AGLI

Recortes de Prensa   Viernes 21  Enero 2011

 

La «belgificación» lingüística de España
Roberto Blanco Valdés La Voz 21 Enero 2011

La decisión del Senado de celebrar sus plenos en las lenguas regionales, además de en castellano, muestra, a quienes tuvieran aún alguna duda, cuál es el auténtico proyecto lingüístico que los nacionalismos impulsan en España: monolingüismo en las comunidades autónomas y traducción simultánea en el resto. Esos son, con claridad, los dos grandes pilares de un proyecto que parte de un ensueño para negar la más evidente realidad.

El ensueño es que en las regiones españolas donde existen lenguas vernáculas estas deben ser ?aunque de hecho no lo sean en ninguna? las únicas de uso cotidiano y oficial. Y ello porque, según los nacionalistas, la presencia del castellano resulta en tales territorios una enfermedad que ha de curarse con esa operación de ingeniería social que el nacionalismo llama, desde hace mucho, normalización lingüística.

Tal ensueño ?origen de flagrantes violaciones, no solo de la Constitución, sino también de los derechos de cientos de miles de personas? conduce a negar una realidad que puede comprobarse en toda España, de norte a sur y de este a oeste: que, por fortuna, las lenguas regionales conviven en armonía con la lengua común en la que todos podemos entendernos.

Y es que España no es Bélgica, donde existen cuatro regiones lingüísticas aisladas (las de lengua holandesa, francesa y alemana y la bilingüe en Bruselas capital) y donde, por ese motivo, soportan desde la fundación del país en 1830 un gravísimo problema. En España no lo tenemos, pero el proyecto de los nacionalistas ?un puro disparate? es que terminemos teniéndolo, es decir, que acabemos siendo Bélgica.

Sin embargo, tal disparate resultaría tan solo algo pintoresco de no ser porque la actual dirección del Partido Socialista ha decidido asumirlo plenamente, transformando así en un hecho lo que el exiguo porcentaje de escaños de los grupos nacionalistas en las Cortes convertía en imposible. El giro radical de Zapatero ?al que se opone lo poco que queda del antiguo PSOE (Guerra o Bono), con el que nos identificábamos los que criticamos ahora al actual? no conseguirá, sin embargo, que los nacionalistas se sientan satisfechos.

Su inmediata, y previsible, exigencia de que lo decidido para el Senado se extienda ya al Congreso ?rechazada por el Partido Popular y por los mismos socialistas que votaron a favor en la otra Cámara?, pone de relieve no solo el increíble oportunismo de estos últimos, sino que el nacionalismo no parará hasta que consiga belgificar España, convirtiendo en cuatrilingües todas sus instituciones. Algo que hoy parece tan disparatado como lo parecía no hace nada que en nuestro Senado hablasen con traducción simultánea personas que tienen la inmensa fortuna de poseer una lengua común en la que entenderse.

Certero Aznar
Agustín de GRADO La Razón 21 Enero 2011

Senadores españoles con una lengua común utilizando la traducción simultánea para entenderse. La imagen captura toda la dimensión del problema: «Nuestro Estado, tal como está configurado, es un Estado políticamente no viable y financieramente absolutamente inviable. Y alguien le tiene que poner el cascabel al gato». Valiente y certero, Aznar ha abierto en canal un debate inaplazable: cómo recuperar la fuerza de la nación española sin menoscabo de su pluralidad constitutiva. A salvo del interés electoral cortoplacista, el ex presidente plantea sin paños calientes el reto que nos aguarda en una situación límite. No basta con cambiar el Gobierno. Hay que cambiar las cosas. Y para ello se necesita una mayoría electoral, pero también política y social.

Los padres de la Constitución del 78 diseñaron el estado autonómico para resolver la necesidad de reconocimiento a la diversidad de algunas regiones. Y confiaron en la lealtad del nacionalismo. No ha sido así. Su voracidad reivindicativa no tiene límite y se crece ante la debilidad de los gobiernos centrales. Así quiebra la solidaridad nacional, el control del Estado sobre los asuntos comunes se esfuma y los españoles dejan de ser iguales. La crisis ha terminado por demostrar que el bolsillo del contribuyente ya no da para mantener tantas administraciones haciendo lo mismo, pero cada uno a su manera y con su propia tropa.Aznar plantea un desafío de alcance constitucional. ¿Se atreverá con él un PP en el Gobierno? ¿Podrá contar con un PSOE recuperado de la irresponsable doctrina de la nación como concepto discutido y discutible? ¿O se conformarán ambos con seguir alternándose en la herencia de esta ruina?

Demasiado tarde Aznar
Nota del Editor 21 Enero 2011

Como ya he escrito en muchas ocasiones, España no está en crisis, sino que se ha autoinfligido numerosas heridas mortales.

La primera herida mortal es la inutilización de la lengua común, el español, y la primera medida, por tanto, además sin coste económico alguno debe ser la instauración de la lengua común española mediante la derogación de todas las leyes relacionadas con las lenguas regionales, y la vuelta al sentido común lingüístico.

Toda la administración pública (nacional, autonómica, municipal) debe funcionar en español, especialmente educación, justicia, sanidad, seguridad, además de todos los procedimientos administrativos; todos los funcionarios deben quedar por tanto, eximidos del conocimiento de las lenguas regionales.

Si algún ciudadano, ejerce su derecho a dirigirse a la administración de su región en lengua regional, su escrito será traducido al español por algun funcionario que conozca tal lengua regional, y todo el proceso sera realizado en español, incluyendo la resolución al interesado, dado su deber constitucional de conocer el español.

Aznar, siendo presidente, en el segundo mandato, con mayoría absoluta, tuvo conocimiento de la agravación del problema lingüístico pero miró a otro lado, peor aún, se mofó de las quejas que se le presentaron. Debió ser a causa de sus tratos secretos con los nacionalistas en su primer mandato, en contra de sus votantes y de la mayoría de sus no votantes (gobierno por tanto de minorías en contra de la mayoría).

Desequilibrio constitucional
El Editorial La Razón 21 Enero 2011

El Tribunal Constitucional cerró una etapa convulsa con el relevo de María Emilia Casas, marcada por el debate del Estatut, la polémica prórroga de la presidencia de la propia Casas y el bloqueo del PSOE en las negociaciones para renovar a los magistrados, que provocó que una mayoría de ellos continuara en su puesto con el mandato caducado y, por tanto, propició una situación de interinidad en el Tribunal que, si bien no mermó su legitimidad, no era el estatus más conveniente. Esa situación se prolongó a costa del prestigio de la institución.

Con la elección de Pascual Sala como nuevo presidente y de Eugenio Gay como vicepresidente, el Tribunal Constitucional no envió ayer el mensaje adecuado si pretende enmendar los errores del pasado. La realidad fue distinta. El sector progresista aprovechó una mayoría holgada coyuntural para romper el equilibrio imperante tradicionalmente en el órgano e imponer a dos candidatos muy señalados en puestos clave. Aunque no cuestionemos la formación ni la capacidad de Sala y Gay, e incluso celebremos que al fin sea un magistrado de carrera, el presidente del TC, sus perfiles son los de juristas progresistas, de gran sintonía con el PSOE, sobre todo Sala, y que defendieron, por ejemplo, un Estatuto de Cataluña sin recortes.

Tras la reciente entrada de los cuatro magistrados designados por el Senado, el nuevo reparto de fuerzas ha deparado que la minoría conservadora cuente con cuatro de los once magistrados que componen el pleno, ya que la vacante causada por la muerte en 2008 de Roberto García-Calvo sigue sin cubrirse. Con esta anormal y desajustada formación, parece lógico que se hable del carácter interino de los nombramientos, dado que el propio Gay tiene su mandato vencido, al igual que los otros tres magistrados que esperan ser renovados por el Congreso. Se quiera o no, esta situación cuestiona en su origen a cargos tan relevantes y aconseja repetir su elección cuando el Constitucional tenga su composición definitiva.

Para el Tribunal cualquier actuación que le sitúe fuera de la normalidad democrática no es positiva, y esa condición eventual que desprende lo hace. Los precedentes, sin embargo, sugieren que ni el Gobierno ni el PSOE actuarán con la responsabilidad necesaria, ahora que se han asegurado un TC dominado por los magistrados propuestos a instancias del Grupo Socialista. La izquierda tiene la pésima costumbre de instrumentalizar las instituciones en su propio beneficio siempre que puede o se lo permiten.

Quebrado el equilibrio, facilitado por una composición de fuerzas más ajustada que propiciaba, por ejemplo, un presidente y un vicepresidente de cada sector, las esperadas sentencias sobre iniciativas de tanta controversia social como las del aborto, matrimonio homosexual, la carrera militar o la prohibición de las corridas de toros parecen cantadas a favor de las tesis del Gobierno. Que el máximo intérprete de la Carta Magna actúe bajo estos condicionantes no sólo debilita al Tribunal, sino que afecta también al Estado de Derecho. Urge que el TC deje de ser objeto de manejos políticos al servicio de estrategias cortoplacistas del partido en el Gobierno. Un Constitucional sin la autoridad que le concede el prestigio no cumple con su función.

Rodillo socilista en el TC
Editoriales ABC 21 Enero 2011

El PSOE mantiene su veto al candidato del PP, Enrique López, y ha bloqueado la cobertura de la vacante del fallecido Roberto García-Calvo

CON los nombramientos de Pascual Sala como presidente y de Eugeni Gay como vicepresidente del Tribunal Constitucional, el Gobierno y el PSOE demuestran que la teoría del equilibrio representativo en las instituciones solo les sirve cuando les favorece. En diciembre de 2004 lo demostraron con la reforma del sistema de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, para frenar a la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial elegida por el Parlamento. La Fiscalía no ha sido ajena a este movimiento de absorción, ejecutado con la excusa de otro equilibrio, el «ideológico», defendido por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.

A poco más de un año de las elecciones generales, con el PSOE cayendo en barrena en las encuestas, el TC se renueva con una mayoría, por el momento, de siete magistrados del sector «progresista», frente a cuatro del sector «conservador». Y, además, esta renovación culmina con la designación de un jurista de la más estricta confianza del PSOE, como es Pascual Sala, a quien los socialistas ya hicieron presidente del Tribunal de Cuentas, del TS y del CGPJ. La vicepresidencia recae en un magistrado que satisfará las expectativas de los nacionalistas vascos y catalanes, porque Gay representa ese tópico de la «sensibilidad autonómica», que es un eufemismo de la adscripción a las tesis del nacionalismo, como dejó expuestas en su voto particular a la muy moderada sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña. Lo sorprendente es que Gay ocupa una plaza que debería ser renovada a corto plazo por el Congreso de los Diputados, lo que quiere decir que su nombramiento es una concesión efímera a los nacionalistas o que los socialistas descartan llegar a un acuerdo con el PP en la Cámara Baja.

Entre tanto, los socialistas mantienen su veto al candidato del PP, Enrique López, y han bloqueado la cobertura de la vacante causada por el fallecimiento del magistrado Roberto García-Calvo, quien fuera propuesto por los populares. Y nadie parece recordar que están pendientes recursos tan importantes como el de la ley del aborto, paralizado mientras su aplicación favorece a diario la muerte de seres humanos; o la del matrimonio homosexual. El saldo de la renovación del TC favorece claramente al PSOE, pero, sin duda, impide hacer un punto y aparte en la crisis de esta institución, porque las bases de su nueva etapa están asentadas en un periodo de descrédito y de manipulación partidista.

La injusticia como norma suprema
EDITORIAL Libertad Digital 21 Enero 2011

No son pocos los pensadores que consideran que es mucho más importante para la libertad la existencia de un Estado de Derecho que de la democracia, aunque no sea frecuente encontrarse el primero sin la segunda. Al fin y al cabo, bajo un Estado de Derecho dotado de garantías para la vida y la propiedad, la arbitrariedad del poder político está limitada por las leyes y los tribunales; en cambio, en una democracia en la que la mayoría carece de límites nuestras libertades pueden ser violadas por cualquier decisión política.

En España, el ataque a un orden más o menos liberal ha venido por dos vías: una Constitución que no tuvo como principal objetivo separar y limitar el poder de forma efectiva y una clase política que ha logrado, pasito a pasito, eliminar la independencia judicial, especialmente la del Tribunal Constitucional. Para ello han contado con la colaboración de un buen número de juristas que, bajo el manto del llamado "uso alternativo del derecho" –doctrina que en Estados Unidos recibe el nombre de "activismo judicial"– promueve la violación del Derecho en nombre de otros fines políticos.

Para los practicantes de esta alternativa a la aplicación de la ley, el Derecho debe emplearse como herramienta al servicio de las clases oprimidas frente a las dominantes. Eso supone que el juez debe dictaminar lo que su conciencia de izquierdas diga que debe dictaminar, al margen de las leyes aprobadas en el parlamento o de los derechos ciudadanos que la Constitución protege. En definitiva, según el perfecto resumen que Bermejo hiciera en su día, son de izquierdas y como tales actúan. No como jueces ni como fiscales.

Así, por indicar algunos ejemplos recientes, el Tribunal Constitucional ha decidido que la ley que decreta una pena distinta por los mismos hechos penales dependiendo de si el infractor es hombre o mujer no viola el artículo de nuestra Carta Magna que proclama que todos somos iguales ante la ley, sin que nadie puede ser discriminado por razón de su sexo. Del mismo modo, ha decretado que el Estatut es constitucional en algunos artículos que contradicen abiertamente la Constitución, pero indicando que deben interpretarse de forma totalmente contraria a como están redactados.

Dos de los magistrados que dieron su beneplácito a estos despropósitos serán a partir de este jueves presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional, debido a que los integrantes de este tribunal son elegidos por los políticos y los socialistas tienen la mayoría. Una decisión completamente democrática que, sin embargo, pone en cuestión nuestro Estado de Derecho. Y que facilitará enormemente que el tribunal incumpla su propia doctrina aceptando la ley del aborto o que amplíe la desigualdad de los españoles ante la ley cuando se apruebe la totalitaria ley de igualdad de trato.

Desgraciadamente, parece que cada vez será más frecuente que la libertad de expresión sea menor para unos que para otros dependiendo de su ideología política, o que los derechos que se violan al procesar a un juez que cometió el pecado de tratar a Polanco como a cualquier otro ciudadano se respetarán cuando del juez estrella se trata. La politización de la justicia, es decir, la instauración de la injusticia como norma suprema del ordenamiento jurídico, es cada vez mayor. Y más difícil de revertir

Un progresista en el TC
Es algo peor que confundir el culo con las témporas: es sentarse sobre las segundas y comer por el primero
M. MARTIN FERRAND ABC 21 Enero 2011

HASTA ahora, los presidentes del Tribunal Constitucional que se han sucedido en el cargo fueron siempre juristas notorios y, en su mayoría, expertos constitucionalistas. La elección de Pascual Sala marca un cambio cualitativo en la institución. Es el primer juez de carrera, un magistrado de largo recorrido, quien ocupa la presidencia de una de nuestras instituciones más polémicas e innecesarias. El TC entra en la obsesión de los «nuevos demócratas» que, al igual que los «nuevos ricos», no quisieron, al hilo de la Transición, que al Estado le faltara de nada y buscaron en todos los supermercados institucionales todo lo disponible en los muestrarios. Con una sala especializada en el Tribunal Supremo hubiera bastado para arbitrar el buen uso del texto constitucional y con ello, además de una notable partida del Presupuesto, nos hubiéramos ahorrado muchas e indeseables confrontaciones entre el propio Supremo y el Constitucional. Tampoco hubiéramos tenido que sonrojarnos con algunas peripecias que, desde Manuel García Pelayo a María Emilia Casas, no han hecho brillar tan singular órgano de nuestra organización estatal.

No es la primera vez que el PSOE impulsa la carrera y promueve un nombramiento de Pascual Sala, desde la presidencia del Tribunal de Cuentas a la del Supremo y el CGPJ. Si es la última lo será en función de la edad del personaje, no por los méritos que han acreditado su «progresismo». ¿No les resulta a ustedes obscena esa permanente clasificación en el ámbito de la Justicia entre jueces «progresistas» y «conservadores»? La Justicia y la Educación son los dos territorios en los que más flaquea la fortaleza del Estado. La primera no es independiente y el sistema de elección de sus cargos más trascendentes, una de las más negativas aportaciones políticas del felipismo, pone bajo sospecha a la cumbre de un poder fundamental del Estado que, paradójicamente, se subordina a los otros dos. La segunda puede valorarse por sus frutos.

El aspirante a la presidencia del TC que ha salido derrotado, Manuel Aragón, es un intelectual fino, constitucionalista notable y claro defensor de la unidad de la Nación y, en consecuencia, opuesto a la «nación de naciones» que, como coleccionista de grandes disparates, tanto le complace a José Luis Rodríguez Zapatero. Hubiera perpetuado el perfil académico que ha definido, desde su fundación, el Tribunal y, en parte, nos hubiera evitado la ofensiva y desagradable clasificación dual entre las razas de juristas que optan a los cargos. Es algo peor que confundir el culo con las témporas: es sentarse sobre las segundas y comer por el primero.

Pinganillos y deuda histórica
Miramos más al pasado que al presente, por no hablar del futuro, que ni lo olemos, y así nos va
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 21 Enero 2011

SON mucho, por no decir la inmensa mayoría, los que opinan que la traducción simultánea en el Senado es completamente superflua. Yo diría que lo superfluo es el Senado, los senados mejor dicho, pues hay que contar los autonómicos, todos ellos con sus presidentes, senadores, secretarias, chóferes, pensionistas y, ahora, intérpretes, son cámaras redundantes, pues la función legislativa la llevan los parlamentos, quedando ellos como mero adorno. «Es que son la expresión de la España plural y de las deudas históricas» se nos dice. No; son la expresión de la España de los partidos, los mayores creadores de puestos de trabajo —es un decir— redundantes en nuestro país. Mientras lo de las deudas históricas es el mayor timo. ¿Qué deuda histórica tiene España con Andalucía? ¿La de haberla librado de ser hoy una nación musulmana? Yo diría que la deuda es a la inversa, pero sobre gustos no hay nada escrito. ¿Y con Cataluña, que deuda tenemos el resto de los Españoles? ¿El haber sido el mercado de los productos de su revolución industrial? ¿El cederles los Juegos Olímpicos del 92, que expandieron Barcelona más allá del Tibidabo y la dieron una dimensión universal? Otro tanto puede decirse del resto de las «deudas históricas». Vamos a dejarnos de cuentos y a poner los pies en la realidad. De lo ocurrido en España somos responsables los españoles, y ni Cataluña puede pedir un trato fiscal preferente por aportar más, es decir, por ser más rica, ni Andalucía puede pedirlo por ser más pobre, ya que esas condiciones se las han creado ellas.

«El país de los antepasados», nos llamaba Kant. Miramos más al pasado que al presente, por no hablar del futuro, que ni lo olemos, y así nos va. Pocas cosas hay más anacrónicas que unos senadores escuchándose por pinganillo, más, cuando lo que tienen que oír tanto da que se oiga o no. Esos miles de millones de déficit que Mas ha encontrado en las cuentas catalanas ¿son también deuda histórica? ¿Se los tendremos que aportar el resto de los españoles, como a Andalucía, seguir financiándole el PER? ¿Es qué va a parar esto? ¿Dónde está la responsabilidad individual y colectiva? ¿Dónde esta el sentido común?
Porque responsabilidad y sentido común, son los fundamentos de la democracia, que viene a ser algo así como la edad adulta de las naciones y de los Estados. Pero por lo que estamos viendo, España no ha alcanzado todavía su madurez democrática, sigue todavía en la infancia o en la adolescencia, años en que se cometen toda suerte de ingenuidades y locuras. O, dicho de otro modo: que nuestra democracia es más bien un simulacro de ella. Quien quiera comprobarlo que pierda una tarde yendo al Senado. O que oiga a nuestro presidente.

Un Senado inútil y ridículo
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 21 Enero 2011

Ante todo es una cuestión de mínimo sentido común. O sea, de no hacer un patético ridículo. Porque otra cosa no es que dos personas que se entienden perfectamente en su lengua común utilicen un traductor y un pinganillo para hablar entre ellas. El esperpento queda retratado en ese Chaves y ese Montilla, el uno sevillano, de Córdoba el otro, haciendo el memo. Porque eso es hacer el memo aquí, en el Senado y en un bar de Triana. Vamos, para que en los tres te llamen gilipollas y no sea un insulto sino una exacta definición del asunto.

Que lo están haciendo lo saben todos, incluso los socialistas que lo apoyan (algunos del PSC dejaron ya de serlo hace lustros) y lo saben mejor que nadie los nacionalistas que son quienes una vez más se llevan el cántaro a su fuente. Ellos son los únicos que sacan provecho y son coherentes. El resto, lo dicho y reiterado: unos capullos, hazmerreír y hazmellorar de las gentes.

Pero si esa el la primera aproximación al tema, la segunda no les deja en mejor lugar. Porque el asunto de la utilización de lenguas autonómicas de manera habitual en el Senado es un despropósito que choca con la más clara lectura de la propia Constitución. Esta dice que el castellano es la lengua común de todos los españoles.

No es España como Estado un país prurilingue, como pueden serlo Bélgica o Suiza. No. Aquí la lengua común de todos es una el castellano. En algunas comunidades, pero no en todo el Estado hay otra cooficiales, el catalán, el gallego o el vasco. ¡Pero solo en esas comunidades autónomas!. No en la Nación al completo. Y el Senado es una institución estatal, de todos, no autonómica. Por tanto la lengua común es la que debe emplearse y dejarse de tonterías. Que en algunas ocasiones, como ya se hacía, se hicera ese guiño a las otras lenguas españoles en ocasiones y sesiones especiales, era algo muy diferente. Esto es convertir esas excepciones en norma.

El revuelo organizado, al que se ha apresurado a apuntarse Zapatero, máximo especialista en alborotar avisperos y enredar cualquier ovillo que le pongan en las manos, sirve sin embargo para otra reflexión, más allá de esa que ha picado a no pocos. La tontería de los interpretes entre quienes se entienden perfectamente entre si pero que no quieren entenderse tiene un coste y que no está el país para dispendios. Desde luego. Pero ¿y el propio Senado?. Alguien puede dar un argumento serio de que utilidad real tiene ?. Es conocido que llevan más de treinta años buscandola, diciendo que hay que reformarlo, que así no vale. ¿Y si resulta que es que no hay reforma que valga y que si en 30 años largos no se ha encontrado utilidad alguna lo más seguro entonces es ninguna tenga?. ¿Y si no sirve para nada excepto para que unos centenares de políticos y sus añadidos vivan maravillosamente (Es conocido el chiste que entre ellos circula de que no creen en el Paraíso porque ellos ya viven en el mejor de los mundos posibles), porque no lo cerramos como habrá que cerrar tantas cosas y hasta puede algunas al completo en las Autonomías? .

Que dirán que no, que es imposible, que es un disparate. Pues no. La imposibilidad es mantenerlas y el disparate haber llegado a estos 17 reinos de taifas convertidos en primera amenaza de nuestra supervivencia economica y de propia vertebración como Nación y como Estado. Si el Senado para lo único que al final demuestra tener utilidad probada es para hacer un ridiculo espantoso, como ese de los interpretes entre españoles, lo mejor es que se cierre y nos evitamos el esperpento y el gasto.

Caro, inmoral y quién sabe si ilegal
*Pablo Yáñez González www.gaceta.es 21 Enero 2011

Nos han convertido en Estado plurilingüe como Bélgica sin preguntar al pueblo español

La imagen de los senadores estrenando pinganillos será con el paso del tiempo una de esas imágenes que servirán para explicar la desafección entre la ciudadanía y la clase política en la que cada vez insisten más los estudios sociológicos en nuestro país. Un alejamiento que, si tomamos como ejemplo lo sucedido en el Senado, es sin duda merecido por los representantes públicos.

El mensaje común de los titulares que durante esta semana han copado los medios de comunicación a este respecto incidía en los 12.000 € por sesión que nos costará a los españoles mantener erguida la torre de Babel en que hemos convertido el Senado. Cifra tan escandalosa que para muchos podría suponer un argumento ya de por sí arrollador a la hora de desechar lo que en su día fue una propuesta de los nacionalistas y hoy es una realidad.

El problema de sostener con este argumento el rechazo a la medida es que habiendo caído esta en un momento económico diferente, en épocas boyantes pasadas, quizá hubiésemos tragado en silencio ante un esperpento que no por barato dejaría de serlo. Quiero decir con esto que el coste económico de la medida puede ser un motivo, pero sólo uno más, para oponerse a esta barbaridad.

Y es que el problema de fondo debería ser si nuestro sistema democrático y constitucional admite ese modo de funcionamiento de la Cámara alta para el cual se necesitan esos traductores. La posibilidad de que la reforma del Reglamento del Senado fuese de difícil encaje en la Constitución española es una reflexión de calado mucho más importante, porque la vulneración de la Carta Magna por parte de una de las dos cámaras de las Cortes Generales sería una situación no dependiente de la coyuntura económica del país, sino de consecuencias gravísimas para España.

Trataré de explicarlo de manera sencilla. El artículo 3 de la Constitución de 1978 reconoce en su apartado primero la oficialidad del castellano en todo el territorio del Estado, así como el deber por parte de los ciudadanos españoles de conocer esta lengua. Lo cual, valorando de obligatorio el conocimiento de la lengua común a los senadores, podría ser otro motivo más para tachar cuando menos de incoherente lo sucedido el martes.

Pero donde especialmente quiero llegar es al apartado segundo del artículo 3, en el que se dispone textualmente lo siguiente: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.

Esta disposición constitucional es la que elimina cualquiera de las comparaciones en las que los nacionalistas y el PSOE se apoyan para trasladar el modelo de Bélgica o el del Parlamento Europeo a nuestro Senado. Ese Parlamento Europeo con varias lenguas declaradas cooficiales, o esa Bélgica que adoptó un sistema plurilingüe donde las diferentes lenguas son oficiales en cualquier parte del Estado. La realidad es que el nuestro es un país con una sola lengua oficial en todo el territorio nacional, que contempla la cooficialidad de las lenguas autonómicas únicamente en las respectivas comunidades. Y pintar otra realidad no será sino mentir a la ciudadanía y veremos si incurrir en una ilegalidad.

Lo que sucedió el martes en el Senado, tapado con el velo del despilfarro, que esta vez interesaba incluso a los autores de la tropelía, es que nos han cambiado la Constitución por la puerta de atrás, sin apenas enterarnos.
Han convertido a nuestro país en un Estado plurilingüe como Bélgica sin haber preguntado al pueblo español, depositario de la soberanía nacional, si ese era nuestro deseo. Quizá sea mucho más fácil comprender lo que trato de explicar yendo al marco en el que se aprobó esta antigua reivindicación de los nacionalistas, que no era otra que la de la negociación de Zapatero con el PNV la pasada primavera para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y mantenerse así en La Moncloa un año más.

Los nacionalistas, con el cómplice voto a favor del Partido Socialista, determinante para imponer los pinganillos en el Senado, han vuelto a acudir a la vía de los hechos para ganar un metro más de terreno en un avance que no tienen intención alguna de detener. Y cuando hablamos del modelo de Estado, de un elemento como es la lengua, que no se entiende sino como instrumento de comunicación al servicio de los ciudadanos, y sobre todo, cuando lo que nos jugamos es el cumplimiento de la Constitución que libremente nos hemos dado los españoles, no debemos permitir que el despilfarro económico esconda una cesión más al continuo chantaje nacionalista.

Debemos explorar y valorar todos los caminos y actuar en defensa del modelo constitucional, aunque este sea atacado desde las propias instituciones del Estado por una minoría nacionalista que hace tiempo controla y dirige al Partido Socialista. Y luego seguiremos denunciando que los traductores del Senado son caros, indecentemente caros, pero que nadie se olvide, son inmorales y podrían ser indecentemente ilegales.

*Pablo Yáñez González es presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística.

La censura del BNG
Pan y Sáinz decidieron expresarse en el único idioma que les es propio y puede entender el resto de la Cámara
alfredo aycart ABC Galicia 21 Enero 2011

HAY que tener especiales condiciones para ejercer de censor. Se requiere carácter dictatorial, escaso respeto por las ideas ajenas, incapacidad para razonar y una gran dosis de disciplinada ceguera para adecuarse a las exigencias de los adoctrinadores. Son cualidades que adornan con profusión la personalidad de la radicalizada dirigencia del BNG, una formación que ha conseguido imponer en demasiadas ocasiones sus criterios minoritarios por la pueril indiferencia de sus adversarios políticos.

En una de esas absurdas decisiones que abonan la teoría de la prescindibilidad de la Cámara, el Senado de España decidió implantar la traducción simultánea en sus debates, para permitir a los nacionalistas periféricos el desahogo de escenificar las diferencias, obligar al resto de los parlamentarios a utilizar unos gravosos y molestos pinganillos, e ilustrar a los contribuyentes sobre el despilfarro de los recursos públicos.

Consumado el disparate, quiero desde aquí denunciar la exclusión del silbo Gomero, una carencia que debería remediar el grupo parlamentario socialista a los grupos que permiten con su respaldo que José Luis Rodríguez Zapatero pueda obedecer desde la presidencia del Gobierno las instrucciones de los organismos internacionales para eludir la bancarrota a la que nos condenaba su ineficiencia.

Es ya territorio conquistado, como tal lo tratan. Los nacionalistas gallegos, y la cohorte de plataformas, mesas y asociaciones que crecieron bien regadas por las subvenciones que repartió el bipartito entre sus afines, han puesto el grito en el cielo porque los senadores del PP declinaran sumarse al ridículo y se expresaran el pasado lunes en español, quizás porque estimaron que sus reflexiones eran tan interesantes que merecían ser entendidas por todos.

Con la crispada locuacidad que caracteriza a una formación que eleva el tono de sus comentarios a medida que disminuye el respaldo de la sociedad que pretende dominar, el BNG se permitió ayer exigir explicaciones a Mariano Rajoy ante lo que calificó de un ultraje a la lengua, una definición con más carga dialéctica incluso que la de desprecio enarbolada por los talibanes de la Mesa por la Normalización Lingüística.

Y la explicación que reclaman es muy sencilla. María Dolores Pan y María Jesús Sáinz decidieron expresarse en el único idioma que reúne dos cualidades inestimables: les es propio, porque el español es tan propio de Galicia como el gallego, digan lo que digan los inventores de la historia, y les permite entenderse directamente, sin necesidad de intermediarios, con el resto de la Cámara. Quizás haya llegado ya el momento de rechazar, con cortesía pero con firmeza, el autoritarismo de los censores que no sólo quieren imponer el pensamiento único y falsificar la memoria, sino que pretenden regir hasta el idioma en el que tienes que aceptar sus dogmáticas interpretaciones.

De dictadores sabemos ya demasiado en España como para aceptar los planteamientos totalitarios que marcan el discurso del BNG.

Pascual Sala, nuevo presidente del TC
La toga del poder socialista
Hizo cátedra del silencio en la instrucción del ‘caso GAL’.
S. S. Madrid www.gaceta.es 21 Enero 2011

De aquellos barros, vinieron estos lodos. Quien hiciera cátedra del silencio en la instrucción del caso GAL mientras presidía el Supremo, queda ahora a los mandos del Tribunal Constitucional más deteriorado de su historia (méritos aparte de María Emilia Casas). Quien fuera definido por el abogado republicano Antonio García-Trevijano como el “Lord protector del crimen y el secreto oficial”, lideró el órgano de Gobierno de los jueces en un intento por aplicar algo de oxígeno al ocaso del felipismo. Desde 1990 a 1996, ocupó la primera silla del Alto Tribunal no sin dejar de rendir pleitesía al poder socialista.

Antes de ello, Sala (Valencia, 1935) había dirigido durante dos años el Tribunal de Cuentas (1988-1990), órgano fiscalizador en el que ingresó como consejero allá por 1982 a propuesta del PSOE. De esta etapa, cuentan las crónicas cómo resonaron duros reproches a una supuesta falta de independencia en relación al informe dictado sobre el proceso de reprivatización del holding Rumasa. También estuvo en el punto de mira cuando abrió expediente y pidió que presentara su dimisión como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a Pascual Estevill, nombrado a propuesta de CiU e implicado en una red de extorsión a empresarios.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, es el primer juez de carrera que llega a la cima del escalafón. Ingresó en el mismo en 1963 como número uno de su promoción. Comenzó su itinerario profesional siendo juez de primera instancia en Albacete, para luego pasar a Requena.

Posteriormente, entró por oposición en el grupo de especialistas en la jurisdicción contencioso-administrativa y ejerció de magistrado desde 1972 en las Audiencias de Tenerife, Albacete y Valencia.

Fundador de Justicia Democrática, movimiento de oposición al franquismo, se afilió tras la desaparición de este régimen a la asociación progresista Jueces para la Democracia. Esta inclinación por la izquierda le costó ver más recientemente cómo el Partido Popular quiso recusarle por imparcialidad en la reforma de la LOTC que amplió el mandato de Casas.

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Del fiscal, los jueces y un payaso
Como siempre que hay algo con que mancharse, vuelve el fiscal general. Ha olvidado sus ganas de dejar el cargo
HERMANN TERTSCH ABC 21 Enero 2011

NUESTRO Gobierno de España y su partido socialista obrero experimental no se sienten ni mucho menos derrotados, por mucho sondeo amargo que se desayunen. Ni están paralizados pese al caos, los miedos y los nervios que se perciben entre quienes en municipios y autonomías se ven ya víctimas de la creciente fobia hacia el eterno adolescente. Ahí están los planes legislativos para liquidar en los próximos meses las engorrosas limitaciones que pone el Estado de Derecho a los gobernantes por si caen en la tentación de utilizar el poder del estado para aplastar a las voces críticas y rivales políticos. Se mueven. Las noticias judiciales de los últimos días son muchas. Continúa el goteo de sentencias y decisiones amables para organizaciones etarras y sus miembros. Va poniendo en la calle, con beneficios impensables para presos comunes, a terroristas con condenas graves, delitos de sangre incluidos. Ayer, la Audiencia Nacional absolvió a los veinte imputados en el caso Udalbiltza, acusados de actividad terrorista. Al parecer estos acusados sólo se reunían por sus inquietudes municipales. Nada que ver con terrorismo, dicen.

Raro, raro. Una vez más, cuando algunos socialistas tienen prisa por encontrar abertzales buenos que premiar, se desmorona la jurisprudencia del Supremo que dicta que Batasuna es ETA. Coge fuerza el mensaje gubernamental de los buenos y malos. Vuelve a estar de discreta actualidad aquel llamamiento del Fiscal General, Conde Pumpido, a los jueces, pidiéndoles no tuvieran escrúpulos en mancharse las togas por el bien de las bellas intenciones del gobierno. Como siempre que hay algo con que mancharse, vuelve el fiscal general. Ha olvidado sus ganas de dejar el cargo. Ataca de nuevo. Ahora para salvar al juez Baltasar Garzón. Ya saben, el juez estrella que lidera la ofensiva para convertir la guerra civil en permanente causa política actual. Y que está acusado de prevaricar en tres casos muy distintos. Alguno más relacionado con el dinero de los vivos

que los huesos de los muertos. En una decisión sin precedentes en nuestro Estado de Derecho, la fiscalía apoya la recusación del supuesto juez prevaricador contra cinco magistrados del Tribunal Supremo que deben juzgarle. Esto un día después de que ya echara una buena mano a Garzón, al pedir y lograr el archivo de una causa contra el ex fiscal jefe Anticorrupción, el ínclito Jiménez Villarejo. Este fiscal, que comenzó su carrera jurando fidelidad al franquismo, se ha erigido en gran héroe antifranquista, una vez comprobado —gracias a Garzón— que Franco había muerto. Acusa a los jueces que imputan a Garzón de ser instrumentos del fascismo español y de estar «en manos de los corruptos». La fiscalía considera que eso no veja a nadie. El juez Ruz le ha dado la razón. No sabemos si esta operación «salvar al juez Garzón» se debe al temor a que, de ser condenado, se vengase de sus antiguos socios como ya hizo con González, Barrionuevo y sus GAL.

Porque del caso Faisán sabe un montón. Puede también que la fiscalía esté en campaña electoral y que quiere ayudar a Garzón a generar la «tensión necesaria» —que le diría Zapatero a Gabilondo—.

Nada mejor que dividir de nuevo a los españoles en buenos y malos. El líder de la nueva campaña en favor del juez Garzón —y de acoso a los jueves del Supremo— no es oficialmente Conde Pumpido, sino el payaso italiano Leo Bassi. Dirige una campaña que se llama «Franconohamuerto.com». Título poco afortunado diría yo. Porque si fuera cierto, Bassi haría el payaso en Italia, los demás estarían callados como putas y Jimenez-Villarejo seguiría asistiendo firme con su camisa azul y su casaca blanca, a las recepciones del 18 de julio.


El problema es la herencia
Por lo menos desde las guerras carlistas, no terminamos de enterrar bien a nuestros muertos. Y los seguimos llevando con nosotros, y nos siguen condicionando como si estuvieran vivos
JOSEBA ARREGI El Correo  21 Enero 2011

Las urgencias de la política, entendida como la táctica que permite resolver problemas de la vida diaria, presentarse con buena cara ante los electores y hacer méritos para seguir en el poder, no necesariamente coinciden con las necesidades fundamentales de la política entendida como la consolidación de los elementos fundamentales sobre los que se constituye una sociedad política democrática. Y nada bueno augura aquella táctica política que confunde los dos planos y no tiene en cuenta que el primer plano puede terminar teniendo consecuencias graves en el segundo.

Tiene razón el lehendakari cuando afirma que no es la democracia existente en la política española, y como consecuencia, en la vasca, la que tiene que cambiar, sino que es la izquierda nacionalista radical la que debe cambiar su proyecto totalitario, además de que desaparezca ETA. Euskadi es plural y es demócrata, y la sociedad vasca es demócrata porque es plural, y necesita seguir siendo demócrata para seguir siendo plural, y viceversa.

No hay democracia para la sociedad vasca si se le niega el pluralismo estructural que la caracteriza, si se mantiene y defiende, aunque sea con medios exclusivamente pacíficos, una visión unilateral, excluyente y limitadora de la realidad social vasca. Acabada la violencia, si se acaba y cuando se acabe, queda el debate con el nacionalismo en su conjunto para defender el pluralismo y la democracia, que van necesariamente de la mano frente a proyectos políticos que se basan en una visión unilateral y excluyente de la sociedad vasca. Ésta es la consecuencia de las palabras del lehendakari.

Y si esto es así, no se entiende bien que no le parezca realista la petición de que Batasuna condene la historia de terror de ETA. Supongamos que Batasuna pasa todos los filtros judiciales y administrativos y puede presentarse a unas elecciones vascas, pero sin haber condenado la historia de terror de ETA, y habiendo desaparecido la organización terrorista, aunque sea por inanición. En ese caso, Batasuna traería consigo a la vida política de Euskadi, a la democracia vasca como algo suyo la historia de terror de la que ha sido partícipe y de la que no se ha desligado condenándola.

Supongo que si se da ese caso, estará permitido preguntarnos si queremos edificar el futuro de Euskadi sobre esa herencia, con esa herencia dentro de las instituciones. Supongo que si llega a suceder lo que estoy describiendo en hipótesis será posible, y para algunos necesario y obligado, preguntar si se puede construir el futuro político de la sociedad vasca arrastrando con nosotros esa herencia, sin deshacernos de ella como conformadora de ese futuro. Supongo que si se produce lo que en mi opinión no debiera suceder, que Batasuna entre en el juego político de la democracia y en las instituciones democráticas sin condenar la historia de terror de ETA, alguien deberá alzar la voz para preguntar si de ese modo se preserva la memoria, la dignidad y la justicia debida a las víctimas asesinadas, cómo puede hacerse eso sin condenar la historia de terror de ETA.

La política debe ser realista. No en balde se afirma que la política es el arte de lo posible, aunque algún líder nacionalista, Joseba Egibar, proclamara que, muy al contrario, la política consiste en el arte de hacer posible lo imposible: ese sueño, esa utopía ha estado en la raíz de todos los totalitarismos. Pero nada hay más real que el asesinato por razones políticas. Y nada hay más real que el límite que impone ese dato realísimo del asesinato por razones políticas a la razón en la que se sustentaron esos asesinatos. Olvidarlo no es ser realista, es simplemente ser olvidadizo, y querer pasar página para alcanzar algún modo de paz, pero sin dignidad, sin memoria, sin justicia, y en definitiva, sin libertad, es decir: abierta a tentaciones totalitarias.

La prisa nunca es buena consejera en política. Tampoco la pereza. Los líderes políticos se caracterizan por su capacidad de aprovechar las oportunidades. Pero para aprovechar las oportunidades deben tener muy claro en qué consiste la oportunidad, para no convertir el momento de un cambio profundo, el momento para una transformación histórica de una sociedad, en algo pequeño en proporción a lo que pudiera y debiera ser. Y ese poder y deber ser se puede formular como la ocasión de enterrar, por primera vez en una larga historia, bien a los muertos.

Me lo dijo hace bastantes años un buen amigo: el problema de los vascos es que, por lo menos desde las guerras carlistas, no terminamos de enterrar bien a nuestros muertos. Y los seguimos llevando con nosotros, y nos siguen condicionando como si estuvieran vivos. Pero para poder enterrar bien a los muertos es preciso reconocerlos en su verdad objetiva, no en la opinión de sus familiares, no en lo que ellos pensaron en vida, sino en la razón que los instauró como víctimas de asesinato. Esa es la razón que ha quedado invalidada en cada asesinato.

Enterrar bien a los muertos no es una cuestión de realismo. Es una cuestión de necesidad democrática. Es algo que debemos a la libertad de todos los vascos: porque unos no pueden ser libres si niegan la libertad de los otros. Y para poder garantizar la libertad de todos hay que respetar las diferencias entre ellos, siempre que no haya alguien que se crea en el derecho de pretender que todos sean obligatoriamente como él dice que deben ser. Entonces, ese queda excluido por totalitario, y su diferencia no es un derecho, sino una amenaza al derecho a la diferencia de todos los demás.

Eso es lo que recuerda cada uno de los asesinatos de ETA. Si perdemos esa memoria, perdemos lo que puede preservar el núcleo de la democracia. No es una cuestión baladí: nos jugamos, nos estamos jugando el futuro en libertad. Y ese futuro depende de la herencia que nos quieren imponer algunos, depende de que seamos capaces de frenar la inclusión de ese herencia de la historia de terror en el juego político democrático. Es nuestra responsabilidad en estos momentos delicados por ser, quizá, los finales.

Traductores y sordos se preparan para armar la marimorena en el Senado
Ely del ValleEl Semanal Digital 21 Enero 2011

Cuando servidora creía que el espectáculo de sus señorías en el Senado con el cable del pinganillo colgándoles de la oreja ya no daba para más, aparece la CNSE y la monta, con razón.

Los senadores, que son todos ellos, salvo algunas excepciones bien conocidas, políticos de recio carácter y probada seriedad nunca pudieron llegar a imaginar que llegaría un día -concretamente el 18 de enero de 2011- en que se convertirían el hazmerreír de la población. Si confiaban en que el triple mortal dialéctico de Rubalcaba esa misma mañana intentando endosarle al PP la culpa de la agresión al concejal de Cultura de Murcia -que ya es de nota- les quitara protagonismo, iban dados. Esa foto congelándoles para la posteridad con el gesto de estar sacándose el cerumen de la oreja por culpa del maldito pinganillo, tiene un pase complicado.

Y si hubiera sido para bien, pues mira, se hace y ya está. Se pasa uno el sofocón del momento y a otra cosa mariposa. Pero no, la ocurrencia de llevar las lenguas oficiales a la Cámara Alta no les está reportando a sus señorías mas que disgustos.

De entrada no habían transcurrido ni cuarenta y ocho horas cuando supimos que los traductores, gremio del que nadie podrá decir que no estén espabilados, se preparan para pedir un aumento de sueldo del 3%. Ahí es nada. A este ritmo, para Semana Santa pueden estar cobrando el salario mínimo interprofesional, pero al día. No ha trascendido las razones con las que piensan sustentar su aspiración al redondeo de los 515 euros que cobran por sesión, pero la situación es grave.

Una hipotética huelga de traductores en el Senado sería una catástrofe. Los senadores vascos podrían salir a la tribuna y contar todo el repertorio de chistes de Marianico el Corto, que no se iba a dar cuenta ni Anasagasti que de euskera sabe lo mismo que la Pantoja. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor los traductores pueden dedicarse como protesta a traducir lo que les sale del moño, y donde Pío Garcia Escudero dice "váyase señor Zapatero", ellos colocar un "el pan se va a poner a diez euros la barra" sin que nadie pueda decir ni mu porque sería reconocer que lo de los interpretes es la patochada que es y que se están gastando los dineros públicos sin ton ni son.

Como las fatalidades no suelen venir solas, a la encerrona de los traductores, se le suma ahora la protesta, esta sí, con toda la razón del mundo, de la La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) que se queja de que a ellos nadie les traduce nada cuando lo cierto es que la lengua de signos también está reconocida como oficial. Para un colectivo que de verdad necesita de intermediarios para comunicarse y que se estima que es tan numeroso como la mitad de la población del País Vasco, van sus señorías, y se olvidan. Bochornoso error que pone en evidencia que tras este hito histórico (nacionalistas dixit), hay muy poquitos gramos de sentido común y toneladas de ideología.Exactamente igual que lo de Rubalcaba.

EL PROCESO SE ABRE PASO
Juan Pablo Colmenarejo La Razón 21 Enero 2011

Un juez ha respaldado con su firma una operación de la Guardia Civil que se puede cargar el proceso como dicen los batasunos. Tres jueces firman una sentencia que ha absuelto a los integrantes de una organización de concejales montada por Batasuna porque el silencio o la falta de condena a un atentado no es delito. Los cuatro jueces pertenecen a la audiencia nacional. Uno instruye y los otros tres juzgan. En dos días hemos tenido una ducha escocesa en la audiencia nacional.

Mientras un juez, Grande Marlaska, apoya con su puño y letra el arresto entre otros del hijo del portavoz batasuno en Navarra, otros tres presididos por Gómez Bermúdez, echan abajo una investigación policial por chapucera. La sentencia de la sala primera de lo Penal de la audiencia abre una ventanilla para aquellos partidos que con su silencio o su falta de condena apoyan el terrorismo de ETA. Según esos jueces aunque todos nos parezca repugnante no es delito. Los hechos de los últimos dos días demuestran que hay varias maneras de actuar en la audiencia y que el proceso de legalización de BATASUNA tiene más adeptos de los que parece en los llamados aparatos del Estado.

Identidad, divino tesoro
El nacionalismo catalán usa y abusa de la identidad, la exhibe o la oculta, en función de sus intereses más coyunturales
miquel porta perales ABC Cataluña 21 Enero 2011

Un poco de historia reciente. Como recordarán, el pasado verano, después de la sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, el mantra de la identidad nacional catalana resurgió con singular persistencia. El punto culminante se produjo aquella calurosa tarde de julio en que el nacionalismo se manifestó detrás de una pancarta con el clásico «Som una nació. Nosaltres decidim». Nada nuevo bajo el sol. La identidad nacional catalana había sido humillada —eso decían— por el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, era preciso restablecer el honor mancillado. Por aquel entonces, se trataba —recuerden el lema de la manifestación— de reivindicar la supuesta correlación existente entre un hecho y un derecho. El hecho: «somos una nación». El derecho: «nosotros decidimos». No voy a entretenerme ahora a discernir si Cataluña es una nación —disiento de semejante creencia— y si, suponiendo que lo fuera, tendría derecho a decidir —disiento de semejante creencia— su futuro político sin ningún tipo de limitación ni restricción. Lo que me interesa resaltar es que el nacionalismo catalán cree que Cataluña tiene derecho a decidir libremente su futuro político —sin limitación ni restricción, decía— en virtud de la identidad nacional propia. Es decir, distinta.

Tampoco voy a entretenerme a discernir ahora si —disiento de semejante creencia— esa identidad propia existe o no existe. En cualquier caso, hay que tomar nota de lo siguiente: el nacionalismo catalán usa y abusa de la identidad, la exhibe o la oculta, en fu<CW-10>nción de sus intereses más coyunturales.

Si la sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto propició el uso y abuso de la identidad, así como su exhibición con pancarta, himno y bandera incluidas, si en verano ocurrió eso, en otoño —la campaña electoral autonómica, por supuesto— sucedió lo contrario y la identidad quedó ocultada —disimulada o camuflada, si lo prefieren— por la urgencia del presente y la exigencia del ciudadano. Es decir, por la lucha contra la crisis económica. Y en eso que llega el invierno y la identidad —como el frío— resurge. Dos manifestaciones, de momento: la reivindicación de una transición catalana a la soberanía y la defensa de una Autonomía que el PSOE y el PP desearían racionalizar. En uno y otro caso —el derecho a decidir y a conservar lo obtenido más allá del café para todos— subyace la dichosa identidad en virtud de la cual Cataluña ha de obtener lo que pide, o conservar lo que tiene, porque es lo que es. Es decir, una nación dotada de identidad propia.

Soy de los que creen que al nacionalismo catalán el asunto de la identidad nacional no le quita —hoy por hoy— el sueño. Para entendernos, en todo este asunto hay mucho farol al servicio del victimismo y la cultura de la queja. Es decir, del interés más inmediato. Como siempre. En cualquier caso, la cuestión que se está dilucidando es otra. La reivindicación y defensa de la identidad nacional catalana es la excusa utilizada para recuperar lo que se pueda del Estatuto tras la sentencia del Tribunal Constitucional, o para incumplir determinadas sentencias como la del Tribunal Supremo sobre la lengua, o para obtener un mejor sistema de financiación autonómica, o para reclamar una relación bilateral con el Estado, o para evadir una posible coordinación o reordenación del sistema autonómico. Identidad, divino tesoro.
 


 

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