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La «belgificación» lingüística de España
Roberto Blanco Valdés La Voz 21 Enero 2011
La decisión del Senado de celebrar sus plenos en las lenguas
regionales, además de en castellano, muestra, a quienes tuvieran aún
alguna duda, cuál es el auténtico proyecto lingüístico que los
nacionalismos impulsan en España: monolingüismo en las comunidades
autónomas y traducción simultánea en el resto. Esos son, con
claridad, los dos grandes pilares de un proyecto que parte de un
ensueño para negar la más evidente realidad.
El ensueño es que en las regiones españolas donde existen lenguas
vernáculas estas deben ser ?aunque de hecho no lo sean en ninguna?
las únicas de uso cotidiano y oficial. Y ello porque, según los
nacionalistas, la presencia del castellano resulta en tales
territorios una enfermedad que ha de curarse con esa operación de
ingeniería social que el nacionalismo llama, desde hace mucho,
normalización lingüística.
Tal ensueño ?origen de flagrantes violaciones, no solo de la
Constitución, sino también de los derechos de cientos de miles de
personas? conduce a negar una realidad que puede comprobarse en toda
España, de norte a sur y de este a oeste: que, por fortuna, las
lenguas regionales conviven en armonía con la lengua común en la que
todos podemos entendernos.
Y es que España no es Bélgica, donde existen cuatro regiones
lingüísticas aisladas (las de lengua holandesa, francesa y alemana y
la bilingüe en Bruselas capital) y donde, por ese motivo, soportan
desde la fundación del país en 1830 un gravísimo problema. En España
no lo tenemos, pero el proyecto de los nacionalistas ?un puro
disparate? es que terminemos teniéndolo, es decir, que acabemos
siendo Bélgica.
Sin embargo, tal disparate resultaría tan solo algo pintoresco de no
ser porque la actual dirección del Partido Socialista ha decidido
asumirlo plenamente, transformando así en un hecho lo que el exiguo
porcentaje de escaños de los grupos nacionalistas en las Cortes
convertía en imposible. El giro radical de Zapatero ?al que se opone
lo poco que queda del antiguo PSOE (Guerra o Bono), con el que nos
identificábamos los que criticamos ahora al actual? no conseguirá,
sin embargo, que los nacionalistas se sientan satisfechos.
Su inmediata, y previsible, exigencia de que lo decidido para el
Senado se extienda ya al Congreso ?rechazada por el Partido Popular
y por los mismos socialistas que votaron a favor en la otra Cámara?,
pone de relieve no solo el increíble oportunismo de estos últimos,
sino que el nacionalismo no parará hasta que consiga belgificar
España, convirtiendo en cuatrilingües todas sus instituciones. Algo
que hoy parece tan disparatado como lo parecía no hace nada que en
nuestro Senado hablasen con traducción simultánea personas que
tienen la inmensa fortuna de poseer una lengua común en la que
entenderse.
Certero Aznar
Agustín de GRADO La Razón 21 Enero 2011
Senadores españoles con una lengua común utilizando la traducción
simultánea para entenderse. La imagen captura toda la dimensión del
problema: «Nuestro Estado, tal como está configurado, es un Estado
políticamente no viable y financieramente absolutamente inviable. Y
alguien le tiene que poner el cascabel al gato». Valiente y certero,
Aznar ha abierto en canal un debate inaplazable: cómo recuperar la
fuerza de la nación española sin menoscabo de su pluralidad
constitutiva. A salvo del interés electoral cortoplacista, el ex
presidente plantea sin paños calientes el reto que nos aguarda en
una situación límite. No basta con cambiar el Gobierno. Hay que
cambiar las cosas. Y para ello se necesita una mayoría electoral,
pero también política y social.
Los padres de la Constitución del 78 diseñaron el estado autonómico
para resolver la necesidad de reconocimiento a la diversidad de
algunas regiones. Y confiaron en la lealtad del nacionalismo. No ha
sido así. Su voracidad reivindicativa no tiene límite y se crece
ante la debilidad de los gobiernos centrales. Así quiebra la
solidaridad nacional, el control del Estado sobre los asuntos
comunes se esfuma y los españoles dejan de ser iguales. La crisis ha
terminado por demostrar que el bolsillo del contribuyente ya no da
para mantener tantas administraciones haciendo lo mismo, pero cada
uno a su manera y con su propia tropa.Aznar plantea un desafío de
alcance constitucional. ¿Se atreverá con él un PP en el Gobierno?
¿Podrá contar con un PSOE recuperado de la irresponsable doctrina de
la nación como concepto discutido y discutible? ¿O se conformarán
ambos con seguir alternándose en la herencia de esta ruina?
Demasiado tarde Aznar
Nota del Editor 21 Enero 2011
Como ya he escrito en muchas ocasiones, España no está en crisis,
sino que se ha autoinfligido numerosas heridas mortales.
La primera herida mortal es la inutilización de la lengua común, el
español, y la primera medida, por tanto, además sin coste económico
alguno debe ser la instauración de la lengua común española mediante
la derogación de todas las leyes relacionadas con las lenguas
regionales, y la vuelta al sentido común lingüístico.
Toda la administración pública (nacional, autonómica, municipal)
debe funcionar en español, especialmente educación, justicia,
sanidad, seguridad, además de todos los procedimientos
administrativos; todos los funcionarios deben quedar por tanto,
eximidos del conocimiento de las lenguas regionales.
Si algún ciudadano, ejerce su derecho a dirigirse a la
administración de su región en lengua regional, su escrito será
traducido al español por algun funcionario que conozca tal lengua
regional, y todo el proceso sera realizado en español, incluyendo la
resolución al interesado, dado su deber constitucional de conocer el
español.
Aznar, siendo presidente, en el segundo mandato, con mayoría
absoluta, tuvo conocimiento de la agravación del problema
lingüístico pero miró a otro lado, peor aún, se mofó de las quejas
que se le presentaron. Debió ser a causa de sus tratos secretos con
los nacionalistas en su primer mandato, en contra de sus votantes y
de la mayoría de sus no votantes (gobierno por tanto de minorías en
contra de la mayoría).
Desequilibrio constitucional
El Editorial La Razón 21 Enero 2011
El Tribunal Constitucional cerró una etapa convulsa con el relevo de
María Emilia Casas, marcada por el debate del Estatut, la polémica
prórroga de la presidencia de la propia Casas y el bloqueo del PSOE
en las negociaciones para renovar a los magistrados, que provocó que
una mayoría de ellos continuara en su puesto con el mandato caducado
y, por tanto, propició una situación de interinidad en el Tribunal
que, si bien no mermó su legitimidad, no era el estatus más
conveniente. Esa situación se prolongó a costa del prestigio de la
institución.
Con la elección de Pascual Sala como nuevo presidente y de Eugenio
Gay como vicepresidente, el Tribunal Constitucional no envió ayer el
mensaje adecuado si pretende enmendar los errores del pasado. La
realidad fue distinta. El sector progresista aprovechó una mayoría
holgada coyuntural para romper el equilibrio imperante
tradicionalmente en el órgano e imponer a dos candidatos muy
señalados en puestos clave. Aunque no cuestionemos la formación ni
la capacidad de Sala y Gay, e incluso celebremos que al fin sea un
magistrado de carrera, el presidente del TC, sus perfiles son los de
juristas progresistas, de gran sintonía con el PSOE, sobre todo
Sala, y que defendieron, por ejemplo, un Estatuto de Cataluña sin
recortes.
Tras la reciente entrada de los cuatro magistrados designados por el
Senado, el nuevo reparto de fuerzas ha deparado que la minoría
conservadora cuente con cuatro de los once magistrados que componen
el pleno, ya que la vacante causada por la muerte en 2008 de Roberto
García-Calvo sigue sin cubrirse. Con esta anormal y desajustada
formación, parece lógico que se hable del carácter interino de los
nombramientos, dado que el propio Gay tiene su mandato vencido, al
igual que los otros tres magistrados que esperan ser renovados por
el Congreso. Se quiera o no, esta situación cuestiona en su origen a
cargos tan relevantes y aconseja repetir su elección cuando el
Constitucional tenga su composición definitiva.
Para el Tribunal cualquier actuación que le sitúe fuera de la
normalidad democrática no es positiva, y esa condición eventual que
desprende lo hace. Los precedentes, sin embargo, sugieren que ni el
Gobierno ni el PSOE actuarán con la responsabilidad necesaria, ahora
que se han asegurado un TC dominado por los magistrados propuestos a
instancias del Grupo Socialista. La izquierda tiene la pésima
costumbre de instrumentalizar las instituciones en su propio
beneficio siempre que puede o se lo permiten.
Quebrado el equilibrio, facilitado por una composición de fuerzas
más ajustada que propiciaba, por ejemplo, un presidente y un
vicepresidente de cada sector, las esperadas sentencias sobre
iniciativas de tanta controversia social como las del aborto,
matrimonio homosexual, la carrera militar o la prohibición de las
corridas de toros parecen cantadas a favor de las tesis del
Gobierno. Que el máximo intérprete de la Carta Magna actúe bajo
estos condicionantes no sólo debilita al Tribunal, sino que afecta
también al Estado de Derecho. Urge que el TC deje de ser objeto de
manejos políticos al servicio de estrategias cortoplacistas del
partido en el Gobierno. Un Constitucional sin la autoridad que le
concede el prestigio no cumple con su función.
Rodillo socilista en el TC
Editoriales ABC 21 Enero 2011
El PSOE mantiene su veto al candidato del PP, Enrique López, y ha
bloqueado la cobertura de la vacante del fallecido Roberto
García-Calvo
CON los nombramientos de Pascual Sala como presidente y de Eugeni
Gay como vicepresidente del Tribunal Constitucional, el Gobierno y
el PSOE demuestran que la teoría del equilibrio representativo en
las instituciones solo les sirve cuando les favorece. En diciembre
de 2004 lo demostraron con la reforma del sistema de nombramientos
de magistrados del Tribunal Supremo, para frenar a la mayoría
conservadora del Consejo General del Poder Judicial elegida por el
Parlamento. La Fiscalía no ha sido ajena a este movimiento de
absorción, ejecutado con la excusa de otro equilibrio, el
«ideológico», defendido por el fiscal general del Estado, Cándido
Conde Pumpido.
A poco más de un año de las elecciones generales, con el PSOE
cayendo en barrena en las encuestas, el TC se renueva con una
mayoría, por el momento, de siete magistrados del sector
«progresista», frente a cuatro del sector «conservador». Y, además,
esta renovación culmina con la designación de un jurista de la más
estricta confianza del PSOE, como es Pascual Sala, a quien los
socialistas ya hicieron presidente del Tribunal de Cuentas, del TS y
del CGPJ. La vicepresidencia recae en un magistrado que satisfará
las expectativas de los nacionalistas vascos y catalanes, porque Gay
representa ese tópico de la «sensibilidad autonómica», que es un
eufemismo de la adscripción a las tesis del nacionalismo, como dejó
expuestas en su voto particular a la muy moderada sentencia del TC
sobre el Estatuto de Cataluña. Lo sorprendente es que Gay ocupa una
plaza que debería ser renovada a corto plazo por el Congreso de los
Diputados, lo que quiere decir que su nombramiento es una concesión
efímera a los nacionalistas o que los socialistas descartan llegar a
un acuerdo con el PP en la Cámara Baja.
Entre tanto, los socialistas mantienen su veto al candidato del PP,
Enrique López, y han bloqueado la cobertura de la vacante causada
por el fallecimiento del magistrado Roberto García-Calvo, quien
fuera propuesto por los populares. Y nadie parece recordar que están
pendientes recursos tan importantes como el de la ley del aborto,
paralizado mientras su aplicación favorece a diario la muerte de
seres humanos; o la del matrimonio homosexual. El saldo de la
renovación del TC favorece claramente al PSOE, pero, sin duda,
impide hacer un punto y aparte en la crisis de esta institución,
porque las bases de su nueva etapa están asentadas en un periodo de
descrédito y de manipulación partidista.
La injusticia como norma suprema
EDITORIAL Libertad Digital 21 Enero 2011
No son pocos los pensadores que consideran que es mucho más
importante para la libertad la existencia de un Estado de Derecho
que de la democracia, aunque no sea frecuente encontrarse el primero
sin la segunda. Al fin y al cabo, bajo un Estado de Derecho dotado
de garantías para la vida y la propiedad, la arbitrariedad del poder
político está limitada por las leyes y los tribunales; en cambio, en
una democracia en la que la mayoría carece de límites nuestras
libertades pueden ser violadas por cualquier decisión política.
En España, el ataque a un orden más o menos liberal ha venido por
dos vías: una Constitución que no tuvo como principal objetivo
separar y limitar el poder de forma efectiva y una clase política
que ha logrado, pasito a pasito, eliminar la independencia judicial,
especialmente la del Tribunal Constitucional. Para ello han contado
con la colaboración de un buen número de juristas que, bajo el manto
del llamado "uso alternativo del derecho" –doctrina que en Estados
Unidos recibe el nombre de "activismo judicial"– promueve la
violación del Derecho en nombre de otros fines políticos.
Para los practicantes de esta alternativa a la aplicación de la ley,
el Derecho debe emplearse como herramienta al servicio de las clases
oprimidas frente a las dominantes. Eso supone que el juez debe
dictaminar lo que su conciencia de izquierdas diga que debe
dictaminar, al margen de las leyes aprobadas en el parlamento o de
los derechos ciudadanos que la Constitución protege. En definitiva,
según el perfecto resumen que Bermejo hiciera en su día, son de
izquierdas y como tales actúan. No como jueces ni como fiscales.
Así, por indicar algunos ejemplos recientes, el Tribunal
Constitucional ha decidido que la ley que decreta una pena distinta
por los mismos hechos penales dependiendo de si el infractor es
hombre o mujer no viola el artículo de nuestra Carta Magna que
proclama que todos somos iguales ante la ley, sin que nadie puede
ser discriminado por razón de su sexo. Del mismo modo, ha decretado
que el Estatut es constitucional en algunos artículos que
contradicen abiertamente la Constitución, pero indicando que deben
interpretarse de forma totalmente contraria a como están redactados.
Dos de los magistrados que dieron su beneplácito a estos
despropósitos serán a partir de este jueves presidente y
vicepresidente del Tribunal Constitucional, debido a que los
integrantes de este tribunal son elegidos por los políticos y los
socialistas tienen la mayoría. Una decisión completamente
democrática que, sin embargo, pone en cuestión nuestro Estado de
Derecho. Y que facilitará enormemente que el tribunal incumpla su
propia doctrina aceptando la ley del aborto o que amplíe la
desigualdad de los españoles ante la ley cuando se apruebe la
totalitaria ley de igualdad de trato.
Desgraciadamente, parece que cada vez será más frecuente que la
libertad de expresión sea menor para unos que para otros dependiendo
de su ideología política, o que los derechos que se violan al
procesar a un juez que cometió el pecado de tratar a Polanco como a
cualquier otro ciudadano se respetarán cuando del juez estrella se
trata. La politización de la justicia, es decir, la instauración de
la injusticia como norma suprema del ordenamiento jurídico, es cada
vez mayor. Y más difícil de revertir
Un progresista en el TC
Es algo peor que confundir el culo con las témporas: es sentarse
sobre las segundas y comer por el primero
M. MARTIN FERRAND ABC 21 Enero 2011
HASTA ahora, los presidentes del Tribunal Constitucional que se han
sucedido en el cargo fueron siempre juristas notorios y, en su
mayoría, expertos constitucionalistas. La elección de Pascual Sala
marca un cambio cualitativo en la institución. Es el primer juez de
carrera, un magistrado de largo recorrido, quien ocupa la
presidencia de una de nuestras instituciones más polémicas e
innecesarias. El TC entra en la obsesión de los «nuevos demócratas»
que, al igual que los «nuevos ricos», no quisieron, al hilo de la
Transición, que al Estado le faltara de nada y buscaron en todos los
supermercados institucionales todo lo disponible en los muestrarios.
Con una sala especializada en el Tribunal Supremo hubiera bastado
para arbitrar el buen uso del texto constitucional y con ello,
además de una notable partida del Presupuesto, nos hubiéramos
ahorrado muchas e indeseables confrontaciones entre el propio
Supremo y el Constitucional. Tampoco hubiéramos tenido que
sonrojarnos con algunas peripecias que, desde Manuel García Pelayo a
María Emilia Casas, no han hecho brillar tan singular órgano de
nuestra organización estatal.
No es la primera vez que el PSOE impulsa la carrera y promueve un
nombramiento de Pascual Sala, desde la presidencia del Tribunal de
Cuentas a la del Supremo y el CGPJ. Si es la última lo será en
función de la edad del personaje, no por los méritos que han
acreditado su «progresismo». ¿No les resulta a ustedes obscena esa
permanente clasificación en el ámbito de la Justicia entre jueces
«progresistas» y «conservadores»? La Justicia y la Educación son los
dos territorios en los que más flaquea la fortaleza del Estado. La
primera no es independiente y el sistema de elección de sus cargos
más trascendentes, una de las más negativas aportaciones políticas
del felipismo, pone bajo sospecha a la cumbre de un poder
fundamental del Estado que, paradójicamente, se subordina a los
otros dos. La segunda puede valorarse por sus frutos.
El aspirante a la presidencia del TC que ha salido derrotado, Manuel
Aragón, es un intelectual fino, constitucionalista notable y claro
defensor de la unidad de la Nación y, en consecuencia, opuesto a la
«nación de naciones» que, como coleccionista de grandes disparates,
tanto le complace a José Luis Rodríguez Zapatero. Hubiera perpetuado
el perfil académico que ha definido, desde su fundación, el Tribunal
y, en parte, nos hubiera evitado la ofensiva y desagradable
clasificación dual entre las razas de juristas que optan a los
cargos. Es algo peor que confundir el culo con las témporas: es
sentarse sobre las segundas y comer por el primero.
Pinganillos y deuda histórica
Miramos más al pasado que al presente, por no hablar del futuro, que
ni lo olemos, y así nos va
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 21 Enero 2011
SON mucho, por no decir la inmensa mayoría, los que opinan que la
traducción simultánea en el Senado es completamente superflua. Yo
diría que lo superfluo es el Senado, los senados mejor dicho, pues
hay que contar los autonómicos, todos ellos con sus presidentes,
senadores, secretarias, chóferes, pensionistas y, ahora,
intérpretes, son cámaras redundantes, pues la función legislativa la
llevan los parlamentos, quedando ellos como mero adorno. «Es que son
la expresión de la España plural y de las deudas históricas» se nos
dice. No; son la expresión de la España de los partidos, los mayores
creadores de puestos de trabajo —es un decir— redundantes en nuestro
país. Mientras lo de las deudas históricas es el mayor timo. ¿Qué
deuda histórica tiene España con Andalucía? ¿La de haberla librado
de ser hoy una nación musulmana? Yo diría que la deuda es a la
inversa, pero sobre gustos no hay nada escrito. ¿Y con Cataluña, que
deuda tenemos el resto de los Españoles? ¿El haber sido el mercado
de los productos de su revolución industrial? ¿El cederles los
Juegos Olímpicos del 92, que expandieron Barcelona más allá del
Tibidabo y la dieron una dimensión universal? Otro tanto puede
decirse del resto de las «deudas históricas». Vamos a dejarnos de
cuentos y a poner los pies en la realidad. De lo ocurrido en España
somos responsables los españoles, y ni Cataluña puede pedir un trato
fiscal preferente por aportar más, es decir, por ser más rica, ni
Andalucía puede pedirlo por ser más pobre, ya que esas condiciones
se las han creado ellas.
«El país de los antepasados», nos llamaba Kant. Miramos más al
pasado que al presente, por no hablar del futuro, que ni lo olemos,
y así nos va. Pocas cosas hay más anacrónicas que unos senadores
escuchándose por pinganillo, más, cuando lo que tienen que oír tanto
da que se oiga o no. Esos miles de millones de déficit que Mas ha
encontrado en las cuentas catalanas ¿son también deuda histórica?
¿Se los tendremos que aportar el resto de los españoles, como a
Andalucía, seguir financiándole el PER? ¿Es qué va a parar esto?
¿Dónde está la responsabilidad individual y colectiva? ¿Dónde esta
el sentido común?
Porque responsabilidad y sentido común, son los fundamentos de la
democracia, que viene a ser algo así como la edad adulta de las
naciones y de los Estados. Pero por lo que estamos viendo, España no
ha alcanzado todavía su madurez democrática, sigue todavía en la
infancia o en la adolescencia, años en que se cometen toda suerte de
ingenuidades y locuras. O, dicho de otro modo: que nuestra
democracia es más bien un simulacro de ella. Quien quiera
comprobarlo que pierda una tarde yendo al Senado. O que oiga a
nuestro presidente.
Un Senado inútil y ridículo
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 21 Enero 2011
Ante todo es una cuestión de mínimo sentido común. O sea, de no
hacer un patético ridículo. Porque otra cosa no es que dos personas
que se entienden perfectamente en su lengua común utilicen un
traductor y un pinganillo para hablar entre ellas. El esperpento
queda retratado en ese Chaves y ese Montilla, el uno sevillano, de
Córdoba el otro, haciendo el memo. Porque eso es hacer el memo aquí,
en el Senado y en un bar de Triana. Vamos, para que en los tres te
llamen gilipollas y no sea un insulto sino una exacta definición del
asunto.
Que lo están haciendo lo saben todos, incluso los socialistas que lo
apoyan (algunos del PSC dejaron ya de serlo hace lustros) y lo saben
mejor que nadie los nacionalistas que son quienes una vez más se
llevan el cántaro a su fuente. Ellos son los únicos que sacan
provecho y son coherentes. El resto, lo dicho y reiterado: unos
capullos, hazmerreír y hazmellorar de las gentes.
Pero si esa el la primera aproximación al tema, la segunda no les
deja en mejor lugar. Porque el asunto de la utilización de lenguas
autonómicas de manera habitual en el Senado es un despropósito que
choca con la más clara lectura de la propia Constitución. Esta dice
que el castellano es la lengua común de todos los españoles.
No es España como Estado un país prurilingue, como pueden serlo
Bélgica o Suiza. No. Aquí la lengua común de todos es una el
castellano. En algunas comunidades, pero no en todo el Estado hay
otra cooficiales, el catalán, el gallego o el vasco. ¡Pero solo en
esas comunidades autónomas!. No en la Nación al completo. Y el
Senado es una institución estatal, de todos, no autonómica. Por
tanto la lengua común es la que debe emplearse y dejarse de
tonterías. Que en algunas ocasiones, como ya se hacía, se hicera ese
guiño a las otras lenguas españoles en ocasiones y sesiones
especiales, era algo muy diferente. Esto es convertir esas
excepciones en norma.
El revuelo organizado, al que se ha apresurado a apuntarse Zapatero,
máximo especialista en alborotar avisperos y enredar cualquier
ovillo que le pongan en las manos, sirve sin embargo para otra
reflexión, más allá de esa que ha picado a no pocos. La tontería de
los interpretes entre quienes se entienden perfectamente entre si
pero que no quieren entenderse tiene un coste y que no está el país
para dispendios. Desde luego. Pero ¿y el propio Senado?. Alguien
puede dar un argumento serio de que utilidad real tiene ?. Es
conocido que llevan más de treinta años buscandola, diciendo que hay
que reformarlo, que así no vale. ¿Y si resulta que es que no hay
reforma que valga y que si en 30 años largos no se ha encontrado
utilidad alguna lo más seguro entonces es ninguna tenga?. ¿Y si no
sirve para nada excepto para que unos centenares de políticos y sus
añadidos vivan maravillosamente (Es conocido el chiste que entre
ellos circula de que no creen en el Paraíso porque ellos ya viven en
el mejor de los mundos posibles), porque no lo cerramos como habrá
que cerrar tantas cosas y hasta puede algunas al completo en las
Autonomías? .
Que dirán que no, que es imposible, que es un disparate. Pues no. La
imposibilidad es mantenerlas y el disparate haber llegado a estos 17
reinos de taifas convertidos en primera amenaza de nuestra
supervivencia economica y de propia vertebración como Nación y como
Estado. Si el Senado para lo único que al final demuestra tener
utilidad probada es para hacer un ridiculo espantoso, como ese de
los interpretes entre españoles, lo mejor es que se cierre y nos
evitamos el esperpento y el gasto.
Caro, inmoral y quién sabe si ilegal
*Pablo Yáñez González www.gaceta.es 21 Enero 2011
Nos han convertido en Estado plurilingüe como Bélgica sin preguntar
al pueblo español
La imagen de los senadores estrenando pinganillos será con el paso
del tiempo una de esas imágenes que servirán para explicar la
desafección entre la ciudadanía y la clase política en la que cada
vez insisten más los estudios sociológicos en nuestro país. Un
alejamiento que, si tomamos como ejemplo lo sucedido en el Senado,
es sin duda merecido por los representantes públicos.
El mensaje común de los titulares que durante esta semana han copado
los medios de comunicación a este respecto incidía en los 12.000 €
por sesión que nos costará a los españoles mantener erguida la torre
de Babel en que hemos convertido el Senado. Cifra tan escandalosa
que para muchos podría suponer un argumento ya de por sí arrollador
a la hora de desechar lo que en su día fue una propuesta de los
nacionalistas y hoy es una realidad.
El problema de sostener con este argumento el rechazo a la medida es
que habiendo caído esta en un momento económico diferente, en épocas
boyantes pasadas, quizá hubiésemos tragado en silencio ante un
esperpento que no por barato dejaría de serlo. Quiero decir con esto
que el coste económico de la medida puede ser un motivo, pero sólo
uno más, para oponerse a esta barbaridad.
Y es que el problema de fondo debería ser si nuestro sistema
democrático y constitucional admite ese modo de funcionamiento de la
Cámara alta para el cual se necesitan esos traductores. La
posibilidad de que la reforma del Reglamento del Senado fuese de
difícil encaje en la Constitución española es una reflexión de
calado mucho más importante, porque la vulneración de la Carta Magna
por parte de una de las dos cámaras de las Cortes Generales sería
una situación no dependiente de la coyuntura económica del país,
sino de consecuencias gravísimas para España.
Trataré de explicarlo de manera sencilla. El artículo 3 de la
Constitución de 1978 reconoce en su apartado primero la oficialidad
del castellano en todo el territorio del Estado, así como el deber
por parte de los ciudadanos españoles de conocer esta lengua. Lo
cual, valorando de obligatorio el conocimiento de la lengua común a
los senadores, podría ser otro motivo más para tachar cuando menos
de incoherente lo sucedido el martes.
Pero donde especialmente quiero llegar es al apartado segundo del
artículo 3, en el que se dispone textualmente lo siguiente: “Las
demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas
comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.
Esta disposición constitucional es la que elimina cualquiera de las
comparaciones en las que los nacionalistas y el PSOE se apoyan para
trasladar el modelo de Bélgica o el del Parlamento Europeo a nuestro
Senado. Ese Parlamento Europeo con varias lenguas declaradas
cooficiales, o esa Bélgica que adoptó un sistema plurilingüe donde
las diferentes lenguas son oficiales en cualquier parte del Estado.
La realidad es que el nuestro es un país con una sola lengua oficial
en todo el territorio nacional, que contempla la cooficialidad de
las lenguas autonómicas únicamente en las respectivas comunidades. Y
pintar otra realidad no será sino mentir a la ciudadanía y veremos
si incurrir en una ilegalidad.
Lo que sucedió el martes en el Senado, tapado con el velo del
despilfarro, que esta vez interesaba incluso a los autores de la
tropelía, es que nos han cambiado la Constitución por la puerta de
atrás, sin apenas enterarnos.
Han convertido a nuestro país en un Estado plurilingüe como Bélgica
sin haber preguntado al pueblo español, depositario de la soberanía
nacional, si ese era nuestro deseo. Quizá sea mucho más fácil
comprender lo que trato de explicar yendo al marco en el que se
aprobó esta antigua reivindicación de los nacionalistas, que no era
otra que la de la negociación de Zapatero con el PNV la pasada
primavera para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado
y mantenerse así en La Moncloa un año más.
Los nacionalistas, con el cómplice voto a favor del Partido
Socialista, determinante para imponer los pinganillos en el Senado,
han vuelto a acudir a la vía de los hechos para ganar un metro más
de terreno en un avance que no tienen intención alguna de detener. Y
cuando hablamos del modelo de Estado, de un elemento como es la
lengua, que no se entiende sino como instrumento de comunicación al
servicio de los ciudadanos, y sobre todo, cuando lo que nos jugamos
es el cumplimiento de la Constitución que libremente nos hemos dado
los españoles, no debemos permitir que el despilfarro económico
esconda una cesión más al continuo chantaje nacionalista.
Debemos explorar y valorar todos los caminos y actuar en defensa del
modelo constitucional, aunque este sea atacado desde las propias
instituciones del Estado por una minoría nacionalista que hace
tiempo controla y dirige al Partido Socialista. Y luego seguiremos
denunciando que los traductores del Senado son caros, indecentemente
caros, pero que nadie se olvide, son inmorales y podrían ser
indecentemente ilegales.
*Pablo Yáñez González es presidente de la Asociación Nacional por la
Libertad Lingüística.
La censura del BNG
Pan y Sáinz decidieron expresarse en el único idioma que les es
propio y puede entender el resto de la Cámara
alfredo aycart ABC Galicia 21 Enero 2011
HAY que tener especiales condiciones para ejercer de censor. Se
requiere carácter dictatorial, escaso respeto por las ideas ajenas,
incapacidad para razonar y una gran dosis de disciplinada ceguera
para adecuarse a las exigencias de los adoctrinadores. Son
cualidades que adornan con profusión la personalidad de la
radicalizada dirigencia del BNG, una formación que ha conseguido
imponer en demasiadas ocasiones sus criterios minoritarios por la
pueril indiferencia de sus adversarios políticos.
En una de esas absurdas decisiones que abonan la teoría de la
prescindibilidad de la Cámara, el Senado de España decidió implantar
la traducción simultánea en sus debates, para permitir a los
nacionalistas periféricos el desahogo de escenificar las
diferencias, obligar al resto de los parlamentarios a utilizar unos
gravosos y molestos pinganillos, e ilustrar a los contribuyentes
sobre el despilfarro de los recursos públicos.
Consumado el disparate, quiero desde aquí denunciar la exclusión del
silbo Gomero, una carencia que debería remediar el grupo
parlamentario socialista a los grupos que permiten con su respaldo
que José Luis Rodríguez Zapatero pueda obedecer desde la presidencia
del Gobierno las instrucciones de los organismos internacionales
para eludir la bancarrota a la que nos condenaba su ineficiencia.
Es ya territorio conquistado, como tal lo tratan. Los nacionalistas
gallegos, y la cohorte de plataformas, mesas y asociaciones que
crecieron bien regadas por las subvenciones que repartió el
bipartito entre sus afines, han puesto el grito en el cielo porque
los senadores del PP declinaran sumarse al ridículo y se expresaran
el pasado lunes en español, quizás porque estimaron que sus
reflexiones eran tan interesantes que merecían ser entendidas por
todos.
Con la crispada locuacidad que caracteriza a una formación que eleva
el tono de sus comentarios a medida que disminuye el respaldo de la
sociedad que pretende dominar, el BNG se permitió ayer exigir
explicaciones a Mariano Rajoy ante lo que calificó de un ultraje a
la lengua, una definición con más carga dialéctica incluso que la de
desprecio enarbolada por los talibanes de la Mesa por la
Normalización Lingüística.
Y la explicación que reclaman es muy sencilla. María Dolores Pan y
María Jesús Sáinz decidieron expresarse en el único idioma que reúne
dos cualidades inestimables: les es propio, porque el español es tan
propio de Galicia como el gallego, digan lo que digan los inventores
de la historia, y les permite entenderse directamente, sin necesidad
de intermediarios, con el resto de la Cámara. Quizás haya llegado ya
el momento de rechazar, con cortesía pero con firmeza, el
autoritarismo de los censores que no sólo quieren imponer el
pensamiento único y falsificar la memoria, sino que pretenden regir
hasta el idioma en el que tienes que aceptar sus dogmáticas
interpretaciones.
De dictadores sabemos ya demasiado en España como para aceptar los
planteamientos totalitarios que marcan el discurso del BNG.
Pascual Sala, nuevo presidente del TC
La toga del poder socialista
Hizo cátedra del silencio en la instrucción del ‘caso GAL’.
S. S. Madrid www.gaceta.es 21 Enero 2011
De aquellos barros, vinieron estos lodos. Quien hiciera cátedra del
silencio en la instrucción del caso GAL mientras presidía el
Supremo, queda ahora a los mandos del Tribunal Constitucional más
deteriorado de su historia (méritos aparte de María Emilia Casas).
Quien fuera definido por el abogado republicano Antonio
García-Trevijano como el “Lord protector del crimen y el secreto
oficial”, lideró el órgano de Gobierno de los jueces en un intento
por aplicar algo de oxígeno al ocaso del felipismo. Desde 1990 a
1996, ocupó la primera silla del Alto Tribunal no sin dejar de
rendir pleitesía al poder socialista.
Antes de ello, Sala (Valencia, 1935) había dirigido durante dos años
el Tribunal de Cuentas (1988-1990), órgano fiscalizador en el que
ingresó como consejero allá por 1982 a propuesta del PSOE. De esta
etapa, cuentan las crónicas cómo resonaron duros reproches a una
supuesta falta de independencia en relación al informe dictado sobre
el proceso de reprivatización del holding Rumasa. También estuvo en
el punto de mira cuando abrió expediente y pidió que presentara su
dimisión como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a
Pascual Estevill, nombrado a propuesta de CiU e implicado en una red
de extorsión a empresarios.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, es el primer
juez de carrera que llega a la cima del escalafón. Ingresó en el
mismo en 1963 como número uno de su promoción. Comenzó su itinerario
profesional siendo juez de primera instancia en Albacete, para luego
pasar a Requena.
Posteriormente, entró por oposición en el grupo de especialistas en
la jurisdicción contencioso-administrativa y ejerció de magistrado
desde 1972 en las Audiencias de Tenerife, Albacete y Valencia.
Fundador de Justicia Democrática, movimiento de oposición al
franquismo, se afilió tras la desaparición de este régimen a la
asociación progresista Jueces para la Democracia. Esta inclinación
por la izquierda le costó ver más recientemente cómo el Partido
Popular quiso recusarle por imparcialidad en la reforma de la LOTC
que amplió el mandato de Casas.
******************* Sección "bilingüe"
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Del fiscal, los jueces y un payaso
Como siempre que hay algo con que mancharse, vuelve el fiscal
general. Ha olvidado sus ganas de dejar el cargo
HERMANN TERTSCH ABC 21 Enero 2011
NUESTRO Gobierno de España y su partido socialista obrero
experimental no se sienten ni mucho menos derrotados, por mucho
sondeo amargo que se desayunen. Ni están paralizados pese al caos,
los miedos y los nervios que se perciben entre quienes en municipios
y autonomías se ven ya víctimas de la creciente fobia hacia el
eterno adolescente. Ahí están los planes legislativos para liquidar
en los próximos meses las engorrosas limitaciones que pone el Estado
de Derecho a los gobernantes por si caen en la tentación de utilizar
el poder del estado para aplastar a las voces críticas y rivales
políticos. Se mueven. Las noticias judiciales de los últimos días
son muchas. Continúa el goteo de sentencias y decisiones amables
para organizaciones etarras y sus miembros. Va poniendo en la calle,
con beneficios impensables para presos comunes, a terroristas con
condenas graves, delitos de sangre incluidos. Ayer, la Audiencia
Nacional absolvió a los veinte imputados en el caso Udalbiltza,
acusados de actividad terrorista. Al parecer estos acusados sólo se
reunían por sus inquietudes municipales. Nada que ver con
terrorismo, dicen.
Raro, raro. Una vez más, cuando algunos socialistas tienen prisa por
encontrar abertzales buenos que premiar, se desmorona la
jurisprudencia del Supremo que dicta que Batasuna es ETA. Coge
fuerza el mensaje gubernamental de los buenos y malos. Vuelve a
estar de discreta actualidad aquel llamamiento del Fiscal General,
Conde Pumpido, a los jueces, pidiéndoles no tuvieran escrúpulos en
mancharse las togas por el bien de las bellas intenciones del
gobierno. Como siempre que hay algo con que mancharse, vuelve el
fiscal general. Ha olvidado sus ganas de dejar el cargo. Ataca de
nuevo. Ahora para salvar al juez Baltasar Garzón. Ya saben, el juez
estrella que lidera la ofensiva para convertir la guerra civil en
permanente causa política actual. Y que está acusado de prevaricar
en tres casos muy distintos. Alguno más relacionado con el dinero de
los vivos
que los huesos de los muertos. En una decisión sin precedentes en
nuestro Estado de Derecho, la fiscalía apoya la recusación del
supuesto juez prevaricador contra cinco magistrados del Tribunal
Supremo que deben juzgarle. Esto un día después de que ya echara una
buena mano a Garzón, al pedir y lograr el archivo de una causa
contra el ex fiscal jefe Anticorrupción, el ínclito Jiménez
Villarejo. Este fiscal, que comenzó su carrera jurando fidelidad al
franquismo, se ha erigido en gran héroe antifranquista, una vez
comprobado —gracias a Garzón— que Franco había muerto. Acusa a los
jueces que imputan a Garzón de ser instrumentos del fascismo español
y de estar «en manos de los corruptos». La fiscalía considera que
eso no veja a nadie. El juez Ruz le ha dado la razón. No sabemos si
esta operación «salvar al juez Garzón» se debe al temor a que, de
ser condenado, se vengase de sus antiguos socios como ya hizo con
González, Barrionuevo y sus GAL.
Porque del caso Faisán sabe un montón. Puede también que la fiscalía
esté en campaña electoral y que quiere ayudar a Garzón a generar la
«tensión necesaria» —que le diría Zapatero a Gabilondo—.
Nada mejor que dividir de nuevo a los españoles en buenos y malos.
El líder de la nueva campaña en favor del juez Garzón —y de acoso a
los jueves del Supremo— no es oficialmente Conde Pumpido, sino el
payaso italiano Leo Bassi. Dirige una campaña que se llama
«Franconohamuerto.com». Título poco afortunado diría yo. Porque si
fuera cierto, Bassi haría el payaso en Italia, los demás estarían
callados como putas y Jimenez-Villarejo seguiría asistiendo firme
con su camisa azul y su casaca blanca, a las recepciones del 18 de
julio.
El problema es la herencia
Por lo menos desde las guerras carlistas, no terminamos de enterrar
bien a nuestros muertos. Y los seguimos llevando con nosotros, y nos
siguen condicionando como si estuvieran vivos
JOSEBA ARREGI El Correo
21 Enero 2011
Las urgencias de la política, entendida como la táctica que permite
resolver problemas de la vida diaria, presentarse con buena cara
ante los electores y hacer méritos para seguir en el poder, no
necesariamente coinciden con las necesidades fundamentales de la
política entendida como la consolidación de los elementos
fundamentales sobre los que se constituye una sociedad política
democrática. Y nada bueno augura aquella táctica política que
confunde los dos planos y no tiene en cuenta que el primer plano
puede terminar teniendo consecuencias graves en el segundo.
Tiene razón el lehendakari cuando afirma que no es la democracia
existente en la política española, y como consecuencia, en la vasca,
la que tiene que cambiar, sino que es la izquierda nacionalista
radical la que debe cambiar su proyecto totalitario, además de que
desaparezca ETA. Euskadi es plural y es demócrata, y la sociedad
vasca es demócrata porque es plural, y necesita seguir siendo
demócrata para seguir siendo plural, y viceversa.
No hay democracia para la sociedad vasca si se le niega el
pluralismo estructural que la caracteriza, si se mantiene y
defiende, aunque sea con medios exclusivamente pacíficos, una visión
unilateral, excluyente y limitadora de la realidad social vasca.
Acabada la violencia, si se acaba y cuando se acabe, queda el debate
con el nacionalismo en su conjunto para defender el pluralismo y la
democracia, que van necesariamente de la mano frente a proyectos
políticos que se basan en una visión unilateral y excluyente de la
sociedad vasca. Ésta es la consecuencia de las palabras del
lehendakari.
Y si esto es así, no se entiende bien que no le parezca realista la
petición de que Batasuna condene la historia de terror de ETA.
Supongamos que Batasuna pasa todos los filtros judiciales y
administrativos y puede presentarse a unas elecciones vascas, pero
sin haber condenado la historia de terror de ETA, y habiendo
desaparecido la organización terrorista, aunque sea por inanición.
En ese caso, Batasuna traería consigo a la vida política de Euskadi,
a la democracia vasca como algo suyo la historia de terror de la que
ha sido partícipe y de la que no se ha desligado condenándola.
Supongo que si se da ese caso, estará permitido preguntarnos si
queremos edificar el futuro de Euskadi sobre esa herencia, con esa
herencia dentro de las instituciones. Supongo que si llega a suceder
lo que estoy describiendo en hipótesis será posible, y para algunos
necesario y obligado, preguntar si se puede construir el futuro
político de la sociedad vasca arrastrando con nosotros esa herencia,
sin deshacernos de ella como conformadora de ese futuro. Supongo que
si se produce lo que en mi opinión no debiera suceder, que Batasuna
entre en el juego político de la democracia y en las instituciones
democráticas sin condenar la historia de terror de ETA, alguien
deberá alzar la voz para preguntar si de ese modo se preserva la
memoria, la dignidad y la justicia debida a las víctimas asesinadas,
cómo puede hacerse eso sin condenar la historia de terror de ETA.
La política debe ser realista. No en balde se afirma que la política
es el arte de lo posible, aunque algún líder nacionalista, Joseba
Egibar, proclamara que, muy al contrario, la política consiste en el
arte de hacer posible lo imposible: ese sueño, esa utopía ha estado
en la raíz de todos los totalitarismos. Pero nada hay más real que
el asesinato por razones políticas. Y nada hay más real que el
límite que impone ese dato realísimo del asesinato por razones
políticas a la razón en la que se sustentaron esos asesinatos.
Olvidarlo no es ser realista, es simplemente ser olvidadizo, y
querer pasar página para alcanzar algún modo de paz, pero sin
dignidad, sin memoria, sin justicia, y en definitiva, sin libertad,
es decir: abierta a tentaciones totalitarias.
La prisa nunca es buena consejera en política. Tampoco la pereza.
Los líderes políticos se caracterizan por su capacidad de aprovechar
las oportunidades. Pero para aprovechar las oportunidades deben
tener muy claro en qué consiste la oportunidad, para no convertir el
momento de un cambio profundo, el momento para una transformación
histórica de una sociedad, en algo pequeño en proporción a lo que
pudiera y debiera ser. Y ese poder y deber ser se puede formular
como la ocasión de enterrar, por primera vez en una larga historia,
bien a los muertos.
Me lo dijo hace bastantes años un buen amigo: el problema de los
vascos es que, por lo menos desde las guerras carlistas, no
terminamos de enterrar bien a nuestros muertos. Y los seguimos
llevando con nosotros, y nos siguen condicionando como si estuvieran
vivos. Pero para poder enterrar bien a los muertos es preciso
reconocerlos en su verdad objetiva, no en la opinión de sus
familiares, no en lo que ellos pensaron en vida, sino en la razón
que los instauró como víctimas de asesinato. Esa es la razón que ha
quedado invalidada en cada asesinato.
Enterrar bien a los muertos no es una cuestión de realismo. Es una
cuestión de necesidad democrática. Es algo que debemos a la libertad
de todos los vascos: porque unos no pueden ser libres si niegan la
libertad de los otros. Y para poder garantizar la libertad de todos
hay que respetar las diferencias entre ellos, siempre que no haya
alguien que se crea en el derecho de pretender que todos sean
obligatoriamente como él dice que deben ser. Entonces, ese queda
excluido por totalitario, y su diferencia no es un derecho, sino una
amenaza al derecho a la diferencia de todos los demás.
Eso es lo que recuerda cada uno de los asesinatos de ETA. Si
perdemos esa memoria, perdemos lo que puede preservar el núcleo de
la democracia. No es una cuestión baladí: nos jugamos, nos estamos
jugando el futuro en libertad. Y ese futuro depende de la herencia
que nos quieren imponer algunos, depende de que seamos capaces de
frenar la inclusión de ese herencia de la historia de terror en el
juego político democrático. Es nuestra responsabilidad en estos
momentos delicados por ser, quizá, los finales.
Traductores y sordos se preparan para armar
la marimorena en el Senado
Ely del ValleEl Semanal Digital 21 Enero 2011
Cuando servidora creía que el espectáculo de sus señorías en el
Senado con el cable del pinganillo colgándoles de la oreja ya no
daba para más, aparece la CNSE y la monta, con razón.
Los senadores, que son todos ellos, salvo algunas excepciones bien
conocidas, políticos de recio carácter y probada seriedad nunca
pudieron llegar a imaginar que llegaría un día -concretamente el 18
de enero de 2011- en que se convertirían el hazmerreír de la
población. Si confiaban en que el triple mortal dialéctico de
Rubalcaba esa misma mañana intentando endosarle al PP la culpa de la
agresión al concejal de Cultura de Murcia -que ya es de nota- les
quitara protagonismo, iban dados. Esa foto congelándoles para la
posteridad con el gesto de estar sacándose el cerumen de la oreja
por culpa del maldito pinganillo, tiene un pase complicado.
Y si hubiera sido para bien, pues mira, se hace y ya está. Se pasa
uno el sofocón del momento y a otra cosa mariposa. Pero no, la
ocurrencia de llevar las lenguas oficiales a la Cámara Alta no les
está reportando a sus señorías mas que disgustos.
De entrada no habían transcurrido ni cuarenta y ocho horas cuando
supimos que los traductores, gremio del que nadie podrá decir que no
estén espabilados, se preparan para pedir un aumento de sueldo del
3%. Ahí es nada. A este ritmo, para Semana Santa pueden estar
cobrando el salario mínimo interprofesional, pero al día. No ha
trascendido las razones con las que piensan sustentar su aspiración
al redondeo de los 515 euros que cobran por sesión, pero la
situación es grave.
Una hipotética huelga de traductores en el Senado sería una
catástrofe. Los senadores vascos podrían salir a la tribuna y contar
todo el repertorio de chistes de Marianico el Corto, que no se iba a
dar cuenta ni Anasagasti que de euskera sabe lo mismo que la
Pantoja. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor los
traductores pueden dedicarse como protesta a traducir lo que les
sale del moño, y donde Pío Garcia Escudero dice "váyase señor
Zapatero", ellos colocar un "el pan se va a poner a diez euros la
barra" sin que nadie pueda decir ni mu porque sería reconocer que lo
de los interpretes es la patochada que es y que se están gastando
los dineros públicos sin ton ni son.
Como las fatalidades no suelen venir solas, a la encerrona de los
traductores, se le suma ahora la protesta, esta sí, con toda la
razón del mundo, de la La Confederación Estatal de Personas Sordas
(CNSE) que se queja de que a ellos nadie les traduce nada cuando lo
cierto es que la lengua de signos también está reconocida como
oficial. Para un colectivo que de verdad necesita de intermediarios
para comunicarse y que se estima que es tan numeroso como la mitad
de la población del País Vasco, van sus señorías, y se olvidan.
Bochornoso error que pone en evidencia que tras este hito histórico
(nacionalistas dixit), hay muy poquitos gramos de sentido común y
toneladas de ideología.Exactamente igual que lo de Rubalcaba.
EL PROCESO SE ABRE PASO
Juan Pablo Colmenarejo La Razón 21 Enero 2011
Un juez ha respaldado con su firma una operación de la Guardia Civil
que se puede cargar el proceso como dicen los batasunos. Tres jueces
firman una sentencia que ha absuelto a los integrantes de una
organización de concejales montada por Batasuna porque el silencio o
la falta de condena a un atentado no es delito. Los cuatro jueces
pertenecen a la audiencia nacional. Uno instruye y los otros tres
juzgan. En dos días hemos tenido una ducha escocesa en la audiencia
nacional.
Mientras un juez, Grande Marlaska, apoya con su puño y letra el
arresto entre otros del hijo del portavoz batasuno en Navarra, otros
tres presididos por Gómez Bermúdez, echan abajo una investigación
policial por chapucera. La sentencia de la sala primera de lo Penal
de la audiencia abre una ventanilla para aquellos partidos que con
su silencio o su falta de condena apoyan el terrorismo de ETA. Según
esos jueces aunque todos nos parezca repugnante no es delito. Los
hechos de los últimos dos días demuestran que hay varias maneras de
actuar en la audiencia y que el proceso de legalización de BATASUNA
tiene más adeptos de los que parece en los llamados aparatos del
Estado.
Identidad, divino tesoro
El nacionalismo catalán usa y abusa de la identidad, la exhibe o la
oculta, en función de sus intereses más coyunturales
miquel porta perales ABC Cataluña 21 Enero 2011
Un poco de historia reciente. Como recordarán, el pasado verano,
después de la sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional
sobre el Estatuto, el mantra de la identidad nacional catalana
resurgió con singular persistencia. El punto culminante se produjo
aquella calurosa tarde de julio en que el nacionalismo se manifestó
detrás de una pancarta con el clásico «Som una nació. Nosaltres
decidim». Nada nuevo bajo el sol. La identidad nacional catalana
había sido humillada —eso decían— por el Tribunal Constitucional y,
en consecuencia, era preciso restablecer el honor mancillado. Por
aquel entonces, se trataba —recuerden el lema de la manifestación—
de reivindicar la supuesta correlación existente entre un hecho y un
derecho. El hecho: «somos una nación». El derecho: «nosotros
decidimos». No voy a entretenerme ahora a discernir si Cataluña es
una nación —disiento de semejante creencia— y si, suponiendo que lo
fuera, tendría derecho a decidir —disiento de semejante creencia— su
futuro político sin ningún tipo de limitación ni restricción. Lo que
me interesa resaltar es que el nacionalismo catalán cree que
Cataluña tiene derecho a decidir libremente su futuro político —sin
limitación ni restricción, decía— en virtud de la identidad nacional
propia. Es decir, distinta.
Tampoco voy a entretenerme a discernir ahora si —disiento de
semejante creencia— esa identidad propia existe o no existe. En
cualquier caso, hay que tomar nota de lo siguiente: el nacionalismo
catalán usa y abusa de la identidad, la exhibe o la oculta, en
fu<CW-10>nción de sus intereses más coyunturales.
Si la sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto propició el uso y abuso de la identidad, así como su
exhibición con pancarta, himno y bandera incluidas, si en verano
ocurrió eso, en otoño —la campaña electoral autonómica, por
supuesto— sucedió lo contrario y la identidad quedó ocultada
—disimulada o camuflada, si lo prefieren— por la urgencia del
presente y la exigencia del ciudadano. Es decir, por la lucha contra
la crisis económica. Y en eso que llega el invierno y la identidad
—como el frío— resurge. Dos manifestaciones, de momento: la
reivindicación de una transición catalana a la soberanía y la
defensa de una Autonomía que el PSOE y el PP desearían racionalizar.
En uno y otro caso —el derecho a decidir y a conservar lo obtenido
más allá del café para todos— subyace la dichosa identidad en virtud
de la cual Cataluña ha de obtener lo que pide, o conservar lo que
tiene, porque es lo que es. Es decir, una nación dotada de identidad
propia.
Soy de los que creen que al nacionalismo catalán el asunto de la
identidad nacional no le quita —hoy por hoy— el sueño. Para
entendernos, en todo este asunto hay mucho farol al servicio del
victimismo y la cultura de la queja. Es decir, del interés más
inmediato. Como siempre. En cualquier caso, la cuestión que se está
dilucidando es otra. La reivindicación y defensa de la identidad
nacional catalana es la excusa utilizada para recuperar lo que se
pueda del Estatuto tras la sentencia del Tribunal Constitucional, o
para incumplir determinadas sentencias como la del Tribunal Supremo
sobre la lengua, o para obtener un mejor sistema de financiación
autonómica, o para reclamar una relación bilateral con el Estado, o
para evadir una posible coordinación o reordenación del sistema
autonómico. Identidad, divino tesoro.
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