AGLI

Recortes de Prensa   Miércoles 26  Enero 2011

 

conferencia en el ateneo
Alberto Recarte propone una reforma constitucional que acabe con la partitocracia
El horizonte de la propuesta del presidente de LD es" la auténtica reforma pendiente, la que consagra la independencia del poder judicial".
raúl vilas Libertad Digital 26 Enero 2011

En un abarrotado Ateneo de Madrid, el presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, pronunció una conferencia en la que explicó su propuesta de bases para la reforma constitucional.

Como punto de partida, Recarte formuló un diagnóstico de la crisis que ha llevado a España a una situación de emergencia. El presidente de LD distinguió dos planos: por una lado el origen de la crisis que sitúa en la política monetaria expansiva de los bancos centrales y, en segundo lugar, los problemas de carácter estructural e institucional que en España han acrecentado la crisis y, a su vez, impiden que se lleven a cabo las reformas de calado que necesita el país. En ambos casos, en opinión de Recarte, viene determinados por las carencias de la Constitución, ya sea de origen, como es el caso de la política monetaria –al no existir reglas específicas en el texto constitucional; o bien por la irresponsabilidad de las instituciones, principalmente los partidos políticos por su "populismo", encargadas del desarrollo de la norma constitucional.

Recarte señaló los principales problemas económicos a los que se enfrenta España:

1. El funcionamiento del euro y la política monetaria y crediticia del Banco Central Europeo.

2. La solvencia y la liquidez del Sistema Financiero español; en particular de las Cajas de Ahorro.

3. El déficit y el endeudamiento de las Comunidades Autónomas. Además, en menor grado, al menos cuantitativamente, la situación de insolvencia de muchos de los 8.108 ayuntamientos españoles. Igualmente preocupante es el déficit y la deuda de la Administración Central y de sus organismos autónomos, como la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal.

4. El funcionamiento del mercado de trabajo, que es una de las causas de que en España el empleo sea escaso y de que no existan empresas de tamaño medio y grande, lo que dificulta el aumento de la productividad y competitividad de la economía. El papel destructivo de los sindicatos en relación con todas esas carencias es mayor del que se imagina pues su financiación les permite no tener que responder ante nadie de lo acertado o erróneo de sus actuaciones. Y no está de más recordar que los sindicatos son las únicas sociedades que nunca han publicado sus cuentas, a pesar de nutrirse, básicamente, de subvenciones públicas.

5. La corrupción en las Administraciones Públicas. Un problema de mayor envergadura en las entidades locales, pero que también aparece en las autonomías y en la Administración central.

6. La irresponsabilidad fiscal. Que se manifiesta sobre todo en las autonomías pero también en los entes locales. En el caso de las autonomías, la irresponsabilidad está alentada por la forma en que se financian, pues entre un 80% y un 90% de sus ingresos son impuestos estatales cedidos, total o parcialmente. El origen de la irresponsabilidad es la política de los partidos nacionales mayoritarios de transferir cada vez mayores competencias exclusivas del estado a las autonomías, acompañadas de una mayor transferencia de recursos financieros, así como de dotarlas de capacidad normativa, junto ala renuncia a controlar el ejercicio de esas competencias.

A juicio de Alberto Recarte, la irresponsabilidad de los partidos políticos no puede explicar por sí sola el deterioro institucional, sino que existen vicios de origen en el propio texto constitucional que lo han permitido. En buena parte, considera Recarte, se debe a la coyuntura en la que se elaboró la Constitución de 1978: "Permitió pasar de la dictadura a la democracia sin solución de continuidad. Pero la mayoría de los partidos políticos que la discutieron y articularon estaban muy lejos de defender un sistema de poderes y contrapoderes que impidiera la concentración de todo el poder en el ejecutivo".

Otro factor determinante es que "el espacio europeo era intelectualmente propicio, en esos años –con la excepción del Reino Unido, donde ya había comenzado la revolución liberal-conservadora-, a los que defendían políticas económicas de intervención pública. Parecía que el socialismo real funcionaba y que el keynesianismo hidráulico sería capaz de superar la crisis del petróleo".

Pero en España esta pulsión estatalista –señala Recarte– no derivó en "un intervencionismo del estado central" al uso, por "el renacimiento de los nacionalismos en el País Vasco y Cataluña. El terrorismo de ETA se condenaba, pero se comprendía. El nacionalismo catalán, con o sin terrorismo, se respetaba. La mayoría de los partidos, y de los dirigentes políticos, creían que la oposición de los nacionalistas al franquismo durante su última década, entre 1966 y 1976, debería tener un "reconocimiento constitucional".

A esto hay que sumar como "factor diferenciador", en opinión de Recarte, "el papel protagonista del Rey, tras la muerte de Franco y el de una UCD, liderada por Adolfo Suárez, decidida a democratizar España, dirigiendo una transición que pasara "de la ley a la ley" y que tenía como objetivo elaborar un texto constitucional en el que cupieran todas las sensibilidades y disparidades; con el que fuera posible planificar la economía, si eso era lo que querían la mayoría de los españoles y que los nacionalistas pudieran apoyar, porque reconocía competencias exclusivas de las autonomías y la posibilidad de lograr la transferencia de competencias exclusivas del estado".

Recarte hace especial énfasis en "la desconfianza en el poder judicial. Por razones de orden histórico, porque los jueces eran los del franquismo y por razones ideológicas, porque ni los nacionalistas ni los progresistas del PCE ni del PSOE estaban dispuestos a que las disposiciones legales aprobadas por la Cámara, por la mayoría suficiente, fueran interpretadas por otro poder". Lo que explica que se limitasen "los poderes del Tribunal Supremo superponiendo a éste, por una interpretación del propio Tribunal Constitucional, incluso en cuestiones puramente jurídicas, un Tribunal Constitucional de carácter político y se permitió, en el propio texto constitucional, que en el futuro se intensificara el control político sobre los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, lo que ocurrió con la primera mayoría absoluta del PSOE".

Y el factor que para Recarte resulta más "determinante". Lo que habitualmente definimos como partitocracia, determinada para Recarte por "una ley electoral de 1976, preconstitucional, que condiciona la representación parlamentaria de los partidos nacionales y nacionalistas, primando las mayorías en todos los casos sobre la representación de las opciones minoritarias" y dejar en manos de los partidos "la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y el contenido de los Estatutos de Autonomía, regulados en el título VIII de la Constitución; entre otras muchas funciones. Y por esta vía se ha reinterpretado la Constitución y desmembrado el estado". Lo que ha provocado que aunque "los partidos políticos estén obligados a mantener, constitucionalmente, un sistema de la democracia interna, ésta no se respeta. En la práctica, no existe ningún otro órgano independiente que pueda exigírsela".

Recarte explicó que estos vicios de origen en la redacción del texto constitucional han tenido como consecuencia:

* La monarquía parlamentaria se ha transformado en un régimen en el que el ejecutivo y el legislativo son un solo poder y en el que el poder judicial no es independiente. La jefatura del estado es sólo un símbolo. El Tribunal Constitucional decide que quiere decir la Constitución en función de las vinculaciones de los vocales de dicho Tribunal.

* Los partidos políticos, nacionales y nacionalistas, junto con los sindicatos, han heredado el poder de la clase dirigente del franquismo. Un poder que se revalida en las elecciones democráticas, pero que tiene resortes legales y presupuestarios para hacerse inamovible. Lo más característico de este poder heredado es que ningún representante popular –ni siquiera los senadores- es elegido directamente por la población. El poder no se ejerce como en el franquismo, sin respeto a la democracia ni a las libertades, sino a través de un intervencionismo legal que dificulta la actuación independiente, política, social o empresarial, de los que tienen opiniones diferentes a los partidos que ocupan el poder en cada momento.

* Las autonomías han recibido la transferencia de muchas de las competencias exclusivas del estado, junto con los recursos financieros suficientes para ejercerlas, tal y como preveía la Constitución. La que no se ha cumplido es la obligación, también constitucional, de controlar la forma en que se ejercen esas competencias.

Para abordar la reforma constitucional, Recarte señaló que solo hay una vía, "es modificar el título X de la Constitución, el que regula las reformas constitucionales", blindando cualquier cambio a la mayoría de Congreso y Senado, o, en otras palabras, la voluntad de los partidos políticos. Los objetivos que marca Recarte para la reforma son:

* Simplificar la posibilidad de hacer reformas de todo tipo, políticas y económicas, acudiendo, mucho más directamente, a la convocatoria de referéndums y evitando la necesidad de mayorías cualificadas, incluso de votaciones, en las dos Cámaras, para lo cual sería necesario modificar el artículo 166 de la propia Constitución, así como los siguientes, el 167 y el 168. Esta reforma constitucional permitiría que nuestra norma constitucional se adaptara a las necesidades políticas y económicas de España en cada momento. La dificultad para hacerlo es que sólo los partidos políticos tienen, según la propia Constitución, capacidad para proponerlo y que sólo si se aprueba por la mayoría cualificada de 2/3 partes del Congreso y la mayoría absoluta del Senado se podría someter a referéndum un cambio de esa naturaleza. Sería igualmente necesario, pero es, sin duda, aún más complicado, que se reconociera la independencia del poder judicial y que el Tribunal Supremo sustituyera al Tribunal Constitucional, –que tendría que desaparecer–, como único intérprete de la Constitución.

* Aunque no es conveniente llevar muchos otros temas económicos al texto constitucional hay algunos que deberían aparecer: la prohibición de financiación presupuestaria de los partidos políticos y la de los sindicatos y organizaciones empresariales así como las competencias exclusivas del estado, revisadas y que no son transferibles en ningún caso, así como recuperar algunas necesarias para poder desarrollar una política económica nacional".

* Finalmente, será, en su momento, imprescindible, modificar el texto constitucional y someterlo a referéndum, para que la Unión Monetaria pueda, legalmente, condicionar la política presupuestaria, la supervisión bancaria y la participación y utilización del actual Fondo de Rescate, máxime si se transforma en un Fondo permanente. Si este referéndum se celebrara, habría que aprovechar para reformar, al menos, los artículos de la Constitución que tienen contenido económico y que han sido modificadas por los Tratados con la Unión Europea y la Unión Monetaria Europea.

En definitiva, una amplia propuesta reformista que Recarte considera imprescindible para "plantear la auténtica reforma pendiente, la que consagra la independencia del poder judicial". Sin embargo, se mostró pesimista por la dificultad de llevar a cabo la misma, ya que tienen que ser los propios partidos quienes renuncien a su poder modificando el título X, en un círculo vicioso de difícil salida.

Al término de la conferencia tuvo lugar un animado e interesante coloquio con algunos de los muchos asistentes, que coincidieron en la necesidad de abordar una reforma constitucional.

Liberalismo
La sana desconfianza
Juan Morote Libertad Digital 26 Enero 2011

Los liberales clásicos siempre partieron de una desconfianza sistemática hacia el poder político. Es absolutamente lógico. Cuando alguien llega al poder debido a su pertenencia a un partido político, resulta prácticamente imposible que no desarrolle intereses propios del grupo en cuyas listas ha sido elegido. Su futuro depende del partido y, por lo tanto, éste le exigirá determinadas compensaciones. Así, una vez elegido el Gobierno, o los parlamentarios que, a su vez, eligen al Gobierno –me da exactamente lo mismo–, su misión fundamental deja de ser mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos tal y como prometió. Su sentido vital se reorienta y su centro de gravedad deviene en asegurar la perpetuación en el poder y, si es posible, aumentarlo.

Para permanecer en el poder e incrementarlo, es necesario tratar de controlar todos los resortes de creación espontánea de información, porque la misma puede no ser agradable a los ojos y oídos del gobernante. De este modo, cualquier Gobierno se siente tentado a controlar todos los resortes de información posibles. SITEL no es más que una muestra de esto. Lo compró Aznar, y no se atrevió a ponerlo en práctica; en cambio, le sirvió la pelota en bandeja a Rubalcaba; ni a Franco le ponían los venados como le puso el PP el SITEL a los socialistas. Ahora bien, que nadie espere que el PP, si vuelve a gobernar, abjure del uso de semejante medio de control.

En la misma línea, se están produciendo constantemente ataques a la libertad de expresión, y se están colocando mordazas al derecho constitucional de comunicar y difundir información. Tengamos presente que es un derecho constitucional el de recibir información veraz, pero tan constitucional como el derecho a difundirla. Junto a lo anterior, la libertad de expresión, que no debe tener más límite que el Código Penal, ampara cualquier ejercicio del derecho a la crítica. Pero claro, la crítica no agrada nunca al innombrable, al gobernante, que normalmente sólo acepta la lisonja como juicio de su acción de Gobierno, y cualquier opinión discrepante es vista como subversiva y peligrosa.

El PP no es ajeno a esta tentación, y en la medida en que los pocos liberales que alguna vez moraron en el partido de los de Génova pasaron al ostracismo, explicitado en aquel infausto encuentro de Elche (19 de abril de 2008), aquella todavía es mayor. Desde este punto de vista, es lógico, aunque decepcionante, que los populares no se opongan al intento sistemático del gobierno de amordazar a la sociedad civil: el canon digital, la generalización del CAC, la ley Sinde, el intento de control de los flujos de información en internet, y un sinfín más de iniciativas liberticidas, van a contar con el silencio cómplice de los populares. Con la excusa de que no pueden decir a todo que no, están diciendo que sí a la implantación de mecanismos de control que esperan que les beneficien a corto plazo, cuando ganen las elecciones y muden de banco y despacho.

El pensamiento de Juan de Mariana, Locke, Montesquieu, Tocqueville y compañía sigue vigente más que nunca. La desconfianza y la vigilancia estrecha al gobierno son una grave obligación que tenemos los ciudadanos y, especialmente, los medios de comunicación. Cuantas más medidas se adopten para coartar la libertad, más corajuda debe ser nuestra defensa de la misma.

El mal actor
Alfonso Ussía La Razón 26 Enero 2011

Creo que fue Gustavo Pérez-Puig el que dijo que un buen actor es aquel que representa en escena durante seis meses a Enrique VIII, y termina convencido de que es Enrique VIII. Y creo que tiene razón. Un señor que se viste y actúa como Enrique VIII todos los días no puede sentirse interesado en el escenario por el resultado de las quinielas o una anunciada huelga de transportes. Perdería majestad y autenticidad. Un actor que no se cree su papel no pasa la batería. El público se hiela y la representación es un fracaso.

Zapatero ha sido, durante seis años, un buen actor. Tan bueno que se ha creído Zapatero, ese personaje de ficción, irreal y tan difícil de interpretar. El actor que encarnaba a Zapatero se creía todas las majaderías que decía, las ilusiones que manejaba y el benéfico saldo de sus desastres. Pero en la entrevista que le hizo Casimiro García Abadillo en «Veo7», el actor apareció agotado, harto de su personaje y nada convincente. Sus mentiras le han cansado y sus ilusiones son ráfagas efímeras de soberbia mal administrada. No me indignó, como en tantas ocasiones, prueba irrefutable de su mala interpretación. Es más, a medida que la entrevista se prolongaba me iba naciendo una peligrosa sensación de tristeza. No me gusta ver fracasar a un actor. Admiro profundamente la dificultad y el trabajo de los grandes cómicos, su capacidad para salir airosos cuando la memoria se queda en blanco y la improvisación ingeniosa surge inesperada. En su charla con García-Abadillo, Zapatero renunció a seguir con su papel. Dijo lo obligado. Que no da las elecciones por perdidas y que hay tiempo suficiente para volcar las intenciones de voto. Pero no se lo creía. Se le notaba distante de su propio yo.

Ya no interesa su comedia. Ni su público más fervoroso desea que la comedia permanezca en cartel. Pero como todo gran actor del pasado, le puede el orgullo. Y sus intentos de trasladar a su público esa poca resolana de convicción que aún le queda, produce una cierta melancolía.

Sólo él sabe lo que está sufriendo. El resto de los actores de su compañía, recelan los unos de los otros y se despedazan. No por ambición, sino por su supervivencia. Se pasa del coche oficial a la peatonía callejera en un suspiro. Vuelan los cuchillos figurados y las dagas traicioneras. Zapatero, como actor principal, no tendrá ese problema. Un exPresidente del Gobierno cuenta de por vida con toda suerte de canonjías. Pero las decenas de traseros que ocupan las poltronas políticas y administrativas estatales, autonómicas y municipales, ¿Dónde sentarán sus culos, sus antifonarios, sus traspuntines, y en el caso de Leire Pajín, su pompis? En otras sociedades más educadas que la nuestra los altos cargos y funcionarios trabajan para el Estado, no para su partido político, y no dependen de los vaivenes electorales. Pero en España no hemos alcanzado todavía ese nivel de confianza y buena educación. No se trata de colocar a unos cuantos, sino a decenas de miles de personas que perciben altísimos salarios. Y claro, la supervivencia manda.

Zapatero se me antojó un actor sufriente, acabado y melancólico. Para dar el vuelco a dieciocho puntos de distancia en las encuestas se necesita una fuerza y una convicción descomunales. Y un actor que no se cree su papel, lo mejor que puede hacer es abandonar la escena. Mutis por el foro. Y en su caso, entre abucheos.

Investigar hasta el final
El Editorial La Razón 26 Enero 2011

En la causa que investiga el soplo que alertó a ETA en 2006 de la operación policial en el bar Faisán de Irún contra el aparato de extorsión de la banda están imputados el que fuera director de la Policía, Víctor García Hidalgo, y dos miembros de la lucha antiterrorista. Tras más de cuatro años de práctico parón, el denominado «caso del chivatazo» dio ayer un giro relevante. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reactivó el proceso con nuevas diligencias, rechazó su archivo, como pedía la Fiscalía, y convirtió las actuaciones en un sumario.

El auto de Ruz, sustituto de Garzón, demuestra la dimensión de este oscuro episodio, en el que supuestamente un miembro de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián entregó un teléfono móvil al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, cabecilla de la trama de cobro terrorista, por el que se le avisó de la actuación policial.

El magistrado estima que hay indicios para seguir las pesquisas contra «una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía» con la que se intentó «evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas» por su relación con la recaudación del denominado «impuesto revolucionario». Podrían haberse cometido dos delitos: uno, de revelación de secretos por parte de un funcionario y otro, de colaboración con banda armada.

Entre las diligencias ordenadas por Ruz figuran la solicitud de datos sobre la cadena de custodia del vídeo que filmó los exteriores del bar Faisán el día en cuestión, y un informe sobre los cortes que aparecen en esa grabación, así como una reconstrucción de los hechos y que los policías imputados identifiquen al confidente etarra al que habrían llamado para justificar el tráfico de llamadas en torno al Faisán.

Es muy significativa también la decisión del magistrado de requerir la colaboración de la Guardia Civil, con una serie de informes sobre la presunta manipulación del vídeo que pudo grabar lo sucedido, después de que el Instituto Armado fuera relegado hace tiempo de un caso que afecta a mandos de la Policía y a Interior.

Estamos ante un episodio que ocurrió en el contexto del proceso de negociación. Si se trató o no de favorecer el diálogo con ETA, es una duda legítima que la investigación debería despejar. Lo cierto es que el asunto no suscitó en este tiempo el interés necesario del juez Garzón, primer encargado del asunto, ni de la Fiscalía, que reclamó su archivo, ni del Ministerio del Interior. Hubo que esperar a la llegada de Ruz a la Audiencia y a un informe sobre el caso de las autoridades judiciales francesas, recibido hace unos días, para que se reactivara.

La gravedad de los hechos exige un esclarecimiento total. Si hubo chivatazo a ETA, no puede haber impunidad y la Justicia debe actuar hasta las últimas consecuencias. No pretendemos prejuzgar nada, pero hablamos de actos que comportan delitos muy graves. El Gobierno pretendió darle carpetazo desde el primer día. No lo logró. Es un alivio que un magistrado sea capaz de buscar la verdad sin reparar en ninguna otra circunstancia que no sea hacer justicia.

La democracia, fracasada, ha cubierto su ciclo y se extingue
Francisco Rubiales Periodista Digital 26 Enero 2011

Lo que hoy conocemos como democracia está herida de muerte. Está tan dañada que le ha llegado el invierno, el fin de su ciclo vital, y se precipita sin remisión en el declive y la decadencia. Fracasada y abandonada por los ciudadanos, que han comprobado que los partidos políticos y los políticos profesionales la han prostituido y transformado en una sucia oligocracia, es inevitable que pronto sobrevenga el colapso del sistema, del mismo modo que un día, por sorpresa para muchos, cayó el Muro de Berlín y sucumbió el Imperio Soviético.

Aunque, tras la caída del Muro de Berlín y el fracaso del llamado "Socialismo Real", parecía que la democracia se regeneraba y vivía un auténtico "boom", la verdad es que aquel aparente rejuvenecimiento del sistema fue sólo un espejismo que ocultaba una enfermedad mortal. Tambien Gorvachev, con la perestroika, parecía inyectar vida nueva al comunismo soviético, cuando la realidad era que le practicaba la respiración artificial a un cadáver.

Es cierto que la etiqueta de "democracia" es imprescindible para cualquier sociedad que quiera competir y prosperar en el mundo desarrollado y que a al menos 32 países han pasado a engrosar las filas de la llamada "democracia" en las últimas tres décadas. Sin embargo, a pesar del "boom" aparente, la constante separación de los ciudadanos y sus gobiernos y el portentoso crecimiento de las voces críticas que denuncian el mal funcionamiento de esa democracia y que demandan una regeneración, reflejan la enfermedad terminal del sistema.

Es un hecho incuestionable que la rebeldía ciudadana frente al poder del Estado, cargada de crítica, desprecio a los políticos y demanda de limpieza y regeneración, se ha convertido en el fenómeno político más destacado de comienzos del siglo XXI. No es menos cierto que la venda que cubría los ojos de los ciudadanos se está desprendiendo y ya deja ver la traición, miseria e ineptitud de la "casta" política, que ha utilizado la democracia en beneficio propio y que ha inundado el sistema de podredumbre y mentiras.

Aunque no todos los observadores y expertos sean capaces de percibirlos, hay síntomas que revelan la enfermedad mortal de la democracia. Los más destacados son el fracaso del proceso de integración en la Unión Europea, que ha dejado de ser un proyecto de ciudadanos para convertirse en un proyecto de partidos y de políticos profesionales, la prostitución de la democracia, que ha sido transformada secretamente en una oligocracia de partidos, el fin de las utopías, la marginación del ciudadano de la vida política, acaparada por los partidos y los políticos profesionales, la fácil convivencia de los partidos con la corrupción y el abuso de poder, el fracaso de los gobiernos democráticos en la solución de los grandes problemas y desafíos de la Humanidad, como la desigualdad, la indefensión de los débiles, el hambre, la pobreza, la garantía de los derechos humanos y otros, la politización y la ineficacia de la Justicia, el nulo interés de los gobiernos por educar a los ciudadanos y el declive del Estado de Derecho y del Estado de Bienestar.

Es más que probable que los partidos políticos se cubran de oprobio histórico cuando quede claro que han sido los verdaderos asesinos del sistema democrático y los principales responsables del fracaso de ese sistema, definido por Winston Churchill como el peor, exceptuando a todos los demás.

Los partidos han acaparado demasiado poder y han marginado sin escrúpulos al ciudadano, que en democracia es el "soberano" del sistema y el único capaz de quitar u otorgar legitimidad. Los partidos han abusado del poder y han viciado el concepto de "representatividad" para apropiarse del Estado, dejando al ciudadano únicamente su derecho a opinar y a votar, un derecho castrado muchas veces por el control de los medios de comunicación y listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por los todopoderosos partidos políticos. Muchos gobernantes han dejado de servir al pueblo y han preferido anteponer sus intereses y los de sus partidos, sirviéndose del Estado para acumular poder, privilegios y riqueza. Demasiados gobiernos asumen con descaro, como primera prioridad, mantenerse en el poder, lo que les distancia de unos ciudadanos que expresan su rechazo despreciando la ceremonia electoral e incrementando la abstención y el voto en blanco. Las "castas" políticas, atrincheradas en el poder, disimulan la afrenta del desprecio ciudadano y siguen considerando legitimas unas victorias electorales que son claramente insuficientes, pírricas y vergonzantes. Para colmo de males, muchos gobiernos toman decisiones al margen de la opinión pública y, más allá de las declaraciones constitucionales, procuran estar fuera del control de las cámaras legislativas y del poder judicial, lo que invalida el Estado de Derecho.

Algunos, desde el optimismo, creen que la actual rebeldía incipiente de los ciudadanos tomará cuerpo y terminará expulsando del poder a las castas corruptas de políticos profesionales y regenerando el sistema, pero nosotros creemos que la democracia, como se la conoce hoy, vertebrada por partidos políticos y por políticos profesioanles, está herida de muerte y no tiene futuro alguno, tras haber quedado archidemostrado que mientras ellos controlen el poder, la democracia será siempre prostituida y transformada en dictadura de partidos y de políticos mediocres.

El futuro tiene ribetes negros porque aquellos políticos profesionales que se han corrompido y atrincherado en el poder no dudarán en utilizar todo el poder del Estado contra sus propios ciudadanos, pero al final triunfará la rebeldía y los canallas serán arrojados al mar, tras lo cual habrá que construir una democracia de ciudadanos, sin partidos, sin lobos y con los canallas y corruptos encerrados en jaulas cívicas de barrotes de acero.

Voto en Blanco

A despejar la X del chivatazo a ETA
EDITORIAL Libertad Digital 26 Enero 2011

Aunque no haya que lanzar las campanas al vuelo, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de impulsar la investigación del "caso Faisán" con la práctica de nuevas diligencias constituye, sin duda alguna, una espléndida noticia para todos aquellos que desean que se castiguen las responsabilidades penales del soplo policial que, en pleno proceso de negociación, evitó la detención de los jefes de extorsión de la banda terrorista.

El juez Ruz ha empezado por reconocer en su auto una evidencia, a la que tanto el juez Garzón como la propia Fiscalía se negaban o a la que querían dar carpetazo: a saber, que semejante soplo al aparato de extorsión de ETA es constitutivo de un delito de colaboración con banda armada y otro de revelación de secretos que sólo pudieron ser perpetrados por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado; los únicos que tenían conocimiento del seguimiento policial ordenado por el juez Grande Marlaska.

Asimismo, el juez Ruz transforma las diligencias en sumario al tratarse de delitos susceptibles de ser castigados con penas superiores a nueve años de cárcel. Ello supondrá que el archivo de la causa, requerido tan insistente como escandalosamente por la Fiscalía, ya no es una decisión que depende del instructor sino de la sala de lo penal.

Entre las nuevas diligencias que el Juez Ruz ha mandado practicar, hay algunas tan decisivas como la que solicita un nuevo informe pericial de la Guardia Civil para analizar los cortes del video donde se grabaron los movimientos del bar Faisán ese día, y del que de forma sospechosa se borraron las imágenes del momento clave en el que se produjo el soplo.

Del mismo modo, el juez quiere reconstruir todo el flujo de llamadas, incluidas las realizadas desde Francia y las efectuadas con tarjetas de prepago, y la cadena de custodia del video. Se trata, en definitiva, de reconstruir de cabo a rabo y ampliar la instrucción del juez Garzón que no hizo prácticamente nada para averiguar lo sucedido.

En este sentido, haría bien el juez Ruz en atender la solicitud que le ha hecho una de las partes personadas en la causa, Dignidad y Justicia, consistente en averiguar los tres números dependientes de la Subsecretaría del Ministerio del Interior que mantuvieron contacto con los imputados en la causa: el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava, responsables policiales en el momento en el que se produjo el chivatazo.

También sería exigible que el juez Ruz tuviera el coraje de tomar declaración al presidente del PSE Jesús Eguiguren, quien, como consta en la causa, visitó en la víspera del chivatazo al dueño del bar Faisán y presunto responsable financiero de la banda, Joseba Elosúa. No menos interés tendría recabar el testimonio de otro interlocutor del Gobierno y del PSOE con la banda terrorista: el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, quien durante el "proceso de paz", poco después del chivatazo, y según documentación incautada en Francia a los terroristas y que obra en poder de la juez Laurent Levert, señaló a la ETA la comisión de este soplo como prueba de la voluntad del Gobierno de Zapatero de seguir avanzando en el "diálogo" con la banda. Se da la circunstancia, además, de que esta versión de la justificación del chivatazo es plenamente coincidente con la que, según Elosúa, le transmitió el responsable policial en el momento de darle el soplo por teléfono.

Aunque todo apunta a que este delito de colaboración con banda armada, lejos de deberse a un cruzamiento de cables de policías que lo perpetraron motu proprio, obedecía a ordenes del Ministerio del Interior que ya encabezaba Rubalcaba y al interés de no poner en peligro con detenciones el repugnante proceso de negociación del Gobierno con la banda, no deberíamos esperar a que se dilucidarán las responsabilidades penales para tener claras las responsabilidades políticas. Así, Rubalcaba como responsable político de Interior en el momento de producirse tan abyecto delito policial debería de haber dimitido ya, aun en el hipotético caso de que tuviera tan nula implicación en el soplo como la tuvo el dimitido Antonio Asunción en el momento en que se produjo la fuga de Roldán. Si, por el contrario, se demostrase con el tiempo que fue el ministro del Interior el que dio la execrable orden de perpetrar el soplo, lo que tendría que hacer Rubalcaba no es ya dimitir, sino ingresar en prisión.

Que no, Javier
Luis del Pino Libertad Digital 26 Enero 2011

Javier Arenas se apareció ayer en Veo7, para traernos una buena noticia y otra mala.

La mala es que no se ha enterado de la misa la mitad, en lo que al 11-M se refiere. A preguntas de Pedro J, rescató Arenas la teoría de la colaboración etarra-islamista, volviendo a repetir la cantinela de que los autores materiales de la masacre son los moritos desharrapados de Lavapiés, de que no conocemos quiénes son los autores intelectuales y de que lo natural es que se hubiera podido producir una colaboración del terrorismo islámico con nuestro grupo terrorista local, que lleva cuarenta años matando. O sea, que ETA apuntó y los moritos dispararon.

Ya sé que resulta aburrido tener que repetir cosas que ya hemos dejado claras hace cuatro años, pero parece que la pedagogía sigue siendo necesaria. Así que vayamos por partes:

1) Aún asumiendo que TODA la versión oficial es cierta, ni siquiera sabemos quiénes son los autores materiales del atentado, don Javier. Sólo hay una persona condenada por colocar una bomba en los trenes: Jamal Zougham. La Audiencia Nacional dictaminó que los siete muertos de Leganés también habían colocado sendos artefactos explosivos, pero el Tribunal Supremo corrigió explícitamente esa afirmación, indicando que no se ha aportado la más mínima prueba de que eso sea así. Como consecuencia, las víctimas del 11-M han quedado imposibilitadas de reclamar daños y perjuicios a los herederos de los muertos de Leganés. Por tanto, don Javier, no conocemos quiénes fueron los autores materiales del 11-M, aún cuando aceptemos como cierta TODA la versión oficial.

2) Pero es que, además, ya hemos aportado los suficientes datos como para que haya quedado claro, hace mucho tiempo, que la versión oficial es, TODA ella, mentira. No hay ni una sola prueba material, don Javier, que resista el más mínimo análisis: ni la mochila de Vallecas estuvo nunca en los trenes, ni la furgoneta Kangoo tenía ningún objeto relevante antes de ser llevada a dependencias policiales, ni el coche Skoda Fabia estaba en Alcalá de Henares la mañana del 11-M, ni la trama telefónica cuenta con el mínimo soporte documental imprescindible, ni en Leganés se suicidó nadie. Si tiene usted alguna duda al respecto, don Javier, le puedo poner en contacto con algunos miembros de su partido que le proporcionarán información sobre lo que le digo.

Toda la versión oficial es una inmensa patraña, improvisada y chapucera, con la que se ha querido cortar, con la máxima celeridad posible, cualquier investigación de un suceso - la masacre de Madrid - que nada tiene de atentado terrorista y sí mucho de golpe de timón político. De esos golpes de timón que tanto nos gustan por estas latitudes, don Javier.

Hasta ahí la mala noticia. La buena es que Javier Arenas se comprometió a que el PP impulsará las investigaciones sobre el 11-M cuando llegue al poder.

Independientemente de si uno se cree esas palabras de Arenas o no, el solo hecho de que formule en alta voz ese compromiso ya representa un avance, si lo comparamos con el ominoso silencio que el PP ha guardado en torno a la masacre de Madrid en los tres últimos años. Por lo menos, de las palabras de Arenas se deduce que todavía queda mucho por investigar. Algo es algo, comparado con quienes pretenden que del 11-M ya no se hable nunca. Bienvenido sea, pues, el ofrecimiento que Arenas ha hecho.

Por mi parte, ni siquiera exijo tanto. Ni siquiera exijo que el PP investigue el 11-M. Con que no se comporte como el actual gobierno - es decir, con que no obstaculice las investigaciones una vez que llegue al poder - me daría por satisfecho.

Ayer entrevistábamos en La Noche de César a los policías Parrilla y Rivera, que narraban su calvario judicial. Hace pocas semanas, conocíamos otra sentencia que daba la razón a los periodistas a los que se ha pretendido silenciar a base de querellas por investigar el 11-M.

Con que el PP dejara actuar a quienes investigamos la masacre, con que no machacara a los policías honrados, con que no azuzara a la Fiscalía contra nosotros, con que consiguiera que quienes tienen algo que contar no sintieran miedo de su propio gobierno... el avance sería espectacular. Del resto, ya nos encargaríamos quienes investigamos la masacre.

Si encima el PP ayudara un poquito desde el gobierno a esclarecer la verdad - como sería su deber -, miel sobre hojuelas. Pero ya les digo: ni siquiera exijo tanto.

Aunque soñar es gratis, claro.

¿Faisán cazado?
Regina Otaola Libertad Digital 26 Enero 2011

Me llena de ilusión la actuación del juez Pablo Ruz y su determinación de llegar hasta el final en el caso del chivatazo policial del 4 de mayo de 2006 al propietario del bar Faisán de Irún donde ETA cobraba la extorsión a los empresarios (emisario del PNV mediante, dígase de paso). Los hechos parecen indicar la existencia de un delito de alta traición y por tanto sus responsables deberán apechar con las consecuencias.

Digo esto porque como el Gobierno, sobre todo en la persona de Rubalcaba, ha querido echar tierra al asunto, la loable decisión del juez de la Audiencia Nacional ha puesto nervioso a este sumo sacerdote de la izquierda relativista y así, lo que para el común de los mortales es un delito de alta traición, el ministro de Interior lo califica de "incidente". Es decir, de hecho sin ninguna importancia.

Este Gobierno en conjunto, todo él, es responsable de que se haya impuesto en España la consigna del "como sea", del todo vale en beneficio exclusivo de "los nuestros". Pero no olvidemos que aquí los que pretenden salirse con la suya son los miembros y allegados de la banda asesina ETA, aquellos que ayudan a cobrar el dinero de la extorsión para comprar armas, mantener "el entorno" adicto y la propaganda constante.

Las consecuencias de esta actitud relativista, aviesa y desleal para con el Estado de Derecho y los ciudadanos españoles las hemos apreciado durante todo el "proceso" con excarcelaciones de sanguinarios etarras, legalización de facto de ANV y otros hitos de la infame rendición ante los terroristas con el visto bueno de todos los partidos nacionalistas de España.

Pero, en este caso, se trata de caza mayor. Al menos, Rubalcaba debería dimitir y llevarse con él al presidente del Gobierno. Pero sobre todo, la verdad del "caso Faisán" debe prevalecer en la mente de los españoles para que no olvidemos fácilmente hasta qué punto este Gobierno ha corrompido con su sectarismo relativista las instituciones que son primera línea de defensa de nuestros derechos y libertades.

Profesión: progresista
Los progresistas, hijo, decís todos que sois agnósticos o ateos, pero gracias a vuestro carné vivís como Dios
ANTONIO BURGOS ABC 26 Enero 2011

EN esta España de la titulitis, donde la Universidad es una fábrica de parados, pero, eso sí, con muchas diplomaturas, licenciaturas, doctorados y másteres, han debido de poner una Facultad de Ciencias del Progreso y yo no me he enterado. No veas la cantidad de progresistas que van por ahí presumiendo de serlo y viviendo de ello. Y perdonando la vida y llamando facha a todo el que no tiene la inmensa dicha de pertenecer a ese cuerpo de privilegiados que en nuestra nación detentan (que no ostentan) el poder, el prestigio, la razón y además el dinero, de trincar la tela arrimándose al perol.

Son progresistas con carné. Un carné maravilloso, porque no es por puntos, como el de conducir, y no te lo quitan si eres un baranda que le das una subvención a la empresa de tu hija o metes la mano en el cajón o en la cal viva . Bueno, les pasa como a los fachas con carné, también sin puntos, pero a la inversa. Si eres un facha con carné y, por ejemplo, sacas a España de la ruina en la que la dejaron los progresistas, enderezas la economía, creas millones de empleos y logras el respeto internacional, como hizo Aznar, el carné de facha no te lo quita nadie.

Digo todo esto por ese anexo del Gobierno al que llaman Tribunal Constitucional. Los progresistas con carné han echado las campanas al vuelo (campanas laicas, naturalmente) porque han elegido como presidente a uno de los suyos, que los titulares de los periódicos pregonaban así: «Pascual Sala, juez progresista». Hasta ahora había jueces de Primera Instancia, jueces de Instrucción, jueces de Menores, jueces de Familia, jueces de lo Social, jueces de Paz. Hasta Jueces de Línea había. Pero ahora existen los Jueces de Bingo: los jueces progresistas, que se llevan los mejores puestos, los más rápidos ascensos, las grandes mamelas. Lo que más me extraña es que sé que hay oposiciones para juez de entrada, pero no me consta que existan para juez progresista. No he escuchado a nadie que diga:
—Mi hijo está preparando oposiciones a juez progresista...

Pero evidentemente, en la judicatura y en la comunicación, en la enseñanza y en la medicina, progresista en España es hoy una especialización, una profesión como otra cualquiera. Progresista suena a profesión. Como escayolista, economista, taxista, anestesista, documentalista, ebanista, pianista o futbolista: progresista. De ahí que España se haya llenado de progresistas profesionales, que le sacan una pasta al oficio.

En esta tesitura de volverán encuestas victoriosas y de hambre y sed de justicia, digo, de urnas, me encontré el otro día con un profesional de éstos, que me dijo:
—Yo no puedo votar al PP, porque soy progresista.

Vamos, como el militar que te dice que no puede afiliarse a un partido porque es comandante. Y le pregunté:
—¿Y qué es ser progresista, hijo mío? ¿Decir que de los 4 millones de parados tienen la culpa la Banca y el PP? ¿Estar en contra de la pena de muerte... en China, pero a favor del aborto y la eutanasia en España? ¿Decir a cada paso esa imbecilidad de «ciudadanos y ciudadanas»? ¿Defender la dictadura de Cuba? ¿Quitar los crucifijos? ¿Prohibir los toros? Ah, y se me olvidaba lo principal: ¿negar la religión... católica, que no el Islam? Porque los progresistas, hijo, decís todos que sois agnósticos o ateos, pero gracias a vuestro carné vivís como Dios.

Los pinganillos
Jesús Royo Arpón  www.lavozlibre.es 26 Enero 2011

Pasará a la historia así, como la cuestión de los pinganillos. Curiosa palabra. Pingano, al parecer, es en algunos dialectos un colgajo que pende por efecto de una secreción lenta y natural, sea un carámbano de hielo, un moco de resina, el 'pandelobo' verde que aparece en los estanques, o un apéndice de líquenes. Bueno, lo que sea. El caso es que quien tuvo la ocurrencia de llamar pinganillo al audífono minúsculo disimulado en la oreja, dio en el clavo: a partir de ahora la palabra quedará definitivamente incorporada a la lengua castellana. La cuestión de los pinganillos será la del Senado de esta semana, cuando se inauguraron las sesiones con traducción simultánea a las cuatro lenguas españolas. Algunos se han escandalizado por el gasto inútil y el espectáculo pobre de sus señorías desentendiéndose o malentendiéndose entre sí, cuando podían entenderse tan ricamente en castellano, como se ha hecho siempre, sin gasto y sin darle importancia. Otros al revés, se escandalizan de que esto escandalice, España, dicen, es la de siempre y nunca cambiará. Ni siquiera dejan hablar diferente una vez al año, más vale dejarlo correr, adiós España, etcétera. O sea, el cúmulo de despropósitos crónicos y cansinos del país.

He aquí mi opinión sobre el tema. Como siempre, los nacionalismos son los culpables de la distorsión del tema de la lengua. Tanto el nacionalismo español, para el cual, con el castellano basta, las demás lenguas son un estorbo, una pesadez que hay que sobrellevar con fastidio, como el nacionalismo periférico, que aprovecha cualquier resquicio para sacar el consabido memorial de agravios, y concluir que o me dan lo que pido o lloro y pataleo. No señor. Hay una manera simple y juiciosa de abordar el tema, y que quiero suponer que es la mayoritaria de la gente normal. La diversidad lingüística de España, más que un engorro, es una herencia valiosa que debemos apreciar. Una herencia común de todos. No es que los catalanes, vascos y gallegos se empeñen en conservar sus lenguas contra la mayoría, sino que todos los españoles estamos empeñados en ello: las lenguas españolas son de todos. Cierto es que con una sola lengua, como Portugal, las cosas serían más sencillas, pero la realidad de España no es esa. Tampoco somos el Canadá, con el inglés y el francés en plan de igualdad. Ni tampoco Bélgica. Tenemos una lengua común, el castellano, y unas lenguas particulares, el catalán, el gallego y el vasco, por orden de cantidad de hablantes. Y aún hay hablas menos extendidas, pero no menos apreciables, como el bable o leonés -¡que llega hasta Extremadura!-, la fabla aragonesa y el occitano del Valle de Arán. La cuestión de si el valenciano, el mallorquín, el andaluz, el castúo, el panocho o el fragatí son lenguas aparte o no, se la dejo a los, al parecer, muchos desocupados y/o masoquistas que pululan por la red de nuestros pecados. Aunque el caso del valenciano no es despreciable: de hecho es la lengua oficial de la Comunidad Valenciana, y se supone que el catalán es allí una lengua extranjera. Qué barbaridad.

La fórmula de la Constitución es perfecta: el castellano es la lengua oficial del estado (3,1), y las demás lenguas españolas son también oficiales en sus territorios (3,2). Y además serán objeto de especial protección (3,3). O sea, España tiene una sola lengua oficial en todo el territorio, y dos lenguas oficiales en los territorios con lengua propia. El territorio, pues, es el que define las zonas bilingües de España. Es lógico, entonces, que en una cámara de todo el estado, como es el Senado, se hable la lengua común, el castellano. Pero también tiene su lógica que, siendo la cámara territorial, se expresen las lenguas propias de los territorios. Hay gente para quien expresarse es importante, prioritario, casi tanto como entenderse: quieren que conste que su lengua materna no es la lengua común, el castellano. Pues seamos sensibles a ese deseo. No cuesta tanto, y satisface a muchos. Y sobre todo, entra en el "especial respeto y protección" debido a las lenguas españolas. Hacerse el estrecho en esto suena a cicatero, por no decir fariseo. Los castellanohablantes, cuya lengua materna coincide con la lengua común, no es correcto ni elegante que nos opongamos. Menos aún, como es el caso de Aznar, que proteste por el gasto que supone, cuando él acaba de llevarse una pasta por asesorar a una empresa a la que favoreció siendo presidente. Cállese, señor Aznar.

El pinganillo como arma política Otrosidigo
CELSO FERREIRO La Opinión 26 Enero 2011

El pinganillo se ha convertido en el arma de moda, de los políticos vernáculos a la hora de citar en la Cámara Alta, sus proclamas nacionalistas. El pinganillo, según el Diccionario de la Real Academia Española es un tímpano de nieve. El utilizado en el Senado, podría definirse como "el artilugio que emplean unos asambleístas que hablan idiomas distintos de la lengua común, aunque la conocen y usan cotidianamente, y que sienten alergia a integrarse en el sistema "constitucional español". O también "arma eficaz, que emplean los políticos, para hacerse los sordos y escuchar sólo lo que quieren oír". El aquelarre senatorial, sancionado favorablemente por Zapatero, con el propósito de ganar tiempo al tiempo para permanecer en el poder hasta que acabe la legislatura, sirvió para comprobar el lenguaje ortopédico de algunos políticos, ajeno al valor estético de la palabra. Fue también, el modo de escenificar la contradicción con la razón por quiénes utilizan el vernáculo como instrumento de su particular ideología.

Para estos señores, el plurilingüismo consiste en reconocer muchas lenguas, pero sólo una mala, descartable, el castellano o español, el mayor tesoro cultural de España, y uno de los capítulos mas influyentes en su PIB. Tal es la pertinaz obsesión de los nacionalistas que, en sus territorios, tratan de proscribirlo, alzando barreras lingüísticas y cerrando espacios, contraviniendo así la Constitución. La tetralogía del Senado sólo servirá para incorporarla al esperpento, y para los aquiescentes o acobardados que quieran digerir la medicina nacionalista. De seguir la comba, no habrá otra que autorizar el uso del panocho, del aranés, de la fabla aragonesa, del bable y de los silbos de Hierro y la Gomera. Sólo queda mejorar la estética. Sugerimos que los representantes de cada autonomía, para otorgar mayor solemnidad a los plenos senatoriales, concurran luciendo los trajes típicos regionales. Será, entonces, cuando el Senado podrá llamarse, con propiedad, Cámara territorial española.

El fiscal superior de Galicia ha sugerido fomentar el gallego en los límites regionales con Asturias y Castilla-León porque -asegura- "existe total desigualdad jurídica" entre los gallegos parlantes y aquellos que hablan "variedades dialectales". El tema por conocido no es nuevo. Hace años suscitó erizadas polémicas políticas. Desconocemos sí era necesario removerlo con publicidad. Algo parecido sucede en las fronteras periféricas de EEUU. Sería útil, para que los preocupados por estos temas conocieran el estudio de la lingüística Sylvia Moodie-Kublinsingh. El antídoto, al problema, la lengua común. En nuestro caso, más resistente que ninguna otra a formar parte del "patois" o mezclas idiomáticas. Conviene recordar lo afirmado por Sánchez Albornoz "quien no conoce América, no conoce España".

Seguimos en el expolio colectivo
Ernesto Ladrón de Guevara Minuto Digital 26 Enero 2011

Es tan obvio que el actual Gobierno y su partido político están haciendo el trabajo sucio al capitalismo internacional –aquel que se basa en la máxima concentración de poder político en instancias transnacionales- que no cabe pensar que creer lo contrario sea de personas sensatas.

Es una evidencia que España se ha convertido en el típico vecino caradura en esa comunidad que se llama Unión Europea, por causa de unos impresentables que nos han llevado a la bancarrota, aprovechándose de que estamos en la moneda única y los órganos reguladores están fuera de nuestra soberanía, y de que para salvar el tinglado del desmoronamiento colectivo nuestros socios van a hacer lo necesario para que el barco común de la moneda no se hunda. Aunque no habría que descartar que nos expulsen del sistema, si bien, el camino que han elegido por ahora es el de obligar a este gobierno baldón a liquidar el Estado de Bienestar de sus ciudadanos.

No sé quién puede, a estas alturas, dudar de que este Gobierno hace todo menos dirigir los intereses colectivos hacia el bien común.

Es una verdad palmaria que algo hay que hacer para solventar el tremendo agujero en las cuentas públicas españolas y su correlato de las entidades financieras públicas llamadas cajas de ahorro. Pero para abordar cualquier problema endémico lo primero que hay que hacer es diagnosticar sobre las fuentes del mal y la raíz del problema. No es solución, como se está haciendo ahora, cargar todas las consecuencias de los errores de los gobernantes sobre las espaldas de los más débiles que son los que siempre pagan los platos rotos mientras que los ricos son cada vez más multimillonarios, sin que se les ponga límite a su lucro.

Si la cuentas de la Seguridad Social no dan para más y el fondo para las pensiones decrece a marchas espasmódicas hacia los números rojos, la solución no es retrasar la edad de jubilación o rebajar las pensiones, puesto que los que han trabajado durante décadas tienen un derecho adquirido sobre el fruto de su prolongado trabajo y contribución a la caja común. La solución es echar a los parásitos que han venido a nuestro país a cobrar las ayudas sociales o a disfrutar de nuestro sistema sanitario sin querer aportar su grano de arena en forma de fuerza de trabajo. La solución es aumentar la natalidad terminando con el culto a la muerte que es el aborto libre. La solución es quitar las trabas burocráticas y fiscales a quienes quieran invertir en nuestro país, generando riqueza y empleo. La solución es una economía productiva y no especulativa que genere tejido, que sea fuente de riqueza y bienestar en el futuro, y, por tanto, que engendre a largo plazo impulsos creadores de empleo estructuralmente sostenible. La solución no es la cultura del pelotazo ni del enriquecimiento rápido fomentado fundamentalmente por los socialistas, ni el expolio de las cuentas públicas, ni la especulación para favorecer el crecimiento de los precios sobre el suelo y la vivienda, que ha enriquecido a unos desaprensivos sobre la base de hipotecar a la mayoría de los ciudadanos de por vida. La solución no es el hedonismo barato basado en satisfacer un consumismo compulsivo emparentado a un endeudamiento estúpido y a las rebajas en el crédito que han dado al traste con el sistema financiero. La solución es crear una cosmovisión basada en el realismo de lo que es la vida: una lucha para conseguir metas con el esfuerzo, con el trabajo, con las cosas bien hechas, con unos valores soportados sobre el fundamental respeto humano de origen cristiano. No es el sálvese quien pueda.

Estamos oyendo estos días que se van a inyectar en las cajas de ahorro 30.000 millones de euros para equilibrar balances y dotar de liquidez al sistema financiero, para que así se puedan librar de nuevo créditos. ¿Pero alguien nos ha rendido cuentas del resultado del dinero que el Gobierno regaló anteriormente a los bancos para –según nos dijeron- salvar al sistema financiero? ¿Qué auditoria se ha practicado sobre esa donación a fondo perdido con cargo a nuestros tributos? ¿Dónde están los créditos concedidos que supuestamente se iban a fomentar con esa inyección de dinero? ¿Alguien se acuerda de aquel dinero y su destino?

Lo que hay que hacer de una vez es modificar el modelo de gobierno de esas entidades de crédito. Tienen que desaparecer de sus consejos de administración los políticos y ser sustituidos por técnicos, o simplemente privatizar las cajas y convertirlas en otro banco más. Se ha de pedir responsabilidades por las políticas crediticias y por la gestión de los fondos que, sin saber qué se hacía con ellos, los ahorradores han depositado en esas cajas. Quienes han malversado el dinero ajeno con intereses espúrios no pueden irse de rositas. Si un administrador de una comunidad de vecinos gasta el dinero depositado por la comunidad en satisfacer intereses propios la justicia actúa sobre él. No se entiende que no sea así en el caso de los gestores de las cajas que han llevado a éstas a un estado ruinoso por causa de una gestión temeraria, aunque no exista dolo. Y sobre todo. Si la realización de su mandato ha sido malo, esas entidades han de desaparecer, una vez devuelto el dinero a sus legítimos propietarios que son los impositores. Pero lo que no tiene razón de ser es que el Estado aporte más dinero a unas entidades que en sí mismas son como un recipiente lleno de agujeros, pues ese nutriente monetario desaparecerá, dejándonos a todos cada vez más endeudados y sin resultados efectivos sobre el saneamiento del sistema. Si cualquier particular monta un negocio y por gestionarlo mal los gastos superan a los ingresos, y se ve en la imposibilidad de pagar a los proveedores, tiene que cerrar. No se entiende por qué no debe ser así en otras estructuras económicas que también se basan en el libre comercio y en la libertad de mercado, siempre asegurando los derechos de quienes han puesto en depósito sus bienes, y exigiendo responsabilidades penales si hubiera lugar.

Lo que no cabe bajo ningún concepto es permitir que se sigan vaciando las arcas públicas. Entre otras cosas por causa de una estructura del Estado disparatada que posibilita la proliferación de personajes de todo pelaje cuyo único objeto de su paso por la política es repartir entre los amigos parte del arqueo de la caja, con más o menos descaro, y que, al final, la cuenta de resultados sea negativa. No es de recibo que el Estado Autonómico tenga como fundamento liquidar todo atisbo de Estado para crear la mayor burocracia conocida en la historia de las administraciones públicas y una macroestructura formada por millones de funcionarios y cargos públicos que suponen una sangría que para España es una losa por imposibilita el crecimiento. Hablar de otro tipo de soluciones es poner espantapájaros en un paisaje que cada vez adquiere tintes más sombríos para nuestros hijos.

No abordar los problemas estructurales desde su raíz es poner cortinas de humo sobre los problemas. Coger el toro por los cuernos es propio de estadistas, no hacerlo de usurpadores del poder, no exentos de responsabilidad por mucho que estén legitimados por los votos.

Bélgica da otro paso atrás en su crisis política con la dimisión del mediador
 www.gaceta.es 26 Enero 2011

El rey Alberto II ha aceptado en esta ocasión la renucia del socialista Johan Vande Lanotte, que renunció la primera vez hace tres semanas ante la imposibilidad llegar a un acuerdo.

Tras más de siete meses con un gobierno en funciones, Bélgica ha vuelto este miércoles a intensificar su interminable crisis política, con la dimisión definitiva del mediador encargado de buscar un acuerdo para la reforma del Estado y la formación del ejecutivo.

Johan Vande Lanotte, el senador socialista flamenco designado por el rey Alberto II para sacar al país del atolladero, se ha dado por vencido y renunció a su tarea por segunda vez en solo un mes, ante la imposibilidad de lograr un consenso mínimo entre las distintas fuerzas políticas.

El monarca aceptó en esta ocasión la dimisión y anunció que mañana volverá a comenzar las consultas con dirigentes flamencos y francófonos.

La posibilidad de nuevas elecciones, no planteada de momento formalmente, ha sido sugerida por varios dirigentes políticos en las últimas semanas como una hipotética solución para intentar salir del atasco.

Vande Lanotte fue designado "mediador" el pasado mes de octubre, después de que el rey encargase cinco infructuosas misiones de "conciliación", "mediación", "preformación" y "clarificación" para tratar de acercar posiciones entre los partidos.

Entre ayer y hoy se reunió por última vez con los presidentes de los siete partidos que negocian la reforma del Estado -requisito previo para la formación de gobierno- con saldo negativo.

Del lado francófono, las fuerzas se declararon dispuestas a negociar sobre la última propuesta de Vande Lanotte, pero los nacionalistas flamencos del N-VA y los democristianos flamencos del CD&V reclamaron ir más allá al solicitar la regionalización de todas las políticas de empleo.

Las dos fuerzas conservadoras flamencas defienden modificar la financiación de la región de Bruselas, un punto inaceptable para los francófonos, al igual que la propuesta para descentralizar las competencias de sanidad.

Tras reunirse con Alberto II, Vande Lanotte ha asegurado que no había "ninguna perspectiva real de progreso" en la negociación y ha afirmado que su impresión en todo momento ha sido que el 5 de enero -cuando se rechazó su última propuesta de acuerdo- fue un "momento clave en la historia" de Bélgica.

Mientras tanto, el país sigue regido por un gabinete en funciones desde las elecciones del 13 de junio del año pasado y se ha convertido en el Estado europeo que más tiempo ha tardado en formar gobierno tras unas elecciones.
La ciudadanía se moviliza

Con sus más de 220 días en esta situación, Bélgica se acerca además rápidamente al récord mundial en posesión de Irak, con 298 días. La ciudadanía, mientras tanto, ha pasado del desinterés a la resignación y, recientemente, a la movilización.

El pasado fin de semana alrededor de 34.000 personas se manifestaron en Bruselas para exigir un acuerdo de gobierno, en un acto que unió a flamencos y francófonos para protestar contra la clase política del país.

Acostumbrada a interminables negociaciones y a una fuerte inestabilidad política, Bélgica se ve a día de hoy en una encrucijada más compleja que nunca. La victoria de los soberanistas flamencos del N-VA en los comicios del pasado año ha añadido un nuevo punto de radicalismo a un debate que se repite desde hace años: la rica región del norte demanda más competencias y la deprimida Valonia teme la reducción de las transferencias económicas y el avance hacia la separación.

La línea dura de Bart De Wever, el líder del N-VA, respondería según algunos analistas a una estrategia que trataría de demostrar que una Bélgica unida como Estado federal no es viable.

La situación es aún más dramática que en anteriores ocasiones porque los problemas políticos han comenzado a hacer mella en la imagen de la economía del país. Bélgica se ha convertido junto a otros miembros de la Unión Europea como España, Portugal o Italia en objetivo de los mercados por su elevada deuda.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

E la nave va
El socialismo vasco practica en materia cultural una política de construcción nacional idéntica a la nacionalista
J. M. RUIZ SOROA El Correo 26 Enero 2011

Hace dos años escribía yo un artículo criticando una situación tan pasmosa como la que muestra la composición del Consejo Asesor del Euskera, una institución que tiene como función principal asesorar al Gobierno en materia de política lingüística y en el que, sin embargo, no están representados los sujetos pacientes de esa política, es decir, los ciudadanos vascos monolingües. De manera que se produce el llamativo dislate, desde un punto de vista democrático, de que los que asesoran políticas concretas no forman parte de la ciudadanía que las sufre y, en cambio, quienes sí las padecen (o las disfrutan) no tienen ni voz ni voto en dicho Consejo. Y ello a pesar de que esa parte de la ciudadanía es mayoritaria. Todo ello con el acuerdo de los socialistas vascos, a quienes les parecía perfecta esa situación.

Un lector y afiliado socialista (Alejandro Sota Aira) se indignó entonces por mi afirmación: no critique a los socialistas vascos, me dijo, porque precisamente hemos incluido en nuestro programa electoral la exigencia de que «el Consejo Asesor del Euskera dé entrada también a monolingües, dado que la mayor parte de la planificación de sus políticas se refiere a estos». Es más, decía, de acuerdo con nuestro programa «modificaremos la normativa por la que se rige el Consejo para que, con denominación diferente, se dé cabida en él a representantes cualificados del ámbito castellanohablante».

Han pasado casi dos años desde que los susodichos socialistas llegaron al gobierno, y precisamente estos días leemos que se ha reunido el nuevo Consejo Asesor del Euskera que, ¡oh casualidad!, sigue integrado única y exclusivamente por personas bilingües. Los monolingües, la mayoría de la ciudadanía, seguimos excluidos del órgano que determina la política que se nos aplica. Una situación que casa muy mal, todo hay que decirlo, con el discurso de la ciudadanía que el lehendakari no se quita de la boca.
A mí no me ha sorprendido lo sucedido, pues hace ya años constaté que el socialismo vasco practica en materia cultural una política de construcción nacional idéntica a la nacionalista en su contenido, aunque no en su música. Si lo cuento es sólo porque, después de tan claro programa electoral, la cosa suena un poco a burla.

Euskera y libertad
Ni el euskera se unificó, ni la nueva literatura se fraguó, ni la industria cultural se inició por el 'estímulo' de ETA, sino que más bien fue ETA la que se acopló a lo que comenzaba a existir sin ella
LUIS HARANBURU ALTUNA El Correo 26 Enero 2011

Lo ha dicho el lehendakari, «el fin de la violencia permitirá que el euskera se conjugue con la libertad». Es una obviedad, pero algunos han puesto el grito en el cielo. Consideran que afirmar que la violencia ha condicionado al euskera y a su cultura es poco menos que una extravagancia. Lo cierto es, sin embargo, que ninguna esfera de la actividad política, cultural o económica ha quedado inmune al terrorismo de ETA. Tampoco el euskera.

El terrorismo ejercido por una parte del nacionalismo vasco ha contaminado incluso aquellas nobles causas que ha desplegado como bandera de su acción criminal. Precisamente por ello, porque se ha escudado en la noble causa del euskera y de su normalización, ha impedido el desarrollo libre de la cultura euskaldun y su lengua.

Desde la transición política de los años setenta hasta la actualidad, el euskera ha vivido en un clima entre medroso y cautelar. Las prisas de algunos se unían a la imposición de otros y en consecuencia el euskera ha padecido de una especie de síndrome agónico que no se correspondía con la realidad.

La realidad es que la mayoría de la población vasca ha otorgado al euskara su simpatía y su apoyo. No es explicable el resurgimiento del euskera sin la adhesión de la sociedad en su conjunto y a ello han contribuido de forma determinante las opciones políticas ajenas al nacionalismo. Baste recordar las importantes leyes impulsadas por Fernando Buesa y José Ramón Recalde a favor de la normalización del euskera, para darnos cuenta de que sin las formaciones no nacionalistas nada hubiera sido posible. Son ellas las que junto al nacionalismo institucional desactivaron la deriva a favor de una política lingüística excluyente y coercitiva que a la larga hubiera perjudicado a nuestro idioma.

Son las presiones y las urgencias las que han provocado no pocas cautelas y muchos rechazos a una política lingüística basada en la imposición y la exclusión. En nada ha ayudado el que ETA y sus organizaciones hayan postulado una Euskal Herria euskaldun sin tener en cuenta ritmos ni territorios. De poco ha servido el que la organización terrorista reclamara para sí la tutela del euskara y su cultura, ya que ello ha significado la puesta en cuarentena de muchas iniciativas loables. Solo a ETA es debido el que el euskera se haya visto como patrimonio excluyente de quienes lo han usado para enmascarar sus crímenes.

En estos días en los que se habla de la herencia que deja tras de si la organización armada, algunos pretenden hacer valer al euskara y sus avances como parte del patrimonio de la izquierda aber- tzale. Reivindican una herencia que supuestamente les pertenece al afirmar que sin el 'estímulo' de ETA el euskera se hubiera extinguido. Incluso cuando se refieren al resurgimiento cultural de los años sesenta, pretenden hacer valer la fundación de la organización terrorista como detonante del resurgimiento. Nada más lejos de la realidad. Es, en todo caso, justo lo contrario. Ni el euskera se unificó, ni la nueva literatura se fraguó, ni la industria cultural se inició por el 'estímulo' de ETA, sino que más bien fue ETA la que se acopló a lo que comenzaba a existir sin ella.

Alguna vez me he referido al pájaro que usurpa el nido ajeno para poner sus huevos. Me refiero al cuco cuya hembra vigila un vasto territorio, en busca de nidos en construcción, y que cuando observa el comienzo de la puesta ajena aprovecha el momento en el que los propietarios están ausentes para poner un huevo en el nido elegido. ETA ha depositado sus huevos en múltiples nidos ajenos. Lo ha hecho en el nido del feminismo, de la ecología o de los movimientos ciudadanos, pero sobre todo los ha puesto en el nido del euskara y de su cultura.

Actualmente existen, al parecer, 450 escritores euskaldunes. La cifra me parece desorbitada, pero valga para la estadística. De entre todos ellos solo unos pocos han hecho gala de militancia en las filas del nacionalismo totalitario. Se me dirá que la mayor parte ha estado en esa mayoría silenciosa que ha callado y otorgado ante los crímenes de ETA. Es cierto, pero ello no basta para afirmar que la literatura euskaldun sea un jardín de la izquierda abertzale. Algún día, las letras vascas habrán de pedir perdón por su cobarde silencio, pero ello no les hace copartícipes del crimen etarra.

La unificación del euskera se llevó a cabo gracias a personas del talante de Luis Mitxelena, Ibon Sarasola, Gabriel Aresti, Luis Villasante o Imanol Berriatua y de ninguno de ellos cabe recelar ninguna connivencia con el totalitarismo abertzale. Los rudimentos de la industria cultural se crearon gracias a personas como Iñaki Beobide o Enrique Villar que con los equipos de Lur o Herri Gogoa echaron a andar en los años sesenta. Tampoco deben nada a ETA los inicios del Ez dok hamairu, del grupo Gaur o el movimiento a favor de las ikastolas. El resurgimiento cultural vasco de los años sesenta, en pleno franquismo, se efectuó sin el concurso del MLNV, que solo más tarde intentó patrimonializar todo lo que sonara a cultura euskaldun. Como el cuco, puso los huevos en nido ajeno.

Dice el lehendakari que podemos atrevernos a soñar con el fin del terrorismo y que con ello el euskera se hermanará con la libertad. Es un bello sueño que merece ser soñado, pero es sobre todo un deseo formidable que pretende convertirse en realidad. Las palabras de Patxi López tienen el mérito de formular una conciencia y un deseo democráticos que trascienden a la opacidad política del momento. Opacidad que solo la audacia del pensamiento puede rasgar.

LA CAVERNA NACIONALISTA
ALBERT RIVERA ABC Cataluña 26 Enero 2011

DURANTE los últimos años hemos escuchado en boca de algunos personajes del entorno nacionalista la palabra «caverna mediática» o «caverna españolista», para clasificar a los medios de comunicación de ámbito nacional críticos con el nacionalismo. El último personaje en hacer suya esta definición fue Laporta, para referirse a los medios de comunicación que sacaron a la luz sus escándalos económicos durante su gestión al frente del Barça. Así, en Cataluña, cualquier nacionalista que cometa irregularidades en su gestión, que no respete las sentencias judiciales o se «pase por el forro» la Constitución, malgaste el dinero público o incluso cometa delitos, siempre tendrá la posibilidad de utilizar el comodín de matar al mensajero, diciendo que es la caverna españolista que «ataca» a Cataluña intentando tapar así la realidad.

Pero la realidad es que existe una caverna nacionalista en Cataluña, una especie de club de los guardianes de las esencias, formada por opinadores de profesión, representantes de entidades subvencionadas —como Òmnium Cultural y Plataforma per la llengua entre otras, a las que Artur Mas y la Consellera de Educación recibieron ayer en Palau para confirmarles que seguirán incumpliendo las sentencias e imponiendo el modelo de inmersión solo en catalán—, líderes y ex líderes políticos, todos ellos estómagos bien agradecidos, cuya misión es mantener públicamente los mitos vivientes del nacionalismo, con dos máximas permanentes en sus argumentaciones: Cataluña es una nación oprimida en permanente construcción, y España y los que defendemos la Constitución, la igualdad y las libertades de todos los españoles somos los enemigos de Cataluña y los causantes de sus males. Si se acumula déficit público en las arcas de la Generalitat no es culpa del Govern sino del conjunto de españoles que nos «expolian»; si los tribunales obligan a la Generalitat a adoptar un modelo bilingüe en la escuela conforme a lo que establece la Constitución es una cruzada de la justicia contra Cataluña; si proponemos una revisión política y económica del Estado autonómico no es una propuesta para salir de la crisis y mejorar el funcionamiento del Estado, sino un ataque contra Cataluña. Si Hacienda o la Audiencia Nacional descubren «el pastel» de Pretoria y del Palau con la consiguiente imputación de líderes de CiU y PSC no es una actuación de la justicia contra la corrupción sino otro ataque contra Cataluña.

Tenemos un ejército de sacerdotes —sólo hace falta ver una tertulia de TV3 y observar su libro de estilo para darse cuenta de que todos piensan lo mismo en clave nacional— pontificando el evangelio nacionalista y descalificando continuamente a los «enemigos» de la patria y cualquier propuesta política, decisión judicial o defensa de libertades que trastoque los pilares de su dogma único. Parece que en esta caverna defienden aquello de «una, grande, y libre», pero en este caso para Cataluña.

Cataluña
El Govern, al borde de la bancarrota, reflota Spanair
Aprueba un crédito de urgencia de 10,5 millones en vísperas de presentar su plan de viabilidad al Gobierno
ABC Cataluña  26 Enero 2011

«O actuaba ahora el Govern o Spanair caía». Así se taxativo se mostró ayer el portavoz del Govern y secretario de Presidencia, Francesc Homs, al anunciar que el Consell Executiu aprobó ayer la concesión de un crédito de 10,5 millones de euros, a través de Fira de Barcelona, con la esperanza de que el Ayuntamiento de Barcelona también aporte una cantidad para reflotar esta compañía aérea, presidida por Ferran Soriano. No se descarta que en un futuro se le otorgue otro préstamo por valor de 9,5 millones.

La concesión del crédito, que se llevará a cabo a través del Institut Català de Finances (ICF) en lo que Homs califica como «una operación de urgencia», seguirá un enrevesado proceso con la finalidad de disimular la contradicción que supone que una administración al borde de la quiebra —tal es el negativo panorama de las finanzas catalanas heredado del tripartito—se empeñe en reflotar una empresa que ya ha sido objeto de diversas ayudas en la anterior legislatura: la última en noviembre de 2010 por un valor de 20 millones de euros y con las consiguientes críticas de otras aerolíneas. Precisamente ayer, el presidente de Vueling, Josep Piqué, calificó de «injustificable» el crédito. Spanair, está participada por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, asegura que la ampliación de capital estaba prevista desde antes del verano.

Advertencias del PSOE
Igualmente contradictorio fue el apoyo que CiU hace ahora de la decisión de la ministra de Economía, Elena Salgado, de convertir las cajas débiles en bancos. Una medida que Homs no ve negativa y que, en otras circunstancias, quizá habría criticado por suponer una ingerencia en el modelo de cajas catalán, tal como hizo ayer el PSC a través de la portavoz parlamentaria adjunta, Laia Bonet. Es más: pese a la supuesta inconsistencia de entidades como CatalunyaCaixa o Unnim, la Generalitat asegura que ambas son capaces de hacer frente «a corto plazo» a los requisitos exigidos por Salgado —el capital básico mínimo debe alcanzar el 8% de sus activos—. Que la ministra reconozca que el déficit de las administraciones públicas alcanzará el 9,2% del PIB a cierre del 2010, lo que cumpliría con las exigencias de Bruselas, son buenas noticias para Cataluña, confesó Homs.

Paralelamente a esa inyección económica en Spanair —que PSC y PP ven bien, aunque piden más transparencia— el ejecutivo catalán ultima su plan de viabilidad financiera, que el viernes será aprobado en un Consell Executiu extraordinario y que el próximo lunes se presentará al Gobierno español. Este trámite se produce en un contexto de advertencias del PSOE de una posible intervención del Ejecutivo, que no está dispuesto a dejar que la Generalitat emita más deuda porque, a su juicio, ha superado el límite del déficit. Los nacionalistas admiten una deuda superior a los 7.000 millones —un 3,6% de su PIB, y casi siete décimas del PIB nacional— del que culpan a los socialistas. Es decir, que el agujero catalán representa casi un tercio del déficit permitido para el conjunto de las autonomías (2,4% del PIB). Por ello, el presidente Artur Mas ha encargado un exhaustivo estudio sobre las leyes estatales que disparan el gasto de la comunidad catalana. «El Estado aprueba normativas que comportan más gasto a Cataluña y eso se traduce en más déficit», denunció Homs. Dos ejemplos de esas «deslealtades institucionales», según Homs, son las leyes antitabaco y de dependencia, aprobadas por el Gobierno españo, pero cuya aplicación comporta gastos que paga la administración catalana.

Mas compadrea con asociaciones que apoyan la exclusión del castellano
Se reúne con las entidades que firmaron un manifiesto de desacato a las sentencias del Supremo
 www.lavozlibre.es 26 Enero 2011

Madrid.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, no esconde sus intenciones y este martes se reunión con entidades que reclaman el desacato al Tribunal Supremo por las sentencias que abogan por la equidad del castellano y el catalán en la enseñanza.

Entre las asociaciones se encontraba Òmnium Cultural, subvencionada por la Generalitat y organizadora de la manifestación independentista del pasado 10 de julio contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

También se reunieron con Mas la presidenta de Fapac, Imma Fuyà; el director de Unescocat, Miquel Àngel Essomba; la responsable de asuntos educativos de Plataforma por la Lengua; Teresa Casals; el presidente de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica, Raül Manzano; el representante del sindicato Ustec, Josep María Cervelló; y la del PEN Catalá, Carme Arenas.

Todas estas entidades suscribieron el pasado 22 de septiembre un manifiesto contra las sentencias del Supremo y ayer reclamaron a Mas no modificar el modelo de inmersión lingüística.

C'S PIDE QUE SE CUMPLAN LAS SENTENCIAS
El portavoz de Ciudadanos (C's), Jordi Cañas, señaló que las sentencias "no son opinativas, se cumplen y punto. Igual que los ciudadanos no pueden elegir si pagan impuestos o no, Mas no puede decidir si cumple o no con el bilingüismo en las escuelas públicas".

"A Mas le ha durado poco su declaración de buenos propósitos para su mandato. Pronto ha renunciado a ser el presidente de todos los catalanes para ser exclusivamente el representante de los ciudadanos catalanes nacionalistas", criticó Cañas.

La cartilla sanitaria gallega de los bebés ya está en castellano
El empeño de unos padres, apoyados por Galicia Bilingüe, arranca a Sanidad un gesto hacia el bilingüismo
 www.lavozlibre.es 26 Enero 2011

Madrid.- Unos padres coruñeses han logrado que el Servicio Gallego de Salud (Sergas) les envíe la cartilla sanitaría de su bebé en español. Lo han conseguido gracias a su insistencia y al apoyo de la asociación Galicia Bilingüe.

Miguel, que así se llama el niño, nació a finales de diciembre de 2010, cuando sus progenitores solicitaron verbalmente y por escrito que la cartilla y la carpeta sobre cuidados estuviese, al menos, en castellano. Les respondieron que esa documentación sólo se encontraba en gallego. Entonces se negaron a recoger la documentación y presentaron un escrito urgente ante la Consejería de Sanidad el 5 de enero de este año.

Aunque suene extraño, explica Galicia Bilingüe, el contenido de esa carpeta -fundamental para los cuidados del niño y los plazos de vacunas- se entregaba exclusivamente en gallego, aunque tenían los archivos digitales con la documentación en español, pero "nunca se envió a imprenta", en palabras de un funcionario.

Debido al empeño de los padres de Miguel, desde el 10 de enero toda esta documentación ya está disponible en ambas lenguas oficiales y es de acceso público en la web del Sergas.

Galicia Bilingüe ha comenzado hoy miércoles el envío de una carta a responsables de maternidades y de atención pediátrica de toda Galicia para informarles sobre la disponibilidad de la carpeta redactada en castellano y en gallego, y el derecho a solicitarla "para que cada familia disponga de la mejor y más clara información para el cuidado del verdadero sujeto a proteger, que es el niño, y que puedan disponer del primer documento referido a sus pequeños en la que será su lengua materna".

También ha solicitado por escrito a Sanidad que esta documentación esté disponible en las dos lenguas oficiales de Galicia, así como el 'libro de saúde da embarazada', las indicaciones previas a la cirugía, la información para el personal sanitario y para los usuarios, las campañas de prevención e información y, en suma, toda la documentación e información que en este momento sólo está disponible en gallego.

Galicia Bilingüe dice estar satisfecha de que, al menos, una consejería, aunque haya sido a instancias de unos ciudadanos, haya hecho un gesto para aproximarse al bilingüismo en la Administración pública prometido por el presidente Alberto Núñez Feijóo en campaña y exigido por la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

hasta ahora sólo se facilitaban en gallego
Unos padres gallegos logran que las cartillas de nacimiento puedan recibirse en castellano
Sólo mediante un escrito urgente, desde este mes de enero la consejería de Sanidad gallega proporciona documentos relativos a los bebés en castellano.
Libertad Digital 26 Enero 2011

Unos padres coruñeses han logrado que la consejería de Sanidad les facilite la Cartilla de Salud Infantil y la carpeta informativa sobre los cuidados del bebé en español. Los padres de Miguel, un niño nacido a finales de diciembre de 2010, solicitaron verbalmente y por escrito en una maternidad pública que se les facilitase dicha carpeta y su contenido, al menos en castellano.

Tanto los facultativos, como el personal directivo y el Servicio de Atención al Paciente les indicaron que, hasta donde sabían, esa documentación estaba disponible exclusivamente en gallego. Con un nudo en la garganta, los padres de Miguel se negaron a recoger la Cartilla de Salud Infantil, así como el resto de la carpeta y presentaron un escrito urgente, educado y firme ante la consejería de Sanidad el día 5 de enero de 2011.

Los neonatos en Galicia y sus familias reciben de dicha consejería una carpeta repleta de documentación informativa, fundamental para el cuidado del recién nacido que les es entregada por los Centros de Maternidad en el momento del alta médica. Dicha carpeta, además de información vital, contiene un documento emitido por la Administración, la Cartilla de Salud Infantil, que es de carácter obligatorio y crucial para un adecuado seguimiento sanitario del niño, con registro de vacunaciones y revisiones de todo tipo.

Hasta hace unas semanas, según denuncia Galicia Bilingüe, los contenidos de esta carpeta estaban disponibles exclusivamente en gallego, y esta versión era la única que la consejería de Sanidad remitía impresa a las maternidades públicas y privadas de Galicia.

Gracias a los padres de Miguel, desde el día 10 de enero de 2011 toda esta documentación ya está disponible en ambas lenguas oficiales y es de acceso público en la web del Sergas.

La consejera Pilar Farjas reaccionó con celeridad y a los 5 días llamaron a los padres de Miguel, subieron a la web toda la documentación en formato PDF (en castellano y en gallego) y al día siguiente les entregaron en su Centro de Salud en La Coruña toda la documentación impresa en tamaño DIN-A4, enviada con toda urgencia directamente desde Santiago.

También hay que reconocer que la Consejería tenía disponibles los archivos digitales con la documentación en castellano pero que, en palabras de un funcionario, "nunca se envió a imprenta" ni se puso a disposición de los ciudadanos hasta el 10-1-2011.

Galicia Bilingüe ha comenzado este miércoles el envío de una carta a responsables de Maternidades y de Atención Pediátrica de toda Galicia para informarles sobre la disponibilidad de la Carpeta de Salud Infantil redactada en castellano y en gallego, y el derecho a solicitarla para que cada familia disponga de la mejor y más clara información para el cuidado del verdadero sujeto a proteger, que es el niño y que puedan disponer del primer documento referido a sus pequeños en la que será su lengua materna.

También le ha solicitado por escrito que esta documentación esté disponible en las dos lenguas oficiales de Galicia, así como el "libro de saúde da embarazada", las indicaciones previas a la cirugía, la información para el personal sanitario y para los usuarios, las campañas de prevención e información y, en suma, toda la documentación e información que en este momento sólo está disponible en gallego.

Galicia Bilingüe se congratula de que, "al menos, una Consellería y, aunque haya sido a instancias de unos ciudadanos, haya hecho in gesto para aproximarse al bilingüismo en la Administración pública prometido por el presidente Feijóo en campaña y exigido por la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

 

Recortes de Prensa   Página Inicial