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Recortes de Prensa   Jueves 27  Enero 2011

 

España: el gobierno reparte garrafón
Francisco Rubiales Periodista Digital 27 Enero 2011

El gobierno español funciona como un bar deshonesto que reparte garrafón en lugar de bebida legal. Los tragos que nos sirven los cobran a precio de oro, pero nos causan enfermedad y ceguera. Es un estafador que nos da mentira y manipulación en lugar de verdad; dictadura de partido en lugar de democracia; pobreza en lugar de prosperidad, vicios en lugar de valores; desempleo en lugar de trabajo; tristeza en lugar de alegría; miedo en lugar de confianza...

El gobierno socialista que preside Zapatero es peor que una plaga porque ha apostado por extraer de los españoles lo peor que encerramos en nuestras almas: envidia, división, rencor, vagancia, delincuencia y desigualdad. Ha encumbrado a los nacionalistas que odian España y se ha apoyado en ellos para seguir gobernando. El pueblo le desprecia y quiere nuevas elecciones, pero el barman tramposo sigue atrincherado detrás de la barra, repartiendo garrafón adulterado. Sube los impuestos, sube los precios, suprime derechos y conquistas sociales, hace pagar la crisis a los más débiles y ellos se niegan a ser austeros y, a pesar de haber fracasado como gobernantes y arruinado el país, no renuncian a sus indecentes e inmerecidos privilegios de "casta".

Zapatero y sus muchachos han olvidado que el ejercicio del poder político conlleva la obligación de ser ejemplares. Ellos, desde lo público, se han convertido en el peor ejemplo para la sociedad española: no pagan lo que deben, incumplen las leyes, son insumisos ante las sentencias judiciales, practican el amiguismo y el nepotismo, reparten el dinero público entre sus amigos y correligionarios, mientras vetan y marginan a los que piensan diferente y han llenado lo público de mentira, corrupción e indecencia.

Han prostituido la democracia y no respetan ni siquiera una sóla de sus reglas básicas: no existe separación de poderes; la ley no es igual para todos; han acabado con la prensa libre y crítica; la sociedad civil ha sido ocupada por los partidos políticos, esclavizándola; han marginado a los ciudadanos, que son los soberanos del sistema y ni siquiera permiten al pueblo elegir libremente a sus representantes, ya que son los partidos políticos los que elaboran esa listas de candidatos que únicamente pueden aceptarse en bloque o rechazarse, sin poder alterarlas, sin que el ciudadano pueda jamás elegir a los mejores.

Nos tienen atiborrados de garrafón barato, que venden como licor de calidad. Son puros estafadores que han liquidado la democracia y la han sustituido, a escondidas, por una sucia dictadura de partidos políticos.

Son gente que no merece el respeto, ni el reconicimiento de ningún demócrata o persona honrada de España.

También nosotros deberíamos repartirles garrafón. Hay que hacerles sentir el poder del pueblo mediante el boicot a los actos donde acudan políticos, protestando en las calles y plazas, abucheándolos en los actos, negándoles el saludo, preservando a nuestrsas esposas e hijos de su presencia contaminante, criticándolos en la red, en el hogar, entre los amigos, destacando el daño terrible que están causando a España y a los españoles, a los que han hecho más infelices, pobres y esclavos.

La fuerza de los que nos estafan con garrafón reside en los medios de comunicación. Apaguemos la radio y la televisión cuando hablen esos periodistas sometidos que han traicionado la verdad y que se han transformado en perros del poder, en verdaderos policías represores del pensamiento. Jamás leamos uno de esos periódicos o revistas que solo están vivos porque el gobierno los mantiene con el dinero público, donde se ha abandonado la verdad y la defensa del ciudadano a cambio de publicidad.

Apliquemos el sabio principio de que "Todos los problemas de la democracia se resuelven con más democracia" y exijamos una democracia verdadera, donde el garrafón y los estafadores sean sustituidos, donde el pueblo, que es el soberano del sistema, tenga el control, donde ingresen en prisión los miles de políticos corruptos y enriquecidos sin justificación, donde no tengan cabida esos otros políticos que se declaran decentes, pero que son culpables y cómplices porque guardan un cobarde silencio para no perder sus privilegios, para seguir ordeñando a diario la teta del Estado.

¡Que se acabe de una vez ese garrafón que nos enevenena y nos mata!

Voto en Blanco

La reforma del Estado autonómico
Debiera plantearse la posibilidad de implantar un tipo de federalismo ejecutivo en el que el ornato parlamentario autonómico fuese sustituido por órganos de gestión de carácter semirrepresentativo
JOSU DE MIGUEL BÁRCENA El Correo 27 Enero 2011

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

En los últimos días vienen sucediéndose declaraciones políticas sobre la posible reforma del Estado de las autonomías. Los escenarios que parecen abrirse son dos. El primero, que parecía ya superado, hace referencia a la necesidad de reinterpretar la Constitución territorial española de 1978 en un sentido 'originalista'. Esta concepción señala que la autonomía política reconocida en nuestra Constitución sólo tendría sentido para las Comunidades históricas, es decir, Cataluña, País Vasco y Galicia. Los demás territorios tendrían que retroceder, en aras de la simplificación jurídica y la eficacia económica, a un tipo de autonomía administrativa próxima a la reconocida en Francia.

Tal pretensión, que parece concitar consenso entre políticos nacionalistas y no nacionalistas, va en contra de la historia institucional de nuestro país. Primero, porque no tiene en cuenta la ingente cantidad de poder, en algunos casos irreversible, que se ha trasladado desde el Estado a las comunidades autónomas. Segundo, porque la propia Constitución establece dos modos de acceso a la autonomía (la vía lenta y la rápida), sin que tales modos supongan un punto de llegada en el nivel de autonomía política que pudiese concretar cada comunidad. De hecho, es preciso recordar que la propia Constitución, en su art. 148.2, señala que pasado un periodo de tiempo determinado (5 años), todas las comunidades autónomas podrían alcanzar el mismo número de competencias y de autonomía política, tal y como finalmente ha ocurrido. Por lo tanto, con la reinterpretación 'originalista' se estaría intentando liquidar la naturaleza federal del Estado de las autonomías, pretendiendo eludir el principio de igualdad constitucional que corresponde a cada territorio y resucitando el viejo pacto entre la monarquía centralista y los entes 'históricos'.

Lo cabal y coherente sería abrir otro escenario en el que por una vez, no como está sucediendo con la crisis económica, el Gobierno lidere un debate público profundo sobre la reforma del Estado autonómico. Debate que tendría que realizarse en las Cortes Generales, con la reforma constitucional como fondo ineludible, y en el que cabe distinguir varios niveles de aproximación para la discusión política.

El primer nivel de aproximación haría referencia a lo material, a las políticas públicas. La descentralización de competencias está produciendo una gran fragmentación normativa, consecuencia probable de la aparición de 'economías archipiélago' dentro del propio Estado, con intereses y perspectivas que se han ido diversificando en la época de esplendor de la economía del ladrillo. La aplicación de la Directiva de Servicios europea está evidenciando graves problemas para cumplir con el Derecho europeo. En este sentido, no sorprende que al ser preguntado sobre los posibles cambios en el Estado autonómico, Rubalcaba no negase de forma rotunda la posibilidad de que el Gobierno esté preparando alguna ley de armonización. Sin tener la ambición de la famosa LOAPA, el Estado debería tratar de consensuar una norma que facilite la movilidad de los factores de mercado y los aspectos fundamentales de la política económica que hagan referencia a la innovación y el medio ambiente. Es imprescindible.

Otro nivel de discusión política lo debería constituir el arreglo de las cuestiones institucionales, sobre todo lo referido a la coordinación y cooperación entre las comunidades autónomas y entre estas y el Estado. La mejora de la cooperación no significa intensificación o redundancia: es menester recordar, para los que están pensando en la famosa reforma del Senado, que en Alemania han modificado hace pocos años su Ley Fundamental para reducir la participación del Consejo Federal en el proceso legislativo. Se trata por el contrario de mejorar los instrumentos ya existentes (conferencias sectoriales, conferencia de presidentes) introduciendo el principio de lealtad federal (o autonómica) en la Constitución española, para hacer entender al Estado, pero sobre todo a las comunidades autónomas, que forman parte de una misma realidad jurídico-política que tiene que enfrentarse a los riesgos de la economía y la sociedad globalizada de forma coherente y ágil.

Lamentablemente, pocos se atreven a señalar que la coherencia y la agilidad institucional tienen que ver con la desparlamentarización del sistema. Las autonomías son el último eslabón de un sistema político multinivel, en el que la Unión Europea decide las cuestiones fundamentales a través de reglamentos y directivas que posteriormente son desarrolladas por los parlamentos nacionales de acuerdo a las características de cada ordenamiento jurídico. La naturaleza de las normas que emanan de los parlamentos autonómicos tiene un creciente perfil reglamentario y administrativo, por lo que no sería superfluo reflexionar sobre si en nuestro Estado podría implantarse un tipo de federalismo ejecutivo en el que el ornato parlamentario autonómico, muchas veces ajeno a la verdadera responsabilidad política, la impositiva, fuese sustituido por órganos de gestión de carácter semirrepresentativo. La democracia no tiene que ver con la multiplicación de parlamentos y parlamentarios, sino con la posibilidad de que la voluntad del pueblo coincida con el tiempo y el espacio donde tienen lugar los procesos de poder.

En todo caso, el camino elegido para realizar los cambios necesarios y perentorios en nuestro Estado autonómico, sean del signo que sean, tiene que recorrerse a través de una profunda reflexión, poniendo en marcha el consenso y utilizando el instrumento más adecuado para ello: la reforma constitucional. Lamentablemente, el estado de excepción política permanente en el que vivimos, no parece el contexto más adecuado para ello.

La izquierda federal
JORDI GARCIA El País  27 Enero 2011

Al escéptico le espantan las obsesiones colectivas, sobre todo las obsesiones colectivas ancladas en símbolos, patrimonios míticos y pasados melancólicamente perdidos. En la puerta de casa acabo de encontrar una ocasión más para mi propia melancolía, porque estos días los 200.000 habitantes de Terrassa están convocados a votar en un referéndum por la independencia, como ha sucedido ya en muchas ciudades y pueblos catalanes. Al pasar por delante de la mesa informativa -instalada delante del instituto, lógicamente- he pensado en la primera frase de este artículo. CiU ha coqueteado políticamente con esas convocatorias proindependentistas y el PSC ha estado más callado que locuaz ante ellas por incapacidad política de respuesta concertada en un sentido o en el contrario. La oportunidad de la convocatoria, además, ha aumentado sin querer gracias al regreso de don Pelayo disfrazado de un Aznar hirsuto y mecánico en defensa del centralismo frente al dispendio disoluto de las nacionalidades. La Vanguardia y el nuevo diario Ara en Cataluña han respondido de inmediato y con alarma justificadísima: era lo esperable. El PSOE ha titubeado, y ha seguido a rebufo y en voz baja esas llamadas a corregir la diabólica insaciabilidad de los nacionalismos periféricos.

El enfoque de un ciudadano muy dañado por sus propias obsesiones pero calamitosamente insensible a las colectivas, tiene otro tono. Como contaba Javier Cercas hace unos días, el PSC ha sido cautivo del nacionalismo catalán desde los primeros Gobiernos democráticos: el catalanismo fue bandera redentora y promesa de futuro en los años del franquismo y en la primerísima democracia. Después, ya no supieron salir de esa encerrona. Llevarían indefinidamente las de perder si seguían pugnando en el terreno nacionalista, y todo se complicó con lo que casi nadie podía esperar: el descrédito o la pura disolución ideológica de la socialdemocracia tras la caída del Muro y en plena fase de capitalismo salvaje, expansivo, triunfador. Para higiénica irritación de Tony Judt, la socialdemocracia hay que volver a mimarla: ha acabado culturalmente asociada a una suerte de papilla de enfermo, de dieta blanda, que a nadie daña ni contra nadie va. Carece de capacidad de arrastre, ha perdido fuerza de persuasión y convicción, no es vanguardia de nada porque parece de generación espontánea.

Sin embargo, esa misma socialdemocracia encarnada en el PSOE y el PSC rehabilitó hace siete u ocho años una noción política, junto con el republicanismo de Philip Pettit, que pareció cobrar la entidad que otros argumentos ya no tenían: el federalismo apareció como proyecto renovado y fresco, casi como la lógica maduración plena en el siglo XXI de un clásico amortizado ya en el siglo XX.

El Estado de las autonomías podía ser ese clásico joven, dar un paso más y dejar de ser un sistema de tira y afloja condenado al abuso intermitente del centro o las periferias, en un crónico juego de movimientos retadores o chantajistas, para convertirse en una decisión compacta, de Estado, en torno a la evidentísima diversidad social, cultural, industrial y sentimental de la ciudadanía. La España plural empezó muy pronto a ser el sintagma fetiche, vino después la condenada trampa del Estatuto a instancias de la demanda del PP ante el Tribunal Constitucional y se disolvió esa noción difusa de lo federal como si careciese de sentido -o fuese un error- concebir un federalismo seguro de sí mismo, desacomplejado e imaginativo.

Me pregunto desde la izquierda no nacionalista si la rehabilitación de ese federalismo como eje ideológico de un proyecto político de futuro no sería una salida estimulante para una izquierda (no solo socialista) desdibujada, errante o maniatada. La expectativa federal ha estado intermitente y tímidamente en boca de la izquierda desde hace muchos años, pero nunca se ha presentado con firmeza y convicción como cumplimiento final del largo despliegue del Estado autonómico. Me pregunto si las ventajas del federalismo, como idea motor y eje político cohesionador, no serían mucho mayores que el espanto que todavía pudiera despertar en los sectores peor educados civil y políticamente de la sociedad española. El coraje federalista de Zapatero se desdibujó muy temprano para quedar a merced de la galopante renacionalización españolista que encarnan el triunvirato don Pelayo, Aznar y Aguirre. El potencial vitamínico del federalismo quizá recobraría para el proyecto socialista a un amplio sector de la izquierda en Cataluña, desmotivado y ajeno al discurso monocordemente nacionalista (a izquierda y derecha). Pero podría ayudar también a la izquierda española a entender mejor, de una vez, esa pluralidad demasiadas veces sofocada con torpeza o invocada demasiadas veces solo retóricamente. El PSOE es el partido que desde cualquier punto de vista debería liderar un proyecto de España federal, por mucho que nadie tenga hoy la fórmula técnica y específica que adoptaría esa culminación federal de lo que es ya una forma atípica de federalismo. Pero presumiblemente podría neutralizar las tiranteces calculadas y a menudo magnificadas entre Estado y autonomías, que nacen en gran medida de esa falta de concreción federal (lo advirtió hace más de medio siglo Josep Ferrater Mora, cuando no había ni siquiera democracia).

Desde la perspectiva catalana, además, el empuje federalista con matriz PSOE podría desatascar eficazmente el cortocircuito insoluble que Cercas describía en su artículo. El PSC reencontraría un aliado seguro con un PSOE indisimuladamente federalista, y esa clave permitiría redirigir la propuesta ideológica del PSC lejos del debate nacionalista o identitario, con voluntad de fortalecer un proyecto político sin el cepo de la identidad nacional y sin invertir energías en un terreno de discusión que solo fortalece y carga de razón al nacionalismo vindicativo. El PSC ya está fuera del poder; el PSOE todavía no: el año y pico que falta para las elecciones generales es muy poco tiempo para dotar de convicción a lo que ha sido demasiadas veces un expediente retórico de urgencia. Pero arruinar (o aplazar indefinidamente) el proyecto federal quizá sea también perpetuar las razones políticas de la pujanza nacionalista. O peor aún, renunciar al horizonte federal puede seguir restando capital político a una socialdemocracia ya muy debilitada ideológicamente. Frente a la derecha más rancia y siempre tan popular, el contradiscurso federal contiene combustible para movilizar a una izquierda renovada, no solo socialista, y de paso haría inoperantes buena parte de los argumentos de los partidos nacionalistas.

Jordi Gracia es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona.

La izquierda vaporosa
Nota del Editor  27 Enero 2011

Hablar a estas alturas de la historia de "izquierda" está fuera de lugar. Desvelados los entresijos de tal "ideología" con la caída de los regímenes totalitarios, sus crímenes, terrorismo y desmanes de toda índole, han dejado al descubierto el vacío ideológico, y la máquinaria para permanecer en el poder.

En cuanto al federalismo, lo mismo que repito contra todo el tinglado autonómico, y si se ponen muy pesados, entonces que me dejen federalizar a nivel individual, que tengo los mismos derechos que a cualquier otro nivel local o regional.

Deuda municipal
Los manirrotos del PP
Guillermo Dupuy Libertad Digital 27 Enero 2011

En algún artículo anterior ya he señalado la escasa credibilidad que debemos otorgar al compromiso del PP de fijar un tope al gasto y endeudamiento municipal, autonómico y central, con el que Rajoy quiso despachar la decisiva cuestión planteada por Aznar sobre la insostenibilidad del actual modelo autonómico. A la falta de concreción de Rajoy a la hora de señalar cuál sería ese "tope", se suma el elocuente hecho de que dos de los tres municipios más endeudados de nuestro país, así como dos de sus tres comunidades autónomas más endeudadas, están gobernadas por el PP. Pero, por si esto fuera poco para dudar de la supuesta determinación de Rajoy de embridar el endeudamiento de las diferentes administraciones públicas, este mismo jueves el Partido Popular ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para que los ayuntamientos puedan seguir endeudándose por encima de la liviana limitación que el Gobierno de Zapatero ha establecido en los presupuestos del 2011.

Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el coordinador de Política Autonómica y Municipal del PP, Juan Manuel Moreno, tras una reunión de ocho alcaldes del PP con su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, quienes han despotricado contra la limitación impuesta durante este año a los municipios a la hora de pedir nuevos prestamos si su deuda total ya supera el 75% de los ingresos liquidados.

Mucho se puede criticar de esta escasa limitación que sólo va a afectar a los consistorios más manirrotos de nuestro país –como los que presiden Gallardón, la propia Rita Barberá o el socialista Juan Alberto Belloc–; más aun si tenemos en cuenta que supone una modificación de la prohibición que el Ejecutivo había establecido en mayo a todos los consistorios, con independencia de su nivel de endeudamiento, y desde esa misma fecha hasta 2011. Al ceder a las presiones de los ayuntamientos, el Ejecutivo no sólo relajó en demasía su limitación sino que al retrasar su entrada en vigor de mayo del 2010 a enero del 2011 contribuyó a que muchos ayuntamientos aprovecharan la prórroga para pedir nuevos créditos sabiendo que a partir de enero ya no podrían hacerlo. También podemos criticar el agravio comparativo frente a la barra libre en la que viven las comunidades autónomas.

Ahora bien, ninguna de estas u otras objeciones que le pudiéramos hacer a la limitación del endeudamiento municipal ampara los impresentables argumentos de quienes, desde el PP, reclaman la posibilidad de que los municipios puedan seguir huyendo de su realidad financiera mediante un endeudamiento que grava a sus ciudadanos, presentes y futuros, tanto como perjudica la imagen de solvencia de nuestro país.

Tal es el caso del coordinador de Política Autonómica y Municipal del PP, Juan Manuel Moreno, quien para justificar su injustificable recurso ante el Constitucional ha dicho que la limitación impuesta "vulnera el principio de igualdad". Esto es radicalmente falso. Podremos cuestionar la laxitud o severidad, incluso la arbitrariedad, del criterio establecido por el que unos municipios podrán seguir endeudándose y otros no, pero esto en modo alguno vulnera la igualdad ante la ley si a este criterio se aplica a todos los municipio por igual. Además, hay que ser caradura para decir que la limitación establecida por el Gobierno a los consistorios supone que "no hay los mismos derechos por parte de distintos ciudadanos dependiendo de la ciudad donde viven". Vamos, como si el endeudamiento de los ayuntamientos, lejos de ser una carga para sus vecinos, fuera un derecho de los mismos.

No menor desfachatez ha mostrado Rita Barberá con sus melodramáticas declaraciones, en las que ha asegurado que los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden, muchas de ellas de carácter social, como las entregas de comida a los necesitados.

Para empezar, el hecho de que los ayuntamientos asuman competencias que no le corresponden no siempre es digno de elogio. Y cuando lo es, lo que hay que hacer es dotar a los consistorios de capacidad recaudatoria para atenderlas. Se trata, pues, de llevar a cabo reformas estructurales que doten de competencias y capacidad recaudatoria a los ayuntamientos, que bien podrían llevarse a cabo –dicho sea de paso– en detrimento de las que ahora gozan las comunidades autónomas. Lo que hay que hacer, pues, es una reforma que racionalice y suprima duplicidades en los distintos ámbitos de la administración pública. Lo que no se puede es evitar la reforma, huyendo de la realidad, mediante la chequera del endeudamiento.

Pero es que, además, nadie debería llevarse a engaño: las deficiencias financieras de los ayuntamientos en modo alguno deben encubrir el despilfarro, las pulsiones faraónicas y las redes clientelares que se están llevando a cabo en muchos ayuntamientos de España. Valencia tal vez sea la ciudad de toda España a la que más dinero público se ha destinado procedente de fuera de su municipio. A la vampirización de las provincias de Alicante y Castellón, hay que recordar que, en beneficio de su consistorio, la Comunidad Valenciana es, tras Cataluña, la autonomía más endeudada de España. A eso hay que sumar que el propio consistorio valenciano, para perjuicio en este caso de sus habitantes, es también, tras Madrid, el más endeudado. Pero Doña Rita, está visto, no tiene suficiente y pide más madera... Ya se sabe, hay que comprar mucha comida para los más necesitados. Sólo espero que Rajoy no termine cantando a la famélica legión.

Independencia y rendición
FÉLIX MADERO El Correo 27 Enero 2011

Siempre pensé que eso de que el hombre joven enciende el fuego que luego, en su madurez, procurará apagar era verdad. Una verdad que el joven termina descubriendo por una mera cuestión de tiempo. O del paso del tiempo. Entre uno y otro hay todo un tiempo de aprendizaje, no todo él es de cerezas, como diría la gran Montserrat Roig. No, no es la literatura de una voz que ya no está la que me anima a escribir esto. Aunque, ya puestos, si Montserrat estuviera entre nosotros ya me gustaría conocer su opinión sobre el último ¿recado?, ¿reflexión?, ¿análisis?, o lo que sea de Jordi Pujol. De él les quiero hablar y, sobre todo, de cómo la lógica del joven incendiario y el adulto apagafuegos se rompe llegados a este punto. A estas edades.

A mí, por llevar la contraria en parte, y porque así lo siento sinceramente, se me entiende mal cuando digo que Pujol es uno de los mejores políticos de la historia de España. Siempre que digo esto y tengo cerca a alguien de la carcundia ideológica tan presente estos tiempos creo que pierdo amigos y consideración. Bueno, me quedé sin argumentos. No, no puedo defender a un dirigente que, si no fuera porque sé que no es verdad, diría que ha perdido la cabeza.

Pujol asegura que en las relaciones de Cataluña con España no hay otro camino que la independencia o la rendición. Nunca, jamás pude imaginar que alguien como Pujol terminase viendo así la vida: blanco o negro. Jamás que un hombre como él, siempre abonando a la defensa de terrenos fronterizos que buscan el pacto y el equilibrio, lleve en la cabeza un mensaje tan destructivo y antipático como la rendición o la independencia. Rendición o muerte, dice aún Fidel Castro, y a mí lo de Pujol me sonó a eso. A mensaje retador y siniestro; oportunista y salvaje. La queja del nacionalismo catalán de CiU es, o ha sido, moderada y razonable. Pujol, que ha leído historia, debería saber que juega con fuego. Lo que dice no es verdad, y él lo sabe. Como sabe, eso espero, que poner a millones de españoles -y catalanes- en la tesitura de la rendición o la independencia es una temeridad que nadie esperaba de este Bradomín catalán descompuesto: feo, católico y crepuscular.

Nada sentimental, por cierto. No sé si ha pensado qué hay después de la frustración de no conseguir la independencia y qué antes de la rendición. Solo una cosa que no quiero nombrar. Aún quedan entre nosotros algunos abuelos para contarlo. Pensaba que él era uno de ellos. Hubo momentos en que no solo me olvidé de mí, sino también de lo que soy. Lo dijo Samuel Beckett, que no llegó a conocer a Pujol.

El Gobierno no paga
El Editorial La Razón 27 Enero 2011

La crisis, la falta de previsión de las administraciones, la ausencia de la austeridad precisa de los gestores públicos y las alegrías financieras de muchos de ellos en momentos de holgura han compuesto un cóctel molotov que ha disparado la morosidad de las entidades públicas hasta extremos difícilmente asumibles. La asfixia financiera ha provocado que lo que debía ser una excepción, como es no cumplir con las obligaciones de pago fundamentales, se haya convertido casi en una respuesta automática a la encrucijada contable de buena parte de los organismos públicos.

Las pequeñas y medianas empresas, proveedores del Gobierno, las comunidades o los ayuntamientos han sufrido más que nadie los efectos de esa falta de capacidad de los gobernantes para afrontar situaciones de necesidad. Pero no sólo ellas. La Seguridad Social ha padecido también las consecuencias. Resulta paradójico que los gobernantes busquen oxígeno para sus estrecheces económicas en el endeudamiento con otras entidades públicas.

Todo es más sencillo entre administraciones dirigidas por el mismo partido en muchos casos, pero no por ello es aceptable que las arcas del Estado, y, por tanto, el interés general, paguen los platos rotos o la factura de gestores que no han sabido estar a la altura. El balance es que, a fecha de 30 de junio de 2010, según datos oficiales que Presidencia del Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados, la deuda de la Administración central con la Seguridad Social alcanza casi los 122 millones de euros y la de los ayuntamientos supera los 150 millones. En una respuesta a la Cámara, el Ejecutivo explica, junto a los números rojos, que se «viene realizando una intensa labor en orden a la depuración de deuda» o que «se están realizando las actuaciones en orden a regularizar la situación». O lo que es igual, no cumplimos, pero estamos en ello, sin que se aporte dato alguno más allá de lo que parece mera retórica administrativa para salir del paso. Sea como fuere, parece poco presentable que las administraciones, y especialmente los ministerios, figuren de forma destacada en una lista de morosos con la Seguridad Social que, desde luego, no es pequeña. No es tarea fácil gestionar la escasez.

Bajo esas circunstancias es precisamente donde se miden o se calibran las condiciones de un buen gobernante. En la opulencia, gastar siempre es sencillo. No se trata de elegir a quién pagar o no, que es precisamente lo que se hace en la actualidad en una especie de lotería sin sentido, sino de cumplir con los compromisos adquiridos, de ajustarse a las limitaciones y de actuar con seriedad del mismo modo que la Administración exige a los ciudadanos. La Seguridad Social ha cerrado 2010 con el peor resultado en tres años. Aunque el Gobierno se ha aferrado a la hucha de las pensiones para salvar la cara, la realidad es que acabó el ejercicio con 278 millones de déficit, sin contar los intereses del fondo de reserva, por el persistente aumento del paro y la caída de los ingresos por cotizaciones sociales. Que las administraciones alimenten de forma importante ese déficit con sus deudas es la consecuencia de una forma de dirigir los destinos públicos que explica también el momento crítico del país.

El fracaso del “café para todos”
*Javier López www.gaceta.es 27 Enero 2011

Los ayuntamientos han respirado de forma artificial gracias al boom de la construcción

Al calor o, mejor dicho, al frío de la crisis económica se está abriendo el melón del debate sobre el modelo autonómico. ¿Es sostenible económicamente? Y algunos dicen que no, en el PP, y también en el PSOE. Hace unos días el diario Abc publicaba una encuesta según la cual casi la mitad de los españoles es partidaria de que el Estado recupere poder, parcelas de gestión ahora cedidas a las autonomías. Estos españoles consideran que asuntos como la Educación o la Sanidad deben ser gestionados directamente por el Estado de una forma igualitaria para todo el territorio nacional, y que las autonomías donde resultan más eficaces es en la gestión de temas más subsidiarios como las políticas sociales que afectan a personas dependientes etc. También se debate sobre lo desmesurado que resulta tener 17 parlamentos autonómicos, 17 consejos para todo, 17... ¡Una locura antieconómica!

Las comunidades autónomas fueron una idea de la Transición para satisfacer lo que se denominó el “problema político” o las peculiaridades de Cataluña y País Vasco. Poco después se optó por lo que en aquel momento llamaron “la política del café para todos”, es decir, lo que se daba a esas “comunidades históricas” también se extendería, aunque en menor grado, al resto de España porque... ¿es que Castilla no tenía personalidad, o Andalucía, Extremadura, Canarias...?. Y esta es la hora en que con un problema económico mayúsculo abrimos el melón del debate. Pero hay más preguntas que igualmente comienzan a aflorar: ¿por qué los municipios no tienen más recursos para gestionar algunas de esas políticas cercanas que absorben las comunidades autónomas o acaban asumiendo los propios municipios porque la inercia del ciudadano le indica que el ayuntamiento es el lugar más adecuado para realizar ciertos trámites?

En efecto, el debate sobre las autonomías es en último término un alegato a favor de una España más centrada, que no más centralista, o una excusa para seguir tensando la cuerda disgregadora por parte de los partidos nacionalistas, a los que el actual modelo les viene como anillo al dedo para mantener una dinámica disgregadora. El pacto de la Transición peca de ingenuidad.

Quizá algo precipitado por las reclamaciones de un nacionalismo en plena ebullición que comenzaba a llenar las calles con sus huestes, presuponía un concepto de lealtad mutua en la relación entre España y algunas de sus regiones. Lealtad de las llamadas “nacionalidades” hacia la “casa constitucional española” a cambio de un amplio autogobierno. No ha sido así, y salvo en los periodos dominados por mayorías absolutas de alguno de los dos grandes partidos, la gestión gubernativa española ha tenido que pasar irremediablemente por el cambalache planteado por el entramado nacionalista, especialmente vasco y catalán.

¿Qué hacemos con las autonomías?. La pregunta nos va a seguir golpeando, porque es ahora cuando la coyuntura económica está planteando lo acuciante de resolver la cuestión. Pero plantearse qué hacer o como reorganizar el estado autonómico es también abrir un serio debate sobre el papel de los municipios en nuestro entramado político. Consagrados por la Constitución como la primera célula de convivencia política, carecen, sin embargo, de envergadura y recursos suficientes para hacerse cargo de los servicios más cercanos al ciudadano. El gran pacto de financiación local sigue descansando en ese baúl de los proyectos necesarios, pero siempre aplazados. Los ayuntamientos han respirado de forma artificial y abundante gracias al boom de la construcción, pero ahora su situación económica es paupérrima si no totalmente ruinosa, con cerca de un 30% de corporaciones locales que terminó el año pasado en práctica quiebra.

Urge que los grandes partidos se pongan de acuerdo sobre cómo deben abordar sus ingresos los ayuntamientos, y quizá, como ha pasado en Grecia, algunos, en poblaciones de tamaño muy pequeño, deban formar ayuntamientos mancomunados con municipios de la misma comarca. Este es el auténtico debate, e igualmente habría que plantearse si necesitamos 17 comunidades autónomas o nos bastaría con algunas menos. Ortega y Gasset ya proponía en La redención de las provincias que España debería dividirse en 10 grandes regiones naturales. Se ha abierto, como tantos otros, este melón del debate autonómico y tendremos que ir dándole respuesta. El resultado es incierto, el final tan complicado como necesario.

El problema: durante los años de la actual etapa democrática, fructífera en otros terrenos, hemos dado lugar a una tela de araña en la que La Rioja se resistirá a volver a ser Castilla y querrá ser tanto como Cataluña, o al menos acercarse. Y Cataluña, claro, reclama ya su propio Estado.

Muy importante comienza a ser, y así lo piensa un número creciente de españoles, que el Estado recupere competencias en materias como la Educación o la Sanidad. Ese sería el primer paso tras marcar a las comunidades autónomas un techo de gasto inviolable.

*Javier López es periodista.

La carcoma
POR XAVIER PERICAY ABC 27 Enero 2011

HACE un par de semanas, uno de los diarios catalanes de mayor difusión publicaba en portada el siguiente sumario: «Duran asume la relación del Govern con España». En el enunciado, claro, «Duran» era Josep Antoni Duran Lleida, y «el Govern», el Gobierno de la Generalitat. En cuanto a la palabra «España», lo más probable es que estuviera allí en funciones y que el titular de la designación fuera el Gobierno del Estado. Lo más probable. Y es que entre los tres términos del enunciado —Duran, Govern, España— se establecía, aparte de la relación indicada, otra manifiestamente desigual; así como los dos primeros tenían un referente inequívoco, el tercero, como consecuencia del proceso de sustitución operado, dejaba el campo libre a la imaginación. Del mismo modo que uno podía ver allí la presencia del Gobierno del Estado, podía ver la del propio Estado. O la de la Nación, constituida por el conjunto de sus ciudadanos. O la de vaya usted a saber quién o qué. Son las ventajas de los tropos. Actúan con la elasticidad de una goma de mascar y, encima —aunque ello ya depende de la destreza de cada usuario— permiten confeccionar unos globos enormes.

En todo caso, esa querencia de la prensa catalana por «España» como tropo es bastante reciente. Por lo menos, en los diarios importantes. Antes lo que abundaba era otra sinécdoque, el famoso «Madrid», cuya mera expresión —rematada por aquella «t» inconfundible— acarreaba ya en según qué labios todo un memorial de agravios. Pero «Madrid», al cabo, era algo así como «París», «Londres» o «Washington», esto es, un recurso periodístico consagrado para referirse al Gobierno del Estado. Lo cual permitía hablar, con propiedad, de los contactos entre el Govern y Madrid, en la medida en que estos contactos se daban entre un Ejecutivo autonómico y uno central. Lo de «España» no va por aquí. Lo de «España» presupone forzosamente que la relación ya no se establece entre dos gobiernos de rango distinto, sino entre pares. Como si fueran Francia, por ejemplo, o el Reino Unido, o los Estados Unidos, quienes la ejercieran. O sea, como si Cataluña fuera lo que no es: un Estado independiente, con un ministro plenipotenciario, cuando no un embajador, al que se nombra para que represente al Gobierno del país lejos de la patria.

Como es natural, esa deriva de los medios catalanes resulta inseparable de la deriva de su clase política. O, lo que es lo mismo, del camino emprendido con la reforma del Estatuto, desde los primeros brindis al sol de hace una década hasta la mismísima sentencia del Constitucional. A lo largo de estos años interminables, y en particular durante el último de regencia del tripartito, la prensa ha actuado como una avanzadilla del poder autonómico. Sin rubor alguno, sin turbarse lo más mínimo, asumiendo como una especie de causa general lo que no eran sino intereses de parte, diarios, radios y televisiones catalanas, en grados distintos pero coincidentes, han ido consolidando la ficción de una Cataluña soberana, desgajada de España —y, si no desgajada ya, deseosa al menos de consumar cuanto antes la tan ansiada separación—. De ahí que España se haya convertido, para esos medios, en una realidad ajena, con la que Cataluña no tiene ya otra relación que la que emana de los pleitos en curso.

En este sentido, nada hay tan revelador del deterioro periodístico catalán como el editorial publicado al unísono, el 26 de noviembre de 2009, por la docena de diarios radicados en la todavía comunidad autónoma. Lo recordarán, sin duda. Se titulaba «La dignidad de Cataluña» y no era sino un intento ruin de condicionar la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto cuando todo daba a entender que esa sentencia, por entonces, ya no podía demorarse. Pero, más allá del texto y sus intenciones —entre las que también estaba, por supuesto, la de soliviantar a una parte notable de la sociedad catalana contra una de las más altas instituciones del Estado—, lo más significativo de la iniciativa era su carácter colectivo. O sea, que toda la prensa diaria editada en Cataluña pudiera suscribir, sin que ninguna cabecera sintiera siquiera la necesidad de expresar una reserva al respecto, un mismo texto, y precisamente aquel. La unanimidad más absoluta. El asentimiento más general. O, si lo prefieren, un retoño algo tardío de aquellos editoriales de inserción obligatoria tan comunes en la prensa española de la inmediata posguerra, la de la censura y las consignas.

Pero esa vanguardia periodística entregada a realizar el trabajo sucio de la clase política autonómica no se manifestó tan solo, corporativamente, a través del mencionado editorial. Medio año más tarde, y con la sentencia del Estatuto todavía en el alero, sesenta columnistas autocalificados de «colaboradores de la prensa diaria catalana, de sensibilidades y talantes diferentes», publicaron en muchas cabeceras de esa misma prensa diaria un artículo conjunto, «El dilema español», en el que arremetían también contra el Alto Tribunal, al tiempo que abogaban sin tapujos por la secesión de Cataluña si el fallo no respetaba en su integridad el texto aprobado en referéndum. Ya no se trataba, pues, de un bando más o menos institucional —en la medida en que un editorial refleja siempre, por definición, el punto de vista del medio en que se inserta—, sino que ahora la proclama la suscribían reputados comentaristas —y entre ellos, por cierto, quien ha acabado siendo consejero de Cultura del primer gobierno de Artur Mas—. Bien es verdad que, en Cataluña, la función de comentarista tiene siempre un halo familiar. La distancia entre los protagonistas de la actualidad —y singularmente de la actualidad política— y quienes se supone que deben juzgarla es mínima. Hasta tal punto que no resulta nada extraño encontrar en determinadas columnas un «querido Jordi» o una «querida Montserrat» dirigidos a algún político sobre cuya actuación se ha vertido o se va a verter una ligerísima crítica. Como una suerte de cataplasma para que aquel compañero de fatigas no sufra más de la cuenta, o de «captatio benevolantiae» para que en la próxima cena no se le ocurra echárselo en cara al escribidor.

Y es que esa relación entre periodismo y política descansa en el compañerismo, en la intimidad. No se trata de nada nuevo. Hace cosa de un siglo, el francés Robert de Jouvenel lo describió admirablemente en un libro titulado «La République des camarades»: «Entre los hombres encargados de controlar, en calidad de lo que sea, los asuntos públicos, se establece una intimidad. No es ni simpatía, ni estima ni confianza; es propiamente camaradería, algo que está, en suma, a medio camino entre el corporativismo y la complicidad». Lo nuevo, en el caso catalán, es que las transacciones entre el poder político y el llamado cuarto poder ya no se producen de tapadillo, sino a plena luz, mediante un persistente goteo de favores y subvenciones. Pero, por lo demás, insisto, no existe diferencia alguna entre aquellos tiempos franceses y los tiempos que corren en Cataluña. Ah, y, por no existir, no existe ni siquiera la certeza de que la carcoma que fue royendo entonces a la Tercera República francesa, hasta llevársela por delante, no pueda hacer lo propio con nuestra Monarquía Constitucional.
XAVIER PERICAY ES ESCRITOR

Caza mayor
Zapatero ya no se molesta ni en mentir cuando la oposición le pregunta por el paro.
Ángel Collado www.gaceta.es 27 Enero 2011

Alfredo Pérez Rubalcaba bajo el vuelo del Faisán, Manuel Chaves con los mil millones para su hija Paula, don José Blanco que sin gafas parece menos ministro y más albacea de la sucesión y Zapatero que ya no se molesta ni en mentir cuando la oposición le pregunta por el paro. Es el panorama del Gobierno que se encontraron los diputados del PSOE en la primera sesión de control al Ejecutivo del año, que se celebró ayer en el Congreso. Visto lo visto, les dio por reírse. Lo que más gracia les hizo fue la pregunta de Ignacio Gil Lázaro sobre el sumario que viene a cuenta del chivatazo a la banda terrorista ETA. Es que se partían. Cuanto más serio se ponía el vicetodo, más carcajadas en los escaños socialistas.

Algo falla en el entendimiento entre los diputados más zapateriles, que no se toman en serio el acoso al candidato a sucesor más prisaico, que sí empieza a parecer preocupado. Retomado el caso por el juez, Rubalcaba prefirió escurrirse a la hora de la respuesta por el método del viejo refrán: “¿A dónde vas? Manzanas traigo”. Las reinetas en este caso consisten en decir que la lucha contra ETA va muy bien.

Al Gobierno se le acumulan los reveses judiciales y la oposición no se relaja, pese a las euforias de su última convención. Gil Lázaro tampoco cede ni se asusta ante Rubalcaba y menos ante “las señorías de la risa”. Concienzudo y pertinaz, sabe que está ante un caso de “caza mayor” y no ceja en el empeño. Continuará. Luego está Zapatero, ahora dedicado a contener a sus amigos sindicalistas y a cultivar las complicidades con los nacionalistas. Cuando sube a la tribuna para cumplir con el trámite, los propios ya le aplauden menos de lo justo. Los guerristas que quedan, como Francisco Fernández Marugán, ni eso.

Las subvenciones familiares de Chaves, que vino de la Junta de Andalucía al Gobierno de Zapatero para prejubilarse, permiten al Grupo Parlamentario Popular preguntar, de vicepresidente en vicepresidente, por escándalos notorios.

Y queda Blanco, que no se sabe si va de don José cuando se quita las gafas para sostener que Rubalcaba sólo “es una opción” para relevar al jefe, o vuelve a ser el “Pepiño” –con gafas– que controlaba el PSOE al servicio de “José Luis”. Pero los diputados socialistas se ríen.

La ETA amparada
El Centinela www.gaceta.es 27 Enero 2011

La reciente tradición independentista vasca, que es la del PNV, ha sido la internacionalización de sus pretensiones; la última fue en Santoña.

“Un inglés vino a Bilbao por ver la ría y el mar […]”. También en busca del carbón y el acero de otras épocas y hoy la Unión Jack con los colores cambiados ondea en una parte de España, las provincias vascas. No es infrecuente la intervención británica en la historia de la política nacional ni tampoco en Cataluña defendiendo al pretendiente no francés en la guerra de sucesión. Nos queda un recuerdito, el Gibraltar británico, mientras Hong Kong es chino. Ahora se pretende la “freedom for Catalonia”.

La reciente tradición independentista vasca, que es la del PNV, ha sido la internacionalización de sus pretensiones; la última fue en Santoña, donde pretendieron rendirse a los italianos vendiendo a su adorada república federalista y a su frente popular.

Esto pasó; ahora llegan los negociadores anglófonos primos de los negociadores con los piratas y descendientes de Drake.

Y mientras llegan estos expertos negociadores con piratas y terroristas, los servidores del Instituto (Gloria a Ti) tienen que lidiar la basura que mancha y se les acusa de estar manchados. Lo que mancha son los negocios de rédito político personal y de partido con terroristas y eso debe también juzgarse penalmente.

Estas cacas han asesinado vilmente a muchos españoles. Primero de uniforme y ante la falta de reacción pasaron a los políticos que sí suscitaron reacción.

Sigue siendo noticia esta maldita sigla bajo la cual se esconde la guadaña que ha segado y siega la vida de los españoles. Y lo seguirá siendo mientras la Ley no ponga a cada cual en su sitio. Y hay sitio para todos, unos en la celda enrejada y otros perseguidos por su conciencia mientras vivan. Lo malo es que mientras muchos quedarán eternamente envueltos por las lágrimas, otros no tienen conciencia. No podemos olvidar ni a los muertos ni a sus familias y amigos. Durante muchos años la historia de España, la vida cotidiana de España, ha estado marcada por los asesinatos más crueles que un ser humano puede imaginar. Los militares también saben de esto y opinan de ello. Tienen mucho que decir, no sólo por los muertos, sino también por el trabajo que han hecho. Desde operaciones de cobertura de la frontera, a jugarse la vida, y pocos lo saben, junto a la Guardia Civil y Policía en misiones en los infiernos de ETA. Muchos han dado su vida para salvar otras.

¿Rechazo a la violencia? ¿Entrega de armas? Muy simbólico pero inservible. Ya no hay más solución que la Ley aplicada con todo rigor y dureza y como consecuencia la cárcel. No hay más. El más mínimo diálogo es una justificación a sus actos criminales y todo lo que se haga a espaldas del pueblo será una vergonzosa traición a este. Los únicos secretos admisibles son los que se mantienen para su eficaz detención y desmantelamiento de sus redes. Acción policial y la ley para detenerlos y juzgarlos, a todos, a los que matan y a los que les apoyan, y la Memoria Histórica para no olvidarlo. Parece muy sencillo pero no todos lo entienden así.

Lo triste de la realidad es que lo de menos son las víctimas, lo de menos son los vascos, lo de menos es España, lo que importa es un triunfo político para un desprestigiado Nobel de la Paz que puede llegar al ridículo y el corolario electoral.

A la banda terrorista ETA ni agua; es hora de que desaparezca su anagrama marxista-mosaico de todos los medios de comunicación; y cuando se hable de ellos se enmarque el relato en una esquela como esta.

Gran Oriente Medio
Bush tenía razón
Emilio Campmany Libertad Digital 27 Enero 2011

Cuando George Bush decidió invadir Irak en marzo de 2003, la izquierda europea puso el grito en el cielo. Es cierto que la invasión fue el fruto de una doctrina preventiva encaminada a evitar futuros ataques como los del 11-S y que esa doctrina, que exigía inutilizar la capacidad ofensiva de Irak, privándole de las armas biológicas y químicas que Saddam se había preocupado de hacer creer que poseía, olvidaba que el 11-S fue un ataque que se perpetró sin emplear estas armas. Además, Bush fue acusado de llevar a cabo una agresión no autorizada por las Naciones Unidas, cosa que no era cierta, aunque la torpeza de Tony Blair hizo parecer que sí.

El caso es que la izquierda, dándole vueltas a la inoperancia de la invasión en su finalidad de impedir ataques como el del 11-S y a su supuesta ilegalidad, esgrimió diversos intereses ocultos que supuestamente habían empujado a Bush a ordenar el ataque. Primero, fue el petróleo. Luego, siendo tal falsedad tan burda, enarbolaron los supuestos intereses económicos del vicepresidente Cheney en las compañías privadas de seguridad que empezaron a operar en Irak una vez finalizada la campaña e iniciada la ocupación.

Sin embargo, todos, de derechas y de izquierdas, olvidaron que Bush fue a Irak sobre todo a otra cosa, a liberar el país con la esperanza de que, si lograba que la semilla de la democracia arraigara en el valle del Tigris y el Éufrates, el ejemplo cundiría en el resto del Gran Oriente Medio. Esta amplia franja de territorio que va desde Marruecos a Pakistán es una región donde hay dos comunes denominadores, sus habitantes son mayoritariamente de religión musulmana y están gobernados por dictaduras. Éste propósito fue ridiculizado por la derecha realista, que no cree que los países musulmanes sean capaces de democratizarse y entiende preferible apoyar dictaduras laicas que tengan a raya a los fundamentalistas. Y también por la izquierda idealista, que supone que la única alternativa posible a las dictaduras que estos países padecen es la república islámica, una suerte de democracia orgánica inspirada en el Corán (eso es lo que subyace en la idea de la Alianza de Civilizaciones de nuestro Zapatero).

Pues bien, al cabo de casi ocho años, el ejemplo de Irak ha prendido en lugar más insospechado, en Túnez. Y luego se ha extendido a otra de las dictablandas apoyadas por Occidente, Egipto. Los fundamentalistas islámicos llevan decenios tratando de derrocar a los que ellos llaman dictadores apóstatas sin ser nunca capaces de llevar a su molino ideológico partes significativas de población. Pero lo que el islam radical nunca logró, parece que podría hacerlo la democracia. En Irak, la gente se jugaba la vida yendo a votar. En Túnez se la están jugando para democratizar a su nación. En Egipto están en vías de lo mismo. ¿Dónde parará la epidemia?

Bush tenía razón. El interés de Occidente no está en apuntalar unos regímenes despóticos que mantienen a la población empobrecida y la hacen fácil pasto del fundamentalismo. El interés de Occidente, y su responsabilidad moral también, está en fomentar y apoyar la transformación de esos regímenes en verdaderas democracias. Nosotros, los españoles, podríamos empezar por respaldar esta clase de cambios en Marruecos en vez de pagar fortunas para que no nos manden terroristas, que de vez en cuando alguno siempre acaba viniendo para demostrar cuán necesario es que sigamos aflojando la mosca. Bush tenía razón, es la libertad, estúpidos.

Unas preguntas sobre el 11-M para doña Elena Valenciano
Luis del Pino Libertad Digital 27 Enero 2011

Dice doña Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, que "hemos vuelto a la teoría de la conspiración y a las mentiras", refiriéndose a las declaraciones de Javier Arenas en las que el político del PP se comprometía a que su partido impulsará las investigaciones del 11-M en cuanto llegue al gobierno.

Una y otra vez, en cada ocasión en que el PP menciona el 11-M, el PSOE reacciona siempre igual: con el mismo nerviosismo y con la misma consigna ya gastada de la teoría de la conspiración.

Bueno, no del todo igual, porque con el paso del tiempo la reacción del PSOE va siendo cada vez menos irónica y cada vez más crispada. ¿Se acuerdan ustedes de cuando se permitían hacer bromas a cuenta del 11-M? Pues ya ni eso. Incapaz ya de almíbar, ahora la reacción del partido que nos gobierna es siempre acíbar: entre amenazante e histriónica. Y sacan a pasear sus espantajos favoritos, sin percatarse de que el reflejo condicionado de la sociedad dejó de funcionar hace ya mucho tiempo.

Permítame doña Elena Valenciano unas preguntas:

1.- ¿Sería doña Elena capaz de decirnos los nombres y apellidos de las doce personas que colocaron las bombas del 11-M? Dado que no sería capaz (porque la propia versión oficial sólo identifica a un único colocador de las bombas), ¿por qué le parece mal que el PP exija que se siga investigando?

2.- ¿Podría doña Elena Valenciano decirnos cómo se transportaron las bombas hasta los trenes y en qué estación se colocaron? Dado que no sería capaz (porque la propia versión oficial no ha podido establecer el correspondiente relato de los hechos), ¿por qué le pone tan nerviosa que algunos sigamos insistiendo en querer saber cómo se perpetró el mayor atentado terrorista de nuestra Historia?

3.- ¿Podría doña Elena Valenciano explicarnos quién ordenó empezar a destruir, y por qué razón, los trenes del 11-M cuarenta y ocho horas después de la masacre y por qué motivo se niega el gobierno del PSOE a aclarar ese punto, si quien gobernaba entonces era el Partido Popular?

4. ¿Considera doña Elena Valenciano que las numerosas víctimas del 11-M que reclaman saber la verdad y que cuestionan la versión oficial de los hechos están propalando teorías de la conspiración? ¿O piensa, como pensamos muchos, que esas víctimas merecen respeto y que, por lo menos, se conteste a sus dudas con argumentos y no con descalificaciones?

5. ¿Qué le parece a doña Elena Valenciano que haya en estos momentos dos mandos policiales imputados, a instancia de las víctimas del 11-M, por el delito de falso testimonio y por el delito de manipulación por ocultación de pruebas?

6. ¿Qué le parece a doña Elena Valenciano que el gobierno del Partido Socialista Obrero Español esté negando a la juez correspondiente, desde hace casi un año, los documentos que la juez reclama, a instancia de las víctimas del 11-M? ¿Qué razón cree que existe para que el Ministerio de Interior obstruya de esa manera la acción de la Justicia?

7. ¿Qué le parece a doña Elena Valenciano que los tribunales hayan establecido reiteradamente la veracidad y rigurosidad de las informaciones publicadas por los escasos medios de comunicación, como el periódico El Mundo y Libertad Digital, que han impulsado la investigación independiente del 11-M y que han cuestionado la versión oficial de los hechos?

Y, finalmente, ¿cree doña Elena Valenciano que a estas alturas de la película le van a servir de algo al PSOE los mismos viejos clichés gastados de siempre?

Doña Elena, renueve el repertorio de consignas, por favor. Las que tiene huelen ya a rancio, de tan manidas que están. Las víctimas y la sociedad reclaman respuestas, no exabruptos.

Y le recuerdo, doña Elena, que España se merece un gobierno que no mienta, un gobierno que diga toda la verdad. Y seguimos sin saber quién asesinó a 192 personas el 11 de marzo de 2004.

PIDE APOYO FRENTE A INTERIOR Y EL 11-M
Ángeles Domínguez: "¿Por qué el PP no nos ayuda ahora?"
Las víctimas del terrorismo se han mostrado sorprendidas con las palabras del PP de comprometerse a investigar el 11-M si llegan al Gobierno.
LIBERTAD DIGITAL 27 Enero 2011

Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-M, se muestra esperanzada por las palabras del PP, aunque ha asegurado en esRadio que "a nosotros no nos han preguntado". Por ello, consideró que "no todas las víctimas quieren dejar las cosas tal cual están" y abogó por retomar las investigaciones.

De este modo, Domínguez dice no "resignarse" a pesar de que todos estos años "nos han considerado un poco ciudadanos de segunda", en alusión a las palabras de Elena Valenciano. La dirigente socialista esgrimió el dolor de las víctimas para criticar las palabras de Javier Arenas sobre impulsar una investigación.

Sobre el giro en el PP que insinuó Arenas, ha recordado que pueden empezar a ayudarles desde ya reclamando los documentos que Interior no entrega sobre el protocolo de actuación de los tedax: "No hace falta que se espere a otra legislatura. ¿Por qué no lo hacen ahora?"

Por su parte, Francisco José Alcaraz, presidente de Voces Contra el Terrorismo, aseguró al diario El Mundo que las palabras de algunos dirigentes populares "abren las esperanzas a que en un futuro, si el PP llega al poder, cumpla sus compromisos e investigue el 11-M. Porque en el Gobierno de Rodríguez Zapatero son todo zancadillas y trabas para obstaculizar cualquier tipo de investigación encaminada no sólo a esclarecer hechos sino a desenmascarar a aquellos que han tratado de ocultar la verdad. Suena a oportunidad y compromiso. Las víctimas esperamos que se cumpla".

Mientras tanto, Ángeles Pedraza, de la AVT, también afirma que se ha "alegrado mucho ante las palabras y el compromiso de Arenas de rescatar el 11-M del olvido. Ningún político se acordaba ya de nosotros".

La nota discordante la pone Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, que ha exigido a Javier Arenas que no juegue "con el dolor de las víctimas" por lo que le ha instado a hacer público "de una vez" cualquier dato que tenga sobre el 11-M, puesto que "lo demás son brindis al sol".

SACÓ UN 6,9 EN EL EXAMEN FINAL
Un juzgado anula el suspenso a una objetora de EpC
Tras dos años, por fin la justicia da la razón a esta menor y a sus padres.
EUROPA PRESS Libertad Digital 27 Enero 2011

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ha anulado el suspenso en Educación para la Ciudadanía obtenido por una alumna menor de edad, objetora de conciencia en la asignatura, y ha decidido darle un aprobado.

Los hechos han sucedido en un Instituto de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid y se remontan al curso 2008-2009, en el que los padres de la menor presentaron objeción de conciencia en nombre de sus tres hijos, si bien sólo a una de las hijas le tocaba cursar la asignatura ese año.

La menor en cuestión, como objetora, no acudió a clase ni realizó las tareas propias de la asignatura durante el curso pero, al final del mismo, decidió presentarse al examen final haciendo uso de sus derechos escolares.

En el examen final, la alumna objetora obtuvo un 6,9. Sin embargo, en el impreso del examen se indicaba que, para la nota final de la asignatura, se contabilizaría un 40% de la nota obtenida por el trabajo en clase y un 60% a través de la nota del examen.

Sin embargo, según pone de manifiesto la sentencia, este criterio de evaluación "no concuerda exactamente" con los establecidos a principio de curso por el propio instituto, que consideraba suficiente aprobar la asignatura mediante examen final.

El juez pone de manifiesto en su fallo que para aprobar en junio sí se tienen en cuenta los trabajos de clase y para hacerlo en septiembre no. "Sería más difícil (por tanto) aprobar la asignatura en junio que en septiembre, lo que no tiene lógica alguna", explica. "No puede ser el examen de septiembre más fácil que el de junio, porque eso sería primar al mal estudiante frente al bueno", ha añadido.

Así, su decisión es estimar el recurso interpuesto por la familia después de que la Dirección Territorial ratificara el suspenso puesto por el profesor mediante resolución administrativa.

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El nuevo ave Fénix
Javier G. FERRARI La Razón 27 Enero 2011

El Faisán, como nuevo ave Fénix, ha resurgido de las cenizas en que quiso convertirlo Baltasar Garzón. Cuando el Gobierno pensaba que su juez de cabecera les había dejado el asunto solucionado antes de dejar el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, su sustituto mientras dure la suspensión, Pablo Ruz, ha hecho resurgir de sus cenizas al pájaro-nido donde se iban a reunir otro tipo de pájaros a quienes la Policía consideraba los responsables del aparato de extorsión de ETA. Para el juez Ruz, que se va a hacer famoso a su pesar, existen indicios sobre un chivatazo desde el seno de las Fuerzas de Seguridad del Estado para evitar que los susodichos pajarracos cayeran en la red de una operación policial planificada y estudiada.

Si los hechos son así y las nuevas diligencias que Ruz pide en su auto lo demostraran, estaríamos ante un asunto de tal gravedad que tendrían que rodar cabezas, pero de primer nivel y no de segunda o tercera fila como hasta ahora. Sólo desde una decisión política se entiende lo que pasó, si es que se demuestra que pasó así.

De nada serviría intentar justificar lo injustificable por el fallido y mal llamado proceso de paz, o para dejarlo más claro, la negociación que el Gobierno de Zapatero llevó a cabo con la banda terrorista. Es verdad que desde la ruptura de aquel paréntesis en el que los etarras decidieron perdonarnos momentáneamente la vida, y a pesar de los muchos guiños realizados por los terroristas y sus comparsas batasunos como los recientes anuncios de lo que ellos llaman tregua, los éxitos policiales son importantes y el Ministerio del Interior no parece haber bajado la guardia ni un sólo minuto.

Pero las buenas acciones de hoy no sirven para borrar unos posibles delitos que, si al final la Justicia los da por cometidos, supondrían una rotura consciente de uno de los fundamentos del Estado de Derecho. Grande Marlaska, el primer instructor, ya denunció en su día que el Ministerio que dirige el vicetodo Pérez Rubalcaba sólo ponía trabas y pegas para una correcta investigación. Luego Garzón, demasiado ocupado en aparecer como el adalid de la justicia universal, decidió que pelillos, plumas en este caso, a la mar que al fin y al cabo nos estábamos jugando la paz en Euskadi, como si en algún momento hubiese habido una guerra y no una pandilla de matones que llevan medio siglo intentando que el País Vasco, y el resto de España, comulgue con sus ruedas de molino a cambio de olvidar el tiro en la nuca y los coches bomba.

Si el llamado «caso Faisán» sigue adelante gracias a la decisión de un juez que no se casa con nadie, salvo con la justicia misma, alguien va a tener que pedir perdón a las víctimas cuya memoria, en recientes palabras del presidente del Gobierno, perdurará más allá de la existencia de ETA, y además asumir responsabilidades políticas al margen de las penales que se deriven de proceso si al final esas nuevas diligencias conducen a un lugar distinto al archivo, como la fiscalía, siempre queriendo agradar al poder, lleva pidiendo sin parar.

El Faisán y Rubalcaba
Román Cendoya www.gaceta.es 27 Enero 2011

La instrucción que está haciendo el juez Ruz pone en evidencia a Garzón

Rubalcaba demostró ayer una vez más, con su respuesta al diputado Gil Lázaro, que para él el fin justifica los medios. Decir que se le pregunta por el Faisán porque la lucha contra ETA va bien es otra frase para la vergüenza del ministro, y por lo tanto responsable político, bajo cuya gestión se cometieron dos delitos tan graves como la colaboración con banda armada y la violación de secretos. ¿Qué va bien? ¿Que los etarras se van a presentar a los ayuntamientos? ¿Que se están dando beneficios penitenciarios y excarcelaciones? ¿Que se está humillando a las víctimas? ¿Cree que al PP le molesta que se pueda derrotar a ETA? El problema es que más que luchar contra ETA, negocian con ETA.

Rubalcaba no quiere asumir su responsabilidad política. No lo hizo después de las falsas verificaciones del cese definitivo que posibilitaba la negociación política con ETA y no lo va a hacer ahora con el delito de colaboración con banda armada del Faisán. La instrucción que está haciendo Ruz pone en evidencia a Garzón, quien formaba parte de la trama política de Rubalcaba, y a su todo vale por el poder. Garzón instruyó el caso Faisán buscando la protección y la ocultación de los responsables del delito. Garzón no hacía Justicia, hacía política.

La última coartada que han encontrado para intentar proteger a los delincuentes y sus mandos políticos –para un acto así sólo pueden ser el ministro y el presidente– es que se está protegiendo a un confidente. No me lo creo. ¿Qué tendrá que ver una operación de detención del entramado recaudador de ETA con una cita con un confidente? ¿Qué pasa, que quedaban en el bar Faisán un jefe de la poli y un etarra mientras en la mesa de al lado tantos empresarios entregaban dinero a terroristas? ¿No había en Euskadi un sitio más discreto y con menos cámaras de seguridad y grabación que la rotonda de Behobia? Queremos que se juzgue a los responsables. Y que los políticos asuman su responsabilidad.

CiU
El derecho a pujolear
Antonio Robles Libertad Digital 27 Enero 2011

Como éramos pocos, parió la abuela. Ahora es Pujol, el hombre de Estado, el catalán comedido y prudente quien advierte: si avanza la uniformización, "la alternativa tan solo podría ser la independencia". Lo dijo el martes, 25 de enero, bajo el título: Del Tribunal Constitucional a la independencia. Pasando por Quebec. Lectura recomendable para conocer de cerca el pensamiento íntimo del constructor sinuoso de la Cataluña soberanista basada en el rechazo al mito de una España caduca nacida del dominio de Castilla.

En Cataluña el derecho a decidir va por barrios y se predica de muchas formas. La manera de predicar el "dret a decidir" de CiU es el "el derecho a chantajear". La pela es la pela y las arcas del Gobierno de la Generalitat están vacías. Curiosamente, en las elecciones Artur Mas y el propio Pujol repitieron hasta la náusea que "ahora no toca hablar de independencia". Parece que ya sí. Puede que antes se alimentara el espacio electoral de ERC y ahora se necesita para chantajear al Estado y agitar a la clientela.

Llueve sobre mojado. Artur Mas en La Vanguardia advertía el pasado 9 de enero: "si España no se mueve, hay riesgo de ruptura". Y ayer mismo, añadía: "Desde Cataluña nos hemos de rearmar" frente al "intento de laminación y de disminución" del autogobierno. Su vicepresidenta, Joana Ortega, en Catalunya Radio, se sumaba al chantaje al relacionar las reivindicaciones económicas con la independencia: "Si a esto se le puede llamar [ser] independentista, pues quizá sí, [lo soy]". Y el cabeza de lista de CiU a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias enfatizaba: "Iré a votar a la consulta por la independencia del día 10 de abril, sin duda".

Seguramente los ciudadanos preferirían que el presidente de Cataluña se rearmase para asegurar empresas como Nissan o Yamaha, derrochase menos millones en sostener a Spanair por cuestiones identitarias en clara competencia desleal contra el resto de compañías (especialmente Vueling), pusiese límites a la deuda pública o acabase con la política internacional de embajaditas. Pero esas acciones son empíricas y verificables, el magreo de sentimientos no, y además crea "país".

La escusa de Pujol ha sido las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Cosas de la liturgia soberanista. La de Artur Mas es la administración de los "recursos propios" a través de un "pacto fiscal", o sea, el "concierto económico" o cupo vasco. Forma y fondo. A veces es la pasta, o sea, el fondo; a veces es el Volksgeist, el espíritu del pueblo, la nación, la bandera... la forma. Y siempre la advertencia, la bronca, el chantaje.

Mala cosa es para una nación que algunos de sus gobiernos regionales utilicen la amenaza de la ruptura institucional cada vez que la aritmética democrática no les es favorable. La estructura del Estado no puede depender de las disputas democráticas ordinarias.

Hay quien cree que a estas bravuconadas no hay que darles demasiado crédito. La autosuficiencia perdonavidas de buena parte de la intelectualidad política española afincada mentalmente en Madrid siempre las ha despreciado. Sin embargo, Pujol sabe lo que dice y por qué lo hace, Artur Mas achucha para conseguir beneficios, Joana Ortega se deja querer para estar en misa y repicando, y Trias dispara con escopeta de perdigones. Pero mientras estos profesionales del chantaje utilizan el tremendismo para conseguir ventajas hablando de independencia, una pléyade de adolescentes inadvertidos interpretan la chulería al pie de la letra. Así crecerán, nunca sabrán por qué piensan así. Sentirán. Eso es todo.

Esta misma mañana en RAC 1 Pujol insistía: "Somos diferentes [es decir, somos superiores], (...) La inmersión lingüística es un punto clave. Si nos dicen que la inmersión lingüística se ha acabado, esto es un casus belli". Inquietante pasividad del Gobierno de la nación y del fiscal general del Estado ante esta espiral de violencia en el lenguaje de altos representantes del Estado: "Tenemos que rearmarnos", dice Mas, y añade Pujol, "tumbar la inmersión es causa de guerra".

La ley les ha puesto frente al espejo. Quieren romper el espejo para incumplirla. Tómenles en serio, no para arrugarse, sino para hacerles cumplir la ley.

El PP recurrirá al Constitucional para que los ayuntamientos puedan endeudarse
 www.gaceta.es 27 Enero 2011

El Partido Popular va a recurrir ante el Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales del Estado para 2011 por el daño que, en opinión de este partido, han supuesto para la gestión financiera de los Ayuntamientos y, en concreto, porque suponen una vulneración del principio constitucional a la igualdad porque no todos los ayuntamientos pueden endeudarse, por ejemplo, Madrid.

La próxima presentación del recurso, que ultima el Grupo Ppopular en el Congreso, ha sido anunciada hoy por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y por el coordinador de Política Autonómica y Municipal del PP, Juan Manuel Moreno, tras una reunión de ocho alcaldes del PP con su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Hay garantías suficientes para presentar ese recurso porque vulnera el principio de igualdad", ha afirmado Moreno tras este encuentro, del que además ha surgido una iniciativa parlamentaria para debatir en el pleno del Congreso con la cual el PP pretende que se flexibilice la capacidad de endeudamiento de los consistorios. Según Moreno, "no hay los mismos derechos por parte de distintos ciudadanos dependiendo de la ciudad en la que vivan".

Por su parte, Rita Barberá ha destacado que en este recurso ante el Constitucional el PP va a asumir algunos de los planteamientos de los alcaldes de este partido, que se sienten perjudicados por la financiación local que se traduce en la ejecución presupuestaria.

Así, ha destacado que existe una "discriminación injustificada" a la hora de permitir a unos ayuntamientos endeudarse mientras que a otros no se les deja asumir más deuda.

"Los ayuntamientos estamos perdiendo año tras año capacidad de gestión porque estamos perdiendo ingresos debido a que el Gobierno nos engaña", según la alcaldesa. Además, ha negado que los ayuntamientos tengan problemas financieros porque sean unos "manirrotos", sino porque están asumiendo competencias que no les corresponden, muchas de ellas de carácter social, como las entregas de comida a los necesitados.

Con el fin de hacer frente a esta política, el Grupo Popular ha redactado una proposición no de ley con propuestas para que el Congreso inste al Gobierno a adoptar medidas urgentes, en el plazo de un mes, referidas al ámbito financiero, y otras de ámbito estructural, a más largo plazo, con el propósito de mejorar el sistema de financiación municipal.

Tocado por el ‘caso Faisán’
*María Luisa G. Franco www.gaceta.es 27 Enero 2011

Pablo Ruz ha mostrado la profesionalidad que se le supone a un juez y piensa ir hasta el final.

El futuro político del vicepresidente y ministro del Interior puede quedar en el aire por la investigación judicial del caso Faisán. La decisión del juez Pablo Ruz de reactivarla, pese a la oposición de la Fiscalía, amenaza con sacar a la luz lo que el Gobierno de Zapatero lleva cinco años queriendo tapar, con la colaboración del juez Baltasar Garzón: que la orden de avisar a ETA de que se iba a desarrollar una operación policial contra su red de extorsión, en un momento en el que el Ejecutivo negociaba con la banda, partió del propio Ministerio del Interior.

Dos de los tres imputados por el chivatazo a ETA en el Bar Faisán llamaron –antes, durante e inmediatamente después de que se produjera el aviso a los terroristas– a tres números de teléfono, dos móviles y un fijo, registrados a nombre de la Subsecretaría de Estado del Ministerio del Interior. Sin embargo, en ninguno de los atestados realizados en la instrucción que dirigió el juez Garzón se identifica a quienes usaban esos teléfonos oficiales.

Pablo Ruz se ha enfrentado a este asunto con la profesionalidad que se supone a todos los jueces y va a tirar de la escala de mando hasta determinar quién es el responsable último de la actuación de los tres imputados: el ex director de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Euskadi, Enrique Parnies, y un inspector de Vitoria. Nadie cree que actuaran por su cuenta, máxime cuando Víctor García Hidalgo ha sido, tras su imputación en el caso, fuertemente arropado por el PSE.

El Gobierno contaba con que Garzón archivara el tema, pero su relevo ha torcido sus planes y el vicepresidente va a quedar tocado, después de mirar para otro lado en las 30 ocasiones en las que el Grupo Popular le ha preguntado en el Congreso por el chivatazo a ETA. El “asunto”, del que todavía ahora el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, dice que no sabe bien de qué va, puede influir en la decisión que finalmente tome el PSOE sobre quién será su candidato a la Presidencia del Gobierno en 2012.

*María Luisa G. Franco es periodista.

Albert Rivera: 'Artur Mas escucha a los que quieren la insumisión e ignora a los que tienen la ley de su lado'
NOTA DE PRENSA www.ciudadanos-cs.org 27 Enero 2011

El presidente de C's quiere una reunión con Mas y con la consellera Rigau y exige que escuchen a las entidades que defienden el bilingüismo en la escuela

El presidente de Ciutadans (C's), Albert Rivera, junto con la diputada Carmen de Rivera, el presidente de Convivencia Cívica, Francisco Caja y la representante de la Asociación para la Tolerancia, Elvira Fuentes, ha exigido al presidente de la Generalitat que, en representación a su cargo, “escuche a todos los ciudadanos, a toda la sociedad civil” ante la reunión mantenida ayer con entidades que no quieren que se cumpla el bilingüismo en la escuela cómo ha sentenciado el Tribunal Supremo. “Mas escucha a los que quieren la insumisión e ignora los que tienen la ley de su lado”.

Por eso, el presidente de C’s ha afirmado: “Mas tiene que reunirse también con aquellos que defienden un modelo lingüístico de convivencia no sólo con los insumisos y los subvencionados porque lo que está haciendo el presidente es no escuchar a aquellos que tienen la ley de su parte, a aquellos que piden que en la escuela tenga el mismo trato el catalán que el castellano”.

El presidente de C’s ha dicho también que es “indignante que Mas, lejos de buscar un modelo de convivencia busca el paraguas de cobertura en el camino de la insumisión a la que nos tenía acostumbrados Montilla”. A su vez ha denunciado el uso de la Generalitat, “una institución de todos”, para amparar el desacato.

Además de anunciar que pedirá formalmente al presidente Artur Mas y a la consellera de educación Irene Rigau que se reúna con C’s para llegar a un modelo educativo de convivencia y saber de qué manera aplicaran la sentencia, Albert Rivera, también pide que el presidente y la consejera mantengan un encuentro con las entidades que defienden el bilingüismo como Convivencia Cívica y Asociación por la Tolerancia.

Rivera ha vuelto a exigir al presidente de la Generalitat que cumpla las sentencias y que “adapte la ley de educación catalana, que ha quedado derogada en algunos artículos, a la sentencia aplicando a la enseñanza el uso de las dos lenguas vehiculares”. “Mas sabe que el modelo actual es ilegal y ahora hay que saber cuál es el modelo educativo que aplicará” ha dicho Rivera. En este sentido, el presidente de C’s ha reiterado que “si Mas y la consellera de educación Irene Rigau no cumplen la ley tendremos que ir a los tribunales”.


 

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