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La sentencia que el TC no se atrevió a
dictar
Tomás-Ramón Fernández El Mundo 9 Julio 2010
El tribunal Constitucional ha tardado cuatro largos, larguísimos,
años en dictar sentencia sobre la constitucionalidad de este
unilateral Estatuto de Cataluña que, como recordarán, fue refrendado
por la abrumadora minoría de un tercio de la población del
Principado.
El fallo de la sentencia, que es todo lo que hasta este momento
conocemos, ha evitado, sin duda, lo fundamental, esto es, el triunfo
de un auténtico golpe de Estado constitucional. No merece otra
calificación el intento de modificar subrepticiamente la
Constitución que el 90% de los españoles aprobamos en 1978 y
convertir el Estado de las Autonomías que ésta hizo posible en un
Estado confederal en el que la Generalitat de Cataluña se entiende
de igual a igual con el Gobierno de España y decide de acuerdo con
éste cómo se distribuye entre ambos el común mientras las demás
comunidades autónomas quedan a las resultas.
El reconocimiento de este logro no debe ocultar, sin embargo, la
extraordinaria timidez que el TC ha mostrado a la hora de resolver
un buen número de temas que contaban ya con una respuesta categórica
en su jurisprudencia.
El texto definitivo de la sentencia va a ocupar, al parecer, varios
cientos de folios, la mayoría de los cuales estarán dedicados a
explicar por qué no se han considerado inconstitucionales una serie
de preceptos estatutarios cuya declaración de nulidad pura y simple
parecía inevitable a la luz de la doctrina que el Tribunal tenía ya
firmemente establecida. Me limitaré aquí a enunciar algunos de
ellos.
1. La sentencia remite al limbo nebuloso de las interpretaciones
conformes -que al cabo de poco tiempo nadie es capaz de recordar y,
desde luego, nadie respeta- el artículo 5 del Estatuto, según el
cual «el autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los
derechos históricos del pueblo catalán». Pero ha pasado por alto la
declaración contenida en el apartado 4 del artículo 2, a cuyo tenor
«los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña».
Ambas proclamaciones son rigurosa e injustificablemente contrarias a
los artículos 1 y 2 de la Constitución, el primero de los cuales
afirma solemnemente que «la soberanía nacional reside en el pueblo
español, del que emanan los poderes del Estado» (todos los poderes
del Estado, incluidos como es natural los de la propia Cataluña).
Expresión de esa soberanía nacional es la Constitución, que, como
proclama su artículo 2, «se fundamenta en la indisoluble unidad de
la Nación española».
No hay, por tanto, otro posible fundamento para el autogobierno de
Cataluña que el que la Constitución le presta. Si el pueblo español,
en ejercicio de su soberanía, no la hubiera refrendado, la
Generalitat no existiría. Existe, repito, gracias a ella, como una
parte del todo, que alcanza su verdadero sentido precisamente dentro
de la unidad de ese todo, como acertó a precisar el propio TC en su
primera sentencia para resolver un recurso de inconstitucionalidad,
dictada en 1981.
Y es que «autonomía no es soberanía». «La autonomía hace referencia
a un poder limitado», como también dijo dicha sentencia, por lo que
el Legislador, cuando la regula, «no puede colocarse en el mismo
plano del poder constituyente» (sentencia de 5 de Agosto de 1983),
como han pretendido abusivamente los preceptos del Estatuto catalán
antes citados y cuya declaración de nulidad era obligada.
2. En lo que a la cooficialidad de las lenguas se refiere, el TC
tenía establecida una doctrina muy clara en sus sentencias 82, 83 y
84/1986, de 26 de Junio, que resolvieron los recursos de
inconstitucionalidad promovidos contra las Leyes catalana, vasca y
gallega de Normalización Lingüística. En esas sentencias se dijo que
«es oficial una lengua cuando es reconocida por los poderes públicos
como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación
con los sujetos privados», lo que «implica que el castellano es
medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en
el conjunto del Estado español».
Esta doctrina condenaba irremisiblemente la afirmación contenida en
el apartado 1 del artículo 6 del Estatuto: «el catalán es la lengua
de uso preferente», además de normal, de las Administraciones
públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña. La
sentencia ha hecho efectiva esa condena declarando inconstitucional
y nula la expresión «y preferente» del precepto en cuestión. Sin
embargo, el resto del artículo 6 del Estatuto no le ha merecido al
Tribunal reparo alguno, aunque es evidente que si las dos lenguas
cooficiales son de uso normal, como las sentencias de 1986 dejaron
dicho, no se puede afirmar que el catalán, sólo el catalán, es «la
lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la
enseñanza».
En las sentencias de 1986 el TC dejó también absolutamente claro que
la obligación que tienen todos los españoles de conocer el
castellano «lo distingue de las otras lenguas españolas que con él
son cooficiales en las respectivas comunidades autónomas, pero
respecto de las cuales no se prescribe constitucionalmente tal
obligación», lo que quiere decir que «sólo del castellano se
establece constitucionalmente un deber individualizado de
conocimiento y con él la presunción de que todos los españoles lo
conocen».
La sentencia 84/1986 añadió a esto, en relación al gallego, que el
deber de conocer éste «no viene impuesto por la Constitución y no es
inherente a la cooficialidad», afirmación que, evidentemente, es
extensible a la lengua vasca y a la catalana. Es absolutamente
inexplicable, por todo ello, que la sentencia no haya declarado
inconstitucional y nulo el inciso del apartado 2 del artículo 6 del
Estatuto, en el que con manifiesto abuso se afirma que los
ciudadanos de Cataluña tienen también el deber de conocer el
catalán.
Ese supuesto deber fue expresamente excluido por los constituyentes,
que en el Pleno del Congreso de los Diputados de 5 de Julio de 1978
rechazaron por 269 votos frente a sólo 22 favorables y 26
abstenciones la enmienda 106 de la Minoría Catalana que pretendía
imponerlo a todos los residentes en Cataluña, lo que hace
especialmente penoso el desfallecimiento del TC.
La cuestión es particularmente importante porque del rechazo por el
artículo 3 de la Constitución del deber de conocer el catalán que el
artículo 6.2 del Estatuto ha pretendido imponer deriva la
inviabilidad de ese «deber de disponibilidad lingüística» con que el
artículo 34 del Estatuto viene a exigir a las entidades, empresas y
establecimientos privados abiertos al público que atiendan oralmente
y por escrito a los consumidores y usuarios de toda clase de
servicios en la lengua oficial que éstos elijan, restringiendo de
este modo la libertad individual de sus titulares y la libertad de
empresa que el artículo 38 de la Constitución garantiza.
Tal exigencia, que excede el significado del régimen de
cooficialidad, necesitaría para imponerse legítimamente la
imprescindible cobertura constitucional. Cobertura que, a falta de
un deber constitucional de conocer el catalán, tampoco puede darle
la protección de los consumidores y usuarios que procura el artículo
51 de la Constitución, ya que todos los españoles, obligados como
están a conocer el castellano, tienen garantizada esa protección sin
necesidad de restringir la libertad de los dueños de los
establecimientos privados imponiéndoles deberes adicionales.
Resta decir que la doctrina establecida por las sentencias de 1986
subrayó igualmente que los deberes derivados del sistema de
cooficialidad lingüística tienen carácter institucional y no pueden
imponerse individualmente a las personas que prestan sus servicios
en las diferentes instituciones. El deber de conocer el catalán,
dice también la sentencia constitucional de 21 de diciembre de 1989,
afecta a la Administración «en su conjunto, no individualmente a
cada uno de sus funcionarios». Si esto es así, parece claro que el
TC tenía que haber declarado también inconstitucional el artículo
33.3 del Estatuto, que exige individualmente a todos los jueces y
magistrados, fiscales, notarios, registradores, encargados del
Registro Civil y personal al servicio de la Administración de
Justicia que prestan servicios en Cataluña que acrediten un nivel
adecuado de catalán.
3. Sobre los temas financieros, que el Estatuto ha pretendido
reconducir a un mecanismo bilateral, la Comisión Mixta de Asuntos
Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, el Tribunal Constitucional
contaba también con una categórica doctrina expresada además con
inusual energía, en su sentencia 13/2007, a la que luego se sumaron
las de 8 y 21 de Noviembre del propio 2007.
En la primera de ellas, dictada a propósito de un recurso de
inconstitucionalidad promovido por la Junta de Andalucía, el
Tribunal afirmó que «el reparto de los ingresos del Estado es una
cuestión que afecta a todos los entes territoriales y en particular
a todas las comunidades autónomas» y que, por lo tanto, «es al
Estado a quien corresponde en el momento de establecer la
participación de las comunidades autónomas en los ingresos
transferibles, ponderar los intereses en juego, tanto los del
conjunto de las comunidades autónomas como de los suyos propios en
virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye
el artículo 149.1.14 de la Constitución».
Con una insistencia inhabitual, la sentencia de 18 de Enero de 2007
repitió que «la determinación de los criterios de distribución de la
participación de las comunidades autónomas en los ingresos del
Estado corresponde exclusivamente a este último»; que «es al
legislador estatal a quien [...] incumbe dar efectividad a los
principios de suficiencia de las comunidades autónomas y de
solidaridad y equilibrio adecuado y justo entre las diversas partes
del territorio español»; y que «en modo alguno cabe admitir que la
determinación del porcentaje de participación de los ingresos del
Estado pueda depender de la voluntad de una determinada comunidad
autónoma», porque eso «sería tanto como conceder un derecho de veto
a una comunidad autónoma sobre el ejercicio de competencias
exclusivas del Estado».
Sorprende por ello en extremo que la sentencia no haya declarado la
inconstitucionalidad y nulidad, sin rodeos y circunloquios de ningún
tipo, los apartados 1 y 2 del artículo 210 del Estatuto, que
atribuye a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales
Estado-Generalitat la competencia para acordar «el alcance y
condiciones de la cesión de tributos de titularidad estatal y,
especialmente, los porcentajes de participación en el rendimiento de
los tributos estatales cedidos parcialmente», así como «la
contribución a la solidaridad y los mecanismos de nivelación».
Unos textos tan claros y tan concluyentes sobre un asunto tan
esencial reclamaban una respuesta tan enérgica y tan categórica como
la que, con muchos menos motivos, dio a la Junta de Andalucía la
Sentencia constitucional de 18 de Enero de 2007, y no la siempre
ambigua y poco transparente remisión a una interpretación conforme
que únicamente va a ser leída por unas docenas de expertos.
Pronto veremos si merecía la pena tanta mesura.
Tomás-Ramón Fernández es Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación
Crisis nacional
Lo que hay y lo que falta
Pío Moa Libertad Digital 9 Julio 2010
Desde 2004 tenemos un gobierno mafioso, esto es, ilegal e inmoral,
conculcador de la Constitución, aliado del terrorismo, de los
separatismos, de totalitarismos como el cubano o tiranías
amenazantes como la marroquí, socavador de la independencia
judicial, de la familia, fomentador de todas las formas de
corrupción y que se siente heredero de un Frente Popular a su vez
"rojo" y causante de la guerra civil.
Generalmente, la democracia tiene formas de contrarrestar las
tendencias mafiosas presentes siempre en los partidos. Una es la
independencia judicial, otra la libertad de expresión y otra la
existencia de una oposición que frene al poder. Pero tanto la
independencia judicial como la libertad de expresión han sido muy
corroídas y se hallan muy acosadas; y la oposición ha dejado de
existir desde el momento en que el PP ha caído bajo el poder de
Rajoy y su camarilla, cuya política viene a ser casi la misma del
PSOE. La última fechoría –por ahora– de estos políticos ha sido el
estatuto catalán de estado asociado, que no de autonomía, fabricado
por todos los enemigos de la Constitución y de España en obsequio a
la ETA. Añadamos la crisis económica y una población en gran parte
embrutecida por la telebasura, el botellón y el embuste sistemático
sobre su propia historia, y tendremos "lo que hay".
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo resume Federico afirmando que
"España no puede ser un régimen liberal y democrático enfeudado a
una Cataluña despótica". Claro está. Ni a unas Vascongadas, Galicia
o Valencia, Andalucía, Castilla la Mancha, etc., que por su propia
cuenta siguen la misma vía del despotismo y la corrupción. Máxime
cuando, como también observa Federico, la cuestión "catalana" es
ante todo la cuestión de una clase política española desnortada o
algo peor. Al final, de España no quedaría nada.
De todos los problemas que ha tenido España desde el "desastre del
98", el separatismo o balcanización es hoy el principal, después de
haberlo sido durante mucho tiempo el revolucionario. Resolviéndolo
se resolverían gran parte de los demás, tan agravados por el actual
gobierno delincuente. Pero, como dice Vidal-Quadras y con otras
palabras también Federico, los separatistas tienen un plan, saben lo
que quieren, mientras que frente a ellos no existe plan alguno ni se
sabe hacia dónde reman los partidos que se llaman "nacionales" y
son, precisamente, antinacionales. Durante años, muchas personas,
Federico de forma destacada, hemos defendido al PP como alternativa,
aun si floja y llena de defectos. Hoy, se necesitaría una dosis
demasiado alta de ingenuidad o tontería para ver en el PP esa
alternativa. Existe un descontento extendido, bien manifiesto en las
enormes manifestaciones de hace unos años, ahogadas precisamente por
el PP, pero no surge el partido que pueda recogerlo y encauzarlo con
un programa claro, democrático y español. Y esto es justamente lo
que falta, a pesar de que las condiciones para crearlo son en
general muy buenas. Si no surge ese partido, deberemos resignarnos a
un proceso de descomposición, con probables violencias y
"alternativas" estrafalarias o dictatoriales, en una dinámica tan
conocida por los regímenes latinoamericanos.
España no se rompe hoy, pero se romperá
mañana
Pablo Nuño García. www.gaceta.es 9 Julio 2010
Es verdad que España no se rompe hoy, pero con esta sentencia, se
romperá mañana. No se entiende bajo una perspectiva jurídica la
sentencia del Alto Tribunal. El artículo 2 de la Constitución es del
siguiente tenor: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos
los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre
todas ellas”. Los padres de la Constitución, conocedores de la
tormentosa historia constitucional española, blindaron determinadas
partes de la Carta Magna para obligar a los españoles a encontrar
nuevos consensos para su reforma. Este artículo 2 se encuentra bajo
la tutela del artículo 168, que impone altas exigencias para la
reforma del consenso constitucional: mayoría de 2/3 en ambas
cámaras, disolución de las Cortes y aprobación en referéndum.
La reforma de la Constitución por vía estatutaria supone una
violación del principio de jerarquía normativa. Y lo que es peor:
una vulneración de la soberanía del pueblo español que asiste
estupefacto e inerme al proceso.
Políticamente, la sentencia consuma la ruptura del gran consenso
constitucional de 1978. Ese consenso se basó en la integración de
los sentimientos particulares en un gran proyecto de reconciliación
nacional. El artículo 2 es un buen ejemplo de ello. Se encontró un
difícil encaje entre unidad del Estado y soberanía del pueblo
español, con el reconocimiento del autogobierno. Sin embargo, desde
1978 los nacionalistas han ido erosionando el consenso. La necesaria
descentralización fue interpretada por los nacionalistas como una
vía de construcción nacional. Mediante instrumentos técnicos
buscaron intereses políticos.
En un plano histórico, el reconocimiento de “nación” por la
sentencia del Constitucional abona una balcanización de España a
largo plazo. La sentencia del Constitucional asegura el
establecimiento de una Monarquía dual. Un Estado central regido por
una semiderogada Constitución de 1978 y una Cataluña presoberana
regida por el Estatut, unidas ambas provisionalmente por la
institución de la Monarquía.
Al contrario de lo que se ha dicho, el problema es que “nación” no
es un concepto estrictamente político, porque en su seno subyace la
noción de “soberanía”, y “soberanía”, desde la perspectiva del
Derecho Internacional, es uno de los elementos constitutivos del
Estado. En resumen, toda nación reclama soberanía y, por tanto,
independencia. Reconocer “nación” equivale a reivindicar
“soberanía”, por lo que, lejos de zanjar el asunto de las
autonomías, lo dinamita.
La lógica del soberanismo ha hecho que sobre las bases de
“nacionalidad” y “Estado de las Autonomías” establecidos en la
Constitución y tras un proceso de construcción nacional, el Estado
reconozca la existencia de otra nación. Esto representa la aparición
del Estado dual, pero no nos confundamos, no se trata del punto de
llegada del independentismo, sino de una parada intermedia en su
lucha por la independencia.
*Pablo Nuño es profesor de Derecho Comunitario en ICADE.
«No nos podemos permitir un Gobierno
central y 17 estados»
CARMEN LLORENTE – EL MUNDO
9 Julio 2010
La gran distribución dice que la maraña legal autonómica «torpedea»
su actividad
Las grandes empresas de distribución, entre las que están El Corte
Inglés, Carrefour, Alcampo, Ikea, Decathlon, Eroski, FNAC o Media
Markt urgieron ayer al Gobierno y las fuerzas políticas y sociales a
dar los pasos necesarios para salvarguardar la unidad de mercado en
España, «seriamente en peligro» entre la gran maraña de
administraciones autonómicas y mil y una normativas cada vez más
intervencionistas.
«No podemos permitirnos la financiación de una Administración
central y 17 estados, con sus normas particulares, sin coordinación,
con una deuda exorbitante y con una multiplicación de funcionarios
sin funciones. No somos lo suficientemente ricos para mantener esta
estructura con dinámicas tan dispersas, que ponen en serio peligro
la unidad de mercado y avanzan hacia un creciente intervencionismo».
Así de claro y contundente habló ayer el presidente de la patronal
de las grandes empresas de distribución (Anged), Juan Manuel de
Mingo, quien afirmó que la creciente número de normas autonómicas y
la falta coordinación y de unidad están «en muchas ocasiones
paralizando o torpedeando la actividad empresarial».
De Mingo lanzó este claro mensaje en el acto de clausura de la
Asamblea Anual de Anged, en la que, además, urgió a la necesidad de
recuperar la fortaleza de las instituciones, los valores éticos, y
anteponer el interés general sobre intereses particulares, o de
grupo, en la gestión de las grandes cuestiones nacionales.
El presidente de la asociación de las grandes superficies manifestó
que «el sector de la gran distribución es el ejemplo de un marco
normativo que frena las iniciativas, constriñe la capacidad de
crecimiento y, en algunos casos, expulsa del mercado a empresas que
quieren invertir o mejorar su eficiencia». «La sociedad española no
merece una legislación comercial como la que tenemos», sentenció de
Mingo, apoyado en sus aseveraciones por los vicepresidentes de
Anged, Rafael Arias-Salgado (Carrefour) y Patrick Coignard
(Alcampo).
La gran distribución no está siendo ajena a la crisis económica. Las
empresas integradas en Anged facturaron 39.916 millones de euros en
el ejercicio 2009, lo que representa una caída del 5% respecto al
año anterior, y perdieron 11.150 puestos de trabajo al pasar de una
plantilla de 247.425 trabajadores a 236.275 empleados.
«Nuestro sector sufre la crisis, pero no está en crisis»,
puntualizó, sin embargo, de Mingo, que destacó el «esfuerzo»
realizado por la gran distribución, junto con sus proveedores, para
reducir los márgenes y hacer la cesta de la compra «más asequible»,
al tiempo que calificó de «satisfactorios» los resultados de 2009,
especialmente en lo referente al «pulso inversor potente» que
mantiene el sector.
Las grandes superficies invirtieron 2.515 millones de euros el
pasado ejercicio, un 5,4% menos que el año anterior. Incorporaron 53
nuevos establecimientos, con una superficie de 173.750 metros
cuadrados.
Caso Ripoll
El pulpo Freddy
Emilio Campmany Libertad Digital 9 Julio 2010
El pulpo Freddy, como el pulpo Paul, sabe siempre lo que va a pasar.
Paul pronostica quién ganará los partidos de fútbol, mientras que
Freddy adivina qué gerifalte del PP va a ser detenido. Es verdad que
Freddy juega con la ventaja de que va a ser él quién dé la orden de
detención, así que no tiene mucho mérito saber con antelación lo que
va ocurrir a una orden suya. Pero, por lo demás, Paul y Freddy se
parecen como dos gotas de agua, pues ambos son poco agradables a la
vista, tienen una fuerza extraordinaria en proporción a su tamaño,
se camuflan mimetizándose con el entorno, poseen largos y pegajosos
tentáculos con los que llegar a todas partes y, cuando se ven
atacados, se ocultan tras una cortina de tinta. Admito que mientras
Paul es capaz de producir su propia tinta, Freddy se ve obligado a
recurrir a la de El País, pero no creo que esto implique una
diferencia sustancial.
Freddy pronostica que José Joaquín Ripoll va a ser detenido y ¡zas!
va la Policía y detiene al presidente de la Diputación de Alicante.
Como no son cosas para darlas a los cuatro vientos, el pulpo Freddy,
que ansía el reconocimiento de su arte adivinatoria tanto como el
pulpo Paul, coge el teléfono y avisa a un adversario político, en
este caso Mariano Rajoy, para que cuando atestigüe que Freddy le
avisó con antelación de lo que ocurriría, nadie dude de su palabra.
Naturalmente, el pulpo Freddy, como Paul, puede con sus ocho
tentáculos atender a tantas otras cosas a la vez sin que una pueda
distraerle de la otra y mientras escucha las conversaciones
telefónicas de sus enemigos por medio de Sitel, se trae a España
prisioneros de Guantánamo, ordena el chivatazo a ETA, niega a las
víctimas del 11-M las pruebas contra Sánchez Manzano, se entera de
las negociaciones de Eguiguren con la banda, desarticula por enésima
vez la cúpula de la organización, advierte de la probabilidad de un
secuestro y arresta políticos de derechas. No creo que el pulpo
Paul, a pesar de disponer también de ocho tentáculos tan pringosos
como los de Freddy sea capaz de atender a tantas cosas a la vez.
Y si en alguna de estas hazañas en las que tanto se esfuerza se ve
estorbado por los ataques de este político o de aquel periodista, el
pulpo Freddy enseguida recurre a ocultarse tras la tinta prisaica
que es de una negrura más intensa y profunda que la que emplea el
pulpo Paul, que en esto no puede competir el pobre.
En su última fechoría, la detención de Ripoll sin orden judicial, va
El País y chorrea un editorial negro como el carbón que omite lo
relevante, que la Policía de Freddy ha detenido a un político
popular sin orden judicial. Naturalmente, la Policía puede, en
determinados casos, hacerlo. Pero no se discute que la detención
practicada haya sido legal, pues hasta ahí podíamos llegar. Lo que
se discute es si ha sido legítima. Y nada legítima puede ser cuando
ni el propio juez, en un asunto que se arrastra desde hace tres
años, tiene claro que se haya cometido un delito y mucho menos que
uno de sus responsables sea Ripoll. Pero, ya se sabe, por encima de
la justicia del fútbol está el pulpo Paul y por encima del Estado de
Derecho está el pulpo Freddy.
SENTENCIA DEL TC sobre el ESTATUTO CATALÁN
"La sentencia cierra los ojos ante la
configuración de Cataluña como nación"
El magistrado Vicente Conde en su voto particular pone el acento en
si el Estatuto supone globalmente la "configuración jurídica de
Cataluña como nación". En su opinión la suma del preámbulo más
varios puntos del articulado muestra que así es, y cree que la
sentencia supone "cerrar los ojos a la realidad".
agencias Libertad Digital 9 Julio 2010
El Tribunal Constitucional ha hecho pública la sentencia que
resuelve el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, cuyo
fallo se conoció el pasado 28 de junio. Cinco magistrados emitieron
votos particulares.
Un total de 27 artículos fueron declarados como constitucionales
pero sujetos a interpretación. En la sentencia dada a conocer este
viernes, se publican los términos en que dichos artículos han de ser
interpretados.
Sobre el artículo 8.1, referido a los controvertidos símbolos
nacionales, señala que "la Constitución no conoce otra que la Nación
española, cuya mención arranca en el preámbulo". Por ello, señala,
"cabe interpretar, de acuerdo con la Constitución, que con la
calificación como "nacionales" de los símbolos de Cataluña se
predica únicamente su condición de símbolos de una nacionalidad
constituida como Comunidad Autónoma".
Respecto a la lengua, la sentencia recuerda que anuló del artículo 6
referido a las lenguas oficiales el adjetivo "preferente" en alusión
al uso del catalán en las Administraciones públicas pero declaró
constitucional el resto, sobre la educación en catalán y el deber de
conocerlo.
Sobre la condición del catalán como lengua vehicular de la
enseñanza, el TC indica que "el catalán debe ser lengua vehicular y
de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal
condición, predicable con igual título del castellano". El
castellano, añade, "no puede dejar de ser también lengua vehicular y
de aprendizaje en la enseñanza".
Más enrevesada es la forma en que el Constitucional declara legal,
bajo interpretación, el punto 6.2 referido al deber de conocer el
catalán. Afirma que el precepto "admite con naturalidad una
interpretación distinta y conforme con la Constitución", que no
supone equiparar este deber al impuesto por la Carta magna respecto
del castellano. Habla el TC de "un deber individualizado y
exigible", de "obligado cumplimiento", en el "ámbito específico de
la educación y de las relaciones de sujeción especial a la
Administración catalana con sus funcionarios". Es un deber, pues,
"no jurídicamente exigible con carácter generalizado" sino que tiene
"un objeto propio que lo justifica como mandato".
Cinco votos particulares
Junto a la sentencia se han hecho públicos los votos particulares
redactados por varios de los magistrados, en los que justifican sus
opiniones discrepantes con algunos de los aspectos de la resolución
principal.
Aunque el día en el que se conoció el fallo fueron cuatro los
miembros del Constitucional que anunciaron que harían voto
particular -Ramón Rodríguez Arribas, Jorge Rodríguez Zapata, Vicente
Conde y Javier Delgado, todos ellos pertenecientes al sector
conservador-, finalmente también el progresista Eugeni Gay ha
redactado el suyo.
Gay, firme partidario de avalar el texto estatutario aprobado en
2006, mostrará su discrepancia con la parte de la sentencia referida
al preámbulo del Estatut, en la que se dice que los términos las
referencias "Cataluña como nación" y a "la realidad nacional de
Cataluña" que figuran en el mismo carecen de eficacia jurídica
interpretativa y se alude a la indisoluble unidad de España.
El tribunal condicionó a la interpretación que se les da en la
sentencia la constitucionalidad de 27 preceptos, entre ellos los
relativos al himno y la bandera, al deber de conocer y usar el
catalán en distintos ámbitos y a la organización territorial por
"veguerías". Ahora se conocerá en qué aspectos limita el tribunal su
aplicación.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Aborto anticonstitucional
Nota del Editor 9 Julio 2010
El Tribunal Anti Constitucional español ha abortado otra sentencia
que pueden ver en el enlace siguiente:
http://www.tribunalconstitucional.es/es/resolucionesrecientes/Documents/SENTENCIA_RI_8045-2006.pdf
“…el catalán es la lengua de uso normal de las Administraciones
públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es
también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de
aprendizaje en la enseñanza”,
Hay que resaltar que los votos particulares, que en general
justifican criterios opuestos a la propia sentencia, no tienen
efecto alguno, sólo sirven para hacer constar ante la historia los
criterios tales magistrados, dejando de paso constancia del
disparate del sistema judicial español que se basa en mayorías
simples interesadas y que por tanto carece de valores éticos.
Como es habitual, la sentencia, claramente anticonstitucional, lo
mismo que el estatuto, aumenta el embrollo, y abre el camino para
todos tengamos la obligación de conocer todas las lenguas regionales
y hasta el la propia sentencia mezcla la lengua regional con la
castellana (por ejemplo, no utiliza la palabra Generalidad).
Está claro que el primero y último intérprete de la Constitución
Española es el español, los españoles la aprobaron, porque la
interpretaron (aunque en honor a la verdad fué un pufo, la
propaganda oficial fue devastadora, cualquier posición crítica fue
silenciada), y la sentencia "interpretativa del TC no se parece en
nada a la interpretación racional de su texto, el TC es un
tergiversador nato de la realidad y del sentido de la CE., y no
merece más comentarios. Esperaremos a que algún escritor avezado
presente un resumen del atropello a la constitución, al derecho
constitucional, al sentido común, a la razón, a la libertad, a los
derechos humanos en sus 881 páginas.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por
los Magistrados
doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta,
don Guillermo Jiménez Sánchez,
don Vicente Conde Martín de Hijas,
don Javier Delgado Barrio,
doña Elisa Pérez Vera,
don Eugeni Gay Montalvo,
don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez,
don Ramón Rodríguez Arribas,
don Pascual Sala Sánchez
don Manuel Aragón Reyes.
684 VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado don Vicente Conde
Martín de Hijas
742 VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado don Javier Delgado
Barrio
801 Voto particular que formula el Magistrado don Eugeni Gay
Montalvo (sólo discrepancia párrafo sentencia)
811 VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DON JORGE
RODRIGUEZ-ZAPATA PEREZ
845 VOTO PARTICULAR que formula el Magistrado Ramón Rodríguez
Arribas,
Ha perdido España
A la espera de conocer en su integridad la sentencia dictada por el
Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña podemos
pronunciarnos sobre las reacciones que la publicación del fallo ha
producido en la clase política española.
Jaime Ignacio del Burgo. www.gaceta.es 9 Julio 2010
En Cataluña –salvo el Partido Popular, que ha expresado su
acatamiento a la sentencia y exigido su cumplimiento– nadie ha
querido quedarse atrás en la descalificación del pronunciamiento del
Tribunal. La declaración institucional del presidente Montilla tuvo
un tinte cuasi revolucionario al anunciar que no estaba dispuesto a
acatar el fallo y que haría lo necesario para eludir su aplicación.
CIU se ha abrazado a Montilla y ERC, socio privilegiado del
presidente Zapatero, ha llegado aún más lejos al afirmar que el
único camino posible es el de la independencia de Cataluña.
El honorable presidente de la Generalitat se refiere siempre a
Cataluña y España como si se tratara de dos naciones diferentes en
plano de igualdad, por lo que el Estatuto es un pacto entre dos
entes soberanos. Por eso niega al Tribunal Constitucional “español”
legitimidad para alterar un ápice su contenido y, mucho menos
después de haber sido refrendado por el pueblo catalán. Haciéndolo,
ha roto el pacto estatutario. Montilla, además, ha dado por roto el
pacto constitucional de 1978. Ignora el mandatario catalán que en el
proceso constituyente Cataluña como tal no desempeñó papel alguno.
El pacto constitucional se fraguó en las Cortes constituyentes y no
fue un acuerdo entre territorios. Los partidos constitucionalistas
deberían ponerse de acuerdo para proclamar que sólo hay un Estado
–el español– del que Cataluña forma parte inseparable. Que el
Principado no es una nación soberana. Que la titularidad de la
soberanía nacional, única e indivisible, corresponde al pueblo
español, del que forma parte el pueblo catalán. Que el Estatuto no
es un pacto entre dos naciones, sino una norma elaborada de forma
paccionada –porque así lo autoriza la Constitución– entre la
representación del Parlamento de Cataluña y la Comisión
Constitucional del Congreso. Que el carácter paccionado de una norma
jurídica no significa que pueda hablarse de un pacto o tratado entre
iguales. Que la voluntad del pueblo catalán expresada en el
referéndum estatutario no puede imponerse al conjunto del pueblo
español ni violar la Constitución. Que sólo el cumplimiento de los
trámites constitucionales –que culminan con la sanción del Rey, como
Jefe del Estado español– permite la incorporación del Estatuto al
ordenamiento jurídico. Que a partir de entonces –y sólo entonces– el
Estatuto es una norma jurídica de obligado cumplimiento para todos
los poderes públicos, catalanes y estatales.
Por último, debieran recordar que Montilla no es nadie para dar por
roto el pacto constitucional y que fueron los constituyentes quienes
decidieron, por consenso, atribuir al Tribunal Constitucional la
facultad de velar por la constitucionalidad de las leyes, por lo que
su sentencia es plenamente legítima. El Partido Socialista se
enfrenta a una grave crisis por la radical –y cuasi revolucionaria–
postura de su socio catalán, el PSC. Para desviar la atención trata
de presentar la sentencia como una derrota en toda regla del Partido
Popular como si cada precepto confirmado fuera un gol contra la
portería de los populares. Es cierto que tan sólo 12 artículos del
Estatuto han sido declarados nulos de pleno derecho y otros 27 sólo
serán constitucionales si su aplicación se realiza conforme a lo que
disponga la sentencia en unos fundamentos de derecho que aún no
conocemos. Pero ha quedado demostrado que el recurso del PP distaba
mucho de ser temerario y la “poda” realizada en la Comisión
Constitucional, de la que el PSOE se sentía tan satisfecho, era
manifiestamente insuficiente.
El PP acata la sentencia. Pero acatar no es sinónimo de compartir. Y
se puede, legítimamente, discrepar de ella por su laxitud al
declarar constitucionales otros muchos preceptos que dificultarán o
impedirán al Estado asegurar la libertad, la igualdad y la
solidaridad en todo el territorio español, así como los grandes
objetivos nacionales.
Es verdad que los preceptos nulos o reinterpretados afectan a
aspectos muy sustanciales, que podían entrañar la defunción de la
Constitución. La sentencia no ha ratificado la pretensión de
convertir a España en un Estado confederal o plurinacional. Pero
entre los preceptos sin tacha de inconstitucionalidad hay algunos
que pueden conmover los cimientos del Estado autonómico o cuando
menos hacer muy complicado el ejercicio de las competencias
estatales. De ahí que sea censurable que las comunidades autónomas
gobernadas por el PP pretendan mirarse en el espejo de Cataluña para
reformar sus Estatutos, sin hacer antes una valoración global de la
sentencia y de sus consecuencias para el normal funcionamiento del
Estado. Si el PP se deja arrastrar por esta nueva marea abdicará de
su condición de partido nacional. Especial mención merece la
responsabilidad del presidente Zapatero. Se comprometió a aprobar
cualquier reforma estatutaria con tal de que llegara a las Cortes
avalada por una amplia mayoría en el Parlamento catalán, sin exigir
el ineludible respeto a la Constitución. Infringió así su obligación
de cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Mientras algunos se entretienen en contar los goles, después de todo
este lamentable episodio nacional quien sin duda ha perdido es
España.
*Jaime Ignacio del Burgo fue senador en las Cortes constituyentes y
presidente de la Comisión Constitucional del Congreso.
LOS ÚLTIMOS CARTUCHOS
Hay daños ya irremediables, y otros aún peores que, sin ser seguros,
entran dentro de lo probable. El daño irremediable es el descrédito
del Tribunal Constitucional, más que por deméritos propios, que
también, por el comportamiento de los partidos.
Álvaro Delgado Gal ABC 9 Julio 2010
Calificamos como obsoletos a los cachivaches que por el paso del
tiempo y los cambios que este trae consigo no se hallan bien
adaptados a los fines para los que se diseñaron y desempeñan su
función a trancas y barrancas, desprendiendo humo y calor y
consumiendo demasiada energía. Llamamos también obsoletas, por
contigüidad o analogía, a ciertas instituciones. ¿Cuáles? Las que
producen cien quebraderos de cabeza por cada asunto que contribuyen
a despachar con un mínimo de diligencia. Eran obsoletos los
portazgos a mediados del XIX; lo fue el Syllabus después del
Concilio Vaticano Segundo; y así sucesivamente.
Pues bien, el sistema político alumbrado por la Constitución del 78
se está quedando obsoleto. En realidad llevaba años, bastantes más
de los que se ha querido admitir oficialmente, dando señales
evidentes de fatiga. Ahora el proceso se ha disparado, hasta
adquirir dimensiones explosivas, por el concurso de dos factores
inéditos: la gigantesca impericia de Zapatero y la crisis económica
internacional, con ecos agravados en la intendencia nacional. Lo
demuestra dramática, esperpénticamente, la falta de correspondencia
entre lo que exige la coyuntura presente y las teclas que se están
pulsando en el mundo de la política.
Cabe resumir la situación en muy pocas palabras. España, tanto en su
vertiente pública como en la privada, corre serio peligro de entrar
en una situación a la griega si antes no se apresura a racionalizar
su administración, reducir el gasto público y dinamizar su economía
con una reforma del mercado de trabajo que infunda en nuestros
acreedores la sensación de que somos capaces de algo más que seguir
deslizándonos pendiente abajo. ¿Se han hecho los deberes? No. Las
medidas de recorte del déficit, demasiado tardías y tímidas, no
están impidiendo que continúe a la baja la calificación de nuestra
deuda por los organismos internacionales; la reforma laboral ha sido
una chapuza, y si no mienten informaciones bastante verosímiles, se
ha ido desnaturalizando conforme viajaba desde los primeros
borradores a la forma que finalmente adoptó en el Consejo de
Ministros. El presidente, por las trazas, no termina de desatarse de
los sindicatos, o, por decirlo sin rodeos, no cree en la política
que las circunstancias le obligan, o deberían obligarle, a hacer.
Finalmente, y esto es lo más importante, el embrollo del Estatut
lleva aire de acabar como el rosario de la aurora.
El próximo día 10, mañana, los partidos catalanes, con la excepción
del PP, bajarán a la calle para exigir que la ley se subordine a las
reclamaciones soberanistas de esa región. El hecho es portentoso, y
estaríamos llevándonos las manos a la cabeza si no estuviéramos
curados de espanto, o si la sucesión de enormidades que han ocurrido
de un tiempo acá no nos hubiese embotado las entendederas. Pero hay
más. Hay daños ya irremediables, y otros aún peores que, sin ser
seguros, entran dentro de lo probable. El daño irremediable es el
descrédito del Tribunal Constitucional, más que por deméritos
propios, que también, por el comportamiento de los partidos. La
especie de que la política ha de estar por encima de la ley,
divulgada desde Cataluña y no desmentida desde el propio Ejecutivo,
anunciaba ya que la desconstitucionalización de España era una
contingencia que segmentos decisivos de la clase política estaban
dispuestos a asumir.
Algunos esperaban que la sentencia, que solo anula en su integridad
un artículo importante del Estatut e intenta cortar el pabilo a la
aparición del término «nación» en el preámbulo, calmase un poco las
aguas y sirviera para ir tirando un ratito más en un país cada vez
más ingobernable. Me temo que la apreciación ha pecado de demasiado
optimista, por tres motivos. En primer lugar, porque se subestima la
fuerza de la inercia en los asuntos humanos. Tomemos al señor
Montilla. Ha estado vociferando, durante meses, que no toleraría una
rebaja del Estatut. ¿No se les antoja un poco difícil, teniendo en
cuenta quiénes son sus aliados en la Generalitat, cómo es la
oposición, y cuál el clima que entre todos se ha generado en
Cataluña, que varíe de registro y, tras hacer algunos aspavientos,
pase de las vociferaciones a una cortés deferencia hacia lo fallado
por el TC? Segundo: el presidente se encuentra en una situación de
debilidad moral, puesto que ha sido él el primero en declarar que se
le daría a Cataluña lo que esta pidiera. Por último, su margen de
maniobra es muy limitado. Tanto, que Mas se ha permitido avisarle de
que es él quien tiene la sartén por el mango, y ello con una dureza
y una falta de modales que rayan en lo asombroso. Entre una cosa y
otra, resulta por entero posible que el Gobierno, y esto no es una
conjetura sino una reflexión en voz alta realizada por el propio
Zapatero, intente neutralizar el fallo del TC promoviendo una
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sería el fin
definitivo del TC. Peor: sería el fin de la separación de poderes y
del imperio de la ley. Para completar el cuadro horrendo, no es
descartable que el PNV cobre su apoyo al Gobierno con
contraprestaciones que harían imposible la continuidad de la alianza
entre el PP y el PSE en el País Vasco.
En resumen: Europa nos conmina disciplina y nosotros nos
desparramamos. En parte porque la fase de disgregación se hallaba
muy avanzada, en parte por la pésima gestión de un presidente al que
viene grande el cargo, en parte porque los partidos están a lo que
están, y aquello a lo que están no guarda una relación inteligible
con los intereses colectivos. Reparen si no en el PP. El augur que
estudia el vuelo de las aves desde la terraza de Génova ha
persuadido a Rajoy para que imite la táctica del macho de la mantis
religiosadurante la ceremonia nupcial. ¿Qué hace el macho? Adopta
una inmovilidad total a fin de la que la hembra —entiéndase, el
votante de izquierdas— no acierte a verlo y se lo coma. No niego, ni
afirmo, que el procedimiento sea bueno para ganar las elecciones.
Pero un candidato invisible lo es para todo el mundo, incluidos sus
votantes. El resultado chusco es que el PP está invitando a los
españoles a que lo voten, aunque no se sepa con qué objeto. Quiero
presumir que las intenciones del PP son las mejores. Pero esta es
una presunción mía, un acto de fe. En momentos de crisis nacional,
tenemos derecho a votar algo más que una corazonada.
Por todo lo dicho, y algunas cosas más, no considero excesivo hablar
de la obsolescencia de nuestra vida pública. La oferta empeora
conforme la situación se hace más apretada. La lamentable huelga del
Metro en Madrid confirma que hemos perdido el oremus. No es que la
orquesta siga tocando mientras se hunde el Titanic. Es que los
violinistas usan el arco del violín para degollar a los que soplan
el oboe. En algún momento, acaso próximo, se alcanzará el clímax. Y
los partidos, aun siendo los mismos, tendrán que ser distintos.
Sobre todo es necesario, urgente, que el PSOE cambie de líder. El
que tiene ahora no parece que dé, qué le vamos a hacer, para mucho
más.
La Confederación Catañola (I)
Javier OrricoEl Semanal Digital 9 Julio 2010
La tragedia de España no es que Cataluña quiera ser independiente,
sino que no quiera serlo, ni lo haya querido en plenitud nunca.
Escindida entre una masa indiferente y ajena (la mano esclava que
usaron para enriquecerse, charnega y abstencionista), y el núcleo de
fe de la casta dominante que hizo de la nazión imaginaria el filtro
de su tiranía dulce, el catalanismo ha ido creciendo sobre la
permanente frustración de quien vive en la doblez, de quien desea lo
que sabe que no le conviene alcanzar.
Divididos dramáticamente en su corazón entre el odio a la Castilla
que se constituyó en la sangre de España y siempre les rebasó en
grandeza, y la servidumbre fenicia del interés comercial, esa
escisión es su verdadera seña de identidad, el origen de su
resentimiento y de la corrosión que han ido expandiendo por una
España que se nos cae a pedazos, disuelta en las taifas legales y
sentimentales con las que nos han contaminado a todos.
Hoy, tras la miserable sentencia de un Tribunal Constitucional que
sólo ha defendido sus intereses corporativos, la Cataluña peor, la
nazionalista, ha conseguido sancionar legalmente lo que ha sido el
sueño eterno del catalanismo durante los últimos ciento cincuenta
años: convertir por la vía del chantaje a España en Espanya, un
hipermercado bajo su estricto control, un arrabal de masas
consumidoras a las que explotar sin mezclarse con ellas, manteniendo
intacta su pureza intocada, la lengua que esgrimen como religión,
como precepto y admonición contra los desafectos. Es la situación de
privilegio neocolonial la que queda inalterada tras el fallo del
Estatut, la Confederación Catañola ya es legal y la cobardía
española su única causa.
Así pues, ya somos, según las leyes, de tres categorías: los
forales, vascos y navarros, con la amenaza de un terror al que deben
su intolerable estatus económico; los catalanes, un estado en pie de
igualdad frente al Estado, a cuyos gobiernos, además tienen siempre
acogotados gracias a una ley electoral que les hizo albaceas de la
España a la que odian; y los hispanii o conejos para el arroz, todos
los demás, condenados al cuarto de las criadas de la Historia, esta
historia canalla que para España siempre termina mal.
Lo que el Estatut consagra es esencialmente la desigualdad de
oportunidades, la diferencia: la de poder acceder a los puestos
públicos, cerrados para los hispanii de lengua española en todas las
regiones nazionalistas, de derechas o de izquierdas, mientras que
ellos seguirán pudiendo competir y moverse libremente; la de la
financiación autonómica, obligada a un previo acuerdo con la
Generalitat, tras el cual el remanente será entregado a la plebe de
los hispanii para que nos lo repartamos como perros; la de obligar a
invertir, por un lado, e imponer vetos en su territorio , por otro,
a las decisiones del Estado en materia de infraestructuras, por
ejemplo un canal o el trazado de una carretera, es decir, que se
reconoce legalmente lo que ya hace tiempo que ocurre: que el Estado
no existe allí; la de implantar estructuras administrativas
diferentes y superpuestas, las veguerías, que no harán sino aumentar
el pesebre nazionalista y el gasto público que nos ha arruinado; la
de gozar de derechos y deberes distintos; la de contar con
selecciones nacionales deportivas ajenas a las españolas, lo menos
importante, sin duda, pero lo más visible y emocional para nuestra
futura vergüenza; la de considerar 'anormal' el uso del español, al
que han echado de la vida pública y sueñan con expulsar
definitivamente en algunas generaciones; la de establecer un sistema
educativo distinto a los demás, impidiendo la libertad de
movimientos real entre ciudadanos que ya, en efecto, no pertenecemos
a la misma nación. Porque todo el Estatut se hizo, oh
‘salvapatrañas’ de la Ziquierda, para dar sentido y arquitectura
institucional a la nación catalana. Y eso lo sabíais desde el primer
momento.
Ni en sus fabulaciones más calenturientas imaginaron nunca que un
Gobierno, unas Cortes y un Tribunal españoles consentirían la
disolución nacional uniendo los términos nación y Cataluña, fijados
ya en el texto -lo glosen como lo glosen- para la Historia de la
estupidez y la vileza de una clase política y unas instituciones que
un día soñamos democráticas. Mas aún: como recordó Miquel Iceta,
portavoz del Partido Socialista Charnego o PSC, el mismo día en que
la sentencia se hizo pública, “el PSOE es el padre del Estatut”.
Ahora se rasgan las vestiduras y mandan a sus plañideras a llorar
por la sentencia. Son una antología del fariseísmo. Escuchar al
cordobés Montilla, en su catalán gangoso, hablar de la nación
ofendida (la historia de la Cataluña conversa es la que va de los
"humillados y ofendidos" del poema de Vázquez Montalbán a estos
montillas y chacones de hoy) es de lo más vomitivo a que hemos
asistido en los últimos milenios. Las sanguijuelas son más decentes.
Ríen por dentro y saben que han obtenido cuanto buscaban: un régimen
de práctica impunidad en el que podrán mantener sus prebendas, sus
redes de corrupción y mafias identitarias, fuera del control
democrático de un Estado al que, como en Sicilia, han conseguido
mantener a raya.
Y esa es la última y esencial de las diferencias: la de confirmar
que en Cataluña la democracia no duró más que aquellos años
prodigiosos de la Transición, justo hasta que el nazionalismo se
alzó al poder y comenzó la construcción de su Régimen. Porque la
democracia y el nazionalismo son incompatibles. El catalanismo
consiste en el uso de unas determinadas adscripciones políticas,
sentimentales y lingüísticas para conformar un grupo dominante y
someter al resto.
Y esa es la Cataluña a la que el social-comunismo ha contribuido,
converso y traidor, en primera línea de la infamia: aquella en la
que el núcleo formado por la burguesía de sangre, negoci y lengua, y
los capataces de sus fábricas, ascendidos a los cargos públicos,
pero nunca al verdadero poder, controlan férreamente esa “realidad
nacional” refrendada sólo por el 35% de la población. La parte que
ocupa y usufructúa la nazión y que, al votar el Estatut, no votaban
una ley: se votaban a sí mismos.
Mundial
España está ahí
Cristina Losada Libertad Digital 9 Julio 2010
La gran celebración que ha acogido el triunfo de la selección
española permite constatar ciertos fracasos. Uno es periodístico y
político. Nadie grita ¡la Roja! El intento de extender al fútbol el
tabú que impide mencionar a España en España no cuaja. La gente
sigue apegada al nombre de la nación, erre que erre y dale que dale.
Mira que se ha hecho por erradicar la mala costumbre. Pues nada. Ahí
estaban decenas de miles de personas la otra noche, desgañitándose
al grito de ¡España!, desde Bilbao hasta Cádiz y de Vigo a
Barcelona. ¿Milagros del fúrbol?
Quienes no residen en lugares donde la condición de español ha de
llevarse de forma clandestina, pueden minusvalorar la explosión de
patriotismo que el Mundial ha detonado. Pero allí donde se sufre en
vivo y en directo la presión nacionalista hay plena conciencia de la
transgresión que supone cualquier exhibición de españolidad y de sus
costes. Valgan como ejemplos la agresión de que ha sido víctima un
"español de mierda" en Pamplona y los ataques contra escaparates y
edificios que ostentaban la rojigualda en Galicia. O, en otro
registro, la consternación en TV3 ante la fiesta que recorría las
calles barcelonesas.
A una, que no es futbolera ni patriotera, le gustaría que el apego a
la nación se demostrara en asuntos que apelan más a la razón que a
las emociones y más a la política que al deporte. Pero parece mucho
pedir tras décadas de constante cuestionamiento de España y un
trabajo de ingeniería social destinado a borrar cualquier atisbo de
su existencia. Tanto pesa y asfixia esa losa, que la espontánea
vindicación de España a la que asistimos sólo podía ser apolítica.
Un apoliticismo que sirve de coartada para expresar un sentimiento
natural que aquí está vetado y se sabe que lo está.
El nacionalismo periférico y sus aliados en el centro martillean
continuamente, sin tregua ni descanso, por la sencilla razón de que
si aflojan un instante su cargante y mediocre tiranía, España
rebrota. En el caso de que fuera una ficción la nación española, el
pesado contencioso que arrastramos podría resolverse al gusto de los
secesionistas y los Zapateros de turno. El problema, ay, es que
España existe. En cuanto se le deja un respiro, una pizca de tierra,
una grieta en el asfalto, vuelve a salir la puñetera.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.
Fugaces banderas de España
Roberto Blanco Valdés La Voz 9 Julio 2010
El espectáculo de calles, bares y balcones adornados con banderas de
España, que el miércoles pudo verse por doquier, sería normal si no
resultase, de puro extraño, excepcional. Cuando digo «normal» no me
refiero a que la cosa me guste o me disguste. No hablo de eso: digo
normal como sinónimo de algo habitual. Las banderas habrán ondeado
también en Alemania, el propio miércoles y, durante los días
anteriores, en los pueblos y ciudades de las naciones que han
participado en el Mundial.
¿Por qué extrañarse? Es sencillo: porque España debe ser uno de los
pocos países en el mundo en el que, por razones dignas de un
profundo psicoanálisis social, millones de personas tienen vergüenza
de hacer ondear la bandera común en esas ocasiones en que se hace
ondear en casi todos los lugares del planeta. A tal punto ha llegado
la cosa, que es ya frecuente que en fiestas, manifestaciones o
reuniones, la bandera que ondee, junto a la correspondiente
regional, sea la enseña de la Segunda República española. Salvo en
los actos a los que asiste gente muy conservadora, la bandera
española sale de paseo cuando hay fútbol y duerme después hasta la
próxima competición o campeonato.
Aunque he de reconocerles que no es que el asunto me produzca una
gran preocupación, habrán de convenir ustedes conmigo sin esfuerzo
en que resulta extraño que, con el fútbol, ocurra en España lo que
en casi todo el mundo (que se inflaman los sentimientos nacionales),
pero que tal cosa, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes,
solo acontezca con el fútbol.
Aunque para tan singular fenómeno hay explicaciones diferentes
(algunas incluso complementarias entre sí) creo que una debe tener
mucho que ver en ese contraste tan llamativo y persistente: la
corrección política que ha logrado imponerse entre nuestra
ciudadanía tras muchos años dando la matraca indentitarista
regional. Una corrección por virtud de la cual millones de personas
han comprado la estúpida mercancía de que la bandera constitucional,
que nació mucho antes del franquismo (en 1785) y lleva más de tres
décadas siendo uno de los símbolos de la actual España democrática y
descentralizada, resulta cosa de los carcas, cuando no de los
fascistas.
Esa presión -que quizá explica, por ejemplo, que en la vivienda
oficial del presidente de la Xunta no haya ondeado nunca la bandera
española, junto con la gallega, como manda la legislación vigente-
solo estalla cuando el fútbol pone el país patas arriba. Entonces
mucha gente pierde el miedo al que dirán y en los puestos de la
calle, donde habitualmente se venden banderas palestinas, retratos
de Che Guevara y carteles de Bob Marley, puede uno encontrar, entre
estupefacto y divertido, banderas rojas y amarillas.
Estatut
La mani del pesebre nacional
Antonio Robles Libertad Digital 9 Julio 2010
La riña por definir la cabecera de la mani contra el Tribunal
Constitucional ha desatado todos los demonios engendrados y cebados
por el catalanismo en los últimos treinta años. Y la disputa por
hacerse con las mejores dentelladas a la cosa nacional deja al
descubierto la naturaleza excluyente de una casta de políticos que
se empeñan en reducir Cataluña a su ideología nacionalista.
El lema de la manifestación –"Som una nació. Nosaltres decidim"–
hace treinta años era sólo la aspiración del catalanismo más
resentido y reaccionario de grupos residuales sin representación
parlamentaria. Òmnium Cultural, la asociación nodriza de ese
catalanismo integrista, es hoy quien impone el lema y organiza la
manifestación. Por encima incluso del presidente de la Generalitat,
José Montilla.
Resulta esperpéntico que sindicatos de clase como CCOO o UGT y
partidos políticos diametralmente contrarios en su naturaleza y
origen al nacionalismo, como el PSC, hayan ido resbalándose por el
lodo del nacionalismo romántico más reaccionario hasta llegar a este
sábado del 2010 convertidos en monigotes de su hoja de ruta. Sin
sentido del ridículo, se disputan la cabecera de la manifestación.
El presidente Montilla quiere una senyera enorme para presidirla.
Pretende huir del aquelarre independentista que su falta de
escrúpulos políticos le llevó a abrazar para subirse al coche
oficial a costa de las ilusiones e intereses de sus propios
votantes. Ya es tarde: el retorno a la decencia es imposible. Sólo
le resta negociar a cara de perro con su propia soga de ahorcado. Y
convivir con todos los que habría de haber combatido. ERC ha dejado
dicho por boca de varios de sus dirigentes que no acatarán la
sentencia del TC; los soberanistas de CiU, con Mas a la cabeza,
atizan el fuego del soberanismo desde plataformas encubiertas para
inundar de banderas independentista la manifestación, el
vicepresidente del gobierno catalán, Carod Rovira, propone desde su
blog que "la pancarta que lleven los convocantes de la marcha
pacífica debería ser bilingüe catalán-inglés" y los independentistas
irredentos de los referéndum, como López Tena, le mandan al carajo.
Hoy parece que han llegado a un acuerdo en la sede de Òmnium para
definir la cabecera de la manifestación. Todo un símbolo. Pero, por
si acaso siguen sin ponerse de acuerdo con qué y quiénes han de
encabezar la manifestación, yo les ofrezco desinteresadamente la
solución definitiva. La idea atiende al interés y a la
representación proporcional de los convocantes.
En la cabeza de la manifestación, todos los coches oficiales de los
cargos institucionales, seguidos por cada uno de los pseudodelegados
y pseudoembajadores de la proyección internacional de
Vicepresidencia. Junto a ellos, y sin pelearse, todos los cargos de
confianza y los miles de beneficiados por los informes externos
otorgados a dedo por el gobierno de la Generalitat. En formación,
inmediatamente detrás, los miles de comisarios lingüísticos,
apóstoles de la inmigración, secretarias de expedientes y sanciones
lingüísticas, ilusionistas de la cosa nacional, editorialistas y
periodistas del régimen, etc. Sin separarse mucho, pero con una
enorme senyera que les tape bien, todos los hipotéticos delincuentes
que han desempeñado cargo público de relevancia, consorcios
concertados con el presupuesto público y consejeros y hombres de
confianza durante los gobiernos de Pujol y PSC, como Lluís Millet,
Jordi Montull (caso Palau de la música), Lluís Prenafreta, (mano
derecha de Pujol durante los años ochenta), Macià Alavedra
(consejero en el gobierno de Jordi Pujol), Lluis García, el Luigi y
el ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet etc., y si no
hay suficiente tela, el mar de esteladas regaladas servirán
igualmente. A continuación, los cientos de asociaciones
subvencionadas por el negocio nacional. Para evitar que se codeen
por ocupar un lugar más relevante en la foto histórica, Lluís Millet
podría abandonar su posición bajo la bandera y convencerlas de la
importancia de la unión para seguir haciendo país. Y a continuación,
las delegaciones deportivas que hayan ganado alguna copa de América
jugando con equipos africanos en Cataluña. Una nota de color es
importante.
Y así, como diría Umbral, una última cosa. Como de lo que se trata
es de evidenciar que en Cataluña no hay españoles y que el Tribunal
Constitucional es un instrumento imperialista al servicio de España,
les propongo la idea definitiva: ya que la Roja ha llegado a la
final del mundial de fútbol y jugará sólo unas horas después de la
manifestación, deberían retrasar la mani a las 20.30 del domingo
haciéndola coincidir con el partido. De esta manera, la asistencia a
la manifestación dejaría desiertos bares y pantallas gigantes.
Madrid nos daría ipso facto la independencia. Y si no, es evidente
que no nos quieren.
Estatut
Símbolos nacionales catalanes
Humberto Vadillo Libertad Digital 9 Julio 2010
Este sábado Carod Rovira descansará de tanta bandera española como
ondea en Cataluña y podrá solazarse en la contemplación de los dos
auténticos símbolos nacionales catalanes: Montilla y Millet.
Y es que el sábado se celebra la manifestación "por la dignidad de
Cataluña o aproximadamente" que es el momento en que toda la rauxa
catalana va a plasmarse con furia almogávar por la Diagonal y ambos,
Montilla y Millet estarán allí.
Montilla estará como presidente que es de la Generalidad y como
presidente de la Generalidad exigirá de "Madrit" el máximo respeto a
la soberana decisión de Cataluña, expresada inequívocamente en ese
referendo en el que más de la mitad de los catalanes no se molestó
en ir a votar. Ni una coma estaba autorizada a tocar el Tribunal
Constitucional y se ha atrevido a limarle las uñas al monstruo
jurídico y ponerle talco en las ingles. Poco más pero hasta ese poco
es intolerable y al nacionalista un guisante centralista aun sobre
doscientos colchones le impide dormir.
Pero si Montilla va, no irá su gemelo malvado, aquel que presentó 62
enmiendas contra el Estatuto, de mucho mayor calado que las
aprobadas por el Tribunal de María Emilia. Y es que José-Josep
Montilla, como San Agustín, es dos y está en cada uno por completo.
El escritor húngaro Frigyes Karinthy fue el primero en proponer la
teoría de los seis grados de separación, según la cual todos los
seres humanos estamos tan densamente interconectados que nunca
estamos a más de seis grados de distancia unos de otros. Eso lo
decía Frigyes porque era húngaro, si hubiera sido un buen catalán
habría sabido que todos estamos a menos de tres grados de distancia
de Félix Millet. Félix Millet es un tesoro nacional, un símbolo de
esa Cataluña moderna, "urupea", "cosmoplita" y soñada. Y es que el
bueno de Félix, conecta todos los vectores de la catalanidad.
Como ustedes saben, Félix Millet era el mandamás del Palau de la
Música (catalana, por supuesto). Anda ahora en horas bajas por un
quítame allá esos millones desaparecidos, o no tanto, pero seguro
que no se pierde la manifestación; con él irán su mano derecha Jordi
Montull, y la hija de éste, Gemma, que estaba emparejada con Enric
Fernández. Si la primera era directora financiera del Palau, el
segundo era auditor de la Generalidad. A match made in heaven.
Millet y Montull, a través del escándalo de las recalificaciones de
Olivia Hotels enlazan con el consejero de Economía Antonio Castells,
con Inmaculada Turu, directora general de Patrimonio, con el primer
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Xavier Casas, con
el concejal de Urbanismo Ramón García-Bragado, todos de obediencia
PSC y con el líder de CiU en el ayuntamiento, Xavier Trias. En esta
operación, el Orfeó (catalán, por supuesto) compraba unos locales a
los hermanos de La Salle, estos locales se recalificaban por acuerdo
de la Generalidad y el ayuntamiento y una vez convenientemente
recalificados pasaban, por arte de birlibirloque y sin
contraprestación alguna a Olivia Hotels para hacer en ellos, un
hotel. Una bella coda es que el concejal de Distrito de Ciutat
Vella, donde se encuentran Palau y locales era el mismo concejal al
que después Jordi Hereu hizo dimitir para salvar el supuesto con
ocasión del referendo de puchero sobre la Diagonal.
Por otra parte, Félix Millet se reunía casi mensualmente, casi como
para rendir cuentas con el desaparecido Carles Torrent a la sazón
responsable de finanzas de Convergencia Democrática de Cataluña y
administrador de la Fundación Ramón Trias Fargas, que ahora lleva el
mucho más moderno nombre de CatDem.
Don Félix, que es de natural agradecido, nunca dejó de valorar las
gestiones que Josep Montilla (el gemelo bueno) realizó en su nombre
para allegar fondos públicos al Palau. Un milloncete de euros de los
Presupuestos Generales del Estado. En un sólo año.
Pero lo realmente hermoso y lo que convierte a Félix Millet en
símbolo vivo, arteria palpitante, epicentro emocional de la Cataluña
Nueva es saber que la manifestación del sábado la convoca Òmnium
Cultural, la entidad pancatalanista que preside Muriel Casals, la
que organizó la protesta contra el Ateneo de Barcelona por dejar
hablar a Rosa Díez y comparó a esta con los nazi. Sí, hombre, la del
compreu/no compreu que publicaba semanalmente listas de productos a
boicotear por no estar etiquetados en catalán. Claro, la que ha
recibido y recibe infinitas subvenciones públicas de Generalidad y
ayuntamientos para promover entre otras cosas marchas anexionistas
en el Sur de Francia y Valencia.
Y es que el padre de Félix Millet fue no otro que Félix Millet i
Maristani, fundador del Orfeó (Catalá, cómo no) y director antes de
la Guerra Civil del Periódico Oficial de Unió, los primos bautizados
de Convergencia. Nada más estallar la Guerra salió a comprar tabaco
y no paró hasta llegar a Burgos. A ponerse a las órdenes de Franco.
Y cuando acabó la guerra presidió el Consejo del Banco Popular, y
fundó (redoble de tambores) el Òmnium Cultural. Otro que era dos y
estaba en ambos completamente o Cataluña, donde la esquizofrenia es
arte (y parné).
Una última reflexión: cuando el sábado vea usted imágenes de la
manifestación de Barcelona en las noticias recuerde que el 98% de
las personas que allí ve tienen cargo público o esperan alcanzarlo
en las próximas elecciones y entre tanto viven de la subvención. De
nuestro dinero, en definitiva. Quítese al nacionalismo subvenciones,
canonjías y sinecuras y quedan en España tres nacionalistas
catalanes: Zapatero, Sistach y uno de los dos gemelos Montilla. No
estoy seguro de cuál.
La Xunta invertirá 51 millones para que
40.000 escolares dominen el inglés
Madrid - La Razón 9 Julio 2010
El Gobierno gallego invertirá, hasta 2013, más de 51 millones para
lograr que, cuando finalice la legislatura, 40.000 escolares de
Primaria y ESO hayan mejorado sus competencias lingüísticas al
cursar en lengua extranjera, «sobre todo en inglés», alguna
asignatura más que la materia específica de idioma.
Así lo anunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
y el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, quienes se han
marcado el reto de poner en marcha en los próximos cuatro años 160
centros plurilingües y 1.800 secciones bilingües en la comunidad
gallega, en el marco del «Plan Galego de Potenciación das Linguas
Extranxeiras». «Intentaremos lograr una educación completa y
competitiva», garantizó el máximo mandatario autonómico, antes de
proclamar que «el multilingüismo» es la respuesta para que cualquier
niño gallego «pueda moverse en un mundo global», principio con el
que ha coincidido el responsable de Educación de la Xunta.
El plan que recibió ayer el visto bueno del Consello supondrá
incrementar en casi 29.000 el número de alumnos que habrán estudiado
materias no lingüísticas en inglés –en centros plurilingües y
secciones bilingües–, con respecto de los que lo hacían en el curso
2008-2009.
Según Feijóo y Vázquez, el alumnado adquirirá las competencias
necesarias en los 160 primeros centros plurilingües que se van a
crear y en las 1.800 secciones bilingües con los que contarán los
centros de aquí a 2013, con lo que se incrementa «en un 150%» las
que existían al inicio de la legislatura.
Según indicaron, en estos centros plurilingües se impartirá en
inglés un tercio de las asignaturas, respetando las materias
lingüísticas y el decreto del plurilingüismo en la enseñanza.
«Podría haber matemáticas en inglés», si bien, los alumnos podrán
formular sus dudas en el idioma que decidan.
Paramount Pictures anuncia que no habrá
películas en 3D dobladas al catalán
Los cines que emiten en ese formato solo pueden proyectar 'Shrek 4'
en castellano 'por razones económicas'
www.lavozlibre.es 9 Julio 2010
Madrid.- La Ley del Cine catalán, aprobada por el Parlament y por la
que se obliga a doblar al catalán el 50% de las copias de películas,
no ha comenzado con buen pie. Unos días después de aprobarse, la
productora Paramount Pictures ha distribuido la nueva película de
'Shrek 4' en catalán únicamente en sistema analógico.
Preguntada por las causas de esta decisión, la productora responde
que no pueden proyectarse estas películas en este formato en catalán
“por razones económicas y comerciales”. La idea inicial era poder
ofrecer en lengua catalana la película tanto en 2D como en 3D.
Incluso, afirma que el formato analógico es “con el que sacamos más
rédito a las pantallas”, en tanto en cuanto Cataluña cuenta con 61
salas de cine en 3D frente a las 729 en analógico y una en 2D. De
esta manera, la película podría estar más tiempo en cartelera en
catalán. Ya que si la emitieran en tres dimensiones, apenas duraría
por la inminente llegada de 'Toy Story 3'.
La reacción de la Generalitat ha llegado a través de Bernat Joan,
secretario de Política Lingüística, que ha calificado la actitud de
Paramount de “bastante cobarde”. Asegura que las negociaciones con
la empresa americana se iniciaron hace meses y habían llegado a un
acuerdo para que la película se proyectara en 3D en catalán.
La Ley del Cine aprobada ya fijó multas de hasta 75.000 euros a
todas aquellas salas que no emitan, al menos, el 50% de las
películas en catalán. Esto ha levantado mucha polvareda hasta el
punto de que hace unos días, las principales patronales del sector
avisaban que esta normativa conllevaría “una reducción ostensible”
del número de películas distribuidas en Cataluña
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