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Recortes de Prensa   Miércoles 12  Enero 2011

  CONVOCATORIA REBELIÓN CÍVICA  MADRID 5 FEBRERO A LAS 5 TARDE   
http://www.vocescontraelterrorismo.org/  12 Enero 2011

Voces Contra el Terrorismo denuncia la nueva trampa a la que ETA quiere someter a todos los españoles.
El comunicado de la organización asesina ETA, es la evidencia del proceso de negociación soterrado que desde VCT venimos denunciando desde hace más de dos años.
Nunca ha existido una ruptura total del proceso de negociación con los terroristas y este comunicado da la razón a quienes como Jaime Mayor Oreja denunciamos que el proceso de negociación vivía una segunda parte. El comunicado de ETA se produce en un momento crucial para poder dar pasos que faciliten el cumplimiento de los acuerdos negociados. ETA nunca abandonaría la actividad terrorista sin conseguir parte de las demandas que la organización terrorista ha venido reivindicando desde hace más de 40 años.

VCT aboga por la derrota de ETA, policial , judicial, y política, porque todas las personas asesinadas por ETA fueron pieza clave en el proyecto político de los terroristas y en la medida que ETA consiga todo o parte de ese proyecto, se estará legitimando todos y cada unos de los asesinatos.

Este comunicado marca el principio de un impulso para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el proceso de negociación. La presencia de ETA en más de 40 ayuntamientos, las detenciones selectivas, desde el momento que terroristas como Josu Ternera se reúne con miembros del Partido Socialista y sigue gozando de impunidad, las excarcelaciones y premios a los presos terroristas de ETA, la falta de transparencia en el caso el caso del chivatazo a ETA ( bar el faisán), son tan solo algunos de los indicios que apuntaban a que esto iba a suceder.

Ante esta situación VCT hace un llamamiento a la rebelión cívica y convoca a todos los ciudadanos y organizaciones , sociales, víctimas del terrorismo, fundaciones, partidos políticos, sindicatos, etc. para que se sumen a la convocatoria de manifestación que bajo el lema “NO MÁS MENTIRAS, NO MÁS TREGUAS TRAMPAS” se desarrollará en Madrid el próximo día 5 de febrero a las 5 de la tarde.

En la medida que se mantenga una actitud pasiva ante estos hechos tan graves, seremos cómplices por omisión o acción con el desarrollo de este proceso de negociación que supone una traición a los españoles que no nos hemos rendido en ningún momento a las pretensiones impuesta por los terroristas.
No podemos olvidar lo inolvidable, como en los casos que españoles han sido asesinados y secuestrados por no ceder ante ETA en prebendas a sus presos. Hacerlo hoy es dar legitimidad a ETA en todas sus actuaciones criminales cada vez que los motivos han sido las prebendas a presos de la banda de asesinos.

VCT aboga por la derrota de ETA como organización terrorista y también la derrota de todas sus reivindicaciones. De ETA solo cabe esperar que se entreguen ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para cumplir íntegramente sus penas por los delitos cometidos. Tienen que contribuir con su información a delatar y clarificar las decenas de asesinatos sin esclarecer, y sacar a la luz toda la verdad de lo que se ha negociado , es decir los compromisos adquiridos por la banda de criminales y el Gobierno en el proceso de negociación.
Con este comunicado quedan informados e invitados todos los ciudadanos y las organizaciones civiles y políticas para que el próximo día 5 de febrero , acudan a la manifestación convocada por VCT en Madrid.

NO MÁS MENTIRAS, NO MÁS TREGUAS TRAMPAS
NEGOCIACIÓN EN MI NOMBRE NO

MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA.

Redefinición del modelo de Estado
Editoriales ABC 12 Enero 2011

La encuesta que hoy publica ABC refleja no tanto una crítica al modelo autonómicocomo al desarrollo que ha tenido desde 1978

LOS españoles no tienen una buena opinión de la situación actual del Estado autonómico y creen que el Gobierno central debería tener más competencias frente a las comunidades autónomas. Este es el resultado de la tercera entrega del sondeo realizado por el Instituto DYM para ABC, en el que el 40 por ciento de los encuestados creen que el Estado central conserva poco poder, y el 46 por ciento consideran que debería gestionar un porcentaje de gasto superior al 20 por ciento actual. Estas opiniones reflejan una crítica no tanto al modelo autonómico sino al desarrollo que ha tenido desde 1978. La Constitución configuró la organización territorial de España en torno al principio autonómico, pero el trasvase de competencias ha transformado el modelo de las autonomías en un sistema federal... sin los mecanismos de corrección existentes en las constituciones federales. Ni el modelo autonómico es un dogma de fe irreversible ni la Constitución trazó un camino federalista sin alternativa. La sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña desmontó buena parte de los tópicos autonomistas que han hecho del Estado y de los intereses nacionales cuerpos extraños en determinadas comunidades autónomas.

Los encuestados creen que las autonomías no gestionan sus recursos con eficiencia y transparencia y que perjudican la convivencia. Lo primero es la factura que pasan al cobro los numerosos casos de corrupción cobijados en ciertos corralitos autonómicos. Lo segundo se lo debemos a los nacionalismos y al efecto contaminante de sus demandas soberanistas en partidos y gobiernos regionales que ni por ideología ni por sentimiento ciudadano tenían motivo para exacerbar pulsiones regionalistas de última hora. Saben bien los ciudadanos, además, cuál es el guión de esta reordenación del Estado, porque mayoritariamente apuestan por mantener o devolver a sus instituciones centrales la Justicia, el empleo, la sanidad, las infraestructuras, la educación y la seguridad, materias imprescindibles para desarrollar políticas dignas de llamarse nacionales, que son las propias de un Estado unitario, organizado autonómicamente y basado en la solidaridad de las regiones y la igualdad de sus ciudadanos. En definitiva, es la percepción de una sociedad que quiere corregir los excesos nacionalistas y federalistas cometidos en aras de un erróneo concepto de la autonomía política territorial.

Charanga y pandereta
Javier G. FERRARI  La Razón 12 Enero 2011

Si Antonio Machado levantara la cabeza dedicaría su poema sobre la España de charanga y pandereta no a la derecha clerical y apolillada del primer tercio del siglo XX, sino a la izquierda frívola y manirrota que lleva gobernándonos desde hace siete años con un resultado infumable. Mientras Zapatero muestra su cara de felicidad porque todo parece indicar que no piensa presentarse a la reelección, y por lo tanto le va a dejar el muerto a Rubalcaba para ver si es capaz de resucitarlo, España languidece con la espada de Damocles de una intervención de Bruselas sobre nuestras cabezas a la vista de la deriva de nuestra economía.

El tiempo pasa y la farsa de la negociación con los sindicatos no hace sino retrasar una decisión tomada y esencial para que los mercados recuperen un mínimo de confianza en nuestro país. Si la decisión sobre la reforma de las pensiones esta tomada, y el retraso de la edad de jubilación no tiene vuelta atrás, por qué se sigue perdiendo un tiempo precioso para simular que los llamados sindicatos de clase pintan algo. Sindicatos en los que no cree nadie y que viven de las subvenciones que salen de los bolsillos exhaustos de los contribuyentes, de los que trabajan, mientras en UGT y CC OO sus dirigentes y sus liberados siguen siendo los reyes de la sopa boba.

Si este Gobierno estuviera preocupado por la realidad y no por las apariencias, habría aprobado ya la jubilación a los 67 años y otras medidas imprescindibles para salvarnos de una intervención a la griega o a la irlandesa. Pero Zapatero, que juega ahora mismo la prórroga, está más interesado en salvarse él que en salvar a España, y además cuenta con el silencio de un PP que espera la caída de la fruta madura de un árbol que se esta secando sin remisión. Y es que da la impresión de que Rajoy se contenta con la resignación de los electores que, según las encuestas, le van a votar como con un entusiasmo totalmente descriptible. ¡Vaya peligro!, sobre todo si al final el cabeza de cartel de los socialistas es Rubalcaba que posee un talento político por encima de sus adversarios que se limitan a dejar pasar el tiempo que ellos creen que juega en su favor. Así las cosas, no es de extrañar que todas las encuestas pongan de manifiesto el escasísimo aprecio de los españoles por su clase política.

Ojo, mucho ojo a este desapego no vaya a resultar que una vez más los micropartidos sean al final quienes decidan las mayorías para gobernar en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y, al final, en España. Y entiendo por aventureros a quienes no tienen mas armas que la demagogia. Tiene mucha gracia que en los últimos sondeos el político más valorado sea el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, seguido de cerca por Rosa Díez. Los dos son encantadores personalmente, pero su calado político no va más allá de la de un estanque de un parque público. Y en los tiempos que corren hace falta peso específico además de imagen mediática.

Lo que callan los dirigentes políticos sobre el comunicado de ETA
José Antonio Gundín El Semanal Digital 12 Enero 2011

Ningún gobernante ha tenido el coraje de llamar a las cosas por su nombre y en vez de exigir la rendición de los terroristas sólo les piden que se jubilen.

Lo que de verdad nos interesa saber a todos los españoles no es el cuándo, sino el cómo va a desaparecer ETA. Dicho sin tapujos: de lo que se trata es de que la banda terrorista se rinda, entregue las armas y se someta a los tribunales. Si lo hace pronto, mejor, pero no por madrugar electoralmente amanecerá antes. Y todo lo demás son paños calientes, medias palabras o subterfugios para no enfrentarse a cómo deber ser el final, el único final, de medio siglo de barbarie asesina.

Por eso sorprende y preocupa la reacción de los políticos, de casi todos los políticos, al comunicado en el que los etarras han tenido a bien perdonarnos la vida durante los próximos meses. Produce bochorno que algunos dirigentes socialistas hayan festejado el panfleto de ETA con la alegría infantil de quien le han levantado un castigo. Hasta la reacción de Patxi López ha resultado decepcionante al concederle un halo positivo, cuando en realidad se trata del gesto condescendiente de unos matones. Además, de la catarata de declaraciones, opiniones y proclamas que está abrumando al ciudadano no hay una sola que se haya atrevido a ir más allá de la sentencia tópica: "No es suficiente". ¿Por qué ningún dirigente político tiene el coraje de decir en voz alta lo que todos necesitamos oír, que sin rendición no hay nada que hacer?

Que el Gobierno y el PSOE no quieran ir más allá del discurso posibilista de Rubalcaba y se la cojan con papel de fumar no debe extrañar a nadie. Para los gobernantes socialistas el fin de ETA nunca ha pasado necesariamente por la derrota, sino por la retirada voluntaria de los terroristas, o como se dice ahora, "por el abandono de las armas", expresión que pretende ser como el agua destilada: inodora, incolora e insípida, además de indolora. No cabe esperar mucho más de quienes se sentaron a negociar con los terroristas en pie de igualdad y que todavía no se han repuesto de aquel sangriento fiasco. Es verdad que un Gobierno debe conducirse con una mayor dosis de prudencia y pragmatismo, pero nunca a costa de rebajar las exigencias democráticas y la justicia debida.

De quien sí cabe esperar algo más y de mayor contundencia es de los dirigentes del PP. No basta con que exijan "el abandono de las armas", sino que además deben explicitar con claridad qué significa eso. Sin duda las víctimas del terrorismo pueden ayudarles. En esta hora algo confusa, en la que se mezclan las buenas palabras con las segundas intenciones, las sospechas con las certezas y los intereses electorales con los del Estado, lo que procede es escuchar una vez más a las víctimas de ETA. Ellas son la referencia moral que nos recuerda y nos exige a no ceder ni un milímetro frente a los asesinos. Sin ellas, sin su dolor, su testimonio y, sobre todo, sin su lúcida generosidad no habrá una victoria completa sobre ETA.

En suma, los responsables políticos deben tener bien presente que el final o la desaparición de ETA no puede ser otro que su rendición, consecuencia inexorable de la persecución policial y judicial dentro y fuera de España. Aquí no valen los abrazos de Vergara, los armisticios ni las impunidades, las condonaciones de responsabilidades penales ni otras gaitas irlandesas.

Por tanto, tiene que haber vencedores y vencidos. Los vencedores, naturalmente, son el Estado de Derecho, la democracia, la sociedad española, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en lugar preeminente, las víctimas. Los vencidos, claro está, son los pistoleros y su brazo político. Hay otra clase de vencidos, como aquellos que aguardaban debajo del árbol a recoger las nueces, pero de esos deben encargarse las urnas.

Si la derrota de ETA no es clara e incuestionable, habrá resultado inútil el sacrificio de casi mil asesinatos, miles de heridos y 50 años de barbarie, sin ceder ni desistir. Cualquier concesión a los terroristas, por levísima que sea, supondrá tanto como darles la razón, como legitimar su existencia y aceptar que el terrorismo sí es eficaz para lograr objetivos políticos. La derrota de ETA no es una exigencia desmedida o un primitivo deseo de venganza, sino una exigencia ética con la cual se reafirma la superioridad del sistema democrático sobre los pistoleros y dinamiteros. De ahí que aún escarnece recordar que un gobierno democrático se sentó con los terroristas y los trató de igual a igual. Eso no puede volver a ocurrir jamás, porque si sucediera, detrás de la dignidad se iría al estercolero el propio sistema de libertades.

La conclusión es bien clara y evidente, al margen de cualquier comunicado: el destino de ETA es desaparecer y el de los etarras purgar sus delitos cumpliendo hasta el último día de cárcel. Todo lo demás será, a la postre, un triunfo de los terroristas. Sobre todo si a sus excrecencias retóricas se les da categoría de pieza literaria digna de celebración.

Obituario del zapaterismo: el final de la inocencia
Alfonso Merlos El Semanal Digital 12 Enero 2011

Al Real Madrid no le fue mal con la política de "zidanes y pavones". La de "rubalcabas y pajines" nos está dejando una España que da lástima ver. Esto no se puede volver a repetir

"Qué verdad, qué triste realidad/surgió de la nada, y se alza ante mí/ me siento pequeña pero nunca más confiada/ ya nada será igual, es el final de la inocencia". Seguramente no hay otra melodía del dúo Amaral como la de Concorde para llamar a la reflexión desde la serenidad. Y no hay otra que lo provoque rezumando tanto sentimiento de decepción, de melancolía, de pérdida, de frustración, de dolor, de naufragio.

España tiene dos desafíos inmediatos. El primero, expulsar democráticamente de la vida pública a Zapatero y al zapaterismo. Sin ambages y sin dilaciones. El segundo, precisamente, embarcarse en una reflexión serena y colectiva para determinar si, al margen de los estragos ocasionados por el todavía inquilino de La Moncloa, no estaremos haciendo algo regular o mal como ciudadanos para terminar empujando a esta nación hasta una crisis de orden económico, moral, constitucional y nacional como no imaginábamos ni en la más impertinente y desasosegante de nuestras pesadillas.

En cuestión más de semanas que de meses, con la papeleta en la mano, pero no sólo en ese lance, habremos de demostrar que no somos lo que parece: una España infantilizada, sedada, idiotizada, que se entretiene contemplando cómo rebuzna entre canapés Belén Esteban o cómo fornican entre edredones los trastornados que ingresan en Gran Hermano o cómo desvelan sus presuntos encuentros sexuales con el hermano de Jesulín sus presuntas y despechadas amantes.

El año dramático y doloroso que tenemos por delante se ha avanzado por activa, pasiva y perifrástica por parte de los que saben de economía en este país y han sido desatendidos por unas políticas socialistas atenazadas por la camisa de fuerza de la ideología. El profesor Barea anuncia un ejercicio crítico que no es sino la resultante de un gobierno que ha perdido el tiempo y los recursos que teníamos antes de la crisis; doce meses en los que el ensanchamiento de las desigualdades y el estrangulamiento de las clases medias llevará a graves situaciones de conflicto.

En efecto, el paro de Zapatero nos costará a final de este 2011 más de 30.000 millones de euros, un nuevo récord de gasto por desempleo en toda la Unión Europea. Y este disparate provocará (¡está provocando ya!) no sólo la merma acusada en partidas básicas como la educación o la sanidad sino en otras determinantes para vertebrar un país como las infraestructuras o la seguridad.

Urge que salgamos del hundimiento y que en paralelo aprendamos sus lecciones para no volver a incurrir en catastróficas meteduras de pata. Se han terminado los políticos intriguistas y ombliguistas como Rubalcaba. Se han terminado para siempre las políticas ineptas, verdes y desmañadas como Pajín. ¡Y se han terminado los virreinatos!

Ningún reyezuelo podrá gastarse nunca 12 millones de euros en una fábrica de avionetas que no vale para nada, como ha hecho el siempre templado Marcelino Iglesias en Aragón. Ningún marajá podrá gastarse nunca 50 millones de euros, como han hecho los descarados Griñán y Chaves, en tunear el palacio de San Telmo. Ningún dirigente político, sea de la ganadería que sea, podrá amparar por mucho amor que se tenga al terruño (y todos lo tenemos) aeropuertos como el de Argoncillo, que tiene un vuelo diario de ida y vuelta a Madrid. Así no se puede. Así no podemos. España ha roto ya la barrera de los 47 millones de habitantes. ¡No estamos para tonterías!

El gran teórico del fenómeno de la guerra, el general prusiano Karl Von Klausewitz dejó escrito que para ser realizada con cierta perfección, toda actividad de carácter especial exige cualidades especiales de entendimiento y temperamento. Y que "cuando estas cualidades poseen un alto grado de excelencia y se ponen de manifiesto a través de realizaciones extraordinarias, se distingue al espíritu al cual pertenecen con el término de genio".

La política, como la guerra, es una actividad de carácter especial. Nos libraremos más pronto de lo que pensamos de Zapatero, pero seremos incapaces de sacudirnos la tragedia nacional que nos golpea de forma cotidiana si no seleccionamos políticos que se distingan por su genio y su valor, que se distingan por su firmeza y su capacidad de recuperación frente a las adversidades. Si no los tenemos hoy, habrá que ir inventándolos.

www.twitter.com/alfonsomerlos

ETA
Sin comentarios
Cristina Losada Libertad Digital 12 Enero 2011

Ya ha ocurrido otra vez. Ya hemos tenido comunicado de ETA hasta en la sopa. El ministro del Interior convocó a la prensa e hizo bolos por emisoras y teles para comentarlo. El presidente del Gobierno, lo mismo. Todos los partidos se pronunciaron. Prácticamente, no hubo político que pasase por delante de un micrófono que no sintiera la necesidad de dar su imprescindible contestación a la nota de una banda terrorista y establecer, así, conversación con ella. Fuese para rechazar o celebrar, para encontrar insuficiencias o avances, para trompetear el principio del final o el final del principio, la política española en pleno se ha considerado interpelada por los terroristas. Y responde, vaya si responde.

¿Por qué no basta decir que no hay comentario alguno, que desde las instituciones democráticas no se replica a las palabras de un grupo terrorista? No es un interlocutor. Ni siquiera vale ese latiguillo, en apariencia contundente: "El único comunicado que esperamos de ETA es el que anuncie su disolución". Hasta ese "esperamos" trasluce el síndrome del rehén, la expectación ante las decisiones de los secuestradores, el ansia de que por fin nos dejen en paz. Se cuela la esperanza temerosa, la aceptación absurda de que estamos en sus manos, de que dependemos de su voluntad. Se espera que el criminal decida dejar el crimen, en lugar de esperar que el criminal pague por el crimen.

Por desgracia, es una vieja costumbre. Ahí está, cruel, la hemeroteca. Sólo una excepción, datada en junio de 1996, que recoge así el archivo de elmundo.es: "ETA declara una tregua de una semana y ofrece al Gobierno negociar una salida al conflicto. El Ejecutivo no responde al llamamiento". En el extremo opuesto, uno de los momentos más degradantes: el júbilo general, fruto de las expectativas que alimentó Zapatero, desatado tras la "tregua" del 2006. Y, ahora, el "alivio". Es natural que conforte la noticia de que unos terroristas abandonan durante un tiempo su acción criminal, pero la conciencia cívica, el respeto por la democracia, la confianza en sus medios, exigen contención. Un amenazado lo puede sentir y expresar. Un Gobierno tiene que callarse. Proclamar "alivio" muestra un estado de sometimiento, preludio de la disposición a pagar por la tranquilidad.

En las antípodas del furor declarativo de los políticos se ha situado, esta vez, la opinión pública. Ha habido ahí, desde el infausto "proceso de paz", un vuelco difícilmente reversible. Por incredulidad, por escepticismo, por experiencia acumulada, por la percepción de la marginalidad del terrorismo, por lo que sea, la sociedad empieza a negarle a ETA el protagonismo que se insiste en concederle desde la política. Eso sí es un avance.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

La corrupción del lenguaje
Alejo Vidal-Quadras GCT

La lucha antiterrorista se desarrolla en muchos frentes, el policial, el judicial, el político, el educativo, el sindical, el cultural y el de los medios de comunicación.

La lucha antiterrorista se desarrolla en muchos frentes, el policial, el judicial, el político, el educativo, el sindical, el cultural y el de los medios de comunicación. Dentro de todos estos ámbitos, los etarras y sus secuaces utilizan un instrumento letal, tan mortífero para las mentes como las balas para los cuerpos, en el que son maestros: el lenguaje. Aquel que consigue imponer su terminología en una determinada esfera del debate público, es decir, que logra que su conceptualización de la realidad expresada mediante palabras se traslade a la sociedad e imponga sutilmente sus intereses y sus valores frente a los de su oponente, ha ganado la batalla de las ideas y, en consecuencia, acabará ganando la guerra.

El último comunicado de ETA en el que declara un alto el fuego permanente, general y verificable, ofrece un ejemplo muy revelador de este método de erosión de la causa adversaria utilizando la retorsión de los significados en beneficio propio. La locución "alto el fuego" refleja en su acepción militar una pausa en el enfrentamiento de dos bandos igualmente legítimos, cuando lo cierto es que nos están diciendo que van a cesar durante un tiempo de cometer crímenes. Lo mismo sucede con el vocablo "conflicto" ya que una banda de delincuentes no está en conflicto con el Estado de Derecho, sino que lisa y llanamente vulnera la ley. Al reclamar "una solución justa y democrática al secular conflicto político" ocultan que la mayor injusticia es descerrajar un tiro en la nuca de una persona indefensa y que el mayor atentado a la democracia es eliminar físicamente al que piensa distinto. Si se llama a los poderes públicos a alcanzar "una verdadera solución democrática en Euskal Herria" se pretende que la gente olvide que la verdadera democracia es la que consagra el orden constitucional garante de las libertades que la actividad de los terroristas destruye y atropella. La invocación a la "liberación nacional" del pueblo vasco es otro engaño monumental si se tiene en cuenta que el régimen totalitario que ETA aspira a establecer gracias a la coacción y al chantaje es lo contrario de la libertad.

En un País Vasco hipotéticamente separado de España bajo la férula del hacha y la serpiente los ciudadanos se dividirían en cuatro clases, los afines a Batasuna que gozarían de todas las ventajas, los sometidos por miedo que arrastrarían una existencia indigna, los que huirían del horror de una Corea del Norte cantábrica y los liquidados por las escuadras de la muerte marxisto-abertzales. Un panorama de lo más atractivo para los dos millones de vascos que hoy viven en una sociedad abierta, próspera y plural precisamente porque forman parte del Estado español.

En cuanto a la afirmación de que "la solución llegará a través de un proceso democrático que tenga la voluntad del Pueblo Vasco como máxima referencia y el diálogo y la negociación como instrumentos" equivale a intercambiar el abandono de las pistolas y las bombas por la cesión ante sus exigencias políticas, a saber, la autodeterminación, la excarcelación de todos los presos y la anexión de Navarra, propuesta inadmisible que implicaría la derrota del Estado democrático, la deshonra de España y la humillación de las víctimas. Por consiguiente, el único camino seguro es la inquebrantable determinación de no ceder ni un milímetro hasta que ETA anuncie su disolución, entregue sus arsenales, manifieste su arrepentimiento por el sufrimiento causado y se ponga a disposición de la justicia. Sólo en este momento, el independentismo vasco, desvinculado por completo de la violencia criminal, podrá concurrir a las elecciones y someterse, como corresponde en una auténtica democracia, al veredicto de las urnas en igualdad de condiciones al resto de partidos.

El Congreso de los privilegiados
El Editorial  La Razón 12 Enero 2011

Desde hace meses se aprecia una corriente creciente e inquietante de desapego de los ciudadanos con la clase política. Los barómetros del CIS han reflejado el aumento de esa brecha entre representantes y representados. El de diciembre pasado consolidó a los políticos como la tercera preocupación para casi el 20% de los españoles, por detrás del paro y los problemas económicos. No es un asunto menor, sino que se trata de una fricción en uno de los engranajes clave de toda democracia. Quién sabe si el síntoma de una patología larvada a la que no se está prestando la atención debida. De hecho, resulta sintomático que esa notoria desafección no haya merecido al menos una reflexión pública de los directamente señalados por los ciudadanos.

Como si la cosa no fuera con ellos y estuvieran por encima de lo divino y de lo humano. El desencuentro representa un reproche a la clase dirigente en una época especialmente complicada para una sociedad sometida a exigentes pruebas. En tiempos de sacrificios y recortes sociales, el liderazgo moral de los gobernantes resulta una cualidad imprescindible para afrontar las adversidades y los desafíos nacionales. No se puede ni se debe reclamar lo que no se está dispuesto a afrontar en primera persona. Las pensiones son un campo de pruebas en el que se ha demostrado que los políticos se resisten a ponerse al frente de la manifestación.

Como publica hoy LA RAZÓN, diputados y senadores han rechazado no ya revisar su privilegiado sistema de pensiones de 2006, sino incluso discutirlo, llegando hasta entorpecer las iniciativas parlamentarias de la diputada Rosa Díez en ese sentido. Mientras, la ampliación de la edad legal de jubilación a los 67 años para el resto de españoles se da por hecha. Desde luego, no cuestionamos la necesidad de esta reforma como garantía de futuro para las nuevas generaciones, y asumimos también como inevitables los ajustes consiguientes con la convicción de que no existe una mejor solución por dolorosa que resulte.

Otra cosa muy diferente es que entendamos que nuestros parlamentarios pretenden pasar por este amargo trago como miembros de un club selecto de auténticos privilegiados, que conservarán un sistema de protección exclusivo que les asegura la pensión máxima por haber ocupado un escaño durante dos legislaturas. El Letrado Mayor de las Cortes ha argumentado para defender lo indefendible que merecen un «tratamiento digno», que otros Parlamentos tienen más beneficios y que el modelo es «económicamente moderado y viable».

En cuanto a recurrir al juego de las comparaciones, sin duda los jubilados españoles salen mucho peor parados que diputados y senadores. Y en cuanto a la viabilidad, el sistema podría salir muy beneficiado si se reconsideraran, por ejemplo, las multimillonarias subvenciones a los partidos políticos y a los sindicatos. Obviamente, el debate es otro. A ninguno de sus señorías se le coaccionó en su momento para entrar en política. Son servidores públicos, que gozan ya de extraordinarios beneficios, y cuya autoridad moral, tan esencial como la legal, debe basarse en el ejemplo y la coherencia.

Artur Mas sobreactúa
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.es 12 Enero 2011

Les paso una selección de textos de una entrevista que le hizo José Antich a Artur Mas el domingo pasado. No sé qué pensarán ustedes, yo creo que Mas sobreactúa, como el pájaro que bate las alas para proteger el nido donde guarda sus huevos. Hoy les paso los textos, subrayados por mí. La semana que viene los comentamos...

"Hay que convencer a la gente de que ser catalán no es sólo un problema de herencia, sino que también es un problema de proyecto. Que ser catalán es mejor que no serlo, que en Cataluña se hacen las cosas bien, que nuestra cultura es atractiva, nuestra lengua seduce y nuestra creatividad se contagia".

"[En España] tienen que entender que, por mucho que lo intenten, Cataluña no se va a convertir en una región periférica".

"Cataluña también tiene derecho a plantear preguntas a los demás. ¿Hasta dónde está dispuesto el Estado español a cambiar para acoger a Cataluña? ¿Hasta dónde está dispuesto a cambiar para que Cataluña se sienta respetada y apreciada dentro del Estado Español?"

"El objetivo es que ningún catalán se sienta discriminado respecto a otros territorios del Estado, así que equipararemos la legislación catalana a la más beneficiosa del resto de las autonomías".

"Nosotros no vamos a dar marcha atrás en la inmersión lingüística en catalán porque consideramos que es un factor de cohesión social básico y la única manera que hay de que amplios sectores de la sociedad catalana conozcan normalmente el catalán. Si nos cargamos esto, habrá una parte de la sociedad catalana que se va a descatalanizar en el sentido de que se van a olvidar de los referentes culturales y lingüísticos. Esto sería negativo para todos, incluso para los que se desenganchen. Por tanto, como el catalán es la lengua débil, hay que hacer discriminación positiva para ayudarla a que sea conocida por todo el mundo. Eso pasa por la inmersión lingüística en la escuela".

"Voy a hacer todo lo posible para que el nivel lingüístico suba en Cataluña. También en castellano... Nuestro nivel lingüístico, en general, y en cualquier idioma, es más bajo del que debería ser".

"La propia ley en Cataluña acoge la excepción de las familias que quieran que un alumno tenga la inmersión en castellano. Lo que ocurre es que la gente lo pide poco, porque ha llegado a la conclusión de que el hecho de que sus hijos e hijas aprendan bien el catalán no significa un demérito ni una pérdida de tiempo. Abre puertas, en vez de cerrarlas".

"[En la inmersión] nuestra alianza con el PSC es clave. Es muy importante que el PSC siga defendiendo ese modelo de inmersión, dando por supuesto que esto no tiene que ser una excusa para no mejorar el modelo lingüístico general, también en castellano. Pero la alianza con el PSC es fundamental".

España
La mayoría cree que el Gobierno debe recuperar poder frente a las autonomías
El 46 por ciento ve escaso lo que gestiona el Ejecutivo, frente al 16 por ciento que lo considera excesivo
MARIANO CALLEJA ABC 12 Enero 2011

El desarrollo del Estado de las Autonomías se observa en la calle con una ceja levantada, con escepticismo y con la sensación de que se ha llegado demasiado lejos en la cesión de poder a las Comunidades. Lo que sigue siendo un asunto tabú para muchos políticos, la posible recuperación de ese poder por parte del Gobierno, en la opinión pública está ya perfectamente asumido, según se observa en el último barómetro del Instituto DYM para ABC. Los ciudadanos quieren sobre todo eficacia y rechazan todo lo que signifique derroche, por eso critican el exceso de descentralización cuando ésta va en dirección contraria.

La oposición lo llama «racionalización» de las administraciones públicas, es decir, evitar duplicidad de competencias y repartir el poder de manera que sea más efectivo y beneficioso para los españoles. Los ciudadanos no se andan con eufemismos y creen de forma mayoritaria que el Gobierno de la Nación conserva un poder demasiado escaso en favor de las comunidades autónomas.

Casi la mitad de los ciudadanos (el 46 por ciento) piensan que el porcentaje del gasto público que gestiona el Gobierno de España (un 20 por ciento, frente al 40 por ciento que gestionan las comunidades y a otro 40 por ciento que corresponde a la Seguridad Social y a los ayuntamientos) es claramente escaso y debería ser mayor. El 30 por ciento lo ve adecuado y únicamente el 16 por ciento opina que es excesivo y que debería ser menor que el que ya tiene. El electorado del PP es más crítico aún y los que piensan que el gasto gestionado por el Gobierno es escaso llega al 50 por ciento, frente a la misma opinión que mantienen el 46 por ciento de los votantes socialistas.

De cada 10 españoles, cuatro opinan que, en términos generales, el Gobierno de España conserva poco poder en relación con el que han conseguido las comunidades autónomas. Además, dos piensan al contrario, que tiene demasiado poder, mientras que tres se quedan en el punto medio y apuntan que mantiene el adecuado. Hay otro español, hasta llegar a esos 10, que no sabe o no contesta. La postura se radicaliza un poco más entre los votantes del PP, ya que el 50 por ciento cree que el Estado se ha quedado con poco poder y sólo el 17 por ciento lo califica de «adecuado».

Para qué sirve cada uno
¿Cómo debería ser el reparto de poder entre el Gobierno y las comunidades autónomas? A la vista de los resultados del barómetro, los entrevistados tienen claro que las comunidades pueden funcionar mejor que el Gobierno en cuestiones como la agricultura, la ganadería, la atención a las personas en situación de dependencia... y poco más.

En todo lo demás, la mayoría piensa que el Ejecutivo nacional debe tener más capacidad de decisión, y por tanto debería recuperar poder en algunas áreas específicas donde se han producido transferencias de competencias en los últimos años.

Ocurre con dos áreas muy sensibles para los ciudadanos y el Estado del Bienestar: la Sanidad y el Educación, transferidas a las comunidades autónomas. Pues bien, casi seis de cada 10 ciudadanos (el 59 por ciento) cree que el Gobierno debería tener mayor capacidad de decisión en Sanidad que las autonomías, y sólo el 37 por ciento piensa que son las comunidades las que deben gestionar más esta área clave. Ahí coinciden los votantes del PSOE y los del PP, aunque los segundos forman una mayoría más amplia a favor de dar más poder al Gobierno.

Con la Educación ocurre otro tanto de lo mismo. La mayoría de la población (el 54 por ciento) también cree que el Gobierno debería tener mayor capacidad de decisión que las comunidades, frente al 43 por ciento que ven más eficaces a las autonomías. Los simpatizantes socialistas, sin embargo, son más renuentes.

En concreto, los ciudadanos creen que el Ejecutivo debe asumir más poder de decisión frente a las comunidades en estas materias y por este orden: Justicia, desempleo, sanidad, infraestructuras, industria, comercio y educación. La mayoría es abrumadora en el primero caso (el 74 por ciento sostiene que el Gobierno debe tener más capacidad de decisión en Justicia que las comunidades), pero también resalta en el caso del desempleo, sobre todo cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto un precedente al ceder al País Vasco las políticas activas de empleo, como parte del acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2011. El 60 por ciento piensa que el Gobierno debe controlar las políticas sobre el desempleo, frente a casi la mitad, un 35 por ciento, que apoya el poder autonómico en este punto.

La seguridad ciudadana divide más a la opinión pública. El 48 por ciento prefiere que esté en manos del Gobierno, mientras que un 47 por ciento opta por dejar esta competencias para las comunidades.

Después de más de 30 años de Estado de las Autonomías, los ciudadanos valoran qué han tenido de positivo las comunidades. En realidad, la nota más optimista es que han acercado la Administración Pública a los ciudadanos. Así opina el 40 por ciento, frente al 25 por ciento que no está de acuerdo. Por lo demás, los españoles creen que el Estado de las Autonomía no ha mejorado en estas tres décadas la imagen de España en el extranjero (43 por ciento, grupo mayoritario); no ha contribuido a mejorar la convivencia de los españoles (48 por ciento); no ha servido para que las comunidades gestionen con eficiencia los recursos de los que han dispuesto (49 por ciento), ni para que gestionen con transparencia sus propios recursos (58 por ciento).

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SENADO MULTILINGÜE
El carísimo sistema de traducción de la UE que ahora imita España
La semana que viene, los auriculares de traducción simultánea entran en el pleno del Senado.
MERCEDES R. MARTÍN Libertad Digital 12 Enero 2011

A partir del martes que viene, los senadores españoles podrán utilizar el catalán, gallego, euskera y valenciano en los debates de mociones de las sesiones plenarias. Ello supondrá que la esperpéntica imagen de Manuel Chaves escuchando por sus auriculares el discurso traducido al castellano de José Montilla –ambos son andaluces- pueda a comenzar a hacerse habitual.

Según el Senado, el coste de cada sesión con traducción simultánea será de 11.950 euros. La Cámara alega que no supondrá un coste adicional porque se ha reorganizado el Presupuesto. El coste extra, dicen, se limitará a los 4.500 euros de los 400 auriculares que se han adquirido para sus señorías. Siete intérpretes se dedicarán a traducir del euskera, catalán, valenciano y gallego al castellano. Al menos no se hará al revés: se da por hecho de que los diputados sí entienden el español. Además, cada intervención tendrá que transcribirse en las lenguas oficiales en el diario de sesiones.

Las cifras del futuro Senado multilingüe se quedan muy lejos de los mastodónticos gastos que genera la traducción e interpretación en las instituciones de la burocratizada Unión Europea y en particular en la Eurocámara. Pero, sin duda, los promotores de la nueva normativa del Senado, del grupo Entesa Catalana del Progrés, se inspiraron en la imagen de las cabinas de traducción del Parlamento europeo, donde cada diputado puede expresarse en cada una de las 23 lenguas oficiales de la UE, algo que supone un gasto millonario que se lleva un tercio del Presupuesto de la Eurocámara.

Según estipula el artículo 138 del reglamento de la Cámara, "todos los diputados tendrán derecho a expresarse en el Parlamento en la lengua oficial de su elección". Cada intervención ha de ser interpretada de manera simultánea en cada una de las lenguas oficiales –alemán, checo, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, sueco, rumano, búlgaro y gaélico-. La norma genera que se puedan dar más de 506 combinaciones lingüísticas distintas: cada lengua debe traducirse a otras 22.

Lo mismo ocurre con las traducciones de normativas, mociones, etc. El reglamento estipula que todos los documentos que apruebe el parlamento –algo que se extiende al resto de instituciones de la UE- deben redactarse en todas las lenguas oficiales. La consecuencia de esta norma es un ingente equipo de traductores: 700 se encargan de traducir todos los papeles a cada lengua oficial. Además, en cada sesión plenaria trabajan entre 800 y 1.000 intérpretes. Hay 430 intérpretes que trabajan como funcionarios pero se cuenta, además, con una reserva de otros 2.500 considerados externos.

Salvando el hecho de que para muchos se podría aligerar el complicado sistema lingüístico de la UE, dada la escasa representatividad de algunas de las lenguas, lo cierto es que dentro de la propia Unión se han reconocido los fallos de un trabajo de traducción que genera cada año más de un millón de traducciones de documentos oficiales. En una declaración de la Eurocámara tras un informe sobre los gastos lingüísticos relativos a 2003, se apuntaba que de los 163 millones de euros que se gastaron en traducciones en todas las instancias de la UE -57 correspondieron sólo al Parlamento- un 16%, 25,9 millones, pudieron haberse ahorrado. Se trató de "gastos por servicios ofrecidos pero no utilizados y disposiciones de servicios suplentes".

En la UE, se justifica este gasto en el derecho de cada eurodiputado a hablar en su lengua y la "necesidad" de que los ciudadanos, sean del país que sean, puedan "acceder" a los textos. En España, el argumento obviamente no sirve. Aquí, pese a que todos los senadores conocen, como obliga la Constitución, la lengua común a todos los españoles, se impondrá el uso del auricular para entender las intervenciones en las lenguas cooficiales.

El PP presentará una alternativa bilingüe para impedir la imposición del catalán
Es la respuesta del partido de Alicia Sánchez-Camacho al desacato de Artur Mas al Tribunal Constitucional
 www.lavozlibre.es 12 Enero 2011

Barcelona.- El Partido Popular de Cataluña no está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados ante las intenciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de mantener la inmersión lingüística y no cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se establece que el castellano no puede quedar relegado del sistema educativo.

Por ese motivo, el grupo parlamentario del PPC presentará a finales de esta semana una proposición de ley para enmendar la Ley de Educación Catalana (LEC), que, en la anterior legislatura, pactaron PSC, ERC y CiU, con la finalidad de impedir que el catalán sea la única lengua vehicular en la enseñanza.

Alicia Sánchez-Camacho, la líder de los 'populares' catalanes, defiende un modelo plurilingüe “que en ningún caso supone separar a los alumnos en dos líneas, sino impartir algunas asignaturas en catalán y otras en castellano”, además de un porcentaje determinado de materias en inglés, según explicó el portavoz del PP en el Parlamento catalán, Enric Millo.

Millo instó este martes, 11 de enero, a Artur Mas a “cumplir las sentencias y respetar las instituciones del Estado de Derecho”. Advirtió de que esa resolución judicial “no va en contra del actual sistema, sino que pretende ampliarlo para que el catalán no sea la única lengua vehicular. Eso no es ir en contra del catalán, sino hacer cumplir el Estatuto y la Constitución”.

Enric Millo también reprochó que fomente el enfrentamiento entre Cataluña y España “como si fueran dos realidades diferentes” y recordó que el presidente se comprometió durante su debate de investidura a marcar como prioridad la lucha contra la crisis económica, “pero ahora las prioridades parecen otras”.

Ciutadans (C's) pone en mar
 12 Enero 20112
Todos los ciudadanos que lo deseen ya pueden acceder, a través de la web de C's, a toda la información que necesiten para reclamar a las escuelas y a Educació un modelo de convivencia lingüística

Ciutadans (C’s) ha dado el pistoletazo de salida a la campaña “Una Cataluña bilingüe, una escuela bilingüe” a través de la cual ofrece asesoramiento jurídico a todos aquellos padres que quieren reclamar que sus hijos reciban una educación bilingüe, en catalán y en castellano, como exige la sentencia del Tribunal Supremo, y, en general, a todos aquellos ciudadanos que quieren un “modelo de convivencia lingüística en las escuelas catalanas”.

C’s facilita desde su página web modelos de instancias para que los ciudadanos los puedan descargar y dirigir directamente a los directores de los centros educativos y al Departamento de Educación. También tienen a su disposición el número de teléfono 933 429 436 y el correo electrónico escolabilingue@ciudadanos-cs.org para exponer sus casos concretos y recibir asesoramiento personalizado.

El presidente de C’s, Albert Rivera, ha defendido que, “a través de esta campaña, serán los ciudadanos, que pagan sus impuestos, y las escuelas los que exigirán al Govern que cumpla las sentencias”; una iniciativa, que, según Rivera, “pretende agotar la vía política y social para que el president Mas planifique un modelo de convivencia lingüística de cara al próximo curso escolar”, antes de llevar al Govern a los tribunales.
C’s propone, además, que el president vaya más allá e instaure un “modelo educativo de calidad” que incluya una lengua extranjera siguiendo la estructura 40-40-20 (40% catalán, 40% castellano, 20% inglés).

España
La sentencia del Estatut pasará por Estrasburgo
Un colectivo afín a CiU llevará el fallo del Constitucional al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
EFE / BARCELONA ABC 12 Enero 2011

La asociación El Matí, un colectivo democristiano afín a CiU, promoverá la presentación de un recurso contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el nuevo Estatut ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo.

La demanda, que ha sido elaborada por dos juristas de "prestigio internacional", la presentarán el próximo viernes día 14 el abogado Jordi Cortada y el editor Quim Torra, asociados de El Matí, según han avanzado fuentes del colectivo.

Justo antes de las vacaciones de verano, el TC emitió tras cuatro años de deliberaciones su sentencia sobre el Estatut, en la que se recortan aspectos fundamentales del texto catalán aprobado en un referéndum en 2006. Fuentes de los demandantes consideran que estos recortes representan un "atropello" de los derechos del pueblo catalán y en el recurso que se presentará en Estrasburgo el viernes se recogen los "argumentos jurídicos más rigurosos" para rechazar la sentencia.
 

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