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Recortes de Prensa   Lunes 17  Enero 2011

 

Salgado y el sonido del temporizador de una bomba
@Roberto Centeno El Confidencial 17 Enero 2011

En medio del espejismo de la pasada semana, consecuencia de la compra de bonos portugueses por el BCE y la posible ampliación, en 2013, del actual Fondo de Estabilidad Financiera, el Financial Times afirmaba que “los inversores ya escuchan el temporizador de una bomba en el sector financiero español”, debido a la incertidumbre que rodea todo lo referente al mismo, subrayando que los 100.000 millones del FROB para hacer frente al problema son “peligrosamente insuficientes”. El BdE evalúa en 181.000 millones los “activos problemáticos”, una cifra que no se sostiene: ¿O es que alguien puede creerse que la morosidad del “ladrillo” en los bancos es más del doble que en las cajas? ¿O que con un problema inmobiliario superior al de Irlanda solo un 1% del sistema ha quebrado?

Parafraseando a sir Winston Churchill, podríamos decir que “nunca tantos fueron engañados por tan pocos”. Porque lo cierto es que no tenemos ni idea de la dimensión real del problema, no tenemos ni idea de lo que nos están ocultando. Sólo sabemos que llevan mintiendo desde el principio y que en este engaño están todos de acuerdo: bancos, cajas, gobierno, oposición y Banco de España, cuya actuación pasará a la historia como la más negligente y nefasta de toda su larga trayectoria, aparte de gestionar las reservas, el oro y el dinero público, nuestro dinero, como si fuera estiércol. Ni siquiera sabemos la cantidad de dinero público despilfarrado en CCM, una cajita minúscula, ni las tropelías de los diversos culpables, ni el contenido del pacto de silencio entre PSOE-PP en este tema. Así las cosas, ¿cómo vamos a saber lo que esta pasando en el resto del sector que es cien veces mayor y ni siquiera está intervenido?

Eduardo Segovia adelantaba aquí la noticia de que al Gobierno, cediendo a las presiones de los grandes bancos, quiere acometer el saneamiento de las cajas inyectando hasta 80.000 millones de euros en forma de capital, lo que deja a la cúpula BdE como lo que es: un hatajo de irresponsables que, con una insensatez que causa escalofríos, sigue defendiendo los SIP, una chapuza que sólo ha servido para mantener a los responsables en sus poltronas con nuestro dinero, en lugar de procesarlos. Porque el problema no es sólo el riesgo inmobiliario, el problema es muchísimo mayor. ¿De dónde van a sacar el dinero para devolver o refinanciar los más de 700.000 millones de deuda, 190.000 de los cuales vencen en los próximos 24 meses? Y luego, ¿qué pasa con las ingentes cantidades de deuda soberana, autonómica y local, donde las pérdidas de valor pueden oscilar entre un 10-20% para bonos y obligaciones en deuda soberana, y el 50% como mínimo de la deuda autonómica y local, por más que el BdE les permita no incluir en sus balances este tipo de minusvalías?

Y por otro lado, ¿de dónde va a sacar el Estado 80.000 millones de euros adicionales, si ya no tiene para amortizar, emitir y avalar lo que toca en este año, más de 300.000 millones? Realmente siguen instalados en la ficción más absoluta, con “ilustres” personajes que denominan colchón de liquidez al dinero para cubrir el endeudamiento de dos semanas, o que afirman sin sonrojarse que la economía esta creciendo, cuando la perdida de poder adquisitivo de los salarios y la presión fiscal sobre las familias son las mayores en 50 años, o que dicen que el déficit se está ajustando, cuando seguimos gastando casi el doble de lo que ingresamos, o que aseguran que el robo del FROB está siendo un éxito, tampoco se puede pedir más.

Salgado niega todo
Pero el verdadero sonido del temporizador han sido las declaraciones de la Sra. Salgado a la CNBC, rechazando la posibilidad de que España pueda necesitar un rescate y defendiendo la solidez del sistema financiero del que, aseguró, ya no requiere de nuevas ayudas públicas (2). Es evidente que Zapatero, Salgado y demás hermanos mártires están convencidos que pueden engañar a los mercados con la misma facilidad que engañan a los españoles. Que pueden prometer reformas, rebajarlas a meras chapuzas y no pasa nada; que pueden seguir gastando por encima de lo que ingresan y con que el INE y el BdE hagan cuatro trampas con los números, los mercados se las tragan, y no pasa nada; que pueden seguir colocando deuda pagando tipos de interés que hacen imposible cualquier recuperación y menos aún la consolidación fiscal, y tampoco pasa nada. Porque “como España no puede caer” los mercados o el BCE nos van a seguir financiando “ad infinitum”, así que les da igual ocho que ochenta.

Hace una semana, reflexionando sobre estos mismos temas, Marc Vidal se preguntaba si el mercado era idiota y si alguien compraría deuda para perder, y su conclusión, por estrambótica que parezca, es que sí. Y aun estando de acuerdo, yo introduciría un matiz en bancos y cajas, principales compradores de deuda, porque están “empaquetando” deuda soberana, de CCAA, de Ayuntamientos, y de Perico los Palotes, en fondos de renta fija que denominan, “supertranquilidad”, “superseguridad”, y similares, y en los planes de pensiones y endosándosela a sus incautos clientes a través de sus redes minoristas, a pesar de las enormes pérdidas que pueden experimentar.

Pero todo tiene sus límites. No podemos seguir manteniendo un modelo de Estado incontrolable que nos lleva a gastar casi el doble de lo que ingresamos; que realiza -y en buena parte despilfarra- el 70% del gasto público, más de doble del gasto descentralizado en los Estados Federales, excluida la Seguridad Social (1). ¿Cuánto tiempo más los mercados van a creer a una vicepresidenta económica que tiene la desfachatez de afirmar el 20 de diciembre que las CCAA van a cumplir los objetivos de déficit, y 15 días después Artur Mas dice que el déficit de Cataluña es el triple del que había afirmado Salgado? ¿O a un presidente que dice una cosa y hace la contraria, y se fuma un puro con la Constitución y con el Estado de Derecho? Pero, aunque hiciera las reformas prometidas, sería totalmente insuficiente. ¿O es que alguien en sus cabales puede pensar que con condenar a la miseria a ocho millones de jubilados, y al hambre a más de dos millones de parados sin recurso alguno, va a arreglarse el problema?

O el Gobierno recorta drásticamente el gasto autonómico y local, que es el sistema más corrupto e ineficiente de la Historia de España, o estamos muertos. Ésta es la auténtica bomba, que junto con el proceso de estanflación en marcha –alza de precios, aumento del paro y caída del PIB-, el peor escenario económico posible, nos hará saltar por los aires.

El dilema de Trichet
Y por si esto fuera poco, Trichet se encuentra cada vez más entre la espada y la pared, porque mientras las tensiones en los mercados de deuda no dejan de crecer, mientras las diferencias económicas entre los países del euro son cada vez mayores, las tensiones inflacionistas empiezan a desbordar todas las previsiones. Trichet tendrá que decidir en breve si cesa su política de compra de bonos y reduce el ritmo de la barra libre de liquidez, e incluso si comienza una escalada de los tipos de interés, que pueden darle la puntilla a los países periféricos, pero en especial a España cuyo déficit público y financiero se encuentran fuera de control.

El objetivo prioritario del BCE es el control de la inflación y, sin embargo, los precios han superado la barrera máxima aceptable en diciembre por primera vez en dos años, y las expectativas de inflación se han doblado desde agosto. Trichet, cuyo mandato expira octubre, va a tener que afrontar mucho antes el inicio de una escalada de los tipos de interés. Y como guinda del pastel, el compromiso del BCE de compra de bonos por un total de 74.000 millones de euros, y el mantenimiento de la barra libre con los bancos, que termina el 31 de marzo. Cada vez es menos probable que esta situación pueda prorrogarse inalterada otro trimestre más, fundamentalmente porque la situación de deuda, descontando las ayudas, no está mejorando sino empeorando, y las diferencias de crecimiento entre países empiezan a ser inasumibles para la estabilidad de la zona euro.

Pero no se inquieten, esto es sólo catastrofismo, porque si se encontrase el dinero necesario para recapitalizar al sistema financiero, cualesquiera que sea la cifra; si el gigantesco déficit autonómico y local lo financia “sine die” Merkel, que estará encantada de pagarles el sueldo a los dos millones de empleados públicos nombrados a dedo por los caciques de turno, entre familiares, amigos y correligionarios; si la estanflación revierte porque bajan el petróleo y las materias primas, y aumenta la renta disponible de las familias; y si Trichet se olvida de la inflación, entonces España necesitará rescate y el sistema financiero español seguirá siendo el más sólido de la galaxia. Tanto, que si Trichet enloquece, da prioridad a la lucha contra la inflación y restringe o elimina la barra libre, no importa en absoluto, pues como, muy bien advertía el jueves nuestra avispada vicepresidenta, en ese caso “los bancos recurrirán a otras vías de financiación con las que cuentan”, y a otra cosa.

(1) Según los datos de Hacienda, el gasto de las AAPP en 2009 fue en millones de euros: Estado, 104.901; CCAA, 174.749; Corporaciones Locales, 73.400. Pero de los 104.901 millones del Estado, casi la mitad son gastos generales, como intereses de la deuda, clases pasivas o aportación a la UE, por lo que al final lo que queda para financiar España son menos de 60.000 millones euros, equivalentes a la suma del gasto de las CCAA de Andalucía y de Madrid. Zapatero ha destruido literalmente España, dejándola sin recursos para la realización de sus funciones esenciales como nación.

(2) La información de que la Vicepresidenta Económica había declarado a la CNBC que “el sector financiero ya no requeriría de más ayudas públicas” no se corresponde con la realidad de las palabras de la Sra. Salgado. En un primer momento esta declaración apareció en la información escrita de la web de la CNBC, pero posteriormente fue corregida por la propia cadena.

El listo, el cejas y el tonto
César VIDAL La Razón 17 Enero 2011

Seguramente muchos recordarán aquel chiste referente a un sargento que explicaba a unos reclutas la manera en que tenían que poner en funcionamiento un paracaídas. «Fijaos bien», dice el sargento, «se le da a este botón y el paracaídas se abre. Si no se abre se tira de esta anilla. A ver tú, ¿cómo se hace?». «Se aprieta ese botón», responde el recluta señalado, «y se abre el paracaídas. Si no funciona, se tira de la anilla, mi sargento». «Muy bien. Tú, ¿cómo se hace?», indaga el suboficial mirando a otro soldado. «Se le da al botón y el paracaídas se abre», contesta el recluta, «si el aparato no funciona, se tira de esa anilla». «Muy bien. Tú, ¿cómo se hace?». Así, tras preguntar a tres o cuatro reclutas, el sargento embarca a sus soldados en un avión para que pongan en práctica lo que les ha enseñado. Apenas ha saltado un par de reclutas al vacío, cuando, inesperadamente, uno de los soldados grita: «Mi sargento, mi sargento, fíjese qué rápido baja el tonto».

He recordado este chiste de la infancia al escuchar las declaraciones del ministro de Educación, señor Gabilondo, acerca de la obligación del Gobierno catalán de obedecer la sentencia del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de cursar estudios en castellano en Cataluña. Apenas unas horas antes de Navidad, la periodista Keti Garat preguntó en una rueda de prensa al ministro Rubalcaba sobre la sentencia –un severo varapalo contra el nacionalismo catalán– y las intenciones del Gobierno. El ministro del Interior podrá tener muchos defectos, pero no es un estúpido y se excusó diciendo que antes tendría que leer la sentencia. Un par de días después la misma Keti Garat formuló la misma pregunta a ZP, pero el presidente del Gobierno, encantado de haberse conocido, señaló que era el ministro Rubalcaba el que se había comprometido a responder y que no iba a ser él quien le hiciera un feo.

Cuando por segunda vez, Rubalcaba fue interrogado al respecto por la señorita Garat, la emplazó para un futuro indefinido, eso sí, con una sonrisa amable y casi divertida. Durante semanas, gracias a la astucia de Rubalcaba, el Gobierno había logrado, pues, no desairar a sus compañeros del PSC que tan mal parados quedaban con la sentencia y evitar problemas con el nuevo Gobierno catalán. Incluso hasta podían fingir que pensaban cumplir la resolución judicial. Pues bien, esta semana, preguntado sobre el tema, el «hermanistro» Gabilondo se ha descolgado diciendo que el Gobierno catalán hará lo que le parezca porque es quien tiene competencias sobre el tema.

De golpe y porrazo, los esfuerzos de ocultación de Rubalcaba y ZP se han ido al garete y Gabilondo ha dejado de manifiesto sin lugar a duda alguna que el Gobierno, siempre en comandita con el nacionalismo catalán, tiene la intención de pasarse la sentencia judicial por el forro de sus intereses. Si el episodio, en lugar de la enésima muestra de la indecencia del Gobierno de ZP, hubiera sido un western de Sergio Leone se hubiera titulado «El listo, el cejas y el tonto». El listo había logrado esconder las intenciones despóticas del Gobierno, el cejas se había aprovechado de su astucia y el tonto había descubierto el pastel. Si ya lo decía el chiste: «Mi sargento, mi sargento, fíjese qué rápido baja Gabilondo».

Federalismo
Cafeína para todos
José García Domínguez Libertad Digital 17 Enero 2011

Nada hay que ponga más de los nervios a un catalanista que la cafeína. Al punto de que la menor alusión al café para todos los priva del sueño durante meses, llevándolos a un angustioso estado de convulsión catatónica. Así, Duran Lleida, varón por lo común tan manso, que acaba de sufrir una severa crisis de ansiedad tras oír algunas campanas armonizadoras en La Moncloa. Extraña dolencia, si bien se mira. Y es que, en el fondo y en la forma, tanta desazón procede de que otros compartan con él parejo grado de autonomía. En su caso, al igual que sucede con la más baja de las pulsiones humanas, la envidia, el sufrimiento no nace de los males propios sino del desconsuelo por la dicha ajena.

Lo acaba de confesar sin el menor rubor. "El debate que la sociedad española y los partidos políticos de ámbito estatal deberían atreverse a afrontar es si tiene sentido tener diecisiete autonomías", viene de pontificar. "El infierno son los otros", que hubiera dicho el camarada Sartre. Pues que Cataluña requiera de los servicios de la Generalidad, una llamada Área Metropolitana de Barcelona, cuatro diputaciones provinciales, siete veguerías y cuarenta y un consejos comarcales de cometido no menos ignoto, amén de 946 ayuntamientos, al parecer, queda fuera de toda duda razonable. El genuino despropósito, según Duran, es que los de Albacete, Logroño o Zamora no resulten ser menos que los de Lérida y los de Vic.

Recurrente cantinela que vuelve a confirmar lo falaz de ese sambenito federalista que de vez en cuando se le atribuye al movimiento catalanista. Como si existiese algo más ajeno al particularismo tribal que el espíritu igualitario del federalismo. Bien al contrario, su ecuménico afán nivelador supone la antítesis del sentimentalismo romántico que informa la doctrina nacionalista. A ese respecto, y más allá de fraude semántico tan grosero, lo que habita en la cabeza de Duran es un fantasmal Estado bicéfalo donde el autogobierno de Cataluña se fundamentaría en la soberanía compartida con cierta entelequia llamada Madrit. Que de ahí, por lo demás, el empecinamiento siempre obsesivo con tal de que las atribuciones de la Generalidad hayan de ser distintas y distantes a las del resto de las comunidades. Ya se sabe, la cafeína.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Izquierda
Universidad y talibanes laicistas
Pío Moa Libertad Digital 17 Enero 2011

A base de agitación y amenazas, los talibanes laicistas han impuesto el cierre de la capilla de la Universidad de Barcelona, ejemplo que quieren extender. Hace años, el desvergonzado silenciador de las víctimas del terrorismo, Peces Barba, impuso la misma medida en la universidad Carlos III, donde, en cambio, protegía a grupos extremistas de izquierda y trataba de impedir la expresión contraria. Así entienden la democracia estas gentes. Uno de las cosas más chocantes –aunque no lo mucho, cuando se conoce al personal– es su empeño en encubrir su barbarie con consignas de universidad "laica y de calidad". ¿Qué calidad puede tener una universidad talibanizada como la que pretende esa chusma?

Ocurre, además, que la universidad, institución clave en la cultura occidental, fue creada en gran medida por la Iglesia, en desarrollo de las enseñanzas dadas, en la Edad de Supervivencia europea o Alta Edad Media, en torno a los templos y, luego, a las catedrales. Cristianismo y universidad han estado estrechamente vinculados durante siglos, para que ahora unos fanáticos agresivos pretendan cortar esos lazos y raíces para imponer ideologías totalitarias bajo membrete laicista.

La agitación resulta más intolerable en un país como España, donde el Frente Popular, del cual se sienten herederos esos talibanes, perpetró un auténtico genocidio –muy real, al contrario del inexistente genocidio franquista con que suelen calumniar–, tratando de erradicar sangrientamente el cristianismo. Unos 7.000 clérigos más un número indeterminado de cristianos practicantes fueron asesinados, a menudo con crueldad inconcebible; miles de edificios religiosos destruidos e incontables obras de arte robadas; valiosísimas bibliotecas, antiguas y modernas, pasto de las llamas o destrozadas de otras formas; hasta las cruces y lápidas de los cementerios sufrieron el vandalismo. Esto es lo que hay que recordar constantemente, en desafío a la ley totalitaria de falsificación histórica impuesta por un gobierno colaborador de la ETA. Algunos dicen que los hechos deben olvidarse en pro de la reconciliación (no aceptada por izquierdas y separatistas). Tal actitud es una de "esas ingenuidades peores que delitos": deben recordarse, para que no vuelvan a ocurrir. Porque el Gobierno y su ley están envenenando de nuevo a la gente con los odios que acabaron con la república y trajeron la guerra civil.

Y es preciso desenmascarar las pretensiones de "cultura" con que nuestros matones talibanes tratan de encubrir sus desmanes. Ningún universitario está obligado a ser creyente, pero los derechos de los creyentes y la tradición universitaria –de origen cristiano, guste o no a estos ignorantes– deben ser respetados. Si queremos convivir en libertad.

La izquierda del puño en rostro
Editorial www.gaceta.es 17 Enero 2011

Quien en los últimos seis años ha activado el discurso del odio no ha sido el PP precisamente.

Puño de hierro, guante de seda. Así, literalmente (el puño de hierro americano contra el rostro del consejero de Cultura de Murcia) ha envenenado la izquierda la convivencia, aprovechando un momento difícil para España, atenazada por una triple crisis: económica, institucional y moral. La maniobra es refinadamente maquiavélica. Consiste en tirar la piedra de la crispación, esconder la mano y endosar la responsabilidad a la víctima. La película de los hechos habla por sí sola. Primera escena: radicales de izquierda, con la pasividad de Interior y la complicidad y la presencia de la candidata del PSOE a Murcia (Begoña García Retegui), lanzan una campaña contra el Gobierno popular de esa comunidad que se salda con agresiones físicas a un senador del PP y a otro miembro del partido. En la segunda escena sube el clímax: tres individuos agreden brutalmente en la puerta de su casa a Pedro Alberto Cruz, consejero de Cultura murciano, al grito de “sobrinísimo, hijo de puta”, y le dejan a punto de perder un ojo. Detrás, una atmósfera muy concreta de animadversión contra Cruz alimentada y jaleada por el PSOE. Hay una tercera escena, que delata la estrategia de los crispadores: el PSOE recrimina al PP que utilice la agresión como “un arma de lucha política, porque con ello sólo estaríamos dando munición a los intolerantes”.

¿De qué están hablando? ¿Munición, intolerantes, arma política? Hasta el momento los únicos intolerantes han sido los radicales de Murcia, y la única munición, los puños de hierro americano de los que han partido la cara del consejero, y también los puños desnudos de quienes hace unas semanas agredieron a los otros dos políticos populares. O las manos de quienes prendieron la mecha digital del incendio contra el consejero. Y lo más parecido a “arma de lucha política” es la presencia de la candidata socialista entre los asilvestrados manifestantes. ¿Qué pintaba quien aspira al voto de los murcianos en medio de una jauría disfrazada de manifestación con pancartas con la palabra “fascista” ante la vivienda del presidente autonómico y que no dudaron en poner las manos sobre dos rivales políticos? Pero ahora resulta que quien enciende la mecha es el PP y por elevación la derecha, una artera acusación que las terminales mediáticas del Gobierno hacen extensible a medios de comunicación críticos como Intereconomía.

Tratan de volver la oración por pasiva: “El discurso del odio envenena la democracia” titula uno de esos medios, metiendo en el mismo saco magnitudes tan heterogéneas como el Tea Party, el crimen de Arizona o las críticas de Aznar al despilfarro del Estado de las autonomías. ¿Qué tendrá que ver? ¿No puede el ex presidente observar lo que, por otra parte, es una obviedad (la desnudez del Rey, esto es, el carácter insostenible del gasto autonómico), sin que tal reproche lleve aparejada automáticamente la etiqueta de antidemocrático? Cualquier rábano tomado por las hojas es bueno para echar leña al trasnochado fuego del cainismo, identificando derecha con caverna y atribuyéndole el mal químicamente puro sin mezcla de bien alguno. Una actitud que, no se olvide, puede obedecer al indisimulable nerviosismo del PSOE y sus satélites ante la pérdida de poder que van a suponer las elecciones de mayo (de ahí su interés por presentar al PP como un ogro para el Estado autonómico); y también a la frustración de la izquierda mediática ante la pérdida de influencia en otro test no menos inapelable que el de las urnas: el de los lectores y espectadores.

Pero el que durante los últimos seis años ha activado el discurso del odio y el espectro del radicalismo, enterrado bajo siete llaves desde la Transición, no ha sido el PP precisamente. ¿Quién sacó a pasear el lúgubre fantasma de la Memoria Histórica? ¿Quién revolvió tumbas septuagenarias, aireando demonios cainitas, que no importaban a nadie salvo al nieto de cierto capitán chaquetero? ¿Quién dividió a los ciudadanos, desencadenando un laicismo trasnochado y agresivo, con leyes que ignoraban el carácter mayoritario de la religión católica en España? ¿Qué partido fue cómplice del repunte radical en Cataluña, al compartir tripartito con ERC, pisoteando derechos y libertades fundamentales, y propiciando un clima incendiario (quema de banderas o efigies reales incluida)? ¿Quién negoció con terroristas que no sólo no dejaron las armas, sino que las han seguido utilizando para añadir nuevas muescas a su cartuchera? ¿Sobre quiénes recaen las sospechas de dar el soplo a los asesinos en el bar Faisán y por qué Interior y la Fiscalía tienen tanto interés en que no se investigue? La lista podía ser interminable, pero quedaría bien sintetizada por el lema, no tan secreto, del presidente: “Nos conviene que haya tensión”.

Ahora que le ve las orejas al lobo del batacazo electoral, el PSOE aumenta la dosis y endosa hábilmente la culpa a su rival político. El episodio de Murcia es sintomático. A falta de esclarecer los hechos, que el PP atribuye a un “clima enrarecido fomentado por la izquierda más retrógrada”, cabe apuntar una responsabilidad muy concreta del delegado del Gobierno, que no fue capaz de garantizar la seguridad del consejero ni del presidente Valcárcel ni de la hija de este, atacada en dos ocasiones. Razones por las que debe dimitir.

Una izquierda desnuda de coartada ideológica, tras la caída del Muro, se dedica a jugar frívolamente con fuego, con esa arrogante impunidad que le da el prestigioso carné de progre (y ahí tenemos a Pedro Almodóvar insinuando que el PP estaba detrás de un golpe de Estado). U oficia la ceremonia de la crispación. O propicia climas que empujan a radicales a deslizarse por la espiral sin retorno de la violencia. Un peligroso e irresponsable ejercicio de quienes parecen querer sustituir el puño en alto por el puño en rostro.

Una agresión política
El Editorial La Razón 17 Enero 2011

La primera consideración que ha de hacerse de la criminal agresión contra el consejero de Cultura de Murcia y colaborador de LA RAZÓN, Pedro Alberto Cruz, es que tiene un claro móvil político. No se trata de un episodio de delincuencia común, sino de matonismo político puro y duro que lleva el sello de la izquierda radical. El insulto que precedió al ataque delata la intención de los tres agresores: «Sobrinísimo hijo de puta», en alusión al parentesco de Cruz con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Con este atentado a un consejero se ha dado un salto cualitativo en las protestas callejeras que desde hace varias semanas se vienen realizando en la capital murciana contra los recortes del gasto público del Gobierno regional.

Este clima de tensión, alimentado por unos dirigentes sindicales que parecen descargar contra los gobernantes del PP la frustración que les producen los recortes sociales del Gobierno del PSOE, es el que ha envalentonado a la ultraizquierda «borroka» y chulesca. Es natural que los dirigentes sindicales murcianos se quieran desmarcar del ataque, pero tendrán que preguntarse si el ambiente de crispación y agresividad que han fomentado contra Valcárcel no habrá servido de coartada a los matones. El mismo interrogante vale para los responsables socialistas y, en especial, para quienes tienen la obligación institucional de velar por la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. En este punto, la actuación del delegado del Gobierno, Rafael González, dista mucho de haber sido competente y previsora. Peor aún, hay fundadas sospechas de que desoyó deliberadamente las advertencias y peticiones de más seguridad hechas por las autoridades regionales. Lejos de multiplicar la vigilancia sobre los manifestantes más violentos y de acentuar la protección de los cargos públicos, el delegado González ha desatendido su obligación, a pesar de que ya se habían registrado agresiones a viviendas y amenazas anónimas contra consejeros autonómicos.

No sin razón, Mariano Rajoy denunció ayer la pasividad del Ministerio del Interior. Por el contrario, es un sarcasmo que el PSOE pida ahora al PP que «no politice los hechos», cuando es notorio que el delegado del Gobierno ha ignorado o desoído todas las señales de alarma y todas las peticiones de protección. Por lo demás, resulta preocupante el aumento del matonismo de izquierdas, que está pasando de las amenazas a las agresiones directas, sin que los responsables de la seguridad ciudadana parezcan inquietarse lo más mínimo. Ya no se contentan estos comisarios ideológicos de puño americano fácil con haber impuesto su ley en las universidades, donde tras acogotar a unos rectores pusilánimes deciden quién puede y quién no puede pronunciar una conferencia. Se aproximan fechas electorales a las que no son ajenas las dificultades y angustias derivadas de la crisis económica, y la brutal paliza al consejero Cruz podría no ser la última si el Ministerio del Interior no se toma más en serio su obligación de garantizar la seguridad de los responsables políticos, aunque sean de la oposición.

Despilfarro del Senado en más traductores
Los Puntazos La Razón 17 Enero 2011

El uso de lenguas cooficiales aterriza mañana en el Pleno del Senado. Y lo hace a lo grande. No en vano, el presupuesto para los traductores de euskera, catalán, valenciano y gallego, así como para el sistema de transcripción, es de 350.000 euros en 2011, un 1.700% más que el año pasado. Sólo en los plenos de febrero se gastará más dinero que el presupuestado para este fin en todo 2010. Ante el despilfarro, el ciudadano al que la crisis ha obligado a apretarse el cinturón se siente maltratado por los políticos.

Tenemos una cita
*Regina Otaola www.gaceta.es 17 Enero 2011

El día 5 de febrero a las 5 de la tarde, la asociación Voces contra el Terrorismo ha convocado una nueva concentración en Madrid con el lema “No más mentiras, no más treguas trampa”. Considero indispensable que todos los ciudadanos que exigimos la derrota de ETA sin subterfugios estemos ese día y a esa hora en la plaza de Colón para, una vez más, decirle alto y claro al Gobierno socialista central (y de paso también al Gobierno socialista vasco) que no nos van a hacer comulgar con ruedas de molino. Que ellos tienen su hoja de ruta marcada y pactada con ETA-Batasuna pero que nosotros, miles y miles de españoles, no vamos a quedarnos callados ni vamos a acompañarlos por ese camino de la indignidad, de la claudicación del Estado de derecho ante sus enemigos y de la humillación a las víctimas del terrorismo.

Durante casi 15 años (para otros, más) muchos hemos vivido un infierno en esta tierra: amenazados, escoltados hasta para ir a tomar un café, viendo cómo asesinaban a compañeros nuestros y preguntándonos quién de nosotros sería el siguiente. Insultos, desprecio y el cruel cinismo de los representantes de ETA en las instituciones eran el pan nuestro de cada día. Sin olvidar a nuestras familias, que han sufrido el mismo infierno como parte de la estrategia chantajista que busca el ostracismo de todos los que nos oponemos al nacionalismo obligatorio. Todo por creer que la libertad está por encima de las ideologías y por defender con ella nuestra pertenencia a España siendo vascos como también somos. Todo por creer que un Estado democrático debe, en primer lugar, asegurar que esa libertad pueda ser ejercida sin amenazas, que la ley es la que nos ampara y que la justicia debe poner a los asesinos en el lugar que les corresponde: entre rejas.

Ahora los que se supone que son garantes de ese Estado de derecho nos piden a todos, víctimas y no víctimas, que olvidemos medio siglo de trayectoria criminal para hacer posible la integración en el sistema democrático de los “colectivos que hasta la actualidad han mantenido posiciones totalitarias”, según sorprendente declaración del lehendakari Patxi López. Un lehendakari que produce estupor cuando, además, nos invita a “renunciar a que la mitad de la sociedad vasca venza a la otra mitad haciendo a todos dependientes de un único modelo identitario”. Todavía no se ha dado cuenta de que no ha habido un enfrentamiento violento entre dos bandos de la sociedad vasca, sino ciudadanos inocentes y terroristas culpables. No parece querer reconocer y asumir que en democracia debe primar el Estado de derecho y que, por tanto, los terroristas deben pagar por sus delitos como obliga la ley. Esto no es revancha, sino defensa de la justicia y la libertad. Aquí no ha habido “guerra civil vasca” ni en consecuencia puede erigirse López en “príncipe de la paz”. Debería más bien hacer ver a los etarras que hará recaer todo el peso de la ley sobre ellos. No nos vuelva a helar la sangre.

El 5 a las 5, con las víctimas. No nos dejemos engañar.
*Regina Otaola es alcaldesa de Lizarza.

Confusos y desconfiados
El desprestigio de la política dibuja a una sociedad olvidada de que cada pueblo tiene el gobierno que merece
IGNACIO CAMACHO ABC 17 Enero 2011

LA democracia es un régimen de opinión pública basado en el principio de que el pueblo siempre tiene razón… incluso cuando no la tiene. El problema es que en la posmodernidad este principio ha derivado en una supremacía del marketing porque los partidos y demás agentes políticos declinan cualquier compromiso de persuasión para elaborar su oferta como un menú a medida del electorado. La hegemonía del zapaterismo, por ejemplo, se ha basado en un depurado conocimiento del mercado sociológico que hacía abstracción simultánea de las dos éticas weberianas —la de la convicción y la de la responsabilidad— para formular una política de gestos de impacto priorizados según demanda. Cuando esa fórmula ha chocado con las exigencias de la realidad derivadas de la crisis se ha vuelto inviable porque la sociedad no estaba advertida de la verdadera dimensión de las dificultades; el Gobierno se había limitado a anestesiarla con promesas optimistas y recetas indoloras.

El sociólogo Víctor Pérez Díaz, un intelectual riguroso, brillante y honesto, ha dirigido un serio estudio de diagnóstico sobre el perfil de esa sociedad española sacudida por la recesión hasta dejarla en un estado de ánimo que define en tres palabras cargadas de pesimismo: alerta, confusa y desconfiada. El documento retrata un país desconcertado y receloso, apalancado en inercias pasivas, refractario a debates conflictivos y con escaso nivel de entendimiento sobre los mecanismos reales de la economía abierta. Una mentalidad colectiva de fuerte anclaje paternoestatalista, reacia a la competencia y acostumbrada a que le resuelvan los problemas sin implicarse demasiado en las soluciones. Un pueblo refugiado en las redes de apoyo familiar que se queja amargamente de una dirigencia pública enfrascada en sus conflictos de poder. Es decir, la clase de sociedad un poco victimista en la que resulta muy difícil encajar la idea de autorregeneración por el esfuerzo; resulta muy significativo que el desplome de popularidad de Zapatero se haya producido precisamente cuando se ha visto obligado a desdecirse de sus mensajes blandos y emprender reformas antipáticas que implican un margen de sacrificio.

El acentuado desprestigio, rayano en la animadversión, de una clase política surgida a imagen de los propios ciudadanos dibuja la realidad sociológica de una nación renuente a aceptar que en democracia todo el mundo tiene el gobierno que se merece.
Ése es el retrato de esta España… y de la que va a heredar el próximo Gobierno, al que le queda una importante tarea de pedagogía social para explicar la necesidad de los inevitables esfuerzos pendientes. Para que el relevo de poder sirva de algo, a esa gente confusa y desconfiada hay que decirle desde ahora mismo dónde está, lo que le espera y para qué. Ha llegado la hora de la ética de la convicción por encima de los oportunismos electorales.

Reforma
Reducción de las autonomías: Castilla a secas
Alejandro Campoy Libertad Digital 17 Enero 2011

En pleno auge del debate sobre la simplificación de la estructura territorial del Estado español, lo primero que viene a la mente en un análisis basado en razones políticas, históricas y jurídicas es la posibilidad de unir tres comunidades actuales en una sola: Castilla.

Castilla vendría a ser una nueva comunidad autónoma formada a partir de la unión de Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha. Esta nueva comunidad autónoma se llamaría simplemente Castilla, y se concebiría no sólo como el primer paso para simplificar la estructura territorial del Estado español, sino también como un instrumento para intentar recuperar el histórico centro de gravedad de España como nación, como la recuperación y reactivación del núcleo aglutinador de la realidad nacional que es España.

A este primer paso podrían seguir otros procesos secundarios de integración de autonomías, como podrían ser la incorporación a la comunidad castellana de Cantabria y La Rioja. No obstante, este proceso de simplificación territorial contiene una grave amenaza en sí mismo, pues legitimaría otros procesos que ya no son de construcción nacional entendiendo España como única nación, sino otras "construcciones" como la vasca y la catalana, que automáticamente pasarían a clamar por la unión de País Vasco y Navarra y Cataluña, Valencia y Baleares. Se trata de cerrar la puerta a esta posibilidad, para lo cual habría de articularse un proceso que implicase de forma decidida al Gobierno central y a los dos grandes partidos nacionales.

La unión de las tres comunidades autónomas castellanas tiene un encaje constitucional perfecto. La actual división administrativa española no aparece dada en la Constitución de 1978 como algo cerrado e intocable. Por el contrario, el desarrollo del proceso autonómico previsto en la Carta Magna aparece como algo dinámico, abierto a un desarrollo posterior cambiante y progresivo.

Resulta obligado, en primer lugar, hacer mención de la reserva establecida en el artículo 145. 1 de la norma constitucional: "En ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas"

Esta reserva es muy oportuna desde el momento en que ayuda mucho a definir la naturaleza de Castilla como nueva comunidad autónoma. No es de ninguna manera una federación de las tres comunidades autónomas castellanas, sino su fusión e integración en una sola, de forma que las comunidades preexistentes dejan de existir como tales. Desaparecen sus órganos de representación política propios, desaparecen sus gobiernos, y desaparecen todas las instituciones de ámbito regional que se hayan desarrollado hasta el momento. En su lugar, aparecen como órganos de nueva creación un solo parlamento autonómico castellano, un solo gobierno, un solo tribunal supremo de justicia y, en definitiva, unas instituciones nuevas y únicas para toda la comunidad.

Esto introduciría en el marco de la España actual una dinámica hasta ahora ignorada y que sin embargo es reclamada cada vez con más insistencia desde muy diversas instancias de la sociedad: la aparición concreta y materializada de una re-centralización de ciertas competencias que jamás debieron haber sido transferidas a las autonomías. En la nueva comunidad autónoma surgiría un único sistema educativo, una única sanidad y, en definitiva, unas únicas instituciones que vendrían a sustituir a sus antecesoras descentralizadas y fragmentadas, con los gravísimos inconvenientes que todo ello ha supuesto en nuestra historia reciente.

La concreción práctica en un proyecto tangible y material de esta tendencia a la re-centralización sería así la ocasión perfecta para poder poner en marcha lo que hasta ahora no es más que un desarrollo teórico y que se manifiesta de un modo defensivo, como una tendencia a recuperar en el marco del Estado lo que ya se ha perdido irremisiblemente.

Es el artículo 143 de la Constitución el que define de un modo claro la naturaleza del proceso autonómico y sus vías de concreción: "1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes... podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos".

Resulta innecesario relatar aquí el común acervo histórico y cultural compartido por todas las provincias castellanas, que podría ser extensivo a otras pequeñas autonomías, principalmente Cantabria y La Rioja, pero que por el momento quedan fuera de este proyecto inicial: "2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las diputaciones interesadas... y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las corporaciones locales interesadas".

Es en este punto exacto donde aparecen las más serias dificultades para la concreción de este proyecto, algunas de ellas insuperables en el momento actual, lo que necesariamente obliga a un planteamiento de las estrategias a seguir que trate de solventarlas.

En primer lugar, hay que destacar que este artículo se redactó pensando en un desarrollo autonómico inmediato, a realizarse sin solución de continuidad después de aprobada la Constitución. Este desarrollo fue impulsado, por lo tanto, desde los órganos provinciales y municipales, todos ellos controlados por las élites procedentes de los partidos políticos. Cabría preguntarse hoy si los gobiernos autonómicos existentes en la actualidad estarían legitimados para suplir la iniciativa provincial y municipal de la primera hora. La redacción del artículo 144, letra c) de la Constitución hace sospechar por analogía que sí lo estarían.

Pero en segundo lugar hay que hacer mención de los riesgos para la integridad de la nación española en el caso de quedar todo el proceso en manos de los gobiernos autonómicos, riesgo que puede evitarse potenciando el papel que corresponde según la Constitución al Gobierno central y a las Cortes Generales, así como al necesario refrendo de los habitantes de los territorios implicados. Así, el artículo 144 de la Constitución dice que:

Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

C. Sustituir la iniciativa de las corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143

De aquí se sigue que si, por analogía, la iniciativa de unión autonómica ya no correspondería a las corporaciones locales, sino a los gobiernos autonómicos, ésta podría ser reemplazada por las Cortes Generales por motivos de interés nacional, lo cual cerraría la puerta a otros procesos de integración que tendieran precisamente a disolver la unidad de España. El artículo 145 aún refuerza más esta opción: "2. (...) los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales".

No parece problemático, por lo tanto, la creación de una nueva comunidad autónoma, Castilla, resultante de la unión de las actuales Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha, que sería la más importante de España en número de población, en Producto Interior Bruto y en casi todas las variables macroeconómicas relevantes, y que vendría a constituirse en un centro de gravedad inigualable para poner en marcha un proceso nuevo de cohesión y vertebración interna en España que diera la vuelta al incesante proceso de desintegración y fragmentación vivido desde la puesta en marcha del Estado de las Autonomías.

Mensajes creíbles y manipulación
Las expectativas electorales del PP no responden sólo al hartazgo hacia Zapatero, sino a su mensaje creíble contra los abusos en muchas autonomías
Editorial ABC 17 Enero 2011

TODOS los indicios confirman las expectativas muy favorables para el PP de cara a las elecciones autonómicas y locales. En los comicios de mayo, el centro-derecha podría arrebatar al PSOE todas las regiones en las que ahora gobiernan los socialistas. No se trata sólo del hartazgo generalizado ante la incapacidad de Rodríguez Zapatero para afrontar la crisis económica. En efecto, hay otros factores que demuestran de forma concluyente que muchos ciudadanos buscan nuevos horizontes frente a una política sectaria y oportunista, cuyo único objetivo es la descalificación del adversario. Así lo demuestra una vez más la reacción desmesurada de determinados dirigentes —incluso algunos habitualmente moderados— ante la razonable propuesta del PP sobre el futuro del sistema autonómico. Como es evidente, nadie ha puesto en cuestión los fundamentos constitucionales del modelo de organización territorial ni pretende de ninguna manera volver al centralismo ya superado. Muy al contrario, se trata de cumplir con rigor lo establecido por el título VIII de la Norma Fundamental y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, evitando abusos, despilfarros y distorsiones.

En tiempos de crisis económica se hacen patentes las malas prácticas y los excesos que, con frecuencia, no tienen amparo normativo sino que obedecen a los intereses clientelares de unos y la irresponsabilidad de otros. Cuando se analiza la notoria ventaja del PP en las encuestas, conviene tener presente que estos planteamientos racionalizadores están calando en una sociedad que no está dispuesta a seguir tolerando arbitrariedades. La forma de organización territorial establecida por la Constitución exige que Estado y comunidades autónomas desempeñen su papel con eficacia, coordinación y distribución racional de los recursos públicos. No es admisible el Estado «residual» ni son aceptables a estas alturas los egoísmos competenciales que generan desigualdades, corruptelas, desprecio por la austeridad, desmesura en el gasto público y una exacerbación nacionalista e identitaria que a menudo se apacigua con más dinero. Cuando el PP expone con rigor la magnitud real delproblema que representan los abusos del Estado autonómico —no el Estado autonómico en sí—, la respuesta del Ejecutivo consiste en manipular las palabras y las intenciones del adversario. Con esa actitud la magnitud de la debacle electoral que se avecina puede ser todavía mayor.

Perded toda esperanza
Para desolación de los airados desacatadores de todos los partidos, dentro de cien años el castellano seguirá siendo la lengua mayoritaria del pueblo catalán

Si dependiese de la lucidez estratégica de las elites españolas, a estas horas Cataluña constituiría otro protectorado francés más, al modo de Gabón, Camerún o el llamado Principado de Mónaco. Pero, por ventura, el asunto no solo está en sus manos. Y es que los refractarios a la francofonía contamos con un aliado doméstico de valor en verdad inestimable, superlativo: la miopía crónica de los catalanistas. Al punto de que sin ella estaríamos perdidos. Así las cosas, consumada de facto la secesión sentimental, España apenas representa un incómodo corsé de iure, predican los herederos del pujolismo, del que cabrá desprenderse en cuanto la circunstancia lo propicie. Un afán para el que lo que un marxista llamaría la confluencia de las condiciones objetivas y subjetivas rema a su favor. Aunque solo fuese porque, a estas alturas del fin de la Historia, ya no queda nadie dispuesto a liarse a tiros contra el tribalismo de Herder, ni a levantar trinchera alguna en defensa del universalismo ilustrado de Voltaire. Razón primera y última de que la independencia no suponga hoy el insensato delirio propio de cuatro tronados que fuera en tiempos.

Y de ahí, sin embargo, la gran, suprema paradoja. A saber, ante escenario tan inopinadamente óptimo (a sus ojos), los únicos decididos a hacer algo eficaz con tal de impedir la definitiva fractura de la soberanía nacional resultan ser los mismos catalanistas. Y lo mejor es que obran en consecuencia. Repárese si no en esa pertinaz obstinación suya, la de mantener como sea el principal cortafuegos que frena la efectiva adhesión del censo de raíz foránea a la grey cismática. Huelga decir que me refiero a la dichosa inmersión lingüística preceptiva, el mayor fracaso corporativo de nuestros nanonacionalistas vernáculos. A fin de cuentas, tan verdad es que toda la población castellanoparlante por debajo de la cuarentena conoce ahora el catalán, como cierta su imperturbable fidelidad a los sonidos maternos en la vida civil. Para desolación de nacional-sociolingüistas y demás místicos del verbo patrio, he ahí, clamorosa, la definitiva impotencia de la escuela en la cruzada por mutar el idioma de sus clientes.

Con inmersión o sin inmersión. Acatando las sentencias del Tribunal Supremo o pisoteando los fundamentos del Estado de derecho. Tan simple como eso. Fracasó estrepitosamente en su empeño primero por imponer la sustitución lingüística, expulsando al catalán de sus aulas. E igual volvió a fracasar estrepitosamente, al excluir luego a la genuina lengua popular de la Cataluña contemporánea. Al respecto, seguir fantaseando con que algún día se desvanecerá su uso en la plaza, es habitar fuera del mundo. Un puro desvarío voluntarista. Su presencia no supone una incursión transitoria, como las de tantos virus oportunistas llamados a la extinción tras ser combatidos con la terapia de choque adecuada. El castellano, muy al contrario, está aquí para siempre. Como en el Infierno de Dante, pues, perded toda esperanza.

Una brutal agresión que debería haberse evitado
EDITORIAL Libertad Digital 17 Enero 2011

Cuando hace apenas una semana un loco de Arizona disparó contra una multitud de ciudadanos entre los que se encontraba la senadora demócrata Gabrielle Giffords, ya señalamos que, en contra del execrable uso del atentado que estaba realizando la izquierda dentro y fuera de Estados Unidos, no había ninguna evidencia en aquel momento que relacionase al Tea Party con Jared Loughner. Por supuesto, no negábamos la posibilidad de que la agitación política mezclada con elementos violentos degenerara en agresiones de tipo político, pero lo cierto es que el Tea Party siempre ha repudiado toda actuación violenta por cuanto en su núcleo ideológico se encuentra el respeto a la libertad, a la propiedad privada y a la vida.

Sin embargo, siguiendo la misma lógica que empleó entonces la izquierda, parecería consecuente relacionar la agresión al consejero de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, con la "campaña de odio" que desde todos los medios de comunicación afines al socialismo se dirige de manera persistente contra la derecha y el PP.

Por supuesto, nosotros no caeremos en la misma tentación populista, por cuanto supondría la instrumentalización política de una tragedia, algo que resultaría insultante para la víctima y que va en contra de nuestra vocación de búsqueda de la verdad. Otra cuestión es acotar las responsabilidades y pensar que, tal como cree la policía, la campaña que desde hace un mes ha orquestado la extrema izquierda contra el PP murciano con la excusa de un decreto aprobado el 22 de diciembre que rebajaba los salarios a los funcionarios de acuerdo con lo decretado por Zapatero, sí haya podido servir de inspiradora o ejecutora de la agresión. Sin ir más lejos, el mismo día 23 de diciembre un senador y alto cargo del PP ya resultaron heridos.

Al Gobierno, pues, no se le puede reclamar responsabilidad penal por la comisión del delito, pero sí cabe denunciar la responsabilidad política derivada de su negligente actuación a la hora de prevenirlo. Pese a no ser, como decíamos, el primer ataque contra miembros del PP murciano, el delegado del Gobierno en la región no reaccionó para proporcionar los medios necesarios con los que proteger a los militantes y cargos públicos amenazados, entre los que se encontraba Pedro Alberto Cruz, destinatario con especial inquina del acoso de la extrema izquierda. Rubalcaba llega un mes tarde a la hora de prometer una ayuda que habrá que aún está por ver si llega.

Es urgente detener a los agresores pero también lo es depurar a todos aquellos que con su pasivo comportamiento han facilitado que tuviera lugar este ataque contra un cargo público, contra todos los ciudadanos a los que representaba y, en el fondo, contra la democracia misma. En estos momentos de dificultades, máxime si el PP llega al Gobierno de España e implementa las reformas que el país requiere, lo último que necesitaríamos es que la extrema izquierda usara la crisis para construir, como en Murcia, una campaña de mentiras que cristalizara en forma de violencia política y social.

Nueva fase en el terrorismo galleguista
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 17 Enero 2011

El único terrorismo activo en España es el galleguista. Por lo que hace a ETA, el «comunicado» recientemente emitido más bien confirma que esa organización no es operativa: en 2010 no me constan atentados de ese grupo. Por otro lado, algunos se empeñan en hablar también de la supuesta «amenaza yihadista» y del sospechoso grupo AQMI, pero no consta ningún atentado «yihadista» en España, no ya en 2010, sino desde hace muchos años. El único atentado que algunos se empeñan en atribuir al «yihadismo» es el del 11-M, hace ya casi siete años y sobre el que existen muchas más sombras que certidumbres. El hecho objetivo, por tanto, es que el terrorismo galleguista, que existe desde 1975, es el único terrorismo que hay ahora en España. Y el problema es que su actividad es creciente. La ofensiva producida esta Navidad abre una nueva fase que no hay visos de que sea pasajera.

Aunque los elementos operativos terroristas suelen ser fanáticos y no excesivamente inteligentes, la inteligencia de sus ideólogos y estrategas, no debe ser minusvalorada. En otras fases de su actividad, el objetivo fue el PP. Así ocurrió en el año 2003, cuando el objetivo era mayormente el PP. Posteriormente, cuando el PP perdió el poder regional y nacional su objetivo fueron mayormente empresas de diversos sectores. Y ahora, el objetivo primordial lo constituye el PSOE. ¿Por qué?

La ofensiva terrorista contra el PSOE se produce, no creo que casualmente, después de su derrota en Cataluña. Esa derrota ha dejado claro, que la estrategia del PSOE de «alianza con los nacionalistas» tiene un claro perdedor: el PSOE. Esa estrategia ha llevado al PSOE a perder el gobierno regional en Galicia y amenaza con hacerle perder también su poder municipal. No es extraño que, después de su hundimiento en Cataluña causado por su alianza con la izquierda nacionalista, haya voces en el PSOE de Galicia que ven necesario replantearse la creación automática de «bipartitos» en los municipios gallegos. Esto significaría que el BNG corre un riesgo, muy serio, de perder poder.

Los terroristas galleguistas no militan en el BNG. Pero sin duda ninguna prefieren que gobierne este partido a que no lo haga. Creo que los atentados producidos constituyen un «mensaje» al PSOE. Se trata de atemorizar a aquellos sectores del PSOE (como en el ayuntamiento de Teo, donde, por cierto, estalló una bomba en la sede del PSOE) más hostiles a renovar el bipartito. El terrorismo ha crecido gracias a múltiples complicidades, que incluyen a jueces y fiscales que, en su día no quisieron calificarlo como lo que es: terrorismo. Pero ya no se pueden seguir cerrando los ojos a la realidad.

NOTA:
Este artículo con ligeros cambios en el primer párrafo ha sido publicado en el diario ABC, edición de Galicia, el 7 de enero de 2011.

Juan Velarde: ´España está intervenida de forma oculta para evitar un cataclismo europeo´
M. LOPEZ | ZAMORA La Opinión 17 Enero 2011

España está intervenida de forma oculta para evitar un cataclismo europeo, señala el economista Juan Velarde, consejero del Tribunal de Cuentas y premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Velarde reclama una reforma del sistema de pensiones y más flexibilidad en el mercado laboral, así como un verdadero mercado único en España. Denuncia que España creció en los años de bonanza con un excesivo endeudamiento exterior y que la crisis actual es semejante por la magnitud y el desequilibrio global a la del 29

-¿Es comparable esta crisis con la Gran Depresión del 29?
-Es semejante por la magnitud y el desequilibrio global, pero los planteamientos son diferentes: en el 29 los dirigentes se encogieron de hombros durante muchísimo tiempo, no se supo reaccionar rápido. Esta vez las reacciones fueron instantáneas. Otra cosa es que las cosas se hicieran bien, mal o regular. Por eso, en muchos países se ha notado rápidamente un alivio.

-¿Qué han hecho los alemanes que no hagamos los españoles para salir de la crisis?
-Alemania tiene un mecanismo competitivo perfecto, con una actividad industrial exportadora enorme. Los españoles tenemos unos déficits exteriores de envergadura, porque no ha habido reformas básicas para conseguir que la economía española sea competitiva.

-¿Aún no se han dado pasos para lograr esa competitividad?
-No veo que se esté haciendo. No se están abordando los problemas de un sector energético cada vez más caro. En cada autonomía hay medidas intervencionistas diferentes que al romper la unidad del mercado disminuyen la productividad. No se cambia la financiación del Estado del bienestar, que recae sobre todo en los empresarios.

-¿La reforma laboral y la de las pensiones resuelve el problema?
-No si no se hace en serio y a fondo. ¿Ha cambiado la cotización de un empresario en relación con las pensiones? No, no hasta ahora.

-¿Cuál es el modelo?
-Hay que cambiar el sistema de arriba a abajo. En 1995 un grupo de expertos dirigido por José Barea publicó un libro sobre lo que se nos venía encima y cómo había que cambiarlo. Se miró hacia otro lado. Ese mismo año Pedro Solbes propuso el aumento de las pensiones privadas, con la consiguiente polémica. 'Vaya bomba de relojería tienen ustedes', me dijo el premio Nobel de Economía Franco Modigliani. La bomba ahora ha estallado.

-¿Tiene sentido retrasar la jubilación cuando el 40% de los jóvenes no encuentra trabajo?
-Tenemos un sistema laboral muy rígido. En España, si la tasa de desempleo baja del 12%, aumenta la inflación y no se genera competitividad. Eso es culpa de nuestro sistema laboral. Y si el crecimiento del PIB no supera el 2%, no generamos empleo.

-Pero el paro sube al tiempo que se dispara la inflación.
-Se creyó que al aumentar la inflación bajaba el paro. Pero hay países, entre ellos España, que se comportan de manera distinta, porque depende mucho de las exportaciones. Estamos en la zona euro, no se puede devaluar, aumentan los costes y por ello el desempleo.

-¿Está garantizada la permanencia en el euro?
-No defiendo la peseta. Era un elemento inflacionista y entrar en el euro significó un avance. Pero no se puede estar en un área monetaria óptima si no se controla el déficit exterior, el de cuenta corriente y el público. Así es imposible mantenerse dentro del euro. Y si se sale ahora, el cataclismo para la economía española sería escalofriante: la fuga de capitales nos dejaría tiritando.

-¿El déficit exterior es achacable a los empresarios?
-No. España mantiene su peso en el cómputo global de las exportaciones. Los empresarios que han perdido el mercado interior se las están arreglando fuera y eso es un esfuerzo tremendo. Es una señal de capacidad empresarial importante. Pero la competitividad de la economía es débil, necesitamos importar mucho para crecer, hay mano de obra extranjera que envía sus fondos fuera y hemos pedido créditos al exterior.

-¿Hay riesgo de fractura social en España?
-Lo frena la institución de la familia. Pero si ésta pierde fuerza o es menos capaz de amortiguar la crisis porque todos sus miembros queden en el paro, y si el gasto del sector público no sirve para atenuar la situación, habrá fractura. Hay otros mecanismos de compensación, como la economía sumergida, que alcanza ya el 20% del PIB, lo que es una barbaridad, al igual que la economía criminal está avanzando.

-Se dice que uno de los problemas en España es la falta de cualificación. Ahora nos sobran jóvenes titulados y en paro.
-Y así seguiremos si no se cambia el modelo laboral español, que se parece al juego de las cuatro esquinas. Lo explicaba muy bien Víctor Pérez Díaz: en la primera esquina están los que tienen un empleo fijo y están amparados por los sindicatos. En la segunda están los empleados eventuales, que tratan de llegar a la 1 y que a veces son empujados a la número 3: la economía sumergida. En la cuatro están los pensionistas, que pasan muchas veces a la economía sumergida para completar ingresos. Los de la 1 tratan sólo de llegar a la 4. Y en el medio están los jóvenes que tratan de llegar a cualquier esquina, salvo a la de los jubilados. Pero los sindicatos ponen barreras en la número 1 y frenan que se flexibilice el empleo.

-Se alerta sobre la posible insolvencia de algunas cajas.
-En 1995 Jaime Tejeiro publicó un artículo advirtiendo sobre la situación de las cajas. No se hizo nada hasta que llegó el desastre de gestión en muchas de ellas. Las medidas del 77 que lanzaron a las cajas a la actividad crediticia, como los bancos, fueron un desastre. Las cajas funcionaron cuando se movieron en un mundo de microcréditos, el Estado les obligaba a invertir públicamente parte de sus recursos y su capacidad de acción era muy pequeña. Por eso no les afectó la crisis bancaria del 77 al 94. Hay que convertirlas en entidades privadas del todo, sin presencia de políticos.

-¿Los mismos que causaron la crisis son los que ahora dictan las reglas a los gobiernos?
-No se olvide de que la crisis financiera nace de una decisión política en EEUU, que autoriza las hipotecas subprime para enmendar la tremenda desigualdad existente en el reparto de rentas y reducir tensión social. El resto de sistemas financieros se fió. Y en España se sostuvo el crecimiento con un endeudamiento exterior enorme. Son necesarias políticas financieras ortodoxas. Muchos advirtieron de lo que iba a ocurrir con el endeudamiento español. Pero nadie los escuchó. Ahora se empieza a rectificar, pero estamos a la espera de más sustos en el sistema financiero español, cuando se aplique la normativa de Basilea III.

-¿Ve usted alejarse el fantasma de la intervención en España?
-En España hay una intervención oculta. Por eso el Gobierno parece que hace cosas extrañas. Pero si cae la economía española lo que puede ocurrir a entidades financieras de otros países, léase Alemania, es tremendo. Nosotros no somos Portugal o Grecia, pesamos muchísimo en la economía europea por la cantidad de créditos que se nos han dado. Por eso la presión y, al mismo tiempo, la conmiseración.

Gabilondo impide a los estudiantes catalanes examinarse en castellano
Las pruebas que evalúan el nivel de los alumnos se hacen en español o en el idioma cooficial en otras comunidades. Podría ser insconstitucional, según el Alto Tribunal.
Carlos Plaza. Madrid www.gaceta.es 17 Enero 2011

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha iniciado, a través del Instituto de Evaluación (IE), el concurso de adjudicación de dos contratos cuyo objeto consiste en realizar unas pruebas que evalúen el nivel de los estudiantes españoles en varias materias, como comprensión lectora, matemáticas, ciencias e idiomas.

Los exámenes se realizarán en todas las comunidades autónomas, aunque los alumnos catalanes serán los únicos que no podrán elegir el idioma en el que deseen examinarse: sólo podrán hacerlo en catalán, tal y como se establece en los Pliegos de Condiciones Técnicas de los contratos.

Rosario Sánchez, consejera técnica del Instituto de Evaluación, asegura: “Cataluña quien decide que estos exámenes se hacen en lengua catalana, porque es una competencia de la comunidad autónoma, y el ministerio no puede hacer nada”. Desde Educación insisten: “La normativa dice que se realicen en la lengua de aprendizaje […] Además, en el IE están todas las comunidades representadas en un consejo rector, así que si ellas dan el visto bueno no hay nada más que decir”.

Sin embargo, especialistas en Derecho consultados por la LA GACETA han aclarado: “Seguro que hay amparo legal, pero otra cosa es que se estén vulnerando los derechos constitucionales de los alumnos. Al respecto, son fundamentales las tres sentencias del Tribunal Supremo de diciembre de 2010, que aquí podrían aplicarse por extensión”.

En estos fallos, el Supremo declaró el derecho a utilizar el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de junio del 2010. Además, el artículo 3 de la Constitución proclama que todo español tiene derecho a usar el castellano y que, al ser un patrimonio cultural, debe ser objeto de especial respeto y protección.

Derecho reconocido
La polémica en torno a la lengua en que debe impartirse la enseñanza en Cataluña surgió a raíz de la denuncia de tres familias que exigían a la Generalitat que respetase su derecho a escolarizar a sus hijos en castellano. Pese a que tanto el Supremo como el Constitucional han amparado este derecho y han exigido a la Generalitat que adopte medidas para su respeto, el ministro Gabilondo insiste en marginar el castellano en las escuelas catalanas.

En los pliegos de los contratos se establece: “En la comunidad autónoma de Cataluña, las pruebas y cuestionarios se aplicarán en catalán”. Del mismo texto también se desprende que en el resto de regiones con idioma cooficial es posible elegir realizar la prueba en castellano, valenciano, gallego, euskera o catalán. Por estos exámenes el ministerio abonará un total de 471.000 euros.

Los anuncios de los contratos fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado el 31 de diciembre, y la fecha límite de presentación de ofertas fue el 14 de enero. Según empresas del sector: “Es un plazo extremadamente breve para la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar el Ministerio”. Por su parte, Educación asegura: “Es el tiempo adecuado, el plazo usual. Si no se presentasen ofertas saldría de nuevo la convocatoria”.

Sánchez justifica la adjudicación de los contratos porque “el Estado no puede ejecutarlos por falta de personal. Se examinan unos 4.500 alumnos en toda España, en unos 150 centros, y como se realizan en un momento específico, no necesitaríamos a todo ese personal empleado durante el resto del año”. Estos exámenes tienen una duración muy breve, de dos a tres horas y media.

Agraciada
La mercantil Imop Encuestas resultó adjudicataria de las pruebas de matemáticas de 2002 y las de comprensión lectora de 2006. Tiene como consejera a Isabel Peleteiro Ramos, que trabajó para Educación en 1988 realizando diversos informes.

El coste de los contratos se abonará con fondos europeos gestionados por España en colaboración con las comunidades autónomas. El examen de matemáticas se realiza cada cuatro años y el de comprensión lectora, cada cinco. Ambos son patrocinados por la Asociación Internacional de Evaluación. El de competencia lingüística de la Comisión Europea es la primera vez que se realiza en España.

PABLO MOLINA DESVELA MÁS AGRESIONES EN MURCIA
La reducción de liberados, en el origen de la violencia en Murcia
Pablo Molina, corresponsal de esRadio en Murcia, ha explicado cual puede ser uno de los motivos de la escalada de violencia.
upLIBERTAD DIGITAL - ESRADIO 17 Enero 2011

Pedro Alberto Cruz se recupera lentamente de la brutal agresión sufrida este fin de semana. Pablo Molina, correponsal en Murcia de Libertad Digital, constata que "está bien dentro de la gravedad" aunque todo depende de unas pruebas médicas que le realizarán durante la semana. Según ha contado en Es la mañana de Federico "las secuelas estéticas van a ser espectaculares" debido a la brutalidad de los golpes recibidos por varios desconocidos.

Como ya explicó Molina en su anterior crónica, Pedro Alberto Cruz era diana de la ira sindical por ser, tangencialmente familia del presidente murciano, es hijo de un primo de su esposa. Descargaban su ira dialéctica llamándole 'sobrinísimo'. Pero, como muy bien ha desentrañado Pablo Molina, este no es el único motivo por el que ha abierto la veda a los insultos contra el consejero. Detrás, hay motivos mucho más intrincados.

"La violencia sindical en contra del PP no es por los recortes que afectan a todos los funcionarios, sino por un artículo en concreto que se ha metido en esta ley, a imagen y semejanza del de Esperanza Aguirre, en el que los liberados sindicales se reducen al 50%" desveló Pablo Molina en esRadio. A eso se debieron el grueso de los "tremendos insultos" recibidos por el PP y por el que se han convertido en "blanco de las iras" sindicales.

El saneamiento del gran número de liberados desencadenó primero manifestaciones de protesta ilegales, en las que ya se produjeron actos de violencia contra otros responsables populares. "En la primera de ellas, fue el vicesecreatio del PP al que agredieron, y si no es por un fotógrafo que lo arrastró al interior de un local..." recordaba Molina, como ya contó en Libertad Digital en su momento. Además, resaltó la diferencia de trato que sufren los populares con respecto a sus homólogos socialistas: "La candidata socialista del PSOE en la región de Murcia estaba ahí, recibiendo besos y abrazos" dijo, en referencia a esa misma concentración ilegal.

Además, añadió más datos sobre esta política: "Se trata de Doña Begoña García" y recordó una entrevista muy "cariñosa" que le hicieron en "un diario nacional" en el que "pudimos ver en el tablón de su casa un banderín del frente de liberación José Martí, del Che Guevara, e incluso una bandera separatista catalana", dijo, remitiéndose al reportaje.

Sobre la agresión, Molina resaltó que es "algo extraño" porque la labor política de Cruz "no ha supuesto una revolución que haya llevado al traste con nada" sino que ha llevado a cabo "convocatorias poco polémicas" en el marco de la Cultura. "Eran mejor recibidas en el entorno de la izquierda que en el propio PP" señaló.

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Multiplicando por cero
Martín PRIETO La Razón 17 Enero 2011

«Multiplicando por cero», supone incitarte a la desaparición. Durante la Transición el ministro de UCD, Clavero Arévalo, vendía café para todos o la tabla de quesos. La gran equivocación de entonces fue el Estado autonómico, pero la clase política de cualquier peaje estaba dispuesta a correr lo necesario para huir del centralismo franquista (¿o francés?).

Se admitió que Cataluña, País Vasco y Galicia, habrían de recuperar lo que truncó la Guerra Civil. Pero hubo miedo a que esas autonomías agraviaran al resto de España, y nos multiplicamos por 17, llegando al dislate de dividir las dos Castillas y autonomizar Madrid, a la que hubo que inventar bandera e himno. Ya las preautonomías afloraron ansias espurias de poder, y no tuvimos descentralización sino reinos de Taifas que abren Embajadas y solapan al Gobierno central.
El presidente ha empujado este giro centrípeto con el nuevo Estatut Catalá que no querían ni los catalanes, la geometría variable que alzaprima los nacionalismos, y los deseos de los demás socios de llegar tan lejos como Barcelona.

Ya se nos advirtió de que las autonomías eran muy caras y la crisis nos hace ver que son una catarata de desorganización, despilfarro y corrupción. Probablemente son irreversibles, pero ahí está Alemania recortando tareas a los «landers». Una casaca de retales se acaba deshilachando porque las telas más fuertes tiran de las débiles, y en manos del PSOE y el PP está hacer otra Loapa sin uniforme de fondo, o nos estaremos multiplicando por cero.

ETA
Nuevos guiños de la mentira al crimen
Guillermo Dupuy Libertad Digital- 17 Enero 2011

No contento con considerar "un buen síntoma" que una marca de la "izquierda abertzale" estuviese presente en las elecciones, el secretario general del PSE de Guipuzcoa, Iñaki Arriola, ha pedido a ETA "un comunicado aclaratorio" sobre sus intenciones respecto al supuesto abandono irreversible de la violencia.

Para empezar, formaciones abertzales, tanto a la derecha –PNV– como a la izquierda –EA, Aralar– son y han sido siempre legales. Pero si, con lo de la "izquierda abertzale", Arriola se refiere a los proetarras, hay que decir que el hecho de que estos pudieran estar nuevamente presentes en unas elecciones sólo sería "síntoma" de que el Gobierno de la nación, a través de su siempre servil Fiscalía General del Estado, ha vuelto a hacer la vista gorda ante la enésima burla a la vigente Ley de Partidos. Eso y no otra cosa ha significado la continuada presencia de los proetarras desde la ilegalización de Herri Batasuna, bajo las distintas siglas o marcas que la han sucedido. Con ello, el Gobierno satisfaría, sin duda alguna, una de las múltiples exigencias que hace ETA en su chantajista comunicado de alto el fuego, relativa a la supresión de las llamadas "medidas de represión". Es lo mismo que ha dicho Otegi en Gara al considerar "fundamental nuestra presencia en las elecciones de mayo para abordar" lo que eufemísticamente llama "la irreversibilidad del proceso democrático".

A este respecto, hemos de advertir que si, por una parte, el Gobierno lo tiene más difícil por cuanto ya llueve sobre mojado respecto a su condescendencia con los proetarras, también lo tiene más fácil a la hora de colarlos nuevamente negando su condición de tales, tal y como ya hizo como ANV o PCTV. Y es que ahora no va a ver posibilidades de que informes policiales y de la Guardia Civil, filtrados a la prensa, le contradigan, tal y como ocurrió en el pasado, cuando el Ejecutivo decía que PCTV y ANV estaban "limpios", mientras que dichos informes acreditaban todo lo contrario. Y ello por la sencilla razón de que el Centro Nacional de Inteligencia, según El Mundo, ha monopolizado todos lo seguimientos e investigaciones que se hace del entorno de ETA, en el que antes también operaba la Policía y Guardia Civil.

Pero quizá donde más tramposos se muestren los socialistas a la hora de vendernos el chantajista alto el fuego de los etarras como si de una conversión democrática se tratara es cuando piden a ETA "un comunicado aclaratorio". Pero, ¿es que no está claro? Como no me cansaré de decir, para que todos tengamos claro de que ETA ni repudia ni renuncia irreversiblemente a la violencia no hay más que leer su comunicado de lo que no por nada llama "alto el fuego", y en el que claramente se condiciona a la consecución de los mismos objetivos por los que han matado y convocado treguas en el pasado. He de decir, a este respecto, que las "informaciones" de este domingo de algunos diarios nacionales, respecto a documentación interna de la banda que señala que, al margen de estrategias temporales, los terroristas no tienen intención de renunciar definitivamente a las armas, no contribuyen lamentablemente sino a la confusión, pues eso es exactamente lo que, hasta el día de hoy, ETA ha venido diciendo en todos y cada uno de sus comunicados públicos de tregua o alto el fuego.

Con todo, no hay que descartar, dada la instancia del Gobierno, la posibilidad que ETA/Batasuna dé el paso, en próximos comunicados, no de aclarar nada, sino de contribuir con sus propias palabras a esa gran trampa, a esa gran mentira institucional en la que consiste abordar el fin del terrorismo mediante procesos de diálogo o de paz. En este sentido, no hay que descartar que Batasuna condenase a ETA o que esta hiciera entrega de algunas –o de todas– de las muchas armas que tiene almacenadas. Es evidente que ambas cosas podrían ser tan engañosas como reversibles; pero si nuestras tramposas élites políticas y mediáticas nos han vendido en el pasado "procesos de paz" sin que ETA ni Batasuna hayan hecho nunca ni una cosa ni otra, qué no nos venderían y a qué no accederían de hacerlo por primera vez en su historia.

Sólo llegado ese inédito momento tendríamos derecho a plantearnos si los terroristas nos hacen trampas. Ya les adelanto que no hay riesgo de caer en ellas si, al igual que hacen los franceses, nos mantenemos fieles a un imperio de la ley que no debe supeditarse a la sinceridad o falsedad de las palabras que otorguemos a criminales prófugos de la justicia. Caso distinto sería el de su brazo político, al que se le debería exigir, llegado el caso, una "cuarentena" de varios años.

Pero no adelantemos acontecimientos que, tal vez, ni siquiera se produzcan. Las trampas que nos deben preocupar ahora no son las de los terroristas, sino las de quienes aspiran a volver a ser sus compañeros de viaje. Eso, si lo han dejado de ser en algún momento. Son las de los políticos que nos gobiernan y las de buena parte de los medios de comunicación.

ETA
Las 10 mentiras del Gobierno
GEES Libertad Digital 17 Enero 2011

Como en el año 2005, el Gobierno vuelve a practicar la estrategia de la negociación con ETA en sustitución de la estrategia de derrota de la banda. Las mentiras que sostienen el proceso de negociación con ETA son, al menos –seguro que a ustedes se les ocurren más– las diez siguientes:

1. Batasuna es un instrumento político ideado, organizado y creado por ETA en 1978. No es un grupo de apoyo a ETA, ni un partido radical ilegal que no condene la violencia o a la banda. Los dirigentes de ETA y los de Batasuna han sido tradicionalmente los mismos. Es mentira que se puedan diferenciar si no es artificialmente. Cuando el Gobierno sugiere dejar que la "izquierda abertzale" entre en las instituciones, está sugiriendo que ETA entre aún más en ayuntamientos y diputaciones.

2. Arnaldo Otegi y los supuestos "posibilistas" de la izquierda abertzale no están ni arrepentidos ni rechazan el crimen y el terrorismo. Simplemente creen que si antes matando era posible conseguir la independencia, ahora viene mejor no hacerlo. Es puro oportunismo. Es mentira que rechacen el terrorismo, porque no lo condenan, no lo repudian y no lo combaten. Se les está premiando por cambiar de estrategia sin decir a las claras que lo hacen porque no les queda más remedio.

3. Hay poquísimos presos de ETA arrepentidos, es decir que rechacen sus actos y aborrezcan los crímenes de la banda. De hecho, los verdaderamente arrepentidos lo son discretamente, no salen en El País y colaboran con la policía. Es mentira que sean tantos como dice el Gobierno, que considera arrepentido a todo aquel que está cansado de la cárcel.

4. Los socialistas están ofreciendo privilegios a los presos de ETA si hacen gestos que el Gobierno pueda ofrecer a la opinión pública como muestras de arrepentimiento. Es mentira que los presos se alcen contra la banda. No son éstos los que toman la iniciativa acudiendo al Gobierno, sino éste el que acude a ellos para ofrecer prebendas penitenciarias. Lo cual es totalmente distinto.

5. Estos presos ni están arrepentidos de sus crímenes ni rechazan moralmente a ETA. Sólo están convencidos de que ETA pierde, y ante la derrota de su banda buscan estar bien colocados para no pasarse la vida en la cárcel. Es falso que se arrepientan: sólo quieren salir de la cárcel y vivir la vida, como si ningún crimen hubiesen cometido. ¿Qué delincuente no haría un trato así?

6. Todos en ETA y Batasuna consideran a España su enemiga a batir. La han combatido con Goma-2 y amonal, y la seguirán combatiendo desde dentro de las instituciones. Es mentira que se pueda cambiar sin más terrorismo por juego político. Si ETA puede seguir combatiendo a España por los medios políticos que el PSOE le ofrece, lo hará; si no avanza, volverá al crimen. En cualquier caso la "paz" de los socialistas dependerá de ETA.

7. La firmeza del Estado de Derecho sólo es tal cuando la ley se aplica a todos sin igual, sin excepción. Aplicar la ley en unos casos sí y en otros es negarlo. Es mentira que Rubalcaba esté utilizando toda la fuerza del Estado de Derecho contra ETA. Más bien golpea con fuerza a los etarras reacios a negociar, y favorece a los partidarios de la negociación. El "caso faisán", los permisos a presos o el "caso Ternera" son insultos al Estado de Derecho y demuestran que la firmeza es falsa: es selectiva.

8. Buena parte del PSE es partidario de romper la Constitución y superar el Estatuto de Guernica. También están dispuestos a negociar con ETA la anexión de Navarra. Por su parte los socialistas navarros están dispuestos a pactar con los anexionistas vascos. Es mentira que Batasuna esté cambiando acercándose a las instituciones democráticas; es el PSOE el que se ha acercado a las posiciones de Batasuna.

9. El problema de Batasuna en las instituciones no es sólo dar oxígeno económico y humano a ETA. La experiencia histórica muestra que los batasunos las revientan desde dentro: amenazan, atacan, rompen el funcionamiento democrático. Es mentira, como dice Patxi López, que el aterrizaje de Batasuna normalizará las instituciones; de hecho alterará gravemente su normal funcionamiento.

10. Y sobre todo, es mentira que para acabar con el terrorismo haya que negociar algo con ETA o esperar su rendición. A ETA se la puede derrotar policial y judicialmente: desarticular sus tramas, detener a sus miembros y encarcelarlos. Ni un privilegio, ni un reconocimiento ni una "normalización" tienen nada que ver con el fin de ETA: la banda debe morir por inanición y desgaste. Los etarras deben levantarse un día de la cama y darse cuenta de que ya no les queda banda y de que están rodeados. Se puede: no con este Gobierno.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Ciclos de engaño
ETA no se ha visto obligada a responder a la presión de la izquierda abertzale, sino a la ilegalización de su entorno político
TONIA ETXARRI El Correo 17 Enero 2011

Si ETA resolvió hace dos meses que no piensa abandonar las armas, según aseguran algunas fuentes, ¿nos ha hecho perder el tiempo la izquierda abertzale o es que han querido servirnos la segunda parte del proceso negociador truncado tras el atentado en la T-4? Una vez conocidos los datos, en negro sobre blanco, es normal que aparezca un aluvión de preguntas obligadas. Y una conclusión inevitable. El conglomerado de Batasuna ha seguido intentando convencer a ETA, desde fuera, para que se retire definitivamente, pero sin desvelar el principal obstáculo con el que topa de forma recurrente: que ETA no se deja. Que no quiere. Que, de momento, piensa seguir imponiéndonos su presencia. Porque espera lograr un beneficio político a cambio de su final. ¿Volvemos a vivir el 'día de la Marmota' aunque con algún matiz?

Es la sensación que queda al conocer el resultado de los debates internos. Que los 'duros' (siempre hay duros) se niegan a evolucionar. Al revés de lo que le ocurrió al Gobierno de Aznar, al que le llegó el recado procedente de la misma dirección de la banda cuando quiso negociar, todos los observadores de estos turbulentos procesos recuerdan que la mayoría de estos movimientos han venido de los alrededores del mundo de ETA.

Y que en el año 2006, con la Ley de Partidos en los talones, Batasuna vendió la piel antes de cazar el oso y pidió ayuda al Ejecutivo de Zapatero para que 'animase' a la banda a que anunciara el fin del terrorismo. Es decir: que estaba casi todo el trabajo por hacer. Ahora, la puesta en escena de las sucesivas conferencias de prensa del conglomerado ilegalizado, cruzadas con las manifestaciones permitidas de apoyo a ETA y los comunicados de los encapuchados dan la impresión de que volvemos a estar succionados por la espiral del engaño.

Que va por ciclos. Con algunos matices a los que se aferran quienes quieren ver «un paso» en que ETA se haya visto 'obligada' a responder a la presión de Batasuna. Tampoco es exacto este diagnóstico. Los mismos que lo publicitan saben que no fue la presión, sino las decisiones judiciales y políticas las que dejaron sin aire a la izquierda abertzale, que se vio obligada a intentar disuadir a ETA. Fue su prohibición la que movilizó al entorno de ETA. Si la Ley de Partidos no hubiera dejado a las franquicias de ETA al margen del juego democrático, la izquierda abertzale no habría movido una ceja.

Ya lo decíamos la pasada semana: que desde el Gobierno se iba a promocionar cualquier iniciativa de las franquicias de Batasuna, con tal de animar a que rompan definitivamente consigo mismos (otra contradicción del momento político que nos toca vivir). Por eso el lehendakari se ha puesto a la cabeza de las declaraciones laudatorias hacia los esfuerzos que está realizando la izquierda abertzale. Podemos engañarnos y creer que la Batasuna ilegalizada acabará teniendo que romper con ETA si su apuesta es auténtica y no se trata de una treta electoral.

Pero los avances son tan tímidos que si el Gobierno está dando a Batasuna más importancia de la que tiene sólo se entendería como una táctica de los socialistas para distanciarse de las decisiones que pudiera tomar la Justicia en el caso más que probable de que el entorno político de ETA se quede fuera de los ayuntamientos. Porque ante la Justicia seguirían siendo el entorno político de los terroristas mientras no rompan con la banda.

Desde el PNV, tan necesitados de lavar su imagen por culpa de unos cuantos aprovechados que, parapetados tras las siglas jeltzales en Álava, se han visto implicados en una trama de espionaje, Urkullu marca las horas. Como el reloj del bolero. «No es tiempo de ilegalizaciones», sentencia ante los suyos para referirse a Batasuna, sin darse cuenta de que ha invertido los tiempos. Porque Batasuna ya está ilegalizada. Por lo tanto, el cambio de situación vendría de una vuelta a la legalización. Esa sería la noticia. Porque lo normal, mientras el entorno político de ETA no rompa con la organización terrorista es que siga ilegalizada.

Y es ahí donde empieza a girar la noria. Los partidos políticos exigiendo a Batasuna que rompa con ETA. La izquierda abertzale emplazando a la banda para que anuncie el final de la violencia pero ETA, que no hace caso, se fuma un puro para volver al punto de partida. Fumando esperan obtener un premio político por dejar de matar. Y mientras su sola presencia provoca fisuras en los partidos democráticos en torno al derecho, o no, que asiste a la izquierda abertzale para presentarse a las próximas elecciones, va a ser el tiempo el que coloque a cada cual en su sitio.

La exageración que a muchos políticos les pareció que el popular Antonio Basagoiti hablara de la necesidad de dejar pasar una «cuarentena» para que Batasuna pudiera demostrar que su apuesta es «a largo plazo», ahora ya no supone una idea tan descabellada. Si la izquierda abertzale no pasa el filtro electoral, podrá vivir del 'victimismo' desde su campaña paralela. Si su apuesta es irreversible, tendrá que seguir intentándolo y nos los encontraremos cuando tengamos que elegir al Parlamento vasco en 2013. De momento, cuando los estatutos de la nueva franquicia de Batasuna salgan ya de su laboriosa cocina, la Justicia tendrá que pronunciarse sobre la cuestión clave que provocó su ilegalización. La izquierda abertzale sigue siendo el instrumento político de ETA ¿sí o no?

Hacia la legalización de Batasuna
Los Puntazos El Confidencial 17 Enero 2011

Un día después de que el lendakari instara a los vascos a «integrar en el sistema» a la izquierda abertzale, ayer José Antonio Pastor insistió en las bondades que, para la convivencia, supondría legalizar Batasuna. Este inquietante cambio de discurso a pocos meses de las municipales alimenta las sospechas de que finalmente los voceros de ETA se colarán en las urnas con el beneplácito del Gobierno. Justo lo que Mayor Oreja ya había denunciado hace tiempo como fruto de un pacto oculto con la banda terrorista.

Cataluña
Tras el Estatut, la crisis del modelo autonómico
El PP pide reducir organismos como diputaciones y consejos, pero defiende el sistema actual
M. P. / BARCELONA ABC Cataluña 17 Enero 2011

El debate sobre el modelo autonómico ha calado con fuerza en la política catalana hasta el punto de moderar las expectativas sobre el concierto económico planteado por CiU tras reconquistar la Generalitat. Si hace una semana el presidente de la Generalitat instaba a España a moverse para evitar el riesgo de ruptura, hoy los nacionalistas preparan argumentos y actuaciones políticas para frenar una hipotética recentralización consecuencia de la insostenible situación financiera del entramado administrativo actual. El líder democristiano Duran Lleida, así como el propio Artur Mas, coinciden en señalar el «café para todos» como pecado original del modelo territorial pactado en la Transición, por lo que tratan de fijar el debate y la lupa fuera de Cataluña, cuyas aspiraciones de autogobierno están legitimidas por la vía de las Comunidades «históricas».

Pese a querer afrontar la discusión sobre esa perspectiva, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez- Camacho, ha instado al presidente de la Generalitat a que encabece una reforma de las administraciones públicas catalanas para evitar duplicidades y reducir costes, aunque ha dejado claro que los retoques no deben implicar un recorte en la autonomía de Cataluña como tampoco del modelo de Estado de las autonomías.

«Hay un exceso de administraciones públicas y no podemos tener consejos comarcales, diputaciones, veguerías y tantas empresas públicas», ha dicho. En declaraciones a los medios en la fiesta de los Tres Tombs del barrio barcelonés de Sant Andreu, la presidenta popular ha pedido reducir el «exceso» y aplicar el principio de austeridad, aunque ha negado que esta medida tenga que suponer un recorte en la autonomía de Cataluña ni en el Estado de las Autonomías en el resto de España.

Camacho también ha pedido al presidente de la Generalitat que ponga en marcha un «plan de choque inmediato» para sacar a Cataluña de la crisis económica que padece. Para la dirigente popular, el coste de la vida ha subido mas de un tres por ciento; y además suben los precios de gas, luz y transporte, mientras se congelan los sueldos y las pensiones.

Por su parte, el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, no ve peligrar el modelo del Estado de las 17 autonomías y ha asegurado que no ha visto el supuesto documento que ha elaborado el PSOE, en el que el partido abogaría por homogeneizar las autonomías. También ha quitado hierro a las declaraciones del ex presidente José María Aznar, que abogaba por recortarlas.

En cuanto a los independentistas, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, juzga «inviable» que el gobierno de Artur Mas pueda «plantar cara» a la homogeneización de las autonomías del Estado, porque ha otorgado a Unió Democrática la representación en Madrid y «ya se sabe» que «Duran Lleida no es amigo de la causa soberanista». Tras participar en un acto en Ponts (Lleida), el dirigente independentista ha pedido, asimismo, que Mas convoque a los partidos catalanes que quieran dar conjuntamente una respuesta a «los intentos del gobierno de homogeneizar el Estado», a la vez que le ha reclamado que acepte crear una comisión parlamentaria para conseguir el concierto económico. Para Puigcercós, sin embargo, el nuevo presidente catalán «ha vuelto a la época de los gobiernos ambiguos de Jordi Pujol, con un gran discurso patriótico desde Convergencia, pero con la visión menos soberanista de Unió». A su juicio, «poca cosa más se verá», más allá del discurso pronunciado el sábado por Artur Mas en el que alertó de que su gobierno se rebelará contra cualquier intento de homogeneización autonómica. Entiende el político republicano que el gobierno catalán, «difícilmente podrá hacer frente a Madrid ante el recorte de las competencias a Cataluña, cuando tiene una consejera de Justicia que sostiene tesis como las que argumentó ante la consulta independentista de Arenys de Munt, comparándola con un acto de enaltecimiento al terrorismo». Por otra parte, ha cargado contra el denominado «gobierno de los mejores». «Quizá sí que lo es —ha remarcado—, pero a favor de los intereses de España y en contra de una parte sustancial de catalanes que, como sabe Mas, no quiere más recortes».

España
De la diplomacia vasca a las «ikastolas» galas
Patxi López mantiene ayudas de 1,2 millones de euros para escuelas del sur de Francia
ITZIAR REYERO / BILBAO ABC 17 Enero 2011

Dos años después de liderar el «cambio» político en el País Vasco, el Gobierno de Patxi López mantiene algunos de los «tics» que durante décadas ha ido alimentando el nacionalismo con permiso de las arcas públicas. Ejemplo de ellos es la extensa red de «embajadas» vascas en el mundo, que bajo los sucesivos gobiernos del PNV trataron de emular el papel de representación diplomática de España en el exterior extendiendo sus esquemas ideológicos. Con la llegada de los socialistas al poder se redujeron de nueve a seis las delegaciones, situadas en lugares tan diversos como Madrid, Bruselas, Colombia, Argentina, Chile o Estados Unidos, y su presupuesto se abarató en aproximadamente un 37%. Aun así, la «diplomacia vasca», centrada ahora en objetivos más comerciales que ideológicos, le cuesta a los ciudadanos de esta comunidad más de 3,8 millones de euros.

Euskera para todos
Otra de las partidas históricamente ligadas al ideario nacionalista son las ayudas referidas al fomento del euskera. Aceptando que entra dentro de lo normal que el Gobierno vasco destine fondos públicos para que sus ciudadanos aprendan a manejar sus dos lenguas oficiales, resulta extraño que el Ejecutivo autónomo abra el grifo del dinero público para subvenciones en Francia. En concreto, el gabinete de Patxi López ha decidido otorgar 1,2 millones de euros a la federación de «ikastolas» del País Vasco francés, una decisión cuestionable desde el punto de vista competencial.

Como sus antecesores, el PSE entiende «primordial» la euskaldunización de la sociedad vasca y ha dotado su política lingüística con 55,2 millones de euros, un 1,91 por ciento más que el ejercicio anterior. A ello deben sumarse los 73.000 euros que le cuestan a los vascos las clases de euskera de su lendakari, quien ha empezado su aprendizaje desde que entró en Ajuria Enea. Asimismo, en noviembre pasado UPyD destapó que, entre 2004 y 2010, los sucesivos gobiernos han subvencionado programas de enseñanza de euskera y cultura vasca en universidades extranjeras, como la de Masaryk (República Checa), Helsinki (Finlandia), Varsovia (Polonia) o Birminghan (Reino Unido). En total, se ha dedicado casi 1 millón de euros en acercar la lengua vasca a poco más de 400 universitarios. Además, el Instituto Etxepare, dedicado a difundir la lengua y la cultura vascas en el mundo a imagen y semejanza del Cervantes, está dotado con 2,8 millones de euros, un 126,4 por ciento más que en 2010.

El «agujero» de Eitb
La radiotelevisión pública vasca EiTB cuenta para este año con un presupuesto total de 177 millones de euros, entre ayudas directas y publicidad institucional. El recorte del uno por ciento presupuestado no se corresponde con el bajón experimentado en los datos de audiencia (30 por ciento menos) en los últimos doce meses, tanto del canal en castellano, que apenas llega al 9,4 por cien, como el de euskera, con un marginal 2,2 por ciento de público. El Ejecutivo vasco, que gasta unos 400.000 euros diarios en el ente público, quiere ampliar la oferta con un canal vasco en Estados Unidos y Canadá. Cada vasco ya paga por «su» televisión 61 euros al día.

Documentos incautados a ETA en 2008 (II)
ETA: “Debemos clavar el hacha al enemigo en los talones de barro”
La banda apostaba por una “lucha armada efectiva” tras el ‘proceso’. Innovó sus métodos para conseguir más asesinatos. Lograr víctimas era básico para forzar otra vez la negociación. Los etarras asesinaron a dos agentes en Mallorca en verano de 2009.
Alberto Lardiés. Madrid www.gaceta.es 17 Enero 2011

A finales de 2008, ETA diseñó una estrategia político-militar con la que forzar al Gobierno a una nueva negociación política. Antes de declarar la tregua actual, los etarras han tratado de erosionar al Estado a base de atentados que han costado una decena de víctimas. Han hecho lo que previamente escribieron. En el documento Línea de actuación de cara al futuro: caracterización de la fase política, los terroristas abogaban por “clavar el hacha al enemigo en los talones de barro”.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón incluyó una parte del citado documento en los autos de prisión (16-10-2009) y procesamiento (25-1-2010) que dictó contra Arnaldo Otegui, Rafael Díez Usabiaga y otros batasunos por urdir Bateragune (Todos juntos), el comité de dirección de ETA-Batasuna que crearon por órdenes de la banda asesina. LA GACETA ha tenido acceso al documento íntegro, que consta de 16 páginas.

Como ya ha informado este diario, los etarras consideran en el documento que sus treguas “se agotan”, deben “encaminarse a provocar contradicciones en el enemigo” y tienen como finalidad última “alcanzar puntos de inflexión y saltos políticos dentro del proceso de liberación”.

Pero hay un trabajo previo a las treguas: los atentados. Y los etarras planificaron cómo golpear a la democracia. En el documento citado se incluye un punto titulado “Llevar a efecto una lucha armada efectiva”. Y en él, los verdugos aseguran que “llevar una lucha armada efectiva será una cuestión de vida o muerte” para lo que ellos llaman “la Organización”.

La apuesta de los terroristas a finales de 2008 fue innovar en sus métodos, tras reconocer mediante eufemismos la eficacia de la lucha antiterrorista. “Llevamos tanto tiempo haciendo la misma cosa, en el mismo lugar y del mismo modo, hasta el punto que el enemigo ha condicionado totalmente nuestra actividad, o ha convertido en imposible la huida tras la acción, cuando no ha llegado a proteger totalmente al objetivo”.

Por ello, los terroristas proponen “un único camino para salir de la crisis operativo militar”. Esa senda de sangre y muerte comprendía “salir de las trincheras en las que nos hemos guarecido durante estos últimos años” y “estudiar los nuevos espacios que existen para desplegar la línea armada de un modo efectivo”.
Vulnerabilidad

Todo ello para buscar “los puntos en que el enemigo es más vulnerable”. “Ahí debemos librar e invertir las fuerzas; de cara a ello debemos colocar nuestros recursos, comandos y fuentes de información: debemos clavar el hacha al enemigo en los talones de barro, no en los pechos forrados de armadura”.

Es decir, la banda criminal decidió tras la fallida negociación que era hora de cometer atentados que hicieran más daño al Estado de derecho.

La eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha arrinconado a ETA. Por ello los etarras acaban de declarar un “alto el fuego permanente, general y verificable”. Las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por LA GACETA aseguran que los etarras buscan conseguir un triple objetivo: contentar a quienes le han pedido que frene los atentados, permitir el aterrizaje electoral de su brazo político y reorganizarse operativamente de cara al futuro.

Este último objetivo demuestra una vocación de permanencia de la banda asesina que choca frontalmente con las aparentes intenciones de la banda criminal y con los discursos posibilistas de Batasuna, el Gobierno y sus medios afines. Sólo los terroristas conocen sus verdaderas intenciones, pero los antecedentes y sus propios documentos apuntan a que se trata de otra tregua-trampa.

Cataluña
Rivera considera que “a la España autonómica le hace falta una profunda reforma política”
“La situación actual nos lleva a un estado fragmentado, descoordinado, con gobernantes autonómicos que se saltan la Constitución”.
Redacción /www.vozbcn.com 17 Enero 2011

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha respondido las advertencias del presidente de la Generalidad, Artur Mas, quien este sábado avisó a los que quieren “homogeneizar” o “armonizar” el Estado de las autonomías, que “se enfrentarán” a la Generalidad y a “la voluntad y el sentimiento de mucha gente de este país que está dispuesta a defender lo que nosotros significamos y lo que nosotros representamos”.

Rivera ha señalado que “a la España autonómica le hace falta una profunda reforma política”, ya que “la situación actual nos lleva a un estado fragmentado, descoordinado, con gobernantes autonómicos que se saltan la Constitución y las leyes”.

Ciudadanos “plantará cara” a Mas
“Mas plantará cara contra la racionalización del estado autonómico, pero Ciudadanos le plantará cara [a él] para que deje de ser un Presidente insumiso e irrespetuoso con las sentencias judiciales”, ha subrayado.

El diputado autonómico considera que los dos principales partidos nacionales son cómplices de la compleja situación del modelo territorial: “El PP y el PSOE han desarrollado un estado autonómico a golpe de pacto con los nacionalistas y para contentar a sus barones territoriales, sin tener en cuenta la racionalización de los servicios y la eficiencia económica a la hora de la prestación”.

Y propone la supresión de las Diputaciones, la reforma del Senado y modificar el actual modelo de las televisiones autonómicas cuyo coste es insostenible, como iniciativas que mejorarían el actual modelo autonómico.

“Gabilondo debe dimitir”
Rivera también se ha referido al vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que este viernes reconoció que el Ejecutivo no iba a hacer cumplir las recientes sentencias del Tribunal Supremo, que obligan a la Generalidad de Cataluña a ‘adaptar su sistema de enseñanza’ para ‘que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria’.

Para el líder de Ciudadanos, “Rubalcaba y Zapatero son responsables de que en todo el territorio español se cumplan las leyes, si abandonan ese mandato, estarán abandonando la defensa de los derechos de los ciudadanos en España. Si en Cataluña no se aplica la sentencia y tras casi 30 años de inmersión no podemos disfrutar del bilingüismo en las aulas, Gabilondo debe dimitir. Un ministro de Educación que ignora por completo los derechos constitucionales que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo otorgan a los estudiantes y los padres y madres catalanes, no puede ser el Ministro de todos los ciudadanos”.

“[Zapatero] está permitiendo la deslealtad y la insumisión de la Generalidad en relación al Estatuto, a la sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. El Presidente español es incapaz de hacer cumplir la Constitución porque fue el responsable de impulsar un Estatuto inconstitucional”, ha concluido.

Gabilondo impide a los estudiantes catalanes examinarse en castellano
Las pruebas que evalúan el nivel de los alumnos se hacen en español o en el idioma cooficial en otras comunidades. Podría ser insconstitucional, según el Alto Tribunal.
Carlos Plaza. Madrid www.gaceta.es 17 Enero 2011

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha iniciado, a través del Instituto de Evaluación (IE), el concurso de adjudicación de dos contratos cuyo objeto consiste en realizar unas pruebas que evalúen el nivel de los estudiantes españoles en varias materias, como comprensión lectora, matemáticas, ciencias e idiomas.

Los exámenes se realizarán en todas las comunidades autónomas, aunque los alumnos catalanes serán los únicos que no podrán elegir el idioma en el que deseen examinarse: sólo podrán hacerlo en catalán, tal y como se establece en los Pliegos de Condiciones Técnicas de los contratos.

Rosario Sánchez, consejera técnica del Instituto de Evaluación, asegura: “Cataluña quien decide que estos exámenes se hacen en lengua catalana, porque es una competencia de la comunidad autónoma, y el ministerio no puede hacer nada”. Desde Educación insisten: “La normativa dice que se realicen en la lengua de aprendizaje […] Además, en el IE están todas las comunidades representadas en un consejo rector, así que si ellas dan el visto bueno no hay nada más que decir”.

Sin embargo, especialistas en Derecho consultados por la LA GACETA han aclarado: “Seguro que hay amparo legal, pero otra cosa es que se estén vulnerando los derechos constitucionales de los alumnos. Al respecto, son fundamentales las tres sentencias del Tribunal Supremo de diciembre de 2010, que aquí podrían aplicarse por extensión”.

En estos fallos, el Supremo declaró el derecho a utilizar el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de junio del 2010. Además, el artículo 3 de la Constitución proclama que todo español tiene derecho a usar el castellano y que, al ser un patrimonio cultural, debe ser objeto de especial respeto y protección.

Derecho reconocido
La polémica en torno a la lengua en que debe impartirse la enseñanza en Cataluña surgió a raíz de la denuncia de tres familias que exigían a la Generalitat que respetase su derecho a escolarizar a sus hijos en castellano. Pese a que tanto el Supremo como el Constitucional han amparado este derecho y han exigido a la Generalitat que adopte medidas para su respeto, el ministro Gabilondo insiste en marginar el castellano en las escuelas catalanas.

En los pliegos de los contratos se establece: “En la comunidad autónoma de Cataluña, las pruebas y cuestionarios se aplicarán en catalán”. Del mismo texto también se desprende que en el resto de regiones con idioma cooficial es posible elegir realizar la prueba en castellano, valenciano, gallego, euskera o catalán. Por estos exámenes el ministerio abonará un total de 471.000 euros.

Los anuncios de los contratos fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado el 31 de diciembre, y la fecha límite de presentación de ofertas fue el 14 de enero. Según empresas del sector: “Es un plazo extremadamente breve para la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar el Ministerio”. Por su parte, Educación asegura: “Es el tiempo adecuado, el plazo usual. Si no se presentasen ofertas saldría de nuevo la convocatoria”.

Sánchez justifica la adjudicación de los contratos porque “el Estado no puede ejecutarlos por falta de personal. Se examinan unos 4.500 alumnos en toda España, en unos 150 centros, y como se realizan en un momento específico, no necesitaríamos a todo ese personal empleado durante el resto del año”. Estos exámenes tienen una duración muy breve, de dos a tres horas y media.

Agraciada
La mercantil Imop Encuestas resultó adjudicataria de las pruebas de matemáticas de 2002 y las de comprensión lectora de 2006. Tiene como consejera a Isabel Peleteiro Ramos, que trabajó para Educación en 1988 realizando diversos informes.

El coste de los contratos se abonará con fondos europeos gestionados por España en colaboración con las comunidades autónomas. El examen de matemáticas se realiza cada cuatro años y el de comprensión lectora, cada cinco. Ambos son patrocinados por la Asociación Internacional de Evaluación. El de competencia lingüística de la Comisión Europea es la primera vez que se realiza en España.

Más allá del llamado problema catalán
Xavier Pericay xavierpericay.com  17 Enero 2011

Durante toda su vida, Agustí Calvet, Gaziel —quien fuera último gran director de La Vanguardia y verdadero maître à penser de la burguesía catalana de anteguerra—, anduvo pegado, no podía ser de otro modo, al llamado problema catalán. O el llamado problema catalán pegado a él, que tanto monta. Así fue en las décadas anteriores a la promulgación del Estatuto de Autonomía de 1932; así mientras el mencionado Estatuto estuvo vigente, y así incluso después de la contienda civil, cuando España se convirtió en un erial y las meditaciones de Gaziel tuvieron como principal escenario el desierto. En todo caso, se trató siempre, según el periodista ampurdanés, del «llamado problema catalán». O sea, de un problema que no era propiamente catalán, o catalán a secas, sino hispánico. Lo cual no debería interpretarse como que Gaziel, a la manera del nacionalismo contemporáneo, establecía entonces dos instancias, Cataluña y España, de cuya negociación dependía la feliz resolución del problema. No, en absoluto. Para él, las únicas instancias en juego eran Cataluña y Castilla, constitutivas en primer término de España, y luego, junto a Portugal, de aquel sueño ibérico que había surgido a finales del siglo anterior con Joan Maragall y que el mismo Gaziel, discípulo privilegiado del poeta y ensayista, iba a alimentar hasta su muerte. Y esas instancias, por otra parte, más que políticas, eran históricas. O espirituales, como se las denominada en aquella época.

Aun así, no era en el terreno espiritual donde había que dirimir el conflicto. Los sentimientos, mejor dejarlos a buen recaudo. De lo contrario, cualquier diálogo se vuelve imposible. Y no digamos ya cualquier acuerdo. «El sentimiento puro, y cuanto más hondo peor —escribía Gaziel en los albores de la dictablanda [1] —, es lo que con mayor fuerza separa a los hombres. El sentimiento es siempre una fuerza impolítica. Por esto la gran política ha sido siempre el cálculo de utilizar los sentimientos colectivos, no para encerrarse en ellos, sino para superarlos». En otras palabras, para superar el llamado problema catalán, no había que echar mano del corazón, sino de la razón, «de la buena lucidez del entendimiento». Y esa lucidez debía proyectarse sobre un terreno harto complejo, como era el caso de aquella España invertebrada a la que Gaziel no dudaba en calificar, ya por entonces, de «Balcanes de Occidente»: «Hemos de convencernos, de una vez para siempre, de que no nacimos en un paraíso, sino en algo así como los Balcanes de Occidente. No es de extrañar, por tanto, que nuestra tarea sea tan difícil en el orden político, porque es una de las más extraordinarias y complejas del mundo».

Lo fue, en efecto. Hasta tal punto que, seis años más tarde, en aquellos Balcanes de Occidente, lejos de vertebrarse nada, estallaban —como bien diría Jesús Izcaray en tiempos de la Transición— los volcanes. Pero, antes del estallido, aquella razón, aquella voluntad de concordia a la que apelaba Gaziel, había dado forma a un Estatuto, el primero con que contó Cataluña para gobernarse. El Estatuto de 1932 no era la panacea, ni satisfacía por entero a los nacionalistas catalanes —como no satisfacía, claro está, al nacionalismo español [2]— , pero era, con todo, un instrumento para construir una Cataluña y una España distintas a las conocidas hasta entonces. Pongamos que se trataba de una forma prometedora de encauzar un futuro mucho más armonioso que aquel pasado del que venían los españoles y, entre ellos, los catalanes.

Por desgracia —y, en particular, para desgracia de Gaziel y de la inmensa mayoría de los catalanes—, los primeros en traicionar esa voluntad de concordia que reclamaba el periodista no fueron los nacionalistas españoles, sino los propios nacionalistas catalanes. El fracasado intento de golpe de Estado del 6 de octubre de 1934, que concluyó con unos cuantos muertos y con prácticamente todo el Gobierno de la Generalitat en prisión —el resto había huido—, constituyó el más claro triunfo del sentimiento sobre la razón, de la locura sobre el sentido común, del extremismo sobre la moderación [3]. Así las cosas, lo que vino después, aun cuando tuviera sus instigadores y sus responsables directos y derivara en una tragedia tan horripilante como traumática —casi tres años de cruenta guerra civil, seguidos de tres largas décadas de dictadura—, resulta difícilmente disociable de lo anterior. No pretendo afirmar con ello, claro está, que el llamado problema catalán fuera el único desencadenante de la tragedia española. Pero no hay duda de que el precedente revolucionario de 1934 lo había convertido en uno de los factores principales de la sublevación militar. De ahí que, en justa correspondencia, una de las obsesiones del bando vencedor consistiera en tratar de eliminar, por la brava, el problema. No hace falta añadir que, a pesar de los medios empleados y del empeño puesto en la tarea, el régimen franquista no se salió con la suya. Ya lo había advertido Gaziel: a golpe de sentimiento, no se va a ninguna parte —como no sea, por supuesto, a unos nuevos Balcanes—.

Es más, ese viejo empeño del franquismo provocó que nuestra transición política no sólo estuviera marcada, en gran medida, por la necesidad de dar solución al problema catalán, sino también por la voluntad de reparar, en lo posible, el daño causado en este terreno por la guerra y la dictadura. En otras palabras: no sólo influyó en ella, entre otros propósitos, el de encajar de una vez por todas a Cataluña en España, sino también el de hacerlo con una generosidad que excedía lo estrictamente necesario. ¿Un sentimiento de culpa por parte del Estado, aunque el Estado, en puridad, ya no fuera el mismo? Es posible. En todo caso, ello trajo consigo que, en el bienio 1978-1979, la Constitución primero y el Estatuto después dejaran establecido un marco competencial que nada tenía que envidiar, en lo tocante al grado de autonomía, al de los tiempos de la Segunda República, único precedente al que podían agarrarse por entonces nuestros constituyentes [4]. La cuenta, pues, estaba saldada. O eso parecía, al menos.

Y es que ya en los primeros compases de la Autonomía, mientras iban concretándose los traspasos y también algunos ajustes —como, por ejemplo, la tan controvertida LOAPA [5]—, se vio que aquello no estaba cerrado. Es más, que difícilmente iba a poder cerrarse algún día. Convergència i Unió —al igual que el Partido Nacionalista Vasco— era la viva encarnación de un nacionalismo exclusivista, irredento y pragmático. Exclusivista en la medida en que, para CIU, no había en Cataluña otro nacionalismo posible que el representado por el propio partido, hasta el extremo de que la idea misma de Cataluña resultaba indisociable de la figura de su fundador y máximo líder —del verdadero conductor del movimiento, en suma—, Jordi Pujol [6]. Irredento porque, según iban pasando los años, las reivindicaciones, lejos de declinar, fueron aumentando. Sobre todo, en lo referente al incremento de la capacidad normativa de la Comunidad Autónoma sobre determinados impuestos. Y pragmático, porque ese tira y afloja con el Gobierno de España no rebasaba nunca los límites tácitamente establecidos. De ahí que el propio Pujol alardeara en más de una ocasión de su sentido de Estado —esto es, del de su partido y, en fin, del de la Cataluña por él encarnada—. Y de ahí también que en círculos políticos de la capital no tuvieran empacho ninguno en concederle el calificativo de «estadista» y que incluso algún medio de comunicación llegara a reconocerle, en su momento, con el distintivo de «español del año» [7].

Como es natural, aunque CIU se otorgara en exclusiva la representación de la Cataluña autonómica, en esta Comunidad había —y sigue habiendo, por suerte— otras fuerzas políticas y, entre ellas, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Ese partido, el de los socialistas catalanes, era el principal partido de la oposición. Lo cual le convertía, a un tiempo, en la principal víctima de la hegemonía convergente y de su exclusivismo. Bien mirado, 23 años son muchos años. Casi un cuarto de siglo. Y un cuarto de siglo reclamando un lugar al sol, al sol de la política autonómica, desgasta a cualquiera. Es verdad que los socialistas catalanes tenían con qué consolarse. Si en las autonómicas eran barridos, en las municipales se tomaban siempre cumplida venganza. Sobre todo en Barcelona y en su cinturón industrial. Y no sólo en las municipales; las generales también eran suyas. Pero, aun así, cuando se trataba de Cataluña y de sus asuntos, no había nada que hacer.

Por otra parte, no les dolía tanto la derrota como el ninguneo. El ninguneo de su condición de catalanes. Por más que el PSC fuera un partido soberano, su filiación con el PSOE se les afeaba a cada paso. El razonamiento de Pujol y de sus huestes era de lo más elemental. Tan elemental como efectivo: «¿Cómo van a defender los intereses de Cataluña en Madrid [porque era en la capital del Estado, claro está, donde había que partirse la cara por Cataluña], si dependen de Madrid?» Y así durante cerca de un cuarto de siglo. Bien es cierto que la política de los socialistas catalanes no fue nunca, en el terreno autonómico, de franca oposición —de franca oposición al nacionalismo, se entiende—. Fue, en todo caso, siguiendo el clásico antagonismo entre derecha e izquierda, de oposición al supuesto derechismo convergente. Y nada más. En el fondo, lo que los socialistas deseaban entonces —y cuando digo los socialistas me estoy refiriendo, sobre todo, a los dirigentes y cuadros del partido— era que les admitieran. Que les admitieran en la familia. O, por decirlo con sus propias palabras, lo que deseaban era envolverse en la bandera. Medio inclinados a la izquierda, si se quiere, pero en la bandera. En la misma en la que se envolvía Jordi Pujol de la mañana a la noche desde que se dedicaba a la política [8].

La consecuencia de semejante estrategia fue, por descontado, el largo reinado de Pujol. O, lo que es lo mismo, el largo ayuno socialista. Aceptar de buenas a primeras y sin rechistar las reglas del juego que el propio líder convergente había impuesto no era ciertamente la mejor manera de disputarle el cetro. Pero sí era la mejor manera de irse curtiendo para tratar de alcanzar el gobierno cuando él lo dejara. Ese día llegó, por fin, con las elecciones de 2003. Es verdad, y sería injusto no consignarlo aquí, que en los anteriores comicios estuvieron en un tris de derrotarle [9]. Por entonces, al lógico desgaste de Pujol tras casi dos décadas de ejercicio en solitario del poder se unía la aparición, en el bando socialista, de un nuevo candidato, Pasqual Maragall. Maragall no era como Raimon Obiols. No sólo se había erigido, durante estas mismas décadas, en el máximo representante del contrapoder municipal —la célebre imagen de la plaza San Jaime, con Ayuntamiento y Generalitat frente a frente— y en un verdadero incordio para Pujol, sino que, encima, no le gustaba perder. Tanto es así, que después de aquellas autonómicas, y en vista de que la lista por él encabezada había sacado más votos que la de CIU —aunque, eso sí, menos escaños—, anduvo repitiendo incansablemente, a quien quisiera oírle, que el ganador era él. Hasta que alguien le hizo caer en la cuenta de que el sistema electoral vigente tomaba en consideración los votos, sí, pero únicamente en primera instancia. Que lo decisivo, en definitiva, lo que acababa conformando mayorías y minorías, eran los escaños y su libre asociación parlamentaria.

Sea como fuere, de ese primer envite autonómico Maragall sacó una enseñanza. Para alcanzar la Generalitat, no iba a bastarle con el despliegue de un discurso más o menos socialdemócrata avalado por su gestión como alcalde de una ciudad olímpica. O abrazaba decididamente la bandera o —incluso en el mejor de los casos— no lograría despegarse lo suficiente de quien estaba llamado a ser su próximo rival electoral, Artur Mas. Y, a medida que se iba acercando la cita de 2003, empezó a referirse a la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía de Sau. Es verdad que la idea no era original. Josep-Lluís Carod-Rovira, el líder d’ERC, lo llevaba diciendo mucho tiempo. Y hasta Mas, en su afán por marcar territorio y no perder comba, se había apuntado ya a la propuesta. Pero lo original, lo novedoso cuando menos, era que lo dijera Maragall. O sea, el candidato socialista. O sea, un candidato que, por entonces, no estaba considerado dentro del partido como un representante del sector encabezado por los Obiols, Sobrequés, Castells y compañía —la llamada alma catalanista—, sino como una suerte de tercera vía entre este sector y el de los Montilla, Corbacho, Zaragoza y demás capitanes del aparato —la llamada alma españolista—.

Aquí estuvo, sin duda, el verdadero punto de inflexión en la historia de la Cataluña contemporánea. El partido socialista, con Maragall a la cabeza, se proponía alcanzar el poder recurriendo a las mismas armas de las que se había servido Pujol desde el inicio de los tiempos autonómicos. Esto es, recurriendo a la identidad —aunque esa identidad se confundiera, casi por completo, con el bolsillo—. Luego, una vez prendida la mecha, bastó con mantener la llama viva. Como en la campaña aquella de 2003, en la que todas las fuerzas políticas catalanas, excepto el PP, rivalizaron en soberanismo. Es verdad que, al tratarse de una campaña electoral, donde suelen predominar los gritos y los aspavientos, nadie se lo tomó demasiado en serio. Pero después vinieron los resultados. Y las inacabables rondas de contactos. Y el ominoso pacto del Tinell. Y los días, semanas, meses y años en que no se habló de otra cosa en Cataluña y en gran parte de España —cuando menos en el terreno político—. Uno se desayunaba con el Estatuto y así seguía hasta la noche. El llamado problema catalán había adquirido de pronto unas dimensiones insospechadas. Ya era un problema enteramente hispánico. Pero no a la manera de Gaziel, no como algo que la razón y el sentido común debían por fuerza encauzar, sino a las malas, con la pasión desbocada y el patriotismo por montera. En un abrir y cerrar de ojos, se había hecho tábula rasa de cuanto habían andado los españoles, en buena armonía, desde la época de la Transición. Y aparecieron las primeras grietas en la estructura misma del Estado. Los agravios comparativos, claro. Aquellos equilibrios de antaño, tan sabios y costosos, habían dado paso a una loca carrera entre Comunidades Autónomas —o entre sus respectivos gobiernos— a ver quién se llevaba más dinero de la caja común. Y todo ello auspiciado —no podía ser de otro modo, vista la magnitud del fenómeno— por el mismísimo presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que había bendecido, en plena campaña de las autonómicas del 2003, el futuro Estatuto, saliera como saliera del Parlamento catalán.

En total fueron siete años. Mejor dicho: han sido, puesto que su vencimiento es reciente. De 2003 a 2010. Del pacto del Tinell a las últimas elecciones autonómicas, las del 28 de noviembre, las del gran fracaso socialista. Porque, si bien los resultados electorales admiten otras muchas lecturas, esta es, sin duda, la más decisiva. Lo indican los números. Nunca el PSC había cosechado tan pocos votos en unas elecciones. Los 570.361 sufragios del 28-N se hallan incluso por debajo de los logrados en las primeras autonómicas, las de 1980 [10]. El peor resultado de la historia, pues. Con todo, acaso lo más significativo sea observar las distintas paradas electorales del trayecto. Bastará con las del último septenio. Es decir, con el periodo en que los socialistas catalanes, capitaneados primero por Maragall y luego por Montilla, han disfrutado del ejercicio del poder. En 2003, 1.031.454 votos (un 31,16%). En 2006, 796.173 (un 26,82%). Y en 2010 —recordémoslo—, 570.361 (un 18,32%) [11]. En siete años, una fuga de 461.093 votos, esto es, de casi la mitad del capital. A simple vista, y dado que la candidatura, en 2006 y 2010, estaba encabezada por José Montilla, uno siente la tentación de atribuir al todavía secretario general del partido la principal responsabilidad en el hundimiento de la nave. La tiene, sin duda alguna, y bien está atribuírsela. Aun así, ello no debería hacernos olvidar la de su predecesor. Al fin y al cabo, en 2006 el PSC recoge sobre todo los frutos de la gestión de Maragall [12]. Y esos frutos se concretan en la pérdida de 235.281 votos y en un descenso del 4,34%. Es verdad que ese descenso será todavía más pronunciado en 2010 [13], pero ello no impide adjudicar a cada César lo que, en justicia, le corresponde.

Sea como fuere, y más allá de los nombres, la debacle socialista no tiene otro culpable, en el fondo, que el propio proceso de reforma del Estatuto. El envite que les permitió auparse al poder —y, con ellos, al resto de la izquierda— ha terminado por dejarlos fuera de juego [14]. Han jugado a ser nacionalistas, a serlo incluso más que nadie, y gran parte de sus votantes tradicionales les han vuelto la espalda. Unos se han refugiado en la abstención o el voto nulo, y otros han optado por apoyar a otras fuerzas políticas. De izquierda —ICV— o centroizquierda —Ciutadans—, pero también de centroderecha —CIU o PP— [15]. Así se deduce, al menos, de las migraciones de voto observadas en muchas poblaciones catalanas, y especialmente en las del cinturón barcelonés, donde el socialismo ha tenido siempre su granero. En este sentido, no parece que la larguísima campaña electoral diseñada por los estrategas del partido, en la que Montilla fue renegando, día a día, de su propia obra de gobierno y, muy en particular, de la deriva identitaria [16] —por no hablar, claro está, del tropel de ocurrencias audiovisuales—, haya contribuido en modo alguno a enderezar el resultado. Al contrario. Y es que difícilmente va a arreglarse en tres meses, a base de palabrería, lo realizado en siete años de despropósitos.

Con todo, no ha sido este el único factor condicionante de la hecatombe socialista. La gestión del Gobierno, lo mismo con Montilla que con Maragall, ha dejado mucho que desear. De puertas afuera, por la inacción inherente al proceso de reforma del Estatuto y, una vez aprobado este, por el despliegue de una ristra de leyes sobre las que pende, desde comienzos del pasado verano, la tan temida y anhelada sentencia del Constitucional. De puertas adentro, por los constantes desencuentros entre los socios de la coalición, ventilados, por lo general, a los cuatro vientos [17]. Y todo ello, claro, iluminado por el contraste con los asuntos que realmente preocupan a la gente y cuya resolución no admite demora. Empezando por el desempleo y por la crisis económica. Es verdad que, en este punto, el tripartito lo tenía crudo, por cuanto su filiación ideológica —o al menos la del partido mayoritario— le hacía inevitablemente cómplice de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de España. O no llevadas a cabo, para ser precisos. Aun así, cuesta imaginar que las tres fuerzas integrantes del Gobierno de la Generalitat hubiesen podido aplicar, en otro contexto, medidas tendentes a afrontar la crisis y el drama del empleo. Aparte de gastar, y de hacerlo más allá de todo límite razonable [18], no se han caracterizado en estos años por casi nada más.

De ahí que la incontestable victoria de CIU en los pasados comicios autonómicos no deba atribuirse principalmente a una eficaz labor opositora. Nada más lejos de la realidad. El triunfo de la federación nacionalista es directamente tributario de los errores ajenos. De no ser por el rotundo fracaso del tripartito, difícilmente habría logrado lo que ha logrado. En el fondo, en ese retorno de Convergència i Unió al poder subyace un deseo bastante generalizado, por parte de la sociedad catalana, de volver al orden. Después de una etapa convulsa, llena de sobresaltos y enfrentamientos, los ciudadanos de Cataluña han apostado mayoritariamente por lo seguro, por lo conocido. Y, en Cataluña, lo seguro y lo conocido es CIU. 23 años de gobiernos consecutivos de Jordi Pujol pesan lo suyo. Y, aunque Artur Mas no sea Pujol, es evidente que el apoyo recibido tiene mucho que ver con esa confianza. Por eso la cosecha convergente ha sido, en cuanto a la procedencia de los votos, tan variopinta. Todo indica que CIU ha funcionado para muchos como una franquicia. Alguien a quien prestar por un tiempo la voluntad para ver si es capaz de arreglar lo que los otros no sólo no han arreglado, sino que encima han contribuido a empeorar.

Lo cual no excluye, por supuesto, que en los comicios catalanes se haya votado, quién sabe si por primera vez en la historia, en clave española. O incluso europea. El paso de un gobierno de izquierda a uno de centroderecha se corresponde con una tendencia muy visible ya en el resto de España [19] y muy asentada en buena parte de Europa. De hecho, los propios resultados del Partido Popular en Cataluña [20] son también un reflejo de ese cambio de ciclo. Dentro de unos meses, las elecciones municipales y autonómicas servirán, entre otras muchas cosas, para confirmar, a escala española, su verdadero alcance.

Por lo demás, el nuevo panorama político abierto el pasado noviembre en Cataluña plantea no pocos interrogantes de cara al futuro. Tal vez los más trascendentes sean los que afectan al PSC. ¿Cómo va a salir del pozo? ¿Sin fisuras, o partido en dos? Y si no hay escisión, ¿cuál de las dos almas se impondrá? ¿La catalanista? ¿La españolista? ¿Comportará el enorme revés sufrido un relevo generacional en la dirección del partido? Y luego está el tiempo que vaya a transcurrir. En efecto, ese purgatorio al que lo han condenado los ciudadanos, ¿cuánto va a durar? ¿Una legislatura? ¿Varias? Y, en fin, ¿será capaz el PSC de remontar algo el vuelo antes de las próximas generales, para tratar de ayudar, poco o mucho, al proyecto socialista en toda España?

Siguiendo con las preguntas, habrá que ver asimismo qué pasa con el independentismo, cuyos apoyos electorales no han respondido en modo alguno a las expectativas creadas por los sondeos del pasado verano. ¿Resurgirá ERC? ¿Persistirá Carod-Rovira en sus deseos de construir una santa alianza de izquierda y nacionalista? ¿En qué medida la aparición de Laporta y sus muchachos va a convertir el Parlamento catalán en un circo? Y, aún: ¿hasta qué punto el sector soberanista de Convergència, tan cardinal en la estructura misma del partido y tan próximo a su máximo líder, va a influir en la política de la federación? ¿Insistirá Artur Mas en la reclamación de un concierto para Cataluña, o no le va a quedar más remedio, dada la coyuntura económica, que apañarse con lo que tiene e intentar gestionarlo mucho mejor que sus predecesores?

Por supuesto, no acaban aquí los interrogantes, aunque estos son, qué duda cabe, los más decisivos [21]. De la forma como terminen resolviéndose podrá inferirse, en último término, el camino que va a tomar Cataluña y también, en parte, España. El desgaste ocasionado por estos siete años de gobiernos tripartitos no hay política que lo subsane. Cuando menos a corto plazo. No se trata de unas simples ronchas; se trata de algo mucho más profundo, de algo que atañe a la estructura misma del Estado, a las relaciones entre conciudadanos, a las querencias, a los odios, y lo mismo en Cataluña que en el conjunto de España. El proceso iniciado a comienzos de la pasada década con la reforma del Estatuto catalán ha causado un daño enorme. Algunos, como los socialistas catalanes, ya han pagado por ello —aunque no sólo por ello, claro—. Otros pagarán muy pronto. Pero este es, al cabo, un triste consuelo. Aquello que tanto preocupaba a Gaziel hace 80 años, el llamado problema catalán, sigue presente. Como una suerte de mutante. En estos últimos años los españoles hemos echado por tierra todo el trabajo de la Transición. Unos más que otros, ciertamente; pero, para el caso, es lo mismo.

Por no hablar del espíritu, tan maleado.

[1]«Castilla y Cataluña. Los precursores», La Vanguardia, 21 de marzo de 1930.

[2]Su gestación fue ardua y trabajosa. Por más que el conocido como Estatuto de Núria hubiera sido redactado por una comisión de diputados catalanes al poco de proclamarse la Segunda República y aprobado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña el 2 de agosto de 1931, en su tramitación parlamentaria hubo que dar prioridad, como es lógico, a la elaboración de la Constitución republicana. Luego, una vez aprobada esta el 9 de diciembre de 1931, hubo que ir adaptando el texto de aquel Estatuto primigenio al nuevo marco constitucional, o sea, rebajándolo considerablemente en sus pretensiones. Por fin, el 9 de septiembre de 1932 las Cortes republicanas aprobaron el articulado definitivo.
Sobra decir que, aun así, cualquier comparación que se establezca entre, por un lado, este proceso y, por otro, el que resulta de los siete años de gestación, aprobación en referéndum y anuncio largamente esperado del dictamen de (in)constitucionalidad del actual Estatuto de Autonomía de Cataluña estará fuera de lugar. Ojalá nuestras cuitas hubieran sido como aquellas.

[3]El abogado Amadeu Hurtado, que trabajó, de forma consecutiva, para los presidentes Macià y Companys como consejero privado, refiere en sus diarios lo que le dijo este último el 8 de junio de 1934, ante la posibilidad de que el Tribunal de Garantías declarara inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Contratos de Cultivo —traduzco del original catalán—: «Ha llegado la hora de dar la batalla y de hacer la revolución. Es posible que Cataluña pierda y que algunos de nosotros dejemos en ello la vida; pero perdiendo, Cataluña gana, porque necesita a sus mártires que mañana le asegurarán la victoria definitiva» (Amadeu Hurtado, Abans del sis d’octubre (un dietari), Quaderns Crema, 2008, p. 59).

[4]Un par de ejemplos, relacionados con la lengua y con sus derivaciones en el campo de la enseñanza, bastará para cerciorarse de ello. Así como la Constitución de 1931 establecía, por una parte, que a nadie se le podría exigir «el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional» (art. 4) y, por otra, que el Estado podría «mantener o crear [en las regiones autónomas] instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República» (art. 50), la de 1978 no decía nada al respecto.
Y en lo tocante al Estatuto, así como el de Núria, en 1932, se limitaba a consignar que «el idioma catalán es, como el castellano, idioma oficial a Cataluña» (art. 2), el de Sau, en 1979, además de estipular que «el idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español» (art. 3), añadía en el mismo artículo que «la lengua propia de Cataluña es el catalán».

[5]Los nacionalismos vasco y catalán repitieron hasta la saciedad que la LOAPA, aprobada por las Cortes a mediados de 1982, era una suerte de corolario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En realidad, no fue así. Tal y como recordó por escrito Leopoldo Calvo-Sotelo (Memoria viva de la transición, Plaza y Janés, 1990), el proyecto de armonización del sistema autonómico formaba ya parte de su discurso de investidura como presidente del Gobierno, leído días antes de la intentona militar.
Con todo, la ley tuvo un recorrido ciertamente corto. Una vez aprobada, los nacionalismos vasco y catalán, al igual que los gobiernos del País Vasco y de Cataluña, apelaron al Tribunal Constitucional, que acabó dándoles, al cabo de un año, si no la razón entera, sí gran parte de ella. La pretensión de fijar un texto competencial único para todas las comunidades autónomas y de negar, en consecuencia, el carácter singular de las llamadas nacionalidades con respecto a las llamadas regiones y, por tanto, los privilegios que semejante singularidad llevaba aparejados, fue rechazada por el Alto Tribunal en la medida en que entraba en contradicción, a su juicio, con el Título VIII de la Constitución.

[6]A lo que sin duda contribuyeron, claro está, las repetidas victorias del partido en las sucesivas elecciones autonómicas, seis en total y tres de ellas —en 1984, 1988 y 1992— por mayoría absoluta. O, lo que es lo mismo, los 23 años consecutivos de gobiernos de Jordi Pujol.

[7]Este fue el caso del diario Abc en 1985, que le nombró «Español del año 1984».

[8]Así lo reconoció el propio Pasqual Maragall, a comienzos de julio de 2005, en un encuentro celebrado en el Palacio de la Generalitat con algunos de los firmantes del manifiesto «Por la creación de un nuevo partido político en Cataluña», entre los que me encontraba.

[9]En las elecciones autonómicas de 1999, las últimas a las que Pujol concurrió como candidato, CIU obtuvo 56 diputados, mientras que el PSC y sus aliados ecosocialistas sumaron 55. Como ERC, por su parte, logró 12, las fuerzas de izquierda quedaron a un solo escaño de la mayoría absoluta de la Cámara, fijada en 68.

[10]En aquel entonces fueron 606.717. Téngase en cuenta, no obstante, que en 1980 podían votar 798.110 ciudadanos menos que ahora. O, si lo prefieren, que los votos de 1980 supusieron el 22,43% del censo electoral, mientras que los de 2010 han supuesto tan sólo el 18,32%.

[11]Al redactar este artículo, estos últimos resultados, como todos los correspondientes a 2010, son todavía provisionales.

[12]Por más que Montilla fuera el cabeza de cartel, su propulsión como candidato a la Presidencia de la Generalitat se había producido meses antes, a instancias del presidente Rodríguez Zapatero y tras el fiasco del referéndum estatutario —un triste 48,85% de participación y sólo un 35,8% de síes con respecto al conjunto del censo electoral— y la consiguiente dimisión de Maragall.

[13]De un 8,5%, casi el doble. No ocurre lo mismo con la pérdida de votos, que es incluso algo inferior a la de 2006 con respecto a 2003: 225.812. Esos datos aparentemente contradictorios se explican por la diferencia en el porcentaje de participación entre unos y otros comicios: un 56,4% en 2006 frente a un 59,95% en 2010.

[14]Lo mismo puede decirse de ERC, que ha perdido 198.309 votos, esto es, casi la mitad de lo obtenido en 2006. Aunque aquí las razones, como veremos enseguida, son de otra naturaleza.

[15]En lo que respecta a ICV-EUIA y Ciutadans esos corrimientos se produjeron ya en 2006.

[16]Resultaría ciertamente muy laborioso determinar cuál de las dos legislaturas presentó, en este aspecto, una deriva mayor. Aun así, en lo tocante a la figura del presidente de la Generalitat, y pese a algunas aportaciones gloriosas de Maragall —como, por ejemplo, aquella lengua catalana convertida en Guadalajara (Méjico) en «el ADN de los catalanes»—, no hay duda de que Montilla se llevó la palma. Es lo que tiene la necesidad de hacerse perdonar los orígenes. La cruz del converso, en una palabra. Desde sus propósitos iniciales de aprender el idioma de adopción —frustrados, sobra añadirlo— hasta sus reiteradas profesiones de fe nacionalista, la trayectoria de José Montilla como presidente autonómico ha estado siempre marcada por la sobreactuación. Y si con algo anda reñida la sobreactuación es con la credibilidad.

[17]Del precio pagado por ERC ya hemos dicho algo anteriormente. Añadamos, si acaso, que la creación de dos fuerzas directamente competidoras, como el Reagrupament de Joan Carretero o la Solidaritat Catalana per la Independència de Joan Laporta, ha restado no pocos apoyos al partido. Así como los enfrentamientos y las divisiones internas, saldadas con la cuasi defenestración de Josep-Lluís Carod-Rovira y sus acólitos. En resumidas cuentas, todo ello explica por qué el 14,03% obtenido en 2006 se ha convertido, en esta ocasión, en un escuálido 7%.

En cuanto a ICV-EUIA, lo cierto es que no puede hablarse aquí de batacazo, aunque sí de descenso notable. De los 282.693 votos de 2006 (un 9,52%) a los 229.985 actuales (un 7,39%). Si bien se mira, lo mismo en un caso que en otro el electorado parece haber castigado —con saña diversa, eso sí— a los representantes del tripartito más próximos, por sus métodos y sus creencias, al mundo de los antisistema.

[18]Cataluña posee el dudoso honor de ser la Comunidad Autónoma más endeudada. Recuérdese, en este sentido, que la delicada situación financiera de las arcas públicas llevó a la Generalitat a emitir, un mes antes de las elecciones, unos «bonos patrióticos».

[19]Así lo demuestran, y de forma creciente, todos los sondeos de anticipación electoral.

[20]El máximo número de escaños de toda su historia (18), aunque el excelente resultado de Alicia Sánchez Camacho (384.019 sufragios, un 12,33%) se vea todavía superado, en voto real, por el obtenido en 2003 por Josep Piqué (393.499, un 11,89%) y, en voto real y en porcentaje, por el logrado en 1995 por la candidatura encabezada por Aleix Vidal-Quadras (421.752, un 13,08%).

[21]Entre los que podrían añadirse está el de saber si una fuerza como el PP va a seguir creciendo y si una como Ciutadans, después de consolidarse en el Parlamento autonómico, va a hacer lo propio. Al fin y al cabo, y a expensas del rumbo que acabe tomando el PSC, unos y otros representan hoy por hoy en Cataluña el único voto no catalanista —esto es, no nacionalista en ningún grado—.

Cuadernos de Pensamiento Político, núm. 29, enero/marzo 2011.

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