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Recortes de Prensa   Sábado 22  Enero 2011

 

De rescates y de reestructuraciones
Manuel Muela* El Confidencial 22 Enero 2011

Hace ya cuatro años que España fue expulsada abruptamente del paraíso de los ricos y todavía no se ha digerido la conmoción que ello ha supuesto. Casi nadie, incluyendo a los dirigentes públicos y privados, asume la dimensión de lo ocurrido, pensando todavía que ha sido un accidente grave para subrayar la transitoriedad del problema. Muy pocos creen que tenemos ante nuestros ojos el fracaso de unas estructuras políticas y económicas a todas luces insostenibles. Por eso, estamos asistiendo a un festival de propuestas, basadas muchas de ellas en un voluntarismo casi panglossiano, para ir saliendo del paso, eso sí, cargando la mano en las zonas más débiles de la sociedad. Y en ese festival se habla de forma frívola y vanidosa del rescate de España o de tales o cuales entidades de crédito, sin pararse a pensar que la reiteración de ese discurso arruina, como la carcoma, cualquier posibilidad de restauración del crédito y de la iniciativa.

Hablar del rescate de España no deja de ser un desiderátum y una confesión de impotencia de los españoles y de sus instituciones para hacer los cambios de gestores y de políticas con el fin de ordenar el caos sobrevenido. Eso mismo es aplicable a mucho de lo que se viene diciendo sobre el rescate de nuestras instituciones de crédito: se manejan y publican cifras espectaculares, desde los 30.000 millones de algunos a los 100 o 1.2000 millones de euros de otros, ignorando, o pretendiendo ignorar, que carecemos de crédito y de capacidad para hacer frente de inmediato y en solitario a esas pretendidas necesidades de capital.

Conviene recordar que cuando en los años 2007 y 2008 se produjeron actuaciones enérgicas en muchos países para evitar la quiebra de algunas de sus instituciones de crédito, aquí se proclamó urbi et orbe que eso no iba con nosotros. Puede que hubiera algo de verdad, pero lo que sin duda había era una gran falta de previsión sobre las consecuencias en la realidad económica de los acontecimientos críticos de aquellas fechas. Se dejó pasar la ocasión, en la que España hubiera formado parte de los países que se preocupaban por el vigor y la sanidad de sus entidades de crédito, y todo se centró en actuaciones de carácter legal y reglamentario, adobadas con algunos préstamos del FROB, bastante caros, para ir tirando y para poder afirmar que ya se había hecho la reestructuración del sistema crediticio con un coste irrelevante.

Resulta necesario que, en materia de entidades de crédito, se parta de la convicción de que tenemos un problema cuya resolución excede a nuestras posibilidades financieras como país y que hay muchísimo que perder si se abandona la prudencia

La depresión económica y la desconfianza han seguido avanzando y, por ello, el volumen de activos dañados e improductivos de nuestro sistema crediticio crece en paralelo con la disminución de la actividad: esa ha sido la tónica de los años 2009 y 2010 y es de temer que continúe. Las cuentas son difíciles de cuadrar y los niveles de resistencia se van agotando. Es una realidad penosa y también dramática, producto de errores de gestión y de previsión, que requiere, en mi opinión, actuaciones realistas y prudentes, no más espasmos legislativos ni proclamas apocalípticas.

Ya sabemos que la plaga de la desconfianza en España esta muy extendida y los españoles y sus instituciones deberían dar muestras de vigor y claridad para contrarrestarla. Por eso resulta necesario que, en materia de entidades de crédito, se parta de la convicción de que tenemos un problema, cuya resolución excede a nuestras posibilidades financieras como país y que no hay nada que ganar, al contrario, hay muchísimo que perder si se abandona la prudencia. Decir que se necesitan miles de millones de euros sin saber de dónde van a salir, porque la apelación a los inversores privados en las presentes circunstancias es un brindis al sol, sería recaer en errores anteriores. Prácticamente, ninguna entidad de crédito española tiene posibilidades de pedir capital privado con garantías de éxito.

Si se ha llegado a la conclusión, aunque tardíamente, de que nuestro sistema crediticio necesita sanearse, sin poder contar para ello con un apoyo relevante de la inversión privada, parece justificado que nuestras autoridades, que conocerán el volumen real del problema, negocien con la Unión Monetaria Europea el cómo y la forma de hacerlo. Puede que se este haciendo así y sería una buena noticia. De lo contrario, se plantearía un escenario indeseado de impotencia y de indefensión, que contribuirá, aun más, a levantar los vientos de fronda que se intuyen en el horizonte.

*Manuel Muela es economista.

Casta parasitaria y monarquía de partidos
Enrique de DiegoEl Semanal Digital 22 Enero 2011

Han avanzado de manera muy fuerte ciertas ideas fuerza como que las clases medias están siendo expoliadas por una casta parasitaria, que los partidos y los sindicatos han de ser financiados por sus afiliados o que las autonomías son insostenibles y una de las causas de nuestra crisis. Han sido análisis y propuestas que he ido lanzando a través de un esfuerzo intelectual escalonado en forma de libros.

Ahora es preciso dar un paso más, culminar ese esfuerzo de manera definitiva y a tal efecto he abierto dos frentes clave: la consideración de la obviedad de que la monarquía de partidos no puede quedar fuera del debate de responsabilidades, y ese el objetivo de mi libro La monarquía inútil (Editorial Rambla), y que los ciudadanos han de organizarse a fin de sobrevivir frente a la presión de la casta, y ese es el objetivo de la Convención de Regeneración, que tendrá lugar el sábado 5 de febrero, en el Palacio de Congresos (Paseo de la Castellana), de 14,30 a 21 horas; de entrada libre, amplio aforo y al que aprovecho para invitar a todos los fieles lectores.

Una hipótesis, muy superficial, sostiene que estamos ante una crisis de gestión, que se resolvería con medidas profilácticas para acabar con el despilfarro. Mi tesis es que estamos ante una crisis de modelo político, que ha ido generando una casta parasitaria insostenible. La cuestión es que esa casta parasitaria se generó a comienzos de la transición y se ha ido expandiendo, y creo demostrar en mi libro que ese proceso, ahora mismo letal, estuvo relacionado con confusos debates de legitimidad y, sobre todo, con el interés en evitar un referéndum monarquía-república, que llevó a la compra de voluntades de PSOE y PCE. El PSOE es hoy el partido cortesano por excelencia.

No resulta superfluo, porque la propaganda del juancarlismo ha sido muy tenaz, que el republicanismo –por supuesto, el mío- no surge, ni reivindica la II República sovietizante, sino que mi modelo se asemeja bastante al de Estados Unidos y Suiza, y se fundamenta en la existencia de representación plena y de perfecta división de poderes. Todo esto lo explico en La monarquía inútil. Al haber generado nuevas pseudoaristocracias instaladas en el Presupuesto la monarquía no es nada barata, por el contrario es muy cara.

Ese debate, sin prejuzgar el resultado, no puede seguirse manteniendo mediante el tabú, y como restricción de la libertad de expresión, porque es fundamental para una auténtica regeneración de la democracia. O mejor, para que haya auténtica democracia, porque ahora hay Estado o monarquía de partidos, con concentración de poderes y sin independencia judicial.

La caja vacía
El Senado ya no es más que una plataforma de acomodo para excedentes de cupo de la oligarquía partidista
IGNACIO CAMACHO ABC 22 Enero 2011

SI no fuese por mascaradas como la de los pinganillos, el Senado pasaría por completo inadvertido a una opinión pública que sigue preguntándose para qué sirve esa institución desde la bienaventurada creencia de que es imposible que no valga absolutamente para nada. En realidad es así: no sirve para nada útil, para nada que justifique su costoso presupuesto, para nada que tenga más sentido que su inexistencia. El Senado no es más que un error de benevolencia de los padres constitucionales, que creyeron que la restauración democrática merecía la solemnidad de un sistema bicameral pero no se atrevieron a restar protagonismo al Congreso otorgando a la Cámara Alta poderes determinantes; los pocos e imprecisos que le atribuyeron han sido limados en la práctica por un sistema político dominado por la oligarquía partidista, que se reserva incluso los escaños de designación territorial para colocar en ellos a sus excedentes de cupo.

Como caja de resonancia autonómica, en el supuesto de que eso fuese necesario, no alcanza más que para numeritos de exaltación nacionalista; como órgano de control duplica innecesariamente los debates; como cámara de segunda lectura es inútil, y como instancia de veto está subordinada a su hermana mayor. Podría servir de escenario a comisiones de investigación soberanas, pero tampoco lo permiten los partidos. Por fracasar ha fracasado incluso en su específico método de elección por listas abiertas, que desde el principio han reproducido miméticamente los resultados de las cerradas. El resumen es un vacío sideral, una cháchara hueca, un agujero negro pero muy caro donde sólo resuenan los ecos de alguna farsa sobreactuada como la de la babel lingüística.

De ahí que su reforma, imposible sin la de la Constitución, se haya convertido en un mantra rutinario de los proyectos de regeneración que en España acaban siempre perdidos en el limbo de los deseos abstractos. Los partidos jamás se atreverán a suprimirlo porque hallan en él una honorable —senatorial, ya lo dice el término— plataforma de acomodo para dirigentes amortizados o de segunda línea. Tampoco le darán más poder para que no haga sombra al Congreso. La única solución teórica que han encontrado es la de convertirlo en un foro nacional de las autonomías, sin que nadie sepa exactamente cómo darle forma; podría acabar siendo una herramienta de coordinación legislativa de competencias dispersas, pero eso provoca el recelo de los nacionalismos. En el fondo, la clase política se siente a gusto disponiendo de un inofensivo simulacro de parlamento en el que colocar a la tropa sobrante de su amplia nomenclatura. Cuesta mucho dinero pero esa clase de detalles nunca han preocupado en exceso a nuestra dirigencia.

Ah, eso sí: tiene una biblioteca cojonuda. De las mejores de España. Es una verdadera lástima que tenga tan poca utilidad como el resto.

Una historia ejemplar
Los primeros magistrados del TC no se dejaron presionar y no eligieron presidente al candidato de Suárez
Francesc de Carreras LaVanguardia 22 Enero 2011

Francesc de Carreras Catedrático de Derecho Constitucional de la UB

Ahora que desde fuerzas externas, internas, y hasta mediopensionistas, se intenta, e incluso se logra, politizar al Tribunal Constitucional, es decir, desviarlo de la función que constitucionalmente tiene encomendada, quizás tenga sentido recordar una vieja historia ejemplar: la elección de su primer presidente. El TC está previsto en la Constitución misma. En la primera legislatura posconstitucional, los parlamentarios se apresuraron a elaborar su ley orgánica de desarrollo, convencidos de la crucial importancia de esta institución como garantía de la carta magna que se acababa de aprobar para que fueran una realidad los derechos fundamentales y de la división de poderes. La ley orgánica entró en vigor en octubre de 1979. En febrero de 1980 fueron nombrados los diez primeros magistrados, elegidos a propuesta del Congreso, el Senado y el Gobierno, faltando los designados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, aún inexistente. Sin embargo, el tribunal, con estos diez magistrados, se constituye el 12 de julio y procede a elegir a su presidente.

Los magistrados nombrados habían sido fruto de un consenso entre la UCD, entonces el partido gobernante, y el PSOE, principal partido de la oposición. Cada uno de sus nombres había sido fruto de un acuerdo, buscando el equilibrio entre especialidades jurídicas, talantes personales y tendencias ideológicas. Todos eran reputados catedráticos de universidad, después el Consejo añadiría dos prestigiosos jueces.

Debido a la autonomía de que debe gozar el tribunal, la Constitución prevé que son los mismos magistrados quienes deben designar a su presidente. Sin embargo, Adolfo Suárez, entonces jefe del ejecutivo, aseguró a uno de los magistrados propuestos por el Gobierno –un muy digno catedrático y abogado– que, si aceptaba el cargo, él personalmente se comprometía a influir para que fuera designado presidente del Tribunal, algo que no entraba en sus competencias.

No obstante, reunido el pleno del Tribunal, demostrando los magistrados su independencia respecto del partido que les había propuesto, no se dejaron presionar por Suárez, como es propio de la dignidad de su cargo, y eligieron libremente como presidente a un candidato distinto, al que consideraron más adecuado para ejercer esta función debido, probablemente, a su ejemplar trayectoria personal y académica. Así fue nombrado como primer presidente de la institución el profesor Manuel García Pelayo, que por sus antecedentes republicanos no había podido ingresar en los años cuarenta en el cuerpo de catedráticos, se exilió en 1950 y desarrolló una gran tarea de profesor de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en Caracas.

“Por sus obras los conoceréis”, dice el Evangelio. Una verdad como un templo. Aquellos tiempos, los primeros de la democracia, eran otros tiempos.

Constitucional con carné
Martín PRIETO www.gaceta.es 22 Enero 2011

Hay que vivir en el futuro para ser contemporáneo del presente, y es lícito mirar por encima de la Constitución y recrearnos melancólicamente en ejemplos más eficientes. La Corte Suprema de EE UU ejerce también como Tribunal Constitucional (como debería ser entre nosotros ) y sus integrantes, en número no tasado, son designados por el presidente de la nación, vitaliciamente y tras examen vinculante del Senado. Sólo pueden ser destituidos por «impeachment» del Congreso, o cesar a petición propia. El blindaje del respetadísimo cargo hace frecuente en Washington que quien fue nombrado como demócrata acabe en clave republicana, y viceversa. No esperar nada de nadie afila el criterio. Además, hay grandeza y añoranza por la división de poderes. El presidente Obama ha hecho magistrada a Elena Kagan, considerada progresista, pero tan profesional que suscita la simpatía de los republicanos y la alarma de los demócratas.

En España somos más burdos, y todo periodista tiene filiados políticamente a los integrantes del Supremo y el redundante Constitucional, y podemos adelantar el contenido de los fallos sumando los propuestos por el PP y el PSOE. Tenemos politizada la Justicia desde que Alfonso Guerra diera por muerto a Montesquieu, Barón de Secondat, y hay fallos judiciales que se resuelven en los despachos de los partidos. Manuel Azaña no quería a Alejandro Lerroux como ministro de Justicia «porque acabará subastando las sentencias a la puerta de los juzgados». Más o menos, tal que hoy. Pascual Sala, hola y adiós.

Las cosas como están
El argumento ha sido el de siempre: ¿a quién perjudica que algunos senadores den rienda suelta a su sentimentalidad?>
XAVIER PERICAY ABC Cataluña 22 Enero 2011

Uno de los recursos más socorridos de nuestros políticos —y, en particular, de los situados al fondo a la izquierda— para no abordar determinados problemas consiste en afirmar que estos problemas no existen. O que no tienen la magnitud que se les atribuye. O que tal vez la tengan, pero vaya usted a saber si el remedio no será peor que la enfermedad. En cualquiera de estos supuestos, el fin último de quien así discurre es que las cosas se queden como están.

Lo vemos cada día con el problema de la lengua y de su uso. De nada sirve razonar. En el caso de la enseñanza, por ejemplo, de nada sirve apelar al derecho de los padres a que sus hijos sean escolarizados en castellano, idioma oficial del Estado y, hasta nueva orden, de Cataluña. ¿Para qué vamos a cambiar el sistema, suele argüirse desde el poder, si nadie o casi nadie lo está reclamando? Y si uno insiste en que sí, en que hay quien lo está reclamando, entonces esas mismas instancias acostumbran a replicar que una remoción del sistema pondría en peligro la cohesión social. Total: lo mejor es no tocar nada y que las cosas se queden como están.

Otro tanto ha ocurrido esta semana con el dichoso pinganillo del Senado. Hay quien ha criticado el coste de la medida en tiempos de crisis. Hay quien ha tildado el espectáculo de esperpéntico, por cuanto España dispone de una lengua común, en la que siempre se han entendido sus ciudadanos. Nada, todo inútil. En último término, el argumento ha sido el de siempre: ¿a quién perjudica que algunos senadores den rienda suelta a su sentimentalidad? ¿Para qué vamos a modificar un reglamento que no hace daño a nadie y, en cambio, reconforta a unos cuantos? Pues eso.

Y, en fin, parece que en Barcelona PSC y CiU han llegado a un acuerdo para retocar la ordenanza de civismo e impedir que, en adelante, la gente pueda pasearse desnuda o medio desnuda por la calle. Ni siquiera estará permitido que lo haga en bañador, a no ser que se halle en una zona próxima a una playa. A buenas horas.

Aun así, la medida, que entrará en vigor en verano y prevé multas de distinta cuantía según el grado de despelote, no ha contentado a todo el mundo. Ricard Gomà, el candidato de ICV-EUIA, ya la ha tachado de «ridícula». ¿Por qué? Pues porque «afecta a una conducta puntual que no ha generado ningún conflicto». ¿Qué entenderá el candidato ecosocialista por conflicto? ¿Acaso no basta con el que resulta de tener que soportar, en plena vía pública, la exhibición de determinados cuerpos? Nada, ni por esas. Para él, que las cosas se queden como están.

Omisiones e incertidumbres sobe el final de terrorismo
Las víctimas nos vemos obligadas a mantenernos alerta ante las actuaciones del Gobierno para que no vulneren nuestros derechos
ANA VELASCO VIDAL-ABARCA ABC  22 Enero 2011

EN estos días en que asistimos a un desmesurado revuelo por la más que incierta expectativa de que ETA deje de matar voluntariamente, estamos escuchando declaraciones aparentemente tranquilizadoras de políticos y autoridades a los que les parece «insuficiente» la declaración de alto el fuego de la banda. ¿Insuficiente para qué? ¿Para darles las contrapartidas correspondientes?

Se echa mucho de menos lo que no se dice, lo que se omite ¿deliberadamente? Por ejemplo, no se habla de la desaparición de ETA como organización, solo se dice que tiene que abandonar «la violencia» y tampoco se dice nada de la justicia, del cumplimiento de las condenas por parte de los presos terroristas. De hecho, el presidente del Gobierno ha afirmado con gran solemnidad que cuando finalice el terrorismo, la memoria de las víctimas perdurará siempre. Gracias, señor presidente.

Es muy loable que serene usted nuestra zozobra garantizándonos que el Estado se acordará de los casi mil asesinados por ETA. Yo le pediría que nos dijera usted si mientras se acuerdan de las víctimas y les hacen sentidos homenajes van a estar sacando a sus asesinos de las cárceles por la puerta de atrás. Por favor, señor presidente, le emplazo a que haga una declaración pública en la que nos garantice que eso no va a pasar. Porque si no es así, el final de ETA será un enorme fraude, no solo a las víctimas sino a toda la sociedad española que tanto ha sufrido con nosotros y tanto nos ha arropado y el Estado de Derecho se hará añicos.

Tampoco se ha evitado la manifestación de los fanáticos radicales vascos en Bilbao, que Santiago Pedraz, —el juez que siempre decanta sus decisiones en la misma dirección, el que en 1990 quiso hacer en San Sebastián ruedas de reconocimiento a policías uniformados para que los etarras los identificasen, el que decía que Segi no era una organización terrorista, el que no quería procesar a De Juana Chaos— autorizó con el visto bueno de la fiscalía que de hecho le pidió que no prohibiese la marcha. Esa multitudinaria y repugnante manifestación ha multiplicado por cien la repercusión del anuncio hecho por ETA dos días después dando un protagonismo nauseabundo a unos miserables cuya única fuerza radica en su maldad y en sus pistolas. ¿Alguien cree que esta coincidencia es una casualidad?

Ante una situación llena de contradicciones, incertidumbres y temores, hoy como ayer, las víctimas nos vemos obligadas a mantenernos alerta y vigilantes —que triste paradoja— ante las actuaciones del Gobierno y de las Instituciones para que no vulneren nuestros derechos, para que persigan los delitos hasta el final, para que no se regale impunidad a los asesinos, para preservar la dignidad de la sociedad ante los canallas que llevan medio siglo tratando de destruirnos. En definitiva, para que las víctimas no vuelvan a ser, como al principio lo fueron, un incomodo estorbo, un rescoldo de conciencia que se quiere silenciar. Seguiremos trabajando para que la ingenuidad, la inconsciencia, el voluntarismo o la falta de escrúpulos de algunos, no nos priven de nuestro irrenunciable derecho a la justicia y para que no conviertan a ETA en una organización honorable, sin pasado pero con futuro.

Carta a 'Papes': la última curva
*Fernando Ferrín www.gaceta.es 22 Enero 2011

El pasado diciembre viajaba a Madrid, a fin de preparar el recurso al Tribunal Europeo de Estrasburgo contra tu decreto-sentencia que me expulsa de la carrera judicial por homófobo. Pongo las noticias en la radio y escucho otra frase lapidaria tuya: “la última curva”, refiriéndote a que salimos de la crisis.

He de reconocer que cada día te superas a ti mismo, como cuando dijiste que la tierra es del viento. ¡Y yo, en ese momento, que estaba precisamente tomando una curva, casi derrapo! Me tuve que agarrar al volante para enderezar el rumbo. Tú, en cambio, a pesar de que sepas a ciencia cierta que te vas a la cuneta, no enderezas el rumbo. Y lo malo es que en el coche que conduces nos llevas a todos…

Lo de la crisis económica, con ser importante, no lo es todo. Lo fundamental es que tu objetivo directo son el matrimonio, la familia y la Iglesia católica, y ahí no hay curvas que valgan. Es tu hoja de ruta, como se dice ahora.

Hay que tener cara dura para decir algo que de antemano sabes que es falso, como lo prueba que, poco después, hables de que tardaremos cinco años en recuperarnos. Mentira también: los expertos dicen que has hipotecado España y los españoles hasta 2041. Mejor dicho, a la inmensa mayoría de los españoles, presentes y futuros, salvo a la clase política. El sistema de la Seguridad Social peligra. No para vosotros.

A los políticos no os afecta la reforma de las pensiones, la edad de jubilación, si sube el euríbor, la gasolina o la cesta de la compra. Eso le afecta a la plebe, pero no a los patricios, a la élite. Vosotros tenéis que estar libres de tales mundanas preocupaciones, para poderos dedicar de lleno a servir y sacrificaros por los ciudadanos, aunque sea por pocos años, para tener derecho a la máxima cuantía de la pensión.

En tu caso, cuando te hagan dejar el cargo (porque por propia voluntad no lo dejarás), tendrás tu sueldo vitalicio, el de consejero de Estado, tus conferencias mundiales para explicar cómo hundiste a tu país en tan poco tiempo. Y luego me imagino que te fichará Repsol u otra compañía para que influyas en Iberoamérica, con Evo Morales, el gorila rojo, Ortega, etc. Como Felipe González y Aznar.

Yo, que soy muy ingenuo, creo que los políticos deberíais dar ejemplo y comenzar reformando vuestro propio sistema de pensiones, gastos de representación, etc. Y volver al trabajo anterior al cese.

Si estuvieras al frente de una empresa privada, los accionistas ya te hubieran cesado y emprendido acciones legales. Porque es humano el equivocarse, pero el obrar dolosamente… ¿Que no sabes lo que es el dolo? ¿Ya no te acuerdas de tu paso por la Facultad de Derecho de León? Has incumplido dolosamente el contrato de mandato que concertaste con los ciudadanos, en el que tú eres el mandatario, no el mandante. Engañaste a tus votantes, entre otras cosas en la negociación con ETA, que no iba en tu programa electoral. Y ahora vuelves a las andadas.

La última curva que deberías tomar es la que accede a la plaza de la Villa de París, esto es, al Tribunal Supremo, para responder de tu gestión. Y en tu coche particular, no en uno oficial. Hablando de reformas: yo tipificaría como delito la conducta de un presidente del Gobierno que a sabiendas incumpliere las obligaciones propias de todo mandatario, y especialmente las asumidas como postulados básicos en el discurso de investidura, faltando a la verdad e incriminando también la culpa grave, desviándose de los términos del encargo recibido. Y por ley independizaría la Intervención General del Estado, de modo que en todo cambio de Gobierno fiscalizara e hiciera públicas las cuentas.
No debería salir gratis decir que esta era la legislatura del pleno empleo. ¡¡4.100.073 parados oficiales!! En 2008 ocultaste la verdadera situación económica, por razones electorales, prohibiendo que se empleara la palabra “crisis”, y, aun después, omitiste las medidas que los expertos económicos te aconsejaban.

Tanto por acción como por omisión eres responsable. Aunque qué duda cabe de que no tendrás que dar cuenta de tu gestión, pues Rajoy te arropará y pasará página, como hizo Aznar con Felipe González, al no desclasificar los papeles del Cesid.

No has crecido, sigues igual que en León, en los setenta. Eres tan pobre, que sólo tienes dinero. Estás endiosado, te crees árbitro de la vida y de la muerte. Eso sí, manipulas el lenguaje magistralmente. Inolvidable la sesión parlamentaria de tu vocero Antoine explicando el significado polisémico de la palabra inglesa war (guerra).

En cuanto a mí, te has salido con la tuya. Aparentemente, has ganado la batalla, aunque la war la tengas perdida de antemano. Yo sigo, como el cómico de nuestros tiempos mozos. Y con nuevos bríos. Vamos, como diría Cascos: si tuviera once jugadores (y dinero), crearía un Tobacco Party, aunque no fume, como símbolo de libertad frente a un liberticida como tú y a la partitocracia imperante.

Y es que verte de presidente del Gobierno me ha subido la autoestima…
*Fernando Ferrín es jurista.

El pinganillo plurinacional
Jorge Busto www.gaceta.es  22 Enero 2011

¡Reparen ustedes en lo que han tenido que soportar los senadores nacionalistas hasta ahora, los tímpanos sanguinolientos de tanto oír castellano!

Si en tiempos de Franco una escopeta le sirvió a Berlanga para cifrar todo un régimen, en los tiempos de progreso de Zapatero ha bastado un simple pinganillo para coronar el itinerario jurídico de la democracia plurinacional. No lo digo yo, lo dice el columnista de Público Ignacio Escolar, que desovilla esta ardua cavilación en su cuenta de Twitter: “Lo que jode no es el gasto en intérpretes, sino el hecho simbólico de que en el Senado quede claro que este país es plurinacional”.

Hecho simbólico, reconocimiento de la diversidad, país plurinacional… son los sintagmas que aureolan de santo fervor asimétrico el discurso de sus señorías periféricas catalanas, vascas o gallegas, mientras sus representados, o bien tiritan en la cola del paro –donde, de momento, al menos se puede fumar–, o bien sufragan con los tributos sustraídos a sus nóminas el pasatiempo babélico que, a razón de 12.000 pavos la sesión en concepto de traductores, tiene sumidos a los senadores heroicos en una cruzada semanal contra la negra opresión centralista. ¡Reparen ustedes en lo que han tenido que soportar los senadores nacionalistas hasta ahora, los tímpanos sanguinolientos de tanto oír castellano, con su reminiscencia imperialista!

Ahí tienen, en cambio, victoriosos como avatares de Michael Collins, a los señores Carles Bonet, de ERC, y Lluis María de Puig, del PSC, que se han despedido de la Cámara alta “celebrando tener la oportunidad de realizar en catalán su última intervención ante el pleno”, como si fueran William Wallace entregando la cabeza al tajo con el presentimiento orgulloso de haber fundado una patria.

Toda esta coña ruinosa del identitarismo localista, amén de exprimir las exangües arcas estatales y prestar la marca España al ridículo internacional, sólo se disculpa si pensamos que ahora un senador cualquiera podrá preservar la higiene intelectual con sólo quitarse el pinganillo cuando esté hablando un Anasagasti. Ah, no, que no sabe el euskera.


Resabios centralistas
El cuestionamiento de la realidad autonómica responde en gran medida a los prejuicios de un españolismo que se disfraza de racionalidad jacobina
KEPA AULESTIA El Correo 22 Enero 2011

Las declaraciones de Aznar, considerando «inviable» el Estado autonómico, y la advertencia del presidente Zapatero, anunciando que el Gobierno actuará si las autonomías no controlan su gasto, fueron suficientes a comienzos de semana para desatar expectativas y temores ante una «recentralización» del Estado concertada entre los dos grandes partidos. Las comunidades autónomas, su cuota de participación en el déficit público e incluso su propia existencia tienden a acaparar la atención cuando no se halla una explicación convincente del desvarío institucional frente a los requisitos de estabilidad presupuestaria.

Las autonomías aparecen como un capricho de ricos cuando las necesidades sociales acucian y exigen equilibrar los ingresos y los gastos del Estado. La cosa resulta estimulante no solo para quienes atisban en la crisis una nueva oportunidad de revertir a favor del poder central el curso de la historia autonómica; también lo es para aquellos que esperan el más mínimo movimiento centrípeto con el propósito de cargarse de razones soberanistas o independentistas. En su última entrevista, Arnaldo Otegi depositaba sus esperanzas en que el despertar del Estado centralista animaría el potencial reactivo de Euskal Herria. Claro que, como ocurre cada vez con este tema, Zapatero y Rajoy no tardaron en plegar velas. Se trata de acabar con las disfunciones y las duplicidades, parecieron coincidir. Pero ni uno ni otro se atrevió a señalar qué ha de corregirse exactamente. Lo único que se ha citado es la sinrazón de las corporaciones territoriales de radio y televisión, problema sencillo de acotar en relación al Estado autonómico.

El president Mas ha denunciado que el poder central tiende a «centrifugar» el déficit público para luego culpar a las autonomías de ser sus causantes. Las resistencias del Gobierno para que la Generalitat pueda recurrir a un mayor endeudamiento explicarían solo en parte el momento en que se produce tal denuncia. Porque el problema revelado por Artur Mas es estructural en el Estado autonómico, a lo que habría que sumar el papel encomendado a los ayuntamientos. La descentralización ha tendido a transferir más competencias que recursos financieros, siempre con anterioridad a que estos últimos llegasen a cada autonomía y sin tener en cuenta el incremento en la demanda de servicios y prestaciones públicas inducido en muchas ocasiones por el Gobierno central. Con alguna excepción, las comunidades autónomas se han mostrado dispuestas a asumir paulatinamente tales atribuciones sin detenerse en la previsión de los recursos necesarios. El diseño final del Estado de las autonomías responsabiliza a éstas de la práctica totalidad del gasto social -educación, sanidad y servicios sociales- por lo que la «centrifugadora» denunciada por Mas, que los gobiernos autonómicos accionan por su parte respecto a los ayuntamientos, lleva funcionando treinta años.

El edificio del Estado autonómico no fue adelgazando la carga ministerial en la proporción en que se sucedían las transferencias a las comunidades, ni mucho menos. Los excesos autonómicos pueden resultar en algunos casos escandalosos, algo a lo que el presidente Zapatero debió referirse con mayor precisión señalando por su nombre a Murcia y a Castilla-La Mancha. Pero más incomprensible es que se mantenga una burocracia ministerial absolutamente prescindible, y en buena medida ociosa, como si reflejara la reserva mental con la que el Estado centralista original asumió, forzado, el proceso descentralizador que acompañó a la democracia.

Los dos grandes partidos, PSOE y PP, son más centralistas en cuanto a sus mecanismos internos de decisión que la arquitectura del Estado constitucional en cuyo gobierno -central- se alternan. Populares y socialistas conciben su rol partidario como si les correspondiera contener las tensiones periféricas que cuestionarían periódicamente la centralidad de ese Estado. Por eso, también periódicamente, se muestran recelosos ante la «deriva autonómica». Sin embargo, ambas formaciones basan el poder que ostentan en una combinación variable de espacios de influencia, en la que el gobierno de comunidades y municipios constituye un elemento determinante. Especialmente cuando se ven apeados de La Moncloa, y el ámbito territorial se convierte en refugio y baluarte para una próxima intentona de ganar las generales.

No nos vamos a engañar. El periódico cuestionamiento de la realidad autonómica responde en gran medida a los prejuicios de un españolismo que intenta disfrazarse de racionalidad jacobina, acomodándose en la ignorancia y la demagogia. Ocurre cuando se destacan las diferencias territoriales en cuanto a la atención sanitaria, el rendimiento escolar o los servicios sociales, alentando la presunción de que esas áreas se ge stionarían de manera más igualitaria si estuviesen en manos de su respectivo ministerio nacional. Es posible que la «recentralización»del Estado permitiera igualar territorialmente los efectos del gasto social. Pero resulta más dudoso que los igualara socialmente dentro de cada nacionalidad o región. Es curioso que el prejuicio respecto a lo autonómico se disipe cuando se comparan las tasas de desempleo o las de actividad industrial según comunidades. Lo que invita a pensar que los desequilibrios territoriales de fondo -las desigualdades sociales- importan bastante menos que la irreversibilidad del hecho autonómico y la dilución del Estado en cuanto central.

Disparates autonomistas
Nota del Editor 22 Enero 2011

Ahora pretenden verdernos la burra de que las autonomías son algo fantástico para los ciudadanos. Si ls descentralización fuese algo bueno, ¿ porqué razón habría que quedarse en el nivel autonómico y municipal, y no seguir al nivel barrio, familia e individuo ¿ En realidad quienes están mejor preparados para poder dedicar sus propios recursos en educación, sanidad y servicios sociales son los propios sujetos que son esquilmados por las tres administraciones que pretenden hacerlo en su nombre.

Las autonomías han conseguido que la educación sea pésima, usando en muchos casos en lenguas regionales que castigan aún más a los españoles, basada en planes de indoctrinación social y moral para conseguir descerebrados creyentes en las falacias de los políticos. Quienes pueden se salen del circuito y buscan la educación privada, también de pago. ¿ Porqué no se implanta el cheque escolar, para que sean los padres quienes elijan centro ? ¿ Porqué no hay buenos investigadores ? ¿Porqué la educación está en manos de comisarios políticos y linguísticos ?

Las autonomías han conseguido que la sanidad sea un desbarajuste funcional y un desastre económico, donde al personal se le valora más por su conocimiento de la lengua regional que por sus conocimientos profesionales. ¿ Porqué no hay un sistema de gestión común para todos ? ¿ Porqué no se pueden optimizar los recursos técnicos y humanos en vez de desparramarlos entre 17 entes ? ¿ Porqué hay que pagar (los que pueden) dos veces la sanidad (pública y privada) ?

Las autonomías y ayuntamientos han conseguido que los servicios sociales tengan que ser atendidos por los voluntarios de los Bancos de Alimentos, Cáritas, Cruz Roja, y otras asociaciones cristianas.

El tamaño es fundamental para optimizar los recursos. No es lo mismo comprar material para una autonomía que para España, los precios son considerablemente menores cuanto mayor es el pedido. No es lo mismo atender un gran desastre desde una autonomía que desde España o mejor aún Europa, cuanto mayor es la organización, mayores son las posibilidades de que disponga de medios para atender en grandes catástrofes. No es lo mismo tener agua de un rio que de doscientos rios. No es lo mismo gestionar un parque nacional desde cuatro autonomías que desde España.

No hay servicio público alguno que pueda resultar económicamente más ventajoso a nivel autonómico que a nivel nacional. Bueno, si, hay uno, la redundancia de los políticos, pues en caso de que hubiera una plaga que los diezmara, como hay tantos repetidos, nunca desaparecerían.

Genes soviéticos
Enrique de Diego www.gaceta.es 22 Enero 2011

El Gobierno socialista, tan inútil e incompetente, está iniciando una grave deriva totalitaria que pone en grave riesgo la debilitada libertad en España y la muy delicada y amenazada de expresión.

Como dice el periodista Luis Balcarce, el PSOE está sacando sus genes soviéticos. Y chavistas. Pretende tener aprobado antes del verano el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que tendrá capacidad para sancionar a los medios disidentes del discurso socialista con un millón de euros o incluso retirar licencias de emisión.

Este desquicie nazicomunista que pretende degenerar en un campo de concentración para la libertad de expresión, como si España fuera una tiranía, va a exigir una actitud firme de los partidos de oposición y una disposición a la protesta fuerte por parte de la sociedad civil.

Esta censura inquisitorial debe interpretarse acompañada de la pretensión de amordazar Internet con la fallida ley Sinde, sobre la que el PP no debe pactar nada que no pase por la tutela judicial de los derechos, y del infame y degradante proyecto de Igualdad de Trato que introduce el derecho en el delicuescente y, a la postre, pantanoso ámbito de los sentimientos, y que sería un arma incendiaria en manos del malhadado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

A Zapatero, al Gobierno y al PSOE no les basta con arruinar a la nación, con depauperar a las clases medias, sino que también pretende amordazar a los ciudadanos y acabar con los restos de libertad de expresión que aún restan en la sociedad.

Es menos extraño de lo que parece que Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa, se haya prestado a servir de coartada al aquelarre gubernamental, tildando de independiente al non nato organismo. Ahí se va a crear un pesebre para comisarios políticos y torquemadas a sueldo y resulta conveniente posicionarse. El oportunismo domina el paisaje de esta España doliente.

Túnez
¿Fracaso islamista?
GEES Libertad Digital 22 Enero 2011

Los dictadores árabes tienen desde la semana pasada una prioridad en sus gobiernos: mantener sus países al margen de lo que ocurre en Túnez. Primero, frenando o bajando el precio de alimentos básicos para impedir el descontento social; y segundo prometiendo o acometiendo reformas democráticas para prevenir el descontento político. Siria, Kuwait o Egipto han tomado este tipo de medidas; por contra, el dictador libio Gadaffi ha criticado el levantamiento tunecino. Reales o ficticias, las promesas reformistas de los árabes suponen un reconocimiento de su incapacidad económica y su maldad política. Creemos que tendrán que ir más lejos, porque a todas luces lo que prometen no es suficiente para frenar una ola que recorre sus países y que apunta a necesidades y anhelos profundos: el hambre de libertad no se sacia bajando el precio del pan o fingiendo apertura.

El origen de la revuelta no es económico, aunque el detonante fuese el alza de precios. El origen es el hartazgo de un pueblo demasiado cerca de Europa como para conocer sus ventajas, pero demasiado lejos como para disfrutar de ellas. Las nuevas tecnologías lo están cambiando todo, también allí. Primero permiten saber al otro lado del Mediterráneo el grado de bienestar económico y libertades que en Europa se disfrutan: ¿por qué los árabes no tienen derecho a disfrutarlas? Y segundo, hacen que el incendio democratizador se propague rápido, en el propio país y entre países vecinos: si los tunecinos han acabado con un régimen odioso, ¿por qué no los marroquíes o los sirios?

Facebook, twitter o Youtube se van cobrando nuevas víctimas. Las dictaduras árabes responden a ello tratando de cortar el acceso a estas tecnologías. Lo cual –como mostró el caso de las revueltas contra el régimen iraní en 2009– es difícil de conseguir. La proliferación de personas quemándose a lo bonzo en todo el mundo árabe muestra que ni siquiera los detalles pueden esconderse. Aún se desconoce el número de muertos de las protestas, pero está claro que cuando se sepa tendremos un repunte de la tensión en varios países con regímenes hermanos al de Ben Alí.

Al margen del contagio, lo reseñable desde el punto de vista estratégico e ideológico-histórico es el hecho de que estamos asistiendo a una revolución en términos políticos, donde los opositores se mueven entre ideologías occidentales, liberales o izquierdistas. Por un lado es destacable que los tunecinos se hayan levantado para lograr que su país sea como Italia, Francia o Inglaterra, no para que sea como Irán o Gaza. El gran error durante décadas ha sido pensar que los pueblos árabes están condenados o destinados a soportar corruptas aristocracias y monarquías o regímenes islámicos totalitarios. El ansia de libertades políticas no anida menos en un magrebí que en un europeo.

Por otro lado, el islamismo ha estado ausente en el origen y desarrollo de los acontecimientos. Más aún, los jóvenes estudiantes y parte de la clase media constituyen el nicho donde el islamismo trata de reclutar a los suyos, y en este caso este nicho ha saltado hacia el lado contrario. Sin haber tomado parte en los acontecimientos, el islamismo ha hecho su entrada en forma de reaparición de partidos islamistas y de comunicados de Al Qaeda, pero con una escasa fuerza y un escaso atractivo. Aquí la cosa puede cambiar, pues el islamismo, tanto el moderado como el radical, tiene una enorme capacidad de organización, y a buen seguro pondrá a Túnez en el primer lugar de la lista de deberes.

Desde este punto de vista, el hecho de que la frustración y el malestar de los tunecinos ante la dictadura se hayan encauzado en términos de exigencia de libertades políticas es un fracaso del islamismo. Que en otros países las protestas puedan ir en la misma dirección puede suponer un fracaso mayor. Pero la situación en Túnez dista mucho de ser la deseable, y esto se puede torcer, convirtiéndose el vacío de poder en una oportunidad para el islamismo. Mantenerlo bajo mínimos debe ser objetivo tanto del Gobierno de Túnez como de los países occidentales. Veamos si éstos no cometen un nuevo error y purgan su permisividad con Ben Alí.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

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El 'españolismo inteligente'
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 22 Enero 2011

El “españolismo inteligente” que propugnaba Salvador de Madariaga, uno de nuestros más ilustres intelectuales del siglo XX, liberal y republicano, era incompatible tanto con el centralismo como con el separatismo. En el prólogo a una de sus obras más célebres, Memorias de un Federalista (1967), Madariaga reconocía que “el problema más grave de cuantos asedian a España es el de su pluralidad frente a su unidad”. El gran autor condensaba así sus ideas al respecto: “pluralidad natural de España dentro de una asombrosa unidad natural; fracaso del centralismo unitarista; necesidad de organizar el país en forma federal; conveniencia y aun necesidad de autonomías no sólo culturales sino políticas; temor a que se malogre este programa por el extremismo español, menos a causa del centralismo que, en sí, ya va de capa caída, que por el potencial estímulo que recibe y más aún por el que recibirá del separatismo”.

Madariaga creía que el centralismo excitaba al separatismo y contestaba así las excusas de los unitaristas para no asumir la pluralidad de España: “Que los separatistas son pocos: verdad, pero tal sucede siempre con los promotores de los cambios más radicales de la historia (…); Que los separatistas son los viejos: lo dudo, sé de gente joven separatista y hasta la violencia; Que los separatistas son los extremistas: cierto hasta la perogrullada, pero quizá no lo bastante sutil. Nada hay más delicado y difícil que el trazado de la frontera entre el separatista y el autonomista. El autonomista en un acceso de mal humor se hace separatista. El separatista en un momento de buen humor se hace autonomista (…); Que el separatismo es pura táctica para lograr la autonomía: este modo de razonar me ha parecido siempre un error desastroso. Partamos de una afirmación evidente: el separatismo no es una autonomía aumentada: es lo contrario de la autonomía (…)”.

Estado asimétrico o federal
Las ideas de Salvador de Madariaga siguen plenamente vigentes al día de hoy. El autor de una colosal obra -España- ya comprobó cómo el federalismo cantonalista había fracasado durante la I República; él mismo vivió el también fracaso del modelo de Estado integral de la Constitución republicana de 1931. El hallazgo del Estado autonómico en la Carta Magna de 1978 fue, en consecuencia, fruto de una experiencia histórica controvertida y difícil y se pensó en los términos que explicaba con claridad Jorge de Esteban en el diario El Mundo el pasado jueves. Decía el profesor que “el gran fallo de la Constitución de 1978 (…) es que no establecía ningún modelo concreto de Estado desde el punto de vista de la descentralización del poder. Sin embargo, con el Título VIII se podía haber llegado a escoger entre tres modelos diferentes: el selectivo, el asimétrico y el igualitario”.

De Esteban reconoce que en “principio, la idea originaria era resolver el problema de las peculiaridades catalana y vasca, y en menor medida, la gallega, permitiendo que tuviesen una cierta autonomía como se concibió en la II República”. Pero todo se complicó y haciendo uso del principio dispositivo constitucional, alentado por la clase política, todas las comunidades entraron en una dinámica de emulación, por la envida idiosincrática española, que uniformizó prácticamente el sistema autonómico. Para De Esteban -y como conclusión de su artículo- “o se establece un Estado asimétrico, en donde haya territorios que tengan más competencias que los demás, o se acaba aprobando un estado federal, en el que todos los territorios tengan semejantes competencias. Estas dos tendencias hoy irreconciliables, saldrán a flote tras las próximas elecciones generales y exigirán (…) que se reforme de una vez una Constitución (…) que nació inacabada (…)”.

Y aquellos que crean que Cataluña, País Vasco y Galicia no deberían instalarse en regímenes autonómicos diferenciados y acordes con la necesidad de evitar desgarros del Estado, que lean a Salvador de Madariaga y su Españolismo inteligente

España requería -y sigue requiriendo- un modelo descentralizado y autonómico como advirtió Salvador de Madariaga, pero no el “café para todos” que denuncia con buen criterio el catedrático Jorge de Esteban con otros muchos cuya cita se haría interminable. El grave problema político para la unidad de España provenía de Cataluña y del País Vasco, sólo apenas de Galicia, y con esos tres territorios -a los que la Constitución se refería con el término nacionalidades- debió construirse un Estado selectivo y asimétrico que evitase el reino de taifas en que España se ha convertido. La descentralización era compatible con este modelo y por lo tanto también el acercamiento de la Administración a los ciudadanos y hubiese resuelto mejor la cuestión catalana después de la vasca con el Concierto Económico, la policía autónoma integral y el sistema educativo se haya convertido de facto en una comunidad cuasi confederal.

La denunciada “inviabilidad” del Estado autonómico no reside en el modelo sino en la ejecución y desarrollo de una Constitución cuyo espíritu ha sido traicionado por las sucesivas clases políticas que han creado en autonomías -algunas de ellas perfectamente artificiales- réplicas emuladoras del País Vasco y de Cataluña. No se trata de negar derechos a unos y reconocérselos a otros, sino de ofrecer soluciones distintas para problemas también diferentes. Las diecisiete autonomías -con sus Gobiernos, sus cámaras legislativas, sus facultades administrativas que alcanza a aspectos fiscales que rompen la unidad de mercado- han sido en conjunto un mecanismo caro e ineficiente que, además, no ha logrado resolver el problema centrífugo que se sigue produciendo en Cataluña.

La desastrosa tutela de las cajas
Efectivamente, me decanto sin ningún tipo de rubor ni de complejo, y en línea con la racionalidad que aconseja la historia de España, por la necesidad de revisar el régimen autonómico actual, manteniendo, en tanto que nacionalidades, los más altos techos competenciales de Cataluña y País Vasco, resolviendo mejor para la primera su régimen financiero, y cortando el dispendio de la generalización autonómica. De ella proceden problemas tan graves como la catastrófica tutela de los Gobiernos autonómicos sobre las cajas de ahorro, cuyos órganos de administración se han llenado en muchos casos de políticos y que han sido sometidas a criterios de gestión desde las conveniencias de los propios ejecutivos autónomos. Esta desprofesionalización gestora en algunos casos, entre otras causas, que obliga ahora a una segunda recapitalización (26.000 de euros en un FROB II) que las bancarizará y, en cierto modo, las nacionalizará. Por emulación autonómica también han surgido como setas televisiones públicas todas deficitarias que han abandonado cualquier criterio de servicio público y la creación de empresas públicas que han servido para el clientelismo en una forma de caciquismo autonómico con el que hay que terminar.

Más de 110.000 millones de euros de deuda autonómica nos contemplan; una Cataluña insatisfecha y defraudada y unos partidos políticos -PP y PSOE- que habiendo gobernado las comunidades autónomas no han mostrado cohesión interna, lealtad a sus programas y respeto a una visión global del Estado. Partidos que ahora quieren ser los bomberos de la situación cuando antes se han comportado como pirómanos, muy en particular el socialista, que ha sido el que ha propiciado la derogación del techo de gasto de las Comunidades Autónomas; ha alentado una segunda vuelta de Estatutos de Autonomía por completo innecesaria -incluido el catalán, que sólo frustró al catalanismo por el rebase anticonstitucional de algunas de sus previsiones- e hizo circular la cantinela de la “España plural” dando carta de naturaleza a un vale todo autonómico que estamos pagando de forma directa (gasto público desbocado) e indirecta (derrumbe de las Cajas que representan el 50% del sistema financiero español y que podrían constituirse en un definitivo talón de Aquiles de nuestra economía, ya tan maltrecha).

Estado autonómico, sí, por supuesto, pero revisado. Debe ser selectivo y asimétrico para resolver el problema político del País Vasco -lo estará cuando ETA sea extirpada definitivamente- y el de Cataluña que sigue pendiente (sobre la mesa el pacto fiscal que plantea el catalanismo). Y para generalizar el bienestar en las demás regiones, bastaría un modelo uniforme de descentralización, con reducción del aparato administrativo local (diputaciones), agrupación de municipios y limitación de facultades de orden administrativo y legislativo para evitar este patio de Monipodio en el que se ha convertido el Estado. Hará falta, claro está, una reforma constitucional. Como le recordaba a Mariano Rajoy desde la Tercera de ABC el pasado día 11 de enero el ex ministro de UCD Ignacio Camuñas, también presidente del Foro de la Sociedad Civil, el próximo Gobierno del PP, si gana las elecciones, no podrá manejar la situación con parches, mejoras o retoques, sino con una operación de fondo, costosa políticamente pero imprescindible. ¿Habría que hacer una recentralización? Sí, en parte, pero sobre un modelo autonómico selectivo.

Y aquellos que crean que Cataluña, País Vasco y Galicia no deberían instalarse en regímenes autonómicos diferenciados y acordes con la necesidad de evitar desgarros del Estado, que lean a Salvador de Madariaga y su Españolismo inteligente, texto publicado el 15 de diciembre de 1954 en la revista Ibérica editada en Nueva York -estaba en el exilio- y que, con otros escritos, editó en España Espasa-Calpe en 1982 con selección y prólogo de Victoria Kent.

Otro de los suyos en el TC
Editorial www.gaceta.es 22 Enero 2011

Cuando, recién llegado a La Moncloa, el felipismo confundió la política con su cortijo, no dudó en politizar la Justicia, comenzando por la Ley Orgánica del Poder Judicial y siguiendo por la Fiscalía y el Tribunal Constitucional.

Era importante tener siempre colocados a uno de los suyos en ámbitos tan estratégicos a fin de guardarse las espaldas. El modelo se ha perpetuado, con pocas variaciones, y con el escaso interés del primer partido de la oposición por rechazar la politización y restituir la división de poderes.

La reproducción del equilibrio partidista en el TC y de sus presiones, tejemanejes y cambios de cromos se ha traducido en inoperancia y desprestigio. Desde los tiempos de Rumasa y la chapuza del voto de calidad de García-Pelayo hasta el cuatrienio de María Emilia Casas, marcado por la inseguridad institucional que implicaba la demora en la renovación de sus miembros; la campaña orquestada contra García-Calvo, juez contrario al Estatut, a través de los servicios de Inteligencia; o el indecente culebrón de la sentencia sobre la norma catalana, que ha tardado tres años y siete ponencias.

No invitan al optimismo ni el duro discurso de despedida de Casas (un rapapolvo a los partidos que tiene mucho de lágrimas de cocodrilo, pues ella misma ha entrado en el juego); ni la renovación de la cúpula, con Pascual Sala como presidente y Eugeni Gay como vicepresidente. El TC, teórico intérprete de la Constitución, va a seguir igual de rehén del partidismo que ahora. En primer lugar, porque no salimos de esa nomenclatura tan cacofónica de progresistas y conservadores aplicada a los magistrados (siete de los primeros frente a cuatro de los segundos en la recta final del zapaterismo, ¡qué casualidad!, mientras continúa bloqueada la cobertura de la vacante de García-Calvo). Y en segundo lugar, por los perfiles de los nuevos presidente y vicepresidente.

A diferencia de Casas, Pascual Sala es magistrado de carrera, pero ahí termina la parte buena, porque en contra de lo que él mismo asegura, sus simpatías por el PSOE le han condicionado, como pudo verse cuando fue presidente del Supremo y del CGPJ en los años de plomo de la corrupción y del crimen de Estado (1990-1996). Su actitud le granjeó el apelativo de “lord protector del crimen y el secreto oficial”. No deja de resultar irónico que Sala haya dicho que “hay que poner al día el tribunal”, sobre todo si se repara en que la presencia de un felipista en el Constitucional coincide con la de Rubalcaba como todopoderoso número dos en el Gobierno, retrotrayendo el aroma a vieja guardia socialista de los años noventa.

No menos partidista es el nombramiento de Eugeni Gay, el inevitable peaje nacionalista que paga el PSOE, con el agravante de que su cargo como magistrado ya ha caducado, de suerte que su plaza debe ser renovada a corto plazo por el Congreso. En su voto discrepante a la sentencia del Estatut Gay dejó dicho textualmente que “la definición de Cataluña como nación resulta lógica” porque es origen de un pueblo “que ha expresado su vocación de autogobierno”.

Con tales mimbres y el escoramiento de su composición hacia el socialismo, es imaginable el grado de independencia con el que va a conducirse el Constitucional. Máxime cuando se enfrenta a asuntos polémicos sobre los que debe pronunciarse, como los recursos del matrimonio homosexual o la nueva Ley del Aborto.

Rubalcaba expresó ayer su respeto por la elección de los nuevos presidente y vicepresidente. Nosotros no vamos a ser menos, pero a la vista de sus perfiles y de la trayectoria del Constitucional nos tememos lo peor. Es decir, más de lo mismo.

No escatimar esfuerzos
El Conciso www.gaceta.es 22 Enero 2011

El vicepresidente Rubalcaba ha festejado recientemente los grandes esfuerzos que parece estar haciendo Batasuna (?).

Patxi López, por su parte, ha pedido a la sociedad vasca un esfuerzo para que Batasuna pueda integrarse sin vencedores ni vencidos. El también socialista vasco Pastor ha estimado necesario asegurar a los batasunos que la democracia se esforzará en ser generosa. Y Eguiguren, directamente, ha reclamado el esfuerzo de que se prescinda de la ley –vieja costumbre de los socialistas- y se les permita sin más presentarse a las elecciones.

Es asombroso tener que recordar una y otra vez que Batasuna no es una vieja conocida de ETA, sino ETA misma, su brazo político, como todo el mundo sabe y además tiene establecido, para los incrédulos interesados, el Tribunal Supremo. Que la ley no es disponible a voluntad del ministro de turno y que impide que el partido de los terroristas, felizmente ilegalizado, se pueda presentar a ninguna elección cometiendo el simple fraude de hacerlo con otro nombre o junto a otros partidos a los que, inevitablemente, contamina.

Que si el Gobierno permite que el fraude se vuelva a cometer, estará, otra vez, vulnerando la ley, perjudicando la lucha contra el terror y alargando la derrota definitiva del terrorismo. O que no basta con que Otegui y sus secuaces digan que ahora ya van a dedicarse sólo a la política y que la violencia no les gusta, (formidable confesión, por cierto, de que siempre han servido a ésta y no a aquélla), para que para que les dejen presentarse a las elecciones.

Cuando Zapatero cambió hace unos meses de ministros, numerosos dirigentes socialistas se lanzaron a propagar la buena nueva de que el fin de ETA era inmediato. Alguien debió pensar, bajo el recuerdo de la T-4, que tanta euforia podía perjudicar las conversaciones con los terroristas y frenó en seco aquellas efusiones.

Que el discurso del fin inminente vuelva a repetirse tras el comunicado de ETA, cuando, paradójicamente, ésta acaba de amargar a todos diciendo que no cesa en su actividad y que sigue en la lucha por sus objetivos de siempre, es extremadamente preocupante. Que Batasuna apostille, como viene haciendo ridículamente desde hace un año, que, aunque no lo diga, ETA lo va a dejar y que éste no es el comunicado definitivo y habrá otro más clarito, es normal, porque ya no sabe qué contorsión hacer para volver a los Ayuntamientos en las próximas elecciones de mayo.

Pero que nuestros gobernantes muestren tal ansiedad por presentar un escenario optimista y por sacar consecuencias de la supuesta diferencia !-¡otra vez!- entre una ETA buena y una ETA mala, es una ingenuidad irresponsable –en el mejor de los casos- o un gravísimo augurio de que van a volver a dejar a ETA regresar a las instituciones aunque los pistoleros sigan pistola en mano.

Pero si ETA está en su recta final y los “políticos de ETA” están desesperados por volver a las instituciones, es porque policías y guardias civiles, fiscales y jueces han hecho lo que tenían que hacer, a pesar de los vaivenes gubernamentales. Y ya que la cosa va de esfuerzos, bueno será que el Gobierno no equivoque los suyos y deje a aquéllos poner todo su empeño y toda su capacidad para evitar que ETA vuelva a burlar la Ley de Partidos y se reproduzcan las desvergonzadas y bochornosas experiencias de PCTV, ANV, De Juanas y demás “polvos del camino” de las togas de Zapatero, Rubalcaba y Conde-Pumpido.

El ‘pinganillo’ plurinacional
Jorge Bustos www.gaceta.es 22 Enero 2011

Si en tiempos de Franco una escopeta le sirvió a Berlanga para cifrar todo un régimen, en los tiempos de progreso de Zapatero ha bastado un simple pinganillo para coronar el itinerario jurídico de la democracia plurinacional.

No lo digo yo, lo dice el columnista de Público Ignacio Escolar, que desovilla esta ardua cavilación en su cuenta de Twitter: “Lo que jode no es el gasto en intérpretes, sino el hecho simbólico de que en el Senado quede claro que este país es plurinacional”.

Hecho simbólico, reconocimiento de la diversidad, país plurinacional… son los sintagmas que aureolan de santo fervor asimétrico el discurso de sus señorías periféricas catalanas, vascas o gallegas, mientras sus representados, o bien tiritan en la cola del paro –donde, de momento, al menos se puede fumar–, o bien sufragan con los tributos sustraídos a sus nóminas el pasatiempo babélico que, a razón de 12.000 pavos la sesión en concepto de traductores, tiene sumidos a los senadores heroicos en una cruzada semanal contra la negra opresión centralista. ¡Reparen ustedes en lo que han tenido que soportar los senadores nacionalistas hasta ahora, los tímpanos sanguinolientos de tanto oír castellano, con su reminiscencia imperialista!

Ahí tienen, en cambio, victoriosos como avatares de Michael Collins, a los señores Carles Bonet, de ERC, y Lluis María de Puig, del PSC, que se han despedido de la Cámara alta “celebrando tener la oportunidad de realizar en catalán su última intervención ante el pleno”, como si fueran William Wallace entregando la cabeza al tajo con el presentimiento orgulloso de haber fundado una patria.

Toda esta coña ruinosa del identitarismo localista, amén de exprimir las exangües arcas estatales y prestar la marca España al ridículo internacional, sólo se disculpa si pensamos que ahora un senador cualquiera podrá preservar la higiene intelectual con sólo quitarse el pinganillo cuando esté hablando un Anasagasti. Ah, no, que no sabe el euskera.

El latín al Senado
Devolviendo al latín su condición de «lingua franca», los disparates no cantarían tanto
TOMÁS CUESTA ABC 22 Enero 2011

EN uno de los artículos que conforman ese oráculo del periodismo reflexivo que lleva por título «Ni venta, ni alquilaje», Jiménez Lozano refiere un episodio que ni hecho de encargo se ajustaría más al vocinglero disparate que los nacionalistas y el PSOE han perpetrado esta semana en el Senado. Esto fue que un buen día, en tiempos de León XIII, el misacantano embajador de España presentó credenciales ante la Santa Sede haciendo honor al idioma en el que le parió su madre. Avanzada la audiencia, el Papa, inquieto al advertir que no entendía ni palabra, interrogó sobre el particular al diplomático:
—Parla l'italiano il signor ambasciatore?
—No.
—Parla il francese?
—No.
—Parla l'inglese?
—No.
—Parla il tedesco?
—No.
—Ma ché parla il signor ambasciatore?
Alguien, entonces, comunicó al Pontífice que todo el intríngulis del caso se reducía a que «el signor ambasciatore» hablaba en extremeño cerradísimo, que era, y sigue siendo, un modo muy legítimo de interpretar el castellano. No obstante, en aquella época, menos atrabiliaria que la nuestra, menos mostrenca y menos fatua, los conflictos lingüísticos podían solventarse utilizando un procedimiento virtuoso, cabal y razonable. Sin gastarse la hijuela en artilugios y sin lastrar las cuentas públicas con un tropel de truchimanes. Lo cual, que la entrevista se prosiguió en latín y la partida, como quien dice, quedó en tablas.

Siglo y pico después de aquel suceso (al que cabe aplicarle, con absoluta propiedad, el eximente clásico: «se non è vero», a fe que «è ben trovato») al senador Monago le han puesto en la picota por atreverse a reivindicar el extremeño durante la bacanal lingüística de la Camarilla Alta. Le han llamado bufón, dinamitero, rancio... Han oficiado de inquisidores memos, de chimpancés gramáticos, han tachado de herejes a los discrepantes, han gesticulado tanto que, hoy por hoy, el clan del pinganillo es un pingajo. Y es que, en definitiva, a los parlamentarios cumple el dictaminar la ley, pero la parla va por libre y a su aire. Sin aceptar cumplidos oficiosos ni atender a dictados co-oficiales.

Lo irrefutable, al cabo, es que el extremeño-extremo (si la casta patricia se pule la pasta en «gadgets» no vamos a ahorrar nosotros en paronomasias) reivindicado justamente por el senador Monago no es sino la pátina que ha adquirido el latín en uno de los parajes de lo que «in illo tempore» fue Hispania. Con matices distintos, aunque no distantes, la misma metamorfosis se verificó en Gerona, en Sargadelos, en Madrid, en Burriana, en Salamanca, en Formentor, en Cártama o en Villarreal de los Infantes. O en París («parla il francese il signor ambasciatore?»), o, por supuesto, en Roma («Mamma Roma»), etapa inicial del gran viaje. Siendo así, ¿por qué regla de tres sus señorías no recitan a Ovidio en vez de alumbrar chorradas? ¿Por no incomodar a Anasagasti? Pues que practique el griego y se solventa el menoscabo.

Devolviendo al latín su condición de «lingua franca», quizás el guirigay no remitiese pero los disparates no cantarían tanto. Anteayer, «verbi gratia», una representante eximia del somatén mediático disparataba a bocajarro en «La Vanguardia». La patriota, pobre, tremolava de rabia porque el espectro infame de Agustina de Aragón se cernía de nuevo sobre la Arcadia catalana. ¿Agustina de Aragón? Agustina Raimunda Saragossa i Doménech, nacida en Barcelona, para servir a Dios y a España. Ignorancia en estéreo, «bestieses» por duplicado.

¿El partido de la paz?
El referente norirlandés ha inspirado las tácticas propagandísticas de Batasuna y sus esfuerzos por simular una separación de ETA
ROGELIO ALONSO El Correo 22 Enero 2011

PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Su sistema de propaganda está muy centrado: 'Somos el partido de la paz', dicen. Si asesinas a un montón de gente y de repente paras, entonces te conviertes en el partido de la paz». Así describía Garret FitzGerald, ex primer ministro de Irlanda, las tácticas del IRA y del Sinn Fein cuando el grupo terrorista decretó el cese temporal de su violencia. Respetando una lógica similar, también Batasuna está recurriendo a la propaganda con la intención de presentarse como una formación alejada de la violencia que, sin embargo, se niega a cuestionar la autoridad de la banda y la adhesión «incuestionable» al terrorismo manifestada por ETA. El partido que fue ilegalizado por ser un «instrumento de la estrategia terrorista» continúa desempeñando ese papel, aunque utilizando tácticas de propaganda con las que intenta distorsionar la realidad. Algunas han tenido éxito logrando que diversos periodistas y políticos otorguen credibilidad a declaraciones de los representantes de los terroristas pese a la evidencia que confirma que Batasuna no ha dejado de aceptar la disciplina etarra. Esa propaganda ha convencido a actores democráticos de que las enésimas promesas de Batasuna son en esta ocasión ciertas, sin que la realidad y los precedentes aporten la más mínima prueba de ello. Ignorando que las expresiones de un supuesto distanciamiento de ETA no son una novedad y que en el pasado nunca fueron incompatibles con la sumisión a los dictados terroristas, se intenta rehabilitar la imagen de una Batasuna que sigue implicada en el proyecto que motivó su ilegalización.

Los efectos de esta propaganda eran visibles en un boletín interno de Batasuna que valoraba así la entrevista a Otegi publicada en 2010 en un destacado medio: «Sus responsables han decidido abrir una ventana al Estado español y al mundo entero a Arnaldo Otegi y a la izquierda abertzale. Este hecho oficializa la posición política de la izquierda abertzale y la internacionaliza. 'El País' reconoce como interlocutor político válido no sólo a la izquierda abertzale, sino a su líder en prisión. De este modo, agudiza la contradicción flagrante de un Estado, el cual se dice democrático y que encarcela interlocutores políticos por el hecho de serlo. La entrevista en 'El País' ha forzado la respuesta del mismísimo presidente del Gobierno que, no lo olvidemos, ha respondido de tú a tú a un preso político vasco, duela a quien le duela». El referente norirlandés ha inspirado las tácticas propagandísticas de Batasuna y sus esfuerzos por simular una separación de ETA. Precisamente la experiencia de Irlanda del Norte es la que desaconseja concesiones a Batasuna como las que reclaman algunos observadores exigiendo su legalización con el argumento de que de lo contrario ETA se cargará de razones para romper la tregua. Gerry Adams aplicó la misma presión buscando el engaño de los gobiernos.

Para ello se presentó como el líder del Sinn Fein al que se debía fortalecer con concesiones para que el IRA no volviera a la violencia. De ese modo la existencia de la banda y la promesa de su desaparición le garantizaban beneficios al brazo político de los terroristas, perpetuando al IRA como instrumento de coacción que lograba con la amenaza de más violencia lo que no obtuvo con el terrorismo. Al rentabilizar el Sinn Fein esta retirada que prolongó durante años, se legitimó la violencia reforzándose el discurso de las escisiones del IRA que aún mantienen el terrorismo como instrumento de presión.

Recientes revelaciones han confirmado que algunos actores criticaron esa actitud del Gobierno británico hacia el Sinn Fein mostrándose «más ansiosos» que los representantes del IRA, lo cual debilitaba la aparente pero inconsistente firmeza gubernamental. Destacados miembros del Gobierno irlandés criticaron el «apaciguamiento» del Sinn Fein señalando que «solo obtienes cosas del IRA cuando les aprietas el cuello», pues «cuando juegas con su propaganda, obtienen más logros». Por ello el ministro de Justicia irlandés, en 2005, recomendó que los gobiernos no le dieran al Sinn Fein las «palabras amables» que solicitaban al presentarse como palomas frente a los halcones del IRA. Tal y como hizo el Sinn Fein, Batasuna intenta erigirse en la garantía del final de ETA exigiendo a cambio concesiones que de obtenerlas demostrarían la eficacia de la coacción terrorista. Esa eficacia, por ejemplo en la forma de la legalización de Batasuna sin la desaparición de ETA, desincentivaría a los representantes políticos de la banda para exigir un final que desearían posponer con objeto de seguir extrayendo beneficios. Con esa finalidad, los dirigentes de Batasuna recurren a mecanismos de difusión de responsabilidad que les permiten presentarse como actores que simulan esforzarse por un final de ETA que, sin embargo, no exigen. Siguiendo los pasos del Sinn Fein, buscan generar una falsa sensación de «solidaridad» al autodefinirse como interesados en la paz, cuando lo que realmente persiguen es persuadir a opinión pública y políticos de que éstos deben solucionar los problemas de Batasuna y de ETA.

Esta lógica pretende liberar a ETA de la presión que debe recaer sobre ella, transfiriéndose la responsabilidad por el mantenimiento de la tregua a políticos y ciudadanos, coaccionados para aceptar condiciones que no son democráticas. En absoluto puede serlo favorecer a ETA auxiliando a Batasuna, cuyos dirigentes declaran su compromiso con procesos democráticos en contradicción con sus comportamientos antidemocráticos al intentar beneficiarse de su asociación con ETA. El modelo norirlandés sugiere que si el Estado legaliza a Batasuna sin la desaparición de ETA, perderá una gran baza para lograr el final del terrorismo, pues le brindará la tutela de la política que ahora le niega. Las dinámicas terroristas demuestran que si su brazo político volviera a la legalidad mientras mantiene la presencia extorsionadora de ETA se desincentivaría la renuncia total a la amenaza de violencia, pues ésta habría resultado útil.

ETA está contenta
Togas extraviadas confunden los límites del papel de los jueces y de los políticos, e ignoran el entramado terrorista
EDURNE URIARTE ABC 22 Enero 2011

ETA está contenta con la sentencia de Udalbiltza. Basta repasar el Gara de ayer. Ahora bien, siguiendo la argumentación de Gómez Bermúdez y los jueces que la han redactado, eso, la «afinidad» y la «coincidencia» entre ETA y los absueltos, no prueba que Udalbiltza esté bajo el control o al servicio de ETA. En efecto, y eso puede justificar la absolución, no la cuestiono, pero no la intolerable arenga sobre el peligro de criminalización de las ideas políticas que incluyen los jueces en la sentencia.

Tampoco la interpretación de los absueltos de que la sentencia «está acorde con el cambio de escenario» prueba que esto sea un ejemplo práctico de «togas manchadas», que diría Conde Pumpido. Pero sí de togas extraviadas, muy confundidas sobre los límites del papel de los jueces y de los políticos. Y, sobre todo, tristemente ignorantes del funcionamiento del entramado terrorista.

Entiendo que los nacionalistas se pasen el día denunciando lo que ellos consideran la criminalización de las ideas políticas, incluidas las ideas de todos los órganos políticos de ETA. Entiendo también que lo mismo haga la izquierda que quiere negociar con los terroristas. Y, sobre todo, que lo haga la propia ETA para presentarse a las elecciones. Pero lo asombroso es que sean los jueces quienes se metan en ese charco político. En lugar de limitarse a constatar la falta de pruebas suficientes y absolver.

O, si querían lanzar algún tipo de mensaje moral a la sociedad, en lugar de lamentar que el Estado, ellos incluidos, sean incapaces de proteger a los ciudadanos de las reglas del terror impuestas en el País Vasco. O de explicar por qué las ideas coincidentes con un grupo terrorista son más merecedoras de sus desvelos en la sentencia que el derecho a la libertad de los amenazados y coaccionados. O, simplemente, en lugar de abochornarse por la impunidad legal de las ideas criminales.

Cataluña
El microondas
Maite Nolla Libertad Digital 22 Enero 2011

Como sabrán ustedes Cataluña se encuentra otra vez en pie de guerra ante una nueva embestida madrileña. Bueno, Cataluña, Cataluña, no exactamente: el nacionalismo y su opinión conjunta. Y embestida, embestida, tampoco; digamos que se trata de una vaguísima propuesta de reforma de las autonomías o al menos del control de su gasto. Pero ya saben que esto funciona como un microondas. Basta con un par de temas mal explicados y debidamente tergiversados para que la opinión oficial se caliente exprés y se despliegue en Cataluña el almanaque de agravios, con su actualización a 2010 con las sentencias sobre el Estatut y sobre la lengua en la educación. La amenaza en esta ocasión adopta la forma de una nueva "LOAPA", como si la primera hubiera tenido algún efecto. Es como acordarse del padre de alguien. LOAPA, LOAPA, LOAPA, que en catalán se dice LOHAPA, porque armonización se escribe con hache.

Y puesta la maquinaria en marcha, les da igual que en el PP no sean capaces de decirte tres cosas más o menos razonadas sobre qué quieren tocar del sistema autonómico. Unos dicen que el gasto, otros que algunas cuestiones relacionadas con la sanidad y con la educación, Feijóo dice que si quieren tocar el gasto que se lo digan al Estado que es el que más gasta, y Alicia Sánchez-Camacho en tevetrés –porque en Madrid dice otras cosas cuando actúa como tertuliana, un comportamiento que hasta su querida Pilar Rahola ha afeado– que hay que suprimir el ministerio de Cultura y el de Sanidad, contradiciendo a Rajoy y contradiciéndose a ella misma. Y también les da igual que la relación de fuerzas en el Tribunal Constitucional siga siendo favorable a los nacionalistas, con un vicepresidente nacionalista que adjuntó a la sentencia del Estatut un alegato político a modo de voto particular. Y pese a ello, algunos ven un movimiento de fondo anticatalán en el que Gobierno, PP, PSOE y hasta los sindicatos estarían en el ajo.

El que piense que este tipo de mensajes no cala, se equivoca. De hecho en la calle en Cataluña me da la sensación de que se prefiere que gane Rajoy, aunque sólo sea porque Zapatero ho ha fet molt malament, pero tienen miedo al PP porque va contra Cataluña –o eso les han dicho–, y así te lo manifiestan. Y prueba de que el clima es el que es, la consejera de Justicia se ha visto obligada a pedir perdón por su pasado de abogada del Estado y por haber pleiteado contra los referéndums, en unos términos que ponen los pelos de punta: ella era una profesional que hacía lo que le pedía el cliente. Y que conste que ella ni creía en lo que decía ni estaba de acuerdo. "Los abogados a veces dicen cosas increíbles"; ni que lo jure. Dudo mucho que los abogados o letrados de una administración tengan siquiera algo parecido a una relación abogado-cliente; creo que la cosa va más por defender el interés de la Administración que, a su vez, es el interés general y el del respeto a la Ley –es un resumen del artículo 103 de la Constitución–. Pero la presión ha podido. Una profesional; llegará lejos.

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