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Recortes de Prensa   Viernes 28  Enero 2011

 

La necesaria segunda transición
BENIGNO VARELA AUTRÁN ABC 28 Enero 2011

HAN pasado treinta y dos años desde la promulgación de la Constitución española de 1978, que fue fruto del consenso obtenido entre todas las fuerzas políticas que afloraron tras el régimen que protagonizó el General Franco durante cuarenta años y que, en otro aspecto, vino a representar la plasmación de lo que se ha conocido como la Transición de la dictadura a la democracia.

La realidad del momento actual en España evidencia la imperiosa necesidad de un nuevo pacto supra-partidario que reconfigure nuestro sistema democrático, haciendo, si es preciso —y parece que puede serlo— los retoques constitucionales que se estimen adecuados y oportunos. Es una opinión compartida por amplios sectores de la sociedad civil y no deja de ser llamativo que, según refiere algún medio de comunicación, el propio Príncipe de Asturias, heredero de la Corona, en una reciente intervención institucional, se hubiera hecho eco de la misma, haciendo un llamamiento a la actualización y vigorización del sistema democrático alcanzado hace ya más de tres décadas.

Como es obvio, los presupuestos de esta segunda Transición que parece demandarse se revelan, claramente, diferentes de los que determinaron la primera producida en la década de los setenta del pasado siglo XX, pero no menos importantes en orden a una definitiva consolidación de nuestro sistema democrático y de la organización territorial de España. El sistema de elección de los representantes políticos está demandando una reforma, indemorable ya, si es que, de verdad, se quiere que el pueblo soberano esté adecuadamente presente en las instituciones públicas representativas. Hay que alejar todo atisbo de configuración piramidal de los partidos políticos y eliminar de los mismos todo signo de autoritarismo que vaya más allá de la disciplina indispensable en toda agrupación humana llamada a prestar un servicio público.

Claro es que resulta mucho más cómodo el sistema de listas cerradas que garantiza la promoción de candidaturas que a la dirección del partido le interesa o le viene bien, como también es más expeditivo el nombramiento de cargos en el seno del propio partido por el régimen de designación discrecional. Pero, indudablemente, en uno y otro caso se violentan los principios de libertad de elección democrática, tanto externa como internamente. También, cómo no, habría que pensar en remodelar el sistema electoral a fin de conseguir una más ajustada proporcionalidad representativa, procurando, asimismo, que la fuerza política más votada fuese la que asumiera el Gobierno sin dar ocasión a que partidos minoritarios lleguen a adquirir un protagonismo no concordante con el verdadero resultado electoral.

En otro orden de temas, uno que se halla precisado de un imprescindible y ya no retardable afrontamiento es el referido a la definitiva organización territorial de España, que exige un replanteamiento a fondo que sitúe a las comunidades autónomas en el lugar que, constitucionalmente, les corresponde. Al respecto, hay que decir que cuando se promulgó la Constitución de 1978 y, consiguientemente, su Título VIII, nuestros constituyentes configuraron un mapa autonómico sobre la base de la unidad nacional de España y de un marco competencial precisamente definido que, ciertamente, ha quedado desfigurado por la realidad que se vive en el momento presente y por las reivindicaciones que se formulan para el futuro. El devenir histórico de las comunidades autónomas revela un manifiesto desbordamiento, cuantitativo y cualitativo, que es preciso frenar, mediante un acuerdo de Estado de los principales partidos políticos, si es que no se quiere romper la unidad, política e incluso, en cierta manera, administrativa de España, claramente preservadas, ambas, en las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.

Hay que tener en cuenta que de unas históricas particularidades de apenas tres comunidades autónomas se ha pasado a un régimen generalizado de autonomía regional que se revela de una voracidad insaciable, hasta el punto de pretender dejar vacío de competencias al Estado central. Siendo como es grave, desde una perspectiva política, el fenómeno enunciado, el mismo se agrava sobremanera cuando se contempla desde el prisma económico, y mucho más en una situación de crisis como la que, lamentablemente, se padece en estos momentos a nivel mundial y nacional. Para nadie es un secreto que entidades de ámbito internacional que examinan la solvencia de los distintos Estados están apuntando al gasto de las comunidades autónomas de España como una de las causas determinantes de los enormes déficits y deuda que se mantienen a nivel de Estado y que amenazan con la necesidad de adopción de medidas drásticas para la economía nacional. Cuando se contempla la cuadruplicidad de nuestra Administración Pública —el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos— y, lo que es peor, la duplicidad de organismos, funciones, cargos y puestos de trabajo en algunas de ellas, la verdad es que nadie con sentido común alcanza a ver la necesidad de todo ello y, mucho menos, a justificar el desbordado gasto y la complejidad administrativa que origina.

Se ha sido muy tolerante hasta ahora con las comunidades autónomas, pero parece llegado el momento de poner coto a los innegables excesos que, en buena parte de ellas, se han producido. No es fácil el recorte de competencias transferidas a estas alturas del tiempo transcurrido desde la instauración de las comunidades autónomas, pero no hay otro remedio que poner manos a la obra en la reconfiguración de la organización territorial de España, y es misión y responsabilidad que incumbe a los dos partidos políticos mayoritarios que, dejando de lado sus normales e inevitables rivalidades, han de asumir, como verdadera cuestión de Estado, la nueva y definitiva estructuración territorial de la única nación española. Y cuando se afirma esto no se hace sino reflejar la doctrina constitucional sobre el tema que, pese a todas las ambigüedades atribuibles a la misma, sin embargo, viene a sentar, en definitiva, el principio de la unidad política de España y de sus instituciones fundamentales, lo que requiere para ciertas materias básicas, como pueden ser la justicia, la sanidad y la educación, un principio de unificación que, ciertamente, se ha abandonado en muchos casos.

La ya existente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la obligación en Cataluña de admitir como lengua vehicular en la educación el castellano va en la línea de unificación que se deja enunciada y es preciso, por ende, que, sin esperar a la actuación jurisdiccional y sobre la base de los pronunciamientos hechos ya por el Tribunal Constitucional, las principales fuerzas políticas del Estado asuman su responsabilidad de reconfigurar el mapa autonómico de España, adecuándolo a los principios que emanan de la Constitución de 1978, cuya modificación, en este aspecto a diferencia de otros, no se revela, en modo alguno, necesaria.
Varios otros temas debieran merecer una reconsideración seria y ponderada, y por citar alguno, dentro del limitado espacio que permite un artículo periodístico, viene a la memoria la configuración de nuestros órganos constitucionales, cuyo deterioro público resulta ya manifiesto. Las inadmisibles demoras en la renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional y la, ya descarada, politización de estos órganos constitucionales tendrían que hacer pensar a los responsables políticos que la garantía máxima de un Estado de Derecho se halla, precisamente, en el imperio de la Ley por encima de todo, de tal forma que la misma se convierta en el verdadero «Poder de los Poderes».

De aquí que, tras estos treinta y cinco años desde la transición del régimen dictatorial al democrático en España, se advierta la imperiosa necesidad de un nuevo cambio que, lejos de volver a denostados principios de unificación nacional o de regresión en el régimen de libertades adquiridos, sobre la base del Estado Social y Democrático de Derecho que, felizmente, alumbró la Constitución de 1978, profundice en la participación democrática de la ciudadanía en el Gobierno de la nación, tanto a nivel externo del proceso electoral en su conjunto como a nivel interno de funcionamiento de los partidos políticos, y, por otra parte, se asuma, por estos últimos, el encauzamiento adecuado del Estado de la Autonomías y la más exigente asepsia política en la conformación de los órganos constitucionales del Estado. Desde esta perspectiva, que por supuesto no agota los temas a abordar, es como se propugna la impulsión de una nueva Transición en España.
BENIGNO VARELA AUTRÁN ES MAGISTRADO JUBILADO DEL TRIBUNAL SUPREMO. EX VOCAL PORTAVOZ DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. MIEMBRO DEL FORO SOCIEDAD CIVIL

El rábano por las hojas
El Conciso www.gaceta.es  28 Enero 2011

En tiempos de profunda crisis económica no parece posible justificar el gasto absurdo generado por quienes se empeñan en hablar en lenguas diferentes cuando pueden perfectamente hacerlo en la que todos ellos conocen.

La polémica sobre la recién estrenada interpretación simultánea en el Senado se ha focalizado casi exclusivamente en su coste. Ciertamente, en tiempos de profunda crisis económica no parece posible justificar el gasto absurdo generado por quienes se empeñan en hablar en lenguas diferentes cuando pueden perfectamente hacerlo en la que todos ellos conocen. Pero, con ser un evidente derroche no es esta circunstancia la que hace realmente importante la noticia. Con toda seguridad, si de gastos superfluos e innecesarios quisiéramos hablar, no faltarían los ejemplos tanto o más sonrojantes que el vodevil lingüístico-parlamentario. Lo determinante del paso dado es, una vez más, la decidida actitud del PSOE de abrir paso en las instituciones de todos a determinadas actitudes y comportamientos abiertamente contrarios al espíritu y a la letra constitucional.

Las mal llamadas lenguas propias de algunas comunidades autónomas (una concesión nominal que hace mucho ya hicieron los socialistas a los nacionalistas, pues igualmente propio es el castellano en todas ellas) son, en rigor, lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. Tan importante como eso pero exactamente eso. La única lengua común de todos los españoles, la que todos ellos tienen la obligación de conocer y el derecho a utilizar, es el castellano. De la misma manera que el uso indistinto de las lenguas cooficiales debería estar garantizado en las respectivas asambleas autonómicas (cosa que no siempre ocurre), el uso exclusivo del castellano en las Cortes Generales es la consecuencia lógica de su naturaleza de instituciones representativas de la soberanía nacional en su conjunto.

Lo cierto es que esta confusión a la hora de determinar lo relevante se repite con demasiada frecuencia. El debate sobre la privación del derecho a la vida quedó hace meses reducido a la edad de las abortistas y a la concurrencia de consentimientos. Siendo este tema relevante no debería nunca sustituir al esencial, antropológico, que exige debatir el fundamento de los criterios arbitrarios que permiten disponer de los embriones humanos en su fase de gestación. Y ocurrió también con el matrimonio entre personas del mismo sexo, que aparentemente quedó reducido a una discrepancia sobre cuál habría de ser su denominación más correcta.

Las batallas que no se dan son las que siempre se pierden y, en consecuencia, cuando se elude el debate sobre lo principal se está concediendo de partida la razón al adversario. De lo escuchado a muchos en estos días parece concluirse que la interpretación simultánea en el Senado sería una buena cosa si nos pudiese salir algo más barata; y no es así. Hagamos todos un esfuerzo y no tomemos siempre el rábano por las hojas.

El cuento independentista
Los nacionalistas catalanes saben que tienen entre doce y veinte meses para hacer paté de los hígados zapateristas
CARLOS HERRERA ABC 28 Enero 2011

QUE a nadie sorprenda el nervioso ataque de independentismo sufrido y extravasado esta semana por Jordi Pujol y sus adláteres: siempre lo han sido, aunque lo deseen a medias. Tanto el veterano dirigente nacionalista, tildado repetidamente de «moderado», como los cachorros que ha criado a sus nutridos pechos esconden en sus meandros una corriente indudablemente secesionista que se corresponde, consecuentemente, a su corazón nacionalista. Nada que reprochar: cada uno es lo que quiere ser —aunque la razón y el sentido común desdiga algunas voluntades frívolas e irreflexivas—, pero la ciudadanía que trasiega a diario con las cuitas de la vida moderna, tan antigua a la vez, no está para ser sometida a tensiones inútiles, estériles, melancólicamente absurdas.

Amenazar a estas alturas con la independencia de Cataluña tiene menos efectos que exhibir un matasuegras en cualquier sesión plenaria del Congreso de los Diputados: no sólo no asusta a nadie, sino que puede, incluso, excitar a unos cuantos deseosos de quitarse de en medio la monserga permanente de escuchar lamentos irritados. Es evidente que, en los jardines interiores, agitar agravios de vecindad acarrea pólvora sentimental y arrebatos de dignidad ofendida, pero difícilmente llega más allá de una revolución de bloque de vecinos en su tiempo libre. La independencia de Cataluña, la real, la efectiva, la que supone ponerse a la cola de los países que quieren entrar en la UE, la que significa tenerse que beber todo el vino criado en esa digna tierra, la que implica organizar una liga particular deporte por deporte, la que provoca perder decenas de puntos de su PIB, no interesa más que a unos cuantos espíritus simples e inflamados.

Cualquier cabeza medianamente amueblada sabe que una declaración de independencia, cinematográficamente atractiva, épica como una colección de cromos, motivo indudable de pintores baratos, significa la ruina, el aislamiento sentimental, la anécdota histórica y el enfrentamiento civil, cuando no el éxodo o la huida. Por todo ello hay que situar toda esa verborrea pujolista en su exacto término: a los nacionalistas catalanes no les interesa la independencia, les interesa el independentismo, que es mucho más rentable. La independencia real significaría renunciar a un mercado natural, el español, que resuelve la venta del producto catalán, tan interesante y competitivo, desde el bancario hasta el vitivinícola. El independentismo, en cambio, no es más que un juego de salón, una amenaza permanente, una constante irritación de colon con la que amenazar, tensar, indisponer y excitar respuestas desabridas para así poder mesarse las barbas de patriarca y pronunciar las palabras mágicas que habrán de levantar a un pueblo indignado: «¡nos odian!».

Mediante la independencia llegaría una felicidad postural de no muy largo recorrido, pero mediante el independentismo llegan acuerdos políticos de interés nada despreciable: si los votos de CiU son necesarios para acabar la legislatura, excitarán el ambiente mediante proclamas medievales para obtener, por ejemplo, autorización para emitir bonos, deuda, con la que salir del embrollo en que les ha metido su propia ansia de jugar a los Estados, su propia soberbia presupuestaria, su gasto sin recato por reforzar diariamente la identidad. Aún así, no deberían molestarse tanto: el gobierno será comprensivo y ellos lo saben. Los nacionalistas catalanes saben que tienen entre doce y veinte meses para hacer paté de los hígados zapateristas, más allá de las reivindicaciones razonables que en materia presupuestaria puedan elevar. Durante ese tiempo, la comedia independentista se representará en sesiones de tarde y noche. Háganse a la idea.

Entre el nacionalismo y la 'nacionalitis'
RAFAEL DOMINGO OSLÉ - EL MUNDO 28 Enero 2011

Con sabiduría, los founding fathers volvieron sus ojos a Grecia y a Roma, para encontrar solución a los importantes problemas políticos por la Revolución Americana. El debate sobre el concepto de nación en la España global debería empezar también por ahí, huyendo de políticas cortoplacistas y concesiones electoralistas.

DESDE HACE algún tiempo tenía el deseo de escribir estas reflexiones. Pero no quería hacerlo antes de que se calmaran los ánimos tras la controvertida sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán, que tanto ha desgastado institucionalmente a nuestro Alto Tribunal. Me parece que, vueltas las aguas a su cauce, es hora de abrir en España un debate intelectual, profundo y sereno, sobre la idea de nación que permita dar estabilidad política a nuestro marco constitucional. Para ello propongo un nuevo término -nacionismo- con el que trato de salvar las innumerables deficiencias de un nacionalismo radical y separatista, así como de contrarrestar las peligrosas consecuencias de una comprensible pero devastadora nacionalitis inmovilista, impropia de una sociedad compleja y articulada como las nuestra.

Un breve espigueo por la historia del concepto de nación nos ayudará a despojarlo de los lastres con que ha sido adornado en las últimas centurias. Nascio o Natio (de nascor, nacer) fue el nombre de la diosa romana protectora de los nacimientos. A esta divinidad se refiere, por ejemplo, Cicerón en su diálogo Sobre la naturaleza de los dioses, o en su décima filípica contra Marco Antonio. Utilizan también la palabra nación Tito Livio, en su Historia de Roma, a propósito del Ister e Iliria; Aulo Gelio, en sus Noches áticas, y tantos otros autores clásicos.

A caballo entre el Mundo Antiguo y la Edad Media, Isidoro de Sevilla, en sus Etimologías, considera las naciones como grupos de personas de la misma procedencia. Sentido similar tenía la palabra nación al final del primer milenio de nuestra historia. La emplea en ocho ocasiones Liutprando de Cremona, agudo obispo y vivaz historiador del siglo X, a quien le debemos abundante información sobre esta época tan desconocida. Las incipientes universidades medievales, particularmente la de París, se organizaron por naciones incluso antes de la creación de las Facultades propiamente dichas. Siguiendo esta tradición académica, el Concilio de Constanza (1414-1418) organizó también el cónclave por naciones. En la Edad Moderna, los padres del Estado se sirvieron del concepto de nación en sentido genérico. Lo hizo Jean Bodin, en Los seis libros sobre la República, aunque escasamente. Con más frecuencia lo utilizó Thomas Hobbes, en su Leviatán, cuando trata de la nación judía, o John Locke, en su Segundo tratado sobre el Gobierno civil.

Una profunda carga ideológica alteró la idea de nación en el periodo revolucionario francés con el fin de destronar el absolutismo de l'État c'est moi y democratizar la sociedad. La nación se convirtió entonces en la titular, por derecho propio, del poder constituyente, esto es, en el alma del Estado. En el famoso panfleto publicado por Emmanuel Joseph Sieyès sobre el Tercer Estado, en enero de 1789, el abate marcó un nuevo rumbo al concepto de nación. Su pensamiento fue recogido, meses después, en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 26 agosto de 1789, que proclamó el principio de que toda soberanía «reside esencialmente en la nación».

No tardó esta doctrina de la soberanía nacional en extenderse por Europa. En su octavo Discurso a la nación alemana, pronunciado en el invierno de 1807-1808 durante la ocupación napoleónica de Berlín, Fichte trasladó a la nación alemana los principios revolucionarios de libertad y justicia que Bonaparte estaba profanando, dando otro vuelco a la idea de nación, más cultural desde entonces, pero sin dejar de lado su fuerte impronta política. El constitucionalismo de los siglos XIX y XX -hijo de la Ilustración francesa, del Idealismo alemán y del ius publicum europaeum- hizo de la nación una entidad diferenciada, territorialmente indivisible y jurídicamente indisoluble. La nación se convirtió así en la espada ideológica del nacionalismo que ha campado a sus anchas por Europa hasta nuestros días, con hitos tan importantes como los nacionalismos totalitarios, los balcánicos o, en el caso de nuestra piel de toro, los nacionalismos catalán y vasco. De este constitucionalismo se han alimentado las constituciones españolas, también la actual de 1978.

Transcurridos más de 200 años desde esta artificial instrumentalización política del concepto de nación, es tiempo de recuperar su profundo significado originario. Tan carente de sentido es, en nuestros días, el nacionalismo como su desquiciada reacción contraofensiva en forma de nacionalitis. En el fondo, tanto el nacionalismo como la consiguiente nacionalitis son dos alteraciones patológicas, causadas por no haber diferenciado con acierto, como sí supieron hacerlo, en cambio, los revolucionarios americanos, el Estado de la nación. Para el nacionalista, no hay más Estado que la nación; por eso, toda nación debe, a la postre, constituirse en Estado. Así, la nación es el germen, el embrión, la semilla del Estado. Para quien padece de nacionalitis, en cambio, no hay más nación que el Estado. El Estado sería, pues, el origen de la nación; de ahí que, dentro de un Estado, no quepa, por definición, más que una nación; en nuestro caso, España.

Me parece imprescindible aprender a separar, en todos los ámbitos, el concepto de Estado de la idea de nación. Pueden coincidir, sí, pero no necesariamente, ya que tienen vida propia. Estado y nación no son el cuerpo y el alma de una única realidad denominada comunidad política. De entrada, porque, a diferencia del Estado, la nación no es solo, ni siquiera principalmente, un concepto jurídico-político, como muchos ciudadanos, hijos de su circunstancia, piensan. Por eso, en su sentencia del Estatut, el Tribunal Constitucional ha acertado plenamente al minimizar el componente jurídico del concepto de nación favoreciendo así un uso en sentido más amplio. Se trata, en definitiva, de un modo de desvincular la idea de nación del concepto de Estado.

Si bien es cierto que nuestra Constitución no conoce jurídicamente otra nación que la española, ello no significa que no exista o pueda existir, política, cultural o sentimentalmente, una idea de nación mucho más antigua, amplia y arraigada que la propuesta por nuestra joven Constitución de 1978 con el único fin de asegurar la unidad de España. El concepto constitucional de nación es, sencillamente, un tecnicismo jurídico, a mi modo de ver poco afortunado, pero aceptable mientras no se emplee inadecuadamente para manipular otras realidades superiores.

LA SOLUCIÓN a la cuestión catalana y vasca no está, a decir verdad, ni en el nacionalismo disgregador ni en la nacionalitis uniformadora, sino en el nacionismo. El nacionismo respeta profundamente el concepto clásico de nación y aborrece de cualquier instrumentalización jurídica o política que lo vincule indisolublemente al Estado. El nacionismo no entiende de imposiciones jerárquicas, de exigencias verticales, sino de acuerdos solidarios entre comunidades interdependientes. Navarra, con su régimen foral, vendría a ser un buen laboratorio de nacionismo posibilista. También los Estados Unidos de América en su fase revolucionaria; no, sin embargo, en su política hegemónica posterior a la Segunda Guerra Mundial.

El nacionista considera que el concepto de nación contiene elementos sentimentales, culturales, políticos, étnicos, religiosos y jurídicos, y que ninguna ciencia o potestad debe apropiarse de ellos en exclusiva. Para el nacionista, la nación no es necesariamente soberana, ni reclama un territorio en propiedad. El nacionismo defiende, por supuesto, que «a cada pueblo le corresponde su suelo», en famoso aforismo orsiano, pero no como dueño y señor absoluto, sino como administrador preferencial. Para el nacionista, la nación configura una comunidad incluyente; jamás exclusiva o excluyente. El nacionismo defiende la autodeterminación de los pueblos, pero no como decisión dominical, egoísta y unilateral, sino como acuerdo social, libre y solidariamente subsidiario. El nacionismo apoya el autogobierno, el derecho de toda comunidad política a desarrollarse como tal fijando sus propias normas, pero fomenta la integración de las comunidades menores en otras mayores, cuando así lo exige un bien común compartido de mayor proyección y alcance.

Con gran sabiduría, los founding fathers volvieron sus ojos a Grecia y a Roma, para encontrar solución a los importantes problemas políticos que suscitó la Revolución Americana. Pienso que este debate sobre el concepto de nación en nuestra España global debería empezar también por ahí, huyendo a toda costa de políticas cortoplacistas y concesiones electoralistas. Que el lector juzgue si el nacionismo que propongo es un buen comienzo.

(Rafael Domingo Oslé es catedrático de la Universidad de Navarra y presidente de Maiestas)

Pagan los ciudadanos
José Antonio VERA La Razón 28 Enero 2011

Ahora parece como si todos los males del país se fueran a solucionar con la jubilación a los 67 años. Es evidente que tal medida permitirá pagar menos a más personas durante más tiempo, lo que tendrá un impacto positivo en las cuentas del Estado. La jubilación a los 67 se implanta por eso y porque los alemanes sostienen, no sin razón, que es increíble que ellos se jubilen a esa edad y nosotros, con más problemas y necesitados de ayudas europeas, tengamos una situación mejor que Alemania en cuanto a pensiones. Por tanto, la edad de jubilación formal se va a subir a 67 sí o sí, y además la decisión debe tomarse a toda prisa, antes de que nos visite la próxima semana Angela Merkel, que es la que manda.

Pero el planteamiento que se hace sobre la cuestión no me parece correcto. Fundamentalmente porque consiste una vez más en cargar sobre las espaldas de los ciudadanos el peso de la crisis. De acuerdo en que todos tenemos que apretarnos el cinturón. El problema que veo es que se pretende reducir el déficit sólo a costa de subir impuestos, recortar salarios, abaratar despidos, disminuir las prestaciones y retrasar la jubilación. Es decir, haciendo de paganinis de la situación, sin adoptarse previamente otras medidas de recorte de gasto en la burocracia del Estado. Que es lo grave, ciertamente. Porque entiendo que pueda ser necesario retrasar la jubilación, pero habría que hacerlo solo una vez que se hayan aprobado y aplicado severas medidas de ajuste en el gasto corriente, suprimiendo prebendas parlamentarias, coches oficiales, viajes innecesarios, empresas municipales o autonómicas públicas o semipúblicas, radios y televisiones deficitarias, estamentos sindicales, partidos políticos, subvenciones a amigos, embajadas estratosféricas, pinganillos para la traducción simultánea y derroche en general. Esto puede sonar a demagogia, pero no lo es. Es lo que corresponde hacer antes de entrar a saco con los sueldos y las pensiones de los ciudadanos, de momento los únicos afectados de manera severa por la crisis.

En lo que se deberían poner de acuerdo PP y PSOE, antes que nada, es en racionalizar el Estado de las Autonomías. Racionalizar no significa suprimir, sino acotarlo con techos de déficit, mandatos claros en lo que se refiere a la posibilidad de contar con empresas públicas ruinosas y evitar la ruptura de la unidad de mercado. Algo que no es exclusivo de los nacionalistas o los socialistas, sino también de los gobiernos del PP. La Xunta, por ejemplo, acaba de decidir por su cuenta excluir de la financiación pública a medicamentos que sí son financiados en el resto de las autonomías. Desconozco si tiene razón o no Núñez Feijoó, pero lo que parece evidente es que debiera haber unidad de actuación en este y otros ámbitos de decisión que nos afectan directamente a todos los españoles.

Jubilación a los 67, de acuerdo, porque parece que no hay más remedio. Pero que recorten antes privilegios y metan un poco de racionalidad en este monstruo autonómico que hemos creado. El problema es que no lo harán.

11-M
¿Qué hacemos ahora?
Gabriel Moris Libertad Digital 28 Enero 2011

Durante estos días han aparecido en algunos medios de comunicación independientes varias noticias relacionadas con el 11M: el fallo de la querella de Sánchez Manzano contra El Mundo y sus colaboradores; la sentencia del caso de los policías Rivera y Parrilla y la intervención de Javier Arenas en VEO7 adquiriendo el compromiso del PP de continuar las investigaciones para aclarar la masacre del 11-M; es más, González Pons ha afirmado que hay que investigar hasta las moléculas del atentado.

Yo soy más modesto y me conformo con que se investigue hasta el conocimiento total de los hechos y se castigue a los verdaderos y únicos autores, ya sean intelectuales, materiales, encubridores o silenciadores de los mismos. A continuación podrán leer unas reflexiones por si fueran de utilidad para las víctimas y el conjunto de la sociedad española. Han transcurrido más de tres años desde que fuera dictada una sentencia firme. La sentencia del TS sobre los recursos de casación presentados arroja el siguiente balance:

* Ausencia de Al Qaeda y de ETA.
* Absueltos los presuntos autores "intelectuales". No sabemos quién o quiénes pensaron matar a 192 inocentes y dejar con secuelas a casi dos mil personas. Tampoco conocemos la finalidad.
* Nada se ha dicho del desguace inmediato de los trenes ni de la ausencia de terroristas suicidas.
* Menor componente islamista por absolución de los de Virgen del Coro, los sirios Almallah.
* Absolución de los cadáveres de Leganés. Faltan casi todos los autores materiales.
* ¿Qué hacemos ahora? ¿Está todo claro? ¿Lo dejamos así hasta la próxima?

Como víctima de dicho atentado exijo que se continúen las investigaciones a todos los niveles. De lo contrario, todos seremos cómplices –activos o pasivos– del mayor atentado de nuestra historia y de los que puedan cometer los mismos que cometieron éste y que siguen impunes.

Mediático
Enrique de DiegoEl Semanal Digital 28 Enero 2011

Sí, la culpa es de la casta parasitaria. Sí, a los españoles se les han cegado los cauces de participación. Sí, todo es una mentira, de forma que se hacen votar listas cerradas de las que ya nadie ni se preocupa de leer los nombres.

Todo eso es verdad, pero también, después de décadas de persistentes campañas de idiotización, el resultado es que una parte de nuestros connacionales se ha vuelto, en efecto, idiota. En medio de una hecatombe que he predicho y que venimos anunciando –para evitarla- una parte de nuestros conciudadanos asiste a ella en estado de adormecimiento y alucinación. No me refiero a esas legiones, siempre cediendo su responsabilidad en otros, que esperan el advenimiento del PP para que lo resuelva todo, cuando el PP es parte, y no pequeña del problema.

Viene a cuento de ese adjetivo "mediático" que, desde hace tiempo, está en circulación. Una buena parte de las gentes han abjurado de la funesta manía de pensar y sólo se dedican a arreglar el mundo sentados ante el televisor. Tampoco me refiero a esos millones de españoles que siguen a Belén Esteban, de forma que incluso podría formar el tercer partido más votado.

No hace mucho hablé con un dirigente de la sociedad civil y me dijo: "Necesitáis un candidato mediático..." Mediático supongo que significa conocido, que sale en la televisión. El criterio de rigor para la legión de analfabetos funcionales que están siendo llevados al matadero económico es que sólo existe lo que sale en televisión y que ellos no deben hacer ningún esfuerzo personal para discernir y percibir dónde están las soluciones y cuál es la responsabilidad y la capacidad que ellos tienen de ponerlas en práctica o ayudar a ello. Hemos de suponer que alguien que sale en Gran Hermano es mediático o en alguna de los programas de la telebasura, pero lo mediático también afecta a las tertulias políticas, a pesar de que la mayoría de los periodistas ya hablan como políticos, repiten lo de su político de referencia, el que les da de comer en un pesebre indecente.

Los libros más vendidos ni son los mejores ni los peores, simplemente son los más publicitados, los que tienen más apoyo mediático, y de esa forma se ve que los fenómenos editoriales nada tienen que ver con la situación que padecemos y que precisa urgentemente ilustración. Hace unos meses abrí Amazon y el libro más vendido era Camino de servidumbre de Friedrich Hayek, un libro publicado en 1942, pero que es permanente y con análisis muy interesantes para entender el presente. En España, no.

Los griegos clásicos consideraban la doxa, la opinión, como el criterio más bajo y desechable de racionalidad, porque la verdad no está en la opinión, sino in re, en la realidad, en la cosa, en los hechos. Lo mediático es simplemente la exhuberancia de la estupidez y la estupidez ambiental nos lleva al suicidio colectivo. ¿Quién será el último en apagar la última televisión?

Otrosí: Invito a todos los amables lectores a la I Convención de Regeneración el próximo sábado 5 de febrero en el Palacio de Congresos (Paseo de la Castellana), de 14,30 a 21 horas.

La melonada
Fenando Savater www.tiempodehoy.com 28 Enero 2011

La primera calificación que se me ocurrió al asistir al circo de las traducciones simultáneas en el Senado fue la de melonada. Lo de menos es el dispendio, el verdadero daño está en el alcance simbólico de la medida.

CUANDO don Julio Caro Baroja quería señalar el carácter absurdo, majadero y, a fin de cuentas, dañino de alguna postura, personal o administrativa, la calificaba de “melonada”. También recuerdo haberle leído la expresión a su tío, el Baroja más ilustre. La verdad es que me encanta esa calificación descalificadora y fue la primera que se me vino a las mientes al asistir al circo de las traducciones simultáneas en el Senado entre las diversas lenguas españolas: una melonada integral, la madre de todas las melonadas. Lo de menos es el dinero que va a costar, puesto que en nuestro Estado del despilfarro viene a ser el chocolate del loro. Tampoco es lo principal lo inútil de esa complicación, que obliga a compatriotas que en los pasillos y en el bar del Senado se entienden perfectamente en la lengua que comparten a recurrir a un traductor para realizar su trabajo oficial. Incluso pasemos por alto los aspectos más ridiculizables del asunto, como que mi antiguo condiscípulo Iñaki Anasagasti, que habla con elocuencia un castellano mejor que el mío, deba expresarse balbuceando un euskera en cuyo uso no destaca precisamente. Digamos que el dispendio, la superfluidad y la ridiculez son sin duda daños, pero colaterales del desafuero mayor.

Se dice que se trata de una decisión de alcance simbólico, destinada a conmemorar la pluralidad lingüística de España. Pues ahí está precisamente el núcleo del daño, en el aspecto simbólico. Que en varios territorios españoles se reconocen otras lenguas oficiales, además de la común del castellano o español, es algo que, a estas alturas, resulta evidente. En los parlamentos autonómicos de esas regiones hace mucho que se puede hablar en ellas, en las escuelas se puede educar en ellas (a veces en condición de monopolio), y se puede informar en ellas en televisiones, radios o periódicos. Pero ese pluralismo no comporta la existencia de naciones diferentes, como pretenden explícita o subrepticiamente los nacionalistas. Por eso es simbólicamente imprescindible que en el Senado y en el Congreso del Estado, que son organismos en los que se decide sobre España y no asambleas internacionales de países distintos, se reconozca que existe una lengua común constitucionalmente establecida, lo mismo que constitucionalmente se establece una unidad nacional. Precisamente porque los senadores representan a las regiones culturalmente diversas de un país único, es fundamental que escenifiquen esa concordancia en lo que irreprochablemente compartimos allí donde se debaten y defienden los intereses de todos. Para que no se confundan ni nos confundan.

Basta de mentiras: las circunscripciones autonómicas del país no son entidades políticas del mismo nivel que el Estado nacional, España, en su conjunto. Todas nuestras lenguas co-oficiales son respetables y válidas, pero no todas tienen el mismo rango institucional y político. Y es eso lo que simbólicamente debe afirmarse en el Senado y el Congreso: si no, ya me dirán ustedes dónde. La diversidad de lenguas españolas es una riqueza cultural, pero el tener una lengua común es una inestimable riqueza política: que se lo pregunten a los belgas, si alguien lo duda. Este es uno de los temas que debería enseñarse en la denostada asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuyo único defecto es llegar tarde para remediar tantas falacias y el daño causado a la democracia española por tantas imprudentes melonadas.

Revueltas
Cambios para mejorar
GEES Libertad Digital 28 Enero 2011

Comparadas con el régimen democrático, todas las dictaduras son malas; entre ellas, no obstante hay diferencias. La corrupta dictadura de Alí era preferible al despotismo talibán o al chiismo salvaje iraní. Con lo que la revuelta habrá merecido la pena sólo si se gana en libertades, no si se pierden. Pero si lo que viene en Túnez es un engendro islamista tan al gusto de la izquierda europea, nada de lo ocurrido en los últimos días habrá merecido la pena: habremos pasado de lo malo a lo peor. De lo que se trata –seamos inflexibles con los revolucionarios– es de mejorar.

Un triunfo de la democracia en Túnez -o en otros países, dependiendo de la situación- dependerá de cuatro puntos: elecciones libres, libertades básicas, apertura económica y transparencia política. ¿Serán los tunecinos u otros capaces de lograrlo? Difícil. Lo único claro es que de él deberían quedar excluidos comunistas e islamistas, enemigos declarados de todas ellas. No está mal recordar que la inclusión en el Gobierno o en el juego democrático de partidos islamistas es un contrasentido. No hay, de Indonesia a Rabat o Ankara, un solo partido islamista que no trabaje para eliminar cualquier atisbo de libertad democrática e instaurar una República Islámica antiliberal. Túnez o los países que le puedan seguir en las revueltas no son una excepción. Lo que muestra la situación es que no hay término medio, y uno acaba oscilando hacia unos u otros.

Conviene recordar, cuando se avecinan cambios en gobiernos y regímenes, que la relación entre islamismo moderado y radical es sólo en cuanto a los medios, no los fines. No hay un solo régimen en países musulmanes -que se declare a sí mismo islámico- que respete libertades básicas. En el mejor de los casos, hace avanzar a la sociedad hacia una progresiva islamización, como Erdogán en Turquía. Si el islamismo, en cualquier variante, llega al poder en Túnez o Egipto, podemos vivir una deriva a la turca o a la iraní jomeinista, con los radicales eliminando cualquier otra oposición. Hay que mantenerlos a toda costa fuera del poder. En cuanto al fundamentalismo, hay que valorar la posibilidad de mantener al islamismo radical fuera de la ley.

Un régimen democrático árabe, digno de ser reconocido, deberá colaborar en la lucha contra el terrorismo, y ésta es la prueba que muestra quién está por la labor y quién no. Túnez deberá decidir si está contra él o si prefiere la ambigüedad suicida de otros países. Lo mismo si alguien, fuera de los Hermanos Musulmanes, ocupa el poder en El Cairo. El Baradei como alternativa sólo será respetable en este caso.

Por otro lado, un régimen democrático serio en la región sólo puede ser occidentalista, abierto al oeste y a sus economías e instituciones políticas. El bienestar de Túnez o de quienes puedan seguirle sólo podrá lograrse acercándose a Estados Unidos y Europa, y convirtiéndose en fiel aliado de éstos en la región. La actitud de futuros gobiernos en la zona en este punto permitirá ver el grado de compromiso democrático.

Por supuesto, la sociedad abierta deberá además mantener unos niveles de transparencia para los organismos económicos internacionales, únicos capaces de legitimar un sistema económico e impulsarlo en la comunidad internacional. Y de igual manera, deberá ser escrupuloso con el respeto a las libertades básicas que en democracia son indispensables, y que distinguen a este régimen de una tiranía.

La situación en Túnez, Egipto y otros países puede transitar por muchos caminos. Pero democrático sólo hay uno: uno que excluya a los partidos islamistas antidemocráticos, radicales o no; que colabore activamente en la lucha contra el terrorismo; que se integre en los mercados y las instituciones internacionales siendo fiable y transparente; y que respete derechos y libertades básicos e irrenunciables. Se nos dirá que somos exigentes respecto a ello. Puede. Pero es la hora de ser exigentes con los actores que pugnan por desalojar del poder a gobernantes y sustituirles. Sólo nos valen cambios para ir a mejor. Para lo otro, ya tenemos Irán o Gaza.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

La Asociación por la Tolerancia destapa la 'tramoya' de Mas para burlar al Supremo
Critica que escenificara que la inmersión en catalán es un clamor unánime en la sociedad civil
 www.lavozlibre.es 28 Enero 2011

Madrid.- La Asociación por la Tolerancia denuncia la reunión entre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las entidades que reclaman el desacato a las sentencias del Supremo referidas a la equidad entre el español y el catalán en los centros escolares. Este colectivo, presidido por Elvira Fuentes, critica que escenificaran que la inmersión en catalán es un clamor unánime en la sociedad civil.

"Para conseguirlo, obviamente, no invitaron a las asociaciones que no figuran en la nómina de las subvenciones y que llevamos décadas denunciando esa práctica por discriminatoria hacia un sector muy importante (del orden de un 60%) de la población estudiantil", dice Tolerancia.

"Con esa tramoya, Artur Mas forma un banco de niebla en el que trata de diluir el hecho de que la realidad social y la legalidad están por encima de su anhelo uniformador (muy en contradicción -por otra parte- con su supuesto respeto por el pluralismo)", prosigue el colectivo en un comunicado.

La Asociación recuerda en el escrito una serie de puntos referidos a la inmersión en catalán:

- "Que la inmersión obligatoria en catalán sólo afecta al sector que tiene como lengua propia o familiar el español. Los catalanohablantes no sufren ninguna inmersión; simplemente reciben instrucción en su lengua".

- "Que es elemental -con o sin sentencias- que la cooficialidad de lenguas obliga a las administraciones e instituciones al uso de ambas. No es potestad de ningún Gobierno autonómico decidir el uso en exclusiva de ninguna de ellas. Ésa es una prerrogativa que sólo afecta al ciudadano, como individuo".

- "Que hasta hoy, todos los Gobiernos catalanes, obviando las implicaciones legales de la cooficialidad, han intentado presentar a la sociedad catalana su modelo de inmersión “asimétrica” con un supuesto aval del Tribunal Constitucional, aval que nunca se dio".

Tolerancia destaca que "en la actualidad, sin embargo, sí que el mencionado tribunal y el Tribunal Supremo han emitido sentencias contrarias a la inmersión". Por tanto, entienden que "intentar echar un pulso en contra, valiéndose de un supuesto respaldo del conjunto de la ciudadanía, es un fraude, una ilegalidad y una insensatez peligrosa".

"Hacer declaraciones, como las del mismo president y las de su consejera de Educación, Irene Rigau, presente en la reunión, en el sentido de que el catalán es el ‘nervio de la nación catalana’ o que el modelo bilingüe (que proponen los citados tribunales) ‘rompe la sociedad catalana’ son de una impostura sin parangón. Si los que no desean la inmersión para sus hijos ponen en riesgo la cohesión social, autoincúlpese, president, por escolarizar a sus hijos en el Liceo francés", subrayan.

"El victimismo vicioso de: van contra la lengua catalana y contra Cataluña, sólo pone de manifiesto la carencia de argumentos (y de ética)", remata Tolerancia.

El español, marginado también en la patente europea
Merkel presionará a Zapatero para que acepte que sólo se utilicen el alemán, el francés y el inglés
 www.lavozlibre.es 28 Enero 2011

Madrid.- El español, discriminado en las comunidades nacionalistas, también es un idioma de segunda en Europa, donde se quedará, casi seguro, fuera del registro de patentes, un proyecto que la UE lleva discutiendo 20 años. La canciller alemana, Angela Merkel, está presionando para que así sea. Se reunirá la próxima semana con el presidente Zapatero en Madrid para que dé órdenes a sus eurodiputados y ministros con el objetivo de que desistan en su defensa del castellano, según informa 'El Mundo'.

Alemán, francés e inglés conforman el trío de lenguas que se utilizarán en la patente europea. La mayoría de los gobiernos y la Comisión Europea acordaron en diciembre crear un registro único para la UE en estos tres idiomas. Todavía falta por aprobar la fórmula elegida para esquivar el bloqueo de España e Italia. Podría usarse la llamada cooperación reforzada, que permitirá crear la patente sin el voto de los mediterráneos. La Comisión de Asuntos Jurídicos respaldó ayer esta propuesta, pero la aprobación definitiva será el 14 de febrero.

Aunque en la Comisión Parlamentaria también salió adelante la patente trilingüe, los eurodiputados alemanes, ingleses y franceses temen que los mediterráneos generen problemas en la Eurocámara.

PSOE y PP, por una vez, van de la mano en la defensa del español y cuentan con el apoyo de los italianos, a los que podrían sumarse otros países cuyas lenguas han sido excluidas.

El Gobierno ha avisado de que si la patente única sale adelante, irá al Tribunal de Justicia de la UE por "discriminar" al español, un idioma con mucho peso mundial pero en el que apenas se solicitan patentes. España produce unas 8.000 peticiones frente a las 135.000 de Alemania.

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Cesiones
Influencia política de la ETA
Pío Moa Libertad Digital 28 Enero 2011

En varios libros he tratado la influencia del terrorismo en la política española, un asunto, que me temo no ha abordado ningún otro historiador, perdonen la inmodestia, que es más bien fastidio. El terrorismo viene a ser el arte de la política por medio del asesinato. Lo cual, obviamente, solo puede funcionar con gobiernos débiles o cómplices (la complicidad puede venir de la afinidad ideológica o de la propia debilidad). Así, explica bien Cambó, la liberal Restauración fue hundida desde Barcelona, "donde la demagogia sindicalista tenía una intensidad y cronicidad intolerables", mientras que los gobiernos de Madrid "eran incapaces de cumplir su misión": "toda la sociedad española vivía en plena indisciplina. Nadie sentía respeto por un Gobierno que, evidentemente, no era respetable".

Fenómeno similar surgió en la Transición, como he expuesto en mi libro reciente sobre ella. Casi todo el espectro antifranquista (comunistas, socialistas, separatistas y otros) simpatizaba y apoyaba de muchos modos a la ETA, grupo separatista, socialista y rabiosamente antifranquista. Por otra parte, la indigencia intelectual e ignorancia histórica del suarismo propició una política errática, en la que fraguó una Constitución que, entre otras cosas, agrietaba la unidad nacional. Los suaristas llegaron a pensar que los nacionalismos vasco y catalán, al ser de derechas, podrían suplir a un partido nacional en esas regiones. Todo ello fue consecuencia de la acción etarra. Se hablaba de la necesidad de hacer concesiones para "quitar argumentos" y "respaldo popular" a los terroristas. Quienes quedaban privados de respaldo eran los partidarios de la unidad nacional, cada vez más desamparados, como pudo comprobar Jiménez Losantos cuando sufrió el atentado a manos de Terra Lliure. La opinión separatista en Vascongadas, muy pequeña a la muerte de Franco, se infló con rapidez.

Esa política es parecida al apoyo escandaloso al PSOE, a fin de oponerlo al temido PCE: había que apoyar a los nacionalistas vascos y catalanes como valladar frente a la ETA. Los propios nacionalistas, conscientes de su debilidad, se habrían contentado, al menos de momento, con un estatuto semejante al de la república, pero el dadivoso Suárez creyó poder ganárselos con concesiones ya muy peligrosas, incluso con dinero (al PNV). En UCD llegaron a pensar que en las dos regiones no hacía falta un partido nacional, porque la derecha ya estaba representada allí por los respectivos nacionalistas. Nada de esto hubiera ocurrido sin la acción de la ETA (y la frivolidad de Suárez). Vemos, pues, hasta qué punto influyeron loa terroristas. Lo he dicho otras veces, España es el país europeo en cuya historia del siglo XX ha tenido mayor peso el terrorismo... gracias a lo que algún pensador llamó "la indecente versatilidad de los políticos españoles".

La otra vía abierta a la influencia etarra ha sido la llamada "solución política", patrocinada, hasta Aznar y Mayor Oreja, por casi todo el arco político, y que no significaba otra cosa, en definitiva, que cooperar a la pretensión terrorista de hacer política mediante el asesinato. Esa influencia se ha disparado con el actual presidente, de pensamiento tan afín al de la ETA, hasta el punto de desatar unos estatutos "de segunda generación", que no son ya de autonomía, sino de Estado asociado. Tal es la sustancia fundamental de la transformación del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en pacto con el terrorismo contra el estado de derecho, a la cual, con típica desvergüenza, han llamado "proceso de paz". Unos gobiernos que "evidentemente no son respetables" han provocado una involución política en la que la propia y ya defectuosa Constitución del 78 se ha convertido en papel mojado.

"Verdades" para Durán y Lleida
Francisco Rubiales Periodista Digital 28 Enero 2011

Se lamenta el político catalán Josep Antoni Duran i Lleida de que la presión popular para que los políticos pierdan sus privilegios, en especial sus sueldos y pensiones de oro, podría llenar el Parlamento de funcionarios y pobres.

Pocas veces en la historia de la mal llamada democracia española se ha escuchado una sentencia tan elitista, injusta e inicua como la emitida por el político catalán, un maestro de las formas suaves. detrás de cuya fachada moderada quizás se oculte un nacionalismo radical, que se nutre del victimismo y del desprecio a España.

Lo primero que debería saber Durán i LLeida es que un Parlamento español lleno de funcionarios y de pobres sería, con toda seguridad, más digno y decente que el actual, plagado de políticos profesionales sometidos a sus partidos políticos, que desconocen a los ciudadanos a quienes dicen representar, adictos a los privilegios, tan cobardes y adocenados que son incapaces de expresar sus ideas con libertad e impotentes para anteponer el bien común a sus intereses personales y a los de sus respectivos partidos.

Esos diputados y senadores de la "camada" de Durán i Lleida son los que, en complicidad con el Ejecutivo y el poder Judicial, igualmente desprestigiados y alejados de la ciudadanía, han llenado las calles y plazas de España de desempleados, pobres y gente sin esperanza. No estaría nada mal que ellos, miembros de las poderosas élites de la política española, unos fracasados porque ni siquiera han sabido ganarse el fervor de su pueblo, probaran un poco, aunque sea sólo un poco, de esa "pobreza" que parecen despreciar.

En cuanto a los funcionarios de carrera, un grupo de ciudadanos que han tenido que superar unas oposiciones para servir al Estado, a los que Durán i Lleida también minusvalora, tienen más dignidad y decencia democrática que la inmensa mayoría de los políticos españoles, los cuales, para disfrutar del poder y de los privilegios, no han tenido que superar prueba alguna y sólo han necesitado someterse al partido, renunciar a la libertad individual y ser amigos del dirigente de turno para ser incluidos en esas listas cerradas y bloqueadas ente las que el ciudadano ni siquiera puede ejercer su sagrado derecho a elegir.

Al escuchar la insensatez antidemocrática de Durán i Lleida, uno de los políticos españoles con mejor imagen, se comprende el desprestigio de la casta , el creciente desprecio de los ciudadanos hacia sus dirigentes políticos y el lamentable balance cosechado por la clase política española en las últimas décadas: han acabado con la prosperidad, han destruido gran parte de los valores y principios vigentes en la sociedad, han llenado el país de parados y nuevos pobres, han dividido a los ciudadanos, han resquebrajado la unidad de España, han acabado con la confianza de los ciudadanos en el liderazgo y en el futuro, han asesinado la democracia y la han sustituido por una partitocracia indecente, que funciona como una dictadura camuflada de partidos y, sobre todo, han infectado al país de corrupción, cobrando comisiones, practicando la arbitrariedad y acumulando riquezas injustificables e inexplicables.

Voto en Blanco

Amadeu Boadella
Manuel Molares do Val http://cronicasbarbaras.blogs.com 28 Enero 2011

Qué grande es Albert Boadella: expulsado artísticamente de Cataluña tras haber sido el primer y gran impulsor de su teatro contemporáneo, castigado porque ridiculiza los nacionalismos, acaba de estrenar en Madrid su última obra, Amadeu, que recuerda a otro odiado por los mismos que aborrecen al creador de Els Joglars y, además, director de los nuevos Teatros del Canal de la Comunidad madrileña, para bendición de la capital española y de Esperanza Aguirre.

Amadeu Vives, 1871-1932, fue seguramente el mayor músico catalán de la Historia, pero en 2005 los restos de este hombre que había fundado l’ Orfeó Catalá iban a ser arrojados a una fosa común en Cataluña para desvanecerlos de todo recuerdo.

Ese era el infamante final que buscaban los nacionalistas, los independentistas y sus aliados socialistas: fue catalanista, pero además compositor de zarzuela, la comedia musical popular española que para Plácido Domingo ahora, como para el fallecido Herbert Von Karajan, es gran arte.

Un estilo musical despreciado por su casticismo españolista, o peor, muchas veces madrileñista, y en el que destacaron además de Vives el vasco Pablo Sorozábal, 1897–1988 y el gallego Reveriano Soutullo, 1880-1932: las tres comunidades históricas cantándole a Madrid..

Es lógico que los nacionalistas odien a Sorozábal: era autor de La del manojo de Rosas. Soutullo, con Juan Vert, creó La leyenda del beso y La del Soto del Parral: tipismo, nobles, criados, gitanos, toreros, chulaponas…

No podía perdonársele a Amadeu Vives, barcelonés de Collbató, que escribiera Doña Francisquita, una de las cumbres de la zarzuela, madrileñismo extraído de Lope de Vega.

Albert Boadella, 67 años, homenajea a Vives con trama basada en sus zarzuelas, en su vida y su trabajo.

Resulta una de las grandes obras teatrales y musicales de este barcelonés, renovador del teatro, cuyos huesos esperan los nacionalistas y aliados arrojar a una fosa común para esfumar su recuerdo.

 

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