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La consumación de un golpe de estado (IIÍ):
La doctrina Humpty Dumpty
Luis del Pino Libertad Digital 3 Julio 2010
Editorial del programa Sin Complejos del sábado 3 de julio de 2010
En una escena de "A través del espejo", la continuación de "Alicia
en el País de las Maravillas", Humpty Dumpty, uno de los personajes,
le dice a la protagonista:
- Cuando yo uso una palabra, ésta significa lo que a mí me dé la
gana..., ni más ni menos.
- La cuestión - le respondió Alicia-- es si se puede hacer que las
palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
- No, no - replicó Humpty Dumpty -. Lo importante es saber quién
manda.
Esta semana, el Tribunal Constitucional ha terminado por parir,
después de cuatro años de gestación, la esperada sentencia sobre el
Estatuto de Cataluña. Y el resultado ha satisfecho las previsiones
más pesimistas: la Constitución del 78 ha dejado de existir, gracias
a una sentencia aberrante que deja prácticamente intacta la letra
del Estatuto, aunque, eso sí, pretende salvar la cara diciéndonos
que ciertos preceptos deben interpretarse de forma completamente
opuesta a su redacción literal.
Después de la sentencia del Constitucional, en el Preámbulo del
Estatuto seguirá figurando, por ejemplo, que Cataluña es una Nación,
pero el Alto Tribunal sentencia que donde dice Nación no debemos
entender Nación, sino nacionalidad. O sea que, a partir de ahora,
los españoles no sólo tenemos la obligación de conocer las leyes,
para poder cumplirlas, sino que además vamos a tener que estudiarnos
las notas terminológicas a pie de página, para poder saber cuál es
el significado real de cada término de uso común.
Si donde dice Nación no debería decir Nación, lo lógico hubiera sido
anular o enmendar el Preámbulo del Estatuto. Pero en lugar de ello,
se nos dice que las palabras significan otra cosa.
Es decir, que María Emilia Casas, la presidenta del Tribunal, ha
entendido perfectamente la filosofía de Humpty Dumpty: lo importante
no es lo que signifiquen las palabras, sino saber quién es el que
manda. Y quien manda aquí, claro está, son los nacionalistas. El
Preámbulo del Estatuto no podía tocarse, y por supuesto no se ha
tocado.
Lo más gracioso es observar las respuestas de los distintos partidos
políticos, que están escenificando al alimón un teatrillo que
pretende convencernos de que esa sentencia constituye una derrota
del nacionalismo, cuando representa justo lo contrario. El Partido
Socialista nos dice que la sentencia demuestra la constitucionalidad
del Estatuto; el Partido Popular nos cuenta que esa sentencia
aberrante es una victoria y los partidos nacionalistas hacen como
que están muy enfadados y amenazan con todo tipo de presiones.
Pero lo cierto es que, a partir de ahora, los nacionalistas
catalanes podrán esgrimir el texto del Estatuto en cualquier foro
internacional, para reclamar trato de Nación en el ámbito que sea. Y
vaya usted a explicar en ese foro internacional que, en realidad,
donde dice Nación hay que interpretar otra cosa. Las carcajadas
pueden ser monumentales.
No sólo han herido de muerte a la Constitución y han dejado vacía de
contenido a la Nación española. Es que encima nos toman por lelos y
pretenden convencernos de que han hecho lo contrario.
La ventaja que tienen las palabras de doble uso es que el que manda
decide en cada momento cuál de los significados le interesa. Los
nacionalistas podrán, por ejemplo, invocar el carácter nacional de
Cataluña a la hora de intentar conseguir selecciones deportivas
propias. Pero para continuar robándonos a los españoles, no tendrán
reparo en seguir aparentando que son una mera nacionalidad o una
simple comunidad autónoma.
Y así, pasito a pasito, el nacionalismo catalán seguirá ocupando
espacios simbólicos y expulsando al Estado central de Cataluña,
mientras usa la presión política para seguir reclamando inversiones,
para seguir trasladando sedes de empresas u organismos a Barcelona y
para continuar alimentando su régimen cleptocrático con el dinero
robado al resto de España.
Y todo ello mientras se siguen conculcando los derechos individuales
de los muchos catalanes que no comulgan con las ideas nacionalistas.
Pero la culpa no la tienen, como ya de dicho en muchas ocasiones,
los nacionalistas catalanes. La culpa la tienen quienes desde
Madrid, desde los partidos nacionales, han permitido y alentado ese
proceso.
La culpa la tienen ese Partido Socialista y ese Partido Popular que,
gozando de la representación del 90% de los españoles, han
secuestrado la voluntad de sus electores y han gobernado de forma
sistemática para el otro 10%, ese 10% para el que no existe la
Nación española.
A mi, lo que me pide el cuerpo, después de la sentencia del
Estatuto, es instar a toda nuestra clase política a que se vaya
directamente al guano, qué quieren que les diga.
Aunque me parece que mi petición no iba a servir de nada. Porque la
palabra guano significa, por supuesto, lo que ellos quieran que
signifique.
Porque para algo son ellos los que mandan.
Estatut
Los nuevos consensos
José María Marco Libertad Digital 3 Julio 2010
Hay quien se ha preguntado cómo es que un magistrado como Manuel
Aragón no ha encontrado capacidad para resistir el envite
nacionalista que culmina en el texto del Estatuto de Cataluña. Hay
varias razones que permitan comprender esto.
Debe de ser difícil soportar las presiones que se han ejercido –por
hablar sólo de las que conoce todo el mundo– sobre los jueces del
Tribunal, y más en particular sobre Aragón. A diferencia de lo que
ocurre con el Tribunal Supremo norteamericano, por ejemplo, las
instituciones jurídicas españolas no ponen a sus miembros a salvo de
la presión política. Los miembros están nombrados por los partidos,
los mandatos también dependen de estos... No hay un muro de
separación entre la política y la judicatura. Así las cosas, la
capacidad de resistencia moral forzosamente habrá de ser limitada,
más aún en respetables empleados públicos como son los miembros del
Tribunal Constitucional
Manuel Aragón había sido propuesto para este cargo por el Partido
Socialista. A la debilidad institucional del Tribunal, se añade la
falta de una tradición intelectual y moral de adhesión al concepto
de nación española. Nunca el socialismo español se ha tomado en
serio la idea de la nación. Mucho antes que Rodríguez Zapatero
dejara esculpido en los anales del Congreso de los Diputados su
frase inmortal sobre la idea de nación, "discutida y discutible", el
PSOE había descartado siempre la elaboración de un concepto propio
de nación.
Para los socialistas, la nación española se ha movido entre la
confederación, la federación (a lo Pi y Margall), la mixtificación
para engañar al proletariado y la mentira al servicio de los
intereses de la burguesía. Rodríguez Zapatero ha añadido a esta
tradición un matiz postmoderno, según el cual la realidad no existe:
sólo existen convenciones, maneras de ver las cosas que el poder
político puede variar a su gusto. En consecuencia, ¿qué es España?
Una idea, una perspectiva... no más que lo que nosotros queramos que
sea. Como dice Rubalcaba, no ha pasado nada después de aprobada la
sentencia. Prueba que la nueva España que funda el Estatuto es
sólida, tan sólida al menos como la anterior, que habitaba sólo en
los sueños de unos cuantos nostálgicos...
En Aragón se había puesto alguna esperanza porque, más que la
tradición socialista, la suya era azañista. Por algo Aragón se había
encargado en su tiempo de una reedición de La velada en Benicarló,
un texto en el que Azaña lamentaba, por boca de algunos personajes
de ficción situados en plena guerra civil, que la idea de nación no
tuviese virtud normativa en España, es decir que sirve para poco.
Esa esperanza suponía desconocer la auténtica dimensión de la obra
de Azaña. Sin duda las frases sobre España, como las que Azaña
pronunció en algunos de los discursos de esos años, contienen
hermosas y nobles reflexiones acerca de la patria.
No se busque más, sin embargo. Azaña tampoco elaboró nunca una idea
política de la nación. Su especialidad fue la destrucción, la
devastación mediante la palabra, instrumento que utilizaba como
pocos. Las reflexiones de sus últimos años, como las de La velada en
Benicarló, son un último intento para no dejar sólo ruinas de su
paso por la política española. No sirven –como en este aspecto no
sirve nada de su obra anterior– para construir y continuar la
historia de España. La tragedia de Azaña, por así llamarla,
sintetiza la naturaleza del republicanismo en España, de índole
nihilista. Así que tampoco por este lado Aragón tenía mucho dónde
agarrarse.
Menos aún lo tenía si, como tal vez se confirme con el tiempo, la
sentencia sobre el Estatuto cierra la etapa de ruptura de los
grandes consensos que el Partido Socialista abrió durante la segunda
legislatura de Aznar. La sentencia parece inaugurar un nuevo
consenso, propuesto por los partidos nacionalistas, promocionado por
los socialistas y ahora aceptado por el PP. El Estatuto traza el
diseño de la nueva Constitución española, plasmada en los diversos
estatutos "de segunda generación", no todos impugnados ante el
Tribunal Constitucional.
Ante tamaño giro histórico con el que arranca –con todos los
parabienes– la nueva España utópica, socialista y nacionalista al
fin, ¿qué iba a decir un magistrado, por muy miembro que fuera del
Tribunal Constitucional?
(Ni que decir tiene que para los nacionalistas hay todavía demasiada
España).
Supresión de la financiación estatal a
partidos, sindicatos ypatronal
Enrique de Diego Semanal Digital 3 Julio 2010
No puede imaginarse un modelo político tan desastroso como el que se
ha puesto en práctica en España y que ha llevado a la instalación de
una auténtica casta parasitaria, que se dedica a saquear a las
clases medias y a hundir en la indigencia a las familias.
Sin la regeneración del sistema no hay posibilidad alguna de
supervivencia de la sociedad, porque en los privilegios de los que
se ha dotado la casta el incentivo es depredar y hundir a la
sociedad.
Es imprescindible proceder a la supresión de la financiación estatal
a partidos, sindicatos, patronales y cualquier otra organización
social, como indica el punto 4 de las doce soluciones que establecí
en mi libro El manifiesto de las clases medias.
Al financiarse los partidos del Presupuesto, y no de sus afiliados,
no precisan servir a estos, ni tener democracia interna alguna,
salvo la estricta ficción. El poder se concentra en lo que Ramón
Peralta ha llamado la cupulocracia y desde ese centro jerárquico se
extienden los estímulos por toda la estructura que no son otros que
depredar.
Al financiarse de los Presupuestos, los partidos se tornan
parasitarios, por supuesto gigantescos: abren sedes en todos los
barrios y en todos los pueblos, y reparten sueldos entre todos los
cargos de la estructura, haciéndola altamente gravosa para los
ciudadanos, lastrando la economía. Devienen en oficinas de
colocación de sus militantes y de los familiares de los cargos
influyentes, de manera que la influencia se caracteriza por el nivel
de nepotismo que puede alcanzarse.
El partido se convierte en una empresa que tiene profesionales, a
los que hay que ir colocando continuamente o bien en ascenso o si se
pierden las elecciones, en aquellos lugares en los que el partido ha
mantenido alguna cuota de poder.
Los intereses de los partidos son directamente contrarios a los de
la sociedad, pues sólo puede sobrevivir en la medida en que depredan
y expolian a ésta. Todos están interesados en una presión fiscal
alta, que es de la que viven. Va de suyo, que también lo estarán en
una Administración expansiva, pues de esa forma su botín será más
abundante y mejorarán sus expectativas como oficina de colocación.
La cuestión es que se han superado todas las líneas rojas y se ha
llegado al último extremo de la reducción al absurdo: los partidos
políticos actuales son enemigos de las clases medias, resultan
insostenibles y son, junto al conjunto del modelo político, los
culpables de la devastadora crisis que corre el riesgo de llevarse
por delante a la sociedad abierta española.
Otrosí: La clase política catalana es bastante más corrupta que la
siciliana e incluso ha batido todos los récords de la creatividad
convirtiendo el Palau de la Música en una auténtica cloaca, de la
que todos trincaban. Convergencia i Unió –partido más conocido por
Conveniencia- recibía cada año un millón de euros. También el
Partido Independentista, de Ángel Colom y Pilar Rahola, recibió un
pellizco: 75.000 euros para pagar las deudas. "Firmé el recibo y
poco miré lo que decía… ¡Estaba tan contento! Le aseguro que habría
firmado cualquier cosa", ha declarado Colom. Este es el nivel de la
cloaca catalana.
Qué objetivo
EDUARDO SAN MARTÍN ABC 3 Julio 2010
Ah, pero ¿había un objetivo? Y si lo había y se ha cumplido,
entonces ¿el objetivo era esto? El rompecabezas territorial
compuesto con paciencia de orfebre durante tres décadas,
descuajaringado; las comunidades autónomas lanzadas a una subasta
imposible; media Cataluña cabreada con el resto de España; la
aparición como actor político relevante de una opción
independentista hasta entonces marginal. ¿Era ese el objetivo que se
ha cumplido? Y si no lo era, ¿a qué se refería Zapatero? Los
designios del presidente del Gobierno son inescrutables. Sobre todo
para él mismo.
Concedámosle, pues, el beneficio de la duda. Lo que no le deja en
mejor lugar. Ni él mismo sabía a dónde iba. Había, sí, un objetivo
de partida. Prestar cobertura política al candidato Maragall, que no
había encontrado mejor discurso para acabar con la hegemonía
nacionalista que arrebatarle la antorcha del agravio. Maragall y el
PSC habían sido decisivos en la elección de Zapatero como líder del
PSOE. Así que nobleza obligaba. La reunión de Santillana del verano
de 2003 trató de enfriar el calentón de Maragall; de fijar límites y
poner orden en una hipotética revisión territorial. Ni caso. El
estrambótico dirigente catalán se llevó a Zapatero atado de su
ronzal («Apoyaré cualquier estatuto que apruebe el parlamento
catalán»). Después vino todo lo demás.
Pero no había un propósito final, más allá de unas cuantas
vaguedades sobre la España plural. Se equivocaban quienes atribuían
a Zapatero pérfidos propósitos; la ruptura de España y toda esa
cantinela. Ni siquiera eso. El propio presidente presumía de no
saber hasta dónde se podía llegar. Se hacía camino al andar. La
negociación y la transacción, no como método, sino con fin en sí
mismo. Como en tantas otras ocasiones. Lo importante era abrir el
melón. Y ha sido el TC quien se lo ha tenido que cerrar. De mala
manera. Una víctima más.
Zapatero
Navegando sin rumbo
José T. Raga Libertad Digital 3 Julio 2010
En muchas ocasiones nuestro presidente del Gobierno, que es de
tierra adentro, ha utilizado referencias náuticas para expresar su
opinión o para afianzar una decisión en el quehacer político. Bien
es verdad que como sus decisiones cambian radicalmente de
orientación, el timón de su nave está pronto a resquebrajarse y
tanto tripulantes como pasajeros están deseando llegar a puerto, sin
importar de qué puerto se trate. Sólo se desea poner pie en tierra
firme.
La situación es cada día más grave, porque a base de giros de ciento
ochenta grados, que se multiplican por momentos, es el propio
capitán el que ya no es capaz de saber si está orientado a norte o a
sur; si se encuentra mirando a saliente o a poniente. De tal
naturaleza es su problema, que ha conseguido volver loca a la
mismísima brújula, por lo que también ésta ha dejado de tener alguna
utilidad.
Muchos consideran que nuestro presidente está KO. Así se han
pronunciado no pocos medios de comunicación. Yo no sé si aceptar tal
diagnóstico, es más, aceptarlo tampoco me proporcionaría la mínima
tranquilidad. Un KO, no enterrado, puede producir los mayores males,
porque en esa situación sus movimientos son incontrolados e
incontrolables. Sí, ya sé que me dirán que así son los movimientos
del presidente en estos últimos tiempos, pero... dejémoslo así si
les parece.
En mi opinión, nuestro presidente está como siempre estuvo. Asumió
la presidencia del Gobierno sin tiempo para imaginar que así podía
ser la cosa. Es decir, fue investido presidente, sin un proyecto
realista de gobierno y, lo que es peor, con un simulacro de proyecto
basado en las arengas a una izquierda trasnochada, retrógrada,
dogmática y autoritaria, que no podía servir para gobernar en el
siglo XXI sino únicamente para emborrachar a las masas
desinformadas. El problema fue que hubo un 11-M y, miren por dónde,
sin pensarlo lo vemos hecho presidente de la noche a la mañana. Ni
siquiera pudo reflexionar en la jornada de reflexión porque se lo
impidió su ad latere Pérez Rubalcaba, en esa lluvia de mensajes con
la intención de dirigir las voluntades y no permitirles reflexionar.
Aquellas arengas y el clientelismo nacionalista con el que tuvo que
pactar, le han tenido esclavizado a él, desde el primer momento, y
también desde entonces nos ha estado succionando sangre y tuétanos a
todos los españoles de buena fe. Que si en un momento optaba por la
decisión blanca, la tenía que corregir segundos después pasando a la
negra, porque había que acallar a algún descontento de aquellos que
ayudaron a auparle. Ha llevado locos a los ministros que nunca han
sabido a qué atenerse, porque nunca han dispuesto de un criterio
mínimamente definido. Las contradicciones entre ellos han alcanzado
niveles grotescos, hasta el punto de que lo que inicialmente se
liquidaba con controversias entre los miembros del Gabinete ha
llegado en ocasiones a afectar a las manifestaciones públicas del
propio presidente.
La falta de rumbo para gobernar, que siempre ha sido notoria, se ha
agravado en los últimos tiempos. ¿Será el cansancio? Cansado estaba
ya al principio de su mandato; no se nos puede olvidar el plante con
el que obsequió a su homólogo polaco simplemente porque estaba
cansado. La imagen ahora es más preocupante. La falta de rumbo, si
se da cuando hay presiones externas o internas que originen
sensación de premura, se traducen en huida. Y ahí es donde creo que
estamos en este momento.
El presidente nunca ha estado muy dispuesto a escuchar, no en balde
alguien que estuvo en su equipo ha calificado a los ministros como
simples ayudantes del presidente del Gobierno. Hoy, esos oídos
sordos ni siquiera quedan reducidos a un problema auditivo sino a un
problema de capacidad de atención; es decir, a una cuestión de
disposición mental.
Le tiene sin cuidado lo que digan las agencias de rating sobre la
deuda pública española; él se encierra en un estribillo que proclama
la solvencia. Una solvencia que no se cree nadie y, si me apuran, me
cuesta pensar que se la crea él. El problema es que los mercados
creen a las agencias y no creen a ZP. ¡Quizá es que sean muy poco
patriotas!
Que nuestra deuda tenga que pagar intereses dos puntos porcentuales
por encima de la alemana, la holandesa, la francesa o la austriaca,
parece ser un pequeño detalle para él sin importancia. Que se haya
tenido que insistir al sistema bancario español para poder colocar
alguna emisión, es algo que a todos, quizá no al señor presidente,
nos tiene muy preocupados, porque si los recursos disponibles para
financiar la inversión privada –la que crea empleo de veras y no de
ficción– los absorbe el sector público, las empresas privadas
seguirán viviendo con dificultad, y eso las que consigan seguir
viviendo. Cómo será nuestra falta de crédito en el universo mundo,
que el gran gestor de renta fija del mundo, el señor Bill Gross, no
está dispuesto a que la deuda española figure entre los 220 mil
millones de dólares que gestiona en su fondo de renta fija Pimco
Total Return; el mayor fondo de renta fija del mundo.
Por eso, el sentido de acorralamiento del presidente del Gobierno es
visible y está alcanzando niveles inaceptables, de los que pueden
derivar males importantes a nuestra economía y a nuestra propia
nación. ¿O no es por complejo de inferioridad por lo que el
presidente se ha permitido pedir al de Telefónica espíritu de
diálogo ante la acción de oro esgrimida por el Gobierno portugués,
frenando la adquisición de Vivo? Ni siquiera la opinión de la
Comisión Europea de una posible ilegalidad en la conducta portuguesa
ha permitido a nuestro presidente apoyar a nuestra compañía de
telefonía.
Cada día es más real que la economía española sigue viviendo pese a
su Gobierno. ¿Será posible más deterioro aún? Les aseguro que sí. El
deterioro no tiene límite. Ejemplos elocuentes de ello los tenemos
en un buen número de países que fueron grandes y ahora viven en la
miseria.
Dios quiera que esto se pare cuanto antes. Esto significa el
gobierno.
Aznar y el Estado residual
Editoriales ABC 3 Julio 2010
EL ex presidente del Gobierno José María Aznar inauguró ayer el
Campus de Faes con un discurso firme, contenido y directo sobre las
responsabilidades políticas del conflicto estatutario en Cataluña,
al que puso fin el Tribunal Constitucional con una sentencia aún no
publicada, pero de la que se conoce el fallo. Aznar sabe bien de lo
que habla cuando denuncia los riesgos de los pactos con los
nacionalismos para modificar la estructura del Estado. Por eso, sus
análisis y propuestas para el día después de la sentencia del TC
aportan a este debate necesario argumentos de alto nivel. No hay que
olvidar que el proceso de desfiguración del Estado autonómico
comienza en 2003, con el Pacto del Tinell, en el que los socialistas
catalanes, con el respaldo sonriente de Rodríguez Zapatero, proponen
un estatuto nacional para Cataluña y el aislamiento del PP. Es, en
definitiva, un pacto de hierro entre la izquierda española y los
nacionalismos más extremistas. En ese momento, como recuerda Aznar,
la izquierda rompió los vínculos de Estado que la unía con la
derecha desde la Transición. El PSOE cambió de bando para asegurarse
el poder político y alterar el pacto constitucional de 1978. El
discurso socialista de este cambio histórico de actitud hacia el
Estado autonómico lo basó inicialmente Zapatero en una reacción a la
política territorial de Aznar, a quien responsabilizaba de haber
exacerbado a los nacionalismos y haber empujado al PNV a sus planes
soberanistas. Entre líneas se adivinaba un reproche sutil por no
propiciar una negociación con ETA.
Seis años después, aquellos diagnósticos de Zapatero se han revelado
como rotundos fracasos. Hoy, los socialistas vascos gobiernan en
Vitoria gracias al PP. Cataluña vive su período de mayor agitación
soberanista desde 1934. Y la negociación política con ETA, en la que
tendrían que haber encajado las nuevas piezas confederales que
formarían el Estado a partir del Estatuto catalán, fue una terrible
temeridad que ha aplazado la derrota de los terroristas. Por eso
Aznar no culpa al TC ni a los nacionalismos del proceso estatutario
que ha puesto a España en el límite del «Estado fallido» y del
«Estado residual», sino a sus autores intelectuales, los
socialistas, con Rodríguez Zapatero a la cabeza, que decidieron
hacer un trueque de poder a cambio de desguazar el Estado. De ahí
que Aznar, imprimiendo a sus críticas un claro sentido de Estado,
reconozca el valor de la sentencia del TC para zanjar la revisión
del modelo estatutario. Su propuesta de dar «por concluida esta
irresponsable deriva de inestabilidad y deterioro institucional» es
la mejor opción para la sociedad española y la cohesión del Estado.
Sacando a pasear la húmeda.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 3 Julio 2010
Nadie puede a estas alturas asombrarse de las declaraciones del
Ministro de Fomento, que últimamente parece solo fomentar la
descalificación más ruin y el insulto. Y es que va en su formación
política de duros años de militancia desde la base hasta haber
alcanzado un cargo que ni siquiera podría haber soñado en lograr
gracias a sus méritos personales. Pero es que la lengua, o más bien
el uso del lenguaje como medio de promoción, parece que sigue
surtiendo efecto entre los trepas, los lamelibranquios y demás
gentecilla que debe agudizar el ingenio a falta de otros recursos.
Su continuado ataque al PP es explicable solo desde una posición de
absoluta desesperación y falta de confianza en las propias fuerzas.
Sus frases injuriosas e insultos con expresiones como que “el Sr.
Rajoy ha sacado a pasear al Sr. Aznar”, dan una pequeña muestra de
ese carácter tan despreciable que esconde un profundo sentimiento de
inferioridad. Y es natural que así sea, porque mientras que el Sr.
Aznar fue y es un Estadista respetado en todo el mundo, al Sr.
Blanco ya ni le respetan en su propio partido.
Su respuesta al Sr. Mas de CiU refleja ese miedo a perder los apoyos
en el Congreso y muestra una cobardía política extrema al señalar
como “enemigo” al PP advirtiéndole de que el PP quiere “hacer
manitas en Cataluña”, olvidando que Zapatero realizó la escena del
sofá en la Moncloa cuando promovió el Estatuto de Cataluña, o cuando
se unió sin reparos al “cordón sanitario” contra el PP en cuanto a
pactos. Pero claro, es natural que se intente defender y poner la
venda antes de la herida, culpando a otros de lo que ha sido una
manipulación descarada de las Instituciones judiciales.
Lo que obvia este fomentador de la insidia es que es el propio Sr.
Zapatero quien quiere regatear la sentencia del TC y forzar mediante
leyes consensuadas con su federación catalana, aquellos aspectos que
han sido tachados de inconstitucionales o dejados a interpretación.
Y ese proceder tiene un solo calificativo, insumisión institucional.
Mientras uno amenaza con incumplir la sentencia y promover
manifestaciones, el otro promete actuar desde su pedestal
promoviendo y aprobando parches legales que dejen la sentencia del
TC en papel mojado y sin valor real.
El PSOE del Sr. Blanco está fomentando la insumisión. El PSOE del
Sr. Blanco, hace tiempo que ha sacado a pasear la apisonadora
parlamentaria captando apoyos bastardos mediante pagos mercenarios a
grupos secesionistas. El PSOE del Sr. Blanco, lleva tiempo haciendo
algo más que manitas con el mundo etarra, permitiendo que
organizaciones ilegalizadas sigan teniendo representación en
Ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Su estrategia de el palo y
la zanahoria con la suelta de presos etarras como de Juana Chaos, y
la predisposición a la vuelta a las negociaciones, dan idea de hasta
qué punto sigue decidido a romper pactos de gobierno y volver a las
andadas del fracasado “proceso de paz”.
Así que ya que no puede fomentar otra cosa que la crispación, el Sr.
Blanco reflexione y tome la decisión de tomarse unas largas y
merecidas vacaciones, para ir acostumbrándose a su próxima situación
de vuelta a la normalidad en la oposición. El tiempo se les ha
agotado y el verano pasa rápido
Demencia ideológica
Enrique de Diego www.gaceta.es 3 Julio 2010
Todos los imanes son fervientes partidarios de lapidar a las
adúlteras.
Resulta difícil describir la ideología del decadente zapaterismo –si
bien lo ha intentado con brillantez Jesús Trillo-Figueroa en torno
al confuso concepto de ideología de género. En mi modesta opinión,
estamos ante una demencia ideológica que incluye al biotipo del buen
salvaje socialdemócrata –nunca corrige errores, siempre considera
que no se ha intervenido lo suficiente-, al del saqueador del
contribuyente y al coleccionista de tópicos y estrictas estupideces,
de modo que en el zapaterismo se ha hecho plena realidad que el
sentido común es el menos común de los sentidos.
Nada ejemplifica mejor esta demencia ideológica que el generoso
trato concedido por el partido socialista de grupo mascota a los
musulmanes, quienes son lo más alejado de la pretendida ideología de
género. Resulta patético contemplar a Leire Pajín o a Bibiana Aído
defender el uso del ‘burka’. O a ésta última indicar que se trata de
un “debate complejo”, ¿para tan poco da su inteligencia progre? O
que, incluso, prohibirlo podría ser contraproducente, criterio que
echa por tierra toda la publicidad animando a denunciar los malos
tratos o con el que seguiría habiendo esclavitud, que es lo que
significa, mucho más simbolizar, el ‘burka’: la esclavitud de la
mujer. Véase el caso del musulmán de Coín que ha castigado a su
mujer a dormir, con ‘burka’, en el suelo por ir a clases de
castellano impartidas por un varón. Hete aquí a los socialistas,
instalados en la demencia ideológica, favoreciendo la esclavitud y
promoviendo la islamización.
Porque no se quedan en esta retórica insultante, sino que saquean a
los contribuyentes infieles para trasvasar fondos a los musulmanes.
Según un espléndido informe de Santiago Mata (LA GACETA, 28-6-2010),
el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, a través de la
Fundación Pluralismo y Convivencia, ha venido subvencionando a la
mezquita Al Madina de Alcalá de Henares cuyo imán es partidario de
lapidar a las adúlteras. Al Madina ha venido recibiendo una
subvención anual de 5.000 euros, que han aportado todos los
contribuyentes, incluidas las adúlteras. De hecho, esa Fundación ha
dado más dinero a los musulmanes de lo que pedían: el 130%.
En realidad, todos los imanes son fervientes partidarios de lapidar
a las adúlteras, y de hacerlo sepultándolas dejando ver sólo la
cabeza y con guijarros pequeños para que la muerte sea lenta. De
hecho, lo son todos los musulmanes. El Corán habla de cien
latigazos, pero la sharía contenida en la Suna preceptúa el terrible
suplicio, que, como es obvio, nada tiene que ver con la esotérica
ideología de género, ni con el mínimo de humanidad. Promover la
orgía adolescente, como hace la Generalitat catalana, y financiar,
al tiempo, a quienes propugnan lapidar a las adúlteras supera el
nivel de la contradicción para entrar en el de la estricta demencia
ideológica, igual que estar promoviendo la homosexualidad y
financiando a quienes quieren colgar a los homosexuales de una grúa.
Otrosí: cada vez los socialistas son más conscientes de que están en
un proceso de hundimiento que pone en riesgo de supervivencia a las
mismas siglas del PSOE.
ETA
Rubalcaba perjudicial
GEES Libertad Digital 3 Julio 2010
En relación con la lucha contra ETA, Alfredo Pérez Rubalcaba es sin
ninguna duda el peor ministro del Interior de los últimos veinte
años. En cuanto a escándalos acumulados en la lucha contra la banda,
habría que remontarse a la época de José Luis Corcuera o Juan
Alberto Belloch. Y más allá de esto, no se trata ya de Mayor Oreja,
Rajoy o Acebes; Rubalcaba tampoco resiste comparación con el
socialista Antonio Asunción, y ni siquiera con Jose Antonio Alonso,
que mal que bien consiguió evitar los escándalos mayores en los que
Rubalcaba sí se ha visto envuelto.
En su libro El Zapaterato, Fernando Jáuregui y Manuel Ángel
Menéndez, narran como Rubalcaba fue nombrado por Zapatero para
controlar las conversaciones con ETA, y cómo desmentía estos
contactos a los responsables del PP –pese a que estaba involucrado
en ellos–, porque "mi tarea es jugar al despiste", decía después.
Rubalcaba mintió sobre la negociación con ETA: lo hizo con voluntad
explícita de hacerlo, porque ocultó, amparó y coordinó los pactos
socialistas con ETA, mientras –como ahora– se indignaba ante quienes
denunciaban los pactos que ya se producían. Si Rubalcaba "jugaba al
despiste" –en román paladino, mentía a los españoles y a la
oposición–, ¿por qué íbamos a creerle ahora que los rumores son tan
ensordecedores como entonces? ¿Por qué razón creer en un ministro
que ha demostrado ser poco de fiar en vez de creer en uno que sí lo
ha sido, Mayor Oreja, y de una política íntegra y valiente, María
San Gil? ¿Juega ahora también "al despiste"? ¿Lo sabremos cuándo ya
sea demasiado tarde?
Esto es lo peor de Rubalcaba: media España no se fía de él porque
negoció con ETA a espaldas de España entera mientras decía que no
negociaba. Las víctimas –las que resisten y las ya sobornadas–, los
policías y guardias civiles, las asociaciones cívicas nunca han
confiado en él, ni antes ni ahora. Sólo ETA expresó su alegría
cuando fue nombrado ministro Alfredo "el blando". Éste es el
problema de Rubalcaba, que debía haber dimitido hace ya tiempo. Con
su pasado más reciente en relación con ETA, y se mire como se mire,
no está legitimado para dirigir la lucha contra los terroristas y
derrotar a la banda. Es un ministro perjudicial para la lucha contra
ETA.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
El Estatut bien vale cinco millones de
parados
EDITORIAL Libertad Digital 3 Julio 2010
Un sector muy importante de la sociedad española tiende a considerar
a CiU como una especie de partido responsable depositario del seny
catalán. Un nacionalismo "moderado" que, pese a todo, posee una
cierta visión de Estado y sabe sacrificarse en nombre del bien
común.
Desde luego, los dirigentes de CiU han sabido cultivar esa imagen
fuera de Cataluña, pretendiendo ser, como ya lo buscara Cambó,
Bismarck en Madrid y Bolívar en Barcelona. La convalidación en el
Congreso del tijeretazo de Zapatero, al que todos los otros partidos
se opusieron, supuso un nuevo espaldarazo a esta visión de los
convergentes como serios estadistas que sabían anteponer los
intereses de la nación ante Europa sobre el revanchismo
cortoplacista que podía suponer derrocar a Zapatero. Muchos incluso
han llegado a proponer al líder de Unió, Josep Antoni Duran i
Lleida, como eventual presidente de un gobierno de concentración en
la España postzapateril.
Y, sin embargo, al final resulta que esa pose de responsabilidad no
era más que un humo que, como siempre han hecho desde tiempos de
Pujol, se han encargado de vendernos muy caro.
Lo que no ha facilitado CiU con un Estado al borde de la quiebra,
cinco millones de parados y un Zapatero totalmente desacreditado,
amenaza ahora con provocarlo porque el presidente del Gobierno no ha
mostrado el más secesionista de los discursos posibles al afirmar
que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut
"garantiza el máximo autogobierno posible para Cataluña".
Ha advertido Artur Mas, líder de ese partido tan moderado que
acudirá a la próxima manifestación contra la legalidad
constitucional del próximo 10 de julio, que Zapatero debe "medir"
sus palabras, pues en caso contrario "forzará su caída". Pocos
deberían dudar ya de cuáles son las prioridades de los
"nacionalistas moderados". Si hasta ahora han venido sosteniendo al
Gobierno socialista apoyando las reformas decisivas que llevaba a la
Cámara Baja, no es porque creyeran en la bondad y necesidad de las
mismas, sino porque Zapatero les sigue resultando de utilidad para
sus objetivos independentistas.
Zapatero no sólo abrió el melón soberanista concediendo a los
nacionalistas –y en especial a Artur Mas– un estatuto que en
muchos sentidos convertía al resto de España en una colonia de
Cataluña, sino que presionó activamente a los miembros del Tribunal
Constitucional para que obviaran los aspectos que de un modo más
flagrante contradecían nuestra Carta Magna. Pero tampoco les bastó
con eso y Zapatero ya se ha puesto a negociar con Montilla cómo
hallar una solución a las pequeñísimas trabas que el Constitucional
le ha puesto al desarrollo estatutario.
Mientras Zapatero siga siendo útil para los intereses de la casta
nacionalista, parece claro que ésta no propiciará su caída, por
mucho que a causa de su nefasta gestión la salud de nuestra economía
y el bienestar de los españoles –incluidos los catalanes– sigan
deteriorándose a ritmos acelerados. Como siempre, sus privilegios
son más importantes que los derechos y la prosperidad de la
ciudadanía. Lo cual, por desgracia, no impedirá que los mismos de
siempre sigan repitiendo las mismas sandeces sobre la moderación y
responsabilidad de CiU a las que ya nos hemos acostumbrado.
Orfandad autonómica
KEPA AULESTIA El Correo 3 Julio 2010
El desarrollo autonómico se ha proyectado durante las últimas tres
décadas como un proceso irreversible por el que los órganos del
poder central iban transfiriendo competencias a las distintas
comunidades, de forma que cualquier reversión de las mismas se
hubiese entendido como una involución en términos democráticos. Pero
junto a esta imparable tendencia se han producido dos fenómenos en
sentido inverso: la permanente sospecha que pesa sobre las
autonomías como causantes de un funcionamiento irracional del
Estado, y la orfandad que para cada Estatuto representa la división
política entre quienes no se sabe si lo secundan y bajo qué
interpretación. Todo esto ha vuelto a aflorar tras conocerse el
fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán. El cruce
de declaraciones respecto al mismo ha reflejado la irreversibilidad
de un autogobierno bendecido por el alto tribunal en aquellos
aspectos que ha salvado su veredicto, ha realzado los recelos y
prejuicios que se desatan ante la deriva autonómica, y ha
evidenciado que resulta imposible identificar a los progenitores y
tutores de cada criatura autonómica, aunque sea porque quienes así
se reivindican tiran de sus extremidades hasta el punto de
deformarla.
El presidente Rodríguez Zapatero ha sido capaz de saludar la
sentencia del Constitucional como la culminación del proceso de
descentralización autonómica y mostrarse, al mismo tiempo, abierto a
aquellas reformas legislativas que pudieran parchear los recortes
producidos en el texto refrendado por los catalanes. Su predecesor
en la Moncloa, José María Aznar, le ha acusado nada menos que de
conducir a España al borde de un Estado constitucionalmente fallido.
Mientras tanto, nadie parece dispuesto a hacerse cargo del resultado
autonómico dictado por el TC para Cataluña y de aplicación general
para las demás comunidades. Como nadie parece capaz de engendrar un
modelo de autogobierno que vaya más allá de los límites establecidos
por la sentencia.
Lo peor que podría haberle ocurrido al proceso autonómico era
precisamente esto: la confusión generada por su utilización
partidaria sin que ninguna formación sea capaz o se atreva a ofrecer
como alternativa un dibujo terminado del 'Estado de las autonomías'.
Se trata de una confusión que se retroalimenta en una dialéctica de
prevenciones y agravios sin fin dominada por los prejuicios. Porque
por un lado continúa prevaleciendo el reflejo jacobino que
identifica la racionalidad con el centralismo, y por el otro
persiste la idea de que el máximo de autogobierno es sinónimo del
óptimo de progreso y bienestar.
Paralelamente a todo eso la discusión autonómica se ha convertido en
una cuestión propia de las elites políticas que manejan el bloqueo o
el traspaso de atribuciones y competencias con criterios de poder
que en muchas ocasiones ni siquiera podrían calificarse como
ideológicos. La Administración central no ha adelgazado lo que
hubiese debido en función de las transferencias cedidas a favor de
las autonomías. De lo contrario, no acumularía casi todo el déficit
público que soporta el Estado español. Por su parte, las comunidades
autónomas han hecho dejación del papel que debían asumir a la hora
de perfeccionar las funciones del Estado social mediante iniciativas
que adecuaran coberturas y servicios ante los cambios y los desafíos
inducidos por la globalización. La descentralización generalizada de
las competencias sobre educación, sanidad y servicios sociales no ha
dado lugar a una fuente múltiple de reformas. Más bien los
Ejecutivos autonómicos han mostrado una imagen gregaria a la espera
de lo que indicara el Gobierno central de turno.
A pesar de que todas las miradas se fijen hoy en el guirigay
catalán, Euskadi es el paradigma perfecto de la orfandad autonómica.
Contamos con un Estatuto que, a base de ser de todos, ha acabado no
siendo de nadie. La versión soberanista del nacionalismo sometió en
años anteriores al autogobierno a una dinámica del todo o nada que
acabó empantanándolo. El texto estatutario ha pasado de ser una ley
orgánica cuyo cumplimiento íntegro demandaba periódicamente el
nacionalismo gobernante a convertirse en una referencia prescindible
en la guerra de posiciones que parecen protagonizar socialistas y
jeltzales. Mientras la sociedad valora la autonomía «realmente
existente», las formaciones políticas no saben qué hacer con el
marco jurídico que consagra el Estatuto. Ni se empeñan seriamente en
completar sus previsiones, ni se deciden a dejar las cosas como
están, ni se atreven a reformarlo; y tampoco el soberanismo se ve
con fuerzas como para aventurarse a desbordarlo. Aunque la
ciudadanía se muestre proclive a un autogobierno en moderada
expansión, tanto las fórmulas jurídicas posibles como, sobre todo,
la mutua neutralización de los vectores partidarios tienden a una
suma cero de las perspectivas de ampliación del techo autonómico.
Además, la vía de los hechos que el nacionalismo vasco había
explorado insistentemente para ensanchar las fronteras de su poder
político acaba de ser limitado en el terreno del Derecho por la
sentencia sobre el Estatut. El único cauce que permanece abierto es
el del desarrollo interno del autogobierno vasco. Pero el pulso de
poder que mantienen nacionalistas y socialistas, bajo la sombra que
ejercen el nuevo bloque independentista, por un lado, y las
aspiraciones de los populares, por el otro, contribuye a mantener el
potencial autonómico en estado de hibernación.
La tregua basura (II)
«No hay que hacer nada ante las propuestas de Batasuna. Nada de
nada. La mayor garantía de éxito es que el Estado mantenga su
estrategia de desmantelar a ETA poco a poco»
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo 3 Julio 2010
Igual Zapatero no se come el turrón electoral de ETA. Es difícil
saberlo todavía. Lo que era conocido es que ETA y Batasuna son más o
menos lo mismo. Es decir, distintas dimensiones, o dimensiones
complementarias, de la misma cosa. Lo han dicho los tribunales y, no
lo olvidemos, por eso está Batasuna ilegalizada y Otegi en prisión.
Aunque parece una obviedad, es saludable no perder este axioma de
vista en momentos de transición.
La ahora denominada izquierda abertzale antes llamada Batasuna tiene
una hoja de ruta hacia su reinserción institucional. Si la tiene
Batasuna no es nada ocioso suponer que la tiene ETA. Florencio
Domínguez describía muy sintéticamente bien en este espacio hace
poco la manera en que ETA había articulado la nueva estrategia hacia
el independentismo. También llevamos tiempo advirtiendo de que la
estrategia de Batasuna no puede ser ajena a ETA, porque no sólo son
vasos comunicantes sino conductos del mismo alambique. Incluso ya
subrayábamos (EL CORREO, 16-4-10) que la nueva tregua, caso de
producirse, no sería sino una tregua tóxica, una tregua basura que
intentar colocar en el mercado de la esperanza para inocular activos
políticos 'subprime', de nuevo, en las instituciones públicas
vascas... y españolas.
El tiempo está materializando esos análisis. Eusko Alkartasuna y
Batasuna ('Euskobatasuna' la bautizábamos, EL CORREO, 11-1-10) no
están proponiendo nada nuevo, en realidad. Nada que no viéramos en
Lizarra y nada que por supervivencia de ambos, atrapados entre el
PNV y Aralar, no sea sensato proponer. La creación de un buque
independentista vasco que trascienda el nacionalismo para abrir una
década de trabajo en pos de una ruptura constitucional. ETA ya había
establecido que la transición de la violencia tendría que
desembocar, como condición necesaria, hacia ese rumbo. Batasuna está
leyendo esas cartas de navegación para marcarlo.
Respecto de Eusko Alkartasuna, no es que esté actuando con
conciencia plena de que ETA sea la diseñadora de las cartas... lo
que ocurre es que se ha persuadido a sí misma de que, aunque ETA
domine esta fase, al final la historia puede recordar a EA como
quienes en un momento complicado dieron un paso al frente y lograron
convencer a ETA -seduciéndola a través de Batasuna con el horizonte
independentista- de que la violencia ya había dejado de ser
rentable. Es una autoconvicción necesaria para EA en este momento,
pero completamente infantil. ETA es la primera en tener claridad de
que la violencia ha dejado de ser rentable a futuro pero, sobre
todo, es la primera en tener conciencia de que hay que rentabilizar
la violencia del pasado.
De nuevo nos estamos haciendo las preguntas equivocadas. La cuestión
no es si ETA declarará o no una tregua (que lo hará) o si Batasuna
condenará un atentado (si lo hubiese, ya está diseñado el texto de
ingeniería semántica para calificarlo como un obstáculo hacia el
independentismo), sino cuánto estamos dispuestos a pagar por la
desactivación de ETA.
El precio ya está fijado. De Eguiguren podemos pensar que estaba
afectado por una bajada de tensión cuando realizó sus últimas
declaraciones... o bien el hombre nos estaba aportando una pista.
Hablaba de reubicar a Batasuna en la política y también de presos.
Estaba fijando la lista de precios aunque, por supuesto, sin enseñar
la letra pequeña que, como todo el mundo que ha comprado algo en lo
que le estaban engañando sabe, no se muestra hasta el final.
La letra pequeña del final de ETA es rentabilizar los años de
violencia sin que parezca que haya habido violencia, como ha
analizado con eficacia en estas páginas Joseba Arregi. El éxito de
los dos actores principales en este tercer acto de la representación
vendrá de elegir y ejecutar la mejor estrategia en un juego de suma
cero. Traduciendo: lo que ETA gane será porque el Estado lo ceda.
Batasuna está haciendo su recorrido inicial del lado de EA y del
sindicalismo abertzale poniendo el acento sobre el independentismo
sin violencia, así en genérico, sin condenar ni recriminar a ETA
porque no se pueden objetar cuatro décadas de entrega a la violencia
en las que unos y otros han participado. Hacer que Batasuna condene
a ETA es hacerle pedir perdón por haber sido ella misma, lo cual
sería lo más honesto pero desde luego lo más improbable. De esta
forma, la cuadratura estratégica para Batasuna sería cómo incorporar
a ETA al proceso rentabilizando los años de violencia, que para la
izquierda abertzale son una enseña identitaria de militancia
antiespañola, pero sin mencionarlos... y además haciendo a la banda
terrorista partícipe del proyecto independentista pero dejando claro
que su mera existencia es, a estas alturas, un obstáculo.
Del lado del Estado, la cuadratura estratégica sería conseguir la
disolución sin ceder nada, ni en presos ni en política. Hay
entendidos que postulan que algo debe cederse porque el objetivo lo
merece, sobre todo en este momento. Están equivocados, siempre hemos
estado equivocados. En toda negociación con ETA se llegaba a un
callejón sin salida, precisamente porque se negociaba. Ahora hay que
conservar el control del campo estratégico que, por una vez en la
historia del pretendido conflicto, lleva el Estado. Es decir, no hay
que hacer nada ante las propuestas de Batasuna. Nada de nada. La
mayor garantía de éxito es que el Estado continúe manteniendo la que
ha sido su estrategia exitosa... continuar desmantelando ETA poco a
poco, negarle espacio político y social a cualquiera de sus
expresiones y no aceptar posicionamientos en escenarios de ningún
tipo. Si ETA declara una tregua, que lo haga, pero que no influya en
el comportamiento del Estado. Si la denominada izquierda abertzale
presenta listas, que las presente, se las investiga y anula
siguiendo los procedimientos habituales si no cumplen con la ley.
Así planteada, la estrategia del Estado es una garantía que sólo se
encontrará con el escollo de EA. Batasuna será legalizada porque
será 'EuskoBatasuna'... no habrá nada entonces que ilegalizar porque
no podrá aplicarse el bisturí. Y 'EuskoBatasuna' será la bolsa de
votos de la izquierda abertzale y EA habrá recuperado, incluso
hallado definitivamente, su granero de votos. Ya veremos si ése es
el camino, al menos, de silenciamiento de ETA mientras vamos
desarticulándola.
Sant Jordi, y tiembla Espanya!
TOMÁS CUESTA ABC 3 Julio 2010
BODRIO jurídico, dislate conceptual, enjuague temerario... A la
sentencia del Estatut, en líneas generales, la han llamado de todo
menos guapa. Algo tendrá el agua cuando la maldicen, por mucho que a
Rajoy le parezca potable. Y algo querrá decir, también, que Zapatero
se encuentre tan a gusto chapuzando en el charco. Lo que resulta
obvio, en cualquier caso, es que, detrás de la atorrante algarabía
que el fallo del Constitucional ha puesto en danza rebufan la
impostura a palo seco y el oportunismo a saco. El pobre José
Montilla, pobre de pedir árnica, se ha envuelto a la carrera en el
sudario de Companys a fin de completar una licenciatura en
fantasmadas. El señor Mas, qué menos, se apresta a defender la
dignidad de Catalunya con denodados bríos, caballeresco empuje e
indesmayable brazo. Ahí es nada, monada. El rey Artur cabalga con
rumbo a Camelot, paraíso del trile y de las camelancias, llevando en
las alforjas el Grial de la patria. ¡Sant Jordi, y tiembla Espanya!
Mientras, Duran i Lleida, que es más hombre de Salves que de salvas,
se coaliga con el abad de Monserrat y, apuntando al cielo, advierte:
«Hasta aquí hemos llegado». No obstante, habrá que esperar a
octubre, cuando las urnas hablen, para saber a dónde llega, a corto
plazo, el gatuperio estatutario. Sobre adónde nos lleva, huelga el
interrogante: «de iure» y, también, de facto», vamos en derechura
hacia ninguna parte.
Nada en política sucede sin que responda a un cálculo de
rentabilidades. Así pues, no es extraño que lo que parece un
deliquio irresponsable pueda ser una bomba de relojería
perfectamente armada. La hilarante farsa del Estatut (reír por no
llorar, ya saben) no es sólo una pantomima cafre en la que naufragan
los políticos y los magistrados. Es algo más perverso, ya que no más
grave. Forma parte de un plan que, si alcanzara a concretarse,
imposibilitaría al PP salir de su aislamiento y defenestrar a
Zapatero por la vía del pacto. El despliegue de la estrategia es
meridiano. Montilla, al escudarse en el bies de la «senyera» como
los bandoleros de otro tiempo se acogían a sagrado, ha hecho que la
parroquia cierre filas —prietas las filas, recias, marciales— como
en la pujolandia de los mejores años. El tic del sacamantecas
español ha vuelto a dispararse. Quizá el honorabilísimo bachiller de
Iznajar no lograra pasar por filtros académicos ni cedazos
intelectuales; tal vez Carl Schmitt le suene a lateral del Bayern,
pero la «teoría del enemigo» se ajusta igual que un guante a su
perfil de aparatchiki inveterado.
«El enemigo político no necesita ser moralmente malo, ni
estéticamente feo», escribía Schmitt en 1932. «Simplemente es el
otro, el extraño», aquel cuya existencia misma me amenaza y frente
al cual yo puedo desencadenar la identidad defensiva de los míos. La
nación se construye en esa reacción frente a la amenaza. Y quien
sabe inventar un enemigo, puede aunar a cuantos se sienten
amenazados. La dramatización del vampiro castellano que hunde sus
colmillos en una Cataluña exangüe, funciona admirablemente, siempre
ha funcionado. Y la lógica de lo peor regresa al escenario. Sólo un
pacto del PP con CiU y con el PNV abriría el horizonte a la
alternancia y, antes de eso ocurra, urge avivar la hoguera de las
identidades.
Al cabo, que la derecha no lea a Carl Schmitt no es cosa que pasme.
Lo imperdonable es que haya olvidado a Gila, que fue un maestro de
la divulgación política y un teórico admirable: «¿Está el enemigo?
Que se ponga...» (Y don Mariano que se ponga el casco).
Estatut
Mucho cura de paisano
Maite Nolla Libertad Digital 3 Julio 2010
Para determinar el verdadero alcance de la sentencia del
Constitucional sobre el estatuto, sólo hay que reflexionar un
minutito de nada sobre si la misma obliga a los nacionalistas a
desandar un paso del camino que Pujol hizo durante veintitrés años y
que el tripartit ha hecho durante siete, que desde luego parecen
doscientos. En total, treinta años de imposición irreversible por la
vía de los hechos en la mayoría de ocasiones, con alguna norma entre
medio para disimular. Es posible que el Constitucional les impida ir
más allá en algunas cuestiones y darle otra vuelta de tuerca a lo
que ya tenían, pero ni la educación, ni la lengua, ni la
financiación, ni las embajadas, ni el deporte, sufren el más mínimo
menoscabo respecto a su situación actual. Por eso el Gobierno está
tan contento. La sentencia no comporta ninguna carga, ni obliga a
enfrentarse al gobierno autonómico. Y en el peor de los casos, el
Constitucional deja en manos del Gobierno y del gobierno de la
Generalitat decidir cómo se ejecuta la sentencia y si interpretan
bien lo que sus señorías han declarado interpretable.
Luego están las reacciones de los políticos. Podemos distinguir
cinco grupos. Primero están los nacionalistas, indignadísimos y
dispuestos a salir a la calle, cuando acaben de hacer cálculos
electorales y determinar, aproximadamente, si unas elecciones
marcadas por el nacionalismo y no por la crisis hacen subir a ERC e
igual permiten repetir el tripartit o no. Por otro lado, el Gobierno
satisfecho, como les he dicho. En tercer lugar, el PP, aliviado, que
asume como propio este estatuto y así puede hablar sólo de los
problemas reales de la gente, es decir, del fútbol. En cuarto lugar
está Cospedal que no se entera de nada, para variar, y, finalmente,
estamos los que no somos nacionalistas, divididos entre los que
vemos esto como más de lo mismo, y los que lo ven como un freno,
aunque estemos todos de acuerdo en que las instituciones y la
oposición han desertado de sus obligaciones.
Pero lo que plantea un problema de primer orden es lo siguiente: los
nacionalistas van a salir a la calle a defender la dignidad del
pueblo de Cataluña, PSC incluido.
Por otro lado, está Carmen Chacón que como líder del PSC logró un
resultado increíble, con casi un millón setecientos mil votos, un
millón más de lo que habitualmente saca el PSC en las autonómicas.
Carmen Chacón no sólo considera esta sentencia como buena, sino que
pasa de ir a la manifestación nacional. Lo que les quiero decir es,
¿qué les hace pensar a los señores del PSC que poniéndose ultra
nacionalistas representan más a sus votantes que cuando no lo hacen?
En democracia la representatividad se cuenta en votos; incluso en
Cataluña, aunque aquí cualquiera se arrogue legitimidades que
electoralmente no va a tener en la vida.
Y a falta de prueba en contrario, los indicios nos dicen que los que
pueden votar en Cataluña están más cerca de lo que piensa Chacón que
de lo que piensa Montilla. Es como el tipo éste de la Diputación de
Lérida que retira la bandera española, aunque gobierna con sólo tres
diputados por la vergonzosa deserción del PSC local. Vamos, que no
se me ofenda nadie, pero si no representan ni a sus votantes, me da
que les falta un poquito para representar a todo un pueblo. Mucho
cura de paisano.
Volvemos a Perpiñán
M. MARTÍN FERRAND ABC 3 Julio 2010
ALGUNOS, por razones generacionales y caprichos dictatoriales,
perdimos una parte de nuestra juventud en viajes a Perpiñán, la
vieja capital del Rosellón, para ver películas y comprar libros
prohibidos en la España de la época. Es posible que El último tango
en París, la peor de las películas de Bernardo Bertolucci, y los
libros de Jesús Ynfante sobre el Opus Dei, editados por Ruedo
Ibérico, le produjeran a ese lugar del sudeste francés, en los
sesenta y setenta, más ingresos que cualquiera de los muchos
atractivos turísticos del lugar. Toda prohibición política, tanto
más cuanto menor sea su fundamento, da paso a una industria derivada
de su no observancia y así fue entonces como, lamentablemente,
volverá a ser ahora. Los efectos de los nacionalismos son siempre
empobrecedores.
La nueva Ley del Cine en catalán, ya aprobada por el Parlament,
obliga a las distribuidoras cinematográficas a doblar, también en
catalán, las películas dobladas al castellano que quieran exhibirse
en Cataluña. Eso tiene un coste que difícilmente puede absorber la
recaudación de las taquillas y, en consecuencia, las grandes
películas internacionales, Hollywood incluido, se proyectarán en los
cines de Cataluña en su idioma original. Quién quiera, además de
verlas, oírlas en castellano tendrán que repetir la ceremonia
impuesta por el franquismo: acercarse a Perpiñán y, después de dar
una vuelta y admirar la catedral de San Juan Bautista o la Lonja
—igualita que la de Valencia—, meterse en un cine para ver, en un
idioma cinematográficamente proscrito en las cuatro provincias
catalanas, Piratas del Caribe IIIo cosa parecida.
La Unión Europea sostiene la libre circulación de las personas y los
capitales. Un dentista de Frankfurt puede establecerse en Andújar y
un topógrafo siciliano irse a trabajar, con su teodolito bajo el
brazo, a Copenhague; pero lo que resulta inadmisible para la defensa
de la identidad catalana, y así lo entienden el Parlament y el
Govern, es ver a Clint Eastwood en Sabadell con la voz prestada por
Constantino Romero. Concuerda un despropósito de esa naturaleza con
la realidad que, contra el sentir general de la sociedad catalana,
tratan de inventar e instalar unos partidos nacionalistas que, sin
la cobertura del «hecho diferencial», se quedarían en algo menos que
nada. Lo único sorprendente es la falta de reacción social ante
semejantes memeces y el disimulo electorero con que se enfrentan a
la situación los partidos, especialmente el PP y la franquicia
catalana del PSOE, que se dicen nacionales. Tanta Transición y tanta
historia para terminar volviendo a Perpiñán a ver películas.
coste de más de 700.000 euros
El Gobierno vasco compra 22 coches
oficiales para los consejeros, directores e Ibarretxe
Los ex lehendakaris tienen derecho cuando abandonan el cargo a
disponer de una oficina, una secretaria y un automóvil con conductor
VASCO PRESS | VITORIA El Correo 3 Julio 2010
El Gobierno vasco ha adquirido durante su primer año de mandato un
total de 22 coches para el uso de sus consejeros, los directores de
los distintos departamentos y el ex lehendakari Juan José Ibarretxe.
Los ex lehendakaris tienen derecho cuando abandonan el cargo a
disponer de una oficina, una secretaria y un coche con conductor. El
coste de esta compra asciende a más de 700.000 euros, aunque el pago
de los vehículos de más alta gama se realiza en un plazo de cuatro
años a través de un sistema de renting.
El Departamento de Justicia y Administración Pública ofrece estos
datos en respuesta a una pregunta parlamentaria de EA. El ya ex
parlamentario Jesús María Larrazabal preguntaba el número de
turismos comprados en esta legislatura para el uso de Ibarretxe,
consejeros, viceconsejeros o directores en sus desplazamientos
oficiales, y pedía marca, modelo y el coste de la compra.
Y la respuesta se ajusta perfectamente a estos detalles. El Gobierno
vasco ha comprado hasta ahora 7 coches de gama alta destinados al
servicio de los diez consejeros y del ex lehendakari Juan José
Ibarretxe: 3 Audi A6 2.7 TDI provistos de tracción a las cuatro
ruedas y con una potencia de 180 CV, 1 BMW 525 de 197 CV, 1 Volvo
S80 con tracción integral de 205 CV y 2 Peugeot 607 2.7 HDI de 204
CV.
Rota entre todos
El Gobierno vasco compró estos siete coches, que no están asignados
de forma personal y rotan entre todos, en régimen de renting a
cuatro años por un importe mensual de 1.472,5 euros por vehículo, lo
que arroja una cifra al cabo de los cuatro años de 494.760 euros.
Asimismo, ha adquirido en régimen de compra para el servicio de los
directores otros 15 coches de marcas generalistas y categoría
inferior. Se trata concretamente de 10 Citroen C4 HDI de 110 CV, que
se pagaron a 14.124 euros por unidad (141.240 euros en total), y 5
Ford Focus de 125 CV, que se pagaron a razón de 14.830 euros (74.150
euros en total).
La cifra resultante de todas las operaciones, incluidos los pagos
diferidos que los primeros 7 coches de gama alta, asciende a un
total de 710.150 euros.
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