AGLI

Recortes de Prensa   Miércoles 9 Febrero 2011

 

Políticos sin ideología; vividores sin principios
Francisco Rubiales Periodista Digital 9 Febrero 2011

La derecha española predica la austeridad, pero algunos de sus gobiernos regionales son los más endeudados; la izquierda exhibe su política social, pero ningún gobierno ha aplastado más que el de Zapatero los derechos sociales de los españoles; la derecha y la izquierda se financian con fondos públicos y sienten idéntico apego a los privilegios y prebendas; unos y otros se proclaman demócratas, pero ambos grandes partidos violan la democracia a diario; hablan de Justicia independiente, pero nombran jueces y magistrados; los dos partidos dicen servir al ciudadano, pero únicamente sirven sus propios intereses; PSOE y PP han aprendido a convivir sin problemas con la corrupción.

Tanto los partidos de derecha como los de izquierda se quejan de que los otros le han robado el programa, pero la verdad es que las cosas que les separan son tan pocas que los ciudadanos ya no pueden distinguirlos. En realidad, es más lo que les une que lo que les separa. Les unen la convivencia con la corrupción, la sustitutución de la democracia por una partitocracia, el apoyo a los privilegios, la distancia del ciudadano, el monopolio que ejercen de la política, el afan de poder y la primacía del interés propio sobre el bien común. Lo que les separa son apenas unos rasgos de segunda importancia: la izquierda alardea de políticas sociales, cobra más impuestos y gasta más, mientras que la derecha genera más riqueza, cobra menos impuestos y es más autoritaria.

El pueblo los percibe como gente sin príncipios sólidos, que cambia tanto de ideas y que generan tanta confusión que es imposible distinguirlos. El programa del partido aparece escondido bajo la estrategia mediática y la gestión de la imagen sustituye a las reformas audaces. Las palabras son más importantes que las acciones y, lo que es más grave, el marketing tiene más peso que la política misma.

Las nuevas hornadas de políticos jóvenes son "profesionales" que quieren vivir toda la vida vinculados al poder, más que a las ideas. Aspiran a una vida de privilegios y de lujos, gracias a la política, lo que implica que podrían haberse subido a cualquier tren, sin que importen muchos las ideas y programas. En casi todos los países hay ejemplos lamentables de políticos profesionales que empezaron en un partido, después en otro y hoy están en otro de ideología opuesta.

La sociedad actual no está marcada por la división de clases o de ideas, sino por la confusión y por el fanatismo. Los partidos políticos y los gobiernos utilizan la mentira como si fuera un martillo, para modelar a la audiencia, del mismo modo que emplean el dinero público para comprar votos y doblegar voluntades. La gente ama y apoya a los suyos por encima de las ideas que profesen o del comportamiento que evidencien. Los siguen amando, incluso, cuando han demostrado ser corruptos y malos gobernantes. En el mejor de los casos, cuando comprueban que el bando propio es impresentable y no merece el poder, lo votan a pesar de todo, sólo para evitar que los otros, el enemigo odiado, consiga gobernar.

Los resultados de ese mecanismo diabólico y degenerado es el fin de la democracia, que ya no existe en muchos países avanzados que, por inercia y vergüenza, siguen autodenominándose "democráticos". Sin confianza no puede existir democracia y sin verdad la democracia está muerta. El resultado final de todo es que los políticos se apartan de los ciudadanos, se bunkerizan y se transforman en una "casta" cada día más odiada por aquellos que, en democracia, son los "soberanos" y los únicos que pueden otrorgar legitimidad al sistema.

La España de Zapatero se ha convertido en paradigma mundial de ese deterioro profundo que ha eliminado la democracia de un país que la deseaba y la sigue deseando. Zapatero es el mejor ejemplo existente en el mundo de que un político profesional hará cualquier cosa, incluso legislar contra sus principios, su ideología, su programa y hasta la misma Constitución, con tal de mantenerse en el poder.

Aunque tanto la derecha como la izquierda en España han ido ensanchando, cada día más, el foso que les separa de la sociedad y de los ciudadanos, ha sido el "Zapaterismo" el que ha alcanzado cotas realmente preocupantes y obscenas. Zapatero, un político teóricamente de izquierdas, se convirtió, de la noche a la mañana, en el abanderado de las reformas neoliberales más agresivas, tras recibir una dura advertencia de sus colegas internacionales, especialmente de la Unión Europea, Estados Unidos y China, que le advirtieron que dejarían de apoyarle si continuaba con su política suicida de endeudamiento y despilfarro, obligándole a poner en práctica reformas que ni la misma derecha se habría atrevido a esbozar: congelación de las pensiones, incremento brutal de los impuestos, bajada del sueldo de los funcionarios y una despiadada política de supresión de coberturas y servicios sociales que está generando tristeza y desamparo a los ya empobrecidos ciudadanos de España.

Voto en Blanco

Crisis del euro
Esto sí es realpolitik
GEES La Razón 9 Febrero 2011

Este crisis tiene algo bueno: es la mejor ocasión que vieron los tiempos pasados yhan de ver los venideros de arrojar el socialismo al vertedero de la historia, del que nunca debió salir.

El pacto de Deauville de octubre de 2010, y su coletilla llamada pacto de competitividad de febrero de 2011, destinados a ser completados de aquí al Consejo Europeo de finales de marzo, han dado la puntilla al–ya cuasi volatilizado por la crisis deudora–, modelo comunitario de la UE.

Ya no cuenta el tratado de Lisboa, ni el papel mojado del de Maastricht, sino la fuerza de los hechos: la concertación y el equilibrio entre las naciones basado en su poder real. Realismo en estado puro. En este caso, por una vez y sin que sirva de precedente, tiene mucho de bueno.

La UE se construye sobre los tratados de los años cincuentabasados en fundamentos como la libertad de circulación de bienes, servicios, trabajadores y capitales, y la supresión de los aranceles. En los noventaen Maastricht se impulsó una unión económica y monetaria destinada a profundizar la unidad política, fundada en el euro y el estrechamiento de los lazos en otras materias. Este éxito original–germen de paz y prosperidad–, implicó la imposibilidad de sacar muchos más conejos de la chistera europea. Ni política exterior común, ni excesos en la armonización de otras legislaciones. Acabó así la UE controlada en su ociosidad por el ideal demagógico dominante entre las elites políticas de corte socialista: el burocratismo. Vivió de multiplicar regulaciones, sin hacer nada de calado. El punto más bajo de toda esta trayectoria fue la reescritura de la fracasada constitución en el tratado de Lisboa.

En estas ha llegado la crisis de la deuda, y, con ella, la imposición de la realidad económica y política. De acuerdo con esta hay dos países dominantes: Alemania y Francia. De manera incomparablemente más destacada que en otras épocas, están dispuestas a imponer su voz. Recuérdese que el momento en que la UE pudo ser otra cosa fue con el tratado de Niza, con un mecanismo de voto que propiciaba la participación de potencias menores. De aquello, pensado en origen para favorecer la incorporación de la Europa que salía del comunismo, no queda hoy mucho en la práctica, y quedará menos cuando entre plenamente en vigor el tratado lisboeta.

En la vía de los hechos, el Pacto de Deauville implica la transformación en permanente del mecanismo de rescate, mediante la modificación de los tratados, la asunción de las quiebras ordenadas a partir de 2013, y la posibilidad de sancionar a los países que incumplan los requisitos de deuda del pacto de estabilidad con la supresión de los derechos de voto. El otro acuerdo, llamado de competitividad, no es sino el desarrollo natural de lo decidido en Deauville: la aplicación de las reformas estructurales (pensiones, mercado laboral) que permitan crecer, siendo de nuevo aquí la espada de Damocles la posibilidad de que Alemania se retire del euro, o más sencillamente, se resista a poner más fondos para eventuales rescates.

Se vuelve así a los criterios de la diplomacia tradicional: los premios y castigos para orientar la postura de los países discrepantes, reticentes, o incumplidores. Alemania hace hoy algo más que sugerir, con el apoyo de Francia, que no va a permitir que su ortodoxia en el sostenimiento del euro sea puesta en peligro por la heterodoxia de otros más empeñados en gastarse el dinero público que en ahorrarlo o generarlo. Todo esto debería ser así desde el Tratado de Maastricht, pero la obligatoriedad de su cumplimiento siempre fue dificultada por la improbabilidad de las sanciones que preveía. Ahora es por la vía de los mecanismos ancestrales de la diplomacia por donde van a venir, fundadas en el poder y fuerza de las naciones, y en el equilibrio de poderes.

Ante esta situación el único temor es que a los alemanes les acabe temblando la mano. Pero lo primero que hay que reconocer es este inesperado renacimiento de los principios básicos de la Unión. Vuelven hoy, a la fuerza ahorcan, los fundamentos de una economía científica guiada según razón y no en función de las necesidades de la compra de votos.

Nadie pudo soñar jamás mejor castigo ejemplar para gobiernos socialistas en España, Portugal o Grecia, que el verlos obligados a aplicar recetas liberales por ser las únicas eficaces para salvarnos de la crisis. Ahora sólo hace falta que votantes y políticos saquen todas las consecuencias. Confiemos al menos en los primeros.
GEES, Grupo de Estudios Estratégico

La victoria terrorista
EDURNE URIARTE ABC 9 Febrero 2011

Si el fin del terrorismo fuera lo único esencial, habríamos acabado con él hace treinta años. Era bien sencillo, bastaba con ceder a lo sustancial de sus pretensiones. Decenas, centenares de vidas habrían sido salvadas. Muchos miles de vascos no se habrían visto obligados a abandonar su tierra. El miedo y el chantaje no habrían protagonizado la convivencia política en el País Vasco.

Pero ese sufrimiento no se ahorró porque tan importante como el fin del terrorismo es el cómo de ese fin. O eso ha proclamado una y otra vez la democracia, el Estado de derecho, sus líderes. Y es lo que está a prueba en el último movimiento de los terroristas.

Se trata de saber si los crímenes, el chantaje y la amenaza culminarán con una victoria terrorista o con una victoria de los principios democráticos. Pues si toda esa historia criminal se puede cerrar con un mero cambio de traje de sus protagonistas y con su integración en las instituciones, la conclusión es y será que la resistencia al terrorismo habrá sido el sacrificio de unos pobres ingenuos, la ilusión de unos utópicos, la batalla de unos idiotas.

Y está a punto de ocurrir, como siempre temí, a juzgar por las reacciones a la presentación de la nueva marca de ETA. Satisfechos tantos y tantos con que los terroristas se hayan cansado de matar, aliviados de que nos hayan perdonado la vida y deseosos de acoger en los brazos demócratas a quienes nos amenazaban y perseguían.

Lo que se dirime en las próximas semanas y meses no es una mera cuestión judicial, si los estatutos del nuevo partido se ajustan o no a la ley y si se ha demostrado su separación de ETA. O política, lo que quiera o no quiera hacer el Gobierno. Se trata de una cuestión democrática y ética en su sentido más profundo y determinante para el devenir de España. Se trata de saber si tuvo sentido la resistencia al terrorismo. Si debieron morir por ella.

Café para uno
Mas obtuvo una franquicia financiera y puso cara de haberle hecho un favor al presidente pidiéndole dinero
IGNACIO CAMACHO ABC 9 Febrero 2011

EL «café para todos» de las autonomías no fue un invento tan malo como se desprende de su histórica mala prensa. Aunque acabase propiciando un desparrame virreinal insostenible, sirvió para fraguar un mínimo de cohesión territorial y evitar que cuajase el concepto confederalista de una España de dos velocidades en la que las comunidades llamadas históricas viajasen en vagón de primera y el resto en los furgones de cola. De ahí que siempre le hayan tenido inquina los nacionalistas vascos y catalanes y los partidarios de una nación asimétrica, aliados bajo el mandato de Zapatero en sucesivas intentonas, más o menos exitosas, de darle al modelo territorial una vuelta de tuerca. Cuando no lo han podido lograr por la vía legal han apelado al mercado negro, favorecidos por la inestabilidad de un presidente necesitado de apoyos de alquiler que le han prestado a cambio de sus complacientes favores de pagafantas.

La última —por ahora— de esas recurrentes asimetrías ha sido la autorización de deuda suplementaria a una Cataluña a la que el derroche del tripartito ha dejado ciertamente al borde de la bancarrota. Zapatero no ha cedido por mala conciencia ante el calamitoso saldo del montillatosino porque necesita el respaldo de CiU para apuntalar la legislatura y además no desea ahondar la fosa de su desprestigio en la comunidad que le permitió ganar las últimas elecciones. Pero resulta clamoroso el agravio con otras regiones —Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha— y ciudades —Madrid o Valencia— a las que ha bloqueado el crédito con razonables criterios de ajuste que no han valido igual para todo el mundo. Sin más planificación que el regateo improvisado, el presidente ha otorgado a Artur Mas un privilegio discriminatorio y no va a obtener por ello un agradecimiento deferente porque el nacionalismo es de suyo insaciable y considera que lo acordado es sólo un alivio provisional, apenas una parte de los atrasos que observa en su contabilidad victimista. Haciendo honor a su apellido, Mas aún piensa exprimir a este presidente amortizado y luego tratará de sablear a Rajoy cuando le llegue el turno.

Quedó patente en el ejercicio de gestualidad política escenificado el lunes en Moncloa. Mientras Zapatero, el donante, sonreía de oreja a oreja, el líder catalán salió con calculado gesto de parcial insatisfacción, como si hubiese ido a hacerle un favor al presidente pidiéndole dinero y encima se hubiese conformado con una limosna. Mas compuso un papel perfecto de victimismo displicente, arrancando una franquicia con cara de haberse rebajado a una concesión de dignidad. Ésa va a ser de nuevo la tónica de los próximos años: una queja doliente y a mano tendida del nacionalismo para intentar beberse a solas el café de todos… presentando como una generosa merced el simple hecho de sentarse a la mesa.

Imbéciles/as
Creía que «ciudadanos y ciudadanas» era una imbecilidad, pero es una imposición de la Ley de Igualdad
ANTONIO BURGOS ABC 9 Febrero 2011

MUCHAS veces me parece que las manecillas del reloj de España se han puesto a andar hacia atrás. Hasta ZP pronuncia cada dos por tres la propia palabra «España», cuando antes todo era Estado Español. España que camina como el cangrejo. Temo que de un momento a otro mandemos a Alemania otra vez a Julio Iglesias, Manolo Escobar, Carmen Sevilla y Conchita Velasco, a cantarles a nuestros emigrantes. Los cuatro siguen en activo. Como sigue en activo la emigración a Alemania. Volvemos a mandar emigrantes, ahora con ordenata en vez de con maleta amarrada con guitas. Como en tiempos de Franco. Y como en tiempos de Franco, José María Íñigo va de estrellón a la Eurovisión. Calvo de la Lotería de sí mismo y ya sin peluquín, vuelve con el mismo bigote. A la Eurovisión de Massiel. La vida sigue igual. Pero con más prohibiciones. Preciosa imagen moderna y progresista de España en Eurovisión: de José Luis Uribarri a José María Íñigo, y tiro porque me toca. En cuanto a las prohibiciones, sostengo que ahora se prohíben siete mil millones de cosas más que cuando la dictadura. Franco era un permisivo al lado de estos tíos que no te dejan fumar y te hacen coger unas pulmonías dobles horrorosas cuando sales del bar a echar el cigarrito en la calle, y te obligan a ir al híper con la bolsa puesta.

Y vuelve lo que en la oprobiosa ponían por Cataluña: «Habla la lengua del Imperio». Ay de ti como no hables la lengua del Imperio. La lengua del Imperio en Cataluña ahora es el catalán. Como no hables la lengua del Imperio y rotules con ella todo lo rotulable, vas dado. Pero como todo se pega, también en el resto de España nos obligan a hablar la lengua del Imperio. Del Imperio Progre de los prohibicionistas y los igualitarios. Como si fuera un comerciante de Barcelona que mantiene el rótulo de su tienda en castellano, a una empresa de Sevilla le quieren cascar un multazo de 6.250 euros por no hablar la lengua del Imperio. ¿Quién la quiere multar, la Generalidad de Cataluña? No, la Particularidad de España: el Ministerio de Trabajo. Porque en un anuncio ofreció una plaza de «programador». Y programador, en la lengua del Imperio, debe decirse «programador/a». En vez de darle un homenaje al tío, por crear un puesto de trabajo en la España de los 4 millones largos de parados, multa que te crió. Yo me creía que eso de decir «ciudadanos y ciudadanas» era una imbecilidad, pero me entero de que en la España de las prohibiciones, es una imposición de la Ley de Igualdad que han promulgado estos destructores del idioma. Con la cantidad de problemas que hay en España, y con el empleo que no es capaz de crear, el Ministerio de Trabajo no tiene otra cosa en que dedicarse, más a perseguir a los que no usan la traducción del Diccionario Progre-Español para ofrecer un puesto de trabajo.

Así que si usted es un innovador, un emprendedor, un creador de riqueza y ofrece un puesto de fontanero, a pesar del paro que hay tras la criminalización del ladrillo, el Ministerio de Trabajo, en vez de darle ayudas, exenciones fiscales y descuentos en la Seguridad Social, le manda a los inspectores para ponerle una multa, porque tiene que decir que quiere colocar a un fontanero/a. ¿Y si es de telefonista, qué hay que ofrecer, hijos míos, un puesto de telefonista/o? El Índice de Imbéciles por Metro Cuadrado aumenta de modo alarmante. Bueno, matizo, no me vaya a multar el Ministerio de Trabajo: me refiero a los imbéciles/as que repiten como loritos la totalitaria obligación de repatear la gramática y decir esa cretinez de «ciudadanos y ciudadanas» en la nueva lengua del Imperio.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

ETA
Todo listo para el enjuague final
Pablo Planas Libertad Digital 9 Febrero 2011

El proceso ha comenzado y es irreversible. De poco importa el rechazo unánime de las víctimas del terrorismo, expresado por decenas de miles de personas en las calles de Madrid el pasado sábado. Según el Gobierno, Batasuna ha respondido satisfactoriamente a la demanda de una desconexión de su red principal, más aparente que real. Así, ni los socialistas ocultan su satisfacción por los movimientos de fondo que creen detectar en la camarilla política de ETA ni éstos disimulan que su rechazo a la 'violencia' es más teórico que real, un sí pero, que por mor del artificial clima político les permite pasearse por las terminales mediáticas del Gobierno con tesis que equiparan a los terroristas con los servidores del Estado de Derecho, si es que queda alguien en España que se dedique a ese menester.

Para los 'analistas' proetarras, el momento se caracteriza por la propensión del Estado a facilitar el encaje del brazo político del terror. En el frente de los partidos, a la prudencia del PP suman las glosas socialistas, que alcanzan en el caso de Eguiguren cotas delirantes. Es el caso de la grosera distinción que el dirigente socialista practica entre el terrorismo islámico y el vasco, al que distingue con el calificativo de "VIP" en una entrevista concedida a El Correo. "El lunes fue el primer día de la paz en Euskadi" es el titular de esa extensa conversación, una auténtica bofetada a las víctimas, a los miles de vascos condenados al exilio, la extorsión o la muerte y también una muestra de por donde van los tiros, con perdón.

Tampoco el apartado judicial arroja buenas noticias para quienes aspiran a una paz sin adjetivos y a una libertad plena. Más allá de que la instrucción del chivatazo parezca encaminada a diluir las responsabilidades reales de semejante escarnio, casualmente el Supremo decide suspender la condena a Otegui por enaltecimiento del terrorismo 24 horas después del esperpento batasuno. La resolución se aferra a lo que podría considerarse de manera muy puntillosa un exceso de la juez Murillo (realmente leve tratándose de Arnaldo Otegui) para responder a aquella pregunta del encausado cuando fue detenido. "¿Pero esto, ya lo sabe Conde-Pumpido?", les espetó el preboste batasuno a los policías. Sino el fiscal, alguien parece haberse dado por aludido. ¿Con retraso? Nada en comparación con la dilación judicial que sufren otros asuntos en una justicia de dos velocidades.

El apoyo, por activa, pasiva o retambufa, a la tímida (por decir algo) reorientación batasuna –han pronunciado las palabras ETA y violencia en una misma frase, lo que, al parecer, ha supuesto la ruptura de un tabú en el cerril y autorreferencial mundo borroka- se produce en el vacío más absoluto, sin que haya el más mínimo indicio de arrepentimiento ni mucho menos entrega de las armas, por no hablar del futuro de Navarra y de todas aquellas reivindicaciones irrenunciables de los pistoleros.

En la línea del relativismo moral que practica una parte de la izquierda (lamentablemente la corriente dominante), el proceso se caracteriza también por la agresiva réplica a quienes disienten del fondo y de las formas. Se trata de las andanadas de Felipe González contra Mayor Oreja, cuyo eco ha sido casi similar a la confesión sobre la posibilidad de volar a la cúpula de ETA. Curioso que el ex presidente socialista se debatiera entre volar o no a la cúpula de ETA y no se preguntara de paso quién y cómo le proporcionaba tan suculenta tentación, según su propio relato. Sea como fuere, González ha resurgido de esas cloacas como un modelo ético mientras que uno de los ministros del Interior más escrupuloso con la legalidad es tratado como un cenizo al que no conviene la desaparición de ETA. De no creer.

Pablo Planas es director de Libertad Digital.

Entre la política y el crimen
El terrorismo etarra fue –ojalá que en pretérito– un cáncer con abundante metástasis.
José Luis Manzanares www.gaceta.es 9 Febrero 2011

Es obvio que ETA no existiría si no hubiera contado con un importante apoyo social que no sólo compartía sus fines sino también sus medios criminales para conseguirlos. La quimera de una Euskal Herria independiente de Francia y España empezaría a materializarse, por diferentes razones, en nuestra piel de toro. Sus tres demarcaciones al sur de los Pirineos superan ampliamente en población y extensión a las cuatro del norte. La nueva democracia española sería un enemigo mucho más débil –al menos en sus inicios– que la República Francesa, y aparecería como heredera vergonzante de la dictadura franquista. Además, nuestro régimen autonómico, tan contrapuesto al centralismo galo, permitía abrir un segundo frente político con reivindicaciones pacíficas de autogobierno o de soberanía.

En tales condiciones –y con la metódica tergiversación de la historia en los centros de enseñanza– era inevitable el juego de los vasos comunicantes. Hubo nacionalistas que desde el primer momento rechazaron el recurso al crimen organizado, pero no fueron pocos los que, sin llegar a aplaudirlo públicamente, disculparon a los asesinos como jóvenes idealistas o hijos descarriados que luchaban por liberar a su patria del colonialismo español. O sea, patriotas. O sea, abertzales. Herederos, en definitiva, de Sabino Arana, el iluminado fundador del Partido Nacionalista Vasco en 1856. El mismo del que procede la ikurriña, que es hoy la bandera tanto del partido como de la propia comunidad autónoma. El creador también del neologismo Euskadi, que, utilizado como sinónimo de País Vasco, se traduce en castellano como “país de los vascos de raza”. Desde la Transición, los nacionalistas fueron a lo suyo mientras los demás les dábamos facilidades con un inmerecido voto de confianza.

A Arzalluz se le escapó lo de que unos movían el nogal mientras que otros recogían las nueces. El lapsus del líder peneuvista ha sido recordado muchas veces, pero no por ello deja de ser una confesión que corrobora lo que todos sabíamos. ETA, que había nacido como rama desgajada del nacionalismo democrático, pronto encontró cobijo, apoyo y aliento en las sacristías del País Vasco. Creció, extorsionó y asesinó a la vez que buena parte del clero local, con ilustres prelados a la cabeza, miraba hacia otro lado y mostraba mayor comprensión hacia los asesinos que hacia sus víctimas. Los funerales de los asesinados, en especial si no eran vascos de nacimiento, se convirtieron en enojosos trámites. Al cadáver se le despedía, en sentido figurado y también literalmente, por la puerta de atrás. Como ocurre con los fallecidos que pueden perturbar la buena marcha de un hotel.

En estos tiempos, cuando se ha puesto de moda pedir perdón por tantas cosas –desde la condena de Galileo a la pedofilia–, no estaría de más que alguien lo pidiese también desde la Iglesia vasca. Naturalmente que hubo excepciones. El jesuita Antonio Beguistain Ipiña sería un ejemplo. Pero así le fue. Eso sí, el ilustre catedrático de Derecho Penal se ganó la admiración y el afecto de cuantos no comulgábamos con el separatismo criminal y racista.
Hoy quería hablar del nuevo partido político que aspira a ser registrado de inmediato para participar ya en las elecciones municipales del próximo mes de mayo, pero no cabe iniciar comentario alguno de actualidad sin recordar de dónde vienen los lodos que aún dificultan la concordia en unas tierras donde la sombra de Caín ha sido particularmente negra. El terrorismo etarra fue –ojalá que en pretérito– un cáncer con abundante metástasis. Sin embargo, aunque la preocupación por el regreso encubierto de los filoetarras a las instituciones se halle perfectamente justificado, no es tarea fácil conjurar de raíz ese riesgo.
Batasuna era, según los tribunales, parte de ETA, pero las acusaciones por pertenencia a banda armada hubieron de limitarse a algunos de sus miembros más destacados. La aplicación del Código Penal hace aguas ante el panorama de sentar en el banquillo a decenas de miles de personas. Ahora veremos si el Gobierno –y el Tribunal Supremo, en su caso– dispone de las pruebas necesarias para impedir la legalización del nuevo partido. Quizás lo de la cuarentena no sea jurídicamente defendible.

Todos nos alegraríamos de que la izquierda abertzale renegase definitivamente del terrorismo para ocupar el puesto que entonces le correspondería en el mosaico político del País Vasco, pero no hay ninguna varita mágica para resolver el problema de fondo. Por un lado, el derecho de todos los ciudadanos vascos –y vascas– a participar en sus instituciones democráticas. Por otro, la memoria de un ayer demasiado reciente. Y no se olvide que en último término la resolución del Tribunal Supremo habrá de limitarse a aplicar la legislación vigente. Aunque las leyes se aprueban por los políticos y tengan en algunos casos un trasfondo político, luego se independizan de la voluntad del legislador y han de interpretarse atendiendo en primer término a su tenor literal. Cierto es que la labor exegética admite modulaciones finalísticas o de otra clase, pero siempre dentro de la dogmática jurídica. Los sentimientos y los deseos, pese a saberse compartidos por la inmensa mayoría de la población, pierden relevancia.

Si se condena la violencia de ETA también se pueden condenar los crímenes del GAL. Los errores del terrorismo de Estado nos pasan factura. Y menos mal que estas declaraciones no se cierran con aquello de “por imperativo legal”. El Tribunal Constitucional aceptó con dudoso acierto el latiguillo con el que los batasunos adornaban y recortaban sus promesas de respetar la Constitución al acceder a sus escaños parlamentarios.

Dejemos al Gobierno y, si llega la ocasión, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cumplir con sus obligaciones. Lo harán mejor que nosotros improvisando sobre la marcha.

*José Luis Manzanares es ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial.

«Nunca hemos rechazado o condenado a ETA»
Los radicales violentos han dicho cosas nuevas y han dado pasos interesantes. ¿Pasos de gigante? Para saltar sobre una fosa de novecientos muertos y treinta años hacen falta gigantes más grandes
J. M. RUIZ SOROA El Correo 9 Febrero 2011

No sé si se fijaron ustedes en un aspecto del discurso público de los batasunos de turno que era semánticamente muy rico: ninguno habló con libertad de expresión, sino que se limitó a leer un texto cuidadosamente redactado, sin levantar en ningún momento la vista del papel. Lo cual no es extraño, pues en ese texto hay formas de expresión tan alambicadas, sibilinas y matizadas que ningún ser humano sería capaz de declamarlas con naturalidad. De no contar con el texto como andamio rígido, los declamadores hubieran terminado en la confusión de no saber exactamente qué querían decir y, sobre todo, qué no querían decir.

Porque, verán, hay ocasiones en que la única manera de determinar el contenido exacto de un texto es la de examinarlo como si fuera un negativo fotográfico, para ver lo que no dice. Es decir, la de poner de manifiesto con qué otros discursos sería compatible el que hemos escuchado. Algo así como leerlo a contrapelo y, por tanto, imaginar lo que podrían decir esos mismos batasunos mañana mismo sin contradecirse con lo que nos leyeron ayer.

En este sentido, les invito a efectuar un experimento contrafáctico: supongan que el nuevo partido es legalizado dentro de unos días, se presenta a las elecciones, y obtiene sus representantes en nuestras instituciones públicas. Supónganlo por un momento y supongan también que esos representantes públicos se reúnen y lanzan el siguiente orgulloso mensaje: «Nosotros nunca hemos rechazado o condenado a ETA». ¿Podrían hacerlo sin infringir el principio de no contradicción? ¿Sería compatible ese mensaje con el que nos dieron en el Euskalduna y con lo que dicen negro sobre blanco sus nuevos estatutos? ¿Faltarían a la verdad? La respuesta es que tal mensaje sería congruente, que podrían afirmar con total respeto a la verdad que ellos, los integrantes del nuevo partido, nunca han rechazado a ETA, menos aún la han condenado. Por lo menos hasta ahora.

Porque lo que han dicho, con exquisito cuidado, es que rechazan la violencia, incluso la que en el futuro pudiera proceder de ETA; han distinguido cuidadosamente entre la violencia como manifestación y ETA como su sujeto; rechazan a ETA pero solo en tanto en cuanto sea sujeto activo de conductas hipotéticas que en el futuro vulneren derechos humanos. Es decir, no rechazan a ETA como sujeto activo que 'ya' (el adverbio es esencial) ha realizado tales conductas (no ha hecho otra cosa que realizarlas) sino solo en tanto en cuanto las realizase en el futuro. No rechazan a ETA en sí, como violencia coagulada y estructurada en sí misma, sino solo la violencia hipotética que pueda practicar más adelante. En su curioso modelo de sociedad democrática cabe que exista una ETA siempre que se limite a estar vigilante e inactiva, como lo está ahora. Y, sobre todo, en ese extraño modelo de sociedad cabe que ETA y su violencia hayan existido sin merecer reproche sobrevenido alguno. Simplemente, se ha cerrado un ciclo en el que la violencia («lucha armada» dicen) fue útil y legítima, no porque se rechace esa violencia, sino porque ha dejado de ser políticamente productiva.

Nuestros batasunos han espigado en las sentencias de los tribunales los párrafos más favorables para su intención, pero han ignorado los más exigentes. Por ejemplo, ese en que el Tribunal Supremo dice que la legalización exige «una declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena (dice 'y', no 'o') de cuanto representa una organización criminal y sus instituciones políticas». O ese otro que exige «un rechazo inequívoco de la violencia terrorista que motivó la ilegalización», es decir, un rechazo de aquella concreta y particular violencia que llevó a su ilegalización, que lo fue la violencia histórica de ETA.

De nuevo: ¿podrían los futuros cargos decir con verdad: «Nosotros nunca hemos condenado la historia de ETA, nosotros siempre hemos considerado que estuvo justificada en su momento, que fue una lucha dignísima por la libertad del pueblo y por la democracia»? Pues resulta que sí, que podrían hacerlo sin contradecirse. Es más, todos sabemos que lo harán si no somos ahora exigentes a la hora de demandar más precisiones concretas que les comprometan inexorablemente con la democracia.

Los radicales violentos han dado interesantes pasos y han dicho cosas nuevas, cómo no reconocerlo. ¿Son 'pasos de gigante' como dice algún aprendiz de visionario? Quizás puedan ser calificados así, pero resulta que para saltar sobre una fosa de novecientos muertos y treinta años hacen falta gigantes más grandes. No basta con constatar displicentemente que 'se ha cerrado un ciclo', como si se tratase sólo de un proceso mecánico ayuno de sentido moral y político. Hay que comprometerse un poco más.

Les faltan todavía algunos pasos, esos que cierren toda posibilidad de poder decir en el futuro frases como las transcritas. Tienen tiempo de sobra a lo largo de estos meses para darlos, simplemente levantando los ojos del papel pautado y proclamando (y, por favor, con un poco menos de displicencia y superioridad y con un poquito más de humildad): «Nosotros condenamos a ETA, ahora, antes y luego».

El parto de los montes
La línea entre los verdugos y las víctimas es demasiado clara para que puedan borrarla unas ampulosas declaraciones
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 9 Febrero 2011

HA sido demasiada olla para tan poca carne o mucho ruido para tan pocas nueces. Que se salude, en algunos casos con alborozo, que la nueva Batasuna rechace todo tipo de violencia, incluida la de Eta, indica hasta qué punto el terrorismo nos tiene amedrentados. Rechazar la violencia no es ningún mérito. Es un deber ciudadano. Por otra parte, ¿qué quieren decir con lo de «todo tipo»? En la España democrática sólo hay violencia por parte de Eta y de los delincuentes comunes. El resto no robamos, ni matamos, ni extorsionamos, ni amenazamos. Y si se quiere decir que el Estado también usa la violencia, hay que contestar que está autorizado a usarla contra los que infringen la ley. Que es lo que ha venido haciendo Eta y su entorno.

Que parte de ese entorno haya decidido abjurar de la violencia es una buena noticia, pues indica que las medidas del Estado de Derecho contra ellos están dando resultado. Pero no es suficiente para darles credenciales democráticas. No es suficiente, primero, porque rechazan la violencia futura, olvidando la pasada. Nada hay en sus largas declaraciones ni en sus farragosos documentos que indique que se retractan de la violencia que cometieron día tras día, año tras año, década tras década, y digo cometieron porque Batasuna es Eta según los tribunales y tan culpable es quien perpetra un delito como sus cómplices, que son en bastantes casos los mismos.

Y no es suficiente, segundo, porque no exigen a Eta que cese su violencia. Se limitan a decirla que romperán con ella, si sigue practicándola. Aquí, el subconsciente les ha jugado una mala pasada con uno de esos lapsus freudianos que nos hacen decir sin querer lo que sentimos. Si se rompe con alguien, significa haber estado unido a él o ella.

Pretender que con un comunicado altisonante, unos estatutos alambicados y una docena de pardillos van a quedar limpios de su pasado criminal sólo cabe en cabezas que aún no se han concienciado de su crimen. Y creerles, sólo cabe en la cabeza de un ingenuo o de alguien aún más malvado que ellos. Nos han engañado en tantas ocasiones, nos han herido, robado, extorsionado, escarnecido y asesinado demasiadas veces para que podamos confiar en sus buenos propósitos. La línea entre los verdugos y las víctimas es todavía demasiado clara para que puedan borrarla unas ampulosas declaraciones y unos estatutos ad hocpara su redención. Serán los tribunales quienes tengan que decidir si «Portu», la nueva Batasuna, merece participar en unas elecciones democráticas. Pues la justicia contempla la «libertad condicional» para quienes se han hartado de delinquir y no existen garantías de que no vuelvan a hacerlo. Más, cuando sus viejos cómplices siguen con la pistola amartillada.

ETA
Eguiguren, el hijo pródigo
Cristina Losada Libertad Digital 9 Febrero 2011

Menos cauto que sus compañeros ministros, Jesús Eguiguren se muestra exultante por el "acontecimiento histórico", que así califica la declaración de intenciones de los allegados de ETA y buenos conocidos suyos. Nihil novum sub sole, esa ceguera voluntaria. Pero sería una lástima no prestar atención a las razones que aduce, pues transmite las constantes de una visión del terrorismo vasco muy común en nuestra izquierda. Cuando el presidente del PSE celebra que "estamos cerrando la herida pendiente de la transición", da por supuesto que la democracia tiene heridas por cerrar y deberes pendientes. Como si las heridas no las hubieran infligido los terroristas y los deberes no correspondieran a sus seguidores, le asigna a la democracia una parte de responsabilidad. Asombroso.

La idea matriz de la que surge el desatino es la concepción de ETA como un residuo, una herencia fatal, de la dictadura. E implica que la Transición no habrá terminado mientras la banda y sus seguidores permanezcan fuera del sistema. De ahí que abunden analogías como esta que Eguiguren ofrece en la misma entrevista en El País: "tiene lógica que (los batasunos) no quieran hablar del pasado. Lo mismo sucedió cuando hicimos la Transición para poder asegurar el presente y el futuro". El caso es, sin embargo, que, en aquel tránsito, los terroristas fueron amnistiados. Y el caso es, también, que los crímenes continuaron. Aun más, se multiplicaron. En sus albores, la democracia fue generosa. Hasta en exceso. A partir de ahí, su única tarea pendiente es detener y juzgar a los que matan y extorsionan, sean de ETA o de otra mafia. Ah, que esa banda cuenta con base social. ¿Y? Los asesinos no dejan de ser asesinos por el hecho de que cien mil personas los aplaudan. Más apoyo social tuvieron Stalin y Hitler.

Sobre el comodín del franquismo como causa de ETA, se construyeron en la izquierda mitos exculpatorios del terror que, a la postre, inculpan a la democracia por no haber sido capaz de integrar a los del tiro en la nuca. No hemos hecho esfuerzos suficientes, hay que hacer más por conseguir la conversión de los descarriados. Estamos ante la parábola del hijo pródigo, como escribe Ruiz Soroa en un artículo a enmarcar, donde señala que lejos de estar incompleta porque "falten algunos", la democracia "se siente cualitativamente superior precisamente porque les excluye". Y si hay hijos pródigos, que los hay, son los que piensan como Eguiguren.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net

Fealdad perversa
Alfonso Ussía La Razón 9 Febrero 2011

Ahí estaban los grandes canallas haciéndose los buenos. Ni una palabra dedicada a los mil asesinados, a los heridos, a los mutilados, a los familiares de los inocentes muertos, que de por vida, llevarán el dolor en el alma allá donde vayan. Necesitan con urgencia el dinero que concede el Estado que ellos han ensangrentado a los que forman parte de las instituciones.
¿Eta, Batasuna, Sortu? Es lo mismo. Las mismas caras feas del terror y la perversidad anunciando un «futuro sin violencia, aunque la hubiere». No se han molestado en disimular.
Las mismas expresiones de odio y placer por la sangre derramada. Curiosa la reacción de una buena parte de la izquierda. Esperanza, cambio, buenos indicios… Todo tan aburrido, tan viejo, tan terrorífico.

Ni una palabra anunciando la entrega de las armas. Ni una palabra referida al pasado criminal.

Ni una palabra de autocrítica, de condolencia, de arrepentimiento. En su mirada fea se resumían las imágenes de las nucas destrozadas, de los niños calcinados por las bombas, de las nubes irrespirables de sangre, pólvora y metralla. Del paseante que se topa con la ráfaga de su último segundo de vida. De la tortura de los secuestrados. De la destrucción de la misericordia. Ellos, las mismas caras de siempre, las que celebraban en las «Herriko tabernas» la tragedia de los inocentes. Barrena, Iruin, Goricelaya, Moreno, Beitialarrangoitia, Echeverría, Ziluaga, Permach, el Rufino… Los de siempre, y haciéndose los buenos, los demócratas, los tolerantes, los adversarios de la «violencia», que así llaman al terrorismo. Lo malo es que también le dicen «violencia» al terrorismo algunos ministros del Gobierno, y alguna asociación de jueces, y algunos medios de comunicación. Hay que suavizar los conceptos. Mil muertos por la violencia, pero nunca mil muertos por el terrorismo. Se pueden enfadar los terroristas oyéndose o leyéndose llamar así.

Están seguros de que van a poder presentarse. Esa seguridad sólo puede garantizarla un Gobierno que habla por las trastiendas, que envía a sus cónsules a tomar vinos con los terroristas, que hace cálculos electorales mientras pisotea mil tumbas de inocentes y ríos de lágrimas. Esperanza, primer paso, buenos indicios…

Tengo en mis ojos, y nunca se marcharán de ellos, mil muertos. Guardias civiles, militares, policías, municipales y ertzainas uniformados. Niños uniformados también para ir al colegio al que no llegaron, con sus mochilas repletas de cuadernos y donuts. Peligrosas armas para repeler la «lucha armada», que también llaman así al terrorismo. Y centenares de asesinados civiles, representantes del pueblo, empresarios, jueces, secuestrados fulminados por un tiro, gentes a las que sorprendió la explosión cuando esperaban la llegada del autobús o paseaban libremente por la calle. Ahí estaban ellos, los cínicos, los defensores de los criminales, los dueños absolutos de la fealdad perversa en las miradas haciéndose los buenos. Esperanza, primer paso, buenos indicios…

Si algún día volvieran a sentarse esta manada de indeseables en los escaños municipales o de los distintos parlamentos, se debería, sin duda, a una traición. Traición a los muertos de todos, a los heridos de todos, a los afligidos de todos, a los huérfanos de todos, a los padres de los niños asesinados, que somos todos. Traición de gobernantes, o de algunos fiscales, o de algunos jueces. Y el futuro de España sería de fango y de cloaca.

¿Borrón y cuenta nueva?
Lo que los terroristas han visto es la oscuridad de la derrota.
Antonio M. Beaumont www.gaceta.es

ETA vive sus peores momentos. Históricamente, su fuerza ha crecido cuando ha sido capaz de capitalizar en términos políticos sus actos terroristas. Y la verdad es que la Ley de Partidos marcó para ellos el comienzo del fin. Zapatero dejó que se alimentase de nuevo a la bestia del terror con su proceso y con su semilegalización en las elecciones de 2007. Pero ahora no hay espacio para medias tintas. Este lunes la llamada izquierda abertzale presentó en Bilbao su nueva iniciativa política. Quieren ser legales e ir legalmente a las urnas. Conocidos etarras confesos y condenados como Rufi Etxeberria, Díez Usabiaga, Joseba Permach, Antxon Etxebeste, Pernando Barrena o Petrokorena son sus promotores. Eso sí: su abogado, el de ETA, Iñigo Iruin, insistió en que no es “una reconstitución o refundación de Batasuna y en el “rechazo de la violencia”.

¿Ya está? ¿Hemos ganado? ¿Los etarras han visto la luz? ¿Todos felices? ¿Borrón y cuenta nueva? Creo que no. Lo que los terroristas han visto es la oscuridad de la derrota. ETA no es sólo un grupo de asesinos compulsivos, sino un grupo de fanáticos que ha buscado sus objetivos matando. Pero esos objetivos eran políticos, y por tanto los pistoleros necesitan un frente político. Reducida Batasuna a la ilegalidad absoluta, la derrota de ETA era sólo cuestión de tiempo. Ningún demócrata negará los derechos constitucionales de todos los ciudadanos españoles, incluso los de aquellos independentistas que quieren destruir España. Ahora bien, para defender los derechos de todos hay que ser exigente con los que niegan la libertad, la paz y la Justicia. No basta una legalidad formal, que los batasunos ya disfrutaron en otras etapas. No se trata de que cumplan un trámite burocrático, sino de que se garantice que, mientras exista, ETA no va a tener, de ninguna manera, presencia en las instituciones. Sin tolerancia estaremos un paso más cerca de la victoria de la democracia. Tolerando lo intolerable volveremos a nutrir a los asesinos.

Propaganda armada
«La admisión de una hipotética imposición de Batasuna sobre ETA obliga a extraer conclusiones: si las decisiones de Batasuna vinculan a ETA, ¿por qué no exigen la disolución de la banda? ¿No dice Batasuna que ha renunciado a una estrategia político-militar?»
POR ROGELIO ALONSO ABC 9 Febrero 2011

«LA izquierda “abertzale” da un paso de gigante». «Indudablemente la pelota está en el tejado del Gobierno». «Batasuna ha puesto muy difícil su ilegalización al Gobierno y a la Justicia». Así valoraba el lunes un prestigioso diario español los nuevos estatutos del brazo político de ETA, sin haberlos leído, tras anunciar que se presentarían hoy. La propaganda terrorista había logrado uno de sus objetivos: encuadrar la escenificación de los líderes de Batasuna en un marco positivo para esta al dar credibilidad a una aparente ruptura del partido con la violencia. Los optimistas criterios con los que el influyente medio definió el acto de Batasuna fueron idénticos a los que un día después utilizó «Gara» para exigir la legalización. Esos son también los elementos con los que formadores de opinión y políticos —no solo nacionalistas— están demandando la legalización de los representantes políticos de ETA. En un escaso margen de tiempo se ha establecido un marco con el que desarrollar un relato favorable a Batasuna y, en consecuencia, para ETA. Su propaganda no ha parado de reproducir simplificaciones con las que se está construyendo una ficción sobre falsedades como las siguientes: Batasuna ha dado un importante e histórico paso al decir cosas que hasta ahora no había dicho, y por primera vez rechaza la violencia y aboga por reparar a las víctimas.

Numerosos son los ejemplos que demuestran la ausencia de novedad en contenidos tan injustamente ensalzados —entre ellos, el pacto de legislatura de 1999 en el que los representantes políticos de ETA «reiteraron» su «apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas para la solución del conflicto»; o las declaraciones de Otegi en 1998 con las que aseguraba que «si ETA tuviera la tentación de usar la violencia para imponer un modelo político y social, seríamos los primeros en denunciarlo»; o las de 2010 al repetir que «nosotros rechazamos el uso de la violencia»—. Además, ninguna relevancia debería concederse a la promesa de futuro cumplimiento de la ley cuando estos mismos líderes consideran que jamás la incumplieron. Por tanto, no solo se trata de contenidos ya repetidos, sino que también debe cuestionarse la credibilidad de integrantes de un movimiento terrorista que los venden como todo lo contrario ante la necesidad de volver a las instituciones.

Sin embargo, la propaganda terrorista ha desviado la atención de obviedades tan esclarecedoras, definiendo engañosamente los términos del debate en torno a la responsabilidad de responder al «importante paso» de Batasuna. La credibilidad que se les ha otorgado a quienes han hecho de la mentira y la coacción violenta su modo de vida ha desencadenado una manipulación que permite a Batasuna aliviar la presión provocada por su ilegalización. Así es porque bastantes son los actores que han aceptado de forma acrítica la propaganda de Batasuna al identificar erróneamente unas meras declaraciones como la prueba irrefutable de algo que no se ha producido: la ruptura con ETA. De ese modo se transfiere al Gobierno, a la Justicia y a aquellos políticos y ciudadanos que se oponen a esta simulación del frente político de ETA la responsabilidad por la continuidad de una violencia con la que la banda sigue comprometida. «La estrategia político-militar es incuestionable», recalcaba la cúpula terrorista a finales de 2010, exponiendo el error de quienes se empecinan en deformar la realidad en torno a la simbiosis entre ETA y Batasuna.

Aunque entre ambas formaciones han surgido conflictos de intereses debido a la ilegalización, las tensiones no han derivado en la ruptura entre «políticos» y «militares». Los primeros no han exigido la disolución de ETA ni han condenado las actuaciones de la banda, pues, tal y como revela su documentación interna, desean mantener la presencia coactiva del grupo terrorista. Los «políticos» pretenden beneficiarse de la existencia de ETA prometiendo una desaparición del terrorismo que difícilmente llegará si Batasuna logra rentabilizar la debilidad que la política antiterrorista les ha provocado. Batasuna promete el final de ETA exigiendo concesiones que, de ser obtenidas, demostrarían la eficacia de la amenaza terrorista. Por ello la legalización de Batasuna sin la desaparición de ETA desincentivaría a los representantes políticos de la banda para reclamar un final que posponen con objeto de seguir extrayendo beneficios, entre ellos una negociación con ETA presente a la que no renuncian. Con esa finalidad, los dirigentes de Batasuna recurren a mecanismos de difusión de responsabilidad para presentarse como actores que simulan esforzarse por un final de ETA que, sin embargo, no exigen. Sus ejercicios de propaganda, eficazmente dosificados para alumbrar expectativas recibidas con esperanza por ciertos sectores sociales y políticos, les permiten disfrazarse de agentes interesados en la paz, cuando lo que realmente persiguen es persuadir a la opinión pública y a los políticos de que estos deben solucionar los problemas de Batasuna y de ETA.

Si Batasuna volviera a la legalidad sin la desaparición de ETA, se eliminaría la causa que ha motivado el conflicto de intereses entre las dos formaciones que integran el movimiento terrorista. ETA podría reanudar el terrorismo, consciente de que uno de los instrumentos más eficaces contra ella ha sido superado. Lo haría con un brazo político reforzado que confía en cohesionar su desmoralizada base con argumentos que algunos actores democráticos le están facilitando al aceptar su propaganda. Ya en junio de 2007 «Gara» justificó el fin de la tregua aludiendo a la demanda de concesiones a los terroristas para salvar las negociaciones entre ETA y el Gobierno que un destacado diario apoyaba. Este mismo medio nacional ha sido citado en un reciente boletín interno de Batasuna al reconocer el éxito propagandístico que supuso la publicación en él de una entrevista con Otegi. Este diario, importante generador de opinión, contribuye a la rehabilitación de los proetarras, al convertirse en plataforma privilegiada para que el entorno terrorista exponga su propaganda sin el necesario cuestionamiento crítico que exige la búsqueda de la información veraz, obligación ineludible al informar sobre ETA.

Así lo ilustraba una reciente entrevista con Rufino Etxeberría en la que anticipaba las promesas ahora repetidas. Las preguntas revelaban falta de rigor profesional al eludir los lógicos interrogantes que debían cuestionar la credibilidad con la que el periodista investía a tan interesado entrevistado. La inapropiada conversión del periodista en partidista difusor de los postulados terroristas afloraba al preguntarle a Etxeberría sobre si su decisión de rechazar la violencia obliga a ETA: «Tuvimos un debate de la base, participaron 7.000 personas, y sus decisiones vinculan a todas las organizaciones, incluida ETA», respondió el político. La admisión de una hipotética imposición de Batasuna sobre ETA, como se desprende de estas palabras, obliga a extraer conclusiones que desmoronan las ideas-fuerza con las que la propaganda terrorista está vendiendo la falsa ruptura de Batasuna respecto de ETA: si las decisiones de Batasuna vinculan a ETA, ¿por qué no exigen la disolución de la banda? ¿No dice Batasuna que ha renunciado a una estrategia político-militar?

Sorprendería que los tribunales ignoraran la abundante evidencia que confirma la continuidad del nuevo partido con el movimiento terrorista. Aunque los tribunales ratifiquen la ilegalización, no debe subestimarse el éxito de la propaganda para conformar opiniones que distorsionan la realidad en torno a ETA y Batasuna y que tiene el potencial de debilitar un eficaz consenso antiterrorista. Si existe voluntad para ello, a tiempo estamos de evitar ese triunfo ansiado por un movimiento terrorista en crisis.

ROGELIO ALONSO ES PROFESOR DE CC. POLÍTICA, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Sortu y la evocación del nazismo y el estalinismo
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 9 Febrero 2011

Hay buenas gentes que se formulan este silogismo: si el nuevo partido Sortu (nacer y resurgir, en lengua vasca) rechaza la violencia, incluso la de ETA, ¿por qué no va poder presentarse a las elecciones como cualquier otro? He de reconocer que la cuestión es enervante y la respuesta acrítica produce una irritación intelectual casi furiosa. Pero hay que dar contestación al interrogante que he escuchado con profusión en las últimas 48 horas. Sortu no debe ser admitido en la comunidad de partidos democráticos por las siguientes razones:

Los impulsores. Pudimos verlos el lunes en Bilbao. Son los mismos que durante décadas -hasta tres en algún caso- han comparecido en público, no sólo sin condenar los asesinatos, extorsiones y destrucciones de ETA, sino que las han justificado en la existencia de un inventado “conflicto”. Muchos de ellos han pasado por la cárcel porque, además de cómplices intelectuales de los terroristas, lo han sido también materiales. De su boca no ha salido una condena ni un rechazo a ETA fuese cual fuese la barbaridad que perpetrase, ya se tratase del asesinato de un niño, de una mujer embarazada, de ciudadanos anónimos, de policías, de militares o de políticos… ni una palabra, ni siquiera de conmiseración. Pretenden que cuarenta años de sangrienta trayectoria de ETA queden enjugados por unos estatutos y un discurso de buenos propósitos en una rueda de prensa.

Los promotores. Ayer estuvieron en Bilbao los promotores de Sortu. Repitieron el guión preparado por Iñigo Iruin. Son tan desconocidos como lo eran los dirigentes del Partido Comunista de las Tierras Vascas en 2005 y meros guiñoles de los impulsores del tal partido. O tan inidentificables como los que promovieron en el registro del Ministerio del Interior hasta diez versiones diferentes de Batasuna desde su declaración de ilegalidad.Meros figurantes.

ETA ha decidido persistir sin abdicar ni de una sola de sus aspiraciones que hasta hace 48 horas apoyaban los que el lunes en Bilbao insultaban a la inteligencia de la sociedad española y a la sensibilidad de las víctimas con este nuevo partido
El momento. El rechazo a la violencia de ETA “si la hubiera” que preconiza beatíficamente Sortu -con los aditamentos necesarios para perpetrar un colosal fraude de ley- se produce ahora por dos razones. La primera, porque la banda terrorista no tiene suficiente capacidad de coerción delictiva, está acosada policialmente y sufre escasez de efectivos criminales. La segunda, porque de ETA-Batasuna comían muchos y vivían numerosísimas familias en el País Vasco. Los etarras y su entorno no saben lo que es trabajar: han ganado sus sueldos en ayuntamientos, diputaciones, juntas generales, consorcios, empresas públicas, mancomunidades, escaños parlamentarios y se han beneficiado de subvenciones presupuestarias para sus actividades varias.

El rechazo a ETA. Dicen que Sortu rechaza la violencia de ETA. Si así fuese, ¿por qué no condenan la existencia de la banda terrorista, sus delitos y lo hacen retrospectivamente, piden perdón a las víctimas y nos revelan en qué medidas son diferentes sus fines a los de los de la banda criminal? Si así fuese, ¿cómo es que todavía no ha salido ETA a la palestra para agredirles como hace habitualmente con todos los demás partidos políticos?

ETA sigue ahí. La banda no sólo no ha anunciado su irreversible final, la renuncia a sus objetivos y la entrega de las armas, sino que en su comunicado último de 8 de enero pasado dice que “no cejará en su esfuerzo y lucha por impulsar y llevar a término el proceso democrático hasta alcanzar una verdadera situación democrática en Euskal Herria”. Esto quiere decir, sencillamente, que ETA ha decidido persistir sin abdicar ni de una sola de sus aspiraciones que hasta hace 48 horas apoyaban los que el lunes en Bilbao insultaban a la inteligencia de la sociedad española y a la sensibilidad de las víctimas con este nuevo partido.

El elemento nuclear de este asunto es muy sencillo: Sortu es un mero instrumento de perpetuación de ETA-Batasuna, precisada de reinsertarse en las entretelas del sistema para succionar de él la energía vital que necesita el tinglado para continuar; Sortu es un recipiente distinto para un contenido idéntico con una rectificación táctica del discurso; Sortu es un diseño jurídico para comprometer al Estado, un artefacto organizativo con proclamaciones estatutarias que se acoplan como guante en mano a la ley orgánica de partidos de 2002; Sortu no rompe con ETA, no deslegitima a ETA, no se arrepiente de lo que ha hecho ETA porque Sortu es la continuación de la izquierda abertzale y etarra que desliza esta jugada con la baza de la hibernación de la banda hasta que las circunstancias socio-política, económicas, policiales y judiciales varíen. Sortu no es un partido para el perdón debido a las víctimas, al pueblo vasco y al conjunto del pueblo español, tampoco para la reparación moral y material de las fechorías cometidas por ETA y por ellos mismos. Sortu es una colosal, inmensa y fraudulenta trampa porque es la continuación de la violencia por otros medios, con otras palabras, sin contrición alguna. Sortu trata de ser la revancha abertzale-etarra contra el sistema que les ha apartado de las instituciones y les ha colgado en todo Occidente el cartel de delincuentes. Sortu es la afirmación despectiva de que el terrorismo puede travestirse en algo aparentemente diferente con la suficiente verosimilitud como para engañar a un Estado -el nuestro- que ya les amnistió, que les ha excarcelado y que ha dialogado-negociado con ellos en, al menos, tres ocasiones en los últimos 23 años.

Sortu es la expresión de la banalidad del mal, denunciado por Hannah Arendt en su imprescindible Eichmann en Jerusalem, de aquel mal con que los eficientes funcionarios nazis mutaban al salir de sus macabros oficios de verdugos en amantes maridos y buenos padres de familia. En el nazismo de los campos de concentración y en el estalinismo de los gulags se pasaba, sin solución de continuidad, de la barbarie al civismo sin el más mínimo chirriar de conciencia. El mal era para nazis y estalinistas un valor relativo y siempre instrumental: exactamente tal y como a los impulsores y promotores de Sortu les sucede. Ayer secundaban la barbarie; hoy la condenan. Y entre el entonces y el hoy, no hay ruptura, no hay coste. Gratis total.

Batasuna y O Chucán: el valor de la palabra
Roberto Blanco Valdés La Voz 9 Febrero 2011

Existe entre el caso de O Chucán y el de los batasunos un paralelismo que resulta de gran utilidad para entender lo que de verdad pretenden los segundos. José Carnero, O Chucán, fue declarado no culpable de asesinato por un jurado popular y casi de inmediato se autoinculpó del mismo crimen ante un periodista de La Voz. Esa autoinculpación y, sobre todo, la alarma social que generó, han dado lugar a que el fiscal recurra la sentencia exculpatoria de O Chucán, aunque a nadie se le ocurriría condenarlo si no existiesen nuevas pruebas de cargo contra él.

Mutatis mutandis, con Batasuna ocurre algo similar, pero al revés: que un partido ilegalizado por formar parte de ETA, lo que ha sido judicialmente probado, pretende volver a la legalidad alegando que rechaza la violencia, perentoria exigencia legal para poder participar en la vida democrática. El rechazo a la violencia es, sin duda, una condición necesaria para la legalización de Batasuna, pero no es suficiente ni de lejos. Y ello por una sencillísima razón: porque Batasuna no ha sido ilegalizada por no rechazar la violencia, sino por formar parte del entramado criminal que ETA lleva medio siglo controlando. Su negativa a condenar a ETA era solo una prueba más de esa pertenencia.

Lo que ahora pretende Batasuna es que se acepte su palabra como prueba concluyente de un cambio sideral, que consistiría en que el brazo político de ETA se habría liberado de su condición de mera terminal política de la banda terrorista. Frente a tal pretensión existen muchos indicios de que ese supuesto cambio no es más que una añagaza ?otra más, y ya van más de una docena? para poder concurrir a los comicios, algo que Batasuna ha intentado en todos los convocados desde que fue ilegalizada.

Pues lo cierto es que ni Batasuna ha exigido la disolución de ETA ni ha condenado sus miles de atentados. Lo cierto es que quienes dirigen el nuevo partido que pretende ser legalizado son los mismos que vienen defendiendo a ETA desde hace muchos años. Y lo cierto es, en fin, que no hay ningún motivo, sino todo lo contrario, para pensar que el nuevo paso de Batasuna se ha dado al margen de ETA sino con su pleno acuerdo, como único modo de acceder a las instituciones, lo que es vital para Batasuna y para ETA.

Por eso, la vuelta a la legalidad de Batasuna, que constituiría una catástrofe si se produjera sin investigar las sólidas sospechas de que su cacareada ruptura con ETA no es más que un truco para burlar la ilegalización, no puede depender de su palabra sino de las pruebas que puedan aportar la policía y la Fiscalía para comprobar si es cierto o no lo que recelan millones de españoles: que Batasuna-ETA trata de nuevo de engañarnos y de burlar una ley que ha sido decisiva en la lucha contra el terror nacionalista.

Doblarse o romperse
Pablo Mosquera La Voz 9 Febrero 2011

Con la ley en la mano, el nuevo partido que han presentado Rufi Echevarria y el letrado Íñigo Iruin es semejante al PNV o al PSE, cuestión que han calculado perfectamente desde la nueva o vieja izquierda aberzale. Si en aquellos tiempos en los que compartía mesa de Ajuria Enea con Arzalluz, Oreja, Jáuregui, Bandrés y Madrazo, presididos por el lendakari Ardanza, nos dicen que la izquierda radical nacionalista vasca está dispuesta a desmarcarse públicamente de la violencia y de ETA de la manera que lo ha hecho, nos hubiéramos rasgado las vestiduras y habríamos bailado un aurresku a la paz, y, como sucedió con los poli-milis, les hubiéramos facilitado la transición a una formación tipo Euskadiko Ezkerra.

Pero hay demasiadas trampas y escarmientos en estos años de frustraciones y vuelta a empezar. Tenemos miedo a que alguien esté utilizando la táctica del junco, es decir, doblarse hasta el límite para no romperse y volver con toda la fuerza al lugar de origen. Incluso, si realmente se trata de ruptura, el problema es que no ha transcurrido el tiempo suficiente para que la cultura de la democracia se asiente con raíces profundas en una sociedad que estuvo muy enferma, precisamente por la subcultura de la violencia, en la que unos mataban, otros se adaptaban y algunos se aprovechaban para recoger los frutos.

Hoy, con un lendakari no nacionalista, se camina por la senda de la normalidad democrática. Se enseña lo que significa ser ciudadano, sin miedo, con dignidad. La policía vasca es un servicio público integral que colabora en la persecución y prevención de todos los delitos, incluido el terrorismo en todas sus manifestaciones. Y, lo más importante, los pistoleros, sus cómplices, sus ideólogos, su entorno, han perdido las esperanzas de que su revolución triunfe. Si se permite un partido político que rompa con ETA pero que vuelva a dar la mayoría a una coalición en la que se vuelve a confrontar con el Estado por el propio concepto de democracia y de Estado de derecho, aunque sea de forma no violenta, volveremos a tener un grave problema en Euskadi y en su sociedad, ahora que parece que estamos curando las heridas, y nunca tendremos la seguridad que para ir más allá de los deseos de la nueva mayoría, alguien no decide romper otra vez las reglas del juego democrático y declarar la guerra en nombre de los sacrosantos derechos de Euskal Herria.

Los náufragos
Carlos Alsina La Razón 9 Febrero 2011

Son un nutrido grupo de cincuentones sin oficio ni beneficio. Han tirado sus vidas por el retrete inventándose una guerra que nunca fue. Cuando tenían veinte años alardeaban de ser activistas corajudos. Ahora ya andan cascados y viejales. Un club de maduros fracasados que jamás consiguió nada y que admite, ante el espejo, su condición de perdedor. Los náufragos batasunos que han sabido sortear la cárcel organizaron el lunes un encuentro de antiguos alumnos para anunciar que Batasuna se refunda bajo los nuevos principios del movimiento que incluyen, ahora sí, el rechazo de la violencia de ETA. Me llamó un amigo desde el País Vasco para decirme: «Esto se acaba». Temí arruinar su diagnóstico esperanzado –«ojalá sea, yo aún no lo veo»,– pero también pensé que él respira un clima social que a mí, en realidad, me cae lejos. El clima existe y no parece inteligente menospreciarlo.

Vistos los diarios de ayer, la opinión publicada se divide entre quienes, de buena fe, creen ver un acontecimiento histórico y quienes, también de buena fe, sólo ven más de lo mismo. En medio, un océano de matices que apenas encuentran eco. Quienes le pongan fanfarria al discurso antiviolencia de Rufino serán tachados de apaciguadores, buenistas y solemnemente bobos. Quienes nieguen valor al discurso oportunista de esta organización adicta a la cosmética serán acusados de desear que el terrorismo no se termine nunca. Me sorprende que la Prensa catalana no le encuentre hechuras suficientes al suceso como para abrir con él sus portadas. Si hace quince años nos hubieran dicho que Batasuna iba a rechazar la violencia de ETA, hubiéramos parado las rotativas, pero si nos hubieran dicho que algún periódico no le dedicaría su primera se nos habrían abierto las carnes periodísticas. Es lo que hay: Batasuna es víctima de su historia de conversiones falsas y de pasos irreversibles que luego fueron revertidos; si aspira a ser coherente con su nuevo discurso antiviolencia, debe pedir hoy mismo que ETA se disuelva. Incluso los medios donde escriben los columnistas más dispuestos a hablar de «hito» enfrían la trascendencia del evento en sus editoriales y recurren a verbos como «reinventarse» para describir la refundación de Batasuna. Es una forma de recordar que, en efecto, siguen siendo los mismos.

He aquí la paradoja de lo que está ocurriendo: el paso dado tiene valor porque es Batasuna quien lo ha hecho; pero justo por ser Batasuna es por lo que el nuevo partido acabará ilegalizado. No dudo de que los estatutos de laboratorio que Iruín ha fecundado in vitro encajan milimétricamente en el marco de la Ley de Partidos, pero tampoco tengo duda de que la conversión formal en partido pacífico y democrático va muy por delante de la conversión real de quienes lo integran en personas pacíficas y democráticas. Importa el cambio ético de estos sujetos, el de sus principios morales, el de su forma de entender el debate político, la discrepancia y las mayorías. Y éste es el cambio que aún no se aprecia.

Batasuna/ETA
Donde la libertad
Salvador Ulayar  Libertad Digital 9 Febrero 2011

A la ETA le va todo en las elecciones. No permanecer en las instituciones les aboca a la muerte, a una completa derrota de la que distan un cuarto de hora desde hace años. Unos minutos estirados hasta hoy por el oxígeno negociador de Zapatero. Que la banda había ordenado crear un nuevo partido máscara es largamente conocido. Que, en consecuencia, un hato de etarras la han presentado es indiscutible. El recuento de la mafia concitada en su presentación, encabezada por Iñigo Iruin y Rufi Etxeberria, lo demuestra.

Recordará el memorioso lector aquella foto en un hotel donostiarra de este sujeto y el otro etarra Otegi con Ares y López, hoy presidente del Gobierno vasco que aboga por "integrar" a la serpiente. En su descargo se le reconocen sentidos homenajes a víctimas de sus contertulios. Retomemos el hilo. Los que son capaces de matar a más de 800 personas son capaces de mentir. Si pueden lo más pueden lo menos.

En fin, visto que la ETA nos presenta algo que dice no ser la ETA, estamos ante un intento grosero de colarse en las elecciones. Demasiado grosero. Con los indicios y antecedentes, da para sospechar profundamente. Y es que desde que comenzó el proceso de ZP con la banda, la oscuridad y la mentira se han hecho dueñas del espacio público en este grave asunto, del que no se da cuenta ni razón de qué se hizo o se hace. Nos tienen por súbditos más que por ciudadanos. Y de este atropello, de su disimulo, participan la mayoría de nuestros políticos. Unos, atenazados por la estrategia de partido, otros en clara connivencia, otros instalados en la prudente pachorra. Los menos, pero muy muy menos, algo hacen.

En fin, cada cual sabrá. Así que es tan evidente que la nueva marca sucede a Batasuna/ETA que bien pudiera ser parada por los jueces, y otras opciones, como el vientre de alquiler de EA, sigan adelante. Veremos. La reacción de algunos dirigentes del PSOE evidencia el bochornoso tráfico de gestos acordados con Currin, el tipo que hace caja con cargo a nuestros muertos y que no movería los hilos sin el parabién de la Moncloa. Prosigue la representación con la señorita mentira de protagonista estelar.

Habría sido fácil despejar sospechas derogando el permiso para negociar otorgado por el Congreso en 2005; deteniendo al jefe etarra Ternera, más localizado que el quiosco de la plaza del Castillo; o utilizando los instrumentos legales existentes para sacar a ANV de las instituciones. Tan descaradas faltas delatan la negociación blanqueo de terroristas. Apaño que, de culminar, otorgará algún sentido político a su sangriento historial. La historia de amedrentamiento, asesinato del oponente y ocupación ventajista del espacio público exige su derrota y expulsión del espacio público por muchos años: su eliminación democrática; pues reingresados en la legalidad, ¿quién deshará el eficaz ahormamiento, la profunda distorsión social provocada por el miedo a la bota terrorista en tantos lugares de Navarra y el País Vasco, trabajada golpe a golpe, tiro a tiro, día a día por décadas? ¿Quién recuperará la libertad robada? Sólo décadas con el aire de la libertad corriendo por las ventanas abiertas podrán aproximarnos a una justa y razonable convivencia. Un apaño a oscuras con terroristas no será fruto de la libertad de los españoles, sino el producto de una infamia condicionada por criminales. Maniobra liberticida que sustituirá el contenido de palabras como convivencia, dignidad o paz, con el relleno podrido de la injusticia y la necedad. El último disparo.
Salvador Ulayar es hijo de Jesús Ulayar, víctima del terrorismo.

Vergüenza suprema
EDITORIAL  Libertad Digital 9 Febrero 2011

La Audiencia Nacional condenó en marzo de 2010 al proetarra Arnaldo Otegi como autor probado de un delito de enaltecimiento del terrorismo a dos años de prisión "e inhabilitación absoluta durante dieciséis años, que conlleva la privación definitiva de todos los honores, cargos y empleos públicos que tenga el penado aunque sean electivos y la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena".

Ni que decir tiene que esta condena, conforme a derecho, y especialmente en lo referente a la pena de inhabilitación, dejaba fuera del juego institucional a Arnaldo Otegi –ese "hombre de paz" que diría Zapatero–, aun en el caso de que los batasunos volvieran ahora a sortear la Ley de Partidos. El Tribunal Supremo, sin embargo, acaba de levantar ese obstáculo, al menos temporalmente, con una bochornosa sentencia que anula la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional y que obliga a la repetición del juicio.

Ni que decir tiene que el Alto Tribunal no ha justificado su vergonzosa resolución alegando estas razones extrajurídicas –hacerlo equivaldría a perpetrar y reconocer, al tiempo, un delito de prevaricación–; pero, no pudiendo tampoco cuestionar la validez jurídica de las irrefutables pruebas sobre las que descansa la condena de Otegi por parte de la Audiencia Nacional, ha optado por cuestionar la imparcialidad del tribunal enjuciador, tal y como pretendía la defensa del batasuno. La base de tan grave cuestionamiento por parte del Supremo es algo tan escandalosamente nimio e irrelevante como el comentario que hizo la presidenta del Tribunal al negarse Otegi a responderle si condenaba la violencia de ETA: "Bueno, ya lo sabía. Puede sentarse".

El Tribunal Supremo, que gasta tinta para defender algo que nadie cuestiona como es la importancia de la imparcialidad de jueces y magistrados, tiene la poca vergüenza de considerar que "la pregunta formulada por la presidenta del Tribunal y, muy especialmente, su reacción al negarse el recurrente a contestar, pueden interpretarse, desde perspectivas objetivas como una expresión de una opinión ya formada, previamente o al inicio del juicio, acerca del significado que cabría otorgar a las palabras pronunciadas por el recurrente que, a juicio de las acusaciones, constituían un delito de enaltecimiento del terrorismo".

Ignoramos de qué planeta va a surgir un magistrado que, antes del juicio, ignore quién es Arnaldo Otegi y las veces que éste se ha negado a condenar la violencia de ETA. En cualquier caso, la pregunta de la presidenta del tribunal era sumamente pertinente de cara a dejar patente en sede judicial la negativa del acusado a condenar la violencia de ETA, cuestión esta decisiva si Otegi estaba siendo juzgado precisamente por un delito de enaltecimiento de un etarra preso. El comentario de la presidenta –"ya lo sabia"–, no por innecesario deja de ser una mera y legítima confirmación verbal de algo a lo que la presidenta del tribunal tenía perfecto derecho a conocer, sin por ello quedar invalidada para juzgar.

Por otro lado, considerar, tal y como hace el Supremo, que ese "ya lo sabía" supone un inadmisible prejuicio de cara a qué significado otorgar a las encomiables palabras que Otegi dirigió a un asesino irredento como José María Sagarduy es el colmo de la impostura: Otegui encumbró a este asesino como un "luchador por la libertad" y equiparó su encarcelamiento con el apartheid sudafricano, entre muchas otras lindezas. Pero lo más delirante de todo es que, en sede judicial, la defensa de Otegi volvió a enaltecer a los terroristas encarcelados calificándolos de "presos políticos vascos".

En fin, que cada día cuesta más atribuir al papanatismo y a la estupidez lo que cada vez apesta más a complicidad con sucios procesos de paz. Más aun cuando no hace ni dos meses una sentencia, no menos vergonzosa, absolvía a Otegi y Permach por los delitos de enaltecimiento perpetrados en Anoeta. Más aun cuando retumban en nuestros oídos las exigencias que ETA ha hecho a nuestro Estado de Derecho en todos sus comunicados de tregua; más aun cuando recordamos las palabras del fiscal general del Estado instando a "que la Ley no sea obstáculo para la paz", o calificando la Ley de Partidos de "Guantánamo electoral", o animando a jueces y fiscales a "ensuciar sus togas con el polvo del camino".

Convivencia Cívica denuncia a la Generalitat por prevaricar con la inmersión lingüística
El modelo de preinscripción no respeta el bilingüismo que exige el Supremo
 www.lavozlibre.es 9 Febrero 2011

Madrid.- El incumplimiento de la Generalitat de Cataluña de las sentencias del Supremo sobre bilingüismo en la educación le ha costado una denuncia por prevaricación. La plataforma Convivencia Cívica Catalana, presidida por Francisco Caja, presenta este miércoles una querella criminal contra la Consejería de Enseñanza por no acatar los fallos judiciales que instan a garantizar el equilibrio entre castellano y catalán en los centros escolares.

Convivencia Cívica Catalana considera que el Govern incumple las sentencias en el impreso de preinscripción para el próximo curso. El modelo no incluye tampoco este año ninguna casilla que dé a los padres la opción de que sus hijos estudien en los idiomas.

Para Caja, la Consejería "se ha convertido en un delincuente" por publicar a sabiendas una resolución injusta, lo que supone para la asociación un delito de prevaricación, y apunta que la querella irá directamente contra la directora general de Atención a la Familia, Meritxell Ruiz -que firma la resolución- y la consejera Irene Rigau -como responsable última de la orden-.

En Cataluña, a entender de Caja, los criterios educativos se rigen "por la obsesión del nacionalismo por imponer la lengua catalana".

La consejera Rigau se defiende asegurando que "el modelo escolar de Cataluña garantiza el aprendizaje de las dos lenguas", que están "al mismo nivel", precisó. La responsable de Enseñanza sostiene que la querella "es desproporcionada" porque "resuelve sobre unos casos concretos, pero no determina que el modelo tenga que ser estudiado por una instancia superior".

Cataluña
«¡Mamá, si me dejaran estudiar en castellano sería más lista!»
Consuelo, una de las demandantes avalada por el Supremo, exige «que se acate la ley en Cataluña»
ESTHER ARMORA ABC Cataluña 9 Febrero 2011

No tengo nada en contra de Cataluña, lo único que he hecho es reclamar un derecho constitucional, y eso me ha supuesto, por ahora, seis años de intensa lucha». Consuelo Santos Neyra, una de las madres que hay detrás de las tres sentencias lingüísticas que dictó el pasado diciembre el Tribunal Supremo (TS), que obligan a la Generalitat a devolver al castellano el papel de lengua vehicular en la enseñanza, nunca se ha sentido extraña en Cataluña, pese, según dice, «al empeño de muchos ciudadanos para que así sea».

En una entrevista concedida a ABC, esta madrileña de 42 años, afincada en Sabadell (Barcelona) desde hace doce años, relata su particular «via crucis», que empezó cuando denunció a la Generalitat por impedir una enseñanza bilingüe para su hija Lydia, en 2005, y concluyó en diciembre con el fallo del Supremo. Ahora, tras el espaldarazo del Alto Tribunal, ve el objetivo más cerca, aunque desconfía de la respuesta del Govern.

«Los fallos son irreplicables» «El gobierno catalán nunca ha acatado las sentencias, aunque ahora es diferente porque los fallos del Supremo son irreplicables», asegura la madre, quien está convencida de que si el Govern no desiste de su actitud «acabará en el banquillo».

Consuelo, casada con un barcelonés, llegó a Sabadell en 1999 y lo primero que hizo fue apuntarse a clases de catalán. «Me saqué el nivel A, el más básico, aunque no tuve ningún problema para relacionarme», explica a este diario. Los problemas comenzaron, según explica, cuando su hija Lydia P. S., que entonces tenía sólo tres años, se matriculó en el primer ciclo de Educación Primaria en el centro concertado «Sant Josep de Calasanz» de Sabadell, un colegio de religiosas en el que sigue estudiando y para el que sólo tiene buenas palabras. «Leí el folleto de preinscripción escolar y observé, para mi sorpresa, que no me daba la opción de elegir los primeros años de escolarización en castellano para mi pequeña, tal como me corresponde por ley», afirma. Era el año 2005. Desde entonces y hasta ahora, lo folletos sólo dan a los padres la opción de acceder a la atención individualizada. «Me pareció una ofensa porque eso es discriminatorio», denuncia la mujer, quien se puso en contacto con la dirección del centro, aunque se limitaron a decirle que cumplían instrucciones».

Consuelo, como otros muchos padres reniega de esta fórmula. «No creo que haya ningún padre que quiera que su hijo demuestre al resto de la clase que va rezagado en algo», denuncia. Sin embargo, lo que le llevó realmente a decidirse fue una frase que pronunció su hija: «¡Mamá, si me dejaran estudiar en castellano sería más lista!». Fue entonces, cuando esta madrileña se armó por la causa bilingüe. Lo primero que hizo fue contactar con Convivencia Cívica Catalana (CCC). «Les llamé porque entendí que podían ayudarme», declara la madre. Fue el primer paso de una larga peregrinación. Consuelo y su marido —en esta causa ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias en su trabajo—, junto a otros padres que se encontraban en su misma situación, pasaron a la acción y denunciaron primero la situación ante las autoridades educativas.

La consejería de Educación se limitó a proponerles atención individualizada para sus hijos, lo que les llevó a llamar a la puerta de la justicia. «Primero denunciamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y después pasamos al Tribunal Supremo (TS), que finalmente, nos ha amparado», relata la madre.

Mirando hacia atrás, Consuelo reflexiona: «Han sido casi seis años de intensa lucha para acceder a algo que nos corresponde por derecho. Sólo quiero que el bilingüismo de la calle se traslade a las aulas». El largo camino hacia esta celebrada sentencia ha sido, según relata, «duro» y con «momentos especialmente amargos». Recuerda, en este sentido, las amenazas recibidas de ciudadanos anónimos desde la Red a raíz de los fallos del Supremo.

Amenazas en «Facebook»
«En “Facebook” un ciudadano decía: “Si pudiera cortarles una pierna o un brazo con un hacha oxidada a los tres fascistas estos —refiriéndose a los tres padres de las sentencias— lo haría sin pestañear”», explica.

Cuestiones personales al margen, Consuelo Santos está convencida de que ella junto a las otras dos familias que están detrás de los fallos del TS, han «hecho historia» porque, según afirma, «lograremos una Cataluña bilingüe». Está convencida, sin embargo, de que la batalla no ha concluido y vienen duros meses de combate. Su última reflexión la reserva para los catalanohablantes: «Son las verdaderas víctimas de la inmersión».
Querella criminal y lluvia de demandas

Tal como avanzó ayer ABC, la Generalitat ha vuelto a retar a la Justicia, esta vez al Tribunal Supremo (TS), al burlar la casilla lingüística, que permite a los padres elegir la lengua de escolarización de sus hijos en el folleto de preinscripción. Esta vez el incumpliento es más flagrante porque se trata de tres fallos contundentes que instan al Govern a cambiar el modelo de inmersión para garantizar el bilingüismo en las aulas. Convivencia Cívica Catalana (CCC) la asociación que ha dirigido la causa bilingüe, presentará —hoy tal como avanzó este diario— una querella criminal contra la directora general de Atención a la Familia, Meritxell Ruiz, y tiene previsto ampliarla a la consejera, Irene Rigau. También presentará un recurso ante el TSJC por «vulneración de derechos fundamentales». En paralelo a la batalla judicial, hay 200 padres dispuestos a pedir una enseñanza bilingüe para sus hijos. La consejera se limitó ayer a asegurar que cumplen la ley y mantendrán la inmersión.
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