AGLI

Recortes de Prensa   Domingo 20 Febrero 2011

 

La rebelión de los jóvenes
Hay una relación directa entre las manifestaciones de los estudiantes belgas y las de los jóvenes egipcios, iraníes, libios...
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 20 Febrero 2011

NO me refiero a los jóvenes que se manifiestan en las ciudades árabes contra sus gobiernos, sino a otros muchos más cercanos, pero no menos importantes, aunque apenas les hemos prestado atención.

En Bruselas, Amberes, Gante, Lieja, Lovaina y otras ciudades belgas, miles de estudiantes se han manifestado contra el hecho de que su país lleve 252 días sin gobierno, al ser incapaces los partidos políticos de ponerse de acuerdo. Todo un record, aunque lo más sorprendente es que a ellas asistieron jóvenes flamencos y valones, bajo el lema de «División no es nuestro nombre», opuesto a la tendencia que empuja a la mitad norte del país, neerlandesa, a separarse de su mitad sur, francófila. A los jóvenes belgas, esa viejísima rivalidad, fundada en la lengua, la religión y la historia, les parece no ya anacrónica, sino ruinosa en los tiempos que vivimos, donde no sólo se derrumban fronteras en Europa, sino que se busca la homogeneización a escala planetaria. «No queremos la división, porque los problemas son los mismos a ambos lados de la frontera lingüística. Queremos que un valón pueda elegir a un político flamenco, o viceversa, y que los trabajadores tengan los mismos derechos en Flandes que en Valonia», dijo el estudiante que cerró el acto en Bruselas, ante una pancarta que proclamaba: «La lengua no es el problema. Son los políticos». Lo que ponía el dedo en la llaga. A los políticos «nacionalistas» les interesa mantener la división porque sus posibilidades disminuyen en un escenario nacional, donde la competencia es mucho mayor. Nada de extraño que prolonguen y fomenten las divisiones, aunque sea a costa de tener un país ocho meses sin gobierno, es decir paralizado, con todos los perjuicios que ello trae consigo, como está ocurriendo en Bélgica, donde han tenido que ser los jóvenes quienes salieran a defenderla.

Hay una relación directa entre las manifestaciones de los estudiantes belgas y las de los jóvenes egipcios, iraníes, libios y bahreiníes, pese a las enormes diferencias entre sus países: todos ellos están hartos de una clase política más atenta a sus intereses particulares que a los generales del país. Algo que ha calado en la opinión pública de todos ellos y ha hecho descender el prestigio de los políticos a uno de los niveles más bajos de la historia, no sólo en los regímenes totalitarios, sino también en los democráticos.

A las nuevas generaciones, crecidas en internet y la televisión global, las diferencias nacionalistas, religiosas, lingüísticas y demás «hechos diferenciales» les dicen muy poco, sobre todo viendo que frenan el desarrollo de su país y les dejan sin trabajo. En el mundo árabe, su estallido es violento. En Europa, pacífica, de momento. Es España, siempre retrasada, inexistente. Pero todo llegará, aunque tarde como siempre.

La corrupción extrema en Andalucía justifica la rebeldía ciudadana
Francisco Rubiales Periodista Digital 20 Febrero 2011

La corrupción extrema y nauseabunda detectada recientemente en Andalucía, donde se ha utilizado el dinero público para conceder, desde la Junta, pensiones anticipadas truculentas e injustas a socialistas y miembros de UGT, justifica que los ciudadanos salgan a las calles y plazas, como en Túnez y Egipto, para exigir el fin de la corrupción y del abuso, la dimisión del gobierno, la limpieza de un sistema infectado y la convocatoria urgente de elecciones anticipadas.

Sin embargo, la protesta masiva no va a producirse en Andalucía por dos razones principales: la primera es que las estrategias y tácticas del poder para confundir y atolondrar a los ciudadanos mediante la propaganda, la mentira y la televisión de baja estofa han funcionado, y la segunda es que el envilecimiento de la ciudadanía ha alcanzado niveles tan altos que ha convertido a los andaluces en una masa acobardada e impotente de borregos insensibles ante el abuso y la iniquidad del poder político.

El alma de la corrupción detectada es tan burda, injusta e inicua que causa estupor y vergüenza: socialistas y ugetistas fueron introducidos en EREs de empresas teóricamente en crisis, financiados con dinero público por la Junta de Andalucía, recibiendo pensiones anticipadas sin que jamás hubieran trabajado en esas empresas. Para colmo de inmoralidad, algunos de los afectados afirman ahora que jamás recibieron dinero alguno, lo que todavía hace más grave e indignante esa iniquidad. La pregunta que flota en el ambiente es: ¿Fue ese dinero a parar a las arcas del PSOE o al bolsillo de algunos dirigentes corruptos?

La Justicia, que también parece horrorizada ante el alcance del drama y que ya ha practicado más de una decena de detenciones, tiene las respuestas que espera con impaciencia un país aterrorizado ante el enorme alcance de la corrupción que ha incubado en su sector público.

Si como todo parece indicar, lo que se ha detectado hasta ahora apenas es la punta del gran iceberg de la corrupción y que por debajo de la línea de flotación se ocultan nuevos EREs fraudulentos, listas negras de empresas y empresarios a los que se les vetan las subvenciones y los contratos y concesiones públicas, amiguismo, nepotismo, enchufismo, clientelismo, financiaciones sospechosas, enriquecimientos inexplicables, concursos trucados, oposiciones falseadas, urbanismo delictivo, chantajes, uso del dinero público para doblegar voluntades, intimidaciones, amenazas y una larga lista de comportamientos y delitos contra la ley, la decencia y la democracia que, el conocimiento en plenitud de esa sucia marea negra de corrupción y abuso de poder marcará la presente época como una de las peores de la historia andaluza y provocará en una sociedad que se sentirá asqueada, desbordada y asustada ante el alcance del drama, el vómito, la indignación y la vergüenza colectiva en la sociedad.

Ojalá el drama de los EREs fraudulentos sea, como afirma la Junta, un abuso de cuatro golfos, pero mucho nos tememos que sea, en realidad, la manifestación de la inmensa corrupción acumulada después de más de tres largas décadas de poder casi absoluto de un gobierno andaluz socialista que, además de corromperse, ha acumulado un poder tan denso, profundo e incompatible con la democracia, que ha infectado a toda la sociedad y ha invadido, hasta el agobio, a la sociedad civil, a la economía y hasta la vida cotidiana de los ciudadanos.

Si como cabe esperar, el escándalo de los EREs, que ya es, junto con el de los GAL, quizás el peor de los que han asolado España desde la muerte de Franco, es sólo el primero de una larga serie de abusos hoy cuidadosamente ocultos bajo las alfombras del poder andaluz, esta región andaluza, la más poblada de España, va a necesitar un rescate ético profundo y un tratamiento de choque intenso para evitar que la desmoralización y la rabia afecte a varias generaciones.

Voto en Blanco

La locura municipal española
Roberto Blanco Valdés La Voz 20 Febrero 2011

¿Sentirán los concejales de Lalín como los caballeros de la tabla redonda cuando se sienten, por fin, en torno a esa mesa circular de alto diseño que hemos pagado a escote los gallegos? ¿Se creerá el regidor de la capital del Deza una reencarnación del rey Arturo? ¿Verán sus vecinos otro Camelot en esa casa consistorial que ha costado la friolera de 2.000 millones de pesetas?

Hay que esperar que sí, porque, si no, habremos hecho un pan como una tortas. Y es que si el nuevo edificio municipal, de costo y trazas delirantes para un ayuntamiento en el que viven poco más de 21.000 habitantes, no sirve para transportarlos al país de Jauja en el que solo tal despropósito sería razonable, es probable que muchos lalinenses, tras echar cuentas, se pongan como fieras. ¿Por qué? Porque la división de esos 2.000 millones de las antiguas pesetas (con euros no se hace uno cargo de la cosa) entre el total del vecindario indica que su corporación ha invertido en un edificio completamente desproporcionado para sus necesidades cerca de 100.000 pesetas por vecino. ¿Otro Gaiás? ¡Otro Gaiás!

Otro más de los muchos que hay repartidos por una geografía municipal disparatada. España tiene 8.116 municipios, de los cuales tan solo 62 superan la cifra de cien mil habitantes. En ese pequeño grupo viven algo más de dieciocho millones de personas (el 38% del total), lo que permite hacerse una idea de la insostenible situación en la que estamos: dividida la población restante (casi veintinueve millones) entre el número de municipios de menos de cien mil habitantes (8.054) obtenemos un censo medio (3.582 vecinos por municipio) que supone una locura en términos políticos, sociales y económicos.

Acabar con esa insensatez constituye una parte fundamental de la reforma del Estado que deberíamos acometer con toda urgencia si queremos que el español no acabe dando en quiebra. También hay que suprimir las diputaciones provinciales, cerrar y redimensionar de una vez el sistema autonómico y reformar una Administración del Estado que, en algunas esferas es raquítica para lo que necesitamos (seguridad, justicia o I+D), y en otras demasiado grande para su actual nivel de competencias.

Pero nada de eso será suficiente si no nos decidimos de una vez a meterle el diente a la reagrupación de municipios y si no nos atrevemos a decir la verdad de por qué esa medida es tan necesaria: no solo porque tenemos muchos más municipios de los que necesitamos, sino además porque, al ser tantos y tan pequeños, la preparación de los munícipes resulta con demasiada frecuencia desastrosa, como irresistible la presión de sus vecinos para que hagan lo que no deben o no hagan lo que deben. Y es que el poder debe acercarse al pueblo, pero no tanto. No hay más que mirar alrededor para saberlo.

La Fundación
Luis del Pino Libertad Digital 20 Febrero 2011

Editorial del programa Sin Complejos del domingo 20/FEB/2011: "La Fundación"

"La Fundación" es, quizá, la serie de novelas más conocida de uno de los autores de ciencia ficción de más renombre, Isaac Asimov.

En esa trilogía, Isaac Asimov nos describe un mundo futuro, en el que se ha establecido un Imperio Galáctico que abarca a todos los soles de nuestra Vía Láctea. La trama comienza cuando ese Imperio Galáctico se desmorona, tras lo cual se produce una era de incertidumbre, de anarquía y de caos, que sólo acabará cuando logre establecerse el Segundo Imperio, unificando de nuevo a toda la galaxia.

Obviamente, la trama se inspira en nuestra propia historia de la civilización occidental, que vivió - tras la caída del Imperio Romano - una época de anarquía y de caos (lo que denominamos la Edad Media), que sólo terminaría con la aparición de los estados nacionales en la Edad Moderna.

Lo que hace interesante a la novela es que Isaac Asimov plantea en su historia el tema de la ingeniería social. En el momento de caer el Imperio Galáctico, un grupo de expertos en ciencias sociales crea lo que denominan "La Fundación" y se dedican a tratar de dirigir en la sombra a la Humanidad, con el fin de conseguir acelerar el establecimiento del Segundo Imperio y acortar así el período de oscuridad y de anarquía entre un imperio y el siguiente.

Básicamente, sería algo así como si un grupo de monjes se hubiera propuesto, tras la toma de Roma por los bárbaros, "dirigir" a todo Occidente en la sombra, con el fin de conseguir reducir todo lo posible los mil años de duración de la Edad Media.

La novela resultó un éxito en su día y posiblemente sea la obra de Isaac Asimov que mejor ha resistido el paso del tiempo. Los temas que plantea siguen teniendo vigencia en la actualidad, porque retrata el eterno conflicto entre quienes quieren dirigir a la Humanidad en un cierto sentido - supuestamente beneficioso - y esa Humanidad que se resiste a ser dirigida y que quiere disponer de libre albedrío.

Dejando aparte la pregunta de si verdaderamente la Edad Media fue más brutal que el Imperio Romano anterior, o que la Edad Moderna posterior, la crítica que podría hacerse al planteamiento de Asimov es que incurre en el pecado de la ingenuidad. Porque toda la trama se basa en la existencia de esa misteriosa Fundación, compuesta por científicos, que vela desinteresadamente por el bien de toda la galaxia, cuando la experiencia histórica nos indica que tales elites bienintencionadas son la excepción, en lugar de la norma: una vez que se constituye, en cualquier lugar de la Tierra, una elite directora, ésta termina derivando antes o después en una casta privilegiada, que utiliza su poder y sus mecanismos de control para perseguir su propio beneficio y no el de sus semejantes. Vamos, que todo luchador socialista por los derechos de los trabajadores - por poner un ejemplo - termina montando una hípica, y eso suponiendo que al principio le animaran las buenas intenciones.

Viene todo esto a cuento de que dentro de tres días se cumple el trigésimo aniversario del 23-F, aquel golpe de estado en el que nuestros servicios de información se dedicaron a la vez a dar y parar el golpe y del que aún hoy seguimos sin conocer todos los detalles.

Quizá sea buen momento para echar la vista atrás y comprobar cómo nuestra historia democrática está llena de lagunas, de zonas de sombra. Y cómo, desde las zahúrdas del estado, se han hecho descomunales esfuerzos para ocultarnos a los ciudadanos información fundamental para poder decidir en libertad. Y que todo eso se ha hecho, precisamente, para preservar la capacidad de decisión de esa elite directora que se ha creído con derecho a señalar el camino que España debía recorrer, en lugar de dejar que fueran los españoles los que eligieran su propio camino.

Además de al 23-F, esas zonas de sombra se extienden aún hoy a sucesos como el incendio del Hotel Corona de Aragón, que por fin el Tribunal Supremo terminó reconociendo como un atentado, pero que a la opinión pública se le vendió en su día como un accidente. O a episodios como la trama de los GAL, con respecto a la cual somos conscientes de que tan sólo conocemos una minúscula parte. O, por supuesto, a catástrofes como el 11-M, del que sabemos que nos han querido ocultar la verdad, pero del que aún desconocemos a los auténticos autores.

Todos esos sucesos tienen una cosa en común: alguien decidió que la opinión pública no tenía derecho a conocer la verdad o una parte de la misma. Y todo con el fin de llevar a los españoles por donde los españoles no hubieran deseado ir de motu proprio. El 11-M es un ejemplo muy claro: ¿alguien cree que estos últimos siete años de nuestra historia hubieran sido iguales, de no haberse producido esa masiva ocultación de pruebas en la investigación de la masacre de Madrid?

Pero el caso del Hotel Corona de Aragón es también clarísimo: siendo un atentado, la clase política decidió, de común acuerdo, que a la ciudadanía había que decirle que el incendio fue accidental. ¿Y cuál es la razón? Pues que, de haberse sabido la verdad desde el primer momento - de haber sabido desde el principio que se trató de un atentado terrorista - posiblemente el desarrollo autonómico habría quedado automáticamente congelado, ya que la opinión pública habría exigido a gritos una política de mano dura con ETA y con los nacionalismos.

Es decir, que vivimos en un país en el que una elite dirigente es capaz de decidir qué cosas tenemos derecho a saber y cuáles no. Y todo ello con el fin de llevarnos por la senda que esa elite ha decidido, en lugar de dejar que sean los españoles los que decidan si quieren transitar por esa senda o no.

Y, a diferencia de la Fundación bienintencionada que se retrata en la novela de Isaac Asimov, esa ocultación y esa ingeniería social que sufrimos en España no se llevan a cabo por el bien de los españoles, sino con el único fin de que esa elite dirigente pueda autoperpetuarse y seguir prosperando a nuestra costa.

Porque en España, a lo que se dedican las fundaciones, por regla general, es a lucrarse a costa de nuestros bolsillos, no a velar por el bien de la galaxia.

El salario de la corrupción
Lo peor es la obscena fullería ventajista con que urdieron un indecente negocio clientelar de bajas trucadas
IGNACIO CAMACHO ABC 20 Febrero 2011

LES han faltado el respeto a los jubilados que después de una vida completa de esfuerzo y mérito malviven con una pensión congelada. Han insultado a los trabajadores maduros despedidos en ERES sin negociar y condenados a estirar la indemnización para que les llegue a rastras hasta el retiro anticipado. Han menospreciado a los jóvenes sin empleo cuya precaria carrera laboral apenas alcanzará alguna vez los veinticinco años. Y se han recochineado de los autónomos asfixiados por la crisis, de los funcionarios con el sueldo reducido, de los pequeños empresarios en dificultades que no pueden aliviarse de cargas, del mermado tejido social andaluz que sostiene con su trabajo inestable el despilfarro de una autonomía hipertrofiada y subvertida. Lo de menos son los parientes y amigotes del partido incrustados de válvula entre plantillas en las que nunca figuraron; lo peor es el negocio tramposo e indecente, la obscena fullería con que urdieron una masiva trama ventajista de bajas trucadas para, con la complicidad deshonesta de los sindicatos, garantizarse un beneficio clientelar de agradecimiento discriminatorio.

Han prejubilado como mineros a tipos que jamás bajaron a una galería. Han convertido a oficinistas de 42 años en veteranos picadores o dinamiteros de explotaciones que llevaban décadas cerradas. Han indemnizado a empleados dados de alta el mismo día del despido. Han disfrazado de personal de una base militar a exconcejales de pueblos vecinos. Han falsificado cientos de vidas laborales para engordar las listas de beneficiarios de su truculenta red de despidos subvencionados. Han pervertido el principio sagrado de la solidaridad social, y lo han hecho de un modo sistemático, organizado, industrial, a base de fondos millonarios ocultos a la transparencia administrativa. Han permitido que comisionistas del partido actuasen como desaprensivos comerciales que ofrecían expedientes de regulación de empleo a los despachos de abogados. Han favorecido arreglos artificiales y operaciones amañadas con dinero público. Han trazado un gigantesco mapa ficticio de crisis anticipadas para beneficiarse políticamente de la derrama clientelista y comprar voluntades con el salario de la corrupción.

Y todo eso a espaldas del control presupuestario, con partidas opacas para escapar de la reglamentación europea. Y todo eso en medio de una sensación de impunidad garantizada por el silencio de los beneficiarios de la treta. Y todo eso con un desahogado desdén por la destrucción del tejido laboral por cuya integridad estaban obligados a velar. Y todo eso desde presuntos departamentos, agencias y consejerías… ¡de Empleo! Y todo eso en una comunidad con un millón de parados a las que aún se atreven a vender futuro.

El peligro de Marruecos
El Editorial La Razón 20 Febrero 2011

La revuelta social que sacude el mundo árabe amenaza con prolongarse en el espacio y en el tiempo. La clave de este movimiento transnacional es que sus raíces son profundas y parten de problemas comunes a los que se han dado parecidas respuestas del todo insatisfactorias. Lo que comenzó como una movilización popular en Túnez, que acabó con el régimen de Ben Alí, y continuó en Egipto para fulminar también a Mubarak, afecta ya a Yemen, Libia, Argelia o Bahréin. Hablamos de un fenómeno equiparable que parte de una población juvenil, muy mayoritaria en estos países, frustrada e insatisfecha por la falta de perspectivas, en el marco de unas sociedades sometidas a la pobreza y a la corrupción del poder mientras una élite se enriquece. Una ciudadanía subdesarrollada además culturalmente que comprueba, gracias a la irrupción de las redes sociales, el auge de los países occidentales de la otra ribera del Mediterráneo.

Este guión está prácticamente calcado en todas las naciones árabes donde han germinado las revueltas. Y, bajo sus peculiaridades, se da también en nuestro vecino Marruecos. Existe ese caldo de cultivo en una nación donde el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas la sitúa en el puesto 130, dentro del grupo de países de nivel medio, con indicadores similares a los de Tayikistán, Namibia, Suráfrica, India o Laos, entre otros. Un país, por ejemplo, donde las familias dedican el 63% de su renta a costear los alimentos. Y todo ello bajo una suerte de monarquía teocrática en la que el rey tiene una de las mayores fortunas del mundo.

En ese contexto, hoy están convocadas manifestaciones en una veintena de ciudades en el denominado «Día de la Dignidad». El Movimiento 20 de Febrero, integrado por jóvenes que crearon un grupo en Facebook, reivindica para su país la democracia, la separación de poderes y los derechos sociales. Se trata, por tanto, de un movimiento de base que no ha contado con el respaldo de los partidos políticos del régimen.

Para España es una situación potencialmente peligrosa. El ejemplo de lo sucedido en Túnez y la invasión posterior de la isla italiana de Lampedusa con miles de sin papeles procedentes del país africano nos obliga a estar extremadamente atentos y en alerta a la evolución de los acontecimientos de nuestro vecino del sur, con el que tenemos frontera terrestre. La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha insistido durante todos estos días en que no existe riesgo alguno de que la revuelta árabe se extienda a Marruecos, pero esperamos que esa retórica prudente y medida esté acompañada bajo cuerda de los correspondientes planes de contingencia. Que prenda o no la llama en el reino alauí es algo que a España no le podrá coger desprevenido porque nos jugamos demasiado. La inestabilidad en esa región crítica para nuestros intereses exigen del Gobierno y de los resortes del Estado máxima atención. Y hay que exigir también que Occidente y, especialmente, Europa sean capaces de desarrollar una política exterior mucho menos contemplativa que hasta este momento y se esté preparado para afrontar cualquier crisis.

Faisán: Rubalcaba se inventa una añagaza
Carlos Dávila www.gaceta.es 20 Febrero 2011

“El acuerdo parlamentario para negociar con ETA continúa vigente y de él se van a colgar los socialistas, usándolo para defender que también servía para tomar en el ‘proceso de paz’, ‘determinaciones inexplicables”.

La mayoría de los periodistas que siguieron, de cerca, en el Parlamento, o en las redacciones, la lánguida respuesta de Rubalcaba a la enésima pre¬gunta del incansable Gil Lázaro el pasado miércoles, la interpretaron como una nueva fuga del vicepresidente, tras la huida vergonzante que protagonizó un día después de su reunión con Carlos Dívar, el bienhechor presidente del Consejo General del Poder Judicial. Las apariencias fueron esas: un personaje, ya puesto de perfil, que cumplió el trámite como quien se toma, sin tener un esófago de amianto, un sopicaldo tórrido. Cierto es que la intervención del diputado valenciano –el hombre que está llevando en Madrid la real oposición del PP en el caso de mayor trascendencia política de toda la era zapaterista– le dejó noqueado: las imputaciones fueron tan nítidas que, una de dos: o se fajaba en un duelo destrozón con el contrario o sencillamente se limitaba a esperar la campana para marcharse cuanto antes a otro cuadrilátero. Cierto es eso, pero la impresión que ofreció el vicepresidente no pudo ser más lamentable, hasta el punto de que, como suele suceder, en los cenáculos de la Villa y Corte a partir de ese momento comenzaron a chiflar los rumores: que si abandono político, que si hartura mental, que si un cierto comezón patológico... Esas eran las triquiñuelas al uso, algunas de ellas, desde luego, alimentadas por la tradición de un Rubalcaba que, cuando quiere transmitir una sensación de víctima obligada por las circunstancias a sacrificarse por el país, echa mano de alguna dolencia identificada que ¡ojalá! nunca le dé un disgusto.
El miserable acuerdo

Pero, terminada aquella sesión parlamentaria, recibí una llamada extraordinariamente significativa. Un personaje cercano al PSOE me dijo literalmente: “La gente no se ha enterado de nada; Rubalcaba ha empezado la nueva estrategia de defensa en el Faisán”. “¿Y cuál es ella?”, pregunté entusiasmado. “Pues mira, fácil, respondió: recuerda que aún sigue vigente, porque no se ha derogado, la resolución parlamentaria que autorizó al Gobierno de Zapatero a negociar con ETA, ¿recuerdas?”. Efectivamente este acuerdo miserable que debió ser reventado y anulado hace tiempo, aún permanece incólume.

Durante años, no ya meses, algunos hemos insistido en que tal soporte si siempre fue repugnante, una vez que los asesinos demostraron que no tenían la menor intención de no matar, no podía durar vivo un minuto más. Pero duró; no ha habido manera: el PSOE se hizo el loco y todavía hoy este Congreso de los Diputados sigue autorizando a la cuadrilla de amiguetes que encabeza el aún presidente a sentarse con la banda, por eso, entre otras cosas, sus enviados especiales y los paniaguados internacionales, con el mercenario Currin a la cabeza, han proseguido las conversaciones con los bandidos.
Lo próximo de Rubalcaba

El acuerdo continúa vigente y, al parecer, de él se van a colgar los socialistas. La pregunta es cómo articular esa estrategia. La contestación no es más que una: usándolo ampliamente para defender que aquella indignante proposición servía en todo momento como escudo y parapeto, incluso como coartada para que el Estado pudiera, en el deleznable proceso, tomar “determinaciones inexplicables”. El sustantivo y el adjetivo no son míos: pertenecen a un abogado que esta misma semana me intentaba explicar cuál iba a ser la estrategia de defensa del Gobierno, y básicamente de Rubalcaba, en los próximos tiempos. Naturalmente que en el saco de esas “determinaciones inexplicables” podía caber para un Ejecutivo con una moral tan de plastilina nada menos que abortar cualquier operación que sentara mal a la otra, una operación como la del Faisán que no consistía en otra cosa que en la entrega de dinero por parte de un mediador para que su interlocutor lo enviara a ETA. Recuérdese que el mismo día, 4 de mayo de 2006 en que se produjo el famoso chivatazo, el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero se aprestaba a recibir al entonces máximo líder del PNV, Josu Jon Imaz, que le iba a refrendar su apoyo a la negociación con ETA. ¿Qué hubiera sucedido si Zapatero no hubiera parado directamente la detención de Gorka Aguirre, el peneuvista que iba a entregar el dinero al propietario del Faisán, Joseba Elosúa? No hay que ser muy imaginativo: con uno de los suyos apresado por colaboración con banda armada, Imaz hubiera regresado rápidamente a Bilbao y el Gobierno se hubiera quedado sin el apoyo del PNV. Tampoco ETA se hubiera sentado a la misma mesa que el inefable dúo de enviados especiales de Zapatero: Moscoso-Gómez Benítez.

Pues bien: esto es lo que trama ahora el agónico Zapatero y su falaz vicepresidente Pérez Rubalcaba. Y la respuesta no puede ser más que una: siendo cierto que el Parlamento autorizó a Zapatero a negociar con ETA, no lo es menos que nunca le pudo autorizar a cometer delito alguno. Si lo hubiera hecho, todos los diputados que votaron a favor estarían incursos en un delito de traición, penal y constitucionalmente muy castigados en nuestra legislación. Por tanto, basta ya de artimañas. Primero fue la mentira, después la mentira y el insulto, y ahora la mentira, el insulto, la huida y el despiste, ¿cuál será lo próximo ideado por la factoría del vicepresidente? Esta misma semana, sus epígonos, que todavía le quedan, han soltado por el campo la especie de que el hombre está muy afectado, incluso tocado orgánicamente. Bien: no parece –lo he escrito antes– que sea verdad, y de ello hay que felicitarse, lo que pasa es que no es la primera vez que para desarmar a los críticos el entorno del ministro hace circular añagazas de este jaez, más que nada para conmover al público en general para que este, al fin conmiserativo, diga: “¡Pobre hombre, la que tiene encima!”.
ETA nunca miente

Y la pregunta es: la “que tiene encima” ¿va a acabar por fin con su carrera política? Bien sabe él que si Zapatero lo destituye o él, en un momento preclaro de honradez personal, decide abandonar, el presidente se quedará sin su última defensa en el escándalo del Faisán. Por tanto, no es probable que se produzca ni una, ni otra decisión, pero la semana que ya empieza va a resultar apasionante: nada menos que toda la cúpula del Ministerio del Interior de 2006 y la de ahora mismo van a pasar por el despacho del juez Ruz, al que se le supone rodeado de presiones, pero al que se le supone también –esperemos no errar– capacidad de resistencia.

A este respecto, un detalle: hace sólo unos días una paisana del magistrado me decía: “¡Vaya la que le ha caído, pero el hombre es fuerte!”. Pues eso esperamos: que lo sea y que, por favor, no prorrogue un mes más el secreto del Sumario. Es imprescindible conocer lo que ya se adivina: que los nueve folios que le envió en su momento la juez francesa Le Vert contienen las actas de lo tratado en las negociaciones de ETA con el Gobierno de Zapatero. Hace meses, el diario terrorista Gara (terrorista no lo digo yo; lo dice el Supremo) anticipaba que en una de las bochornosas reuniones en las que los monaguillos de Zapatero daban garantías a ETA, uno de ellos Gómez Benítez, abogado de Garzón por cierto, y hoy miembro, no se sabe con qué méritos, del Consejo General del Poder Judicial, se expresaba más o menos así: “La prueba –le decía a los asesinos– de que vamos en serio es lo del chivatazo”. Rubalcaba siempre dice: “ETA nunca miente”. Veremos.

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Democracia integradora
EDITORIAL El Correo 20 Febrero 2011

La izquierda abertzale continúa soslayando la existencia de una sociedad que le demanda pasos más inequívocos

La manifestación silenciosa convocada con el lema 'Bakerantz, legalizazioa' se convirtió ayer en una multitudinaria marcha que reivindicó la vuelta de la izquierda abertzale a la legalidad. Es indudable que una buena parte de la sociedad vasca desearía tal regreso. Pero el orden de factores que refleja el eslogan, situando la legalización como vía para la paz, es el inverso al que corresponde a todo Estado de Derecho. La legalidad representa el estado natural de la actividad política en democracia.

La excepción la introdujeron aquellos que hicieron uso de ella para dar cobertura al terrorismo con el fin de imponerse a la voluntad popular. De modo que el compromiso real, irreversible y sin dobleces con la pacífica expresión y defensa de las ideas constituye la condición previa de la legalización de una corriente política proscrita por sus connivencias con la violencia etarra. La democracia solo puede dirimir una cuestión que suscita tantas dudas mediante sentencia de los tribunales. Cada dos pasos hacia delante que avanzan los dirigentes de la antigua Batasuna parecen sentirse obligados a dar siempre otro hacia atrás, como se demostró en el comunicado final de la manifestación.

Los estatutos de Sortu rompen formalmente con el pasado de dependencia que ataba a la izquierda abertzale respecto a la banda terrorista. Pero los portavoces de la marcha, al cifrar sus esperanzas en que el alto el fuego de ETA se haga definitivo, vinieron a reconocer que su intención es la de persuadir a la banda y no la de exigirle el abandono de las armas. Cuando proclamaron que en ningún caso admitirán un 'no' por respuesta era evidente que se referían al Estado de Derecho y no a ETA. La nueva izquierda abertzale continúa empeñada en horadar un abismo entre ella y 'el Estado' para soslayar así la existencia de una sociedad democrática que le demanda pasos inequívocos hacia la asunción de un marco de libertades común en el que la preeminencia de la Ley sea asumida por todos. Sigue sin reconocer que «la instauración de una democracia integradora que nunca antes hemos conocido» depende únicamente de que ETA desaparezca para siempre.


Más de lo mismo sobre Sortu
*JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 20 Febrero 2011

* CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA .

El domingo pasado escribí que impedir la inscripción de Sortu no sería fácil, salvo nuevas y contundentes evidencias. Hoy, leído el informe policial en el que se basarán la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, creo que las dificultades jurídicas aumentan. Salvo que antes de cumplirse el plazo para la presentación de la demanda, creo que el 11 de marzo, se aporten otras pruebas, no veo cómo podrían los componentes de la sala prevista en el artículo 61 de la LOPJ motivar la no inscripción de Sortu. En el informe policial se explica que Batasuna y otras organizaciones planificaron la creación de Sortu dentro de un llamado proceso democrático para evitar las consecuencias de la aplicación de la ley de partidos, es decir, la ilegalización de cualquier formación que pretendiera suceder a Batasuna/ETA. Hasta aquí nada nuevo, entre otras razones porque la propia Batasuna hizo saber en el acto de presentación en Bilbao que Sortu es su producto, tan suyo como un hijo lo es de su padre. Aceptada públicamente la paternidad, hay que demostrar ahora que el hijo es vivo retrato del padre, es decir, que viene a sucederle en todas sus actividades ilícitas. Para eso la ley de Partidos exige determinar, fijar con precisión, la conexión entre las dos formaciones teniendo en cuenta las similitudes que existan entre las personas que las componen, rigen, representen o administran y otras circunstancias relevantes, especialmente su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo.

Sobre lo primero, las personas, el informe policial sólo da cuenta de que algunos dirigentes de Sortu integraban algunas candidaturas de Aukera Guztiak en 2005, anuladas por el Tribunal Supremo. Como el informe no afirma que ellos fueron la causa de la anulación, lo más seguro es que padecieron las consecuencias de que otros integrantes de las candidaturas fueran miembros contaminados de Batasuna. En todo caso, pasados seis años sin haber sido condenados por delitos relacionados con el terrorismo, el hecho de que acudieran a manifestaciones o firmaran documentos a favor de presos de ETA no parece suficiente para restringir tan severamente el derecho fundamental de asociación y participación, véase la sentencia del Tribunal Europeo sobre la disolución de Batasuna. Sobre lo segundo, la citada circunstancia relevante de apoyo a la violencia, los estatutos de Sortu reiteran el rechazo a toda violencia incluyendo expresamente la de ETA y establecen como causa de expulsión de un militante la realización de las actividades proviolentas y antidemocráticas que detalla en extensa lista la ley de partidos.

Por lo demás, la legislación electoral ha cubierto hace semanas lagunas hasta ahora existentes. Las que permitieron a parlamentarios y concejales de Batasuna seguir en sus cargos después de haber sido ilegalizado el partido. Eso ya no podrá ocurrir, de manera que una futura ilegalización de Sortu por incumplimiento de la ley de partidos la dejaría sin presencia institucional. Con estas cautelas el legislador ha culminado con acierto lo iniciado en 2002 con la ley de partidos. Jurídicamente, el Estado de derecho tiene ahora una cobertura antiterrorista más sólida y sofisticada.

Jurídicamente Sortu tiene muchas posibilidades de lograr su inscripción. Si eso sucede no sería razonable culpar a nadie. Será porque los jueces del TS no han considerado probado que viene a suceder a Batasuna. Otra cosa no cabe.

La no inscripción de Sortu no acabará con ETA ni debilitará a sus devotos. Tampoco su inscripción, claro. Pero en sus estatutos Sortu ha ido más lejos que Batasuna y sus votantes. Si no se les inscribe aun rechazando formalmente la violencia y con la nueva normativa electoral dispuesta, proclamarán al mundo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos incluido, que se les persigue preventivamente por sus ideas, no por sus actividades. Un error de principiantes que el PNV no dejaría de aprovechar.

El horizonte judicial de Sortu
Ciertos sectores sostienen que el Supremo declarará ilegal a Sortu y el Constitucional revocará la resolución. A esto cabe oponer que el Constitucional es también un tribunal de Derecho y que, por ello, no puede resolver por razones de oportunidad política
* JAVIER TAJADURA TEJADA El Correo 20 Febrero 2011

* PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UPV-EHU

La presentación, en el Registro del Ministerio del Interior, de los estatutos de un nuevo partido político denominado Sortu, ha provocado una oleada de declaraciones políticas y mediáticas, en ocasiones de grueso calibre, y en muchas de las cuales se refleja una idea falsa, a saber, que la decisión de legalizar o no al nuevo partido es una decisión política que corresponde adoptar al Gobierno de la Nación. En este contexto conviene comenzar recordando lo obvio. Y ello porque, lamentablemente, la interiorización del Estado de Derecho en la sociedad española tiene todavía un largo camino por recorrer. La obviedad es que la decisión de si el nuevo partido presentado puede o no ser inscrito y legalizado, y por tanto concurrir a los próximos comicios de mayo, corresponde a los tribunales de Justicia. Y que dicha decisión, al margen de cualquier consideración de oportunidad política, ha de ser una resolución fundada en Derecho.

Al Gobierno -a través de la Abogacía del Estado o de la Fiscalía- le corresponde, por un lado, instar a la Sala Especial del Tribunal Supremo un pronunciamiento sobre la legalidad del nuevo partido, y por otro, aportar el material probatorio disponible sobre la presunta relación existente entre Batasuna y Sortu.

La Sala Especial del Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional competente para determinar, en el curso de un proceso con las máximas garantías para todos los afectados, si el objetivo de la creación del nuevo partido es o no llevar a cabo una sucesión fraudulenta de uno ilegalizado. En este sentido el artículo 12 b de la Ley de Partidos establece que: «se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político (?) que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto». A estos efectos, la relevancia jurídica de los estatutos del partido es muy escasa. La jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo sostiene que los estatutos y programas de un partido no deben ser considerados el único criterio válido para determinar sus objetivos e intenciones. Lo que cuenta es el comportamiento, acciones, discursos y silencios, de los dirigentes y militantes del partido. Batasuna fue ilegalizada, con independencia de lo que determinaban sus estatutos, porque el Tribunal Supremo entendió -a la luz del abundante material probatorio aportado por la Fiscalía- que formaba parte de un único sujeto real, ETA, que a efectos estratégicos se desdoblaba.

Los impulsores del nuevo partido dicen que han cumplido escrupulosamente la legalidad y rechazan ser continuadores de Batasuna. No basta con que lo digan. Es preciso que lo demuestren, desvirtuando las pruebas que conduzcan a entender lo contrario. Sortu tendrá que convencer al Tribunal de que ha roto sus vínculos con ETA y que su rechazo a la violencia no es un ardid estratégico. Su suerte dependerá del material probatorio que aporte la Fiscalía. Si del mismo se deduce que con la nueva marca 'Sortu' lo que se pretende llevar a cabo es una sucesión fraudulenta de Batasuna, la Sala está obligada a aplicar de modo inmediato el incidente de ejecución de sentencia. Esto es, declarar ilegal a Sortu en aplicación de su propia sentencia de ilegalización de Batasuna por entender que el objetivo de Sortu es eludir fraudulentamente los efectos de aquella ilegalización.

Debemos subrayar, en todo caso, que, en este proceso judicial, el Tribunal Supremo no se va a limitar a analizar un nuevo partido, sino uno que tiene una muy larga trayectoria al efecto de comprobar si verdaderamente el que ahora se presenta es otro distinto del anterior. Los dirigentes de Sortu tienen en sus manos la posibilidad de oponer como contraindicios, que contribuyeran a hacer creíble su desvinculación de ETA, la condena expresa de toda la trayectoria sanguinaria y criminal de aquella (al menos, la realizada desde 1978). Pero hasta la fecha no lo han hecho. Se han limitado a expresar su rechazo a la violencia 'si la hubiere'. Y, con independencia de que ese paso sea o no un avance para determinados sectores, el Tribunal Supremo no dejará de tener presente que 'violencia' la hay. La mera existencia de una organización terrorista supone una realidad violenta que hay que condenar, y más aún, cuando de esa 'violencia' se han obtenido tantas ventajas en el pasado.

En definitiva, al Tribunal Supremo le va a corresponder determinar si el nuevo partido pretende eludir fraudulentamente los efectos de sus resoluciones anteriores. En este sentido, el horizonte judicial de un partido que, gráficamente, se denomina amanecer, va a depender, fundamentalmente, de un examen de su pasado, esto es, de los antecedentes de la formación impugnada. El Supremo decidirá en función de pruebas y de hechos. Si la continuidad con Batasuna queda demostrada, Sortu será ilegalizado. Si, por el contrario, las pruebas aportadas conducen a un resultado distinto, Sortu habrá pasado su primera -y en cierta forma, decisiva- prueba judicial.

Si el Tribunal Supremo declara, en ejecución de sentencia, la ilegalidad de Sortu, el caso pasará al Constitucional. En ciertos sectores, de la misma forma que se da por supuesto que el Tribunal Supremo declarará la ilegalidad de Sortu, se sostiene que el Constitucional (con su nueva composición) anulará la resolución de la Sala Especial y legalizará a la nueva formación. A esto cabe oponer que el Constitucional es también un tribunal de Derecho y que, por ello, no puede resolver por razones de oportunidad política. Es más, su función enjuiciadora de la sentencia del Tribunal Supremo es muy limitada. No se trata de otra instancia en la que haya que repetir el proceso. El Tribunal Constitucional deberá limitarse a determinar si el Supremo con su eventual resolución ha lesionado derechos fundamentales de los recurrentes. Y estos sólo pueden ser los previstos en los artículos 23 y 24 de la Constitución (tutela judicial, utilización de medios de prueba, prohibición de indefensión, participación política).

Desde esta óptica, en principio, no le corresponde al Tribunal Constitucional revisar la valoración de los elementos probatorios a través de los cuales la Sala Especial haya podido llegar a la convicción de que Sortu constituya un intento fraudulento de continuar la actividad de un partido ilegal (SSTC 5/2004 y 112/2007). Ahora bien, si la valoración de la prueba realizada por el Tribunal Supremo es considerada arbitraria, absurda o irrazonable, el Constitucional tendrá que anular la resolución de aquel, por violación del derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes. De la misma forma, si los criterios interpretativos utilizados por la Sala Especial no justifican, por su inconsistencia y debilidad, la restricción del derecho de participación política, también habrá de ser anulada la resolución. En otro caso, esto es, si los criterios interpretativos utilizados por el Tribunal Supremo son coherentes y la valoración de la prueba dista mucho de ser arbitraria, el Constitucional está obligado a desestimar el recurso de amparo, y confirmar así la resolución de la Sala Especial. Dicho con mayor claridad, al margen del anterior juicio técnico, el Tribunal Constitucional no puede incluir en su decisión consideraciones de oportunidad política.

Finalmente, y como ocurrió con Batasuna, la última palabra la tendrá el Tribunal de Estrasburgo. En esta sede no cabe prever sorpresa alguna, puesto que para ilegalizar partidos, la jurisprudencia del tribunal europeo pone muchas menos restricciones que el Derecho español.

Exiliados: «No volveré hasta el fin de ETA»
Los desterrados por el miedo recelan de la tregua y del clima político vasco
Carlos Ruiz Cortadi José Virgilio y Ana María Vidal Abarca Iñaki Ezkerra
C. S. Macías / J. Aguado La Razón 20 Febrero 2011

MADRID-Desde hace treinta años Carlos lleva guardada una foto en la cartera. En blanco y negro, aunque amarilla por el paso de los años, es la cara de uno de los que le obligaron a irse de su casa en busca de otro lugar donde no habitase el miedo. Se fue del País Vasco, como, según algunos cálculos, han sido obligadas a hacerlo unas 200.000 personas. Todas, por cierto, con la sensación de que estaban siendo «derrotados» por el terrorismo de ETA. Se fueron deprisa, dejando casi todo atrás, menos la nostalgia. José Virgilio se marchó con el coche a Madrid y después tuvo que pedir que le mandaran sus cosas en un autobús. Había sido concejal del PP en Getxo y hace once años, cuando le dijeron que estaba en un lista de ETA, que podía ser el siguiente, se fue, cansado de las pintadas en su casa, de llamar al inspector de la Policía y recibir largas, de tener todos los días bajo su portal a los abertzales, de estar marcado por creer en la democracia. «Además del sentimiento personal, irte obligado del País Vasco para vivir en otro lugar es «la muerte civil», reconoce en una cafetería cerca de Madrid, en un día en el que no para de llover, «un día vasco», dice. «Siempre he sentido la morriña esa de pensar cómo son los días en Bilbao», y destaca que lo bueno de Madrid «es el anonimato».

Trabas para regresar
Desterrados, a veces olvidados y algunos con miedo a dar la cara, ahora se han acordado de ellos: el Gobierno vasco anunció esta semana un estudio para analizar los problemas a los que se enfrenta este colectivo que se marchó del País Vasco por la «amenaza directa de ETA», así como por el acoso de la violencia callejera, y establecer las ayudas necesarias para facilitar su vuelta. El impulso de este informe, aún sin fecha, nace a raíz de las llamadas de afectados realizadas «en los últimos meses» a la Dirección de Víctimas del Gobierno vasco en las que exponían los obstáculos con los que tropieza su deseo de regresar al País Vasco. Dificultades que se centran en el acceso a una vivienda de protección oficial o a ayudas sociales, dado que en ambos casos se exige un empadronamiento en la comunidad vasca de dos años, informa I. Moneo.

«Las cosas han cambiado», asegura José Virgilio. Lo que no sabe es cuánto, y, sobre todo, por cuánto tiempo. «No sé si sólo es un paréntesis gracias al gobierno de Patxi López con el apoyo del PP de Basagoiti o si de verdad se están empezando a sentar las bases de algo duradero y pacífico. «Para eso tendríamos que poder votar, ésa sería la prueba de que se está avanzando y se están cambiado las cosas», continúa José. Ésa es su petición, más incluso que volver. «Con otro gobierno sería más complicado lograr el derecho de voto, porque los que nos hemos ido, seguramente no votamos nacionalismo vasco», explica Ana María Vidal Abarca, una de las fundadoras de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a cuyo marido asesinó ETA. Entonces, se vio obligada a exiliarse a Madrid, donde coincidió con muchas viudas que por culpa de la banda terrorista, tuvieron que abandonar su tierra y ganarse la vida «limpiando escaleras». Ella, como todos, no se fía. Lo que han sufrido no se cura con unas palabras. «Pero son pasos positivos, vamos a ver cómo se materializan», dice Niko Gutiérrez, que puso una casa rural en Fromista cuando tuvo que marcharse del País Vasco, para que su hija no naciese en un mundo donde el terror era rutina. Todos rehicieron su vida y ya no son los mismos que se marcharon. Volver es complicado. «El exilio es un camino sin retorno», cuenta Iñaki Ezquerra.

«Yo me fui soltero», dice José Virgilio, ahora tiene una familia y una hipoteca que pagar lejos de lo que fue su casa. Pero puede que vuelva, con tiempo, más adelante. Aún es joven.
Carlos Ruiz es mayor que él. Echa de menos no ver todos los domingos al Sestao, esté en la categoría que esté, pero sabe que no va a volver, primero porque no se fía, porque cree que esto sólo es un movimiento electoral, y además porque en Madrid tiene su vida. Se fue del País Vasco en los tiempos duros; el número de teléfono de su casa en Madrid no está en páginasblancas.com, sus hijos, a los que crió en Madrid, ya son mayores, y él vive con su mujer. Y con el retrato del tipo que le obligó a vivir lejos de su tierra.

Mónica Lejarreta tenía 14 años cuando tuvo que hacer la maleta y abandonar su tierra. Eran los años de plomo, de capillas ardientes a las que «siempre íbamos los mismos». Hija de Manuel Lejarreta, ex alcalde de Vitoria y ex diputado general de Álava entre 1972 y 1977, sus padres no aguantaron más la presión. Las cartas exigiéndoles el impuesto revolucionario y el asesinato de Jesús Mari Velasco, íntimo amigo de la familia empujaron a su padre a vender Villa San Luis e irse como «proscritos». «Siento tristeza cada vez que regreso, pero sólo volvería si se produjera un abandono definitivo de las armas», cuenta Mónica. «Hasta que me casé con un madrileño soñaba con volver a Vitoria, pero «me falta la capacidad de poder creer». Sin el fin de la banda terrorista ETA «todo me parece una declaración de intenciones muy ingenuas».

Carlos Ruiz Cortadi
- Fue concejal y primer teniente de alcalde en Sestao hasta que en 1979, la Policía le avisó de que estaba amenazado por ETA. Dice que tuvo la suerte que no han tenido otros, porque la empresa donde trabajaba le ayudó a trasladarse y darle un puesto en Madrid. Sabe que algunos exiliados tienen miedo de dar la cara, pero él, jubilado, con los hijos ganándose la vida por su cuenta, ha decido hablar alto sobre la situación de los vascos obligados a abandonar su casa por los violentos. Lo más difícil, dice, va a ser probar que a la gente la obligaron a irse. Él busca los documentos de la Policía en los que se leía su nombre como amenazado. Interior le ha dicho que existen, pero cuando ha querido conseguirlos, todo han sido pegas.

José Virgilio y Ana María Vidal Abarca
- Entró en política en 1990 y ocupó varios cargos dentro del PP de Vizcaya. Sufrió dos atentados fallidos: uno en el descansillo de su casa y otro en su coche, situado en el garage. La bomba provocó un incendio y tuvieron que desalojar de madrugada a 200 vecinos.
- Es una de las fundadoras de la AVT que este año cumple su 30 aniversario. Después de que ETA asesinara a su marido, el comandante Jesús Ignacio Velasco Zuazola, abandonó Vitoria. Dice que aunque la «obligaran» a irse, «no hay que ir de víctima».

Iñaki Ezkerra
- Escribió el libro «Exiliados en democracia», publicado en Ediciones B, en el que cuenta tanto su historia como la de otros vascos que están sufriendo el destierro. Lo escribió sin perder el humor y la ironía. Piensa que para quienes tienen que exiliarse es muy complicado volver, pero que lo fundamental ahora es «crear una cultura de convivencia y que ETA no vuelva a entrar en las instituciones. Que se quede totalmente fuera».

la amenaza del terrorismo
«Cuando nos fuimos, a mi hijo le llamaban 'txakurrita'»
Tres amenazados por ETA relatan cómo la violencia les obligó a irse y su anhelo por regresar a Euskadi

LORENA GIL lgil@diario-elcorreo.com | BILBAO. El Correo 20 Febrero 2011

«Coger el coche, mirar hacia atrás, a tu tierra, y no saber si vas a poder volver algún día es horrible». Esa es la sensación que la amenaza de ETA ha dejado grabada para siempre en decenas de miles de vascos que un día se vieron obligados a dejar Euskadi. «Miedo, impotencia y soledad» son sentimientos que les han acompañado durante años. Esta semana, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y la directora de la Oficina de Víctimas, Maixabel Lasa, anunciaban la intención del Gobierno vasco de encargar un estudio que permita fijar las ayudas necesarias para agilizar el regreso de aquellos que así lo deseen. EL CORREO se ha puesto en contacto con tres de los llamados 'exiliados' por el terrorismo para conocer de primera mano su desgarradora experiencia: la de cómo un día hicieron las maletas y tuvieron que forjarse, algunos con más éxito que otros, una nueva vida lejos de su hogar.

Txema Morales Murcia
«Ha sido el mayor daño, por detrás de matarnos»
Txema Morales era sargento de la Guardia Civil en Irún cuando ETA atentó en 1991 contra la casa cuartel de este municipio guipuzcoano causando heridas a 57 personas, de las que más de 30 eran niños; entre ellos, su hijo. «Eso se te clava para siempre», reconoce. Tres años después, no aguantó verse «continuamente en una diana» y pidió el traslado a Cataluña. En la actualidad, está retirado del servicio y reside con su mujer y su hijo en Murcia, donde preside la asociación de víctimas del terrorismo de esa comunidad. Pero llegar hasta allí «costó mucho, demasiado sufrimiento». «Nos han hecho el mayor daño que nos pueden infligir por detrás de matarnos, que es el desarraigo. Es muy duro llegar a Burgos, mirar hacia atrás, y pensar 'no sé si volveré'», sostiene.

Txema compara la situación que le tocó vivir en Euskadi con el «apartheid». «A mi hijo le llamaban 'txakurrita' porque su padre era de las 'fuerzas de ocupación'. Tenía 9 años cuando nos fuimos y necesitó ayuda psicológica», relata. Morales vendió todo lo que tenía en Irún y puso tierra de por medio. «Sabes que, por mucho que no puedes seguir así, por mucho que no quieras irte, si no hay vida, no hay nada», resume. Tras más de quince años en el 'exilio' -tiene 55-, le faltan palabras a la hora de alabar el valor de quienes decidieron quedarse pese al acoso terrorista. Y si algo tiene claro es que «moriré en Euskadi, pero de viejo». «Tres o cuatro veces al año cojo mi moto, me acerco hasta el País Vasco y lleno pilas», revela. Pero los viajes le saben a poco. «Echo de menos el verde de los montes e incluso el sirimiri, con lo molesto que es», admite.

Se congratula de lo que ha cambiado Euskadi, pero sobre todo, «de no encontrarse fotos de etarras por las calles». Asegura estar deseando regresar a su tierra, aunque es consciente de que su hijo no hará el camino de vuelta. «Tiene su vida hecha en Murcia», señala. No esconde su escepticismo acerca de la «viabilidad» de la iniciativa del Gobierno vasco para ayudar a quienes sufrieron amenazas directas a volver al País Vasco. «Bienvenida sea, pero habrá que ver cómo se articula porque es algo muy complicado. Hay gente a la que no le ha ido bien y todo el mundo no puede ser funcionario, ni tener una vivienda de protección», mantiene.
Morales, que espera que la voluntad se traduzca en medidas concretas, considera que «mucha gente no se decidirá a volver hasta que el terrorismo acabe», algo que él mismo tampoco creerá hasta que «las metralletas estén encima de la mesa y quienes las usan, en la cárcel». «Conozco a bastantes personas que están locas por volver, pero necesitamos que sea real y tangible». La convivencia será el siguiente paso.

Carlos Ruiz Cortadi Madrid
«Aún esperamos que ETA deje las armas»
A Carlos Ruiz Cortadi se le ha quedado grabada una fecha en la memoria: el 27 de diciembre de 1979. Fue el día en que él y su familia se vieron forzados a dejar atrás Euskadi para empezar de nuevo en Madrid. «Me llamo Carlos porque mi padre era carlista y a mí se me quitó mi tierra por razones políticas», declara sin ambages.

Hacia 1978, la Policía Nacional detuvo a un comando de ETA, al que le fue incautada numerosa información sobre las rutinas diarias de Ruiz Cortadi. Su hermano Eloy, trabajador de la Marina Mercante, sobrevivió a un atentado en Portugalete cuando él era teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sestao, si bien su sueldo provenía de su trabajo en una entidad bancaria. Carlos, que fue fundador de Alianza Popular en Vizcaya, recuerda como si fuera ayer el día en el que su hijo -tiene tres- de seis años le comentó en Bilbao: «Un coche nos sigue». «Me quedé aterrado y me hizo pensar en todo. Por mucho que me gustara defender mi ideología, no era justo que mi hijo estuviera traumatizado», describe. «Una mañana salí de casa sin escolta y había tres personas sospechosas aparcadas en un coche que no paraban de mirarme. Al día siguiente cogí la puerta y me fui solo a Madrid», relata. Durante dos meses vivió con su hermana y, cuando logró encontrar una casa para su familia, volvió a recogerlos. «Aquel día, cuando íbamos por la autopista, no pude evitar llorar», se sincera.

Carlos, que a sus 68 años está jubilado, abandonó la política y pidió el traslado en el banco, pero es consciente de que otros muchos amenazados se fueron con lo puesto y «sin ayudas». A escasos tres meses para la celebración de las elecciones municipales y forales en el País Vasco tiene una espina clavada: no poder votar en su tierra, en Sestao. Pero lo que le duele es «haber perdido, después de treinta años en el 'exilio', a los amigos y todo lo que tenías en tu tierra».
Le duele mirar atrás. Sobre todo, porque hubo quienes no entendieron cuál era la situación real a la que tuvo que enfrentarse. «Un amigo me echó en cara que le había puesto en peligro a él y otros conocidos por haber quedado con ellos cuando llevaba escolta. Recuerdo que le contesté que no era yo el que ponía en peligro a nadie, sino que era ETA», revela.

Al contrario que otras personas amenazadas, Ruiz Cortadi no ve nada claro lo de volver a Euskadi. De hecho, por ahora lo descarta. «He ido de vez en cuando, poco a poco, porque se me dijo que tomara precauciones», señala. Pero dar el paso definitivo es otra historia. Sus hijos han hecho sus vidas en Madrid y dejarlos sería demasiado duro. Además, «aunque el escenario en Euskadi es diferente ahora, todavía esperamos que mañana los terroristas digan dónde entregan las armas y cuándo van al Palacio de Justicia». Pese a todo, aplaude la propuesta del Ejecutivo vasco de ayudar a los 'exiliados' que deseen regresar. «Primero hace falta un reconocimiento y, luego, para aquellos que lo necesiten, ayudas económicas. Marcharnos no fue una opción voluntaria, sino una obligación», recuerda.

Niko Gutiérrez Palencia
«Todos tenemos una patita en el País Vasco»
Niko Gutiérrez, concejal socialista durante cuatro años en Miraballes y coordinador de Alcaldía en Ermua durante diez, fue «siempre consciente de dónde me metía» cuando tomó el camino de la política. Hasta que un día dijo: «No puedo más, que cojan otros el testigo». La Guardia Civil le informó de que su nombre había aparecido en los papeles de un comando de ETA, junto a una abundante información sobre sus rutinas, horarios y lugares que frecuentaba. También había datos referidos a su familia. «El problema es cuando el riesgo llega a los tuyos», señala. Los agentes le recomendaron que abandonara Euskadi, pero el detonante de tan difícil decisión fue el nacimiento de su hija. «Quería que se desenvolviera en una sociedad en libertad», explica.

Niko miró «muy bien el mapa para no irnos muy lejos». Desde hace tres años reside junto a su mujer y su pequeña, que ahora ha cumplido 8, en la provincia de Palencia, donde abrieron un hotel rural. Reconoce que cuando dejó su tierra tuvo una sensación «ambivalente». Por un lado «sientes fracaso y, por otro, alivio porque sabes que vas a coger oxígeno tras una década escoltado. Pero el desarraigo es terrible. Se trata de un cambio de vida forzado. Dejas a tu familia, a tus amigos de la infancia... Tus emociones se deslocalizan». Lo único que queda es «volver a empezar de cero».

Dar el paso y dejar todo atrás «es algo que no se decide de la noche a la mañana». «Va cimentando, como el hormigón», describe. El exedil del PSE admite que, tras coger las maletas, pensó: «No vuelvo ni loco». «Por fin disfrutas de cosas como poder dar tu opinión libremente en un bar, pasear sin escolta...». Pero con el tiempo -estuvo año y medio sin pisar Euskadi- «echas en falta muchas cosas». «Sientes que falta algo de ti, es tu tierra a todos los efectos, aunque te empadrones en otro sitio. Andar por Bilbao, ver la ría y, sobre todo, no haber estado con los cambios que ha habido en Euskadi», se sincera.

No ha perdido la esperanza de regresar. De hecho, tiene muy claro que un día lo hará. «Todos tenemos una patita allí», subraya. Por ahora, es demasiado pronto. «No es tan fácil cambiar de vida de nuevo», insiste. La primera vez que tuvo que hacerlo se dio cuenta de que «la presión social y la falta de asistencia a las víctimas» corrían en su contra. A día de hoy no ha cambiado y la intención del Gobierno vasco de estudiar la posibilidad de ayudar a los 'exiliados' amenazados por los terroristas para facilitar su regreso ha despertado en él ciertas «dudas». «Volver es un camino muy complicado para mucha gente y la heterogeneidad del colectivo es enorme», considera.

Si algo tiene claro es que el primer problema reside en la existencia de ETA, cuya derrota vaticina «segura», «aunque no haya una foto de disolución». «La izquierda abertzale ya sabe lo que tiene que hacer, que es abandonar del todo el terrorismo», apostilla.

Bizkaia
España no se romperá mientras funcionenuestro eficaz serviciode Correos
JON JUARISTI ABC 20 Febrero 2011

HAY quien cree necesario resistir a la oficialización de los nombres eusquéricos de las provincias vascas en aras del patriotismo español. No es para tanto. Lo que va a resultar decisivo, a fin de cuentas, es la resistencia pasiva o la simple continuidad de los hábitos de varios cientos de millones de hispanohablantes que no se darán por enterados de las sandeces parlamentarias de por aquí y seguirán escribiendo Vizcaya, Guipúzcoa y Álava como siempre se ha escrito en nuestra lengua común. En realidad, no como siempre, pues formas como Biscaya o Lepúzcoa eran frecuentes todavía a finales de la Edad Media, sino como lo prescriben las convenciones ortográficas dominantes desde hace varios siglos. Por mi parte, cuando escribo en vascuence, me atengo a la ortografía habitual en su lengua literaria normalizada (Bizkaia, Gipuzkoa, Araba), tan legítima como la española, sin que ello suponga merma ni aumento de mi españolidad ni de mi vasquidad, ambas poco castizas.

Biscaya, una grafía en total desuso desde el Siglo de Oro, me parece, sin embargo, bastante razonable. En primer lugar, porque es la más cercana a las que utilizan las lenguas europeas de cultura (Biscay, Biscaye, etcétera). Por otra parte, implica reminiscencias de un episodio curioso de nuestra historia cultural. Entre los siglos XV y XVII corría por España la especie de que los vascos descendían de judíos indultados por Tito tras la destrucción de Jerusalén, y de ahí su denominación general de biscaínos o biscaínes, «dos veces Caínes» o «doblemente Caínes», porque mataron a Abel y a Cristo. Los infamados replicaban que su nombre original era biscanes, «doblemente canes», por su proverbial fiereza. Sus detractores redargüían que tal etimología confirmaba lo ya dicho: «Doblemente perros, perros moros y perros judíos», irritando hasta el extremo a los vascos, una de las comunidades más judeófobas de la Europa moderna. Entre las primeras frases eusquéricas impresas a este lado del Pirineo, figura Ago yxillic, juduori/ judu chacurrori. O sea, «cállate, judío,/ perro judío» (Martín de Santander, Comedia llamada Rosabella, 1550). No es un timbre de gloria para la lengua vasca, aunque en su descargo hay que decir que cristianos, moros y judíos se trataban unos a otros de perros hasta para darse los buenos días.

Lepúzcoa está demasiado lejos de la forma actual (que es la misma en vasco y español, a pesar de las diferentes ortografías), pero, de ponerse de nuevo en vigor, tendría la ventaja de evitar que los escolares españoles llamen jipuzcoanos a los naturales de la Provincia por antonomasia, lo que ocurrirá si la nueva denominación oficial, Gipuzkoa, se impone en los libros de texto. Lepuzcoano suena menos cacofónico. Aunque lo esperable es que les sigamos llamando guipuches o guipuchis, corrupción expletiva de un antiguo guipuzesya documentado en la carta de Hernando del Pulgar al cardenal Rodrigo de Mendoza (1482). Hay otra forma anterior: «Lepuz, sin bragas so el capuz», se decía en Castilla aludiendo a la pobreza de los naturales de «aquella fertilidad de Axarafe y abundancia de campiña». Bastante donde elegir, como se ve.

En fin, no pasa nada. España no se romperá mientras funcione nuestro eficaz e intuitivo servicio de Correos. Cuando escribo a los amigos vascos, pongo en el sobre, por ejemplo, Fulanito de Tal, Polígono de Lakua (Patatistán). Y llega.

ARABA/ÁLAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA
Diversidad lingüística: creyentes y practicantes
Han sido necesarios seis intentos, a lo largo de diez años, para quebrar la obstinada mayoría PSOE-PP y acabar con una discriminación
PATXI BAZTARRIKA El Correo  20 Febrero 2011

EXVICECONSEJERO DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA

En un Estado plurinacional y multilingüe, y no otra cosa es España, la única base posible de convivencia es el respeto mutuo y la observancia escrupulosa de las reglas de juego democráticas y de los preceptos de la pluralidad.

Ningún demócrata objetará nada a tal afirmación, que, si de algo adolece, es de obviedad. Pues bien, la reciente toma en consideración en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley del PNV para el cambio de la denominación oficial de los tres territorios de la comunidad autónoma vasca, según la cual estos pasarán a ser denominados tal y como en su día decidieron las respectivas Juntas Generales, aun siendo, como en efecto es, una excelente noticia para la convivencia democrática, nos revela que, en materia de diversidad lingüística, mi afirmación inicial no es tan obvia como puede parecer.

Ciertamente, han sido necesarios nada menos que seis intentos, a lo largo de diez años, para quebrar la obstinada suma de votos de PSOE y PP y poner fin a una discriminación evidente: el mismo Congreso que daba el visto bueno a Ourense, A Coruña, Alacant, Girona, Lleida o Illes Balears impedía que la denominación oficial de los territorios históricos de la CAV en el Estado fuera Araba-Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Pero no podemos pasar por alto que, si en esta ocasión ha prosperado la iniciativa del grupo parlamentario del PNV, ha sido debido al acuerdo presupuestario alcanzado por Zapatero y Urkullu. Es decir, parece más fruto de ciertas urgencias políticas que de una práctica convencida del fomento de la diversidad lingüística en el marco de España.

Saludemos, en todo caso, una medida que viene a reparar el quebranto continuado de la Ley de Normalización del Uso del Euskera, una norma de amplio consenso social y político, así como del Estatuto de Autonomía de Euskadi, ley orgánica que reconoce los regímenes forales específicos y privativos de los territorios históricos. En efecto, según dichas leyes corresponde a los órganos forales fijar la nomenclatura oficial de los territorios históricos. Además, la citada Ley del Euskera, en su artículo 10, establece la obligatoriedad de respetar la grafía propia de la lengua originaria euskaldun, romance o castellana. Eso es lo que legítimamente hicieron entre 1985 y 1990 las Juntas Generales de los respectivos territorios cuando decidieron fijar las denominaciones oficiales de Araba-Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Pero ocurre que dichos territorios son, además, provincias del Estado, por lo que era preciso que, mediante Ley del Congreso, los nombres de las provincias se adecuaran a los nombres oficiales de los territorios históricos. Lo han hecho respetando la grafía originaria, y nadie puede ver en ello una «erradicación del castellano», como tampoco nadie puede ver una «erradicación del euskera» en el hecho de que la denominación oficial de, por ejemplo, Villabona, sea esa, con 'v', incluso cuando se escribe en euskera.

La medida adoptada aúna, pues, el respeto a las leyes y el respeto a la voluntad de la ciudadanía de los territorios en cuestión, expresada a través de su legítima representación democrática. Pero, con ser ello esencial, es otra la reflexión a la que nos emplaza: la asunción y la promoción de la diversidad lingüística no deben verse constreñidas al ámbito de las comunidades autónomas correspondientes, sino que son tareas ineludibles del propio Estado, puesto que debería ser el propio Estado el primer interesado, desde el punto de vista democrático, en que los diversos países que lo constituyen se sientan cómodos y ecuánimemente tratados en su seno. Se trata, en consecuencia, de que las instituciones del Estado se esfuercen en que la ciudadanía de las comunidades monolingües no viva la diversidad lingüística como algo ajeno ni como una rareza propia de un documental de National Geographic. Lo normal es que las denominaciones oficiales en las lenguas propias tengan el mismo reconocimiento en todo el Estado. En suma, el Estado -sus gestores políticos e institucionales- debe pasar, en materia de diversidad lingüística, de las proclamas a los hechos, de ser creyentes a ser practicantes de la diversidad lingüística, lo que es tanto como decir practicantes modélicos del respeto, la tolerancia y la armonía social.

Pedagogía social, por tanto, y naturalidad: he ahí las dos claves del único comportamiento deseable por parte de las instituciones del Estado en materia de diversidad lingüística. La asunción consecuente de la diversidad lingüística, la renuncia a utilizar el cedazo de la uniformización, la actitud de aceptar y respetar a los diferentes sin que nadie tenga que renunciar a su diferencia, solo tiene un beneficiario: la convivencia.

Cuando el diablo no tiene que hacer...
Nota del Editor 20 Febrero 2011

Me van a perdonar que pierda un poco el tiempo en estas gilipolleces, pero en ellas radica el principio del fin de España.

Si la constitución española establece el deber de conocer el español y no establece el deber de conocer lengua regional alguna, por muchas vueltas que quieran darle, está constitucionalmente claro que no pueden establecer nombres nombres en lengua regional de uso obligatorio para todos los ciudadanos.

España
Saber catalán ya no es determinante
Otra sentencia del Supremo trata de evitar la discriminación del castellano; la Generalitat no acata ninguna
e. armora / barcelona ABC 20 Febrero 2011

Segundo varapalo judicial contra la Generalitat de Cataluña en menos de una semana. Apenas tres días después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara paralizar la ley de Consultas catalana, otro tribunal, el Supremo (TS), ha dictaminado que saber catalán no es un mérito «determinante» a la hora de acceder a una plaza de fiscal sustituto, tal como pretendía la Generalitat.

El gobierno catalán encaja este nuevo golpe aún noqueado por la fuerte sacudida de las tres sentencias emitidas en diciembre por este mismo tribunal, que, en base al fallo del TC sobre el Estatuto, descabezan el actual modelo de inmersión lingüística en la escuela catalana y obligan al Gobierno autonómico a devolver al castellano su condición de lengua vehicular en las aulas. Pese a la lluvia incesante de fallos —algunos, como estos últimos, irreplicables—, la Generalitat sigue sin reaccionar y mantiene una actitud desafiante de desacato, de la que incluso hace alarde, vitoreada por el grueso de las fuerzas políticas (excepto PP y C's).

En su último desplante a la Generalitat, el Supremo ha dejado claro que se opone a que el conocimiento del catalán sea prioritario respecto al expediente académico cuando compiten dos candidatos con la misma puntuación. Dicho de otro modo, rechaza que el conocimiento de la lengua autonómica sea determinante para el desempate. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del TS avala la legalidad del Real Decreto 1/2008, de 11 de enero, que establece que el conocimiento del Derecho propio de una comunidad y el de la lengua cooficial se valorará hasta un máximo de 1 punto en la provisión de las plazas y que, en caso de igualdad de puntuación, tendrán preferencia los aspirantes que posean «mejor expediente académico», informa Ep. En el recurso interpuesto en mayo de 2008, el gobierno catalán reclamaba la nulidad de estos artículos al entender que vulneraban el Estatuto de Autonomía catalán de 2006 y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La Generalitat propuso que el Derecho propio de la comunidad se valorara como un «mérito preferente», mientras que el de la lengua fuera «determinante». Asimismo, demandó que en caso de que los solicitantes posean la misma puntuación primara el conocimiento de la lengua.

La resolución del alto tribunal afirma que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala con carácter determinante el conocimiento del idioma cooficial para los fiscales de carrera que ya han acreditado tener los conocimientos en una oposición.

Prima el expediente Por contra, confirma que el conocimiento del derecho autonómico y el de la lengua propia de una comunidad no «pueden prevalecer» sobre la formación jurídica de los fiscales sustitutos. Enfatiza también que el Estatuto tampoco se ha visto vulnerado porque éste sólo establece que los fiscales tengan un conocimiento suficiente para relacionarse con los ciudadanos.

Lluvia de sentencias
Tres golpes certeros
En diciembre el TS emitió tres sentencias que obligan a devolver al castellano la condición de lengua vehicular en las aulas

Suspensión cautelar
La ley de Consultas catalanas permanece suspendida desde el pasado día 17 de febrero a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional

Ámbito judicial
El último varapalo a Cataluña le llega del TS, que acaba de dictaminar que el catalán no es un mérito determinante para ser fiscal sustituto



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