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Recortes de Prensa   Jueves 20  Enero 2011

 

La clase política y el Estado autonómico
EDITORIAL Libertad Digital 20 Enero 2011

Zapatero ha aprovechado este miércoles la aprobación definitiva del Estatuto de Extremadura para abordar en el Senado el debate que avivaba hace unos días el ex presidente del Gobierno José María Aznar en torno a la inviabilidad del actual Estado autonómico.

Tal y como era previsible, Zapatero ha dado una visión idílica del actual modelo autonómico destacando que es el "más idóneo" porque acerca la administración a los ciudadanos y porque, además, reconoce la "pluralidad" de España y sus diversas identidades. Tras una encendida defensa del "vigor" y la "vitalidad" del modelo estatal español, Zapatero se ha limitado a pedir un "esfuerzo conjunto y exigente" para gestionar los asuntos públicos "con la mayor austeridad y eficiencia posible".

La verdad es que el ánimo reformador que traslucía un día antes el líder de la oposición Mariano Rajoy tampoco es que fuese mucho más allá. Así, Rajoy ha manifestado que no plantea que el Estado central recupere competencias y que el Estado de las autonomías "ha sido muy útil pero necesita reformas". La primera consiste en restablecer el tope de gasto que antes marcaba la ley de estabilidad, tanto para las comunidades autónomas como para los ayuntamientos y la administración del Estado. La segunda, a juicio de Rajoy, sería configurar una unidad de mercado con "pocas normas claras y entendibles" en todo el territorio nacional. "Si en toda Europa vamos hacia normas comunes, no tiene sentido que haya 17 regulaciones distintas, porque es algo que afecta a la propia creación de empleo". Finalmente, Rajoy ha propuesto desarrollar desde el Estado una "regulación básica" para "garantizar la igualdad de los ciudadanos" en toda España.

Aunque la clase política no se atreva a reconocer públicamente la realidad tal y como es, lo cierto es que el Estado autonómico se ha convertido en un monstruo de 17 cabezas, causante de numerosos despilfarros y duplicidades, generador de cuantiosas redes clientelares y del monumental incremento de funcionarios. Es, a su vez, el causante de fracturas en la unidad de mercado, origen de la falta de vertebración que dejó en evidencia la derogación del Plan Hidrológico Nacional, o potenciador de lo que nos separa en detrimento de lo que nos une, con lamentables consecuencias especialmente en el ámbito educativo. Se ha convertido, en definitiva, en el causante de la crisis institucional que padece España como nación y, tal y como denuncian numerosos organismos independientes, en un auténtico lastre para nuestras posibilidades de recuperación económica.

Algunos dirán –y dirán con razón– que todos estos males no son consustanciales a cualquier modelo autonómico o descentralizado. Y ciertamente no tendría por qué ser así si cada palo aguantase su vela y los organismos autonómicos, además de serlo a la hora de gastar, lo fueran también a la hora de recaudar, aunando así autonomía y responsabilidad. De hecho, se pueden plantear distintas reformas, desde la que van encaminadas a que el Estado recupere competencias en detrimento de las autonomías, a las de corte federalista favorables a una consolidación o extensión de las mismas por parte de la autonomías, pero transfiriéndoles también la responsabilidad recaudatoria en pro de lo que podría ser una sana y responsable competencia entre ellas.

Lo que es lamentable es que la clase política se niegue abordar ese debate y a consensuar una profunda reforma de lo que al día de hoy en un insostenible modelo autonómico. Cerrar lo ojos a esta realidad, y salir con lugares comunes, tales como el de que las autonomías han sido responsable del desarrollo del país en el pasado o lo de la cercanía de la administración al administrado no es de recibo. Es innegable que España ha avanzado en muchos aspectos desde que goza de democracia, pero nada indica –todo lo contrario– que sea gracias, y no a pesar, de nuestro modelo autonómico. Otro tanto ocurre con la recurrente cantinela de la "cercanía" de la administración al administrado. Lejos de ser idónea, en muchas ocasiones la mayor proximidad del grupo de interés al poder que se da en las comunidades autónomas eleva el beneficio del político que regula o legisla en su particular interés. Además, puestos a potenciar la proximidad, ¿por qué no suprimir las competencias autonómicas en beneficio de las municipales?

En cualquier caso, es evidente que si los partidos nacionales no quieren abordar en profundidad este asunto es porque ninguno de ellos quiere enfrentarse a los nacionalistas, cuya única reforma que aprobarían sería la de suprimir las autonomías que no fueran las que ellos gobiernan, en lo que sería un proceso asimétrico y disgregador, aun más letal que el que ahora padecemos. De hecho, las direcciones de los partidos nacionales son cautivas ellas mismas de sus propios barones regionales que compiten también con los nacionalistas en este insostenible reino de taifas.

El resultado es que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato

Tribunal Constitucional
Servicios prestados
Emilio Campmany Libertad Digital 20 Enero 2011

Los romanos ofrecían al pueblo asediado que se rindiera la conservación de los propios jefes e instituciones a cambio de un razonable tributo a Roma y amenazaban con la destrucción total a quienes se les opusieran. Cumplían a rajatabla lo prometido. Cuando en su avance llegaban al pueblo siguiente, sus habitantes sabían perfectamente a qué atenerse y la mayoría de las veces escogían rendirse. Esta política les permitió conquistar un imperio inmenso teniendo que pelear a muerte en muy pocas ocasiones.

El PSOE o, mejor dicho, el PSOE de Rubalcaba, porque el de Zapatero no se atiene siempre a estas reglas, hace lo mismo. Castiga cruelmente a los desleales y cubre de honores, cuando no de oro, a los leales. Hoy hemos tenido ocasión de ver la aplicación de las dos caras de esta política en la elección del presidente del Tribunal Constitucional. Que saldría uno de la cuerda del PSOE, lo sabían hasta las madres, dado que eran siete a cuatro. La cuestión estaba en quién sería elegido, si Pascual Sala o Manuel Aragón.

El cordobés de apellido maño tenía la ventaja de poder reunir cierto consenso entre los conservadores, de forma que cabía que fuera elegido por unanimidad o casi, si los izquierdistas le respaldaban. Pero tenía un defecto muy grave, haberse empeñado en ver en el estatuto de Cataluña parido por Zapatero y Artur Mas groseras tachas de inconstitucionalidad. De facto, esto supuso que quien fuera designado por el Gobierno de Zapatero votara con el bloque conservador en lo del estatuto. Así fue como María Emilia Casas se vio obligada a hacer encaje de bolillos durante tres años, evitando someter a votación el bodrio hasta lograr un cierto consenso en salvar lo salvable.

Pascual Sala, en cambio, luchó con denuedo defendiendo lo indefendible hasta decir que era preciso declarar la constitucionalidad para evitar que Cataluña se separara de España. O sea, dio un argumento político él, que es quien no debiera considerar más argumentos que los jurídicos.

Pero, probablemente, el mayor mérito de Pascual Sala a los ojos de los socialistas no haya sido su adhesión inquebrantable a la constitucionalidad de lo inconstitucional, sino los servicios prestados durante la época en que fue presidente del Tribunal Supremo, entre 1990 y 1996, los años en que el PSOE tuvo que dar cuentas por el terrorismo de estado. Es cierto que fracasó al intentar impedir que el ministro del Interior socialista fuera a la cárcel por crímenes de la organización terrorista GAL, pero en su disculpa puede alegarse que las pruebas contra Barrionuevo eran abrumadoras. En cambio, tuvo un éxito fulgurante al impedir que Felipe González, obvio superior jerárquico del ministro, se viera salpicado por el asunto con la exótica doctrina de la estigmatización, entre otras triquiñuelas. Recibió su premio yendo al Constitucional y ahora se lo redondean con la presidencia.

Así que los jueces y magistrados que en España pelean por ascender a las más altas magistraturas de la Justicia y esperan hacerlo con el apoyo del PSOE, ya saben cómo se las gastan en Ferraz. Podría decirse que el PSOE aplica sistemáticamente el axioma que, en versión edulcorada, viene a decir "al amigo, todo; al enemigo, nada, y al indiferente, la legislación vigente". Así son y no van a cambiar.

Senado
El resentimiento de los pusilánimes
Agapito Maestre Libertad Digital 20 Enero 2011

De acuerdo con el designio socialista de fracturar los principales vínculos entre los españoles, el Senado ha aprobado la utilización de las lenguas de España contra la lengua de España, el castellano. El español. Creo que la medida es coherente, por un lado, con el proyecto socialista de romper los vínculos entre los españoles, entre los ciudadanos de la nación española, para gobernar sobre los destrozos; por otro lado, también es coherente con los nacionalismos, todos ellos independentistas, que no tienen otro objetivo que diferenciarse de España por la manipulación de una de las lenguas de España. El nacionalismo no utiliza la lengua para comunicarse sino para diferenciarse, es decir, mata la esencia de la lengua.

Ya sé, ya sé, que es completamente absurdo el uso de cinco lenguas en los plenos del Senado. Pero que nadie se rasgue las vestiduras por la medida, porque es tan absurda como la utilización, casi única, del catalán en el parlamento de Cataluña. La manipulación del catalán en Cataluña es tan grave como la negación del castellano. En cualquier caso, la barbaridad del Senado es un efecto más de un largo plan de los socialistas y nacionalistas que está, sin duda alguna, teniendo un éxito apoteósico. Los populares, quién podrían ponerlo en duda, han acompañado ese sencillo programa del que aquí les ofrezco esta pincelada: se trata de negar España, es decir, de manipular los vínculos, los acuerdos y los consensos fundamentales entre los españoles para implantar un modelo de Estado que niega la nación española.

La viabilidad del programa no ha podido ser más efectiva; entre otras razones, reitero, porque apenas ha tenido oposición por parte del PP. Al contrario, muchas veces ha contado con la colaboración, sin duda alguna, pusilánime de este partido. Fracasada la nación española, según condensó Zapatero en frase famosa –"la nación es un concepto discutido y discutible"–, es menester, primero, reconocer lo evidente, a saber, la payasada del Senado es una consecuencia de la derrota de la nación española; en segundo lugar, es menester que empecemos a buscar a todos los responsables políticos y les asignemos a cada uno sus "culpas" en este trágico asunto de la desnacionalización de España.

Aquí, queridos amigos, nadie es inocente. Aquí no se salva ni el PP; baste recordar las actuaciones de Aznar en 1996, cuando llegó al poder y se entregó no tanto al nacionalismo de CiU cuanto a los lugares comunes acerca de una ideológica hiper-legitimación de los nacionalismos para construir la democracia. En ese contexto sobre lo "políticamente correcto", no podemos olvidar el uso que, a veces, han hecho cualificados representantes del PP de las otras lenguas de España para dirigirse a todos los senadores. Ha llegado la hora del pensamiento. De los ajustes de cuentas sencillos y contundentes. Sí, sí, cuando todo ha pasado, como diría Hegel, hemos de dar cuenta de lo sucedido. O sea, el absurdo de hablar en el Senado con cinco lenguas, prescindiendo de la lengua de España, el español, no es causa para romper la nación española, sino un efecto más de una nación rota. Eso es todo. Y quede claro: la responsabilidad de esa ruptura no es sólo del PSOE y los nacionalistas sino también del PP

Senado
Babelizar para confederar
Antonio Robles Libertad Digital 20 Enero 2011

La utilización de las lenguas regionales en el Senado nos ofrece una oportunidad inmejorable para desvelar uno de los males que nos aquejan como nación: el trueque de la política como instrumento de racionalización de recursos y necesidades por la dramatización de emociones con fines identitarios.

Sólo a una mente ajena a esta superstición identitaria le puede pasar desapercibida la sutil diferencia entre lo que es un legítimo derecho a utilizar las lenguas regionales en el Senado y su función comunicativa. No parece lógico que teniendo una lengua común dominada por todos, se simule no conocer y se asuma la molesta traducción simultánea y su coste. Es evidente que no es la función comunicativa la que justifica tanta incomodidad, sino su función simbólica. La lengua para los nacionalistas no es un instrumento de comunicación sino de identidad. Con su utilización en el Senado no se gana en entendimiento, se marca territorio. Lo que el sistema constitucional no permite, o sea, convertir el Estado autonómico en Estado plurinacional, lo consigue de facto la traducción simultánea. Los nacionalistas han ganado todas sus batallas desde la restauración de la democracia adueñándose de las palabras, definiendo las cosas y ocupando los espacios culturales desde la escuela a los medios de comunicación (la hegemonía cultural de Gramsci). El resto, o sea, el poder y los cambios legislativos, serán consecuencia de una situación sociológica macerada, subvencionada y, si es preciso, forzada para convertir en inevitable lo que previamente ha sido normalizado. Llámese inmersión lingüística, exclusión de la bandera española de los edificios públicos o cesiones del IRPF asimétricos.

Dos son los fundamentos en que basan los nacionalistas el derecho a utilizar las lenguas regionales en el Senado: la pluralidad lingüística es una riqueza cultural y el coste de la traducción simultánea es rentable por su capacidad para reducir las tensiones territoriales. Hay un tercero que flota entre la utilización interesada y la añoranza del multilingüismo: las lenguas regionales, como españolas que son, no pueden ser excluidas de los organismos oficiales.

Por un lado, la diversidad lingüística no es una riqueza, es un estorbo. La proliferación de lenguas no aporta más comunicación, sino mayores dificultades para relacionarse. Precisamente por eso, uno de los méritos que hoy día se valoran más en el currículum es el dominio de idiomas; no porque añadan más conocimientos, sino porque ponen en comunicación conocimientos encriptados por culpa de la diversidad lingüística. Las lenguas son una barrera al intercambio de conocimientos, más que una fuente de ellos. Y en muchos casos se dedican más horas a descodificar esos códigos lingüísticos, es decir, a estudiar lenguas, que a ensanchar el conocimiento científico distinto del que ellas generan sobre sí mismas. El que el aislamiento ancestral de las comunidades humanas haya dado lugar a lenguas diferentes no significa que su consecuencia sea beneficiosa para el entendimiento humano. Deben ser respetadas, pero no sacralizadas como si fueran especies en extinción. Precisamente cuando el hombre ha tenido oportunidad de amoldar la naturaleza a sus intereses, ha universalizado códigos. El metro es una consecuencia y el STOP otra. ¿La diversidad de cargadores de móviles nos aporta más y mejor servicio que si tuviéramos uno idéntico para todos los teléfonos?

Por otro, los beneficios en paz social de la traducción simultánea son superiores al costo por garantizarla, dicen. Desde luego, 350.000 euros al año no sería coste excesivo si con ello se reducen las tensiones políticas, pero el problema es que ese precio servirá para agravar las tensiones, no para disolverlas. ¿Por qué? Porque la reivindicación nacionalista no busca mayor eficacia comunicativa, sino voluntad de borrar el estatus de lengua común de la española y evidenciar que todas las lenguas están al mismo nivel, para hacer visible e inevitable por contagio lógico que España es una confederación lingüística y por ende, un Estado plurinacional. Bilateralidad primero, Estados estancos después. Vuelta a la mentalidad feudal para imponer al Rey sus condiciones cada vez que les interese. No es una metáfora, Jordi Pujol en 1994 habló de reconvertir España en diversos Estados confederados, con la Corona como único nexo de unión.

En cualquier caso, si fuera útil el pinganillo en el Senado, ¿por qué no en cualquier otro estamento oficial y en todo momento? Si así fuera, los costos se dispararían. A modo de ejemplo: uno de los presupuestos más abultados del Parlamento de la Unión Europea es el dedicado al multilingüismo. 1.123 millones de euros al año, es decir, la friolera de 186.418 millones de pesetas para traducir 23 idiomas, y aún así dejan fuera a otras muchas lenguas: todas las lenguas regionales de España.

A la luz de esta torre de Babel y de euros derrochados de la UE, no es extraño añorar una lengua franca como lo fue el latín en el pasado. En España, sin embargo, la tenemos, pero no la valoramos.

La añoranza del multilingüismo, finalmente, es interesada. España no es un país multilingüe, como tampoco es confederado. Lo es por ejemplo Suiza, con el alemán, el francés, el italiano y el retorrománico, circunscritos cada uno mayoritariamente a su territorio. Pero en España tenemos un idioma común, hablado por todos y oficial a todos los efectos en todos los territorios de España. Es evidente que esta situación jurídica y de hecho no gusta a los nacionalistas, lo cual no justifica que se falsifique.

El precio que hemos de pagar por haber permitido que la dramatización de las emociones haya desplazado a la fuerza de la razón para gestionar los asuntos públicos, me temo que no sea su peor consecuencia.

Esperpento en el Senado
* El Editorial La Razón 20 Enero 2011

Nada ilustra mejor la política de despilfarro y la frivolidad en el gasto público que la estampa ofrecida ayer por el Pleno del Senado, en el que sus señorías recurrieron a los servicios de traducción simultánea pese que todos ellos hablan y entienden perfectamente el castellano, que es la lengua oficial del Estado. En medio del vivo debate político y social que se ha planteado estos días sobre la racionalización del gasto de las autonomías, resulta esperpéntico que el Senado despilfarre, debido a la anuencia del PSOE con los nacionalistas, 350.000 euros al año para satisfacer un capricho político.

No sólo es una burla a los millones de trabajadores en paro y a los cientos de miles de familias que no tienen ingreso alguno, sino también al sentido común. El despliegue de 25 nuevos traductores y 400 «pinganillos» para que un senador andaluz del PSOE «entienda» lo que dice otro senador andaluz del PSC sería sencillamente hilarante si no fuera porque implica un desembolso obsceno que ningún político responsable puede avalar, y menos aún en una época de crisis económica tan profunda. Argumentar, como han hecho los nacionalistas, que «los derechos no tienen precio» es, además de un alegato estúpido, una demagógica tomadura de pelo, pues el primer derecho lingüístico en una institución del Estado es el de emplear la lengua común y oficial para comunicarse sin necesidad de recurrir a artificios.

Que el catalán, el gallego o el vascuence se hablen en Las Cortes ni les añade derechos ni se los quita, pues es una decisión que responde a meras maniobras partidistas que en nada los afectan como idiomas. De hecho, si fuera una cuestión «de derechos», ¿por qué se limita el uso a los plenos y no alcanza también a la sesión de control del Gobierno? ¿Acaso para no dar la nota de ver a un presidente del Gobierno de España con pinganillo para escuchar la interpelación de un compañero de partido catalán? No es extraño que ante espectáculos como el de ayer en el Senado o ante situaciones de privilegio como el régimen de pensiones de los parlamentarios vayan en aumento el desprestigio de la clase política y la desafección de los ciudadanos. Se echa en falta ese plus de ejemplaridad y probidad que debe exhibir todo servidor público, que otorga la necesaria autoridad moral a la hora de adoptar medidas difíciles. Quien pide sacrificios a los ciudadanos para que arrimen el hombro frente a la crisis no puede luego frivolizar con el dinero del contribuyente.

Y haría bien el presidente del Senado, Javier Rojo, en no añadir más impostura al escándalo diciendo que no hay aumento de gasto sino «redistribución»: tal simpleza no es digna de la alta magistratura que ocupa. Al bailarle el agua a los nacionalistas, los dirigentes del PSOE han antepuesto el interés general a los de partido. Las lenguas cooficiales no sólo gozan ya de primacía casi total en las administraciones públicas respectivas, que en el caso catalán incluso ha marginado al castellano, sino que tiene su ámbito natural de desarrollo político en sus propios parlamentos. Por todo ello, la Cámara Alta debería replantearse recuperar cuanto antes la sensatez y el respeto de todos los españoles.

Pinganillos
El montaje superfluo de los pinganillos retrata la trivialidad de la agenda política y el papel postizo del Senado
IGNACIO CAMACHO ABC 20 Enero 2011

NO se trata del dinero, que también, sino de la trivialidad. Los pinganillos del Senado no son tanto un despilfarro —que objetivamente sí lo son, en tanto que suponen gastar miles de euros en un montaje accesorio— como una demostración del ensimismamiento estéril de nuestra clase política, cuya agenda de prioridades está dominada por la tendencia al histrionismo infantil y a la gestualidad anecdótica. Son el penúltimo símbolo de desarraigo de un colectivo dirigente desanclado de la realidad, una especie de oligarquía enajenada en su burbuja de caprichoso y carísimo celofán de privilegios.

Esa propensión escenográfica, fronteriza con la payasada, no representa a la España plural sino a la España irreal que reside en el imaginario de nuestra dirigencia, un grupo incapaz de entender y de representar los anhelos de la gente que les paga el sueldo y les costea sus extravagancias. En un país en el que las lenguas autóctonas están perfectamente protegidas y fomentadas en sus respectivos ámbitos, gozando de plena vigencia normal y de oficialidad casi unívoca en las instituciones y parlamentos territoriales, el dispositivo de traducción simultánea en una Cámara nacional cuyos miembros son todos sin excepción perfectamente capaces de expresarse en el idioma común resulta una farsa extravagante, un chusco alarde de ostentación artificiosa.

Los mismos tipos que se colocan los auriculares con afectada solemnidad en la sala de Plenos hablan en los pasillos el castellano que desdeñan para complacerse en la pose de una oficialidad multilingüe, y ese desajuste retrata el cartón truquista de su impostura, la flagrante superchería de esa representación redundante y tramposa. Se trata de un ejercicio literal de doble lenguaje, una metáfora transparente del engañoso trampantojo dibujado por la política española como telón de fondo de su insustancialidad y su falta de realismo. Frente a la situación límite en que la crisis ha situado al Estado autonómico, colapsado financieramente por su insostenible hipertrofia, los nacionalistas y sus inestimables aliados socialdemócratas imponen una irritante escenografía de insensato derroche simbólico. Un peldaño más en la escala de desapego enajenado que separa a los ciudadanos de su sistema de representación pública.

En realidad, el tingladillo de intérpretes del Senado no viene a ser más que la muestra cristalina de la inutilidad de esa Cámara a la que nadie logra encontrar un papel ni un sentido en el mapa institucional de la democracia. Funciona como una caja hueca y cara, un dispendio ornamental y vacío, un engorroso y disfuncional juguete. Reducido a un escenario de simulación, a una pantomima sin guión ni sustancia, es la caricatura de un Parlamento postizo al que el artificio de los pinganillos desnuda su carácter huero, superficial, sintético. Sencillamente superfluo.

Censura al Senado
Editoriales ABC 20 Enero 2011

El ridículo de los pinganillos es buena prueba de la debilidad del PSOE ante la voracidad de sus coyunturales aliados nacionalistas

DE acuerdo con la Constitución, las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Es un sistema de bicameralismo imperfecto, porque el Congreso tiene funciones mucho más relevantes que la llamada —por razones históricas— Cámara Alta. El Senado busca desde el primer día un encaje que no encuentra como cámara territorial, de tal manera que los debates políticos o académicos sobre su reforma se suceden una y otra vez sin ningún resultado positivo. Los grupos parlamentarios que han apoyado la puesta en marcha de una «torre de Babel» cometen un grave error. Este es el peor camino posible para reivindicar el prestigio de una Cámara ignorada —salvo circunstancias muy concretas— por la opinión pública y que los propios partidos degradan al concentrar todos sus esfuerzos e iniciativas en el Congreso. Así, el Palacio de la Plaza de la Marina se ha convertido en un foro para celebrar actos ajenos, como la conferencia de presidentes autonómicos, y en una asamblea residual donde se pactan algunos cambios de última hora en las leyes que aprueba el Congreso. Ni siquiera sirve de nada el derecho de veto que le corresponde, como se ha demostrado hace poco con los presupuestos generales del Estado para 2011.

Sin embargo, hay una función exclusiva de la Cámara Alta, de máxima importancia en situaciones de crisis. Según el artículo 155 de la Constitución, el Senado debe aprobar por mayoría absoluta las medidas impulsadas por el Gobierno frente a las comunidades autónomas que incumplan sus obligaciones. Ello demuestra la intención del constituyente de convertir esta Cámara en pieza maestra para la defensa del «interés general de España», al que se refiere literalmente la norma citada. Por tanto, el Senado debería actuar como garante de la coordinación entre las diferentes instancias y es el lugar menos adecuado para ofrecer una imagen de confusión y dispersión. El ridículo episodio de los pinganillos es buena prueba de la debilidad del PSOE ante la voracidad insaciable de sus coyunturales aliados nacionalistas. Una vez más, es el Senado como institución el que saldrá perdiendo si no rectifica de inmediato este despropósito.

El café de Clavero y la unidad nacional
Santiago TALAYA La Razón 20 Enero 2011

Si sólo Cataluña, País Vasco y Galicia hubieran accedido durante la Transición a la autonomía política, hoy es muy posible que ninguna de estas tres regiones (o nacionalidades) formara parte de España. Ya sé que es historia ficción pero no me negarán que cuando sobre un mapa se singulariza y colorea una parte muy concreta del mismo, la generación siguiente suele estudiar otro mapa distinto en los libros de texto. Y esta es la gigantesca contribución del paradójicamente denostado café para todos del andaluz Manuel Clavero, nada menos que a la unidad nacional. Porque no existe ningún frenesí autonómico, el cual, si lo hubiera, sería exclusivamente responsabilidad de los partidos políticos nacionales que gobiernan la mayoría de las comunidades.

Es decir, más gasto y más cargos públicos como base de una cultura partidista clientelar. Nada que ver con el modelo de Estado, pues si no existiesen las autonomías, tal hipertrofia administrativa habría anidado de igual manera, como en efecto ha ocurrido, en los ayuntamientos, diputaciones provinciales o mancomunidades. Por tanto, el problema no está en la generalización del café sino que los partidos han aprovechado la dinámica autonómica para abrir la barra libre.

Y ahora, con la brutal crisis presupuestaria ya no hay whisky para todos. Pero, y aun exigiendo tomar medidas, se trata de una cuestión cuantitativa, no cualitativa, y sólo hay que comprobar cómo nacionalistas vascos y catalanes han excitado sus jugos gástricos solo con pensar en la decimonónica cartografía en la que a la mayor parte de España se la denominaba Castilla y territorios asimilados. Por lo demás, Zapatero, que huele e hila fino, ha abonado hábil y ambiguamente este debate de tal forma que ya no es él sino las autonomías las culpables de la situación económica mientras el PP se dispone ciegamente una vez más a enturbiar su relación con las formaciones periféricas sin saber todavía si no le serán vitales.

Un modelo insostenible
* La opinión de Cefas La Razón 20 Enero 201

El Estado de las Autonomías en su actual configuración no es sostenible. Hay que introducir mayores dosis de racionalización, eficacia, austeridad y coordinación. No será fácil, pero no tiene por qué ser imposible. La salida fácil es culpar a las formaciones nacionalistas, pero no se puede olvidar que les mueve el interés por sus respectivas comunidades. Nunca lo han escondido. Por ello, la mayor responsabilidad la tienen los grandes partidos. La traducción simultánea en el Senado es el mejor reflejo del despropósito. La pluralidad lingüística expresa la riqueza de la cultura española, pero nunca se debería haber llegado a que se utilicen traductores con el único fin de acentuar las diferencias. Estamos abocados a una espiral que sólo se puede parar desde el sentido común. Hay una ruptura de la unidad de mercado que perjudica gravemente nuestra economía y se ha legislado sobre las cosas más absurdas. Tanto populares como socialistas son conscientes de ello, pero es necesario que hagan algo y no me refiero a una involución.

Diferencia por la diferencia
CEFAS La Razón 20 Enero 2011

La polémica no está en si las lenguas cooficiales son españolas, porque lo son y además así lo consagra la Constitución. No es el debate. Es muy fácil caer en el ridículo y siento decir que estamos en ese estadio. Las comunidades autónomas con lenguas cooficiales han destinado centenares de millones, por no decir miles, a la normalización lingüística. Una enorme industria de traductores, productores y autores ha florecido al amparo del fervor autonomista. Lo que ha sucedido en el Senado era tan innecesario como absurdo. Es la diferencia por la diferencia. Hay que recordar, además, que los nacionalistas rechazan que el catalán, el vasco o el gallego sean lenguas españolas. No quieren fortalecer la unidad sino debilitarla para avanzar con paso firme hacia la secesión. Es cierto que no pueden conseguirlo a corto plazo, pero también que es su objetivo final. Hay imágenes que valen más que mil palabras y los españoles contemplan asombrados decisiones que les alejan de la política. Es un grave error.

Como unos nuevos ricos
Cefas La Razón 20 Enero 2011

España es un país maravilloso, capaz de acometer las gestas más extraordinarias pero también de caer en la postración y la melancolía. Ése el estado en que se encuentra. Hemos pasado de creernos capaces de comernos el mundo ­–y con Zapatero alardeando de que superaríamos a Italia– a la situación actual, en la que sólo hablamos de la crisis. Durante muchos años vivimos con los fastos propios de un nuevo rico con los pies de barro. El típico especulador bursátil que veía cómo crecía artificialmente su fortuna hasta que un día se desmoronaba como un castillo de naipes. España es una de las naciones más importantes de la historia de la Humanidad. No es la primera vez que afronta con éxito retos mucho más difíciles. La desmesura del Estado de las Autonomías es una muestra de esa actitud de nuevos ricos que ha conducido a una estructura insostenible. No se trata de recuperar un modelo centralista, que sería tan absurdo como inconstitucional, sino de ajustar su estructura y gastos dentro de la racionalidad que demanda la sociedad española.

Reforma
Contra este Senado
Jorge Vilches Libertad Digital 20 Enero 2011

El vergonzoso episodio de la traducción simultánea en el Senado parece que despierta ahora la crítica a una institución que ha demostrado su inoperancia desde su creación. Sin embargo, esta Cámara Alta constituye uno de los errores que se cometieron durante la Transición, y que se acabó plasmando en la Constitución de 1978. Entonces se tuvo por bueno todo aquello que pareciera vagamente antifranquista, y los nacionalistas lo parecían. Los hombres de la Transición creyeron que la organización territorial del Estado debía hacerse con una fórmula que satisficiera a los nacionalistas, quienes sólo pueden tener satisfacción en la independencia, en la creación de su propio Estado. Y así nació el contradictorio y ambiguo artículo 2, que habla de la "unidad de la nación española" y de las "nacionalidades" que la componen, pero también el Título VIII, que ha dado lugar al galimatías administrativo, político y económico actual, y el Senado.

El Senado se presentó como respuesta a la necesidad de dar voz a los territorios, a esas "nacionalidades" y regiones que componían el país. Pero, en realidad, por su composición el Senado obedece más a un principio representativo mixto, en el que los senadores son elegidos por los ciudadanos en cada provincia, no por comunidad autónoma, y una cuarta parte es designada por los parlamentos autonómicos. Es decir; el sistema es directo, pero también indirecto; y es provincial, pero también autonómico. Los constituyentes no quisieron acudir a un sistema directo popular, como en Estados Unidos, o institucional, como el del Bundesrat alemán, donde los senadores son representantes de los gobiernos de cada Estado federado. En este último caso sí componen una verdadera representación territorial, distinta a la del Bundestag, nuestro Congreso de los Diputados, que es elegido por los alemanes con un sistema proporcional.

De esta manera, el Senado español no cumple con el propósito de ser una cámara de representación territorial verdadera, y no hay diferencia con el Congreso. Es más; es esta última Cámara la que sí realiza esa función, pues el nacionalismo y el regionalismo se han convertido en la clave política principal del voto en casi todas las autonomías. Este acontecimiento ha supuesto que el peso de los partidos nacionalistas y regionalistas sea muy importante en el Congreso representando a sus territorios, y convirtiéndose por su cantidad de diputados en el instrumento para la aprobación de proyectos y proposiciones de ley. La conclusión es que el Congreso desempeña verdaderamente la función que dio vida al Senado.

Tampoco tiene el Senado español actual una función colegisladora digna de relevancia, pues el Congreso, del que finalmente emanan todos los poderes, puede sobreponerse al veto senatorial, dejando en agua de borrajas el contrapeso que dicha Cámara pudiera ejercer. Óscar Alzaga, el democristiano que en la Transición lideró el Partido Demócrata Popular que se integró en UCD y luego en Alianza Popular, justificaba el simbólico papel legislativo del Senado diciendo que su misión era el "enfriamiento"; es decir, alargar el proceso. Pero dilatar los procesos no es útil de por sí, máxime si la composición de ambas cámaras es la misma.

La reforma del Senado ha sido un tema que nació con la misma creación de dicha Cámara. El motivo es la voracidad de los nacionalistas, alimentada por un inconsistente Título VIII de la Constitución, y por unos partidos estatales, el PSOE y el PP, cuya necesidad de mantener o de conseguir el poder les ha enviado a los brazos de los partidos nacionalistas. De este modo, el galimatías autonómico ha dado como consecuencia un Senado inoperante, siempre amenazado de reforma, que no ha conseguido una mejor vertebración de España.

Una Cámara Alta es conveniente siempre que sirva para representar intereses distintos y democráticos, claro está, a los que representa la Cámara Baja (territoriales unos, generales otros), y que, si además es capaz de contrapesar, controlar o vigilar eficazmente a los otros poderes del Estado, mejor. Lamentablemente, nuestro Senado no cumple ninguno de estos requisitos.

GARGANTA PROFUNDA
Los nacionalistas pueden colarle un golazo a Bono en el Congreso
El Semanal Digital 20 Enero 2011

Eso es, al menos, lo que creen CiU, PNV, ERC, entre otras fuerzas. Desde luego, están crecidos y prometen ocasionarle un serio dolor de cabeza a la tercera autoridad del Estado.

Sacan pecho y están dispuestos a mostrar musculatura. El estreno del uso de las lenguas cooficiales del Estado en el Senado ha envalentonado a los nacionalistas que ahora dirigen sus miradas al Congreso. Con ese objetivo, CiU, PNV, ERC, BNG, Nabai e IU-ICV han creado un frente común para dar la batalla en la Carrera de San Jerónimo.

Todos a una, y con la vista puesta en la polémica que iba a desatar, ya registraron el pasado 30 de diciembre una proposición de reforma del reglamento de la Cámara Baja para lograr su reivindicación de convertir la Cortes en una suerte de Torre de Babel. Y, desde luego, creen haber encontrado la puerta para colarle un gol a José Bono.

Entre otros argumentos, los nacionalistas aducen al hecho de que el Reglamento no menciona cuáles son las lenguas que pueden utilizarse en las sesiones parlamentarias y en el conjunto de su actividad. Apelan a los artículos 69 a 77, donde se regula la forma de proceder en los debates y en los turnos de palabra, pero también a los 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, que engloba el título dedicado a las interpelaciones y preguntas, y en ninguno de ellos se hace mención a la lengua de uso.

Hasta ahora, avisan, se ha interpretado que la lengua de uso debía corresponder al castellano. Pero, no están conformes con esa conclusión. José Bono tiene su opinión pero se ha negado a pronunciarse públicamente al respecto. Al presidente del Congreso le chirría, y de qué manera, la llegada del "pinganillo" al Senado y, desde luego, cierra la puerta a esa posibilidad en la Cámara Baja. Pero le van a dar más de un quebradero de cabeza.

Abierto el debate, la vida en el Congreso ha seguido su curso y sus Señorías han continuado expresándose mayoritariamente en castellano por los pasillos, pidiendo la caña en la cafetería o leyendo el menú del almuerzo únicamente en la lengua de Cervantes.

Salvemos el Estado de las Autonomías
Como el Estado del Bienestar, el Estado de las Autonomías requiere su reformapara hacerlo viable
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 20 Enero 2011

«EL desarrollo autonómico ha sido un acierto. Ha generado crecimiento, ha repartido responsabilidades y competencias, ha liberado energías humanas y ha mejorado la cohesión social y territorial. El grado de descentralización fiscal en España es ya comparable al de los países representativos del federalismo. Pero la demanda de descentralización no se basa en una supuesta ganancia de eficiencia que está lejos de ser evidente. No existe una relación estadísticamente significativa entre un proceso creciente de descentralización y una mayor eficiencia económica reflejada en un mayor crecimiento. El Estado de las Autonomías se nos ha escapado de las manos y está erosionando las bases de crecimiento futuro. Ahora no se nota, porque cuando la marea sube hay para todos. Pero la presión fiscal crece, el intervencionismo económico aumenta, la maraña regulatoria se multiplica y la seguridad jurídica se deteriora». Perdónenme la larga cita y más aún la inmodestia que supone repetir un artículo mío publicado en 2007 en un libro editado por el Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid. Pero la actualidad manda, el debate está encima de la mesa y simplemente no es verdad que nadie alertase de que el desarrollo autonómico generaba problemas de solvencia y de eficiencia

El debate académico entre especialistas se ha convertido hoy en un tronar incesante de la opinión pública. Un estruendo que apenas ha llegado a oídos del Partido Socialista, que sigue instalado en su ensoñación sentimental, mezcla de antifranquismo y antiguo Régimen. La foto de los senadores con pinganillo es la constatación del distanciamiento del Gobierno y sus aliados con los ciudadanos, con la realidad y con el sentido común. Parafraseando a Hayek, bien se puede decir que el zapaterismo ha iniciado un Camino hacia la Estupidez de difícil retorno. No se trata de enfrascarse en estériles discusiones existenciales. El Estado de las Autonomías no es una religión, es un instrumento de acción política que tiene que ser sostenible económicamente. No es una construcción metafísica, sino una realidad jurídico-constitucional que puede y debe ser mutable. Los nacionalistas, y el PSOE de Zapatero, que se ha disuelto en una agrupación electoral de partidos nacionalistas y socialistas, han hecho siempre una lectura sesgada, asimétrica, de corriente continua. El movimiento solo es posible en una dirección, centrífuga, descentralizadora.

Pero igual que la realidad física ha impuesto la corriente alterna, la realidad económica nos obliga a hacer ajustes centralizadores. Como el Estado del Bienestar, el Estado de las Autonomías requiere su reforma para hacerlo viable. Así lo han entendido a tiempo en Alemania y ahora lideran la recuperación europea.

Si hemos sido capaces, bien es cierto que obligados por las circunstancias, de reducir el coste del despido, recortar las pensiones y perder derechos sociales, no veo por qué no podemos replantearnos algunos presuntos derechos históricos, de repensar el mapa competencial y de recuperar la autoridad del Gobierno central. Pero quizá por eso no soy nacionalista, porque pienso que los derechos de las personas están por encima de los de los territorios; que la solidaridad y la cohesión social, la justicia y la igualdad de oportunidades han de darse entre los ciudadanos, no entre los kilómetros cuadrados. Ya era hora de que se abriese el debate autonómico. Nos lo han tenido que abrir desde fuera, como todo últimamente. Pero no dejemos que la irracionalidad nos eche de Europa.

Zapatero defiende el plurilingüismo en el Senado, pero no el español en Cataluña
El presidente se muestra a favor de las traducciones en el Senado pese a las críticas de socialistas como Guerra y Vara
 www.lavozlibre.es 20 Enero 2011
jueves, 20 de enero de 2011, 08:46

Madrid.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, salió este miércoles, 20 de enero, a la palestra para defender el plurilingüismo en los plenos del Senado. Zapatero, pese a las críticas de otros dirigentes del PSOE, argumentó que "son todas ellas lenguas españolas". Su partido, sin embargo, apuntala la discriminación del castellano en las comunidades autónomas con más impronta nacionalista.

El primer partidario de las políticas lingüísticas excluyentes es el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, que el pasado sábado se declaró a favor del modelo catalán. Según Rubalcaba, la sentencia del Tribunal Supremo "no cuestiona" la llamada inmersión lingüística en la enseñanza.

El presidente subrayó que el modelo autonómico permite el reconocimiento de "nuestra pluralidad territorial". "Las lenguas en que muchas de sus señorías, como tantos ciudadanos, se expresan a diario, señaló, "encuentran hoy un nuevo espacio en la Cámara que está llamada, por definición, a reflejar la pluralidad territorial".

Con su discurso, Zapatero contentó a los nacionalistas, sus cómplices en la discriminación del castellano en regiones como Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Baleares. En estas comunidades, donde estudiar y recibir comunicaciones oficiales en castellano es casi misión imposible, los partidos nacionalistas olvidan los criterios de plurilingüismo y libertad que tanto reclaman en las instituciones españolas. En sus televisiones, parlamentos, ayuntamientos, escuelas... sólo tienen cabida los idiomas autonómicos. Sin embargo, TVE emite en la lengua de Josep Plá en Cataluña y ahora el Senado ha hecho una fuerte inversión para permitir los plenos plurilingües, por poner dos ejemplos.

La estampa de los senadores ajustándose el pinganillos para entender los discursos del resto no ha gustado a pesos pesados del socialismo como el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que calificó el uso de cinco lenguas de "innecesario". "Todo el mundo entiende castellano. Es evidente, cualquier persona sensata lo sabe".

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también se mostró en contra de la traducción simultánea en el Senado. "Todo el mundo puede hablar en su idioma y al mismo tiempo hablar en la lengua que compartimos: lo otro (la traducción) es complicado de entender", aseveró.

PP, UPyD y UPN son los tres partidos que encabezan el rechazo al uso de pinganillos en el Senado. La portavoz 'popular', Soraya Sáenz de Santamaría, dejó clara la postura de Génova: "El sentido común fija que en las instituciones comunes se use la lengua común".

A favor del pinganillo senatorial, a favor de las españas de hoy
Pedro de Hoyos Periodista Digital 20 Enero 2011

El emperador Carlos I de España (¿Por qué preferimos llamarle “V de Alemania”?) hablaba de “los mis reinos de España” cuando aquello de los Comuneros. Ahora España es un solo reino pero aquellos polvos trajeron estos lodos y resulta que en el reino hablamos cuatro idiomas: Castellano, catalán, gallego y vasco, todos ellos españoles de nacimiento y de derecho, cosas de la atribulada historia de “las Españas”. El Senado quiere reconocerlos como idiomas propios, como parte de la riqueza nacional o, si lo prefieren, “estatal”, por eso su utilización, aún esporádica. Recordemos que el Senado es la Cámara de los territorios.

pinganillos (1)
Lo del pinganillo de los senadores ha escandalizado a la sociedad por el gasto que supone en la actual decadencia económica, más teniendo en cuenta que nada más abandonar su escaño tan elevados personajes se entienden perfectamente en castellano mientras se toman un café en el bar de la esquina. Pero es que no se trataba obviamente de hacerse entender en una lengua u otra, sino, insisto, de reconocer la pluralidad lingüística y cultural española. Si cuestión de entendimiento fuera sobraría el gasto, evidentemente. Instalados en la algarabía populachera y en el alboroto social que se ha montado nadie parece prestar atención a que ese gasto, aparentemente escandaloso, ni siquiera supone alteración del presupuesto de la noble Casa.

Ese gasto, ínfimo para un presupuesto como el español, no desestabiliza la nación ni desequilibra la Hacienda pública ni nos lleva a más ruina que a la que los pésimos gobernantes, aquellos que desdeñaban la crisis mientras nos endeudaban para varias generaciones, nos han arrastrado. Aún la España de los falsos brotes verdes, la España de la falsa champions ligue, la que había superado a Italia y Francia, la que pronto iba a merendarse a Alemania, la España de las subvenciones a los maricas de Zimbabwe o Puerto Rico, puede y debe permitírselo. No es más que un autohomenaje a nuestra variedad, a nuestra riqueza cultural, un reconocimiento a nuestra diversidad, a nuestro españolismo. No se es más español por hablar castellano en vez de gallego, como no se es más catalán por expresarse sólo en catalán y no en castellano.

SenadoEspanol
Sin embargo yo más me preocuparía por el derroche que supone tener un Senado inoperante, que mientras debería ser Cámara de representación territorial sólo es una institución inerte, una cámara de segunda lectura de las leyes, sin que esa segunda lectura suponga nada de provecho, pues jamás se le hace caso, jamás sirve para nada. Y eso es lo criticable a nuestra clase política, que después de tantos años de democracia nadie haya emprendido la loable labor de trasformar el Senado en una institución actualizada y válida, pues tal y como está es un gasto inútil. Y ese gasto si tiene mayor importancia en el presupuesto nacional, sobre todo si lo comparamos con su utilidad. Lástima que Berlanga se haya muerto, le sale título para una gran película: “El despilfarro nacional”.

PD: No, no me recuerden que también existe el valenciano, dejemos esa disputa para otro día, que hoy ya voy servido con la que me va a caer encima.

Un Senado inútil y ridículo
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 20 Enero 2011

Ante todo es una cuestión de mínimo sentido común. O sea, de no hacer un patético ridículo. Porque otra cosa no es que dos personas que se entienden perfectamente en su lengua común utilicen un traductor y un pinganillo para hablar entre ellas. El esperpento queda retratado en ese Chaves y ese Montilla, el uno sevillano, de Córdoba el otro, haciendo el memo. Porque eso es hacer el memo aquí, en el Senado y en un bar de Triana. Vamos, para que en los tres te llamen gilipollas y no sea un insulto sino una exacta definición del asunto.

Que lo están haciendo lo saben todos, incluso los socialistas que lo apoyan (algunos del PSC dejaron ya de serlo hace lustros) y lo saben mejor que nadie los nacionalistas que son quienes una vez más se llevan el cántaro a su fuente. Ellos son los únicos que sacan provecho y son coherentes. El resto, lo dicho y reiterado: unos capullos, hazmerreír y hazmellorar de las gentes.

Pero si esa el la primera aproximación al tema, la segunda no les deja en mejor lugar. Porque el asunto de la utilización de lenguas autonómicas de manera habitual en el Senado es un despropósito que choca con la más clara lectura de la propia Constitución. Esta dice que el castellano es la lengua común de todos los españoles. No es España como Estado un país prurilingue, como pueden serlo Bélgica o Suiza. No. Aquí la lengua común de todos es una el castellano. En algunas comunidades, pero no en todo el Estado hay otra cooficiales, el catalán, el gallego o el vasco. ¡Pero solo en esas comunidades autónomas!. No en la Nación al completo. Y el Senado es una institución estatal, de todos, no autonómica. Por tanto la lengua común es la que debe emplearse y dejarse de tonterías. Que en algunas ocasiones, como ya se hacía, se hicera ese guiño a las otras lenguas españoles en ocasiones y sesiones especiales, era algo muy diferente. Esto es convertir esas excepciones en norma.

El revuelo organizado, al que se ha apresurado a apuntarse Zapatero, máximo especialista en alborotar avisperos y enredar cualquier ovillo que le pongan en las manos, sirve sin embargo para otra reflexión, más allá de esa que ha picado a no pocos. La tontería de los interpretes entre quienes se entienden perfectamente entre si pero que no quieren entenderse tiene un coste y que no está el país para dispendios. Desde luego. Pero ¿y el propio Senado?. Alguien puede dar un argumento serio de que utilidad real tiene ?. Es conocido que llevan más de treinta años buscandola, diciendo que hay que reformarlo, que así no vale. ¿Y si resulta que es que no hay reforma que valga y que si en 30 años largos no se ha encontrado utilidad alguna lo más seguro entonces es ninguna tenga?. ¿Y si no sirve para nada excepto para que unos centenares de políticos y sus añadidos vivan maravillosamente (Es conocido el chiste que entre ellos circula de que no creen en el Paraíso porque ellos ya viven en el mejor de los mundos posibles), porque no lo cerramos como habrá que cerrar tantas cosas y hasta puede algunas al completo en las Autonomías? .

Que dirán que no, que es imposible, que es un disparate. Pues no. La imposibilidad es mantenerlas y el disparate haber llegado a estos 17 reinos de taifas convertidos en primera amenaza de nuestra supervivencia economica y de propia vertebración como Nación y como Estado. Si el Senado para lo único que al final demuestra tener utilidad probada es para hacer un ridiculo espantoso, como ese de los interpretes entre españoles, lo mejor es que se cierre y nos evitamos el esperpento y el gasto

PSOE
La izquierda más brutal de Europa
Pío Moa Libertad Digital 20 Enero 2011

El diario Público, pro etarra a fuer de pro socialista, ha tenido un titular correcto: El discurso del odio envenena la democracia. Plagia lo que vengo diciendo desde hace tiempo, pero está bien el plagio. En España, los odios –desatados muy principalmente por la izquierda– llevaron a la destrucción de la república y amenazan la democracia actual. Lo incorrecto –o calumnioso– de Público es la atribución del discurso del odio a la derecha en general y en particular a una serie de analistas políticos entre quienes me cita. Tradicionalmente la prédica del odio procede justamente de la izquierda, y hoy de la demagogia pro etarra a fuer de pro socialista.

Como es sabido, los odios de la república desaparecieron bajo el franquismo, salvo en núcleos reducidos. Lo cual permitió una transición sin más traumas que los causados por el terrorismo de la ETA (un grupo socialista, no se olvide), del GRAPO (también socialista) y otros de izquierda. El de extrema derecha fue muy secundario. Se menciona también el 23-F, pero Jesús Palacios ha explicado muy bien que no se trató de un golpe involucionista de extrema derecha, pues en él estaban implicados los socialistas y muchos más. He analizado este conjunto de datos históricos en La Transiciónde cristal, y dudo mucho que mis conclusiones puedan ser rebatidas, aunque, ¡quién sabe!, animo a los intelectuales y periodistas de izquierda a intentarlo.

El hecho real es que España padece la izquierda más brutal de Europa, en el doble sentido de violenta y de poco caletre. Su violencia constituye una asentada tradición desde principios del siglo XX. Durante el régimen liberal de la Restauración asesinó a Cánovas, a Canalejas, a Dato, y casi consiguió matar a Maura y Alfonso XIII, magnicidios rodeados de cientos de asesinatos más, cometidos por los anarquistas y los socialistas (estos, durante la intentona revolucionaria de 1917).

En la república mataron a Calvo Sotelo y a centenares más. En el franquismo, el maquis segó la vida de miles de personas, y más tarde la ETA hizo lo mismo con varias decenas, incluyendo a Carrero. En la democracia, la ETA y otros izquierdistas asesinaron a un millar más de personas, entre ellas dirigentes políticos, magistrados, etc. Y el socialismo en el poder practicó a su vez el terrorismo de gobierno, mezclado con la "solución política" para la ETA, que legitimaba el asesinato como medio de hacer política. La segunda etapa socialista, la actual, ha visto la mayor colaboración gubernamental con el terrorismo que haya tenido lugar en la historia de España. No olvidemos tampoco la violencia callejera por parte del PSOE y de la izquierda en general contra Aznar, con destrucción de mobiliario urbano, acoso a las sedes del PP y saqueo de propiedades. O el matonismo sindical. O el agresivo boicot a la libertad de expresión, que se ha vuelto "normal" en muchas universidades. Ahora tenemos el caso de Murcia, dentro de la misma dinámica. Hechos constatables todos ellos, y muy resumidos aquí; no opiniones.

La brutalidad de nuestra izquierda se revela también en la ausencia de pensamiento: no ha dado un pensador ni un libro de pensamiento dignos de recuerdo. En cambio ha producido y produce una retórica venenosa, plagada de calumnias y amenazas, sistematizada en la totalitaria "ley de falsificación (memoria, la llaman) histórica". No podemos extrañarnos de oír a diversos fanáticos intelectuales de izquierda hablar de quemar libros (otra larga tradición izquierdista), de fusilar a los discrepantes, hacer bromas con las violaciones de monjas por "milicianos sudorosos", etc. etc. Por algo se sienten identificados con el Frente Popular.

Este, precisamente, es el discurso del odio, de larga tradición en una izquierda que nunca fue democrática y sigue sin serlo. Ahora, esta misma gente que crispa a la sociedad con sus demagogias y fechorías, habla de imponer la censura para impedir "la crispación" que ella misma crea, al modo como Felipe González intentó amordazar con una "ley antidifamación" las denuncias de la oleada de corrupción de sus gobiernos.

En suma, sufrimos una profunda y rápida involución política que está echando abajo los logros de la transición, y solo un movimiento cívico independiente puede contrarrestarla.

Islamismo
Que no pasen desapercibidos
GEES Libertad Digital 20 Enero 2011

Es tal la atención que requiere la convulsa situación que atraviesa Túnez en el plano internacional –o tan rutinario pero también envolvente desde el punto de vista informativo como el anuncio por parte de los terroristas de ETA de su enésima "tregua", en el plano interno–, que podemos perder de vista dos manifestaciones del terrorismo yihadista extremadamente preocupantes.

La primera es el asesinato el 7 de enero de dos ciudadanos franceses en el norte de Níger, cuando tras haber sido secuestrados en Niamey por terroristas de Al Qaida en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI), fueron asesinados fríamente ante la presión ejercida por fuerzas especiales nigerinas y francesas que pretendían liberarlos. La segunda es la decepcionante, pero por otro lado previsible, reducción de penas a los once condenados por la Audiencia Nacional en diciembre de 2009, por haber planeado atacar con terroristas suicidas el metro de Barcelona. Detenidos en enero de 2008 por la Guardia Civil, en el barrio barcelonés de El Raval, los once eran condenados por la Audiencia Nacional: Maroof Ahmed Mirza, considerado el líder del grupo, era condenado a diez años y medio como dirigente de grupo terrorista. Los otros diez componentes del mismo a 8 años y medio por pertenencia a grupo terrorista (dos de ellos, Qadeer Malik y Shalb Iqbal, fueron condenados a un total de catorce años y medio al añadírseles seis más por tenencia de explosivos). El caso es que ahora se ha resuelto el recurso de casación presentado con una sentencia firme del Tribunal Supremo de 11 de enero: Mirza ha sido condenado en firme a sólo ocho años, y los demás han visto reducidas sus condenas a seis años. Los acusados de tenencia de explosivos eran absueltos de dicho delito. Es decir, la Sala de lo Penal del Supremo ha dejado en evidencia, no sólo a la Audiencia Nacional sino también al Ministerio Fiscal, que había solicitado a los magistrados incrementar todas las condenas en ocho años por la acusación de conspiración para cometer delitos terroristas de homicidio.

El primer acontecimiento nos recuerda con dramatismo que AQMI, una amenaza bien conocida para nosotros, sigue empeñada en explotar la presencia de extranjeros en el Sahel en su beneficio. Pero a la vez es esperanzador observar la actitud de Francia y a sus ciudadanos: el Gobierno francés trata de proteger a sus ciudadanos amenazados en el exterior y la clase política apoya dichas medidas sin que surjan voces disonantes intentando debilitarlo cuando las operaciones militares no logran coronarse con éxito. Lamentablemente, para los terroristas es extremadamente fácil producir dolor porque nunca estaremos completamente a salvo de sus garras asesinas. Pero sí es importante demostrarles que no nos doblegamos, y que sus acciones serán respondidas, en algunas ocasiones con medidas militares anticipatorias, como fue el ataque combinado de fuerzas especiales francesas y mauritanas en territorio de Malí el pasado julio. Aunque Francia es hoy por hoy vulnerable –con cinco de sus ciudadanos aún en poder de AQMI, que los capturó el 16 de septiembre junto con otros dos rehenes africanos todos ellos empleados de sociedades mineras francesas instaladas en Níger–, muestra su determinación frente a los terroristas y ofrece todo un modelo a seguir para después del zapaterismo.

El recurso de casación que se ha resuelto –como era previsible– a favor de los condenados por la Audiencia Nacional, no debe de llevarnos ni al desaliento ni al equívoco. Mejor es esto –juicios contradictorios y condenas livianas a los acusados de planear atentados– que encontrarnos con que los terroristas alcanzan sus objetivos. Son los problemas derivados de las acciones policiales preventivas, que con frecuencia ofrecen al juez muchos indicios pero pruebas escasas y débiles. Menos mal que en esta ocasión había un testigo protegido, cuya intervención ha sido decisiva para lograr las condenas, pero el escasísimo explosivo intervenido y la falta de concreción sobre día, hora y lugar de los ataques ha servido para aplicar la ley como se ha hecho.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Golpe al Estado de derecho
Editorial www.gaceta.es 20 Enero 2011

Mas y Zapatero: de los lodos del Estatut a los barros de la insumisión.

La diferencia entre una ley y una orden es que la primera tiene, o debería tener, un carácter general, mientras que la segunda constituye un mandato que un superior dirige hacia su subordinado. De ahí que Cicerón hablara en Pro Cluentio de que “debemos convertirnos en esclavos de las leyes para poder ser libres” y de ahí que a Themis, la diosa de la Justicia, se la represente con una venda en los ojos: todos los ciudadanos, sin distinción alguna, deben acatar unas normas que son de aplicación común. Allí donde no impera la ley, prevalece la arbitrariedad, esto es, la tiranía de quienes imponen sus designios sin someterse a ellos.

España es formalmente un Estado de derecho en el que debería prevalecer el imperio de la ley para todos los ciudadanos y para todos los poderes públicos. Sin embargo, a la hora de la verdad nuestros políticos han encontrado mecanismos para sortear ese imperio de la ley y convertirlo en el imperio de su ley. Así, se han dedicado durante los últimos 25 años a copar los tribunales y los órganos de gobierno de los jueces con magistrados serviles a sus intereses, lo que les ha permitido, por ejemplo, sacar adelante normas abiertamente inconstitucionales como el Estatuto de Cataluña.

Pero el desvergonzado despotismo del que hacen gala nuestros políticos ya no se limita a controlar los juzgados para evitar sentencias desfavorables. Ahora, cuando algunos de estos tribunales proceden a limpiar su nombre resolviendo con equidad y respeto a las leyes, nuestros mandatarios se dedican simple y llanamente a ignorar las sentencias.

De este modo, el Gobierno de Cataluña y el de España se han negado a acatar la sentencia del Tribunal Supremo que instaba a reformar el sistema de inmersión lingüística de esta región por ser incompatible con los derechos de los catalanes. Pese a señalar que “no puede aceptarse la exclusividad del catalán como lengua vehicular”, el nuevo Gobierno de Artur Mas, junto a la oposición nacionalista del PSC, ya ha advertido de que no aplicará ni una coma de la sentencia; asertos que sólo han encontrado la cómplice comprensión de varios ministros del Gobierno, como Gabilondo o Rubalcaba.

Asimismo, recientemente conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado nula la decisión de la Junta de no abrir expediente a Manuel Chaves por no inhibirse en la subvención concedida en muy extrañas circunstancias a la empresa de la que es apoderada su hija Paula Chaves. A tenor de la sentencia, la Junta debería reabrir el expediente, pero José Antonio Griñán se ha negado a hacerlo alegando que cabe recurso de casación ante el Supremo.

En ambos casos, pues, nuestros políticos se declaran insumisos ante el ordenamiento jurídico. Hasta tal punto han interiorizado, que constituyen una casta por encima de la ley, que apenas se dignan a justificar sus autocráticas decisiones. No estamos ante una actitud trivial y sin trascendencia. La función del poder Ejecutivo, al gozar del monopolio de la violencia, es la de cumplir y hacer cumplir la ley; desentenderse de semejante obligación no constituye sólo un acto de enorme hipocresía –especialmente cuando nos imponen el sometimiento a normas tan intrusivas y liberticidas como la ley antitabaco–, sino que también provoca una completa indefensión por parte de una ciudadanía que carece de medios para defender sus derechos.

El PSOE y el nacionalismo catalán están poniendo al Estado de derecho contra las cuerdas. De ahí a una completa regresión democrática y de nuestras libertades hay sólo un pequeño paso que no deberíamos permitirles dar.

¿Recortar las autonomías?
«No necesitamos ni una nueva constitución ni un recorte de las autonomías. Necesitamos que vuelvan a ser aquello para lo que se pensó: la casa común de todos los españoles, dando al Estado lo que es del Estado y a las autonomías lo que es de las autonomías, que bastante trabajo es»
POR JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 20 Enero 2011

QUE el Estado de las Autonomías necesita un repaso parece evidente. Al menos todos se quejan de él. Lo malo es que a unos les queda demasiado estrecho, y a otros, demasiado ancho, haciendo muy difícil el consenso necesario para reformarlo.

La principal objeción que se le hace es que resulta demasiado caro. Un país como el nuestro no puede soportar 17 gobiernos, 17 congresos, 17 senados, más el central, con todo lo que ello lleva consigo. Puede que en tiempos de bonanza económica fuera asumible. En plena crisis, significa un lastre agobiante para la recuperación. Todo eso es cierto. Pero no lo más importante. Lo más importante es que el Estado de las Autonomías no está cumpliendo el papel que le asignaron sus diseñadores: el de articular definitivamente España. Usando un término orteguiano, el de vertebrarla. Por cierto que Ortega fue el padre de una España articulada en «Grandes Comarcas», que se correspondían casi exactamente con las actuales Comunidades Autónomas. Ni la Dictadura de Primo de Rivera ni la República le hicieron caso, siendo una de las causas del desencanto del filósofo con la última.

Vino a hacérselo, medio siglo después, la democracia española, como en bastantes más cosas de las que se cree. La Constitución de 1978 reconoció la pluralidad de España, liberándola del corsé centralista que la constreñía, para ajustarla a lo que realmente era, es decir, para hacerla más igual a sí misma. Pero en modo alguno para trocearla en su diversidad. La mejor prueba de que no es lo que algunos intentan que sea la tenemos ya en su artículo segundo, donde establece que «se funda en la indisoluble unidad de la Nación (con mayúscula) española», si bien reconoce «el derecho a la autonomía de las nacionalidades (con minúscula)». Nación, por tanto, hay solo una; nacionalidades, varias. Lo que ensamblaba pluralidad con unidad. Sin embargo, la deriva de ese Estado ha ido en sentido contrario: convertir las nacionalidades en Naciones, alguna incluso con ínfulas de Estado, al que exigen tratar de tú a tú. A ello han contribuido muchas cosas, empezando por el poco caso que hacemos los españoles a lo importante y el mucho a lo baladí, y terminando por la dejación de responsabilidades de los dirigentes políticos. En ese sentido, la indiferencia de nuestro presidente de Gobierno hacia la nación, «un concepto discutido y discutible», ha sido tan determinante como costoso. Expandiendo las autonomías cada vez más, lo único que conseguimos es convertirlas en soberanías, y una nación, por no hablar ya de un Estado, no puede sobrevivir con soberanías distintas sin negarse a sí misma. Pero esa es la dinámica que se ha impuesto en España, con Cataluña como liebre, a la que siguen el resto de las comunidades. Sin que sirva volver a la idea original de solo tres nacionalidades históricas, dejando el resto como regiones: primero, porque ya se ha superado; luego, por el agravio comparativo que significaría, incompatible con la igualdad democrática.

Incluso en el plano más bajo de los dineros, nuestro Estado autonómico chirría. Su pecado original fue conceder a Navarra y a las tres provincias vascas un estatuto especial que les permite recaudar todos los impuestos en su territorio, para pasar luego al Estado lo que consideren este invierte en ellas, mientras los demás deben pagar directamente a la Hacienda española. Una grosera discriminación, que choca con la paridad de derechos y deberes que se supone en todo Estado de Derecho. Con los catalanes exigiendo un pacto fiscal semejante al de los vascos que, de conseguirlo, reclamará el resto. Así no se hace un Estado. Así, se deshace. Y si la Constitución del 78 lo está propiciando, la necesidad de ajuste, si no de reforma, se hace imperativa.

Con ser todo ello urgente, lo que hace necesaria la reconsideración de nuestro modelo de Estado es algo todavía más importante: que nos está llevando en sentido contrario de la historia. Una vez más, los españoles estamos marchando en dirección opuesta a la de los demás pueblos del planeta, o al menos, a la de los más importantes, principal causa de nuestros fracasos. Mientras el mundo tiende a unirse en grandes bloques, nosotros nos empeñamos en fraccionarnos. Mientras la globalización avanza, la provincialización está de moda en España. Mientras el inglés se convierte en el idioma universal, con el español ganando terreno incluso en Estados Unidos, nosotros no lo enseñamos en algunas escuelas o lo equiparamos a los idiomas locales en el Senado. ¿Es eso marchar en el sentido de la historia? No, es marchar contra ella. El caso más... iba a decir horripilante, pero lo dejo en chusco, es el del ya citado «pacto fiscal» exigido desde Barcelona. Cuando en toda Europa se alzan voces a favor de homogeneizar los impuestos hasta lograr una fiscalidad única europea que permita afrontar la crisis con mejores armas que las actuales, el nuevo gobierno de la Generalitat quiere un fisco propio. A tales delirios lleva el nacionalismo, en tal pozo nos han metido la frivolidad de nuestros políticos y la despreocupación de la ciudadanía. ¿O es que los españoles no sentimos España como algo nuestro, y solo buscamos sacar de ella lo que nos interesa? ¡Esa sí que es una pregunta para la que se necesitaría no un artículo, sino un libro! Sin que fuese seguro bastaría para contestarla.

Lo urgente es: ¿tiene remedio? ¿Estamos todavía a tiempo de cortar la hemorragia? Y en caso de que lo estemos, ¿qué remedios hay que aplicar?
De entrada, hay que decir que la solución no se ve por ninguna parte, con los dos grandes partidos —los únicos que pueden conjuntamente hacerlo— más alejados que nunca. Se ha avanzado tanto en la deconstrucción de España, que alguien tan sensato y amante de ella como Stanley Payne ha llegado a decir que «España es el primer país de Europa que puede deconstruirse». Se dirá que ha habido otros que lo hicieron, Yugoslavia, Checoeslovaquia, pero eran naciones de nueva planta, con poco fundamento, mientras que España lleva cinco siglos a cuestas.

Y esos cinco siglos son los que nos dan esperanzas. Hemos vivido momentos muy duros, muy difíciles, incluso de guerras civiles, y, mal que bien, hemos aguantado. ¿Por qué vamos a rompernos ahora, precisamente cuando todo empuja a la unión? Demostraríamos tener una insana tendencia al suicidio colectivo, que un pueblo tan vital como el español no ha mostrado incluso en sus peores momentos.

Pienso que lo que vuelve a fallar son las elites, dirigentes capaces de sacar lo mejor que hay en nosotros, en vez de lo peor, como ocurre últimamente. De ilusionarnos, en vez de azuzarnos, de centrarnos, en vez de radicalizarnos. Y con la Constitución, lo mismo. No necesitamos una nueva. Necesitamos que vuelva a ser lo que era: la «casa común de todos los españoles», la que unía en vez de separarnos, huyendo de los excesos que la desvirtúan, dando al Estado lo que es del Estado, y a las autonomías, lo que es de las autonomías. ¿Recorte de las autonomías, por tanto? No, devolverlas a su papel original de encargadas de los asuntos inmediatos de sus respectivos ciudadanos. Que bastante trabajo es.

Pero para eso se necesita que todos los españoles, o al menos la inmensa mayoría, aceptemos que el coste de esa convivencia es aceptar nuestra diversidad. Teniendo en cuenta que los costes de no aceptarlo son que el Estado se nos caiga encima y la nación se nos hunda bajo los pies.
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ES PERIODISTA

Por sentido común
José Antonio VERA La Razón 20 Enero 2011

Por supuesto que el catalán, el valenciano, el gallego y el euskera son lenguas españolas. Lo dijo ayer Zapatero y tiene razón. En lo que no la tiene es en que esté justificado gastarse cada año más de 300.000 euros en intérpretes teniendo una lengua común en la que todos nos entendemos. Cuando un gallego y un vasco hablan no lo hacen cada uno en su lengua y con intérprete. Se expresan por pura lógica en castellano. El Bloque, el PNV y ERC negociaron su coalición europea recurriendo al español. En las reuniones entre el presidente de la Generalitat y el lendakari vasco ambas autoridades charlan en el idioma de Cervantes. Contratar traductores para un acto de este tipo sería un dispendio absurdo, aunque al paso que vamos cualquier día sucederá. Ya se llegó en cierta ocasión al esperpento de contratar intérpretes en el Parlamento de Cataluña para atender a una representación parlamentaria del Ecuador.

Hablar en español en las Cortes Generales es lo correcto porque es de sentido común y sale más barato. Podría aceptarse que un día al año de manera simbólica los senadores se expresaran también en el resto de las lenguas oficiales. Hacerlo de manera habitual es derrochar el dinero. Alfonso Guerra dijo ayer con claridad que lo considera «innecesario». Lo mismo que opina Bono, por cierto, si bien no ha tenido el valor de decirlo.

Dispendio innecesario
José Antonio VERA La Razón  20 Enero 2011

Pocos países tienen una riqueza lingüística del nivel y la categoría de España. Nos debemos sentir orgullosos de un hecho cultural tan sobresaliente. Saber y hablar correctamente en cada Comunidad los diferentes idiomas oficiales que, amén del castellano o español, lo son también en al menos cinco autonomías del Estado me parece un hecho incuestionable contra el que nadie con sentido común se manifiesta en este momento. Hubo un tiempo en el que las hoy lenguas co-oficiales estaban perseguidas y corrían el riesgo de desaparecer. Por fortuna ése es un peligro ya inexistente. Gallego, euskera, catalán y valenciano han sido normalizados y los ciudadanos los emplean habitualmente en sus diferentes territorios.

Ahora el problema está en evitar algunos de los excesos a los que son dadas determinadas formaciones políticas nacionalistas o secesionistas. En vez de velar por el bilingüismo pretenden implantar de facto un sistema de lengua exclusiva en el que el castellano sea menos importante que el inglés. Grave error. Borrar de la vida cotidiana al segundo idioma más hablado del mundo es un lujo tan inconsciente como estúpido. Igual que es un lujo injustificable pagar por servicios de traducción simultánea en el Senado cuando todos hablamos y conocemos perfectamente la lengua común. No se entiende nada este nuevo dispendio del denominado Estado de las Autonomías en unos tiempos de crisis en los que cualquier ahorro es más que relevante.

Bienvenido a mi país
El PSOE, en todos los debates autonómicos, prefiere hacer el juego a los nacionalistas

EDURNE URIARTE ABC 20 Enero 2011

«Bienvenido a mi país», le dijo Sandro Rosell, el presidente del Barça, a Florentino Pérez, cuando lo recibió en Barcelona el pasado noviembre. No sé si lo de Rosell fue un lapsus, comprensible en el ambiente dominante de Cataluña. Pero lo que no es un lapsus es lo de la traducción simultánea del Senado que consiste precisamente en eso. En utilizar la cámara para visualizar que Cataluña, Galicia y el País Vasco son mucho más que una Comunidad Autónoma como las demás, que son un país. Convirtiendo el Senado en la reproducción de un foro internacional donde se reúnen, no los nacionales de un mismo país y lengua, sino los representantes de los diferentes países. Con pinganillo, como cualquier foro internacional que se precie.

Es grave el dinero que se derrocha en este enésimo show nacionalista. No menos grave el desprecio del Senado manifestado por quien ha apoyado y permitido con su voto el show, el PSOE. Pues no lo permite igualmente en el Congreso que sí es, al parecer, una cámara importante cuyos debates deben ser accesibles e interesantes para los ciudadanos. Pero aún más grave es que se use el Senado para la reivindicación nacionalista a través de la utilización política del catalán, el euskera y el gallego.

Esto no va de pluralidad, la excusa de los socialistas para ceder ante los nacionalistas, empezando por los suyos propios, los del PSC. La pluralidad, desde el punto de vista lingüístico, está plenamente garantizada allí donde debe estarlo que es en los parlamentos autonómicos. Esto de va de conflicto y separación. De una representación nacionalista de los «países» integrados en el «Estado español». Y de su equiparación política con España, con el otro país, el país de Florentino Pérez, que diría Sandro Rosell.

El PSOE lo sabe perfectamente, pero en esto como en todos los debates autonómicos, prefiere hacer el juego a los nacionalistas.

Lengua de servicio
EDITORIAL El Correo 20 Enero 2011
El debate sobre el uso del euskera en la Administración precisa una revisión crítica

La noticia de que el 91% de los 814 empleados públicos que se presentaron a la segunda convocatoria del pasado año para obtener algún perfil lingüístico no logró su objetivo obliga tanto a identificar las causas de tan masivo suspenso como a evaluar críticamente el proceso de normalización del uso del euskera en la Administración. Los resultados del segundo examen del año fueron en 2010 inferiores a los del realizado en febrero, mientras que en 2009 la primera convocatoria ofreció un 12,6% de aprobados y la segunda, un 24,9%. Las diferencias se deben a las características de los empleados públicos que se presentan, junto a la coincidencia con la OPE en el último caso, más que a variaciones en la dificultad de los exámenes. Especialmente si tenemos en cuenta que las dos convocatorias de 2010 se realizaron conforme al Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

Pero los resultados vienen siendo demasiado pobres en los últimos años como para eludir la persistencia de una brecha entre el nivel exigido y la aptitud mostrada por la mayoría de quienes aspiran a alcanzar un determinado perfil. Un problema imposible de afrontar sin una reflexión sobre el cuadro actual de asignación a los puestos de trabajo públicos de sus correspondientes perfiles lingüísticos, después de haber acreditado 46.000 de estos a lo largo de las dos últimas décadas y cuando el Gobierno vasco está pensando en limitar esos exámenes a quienes no hayan estudiado en euskera. Lo cual exigiría, a su vez, valorar cuáles están siendo el uso y la demanda real del euskera como 'lengua de servicio' y 'lengua de trabajo' de las administraciones. En un momento en que la presencia de las lenguas oficiales en el Senado permite avanzar en el reconocimiento de una riqueza común, es importante que el uso del euskera en los servicios públicos constituya un ejemplo de racionalidad. Las dificultades para alcanzar un consenso político en la revisión de los logros, las carencias y los eventuales excesos que se hayan producido en ese terreno no pueden convertir la vertiente administrativa de la política lingüística en un asunto intocable, atenazado entre el tabú y la demagogia.

Pinganillos
Germán Yanke Estrella Digital 20 Enero 2011

El ahorro del coste de los traductores en el Senado no nos va a sacar de pobres ni va a lograr la felicitación de la Comisión Europea y la tranquilidad de los mercados. Sin embargo, su importe relativamente menor no es un argumento para gastarlo alegremente porque la contención y la responsabilidad de las finanzas públicas, que exigen sacrificios a otros, se mide también en las cantidades reducidas que se van sumando unas a otras y por el criterio de ajuste que debe presidir a todas las administraciones y organismos del Estado.

Independientemente del dinero, el uso de lenguas oficiales en algunas comunidades autónomas en plenos del Senado, con la correspondiente asistencia de traductores y medios técnicos, es un absurdo. Al derecho de utilizar cada lengua debe corresponder el sentido común y la eficiencia de los debates de la cámara. Por el simbolismo de utilizar el euskera, por ejemplo, se producen algunas paradojas: su uso es pedido por senadores vascos que no lo hablan ni lo entienden correctamente y el grupo nacionalista se ve obligado a designar como interviniente en las sesiones no a quien conoce la materia, sino a quien habla el vascuence. Todo un despropósito en el que el damnificado es el debate y el entendimiento, la discusión y la seria confrontación de ideas.

Si se trata de que el ya aminorado Senado sirva para su función parlamentaria lo lógico sería utilizar en él la lengua común en la que todos los senadores pueden entenderse (claro que en el caso de que algunos puedan entender lo que se dice y otros decir algo inteligible). Si alguno, por simbolismo, por reivindicación o por decisión personal quiere utilizar otra lengua debería, para que las sesiones sirvan para lo que están establecidas, hacerlo a continuación en la que pueda ser entendido por todos. Parece tan de sentido común que llama la atención todo el barullo producido y el coste ocasionado.

Hijos de... etarras
Román Cendoya www.gaceta.es 20 Enero 2011

El negocio familiar de los terroristas es poco vasco ya que opera como la peor camorra.

Los vascos hemos sacado adelante grandes bancos, compañías energéticas, corporaciones y también, para desgracia de todos, ETA, la trágica industria del terror. Conocemos dinastías que perduran porque aprendieron el oficio de sus padres, trabajaron con ellos y acabaron haciéndose con las riendas del negocio. Así tenemos sagas de banqueros, industriales y… terroristas. Las primeras son un orgullo. Las de los terroristas un horror con apellidos como Moreno, Ziluaga o Autor Pueyo. El negocio familiar de los terroristas es poco vasco, ya que opera como la peor camorra. Los que en su día fueron jóvenes militantes, que han progresado adecuadamente dentro de la organización, ahora son seniors con un rol diferente. Son los estrategas del posibilismo encargados de consolidar la organización a través de la normalización. Los senior controlan todo y por eso ponen a sus vástagos al frente de la maquinaria del terror. La prueba, tres hijos de… etarras detenidos en un mes.

La detención de Iker Moreno, miembro de Ekin, el brazo ejecutor de ETA, nos ha regalado la imagen, nada normalizada, de su padre Txelui puño en alto –como los de Rodiezmo– con rabia sanguinaria, poco adecuada para un acreditado portavoz de la estrategia posibilista. Mientras Mariné Pueyo firma acuerdos para colarse en las urnas, han tenido que detener a su hija Garatzi por ser de la cossa, como a Haizea Ziluaga quien se extralimitaba en sus funciones como abogada de los presos. La izquierda abertzale, Batasuna o como quiera llamarle el polimini de interior, es ETA, una organización terrorista en la que se integran y suceden las familias sin discriminación por género. Visto lo visto, lamentablemente, para que se integren normalizados en la sociedad y puedan acudir a las urnas deberemos esperar a otra generación. La de Iker, Haizea, Garatzi… está perdida. Sus aitas les enseñaron el negocio del terrorismo. Está claro, no basta una declaración, falta una re-generación.

Nubes negras, color café para todos, sobre Cataluña
Álvaro Robles Cartes. El Confidencial 20 Enero 2011

Aunque pocas, las crisis tienen ventajas. Algunos precios bajan, la población mejora su formación al decrecer su coste de oportunidad… y algunos partidos terminan diciendo lo que piensan. Por fin el PP anuncia que el mosaico autonómico tiene defectos, que la España plural sale cara, y que el vaciado de competencias del Estado central no sólo ha terminado, sino que algunas competencias deberían poder devolverse.

El globo sonda de FAES, las declaraciones de Aznar y las reflexiones públicas de González Pons no deberían tardar en cristalizar en una propuesta reformuladora del discurso políticamente correcto en la España de los últimos 30 años. Un reto tan urgente como apasionante. Pese a las alarmas de la prensa catalana, que agita la bandera de la Loapa, a corto plazo no hay peligro involutivo. En mayo hay autonómicas. El Gobierno pudo proponer un pacto de Estado sobre el asunto, pero ha perdido el liderazgo y con él las ganas de empujarlo. Mal hecho. Vapuleado en Cataluña, en la oposición gallega, sujetados por PP en Euskadi y amortizando el cambio en Andalucía, era el momento para ganar la iniciativa con el apoyo del Partido Popular.

Las declaraciones de Zapatero al FT del pasado fin de semana advirtiendo que no se tolerarán desviaciones presupuestarias en las CCAA solo tienen de novedoso su preocupación, pues hace solo un mes aseguraba que el 99% de ayuntamientos y comunidades cumplirían. A diferencia de lo que ocurre con el PP, detrás no hay un plan para retocar el status quo autonómico. La singularidad trasformada en prebenda y la descentralización son contradictorios con la historia y siglas del PSOE, pero están en el ADN de su discurso. El PSOE no defenderá una segunda transición, sólo una limitación legal de la deuda real autonómica. Si fuera de otro modo, hace dos meses los mediocres resultados del informe PISA hubieran servido para criticar la deficiente calidad de una competencia transferida y la necesidad de corregir intolerables brechas de aprendizaje entre regiones. En su lugar, se insistió en la falsa igualdad de oportunidades de los españoles para aprender. Si de verdad existiera el brote verde de esa reflexión, el Gobierno también hubiera anticipado un cambio de discurso informando en diciembre a Europa sobre la realidad de las finanzas autonómicas a 30/IX, en lugar de asegurar que el objetivo agregado de 2,4% de déficit sobre PIB no peligraba. El documento enviado ignoraba el gasto aparcado en sociedades semipúblicas, estaba elaborado con criterio de caja y obviaba la asfixia financiera de varias comunidades. “Moody’s y todos entenderán que no hay ningún riesgo de incumplir el 2,4% de déficit anual¨ declaró Salgado.

Como demostró el Estatut, pedir a destiempo puede llegar a mermar lo que se creía consolidado. Algo incompatible con la política del ¨peix al cove¨ (o acumular concesiones mientras se sigue negociando), que tan bien le ha funcionado a Cataluña
En Cataluña los motivos de preocupación no faltan. La Generalitat, responsable de casi el 30% de la deuda autonómica, presentará en 2010 un déficit de 7.200 millones, 3,6% sobre PIB o 2.400 millones más de los previstos, y necesitará endeudarse durante 2011 en 11.000 millones netos (excluidas refinanciaciones). Una cantidad que representa casi un 25% del recurso al mercado del Tesoro para este año (47.200 millones netos), por lo que es lamentable que en diciembre de 2010 el Gobierno central no tuviera identificado el problema.

Artur Mas, aconsejado por un gabinete definitivamente menos exótico que el anterior, está siendo prudente. Comenzó aparcando veleidades soberanistas y centró legítimamente su objetivo político en un pacto fiscal. Después de todo, si el café que sirve el Estado en Euskadi y Navarra gusta y además es constitucional, ¿por qué no dispensarlo en Cataluña? Pero como demostró el Estatut, pedir a destiempo puede llegar a mermar lo que se creía consolidado. Algo incompatible con la política del ¨peix al cove¨ (o acumular concesiones mientras se sigue negociando), que tan bien le ha funcionado a Cataluña. Por ello, obligado por promesas electorales a bajar impuestos y eliminar el de sucesiones sobre la ruina financiera heredada del tripartito, la prioridad son las finanzas y reducir el presupuesto en un 10%. El discurso identitario, que se ha limitado a declarar que ¨Catalunya no se toca¨, es el menos reivindicativo de la historia conjunta de CIU y de la Generalitat. Tiempo habrá, si el PP tiene la mayoría absoluta, de recuperar el victimismo y, si no la tiene, de poner en valor su apoyo. Aunque claro que al president le preocupan los ¨vientos centralistas que llegan de Poniente¨ (tras recibir de su padre un bello timón de madera, símbolo de la buena gobernanza, Mas se prodiga en metáforas marineras) y en particular una posible pinza PSOE-PP. Sin descartarla, debería preocuparle más una propuesta de Merkel apoyada por el PP. No en vano la recuperación alemana tuvo, entre otras claves, una dirección sindical inteligente y una devolución de competencias de los Länder al estado central.

Al Gobierno le falta capacidad para enfrentarse ahora a este nuevo molino. A este Gobierno, claro. Queda un año para el cambio. González Pons ha avanzado la cifra de 26.000 millones como costes redundantes de una cuádruple administración solapada (local-provincial-autonómica-central), quíntuple si añadimos Europa y séxtuple en Cataluña si incorporamos el genial invento de las veguerías (que no sustituiría a las diputaciones, pues resultaría inconstitucional). Una cifra que pone marco a un libro blanco de propuestas sobre el modelo, con una pregunta de fondo: ¿Pueden los españoles ser iguales con diferentes oportunidades educativas, diferente justicia, diferentes impuestos y diferente lengua? A pesar del enfoque del PP, no sólo es una cuestión de costes.

Con todo, el anticipo del ataque centralista se va a inaugurar, con el PSOE al mando, con la reforma de los SIP (menudo trago, sí). El Banco de España hasta ahora ha sido contemporizador. Ha quebrado controladamente cajas, ralentizado el ritmo de provisiones y mantenido la identidad regional en las fusiones, algo que será imposible si el número de cajas se reduce. La Caixa es un gigante que sirve tanto al interés nacional como al de sus directivos y Caixa Catalunya, que todavía no ha aflorado el legado entero de la gestión de Narcís Serra, está para recibir favores (del FROB), no para hacerlos. Así las cosas, preocupa el precedente de Caixa Penedés, ya que Cataluña podría perder músculo financiero en la esperada segunda ronda de restructuración.

Al Gobierno, que no ha cerrado la reforma laboral ni la de pensiones, se le amontona el trabajo. Afortunadamente para CIU, de su indolencia natural no cabe esperar medidas contra reloj. Por su parte el PP, por fin dentro del cordón sanitario en Cataluña, no anticipará antes de las elecciones de mayo un discurso centralista. Así las cosas, a corto apretará la caja porque la emisión de deuda se va a limitar sí o sí, pero la elección del café común para la próxima generación, más aguado y con menos cafeína, se demorará. Si tardamos puede pasarnos como a George Clooney tras consumir su marca favorita en el célebre consejo publicitario y nos venga encima un rescate como un piano.

Batasuna, al purgatorio
PATXO UNZUETA  El País 20 Enero 2011

¿Qué pensarán en su fuero interno los dirigentes o notables de Batasuna cuyos hijos han sido detenidos en las últimas semanas acusados de estar relacionados con estructuras del entramado de ETA? Miembros de la banda, como Ternera, ¿no lamentarán en el fondo de su corazón que hijos suyos les hayan secundado en una clandestinidad sin esperanza? ¿No lamentarán haber desperdiciado tantas ocasiones de poner fin a esta locura de matar por un ideal que solo podría mantenerse mediante más violencia? Y los encapuchados que hace diez días leyeron la declaración de alto el fuego permanente ¿se creerían lo que decían, sabiendo que poco antes habían reafirmado internamente que la lucha armada es incuestionable?


Una paradoja propia de la mentalidad terrorista, señalada por psicólogos como Jarrold M. Post, es que su acercamiento a los objetivos proclamados amenaza la supervivencia del propio grupo, y de ahí su tendencia a establecer fines imposibles o a modificarlos para que nunca puedan alcanzarse del todo. El principio de que la lucha armada no es cuestionable es una constante en documentos internos de ETA desde hace más de 20 años. "Ello [la aceptación de la alternativa KAS], quede claro de antemano, no implica la desaparición de la lucha armada ni de la organización que la practica, sino su adaptación a las nuevas características del combate bajo la óptica de la necesidad de la violencia revolucionaria organizada para conquistar los objetivos estratégicos" ("Alternativa y negociación", 1987).

Cinco años antes, el sector de la rama político-militar contrario a la retirada que negociaba el resto del grupo se hacía la autocrítica de anteriores planteamientos y precisaba que "nosotros partimos del hecho de que la lucha armada no se negocia, todo lo más una tregua temporal, jamás la lucha armada o la Organización" (Zutik 65. Julio 1982). Pese a lo cual, ese sector, los "octavos", escindido en febrero de 1982, se disolvería poco después en silencio, tras acogerse, como sus ex compañeros (a los que llamaban "arrepentidos"), a la reinserción.

En su reciente entrevista por escrito (Gara, 12-1-2011), Otegi se declaraba de acuerdo con la teoría -que el entrevistador atribuye a las resoluciones de la quinta asamblea de ETA (1966-67)- de que "cada tiempo exige unas formas organizativas y de lucha específicas". Y ahora, añade Otegi, para obtener los mismos objetivos ha llegado el momento de superar definitivamente el "ciclo político-militar". Un texto de la ETA de los sesenta también relativizaba el objetivo: "Si bien para nosotros la forma más adecuada es la creación de un Estado vasco, existen sin duda otras formas posibles, como una federación, un Estado supranacional europeo, etc., compatibles con la vida de la nación vasca como tal" (Carta a los intelectuales. 1965).

La defensa del independentismo (minoritario en la población) unida a la incuestionabilidad de la estrategia armada obstaculiza los intentos de Batasuna de recobrar la legalidad. Entre las razones que invoca Otegi para intentarlo figura la necesidad de competir en igualdad de condiciones con los demás partidos. Pero, a diferencia de 2006, el Gobierno no parece dispuesto a facilitarle las cosas mientras ETA siga presente y Batasuna no esté dispuesta a enfrentarse a ella.

Esa actitud es efecto de la experiencia, pero también del aval que supone la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que aprecia la existencia de un vínculo entre ETA y Batasuna por el que la segunda actúa como instrumento de la estrategia terrorista. De manera que evitar su participación no restringe la igualdad de condiciones: la mayor desigualdad es la que establece la presencia de un partido vinculado a una banda armada que ataca a los rivales de ese partido.

Es posible que exista división en ETA y que la inercia continuista se esté imponiendo para ganar tiempo. Pero es seguro que un factor decisivo para vencer esa inercia será que los de Batasuna le exijan la retirada definitiva bajo amenaza clara de ruptura: algo que no ha hecho hasta ahora. Mientras no lo hagan seguirán en el purgatorio, que, como ha dicho el Papa, no es un lugar sino un fuego interior que les consumirá pero del que, a diferencia del infierno, puede salirse. Para ello, son Otegi y compañía quienes tienen que decir a los encapuchados que volver a Loiola como si no hubiera pasado nada es imposible: ningún Gobierno, y tampoco el PNV, podrían asumir ese riesgo después de la T-4. Y que solo tras esa retirada definitiva podrá plantearse lo que hoy es igualmente imposible: medidas de reinserción, a las que se oponen con argumentos poderosos (no hay reconciliación con impunidad) todas las asociaciones de víctimas.

pascual sala y eugeni gay
Dos magistrados que apoyaron el 'Estatut' presidirán el Constitucional
Pascual Sala, ex presidente del CGPJ, ha sido elegido nuevo presidente del TC sustituyendo a María Emilia Casas. Eugeni Gay, nuevo vicepresidente.
ÁNGELA MARTIALAY Libertad Digital 20 Enero 2011

Dos hombres del denominado sector progresista del Tribunal Constitucional dirigirán a partir de este jueves la institución. Se trata del magistrado de carrera Pascual Sala, nuevo presidente, y del abogado Eugeni Gay, elegido vicepresidente. Sustituyen a María Emilia Casas y a Guillermo Jiménez, respectivamente, quienes cesaron de sus cargos la semana pasada.

El Alto Tribunal ha elegido en sendas sesiones plenarias a los dos hombres que presidirán el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. Ambos fueron defensores del Estatuto de Cataluña.

Sala ha sido elegido en segunda votación por seis votos a favor –le apoyaron los magistrados Elisa Pérez Vela, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega- todos los del denominado sector progresista, excepto Manuel Aragón. Este último, que también sonaba como favorito en las quinielas para ocupar la presidencia del TC, ha votado nulo. Quizás su oposición a que Cataluña fuera denominada como una nación en la sentencia del Estatuto ha impedido que Aragón se haya alzado con la presidencia. Otros dicen que la descarada campaña llevada a cabo en los últimos días por este catedrático para hacerse con el apoyo de sus compañeros ha conseguido un efecto rebote: que no le hayan votado.

Sala, próximo al PSOE
Pascual Sala, de 75 años, se convierte así en el primer magistrado de carrera en presidir el Constitucional. Natural de Valencia, pertenece al mundo de la Judicatura desde 1962 cuando aprobó la oposición. Durante la dictadura franquista formó parte de Justicia Democrática. Fue presidente del Tribunal de Cuentas y magistrado de lo Contencioso-Administrativo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Ocupó la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 1990 y 1996. Fue propuesto como magistrado del TC por el CGPJ en junio de 2004. Desde entonces ha sido miembro del Alto Tribunal.

Su vida profesional ha atravesado momentos delicados. Uno de ellos, tras los complejos debates sobre el Estatut, que debilitaron intensamente la credibilidad del TC,
Sin ir muy lejos, en 2007, con la tramitación del recurso del PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que estableció la prórroga del mandato del presidente, cargo entonces ocupado por María Emilia Casas, el PP lo recusó cuestionando su imparcialidad. Dicha recusación fue finalmente rechazada.

Y no sólo ha vivido momentos complicados en el Constitucional. Durante su etapa en el Tribunal de Cuentas también tuvo que afrontar las críticas de determinados sectores políticos y de comunicación, que estaban en desacuerdo con el informe fiscalizador del proceso de reprivatización del "holding" de Rumasa. Pese a ello, el nuevo presidente del TC siempre ha considerado una "irresponsabilidad" la judicialización de la política y viceversa.

Eugeni Gay, nuevo vicepresidente
Desde hoy su número dos es el catalán Eugeni Gay; otro magistrado favorable al Estatuto catalán en el enconado debate sobre la sentencia. Emitió un voto particular al considerar que la resolución judicial dictada por el TC recortaba demasiado la norma estatuaria catalana. Natural de Barcelona, ha sido elegido vicepresidente con seis votos a favor y cinco abstenciones. En su curriculum destaca el haber sido del Consejo General de la Abogacía Española desde 1993 hasta julio de 2001.

Lo cierto es que Gay podrá ser vicepresidente sólo durante las semanas o meses que resten hasta la renovación de magistrados que está pendiente de realizarse por el Congreso de los Diputados, ya quesu mandato finalizó el pasado 7 de noviembre y se encuentra en una situación de prórroga.

El actual Tribunal Constitucional está formado por siete magistrados designados por el PSOE y cuatro por el PP, a la espera de la renovación por parte del Congreso de los tres magistrados cuyo mandato ya ha expirado.

Para que la renovación del órgano sea completa, la cámara baja debe sustituir a los magistrados Javier Delgado, Elisa Pérez Vera y el propio Gay, así como cubrir la vacante por el fallecimiento en 2008 de Roberto García Calvo.

Entre los asuntos más polémicos que deberá decidir el TC en los próximos meses se encuentra la ley del aborto, la prohibición de los toros en Cataluña y el matrimonio homosexual.
 


 

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