probablemente la más difícil en toda la
historia del Tribunal Constitucional: era la primera vez que se veía
obligado a enjuiciar una norma, no únicamente aprobada por un
legislador, sino también por un pueblo en referéndum.
Es cierto que el Tribunal Constitucional convalida amplios e
importantes contenidos del Estatuto. La mejor prueba es que el fallo
estima sólo parcialmente el recurso del Partido Popular al declarar
inconstitucionales una serie limitada de preceptos, a la par que
condiciona la constitucionalidad de un número algo mayor de ellos a
su interpretación conforme a los criterios fijados por el Tribunal.
Por el contrario, el fallo desestima el recurso “en todo lo demás”.
En efecto, el mero número de defectos frontales e indirectos de
inconstitucionalidad es relativamente bajo (si bien ese número -en
torno a 40- tampoco es despreciable si se compara con los 114 que
figuraban en el recurso popular y los 245 preceptos del Estatuto).
No obstante, un análisis detenido permite deducir que, si no
especialmente en cantidad, nos hallamos ante defectos verdaderamente
sustanciales en calidad. De hecho, no hay uno solo de los aspectos
nucleares del Estatuto catalán que no se haya visto afectado por la
sentencia en mayor o menor medida: desde la realidad nacional de
Cataluña hasta los derechos y libertades, desde el sistema
competencial hasta la bilateralidad, desde el régimen local hasta la
financiación, la lengua, o la organización judicial, entre algunos
otros.
"Todo es Derecho"
En su fallo, el Tribunal Constitucional comienza por negar “eficacia
jurídica interpretativa” a las referencias del Preámbulo a “Cataluña
como nación” y a “la realidad nacional de Cataluña”. Esta es una
decisión fundamental. Con ello, el Tribunal viene indirectamente a
reconocer -por cierto, conforme a su misma jurisprudencia- que los
preámbulos de las normas, lejos de carecer de toda relevancia (como
si de simples brindis al sol se tratara), tienen plena eficacia
jurídica, justamente la de servir como principios de interpretación
del conjunto de la norma correspondiente. Algunos suelen despreciar
este argumento, alegando que tiene poca relevancia práctica; olvidan
así que bastan apenas treinta palabras (aquí sí que cuentan los
números), las primeras del Preámbulo de la Constitución, para
sintetizar todo su articulado. El derecho no consta solamente de
reglas, también se compone de principios. Si “hasta el rabo todo es
toro”, desde la primera palabra del preámbulo hasta la última de la
disposición final, “todo es Derecho”.
Al negar por otro lado virtualidad jurídica a esas alusiones a
Cataluña como nación, el Tribunal reivindica el principio de la
soberanía nacional tal y como la recoge la Constitución, en el doble
sentido de encomendarla al pueblo español en su totalidad; y de
fundamentarla en la indisoluble unidad de la nación española, sin
perjuicio de reconocer y garantizar la autonomía. Ya lo había hecho
así, y muy contundentemente, el Tribunal Constitucional en su muy
reciente sentencia sobre el llamado Plan Ibarretxe. Y no es de
extrañar: con gran cuidado, la Constitución reserva en exclusiva el
término “Nación” al pueblo de España en su conjunto, evitando en
todo caso que ninguna de sus partes pueda denominarse así.
La médula del Estatut, seriamente cuestionada
A partir de aquí, el fallo declara inconstitucionales, entre otras,
disposiciones sobre: el carácter preferente de la lengua catalana;
la naturaleza vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías
Estatutarias; la exclusividad del defensor del pueblo de Cataluña
para conocer de las quejas dirigidas contra la Administración de la
Generalitat; y el Consejo de Justicia de Cataluña.
Además, se detecta inconstitucionalidad en dos asuntos singularmente
importantes: el primero de ellos se refiere a las competencias
compartidas entre el Estado y la Generalitat y pretendía limitar el
juego de las bases del Estado en Cataluña, con el argumento de que
la autonomía catalana se venía pareciendo a un “lenguado”, con
muchas competencias, pero de poca hondura; de este modo, el Tribunal
asegura que la legislación de interés general, que afianza un mínimo
común en toda España, se aplique sin excepciones también en
Cataluña. El segundo asunto es la financiación, donde el Tribunal
anula la potestad de la Generalitat para establecer tributos
locales; y, sobre todo, hace lo propio respecto de una de las
cláusulas más controvertidas del Estatuto, la que condicionaba la
contribución de Cataluña a los fondos de solidaridad a su
apreciación -tan subjetiva como discrecional- de que las demás
Comunidades Autónomas llevaran a cabo un “esfuerzo fiscal similar”.
La otra vía de estimación parcial del recurso es la que condiciona
la constitucionalidad de algo más de veinte preceptos a su
interpretación conforme a los criterios del propio Tribunal.
Comparada con las demás, esta parte del fallo vendría a ser “el
patito feo”, siendo generalmente escasa la atención que se le ha
venido prestando. Es un error, porque al hacer uso de esta técnica
de enjuiciamiento, el Tribunal salva desde luego la
inconstitucionalidad del precepto en cuestión, pero no deja con ello
de dar a entender que la redacción original no basta para acreditar
la constitucionalidad; de ahí que el Tribunal se vea forzado a
complementar in extremis esa obra inicial imperfectamente ejecutada
por el legislador, como si se tratara de prestarle respiración
asistida.
Más aún, tras la interpretación conforme que el Tribunal
Constitucional exige, la gran mayoría de los preceptos así
reconstruidos pierde el sentido que el legislador pretendió darles,
quedando prácticamente privados de su misma razón de ser: es el
caso, entre otras cuestiones, de los derechos históricos (no
asimilables a los vascos o navarros); el deber de conocer y de usar
el catalán (que no se puede imponer); los símbolos nacionales (que
no han de lesionar la unidad de España); el carácter “supremo” del
Tribunal Superior de Cataluña; o las competencias exclusivas de la
Generalitat, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, la cláusula
de inversión mínima del Estado en infraestructuras en Cataluña y los
porcentajes de cesión de impuestos (ninguno de los cuales podrá
menoscabar las competencias o las políticas del Estado, ni cuando
proceda, las de otras Comunidades Autónomas, en los correspondientes
órganos multilaterales de cooperación).
En síntesis, el fallo no afecta quizá a un gran número de artículos,
pero sí a algunos de mucha sustancia. Bien puede pues afirmarse que,
si no descompuesta, la médula del Estatut ha quedado seriamente
cuestionada.
Solo cabe esperar que, si esa recomposición se hiciera, fuera con
mayor respeto al artículo 2 de la Constitución, auténtica clave de
nuestro Estado autonómico, y que el Tribunal ha tenido
permanentemente en mente al pronunciar este su fallo más esperado:
un artículo que garantiza por supuesto la autonomía, pero también la
unidad.
*Pablo García Mexía, Letrado de las Cortes
Ya sólo falta saber cuál era el objetivo
Santiago González El Mundo 2 Julio 2010
A un amigo mío, gran sofista mediante el procedimiento de no atenrse
a reglas durante las discusiones, le espetó en cierta ocasión un
contertulio: "No se puede razonar contigo. estás en todas las
posiciones al mismo tiempo". Hay otra martingala para tener siempre
razón y escapar a la dialéctica del adversario. la movilidad, lo que
podríamos definir con el título d euna novela de Ross MacDonald: ser
el blanco móvil.
Zapatero las emplea las dos a la vez. "Conseguido el objetivo", dice
el nota, y todos los medios lo convierten en titulares sin más. ¿Y
cuál era el objetivo, si puede saberse? Eso, ¿a quién le importa?
Durante la primera legislatura, y en lo que se refiere a Cataluña,
la creación de una España plural y diversa, mucho más integrada y
solidaria, dónde va usted a parar, que la España que Zapatero había
recibido de Aznar. Después de lo catalán vendría lo vasco: los
socialistas prepararon un proyecto de reforma de Estatuto para dar
la réplica al proyecto de Estatuto Político no nato que conocimos
como 'Plan Ibarretxe'. Tengo para no olvidar el borrador que
manejaba el PSE, en el que se definía a España como una 'Comunidad
Nacional', concepto que algunos desempolvamos para mostrarlo en su
desnudez: creado en los albores del siglo XX por los
austromarxistas, fue aplicado por todos los fascismos del siglo XX.
En los años 20 forma parte de los Estatutos del Partido Obrero
Alemán, creado por Hitler El concepto lo usan Mussolini, Ramiro
Ledesma Ramos y era la piedra angular de cuatro de las Leyes
Fundamentales del Movimiento. Aquí más detalles.
Era una cuestión histórica: conseguir que los vascos y los catalanes
vieran reconocido su hecho diferencial y encontrasen acomodo en una
España democrática y autonómica, por decirlo con palabras de
Zapatero: plural y diversa, plural y diversa. Los cinéfilos
recordarán el comienzo de 'Divorcio a la italiana': la cámara
muestra las calles con las paredes llenas de carteles electorales
llamando al voto. En una iglesia, el cura dice desde el púlpito:
"Como sabéis, amados hermanos, hoy es día de elecciones y sin
pretender condicionar el sentido de vuestro voto quiero recordaros
vuestra obligación de votar a un partido que sea demócrata y
cristiano, demócrata y cristiano."
Yo también he creído en una España acogedora en la que se reconocían
los nacionalismos vasco y catalán. Es el error histórico de la
izquierda española. Zapatero es una pieza importante en este error,
pero no lo inventó él. En mayo de 1932, tuvo lugar en las Cortes
republicanas el debate sobre el Etatuto de Cataluña. Confrontaron
sus posiciones Manuel Azaña y José Ortega y Gasset. Azaña era un
gran parlamentario y allí defendió la Cataluña a gusto en una España
comprensiva y abierta. Sin embargo, el que tenía razón era Ortega:
el problema catalán, a lo más que podemos aspirar es a conllevarlo,
dijo. Azaña reconoce implícitamente su error en sus Diarios,
concretamente een la conversación que transcribe el 29 de julio de
1937 entre el jede de Gobierno, Negrín, y él mismo.
Pero lo nuestro es tropezar dos veces en la misma piedra y aquí
tenemos una España plural y diversa, gracias a un Estatuto que el
nacionalismo hegemónico catalán nunca pidió en los 23 años de
gobierno pujolista, pero que hoy, gracias al genio de Maragall, al
PSC y al PSOE, han hecho de él un casus belli. No es que los
nacionalistas de siempre no se encuentren a gusto; es que se
encuentran contrariados los nacionalistas del PSC. Es la ley
universal de las pistas de aterrizaje: nadie tomatierra sirviéndose
de ellas. Son más bien pistas de despegue para sus constructores.
¿Recuerdan los resultados del referéndum? Diez puntos menos en todo
que el Estatuto de 1979 al que sustituyó. "Conseguido el objetivo",
debió de pensar Zapatero aquel 18 de junio de 2006. Dieciséis meses
antes, durante el debate en el que el Congreso rechazó el Plan
Ibarretxe, el propio Zapatero dijo en la tribuna:
Alguien hablaba, el señor Erkoreka, de la historia constitucional
española. No es para sacar enseñanza, al menos estaremos de acuerdo
en eso. Salvo en estos últimos 25 años, nuestra historia
constitucional es un recetario de fracasos, una gran página de
fracasos. ¿Saben por qué? Todos lo sabemos porque todos la
conocemos: porque normalmente se hicieron constituciones de partido,
se hicieron normas políticas con el 51 por ciento, y las normas
políticas con el 51 por ciento para ordenar la convivencia acaban en
el fracaso. (Aplausos.) Esa es la diferencia, que uno puede, con
toda legitimidad, gobernar con el 51 por ciento, pero para construir
con legitimidad un orden político, una norma institucional básica,
me da igual que sea una constitución o un estatuto político
-busquemos la denominación que queramos-, no sirve el 51 por ciento.
Lo que expreso en esta Cámara es que busquemos el 70, el 80, el cien
por cien para una norma política institucional básica de Euskadi.
En fin, no sé si me explico.
La ANLL califica la Ley del Cine de
Cataluña de 'nueva burla al Constitucional'
Considera que coloca al Gobierno de Montilla como 'el enemigo número
uno del sector'
www.lavozlibre.es 2 Julio 2010
Madrid.- Para la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística
(ANLL), la Ley del Cine y el Código de Comercio, recientemente
aprobados por el Gobierno de Cataluña, son “nuevas burlas al
Tribunal Constitucional". De esta manera, la asociación presidida
por Pablo Yánez muestra su disconformidad con unas normas que han
levantado mucha polémica en Cataluña en los últimos días.
Desde la asociación aseguran que la sentencia del Tribunal
Constitucional provoca que aumenten “las burlas que hacia este
tribunal se venían produciendo desde las semanas previas a la
sentencia. Con la aprobación este jueves del Código de Comercio,
esas burlas ganan fuerza”.
La clave es el artículo 34 del Estatuto, que según la sentencia
queda a interpretación con el término “disponibilidad lingüística”.
Por ello, la ANLL teme que el Constitucional “dejará libre la sombra
de la imposición, y con multa de hasta un millón de euros, algo que
ha provocado incluso la abstención de CiU, padre de la criatura de
la imposición lingüística”.
De igual manera, el colectivo también ha manifestado su oposición a
la Ley del Cine, por la cual las películas comerciales deberán
doblar al catalán el 50% de las copias. Ya desde que se empezó a
gestar la nueva norma, mostraron su rechazo. La aprobación
definitiva supone “la estocada de muerte. El enemigo número uno del
cine ya no es la piratería, es la imposición lingüística de la
Generalitat”.
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