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Recortes de Prensa   Lunes 28 Febrero 2011

 

Empresas públicas y comunidades autónomas
Entre las preocupantes realidades económicas ahora existentes, es evidente que destaca la situación financiera de las comunidades autónomas
JUAN VELARDE FUERTES ABC 28 Febrero 2011

Entre las preocupantes realidades económicas ahora existentes, es evidente que destaca la situación financiera de las comunidades autónomas, por un lado, y por otro, la contribución que generan en forma de ruptura del mercado económico nacional, sus disposiciones dispares sobre la política económica intervencionista que desarrollan. No es posible olvidar, en este último sentido, exposiciones bien claras de Luis Mª Linde de Castro y del profesor Serrano Sanz. Hay previsiones de nuestra Constitución, evidentemente contenidas en el artículo 131 que nunca se pusieron en práctica. Y por lo que se refiere a la primera preocupación, el que el gasto público de las autonomías se acerque, en el conjunto del gasto público total, al doble del de la Administración central parece exigir algún tipo de control. De esta carencia se deriva, como se ve de forma clara, un empeoramiento en la clasificación en cuanto a riesgos de la deuda pública de estas instituciones, según Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Con ello, la presión al alza sobre los tipos de interés en España tiene a consolidarse. Que esto suceda en una realidad tan depresiva como la actual debe preocuparnos.

Parte notable de ese impulso alcista del gasto y, por ende, de la perturbación financiera se debe a la proliferación de un vasto conjunto de entes económicos vinculados a las comunidades. En lo que se puede averiguar, con la base del «Informe sobre el Sector Público Empresarial y Fundacional 2007» publicado por la IGAE para el periodo 1998-2007, y para 2008 y 2009, del «Inventario de Entes de Comunidades» publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda, en 2009, tales entes alcanzaba la cifra de 2.200. De ellos, en cifra redonda, el 30% eran consorcios; el 28%, sociedades mercantiles y el 22%, fundaciones. Por cierto que los 2/3 de los consorcios se concentran en Baleares, Andalucía y Cataluña. Sólo con un estudio exhaustivo podría señalarse qué consorcios y fundaciones actúan empresarialmente. Pero muchos de estos entes así se comportan. No es para dicho lo que esto significa en cuanto abandono del mercado libre para el funcionamiento de la economía española de modo eficaz. El freno que de ahí se deriva respecto a la competitividad es extraordinario, y por tanto, ahí se encuentra, por supuesto amalgamada con otras realidades, esa alarmante realidad que es que España, después de EE.UU., es el país con un déficit mayor por cuenta corriente, por cierto, en un codo a codo con Italia. La alarma es necesario que suene, porque también, según una primera investigación que parece seria, con las cifras de que se puede disponer, en 1998 existían 455 empresas autonómicas y en 2009, 962, por tanto algo más del doble. Contrasta esto con el proceso de privatización que el Estado ha llevado a cabo claramente este periodo, en bien de la eficacia del funcionamiento de nuestro sector productivo, así como de la amortización de deuda pública. Por eso en 2009, el número de empresas públicas estatales era la tercera parte de las existentes en 1998.

Lo que lo complica todo es que las administraciones locales han descubierto este procedimiento impulsado por las comunidades. En el periodo de 1998-2009 se han creado así más de 1.100 empresas públicas. Pasando al tema concreto de su peso en diversas comunidades, nos encontramos con que, por lo que respecta a las sociedades mercantiles, la cifra mayor para 2009 corresponde a Andalucía, seguida de Cataluña. Y su ritmo de crecimiento, en relación con la Administración autónoma, es diferente en el sexenio 1998-2003 —aumenta su número un 29,2%— al del sexenio 2003- 2008, en el que el incremento es del 46,4%. La cifra de 2009 ya mencionada muestra que el proceso continuó.

¿Qué motivos generan esa realidad? Fundamentalmente parece ser el intento de escapar de rigurosas obligaciones legales, o sea, para evitar molestias políticas que pudieran ser irreparables, como se ha denunciado en el artículo de J. M. Sala Arquer, «Huída al Derecho privado y huída al Derecho», en «Revista Española de Derecho Administrativo», 1992, nº 75. Asimismo, para enmascarar el endeudamiento autonómico. A esto último también coadyuvan complementariamente los representantes políticos de las autonomías en los consejos de las cajas de ahorros. Por eso éstas pasaban a ser acreedoras, con una facilidad mayor que en el caso de los bancos. En el trabajo de María Gómez Agustín, «El renacimiento del INI» (Círculo de Empresarios, 2000), reiterado en otro de esta autora, «La metástasis del INI» (Foment del Treball Nacional, 2010) se indica que «las comunidades autónomas más endeudadas son también las que han creado un mayor número de entes y empresas».

Da la impresión, por todo lo dicho, que es preciso poner coto, y de modo radical a esta situación, si de verdad lo que se pretende es contribuir a liquidar la actual crisis económica.

Un PP aventajado pero incoloro, inodoro e insípido.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 28 Febrero 2011

Todas las encuestas le dicen a Rajoy lo mismo, tío lo tienes chupao, sigue así que lo tuyo está hecho, no crispes y no muevas un pelo del bigote más del necesario y la Moncloa es tuya, y el tal Rajoy se lo cree, contemporiza, hace ejercicios obscenos de tancredismo, calla, se cruza de brazos y espera que se lo den hecho.

Por lo que oigo y leo por ahí, mi tesitura es similar a la de muchos, no sé cuantos, pero muchos y se resume en que sabiendo que el PSOE nos ha llevado a la hecatombe, que lo único que ha hecho bien ha sido el agit prop y la ingeniería social de progreso, que le mola prohibir y pronto nos prohibirán irnos al otro barrio al modo clásico y nos obligarán a palmarla por la vía rápida si estamos más para allá que para acá, pues bien, a ese partido y sus mandamases tipo Rubalcaba y mandamenos tipo ZP no seré yo quien le vote.

Eso hace que uno tenga que mirar fijamente al PP y a Rajoy para ver si me da confianza, si crea en mi alguna ilusión de futuro, si creo que podrá solucionar alguno de los gravísimos problemas en los que nos hallamos metidos y la lúgubre conclusión a la que llego es que nada de eso me da a mí el PP.

Lo veo como una caterva de apañados que quieren gobernar solo para tener el poder, pero no les veo por ningún lado ganas ni propósitos de regenerar esto un poco, de poner en solfa el desmadre autonómico, de parar los pies a los nacionalismos disruptivos, de trazar una raya bien clara y decir que de ahí no se pasa, de hacer cumplir las decisiones de los tribunales y del Constitucional. No le veo yo a Rajoy muy dispuesto a eso.

En cambio me huelo que en poco se va a diferenciar el PP del PSOE si se ve precisado de los votos de los nacionalistas si no tiene mayoría absoluta, pero es que me huelo algo aun peor, que aunque tenga la mayoría absoluta seguirán haciendo el caldo gordo a los nacionalistas para que nadie les señale con el dedo y les tilde de acérrimos nacionalistas españoles de la derecha extrema.

Veo pues un PP y un Rajoy incoloros, inodoros e insípidos, y ciertamente que me mantengo en mi decisión de no votar al PSOE, pero salvo que algo cambie también me mantengo en mi decisión de no votar al PP, lo que hace que tenga que plantearme otro destino para mi voto que no sé de momento cual será.

Jamás entenderé la manía de esta gente del PP de esforzarse por no crispar a quienes jamás nunca les votarán y de paso no hacer nada para ilusionar a quienes sí podríamos votarles. Pues señor Rajoy, le diré que con su pan se lo coma que no se lo comerá con el mío.

Factura energética, productividad y renta disponible
@Roberto Centeno El Confidencial 28 Febrero 2011

Lo que nos faltaba, el consumo y la inversión siguen cayendo; el sector financiero es un pozo sin fondo donde el Estado lleva enterrado ya el 10% del PIB entre ayudas y avales; el crédito ni está ni se le espera; Salgado, los 17 virreyes y los 8.300 alcaldes preparan nuevas subidas de impuestos y multas para seguir financiando el despilfarro y el clientelismo, es decir, los PER, las embajadas, los EREs falsos o los municipios quebrados tras repartir cheques bebé y subsidios a los parados. El resumen es que seguimos gastando un 70% más de lo que ingresamos, y de repente, el petróleo sube casi un 45% y en breve lo harán el gas y la electricidad.

Y el primer gran perjudicado de esta subida energética brutal será la renta disponible de las familias, como detallaba el miércoles Carlos Sánchez. Si ésta ya cayó un 5% en términos reales en 2010, ahora volverá a caer, sumando energía, inflación y subidas de impuestos, más de un 5% en 2011. Pero esta vez la mayoría de las familias no podrá mantener ya su nivel de vida en base al desahorro. No menos del 10 millones de hogares tendrán que reducir su nivel de gasto, la mayoría significativamente, y más de 4 millones pasarán a vivir en la miseria. Un drama humano de proporciones dantescas.

El otro perjudicado será la productividad, palabra mágica con la que analistas y empresarios resuelven todos los problemas de nuestra economía, y donde lo primero que debería exigírseles es un poco más de seriedad y de profundización en el tema. Siendo la productividad un concepto económico inequívoco, cociente entre la producción y los factores, aquí solo se habla de la productividad del trabajo y se ignoran capital y recursos. Decir que los salarios en España han crecido más que en el resto de Europa o de la OCDE es una simpleza que ni siquiera es globalmente cierta.

Es una simpleza porque tecnología, intensidad de capital y precio de los recursos cuentan mucho más; y no es globalmente cierta porque más de la mitad de la población ocupada es (o era) mileurista y hoy gana alrededor de 900 euros. Ser mileurista es ya un grado, por lo que el problema se concentra en menos de la mitad de la población ocupada, donde más de un tercio son empleados públicos (un 40% nombrados a dedo sin oposición ni prueba alguna) cuyos sueldos superan un 30% la media del sector privado. El resto son empleos de empresas medianas o grandes, cuyos empleados ganan incluso el doble que sus homólogos europeos, aunque haya excepciones como la del Santander, que lleva tres años con los sueldos prácticamente congelados. “Hay que abrir las mandíbulas”, como le gusta decir a Alfredo Sáez, es decir, bajar costes y subir ingresos. Por ello, antes de clamar por la productividad en abstracto, abran las mandíbulas en sus empresas y calculen el impacto del resto de los factores.

Energía y productividad
Después de disparates históricos, como la moratoria nuclear del partido socialista, la planificación eléctrica y gasista 2001-2011 del PP y la política marxista-ecologista de Zapatero, la situación energética de España es un desastre sin paliativos. En primer lugar, tenemos una dependencia energética exterior del 81%, el doble de la media europea, si exceptuamos pequeños países con una dependencia del 100%. En segundo lugar, nuestra intensidad energética, o la cantidad de energía necesaria para producir una unidad de PIB, es un 19 % superior a la media europea, lo que significa que con el barril de petróleo a 115 dólares (1) tenemos que pagar 14.600 millones de euros al año más que la media europea (el 1,4% del PIB) solo por nuestra ineficiencia en la generación y utilización.

Y, en tercer lugar, las primas a las renovables, una ruina total o un expolio, según como se mire. Resulta una burla afirmar que una subida de 10 dólares del barril de petróleo equivale a la prima a las renovables, porque la fotovoltaica equivaldría a 1.000 dólares el barril de petróleo. Esa es la economía sostenible de Zapatero, y eso sin contar a los personajes que compran energía a la red a 50 euros Mwh y la revenden a 450 diciendo que es solar. ¡Y ni siquiera les han quitado las concesiones!

En cuanto a las subvenciones a las renovables, en casi todo el mundo, y particularmente en Alemania, éstas se dan exclusivamente a instalaciones familiares, con lo que los hogares pueden ahorrar hasta un 30% del recibo de luz y gas. En España, dichas subvenciones se dan solo a los amigos del poder para sus huertos fotovoltaicos, un invento del PP para enriquecer a sus allegados

Para cuantificar el efecto de la mayor dependencia, la comparación más correcta es con aquellos países que tampoco tienen recursos energéticos (Francia, Finlandia, Suecia, Polonia, República Checa, etc…) pero que dependen la mitad de energías importadas. ¿Cómo? A base de energía nuclear y de carbón barato. Como España consume 125 millones de toneladas equivalentes de petróleo en energía primaria (consumo que ha caído un 14% entre 2007 y 2009, lo que convierte en un insulto la patraña del BdE y el INE de afirmar que el PIB ha caído solo el 4%), 95 de los cuales son petróleo y gas. Reducir la dependencia a la mitad con el crudo a 115 dólares representaría un ahorro anual de 29.500 millones de euros anuales, o el 2,8% del PIB. ¿Cómo se logra esto? Pues como han hecho los demás, con energía nuclear y carbón importado barato.

Y ahora, sumemos: con una intensidad energética, una dependencia exterior y unas primas a las renovables al nivel medio europeo, el ahorro hoy sería equivalente a 47.000 millones de euros año o el 4,5% del PIB. Comparen ahora subidas de energía y de salarios por encima de la media europea y la conclusión es sencilla: la energía supone más del doble.

Energía y renta disponible
La subida del petróleo conlleva automáticamente, con un decalaje de seis meses en la mayoría de contratos, la subida del gas y después la de la electricidad, la energía al completo. Y eso es el efecto directo, dentro de entre nueve y doce meses llegarán los efectos indirectos. La energía es un input esencial en todos los procesos productivos, y sus elevaciones de precios a través del complejo sistema de relaciones intersectoriales (de las tablas input/output en términos matemáticos, por si alguien quiere calcularlos) elevan los costes de todo el conjunto de la economía. Para la economía española, los efectos indirectos de las subidas energéticas vienen a ser el 80% de los directos y, en consecuencia, la productividad disminuirá adicionalmente, igual que la renta disponible de las familias.

Todo lo anterior se traduce, entre otras cosas, que en España familias y empresas pagan hoy la electricidad -sumando el déficit de tarifa- y el gas más caros de Europa, lo que está llevando a la miseria a millones de hogares y produciendo una deslocalización industrial cada vez mayor. Acerinox, la segunda empresa mundial de aceros especiales, se ha trasladado a EEUU a pesar de los mayores costes laborales. No es la única. Para acabar de arreglarlo, los impuestos autonómicos y locales sobre el recibo de la luz han subido un 30% en 2010, IVA aparte. Estamos en manos de una casta política no solo profundamente inepta, sino también absolutamente depredadora e inmisericorde. El expolio no acaba aquí: la situación de oligopolio del sector petrolero permite cargar a los consumidores márgenes de refino y de distribución muy superiores a los europeos, con el resultado de que las gasolinas y los gasóleos suben más que la media europea (cuatro veces las gasolinas y casi el doble los gasóleos a finales de enero). Me pregunto a qué narices se dedican la Comisión de la Energía y el Servicio de Competencia.

En cuanto a las enormes subvenciones a las renovables, en casi todo el mundo y particularmente en Alemania, el país número uno en fotovoltaica, las subvenciones se dan exclusivamente a instalaciones familiares, con lo que los hogares alemanes pueden ahorrar hasta un 30% del recibo de luz y gas. En España, dichas subvenciones se dan solo a los amigos del poder para sus huertos fotovoltaicos, un invento del PP para enriquecer a sus allegados, ampliado por ZP para enriquecer a los suyos. En el caso de la eólica, la mitad de la potencia española no se habría construido en ningún otro país porque el número de horas de viento no es suficiente, pero aquí con las gigantescas subvencione vale todo.

Y para terminar, la guinda del pastel: los Presupuestos de 2011 están calculados con un barril de crudo a 81 dólares, por lo que una media de 115 dólares supondría un costo adicional de 18.000 millones de euros (un 1,7 % del PIB para consumir el mismo petróleo y gas). También parece desvanecerse la posibilidad de acuerdo en marzo sobre la crisis de la deuda, lo que renovaría las tensiones y haría imposible la recapitalización bancaria. Lo único positivo de tanto desastre es que Zapatero y su secta acabarán barridos, y el partido socialista deberá evolucionar desde el siglo XIX y la Guerra Civil al siglo XXI sin apenas poder político.

(1) Según la estimación de Bank of America / Merrill Lynch, el precio del crudo promediará los 115 dólares por barril en 2011, 130 dólares en 2012, y llegará a 165 dólares en 2015.

Prohibir y recaudar
Jesús Cacho El Confidencial 28 Febrero 2011

Será difícil encontrar en el último siglo de historia de España un Gobierno más dañino para el bienestar de los ciudadanos y más lesivo para sus derechos y libertades que el que hoy maneja Alfredo Pérez Rubalcaba (APR), con Rodríguez Zapatero en la sombra. En una situación de estancamiento económico que no deja de producir paro y cierre de empresas, el estado anímico de los españoles, lastrado por la falta de confianza, debe hacer frente con regularidad a las humoradas y ocurrencias, cuando no los simples disparates, de un Gobierno que hace mucho tiempo dejó de representar los intereses de la mayoría. Ocurrencias y disparates. No de otra forma cabe calificar la decisión del Ejecutivo de limitar la velocidad en autovía y autopistas a 110 km/hora, iniciativa convertida en perfecta metáfora de la situación española: una tal velocidad de 110 km en autopista es la que naturalmente corresponde a un país que se ha quedado literalmente parado, parado y empobrecido, achicado por el paro, la pobreza y el paulatino recorte de libertades al que tan aficionado es este Gobierno liberticida. Velocidad tortuga para el país cangrejo. ¡Muerte al progreso!

No estamos aquí para discutir la efectividad de la nueva parida del ministro bombilla, Miguel Sebastián, al parecer padre de la idea, en lo que a ahorro de combustible se refiere, ahorro real que técnicos y expertos sitúan en menos del 3%. Estamos para denunciar que el Gobierno lleva años empeñado en recortar la velocidad, cuando de lo que se trata es de gestionar –palabra maldita para el Ejecutivo- la velocidad, lo que equivale, entre otras cosas, a adecuarla a la calidad de trazado y estado de conservación de la vía, de forma que en una autopista moderna y bien señalizada se pueda circular a 140, y en aquellos tramos de autovía vieja se imponga la restricción de los 110. La tendencia en Europa no es a reducir los límites de velocidad, sino al contrario: 130 en Francia; hasta 150 en algunos tramos en Italia; a 140 en Polonia desde hace pocas semanas, y a 130 en Holanda. Alemania, con tramos sin limitación, cuenta con el índice de siniestralidad más bajo de Europa, debido, entre otras cosas, a la eficiente red de helicópteros medicalizados con que cuenta, variable que completa la trilogía de “mejores infraestructuras, mejores coches y mejor asistencia sanitaria, igual a menos muertes en la carretera”.

El pasado mes de junio, el Congreso aprobó por unanimidad (también el PSOE) una proposición no de ley instando al Gobierno a revisar, por obsoletos, los límites de velocidad, evidencia de que el debate está sobre la mesa en España. La web Movimiento140.com ha recabado casi 175.000 firmas pidiendo una subida de los límites de velocidad, algo que piensa acometer el nuevo Gobierno de la Generalitat, elevando los límites a 130 en autopistas y eliminando la absurda limitación a 80 en las autovías de circunvalación a Barcelona decretada por el Tripartito de triste memoria, algo que podría dejar en evidencia la política de seguridad vial impuesta por la DGT en el resto de España, basada en la represión pura y dura y en el eslogan torticero de que “la velocidad mata”, mensaje permanente, constante, machacón de los últimos seis años, que esconde la realidad (Anuario Estadístico de Accidentes de la GDT, año 2008) de que la velocidad excesiva es responsable de sólo el 1,92% de las muertes en carretera.

¿Limitar la velocidad o recaudar?
No es aventurado suponer que el ahorro energético perseguido se quedará en nada, y ello por la sencilla razón de que la mayoría de conductores –el 93% de las 11.420 personas que a las 8 de la tarde de ayer habían respondido la encuesta de este diario- tenderán de forma natural a no respetar una norma que consideran disparatada e injusta. Y si el conductor desprecia la norma, el corolario es sencillo: las sanciones por tráfico tenderán a crecer de forma exponencial, que es el objetivo que muchos españoles se malician late detrás de la iniciativa. Recaudar a palo seco, para lo cual es preciso seguir llenando las carreteras de radares, tres cuartas partes de los cuales se instalan paradójicamente en lugares donde apenas se produce el 18% de los accidentes mortales. El director general de la DGT, Pere Navarro, se encargó hace poco de aclarar el misterio con la desfachatez que le caracteriza: “colocar un radar en una carretera secundaria no es rentable”.

Curioso personaje este Pere Navarro, antiguo inspector de Trabajo, típico ejemplar del gen intervencionista, liberticida y meapolítico (el partido es la religión; la propaganda, su profeta) que distingue al socialismo metomentodo que, si no es capaz de convencer, tratará de someter acogido al paternal “por vuestro bien”. Navarro es el guardián entre el centeno que concibe al conductor como un ciudadano de segunda, un tipo sospechoso cuyos derechos conviene limitar y cuya libertad debe ser permanentemente vigilada, y, por tanto, administrada, regulada. Prohibir, prohibir y prohibir. Para los Peres de este mundo derechos como la presunción de inocencia o el de defensa son estorbos intolerables que ralentizan el crecimiento de una cuenta de resultados cuyos ingresos él ha multiplicada por cinco desde que llegó a la DGT: por eso, en el trámite parlamentario de la última reforma de la Ley de Tráfico, don Pere deambulaba triste por los pasillos de Congreso, asegurando ante sus señorías que “lo que yo quiero es la misma capacidad ejecutiva que Hacienda o la Seguridad Social”. ¡Todo por la pasta!

Estamos, en definitiva, ante un problema de libertades, como ocurre siempre con los partidos socialistas empeñados en la igualdad por decreto en detrimento de la libertad. Es la esencia de la mayoría de las medidas legislativas emprendidas por el Gobierno Zapatero. Como advirtiera Hayek, nos hallamos ante otro caso de involución liberticida, una nueva demostración de cómo una democracia puede perfectamente atentar contra las libertades individuales. Padre de la teoría del “orden espontaneo”, Hayek destacó la importancia del imperio de la ley, del sometimiento de todos los individuos –del Rey abajo- a esas normas surgidas de los usos y costumbres a través del tiempo y que evolucionan conforme lo hace la propia sociedad. El problema del momento radica en la perversión de la ley, en lo que alguien ha llamado la "hiperinflación legislativa" que acaba con el valor ejemplarizante de la misma y la devalúa y desvirtúa al responder a los intereses de grupo o partido al margen de las demandas sociales. Razón por la cual el derecho consuetudinario yace hoy postrado, víctima de un cúmulo de arbitrariedades legales fruto del juego de las élites y los caprichos del legislador liberticida, siempre dispuesto a restringir nuestra libertad y preservar sus privilegios.

Deslumbrante paradoja de la pesadilla Zapatero
El resultado es que el individuo está hoy discrecionalmente restringido en el uso de su libertad, dramáticamente podado por los caprichos de los Rubalcabas de turno, gente que, en el caso que nos ocupa, han descubierto en el uso del automóvil y en la siniestralidad inherente al mismo un caladero fácil de demagogia política -quizá la única muesca de la que puede presumir este Gobierno-, y una fuente inagotable de pasta. Recaudar para después repartir, se supone, olvidando la máxima de Plutarco según la cual “el verdadero destructor de las libertades del pueblo es aquel que reparte botines, donaciones y regalos”. Se trata, por eso, de meter mano en el bolsillo de los ciudadanos y freírlos a multas, como si no supieran ellos cómo y cuándo gastar su dinero mejor que el Estado. Las libertades dañadas y el principio de equidad jurídica hecho añicos. “¡Dadme la libertad o dadme la muerte!”, que dijera Patrick Henry, uno de los más influyentes defensores de la Revolución americana

En un discurso pronunciado en 1964 ante la Convención Republicana, el ex presidente Ronald Reagan planteó la cuestión de las libertades individuales en estos términos: “Se trata de saber si creemos en nuestra capacidad para el autogobierno o si abandonamos la Revolución americana y confesamos que una pequeña élite intelectual en una capital distante puede planear nuestras vidas mejor de lo que nosotros mismos podemos hacerlo”. Casi 50 años después, ésta sigue siendo la esencia del problema español. Como señalara Tocqueville en su Democracia en America, el viejo socialismo despótico del pasado ha sido sustituido por otro mucho más sibilino y peligroso, más soft: en el altar del talante y el buen rollo los españoles han cedido libremente grandes cuotas de libertad -deslumbrante paradoja de la pesadilla Zapatero-, sin que perciban el uso coercitivo de la fuerza. Los efectos de las cesiones y concesiones de los españoles desde 2004 han dañado seriamente nuestra prosperidad y restringido peligrosamente nuestra libertad. ¿Hasta cuándo estaremos dispuestos a consentir que una minoría absurdamente ideologizada que ni de lejos representa ya los intereses de la mayoría del pueblo español actúe por nosotros, restrinja nuestros derechos, coarte nuestra libertad de movimientos y meta impunemente mano en nuestros bolsillos? Quosque tandem abutere, José Luis, patientia nostra?

Anatomía de un fracaso
A su diferencial negativo de desempleo y renta, Andalucía ha añadido la corrupción, el clientelismo y la dependencia
IGNACIO CAMACHO ABC 28 Febrero 2011

DE aquella esperanza a este desencanto han pasado 31 años de incuria. Aquel 28 de febrero de 1980, cuando una sacudida de rabia y de agravio quebró en Andalucía el modelo de una España de dos velocidades, la autonomía era un sueño de igualdad solidaria en el que los andaluces veían una salida al subdesarrollo. Rara vez este pueblo se ha comportado con tanta fe en sí mismo, con tanto optimismo histórico; aquel ramalazo de determinación rebelde cambió el proyecto de convertir la nación en un Estado confederal disimulado. Tres décadas después, aunque la inversión de decenas de miles de millones de pesetas y euros —procedentes de fondos comunitarios y transferencias de renta interna— ha corregido parcialmente los desequilibrios de partida, Andalucía sigue muy por debajo de la media de crecimiento española y europea. El fracaso del régimen autonómico es patente en su falta de influencia en el concierto nacional y en las preocupantes tasas de desigualdad que continúan dominando su horizonte social y económico; y a su diferencial negativo de desempleo, riqueza, educación y productividad ha añadido inquietantes señas de identidad que amenazan con convertirse en un nuevo estereotipo: la corrupción, el clientelismo y la dependencia.

El escándalo clientelar de los EREs ensombrece la autocomplaciente fiesta oficial que conmemora aquel referéndum decisivo. La autonomía apenas es hoy para los andaluces una inmensa máquina de poder al servicio de la hegemonía de un monocultivo político. El recién descubierto método de fraude masivo en los fondos de desempleo retrata el sistema de trustsocial con que la Junta y el PSOE han establecido su longeva supremacía: un procedimiento de compra de voluntades mediante el manejo opaco de fondos públicos distribuidos a discreción con criterios de estricta complicidad y sumisión al padrinazgo partidista. Sindicatos, asociaciones, patronales, y hasta cofradías; el mundo universitario y cultural, la vida laboral y cualquier forma de sociedad civil han sido anestesiados a través de un complejo tejido de subvenciones y ayudas que ha diluido toda energía de regeneración, emancipación o independencia.

La dureza de la recesión ha provocado, empero, un sentimiento generalizado de frustración que el régimen ya no puede paliar por falta de recursos con que sostener su derrama. Al pairo de esa amarga decepción se incuba un visible cansancio que ha cuarteado la estructura institucional y proyecta en los sondeos de opinión pública un creciente deseo de cambio. Anclada en un marasmo sesteante que presagia el severo retroceso de los precarios standardsde bienestar relativo logrados por la ahora rota cohesión autonómica, Andalucía se enfrenta a un período crucial en el que la voluntad de ganar el futuro colisiona con la inercia de un monopolio de poder en estado terminal que se resiste al desmoronamiento con estertores de paquidermo herido.

Tribuna Libre
Los ayuntamientos podrían ahorrar 6.000 millones
Foro Arrupe Libertad Digital 28 Febrero 2011

La gran mayoría de los 8.112 ayuntamientos españoles tienen, en estos momentos, dos gravísimos problemas: uno coyuntural fruto de la burbuja inmobiliaria y otro estructural, sus ineficiencias. Ambos llevan a unos déficits y a un sobrecoste anual de más de 10.000 millones de euros. Lo peor es que a pesar de lo que dicen los políticos, en el fondo nadie parece tener interés en enfrentarse al tema, pues en el último momento se salva el peligro endeudándose más. Problema similar al que el país tiene con las Autonomías.

En un reciente debate en el Foro Arrupe sobre "Financiación y sobrecoste de las entidades locales" D. Ramón Marcos, autor con D. Jaime de Piniés, de un estudio que trata de medir la eficiencia de las entidades locales, puso de relieve una estimación de costes excesivos fruto de los dos problemas citados.

La crisis ha afectado profundamente la economía de las entidades locales pues al reventar la burbuja inmobiliaria ni hay transformación de terrenos de rústicos a urbanizables, ni hay entradas por licencias de obras o habilitación de viviendas etc. Por otro lado, las entidades locales han ido ampliando estructura y servicios en la bonanza y muchos están afectados, además, por su ubicación en zonas turísticas por la necesidad de contar con infraestructuras y servicios infrautilizados durante gran parte del año. Además están sobrecargadas sus nóminas por esta causa, sin poder introducir demasiados factores de temporalidad.

Pero el mayor problema es el de la ineficiencia fruto de varios factores. De ellos el de mayor impacto es que en España tenemos funcionando en este momento 8.112 municipios. El 84,1% (6.821) tiene menos de 5.000 habitantes, en los que residen 6 millones de personas y el 11,2% (907 municipios) tienen entre de 5.001 a 20.000 habitantes. Es decir, en total el 95,3 por ciento de los municipios tiene menos de 21.000 habitantes, cifra donde empieza a ser difícil funcionar sin tener enormes ineficiencias. Una vez más, cuando los demás países están enmendando el camino y hacen frente a sus problemas, en España seguimos con alegría como si nada pasase. Ya antes de la reunificación, entre 1960 y 1978, Alemania puso en marcha un amplio programa de política de racionalización y hoy en día: el país reunificado tiene 8.414 municipios con una población de de 82,3 millones de habitantes cuando nosotros solo tenemos 47 millones. Francia tiene 2.609 mancomunidades obligatorias de municipios con servicios comunes.

Sumando la estimación de costes excesivos para los capítulos de personal y servicios de funcionamiento interno de los 40 principales ayuntamientos se llega a una cifra de posible ahorros de 6.211 millones de euros, aproximadamente el 0,6% del PIB nacional y si se procede a una racionalización de los municipios con una población por debajo de 20.000 habitantes se superarían con creces los 10.000 millones.

Los ayuntamientos gastan demasiado y no por eso la apreciación de los ciudadanos es que el que más gasta tiene mejores servicios; además se podrían obtener economías de escala. Pero, ¿quién impulsa una racionalización? Está demostrado que ningún partido político tiene interés en "abrir el melón" y tratar de reducir los municipios, que son una herramienta para financiar sus actividades desde los más variados ángulos.

¿Revolución o revuelta?
Occidente va a pagar muy cara tal negligencia. Ya la está pagando con la subida del petróleo. ¡Y es sólo el empezar!
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 28 Febrero 2011

GADAFI puede matar todavía muchos libios, pero terminará cayendo, esperemos que antes que tarde. Un dirigente que tiene que defenderse a tiros de su pueblo está condenado en un mundo testigo de sus atrocidades, en el que occidente ya no puede ocultar su hipocresía y los libios han descubierto su poder.

Resulta innegable que en el mundo árabe está en marcha una «revolución», que pongo entre comillas porque aún no sabemos si es una revolución auténtica —quiero decir, un cambio de la entera estructura de un país— o una revuelta contra la actual clase dirigente, para ser sustituida por otra de parecidas características. Pues aunque los acontecimientos que sacuden el norte de África y el Oriente Próximo fueron desencadenados por mensajes en Internet e imágenes televisivas, denunciando la corrupción y ensañamiento de sus líderes, un nuevo estado no se monta virtualmente. Se necesita organización, planes, objetivos. Y en esos países sólo hay dos fuerzas que los poseen: el ejército y la religión. El ejército, con sus cuadros de mando, su disciplina y sus armas. La religión, con sus imanes, sus mezquitas y sus redes sociales. En medio, sólo hay una clase media finísima y una intelectualidad muy occidentalizada, y por tanto lejos de una masa ocupada en sobrevivir.

El problema de esos ejércitos es que sus altos mandos se han dejado corromper por la clique gobernante. El de la religión, que se ha dejado arrastrar por el islamismo radical. Ni unos ni otros sienten simpatías por la democracia, pese a sus manifestaciones de «escuchar a sus pueblos». Lo que han hecho, sin embargo, es enviarle a casa por las buenas o las malas.

Cómo va a acabar esto, nadie lo sabe. Por lo que estamos viendo, allí donde el ejército es fuerte, Túnez, Egipto, se ha convertido en garante de la «revolución». Mientras en Libia, donde Gadafi había destruido todos los resortes del estado para asumirlos, lo que se impone son los «consejos populares», de carácter comunal o tribal y fuerte arraigo religioso. Lo que puede conducir a la desintegración del estado o a una república islámica.

Oigo y leo por doquier que occidente debe de fomentar por todos los medios a su alcance una democracia en esos países. Está muy bien, pero llega un poco tarde. Una democracia no se improvisa, como se ha visto en Afganistán e Irak, ni puede imponerse desde fuera por la fuerza. Eso tendría que haberse hecho antes, presionando para la reforma de aquellas sociedades, en vez de hacer grandes negocios con sus líderes y pasando allí nuestras vacaciones invernales. Occidente va a pagar muy cara tal negligencia. Ya la está pagando con la subida del petróleo, que se lleva todos los recortes en el gasto social. ¡Y es sólo el empezar!

Un nuevo ciclo
José María MARCO La Razón

La caída del Muro de Berlín trajo cambios en la Europa sometida a los comunistas, en Asia, en América Latina, también en África. En todas partes, excepto en los países árabes musulmanes. Hubo oportunidades de cambio, como cuando Sadam Hussein invadió Kuwait y Siria hizo lo propio con Líbano. Las dos se desperdiciaron. En cambio, fue cuajando una coalición de «hermanos contra la democracia», como escribe Walid Phares, buen conocedor de los movimientos disidentes dentro del mundo árabe. Esa coalición bloqueó cualquier intento de democratización, de pluralismo y de transparencia. Muchos de los que participaban de ella eran rivales, pero todos sabían que tenían el mismo enemigo, la democracia. En eso, los autócratas de la península arábiga, los chiítas, los dictadores de Siria o de Libia, los terroristas salafistas o los pro iraníes, todos estaban de acuerdo. Todos tuvieron claro que había que frustrar el régimen que surgiera de la intervención en Irak de 2003. También había que acabar con el experimento afgano. El Consejo de la Liga Árabe, por ejemplo, estaba presidido hasta hace unos días por Libia.

El resultado de esta política ha sido un callejón sin salida. Se impidió la libertad y se acabó con ella allí donde existía, como ocurrió en Líbano. Phares calcula un millón de prisioneros políticos en toda la zona del Gran Oriente Medio. Cuando se dice con ligereza que la religión musulmana es incompatible con la democracia, habrá que recordar que se ha hecho todo lo posible para que eso llegue a ser verdad. Por otra parte, las dictaduras tampoco han evitado la islamización, o mejor dicho la yihadización de las sociedades árabes: el proceso, que venía de lejos, ha ido en aumento en los últimos veinte años. Y sobre todo eso, muchos de estos regímenes políticos no han sido capaces de ofrecer una mínima perspectiva de prosperidad a sus poblaciones. Los dos tercios de la población libia, unos cuatro millones de personas, viven con menos de dos dólares al día, y otro tanto ocurre en Egipto.

Se escucha que lo que estos países necesitan es algo de eficiencia económica. Es cierto, sin duda, pero después de lo ocurrido en estas semanas, y después de estos veinte años de prolongación del autoritarismo, ya no es fácil dar marcha atrás. Los partidos islámicos están aquí para quedarse. También han hecho acto de presencia minorías atropelladas y a veces masacradas, como los coptos egipcios, los cristianos de Sudán o, entre otros, los muchos demócratas musulmanes encarcelados o exiliados. Y además está el acceso a la información instantánea y las redes sociales, que dificultan, como ocurre en Irán, la estabilidad de las autocracias. La situación, como se dice sin parar, es peligrosa, pero no todo es negativo, al contrario. Para empezar a cambiar nuestra política de complacencia, no estaría de más que contribuyéramos a que se aprovechara el sentimiento de orgullo de quienes están acabando con regímenes tan corruptos y tan inhumanos como los que están cayendo en el norte de África.

Y Cuba, ¿cuándo?
El castrismo es obsoleto, cruel y tiene los días contados.
Rafael Bardají www.gaceta.es 28 Febrero 2011

Zapatero y sus ministros se han apuntado corriendo a apoyar el cambio que sacude el norte de África y Oriente Medio. Tan de moda ellos y ellas, acaban de descubrir la moda de la libertad, retóricamente porque, como sabemos, poco hacen por ella. Que se lo digan a los españoles atrapados por la violencia de Gadafi. Pero la mejor prueba de que este Gobierno sólo piensa en sí mismo la tenemos en su política hacia Cuba, una dictadura tan recelosa de cualquier cambio que no ha dudado en aliarse diplomáticamente con Gadafi frente a los libios que luchan por poner fin a su dictadura megalómana: el entusiasmo que demuestra por la libertad y la democracia en el mundo islámico no se traslada a la isla caribeña. Lo que se dice apoyar en nuestros vecinos del sur no encuentra traducción frente aquel otro régimen totalitario y brutal.

Los cubanos anticastristas de dentro y fuera de la isla nunca han entendido el maridaje del Gobierno socialista español con los Castro, sea el hermano que sea. Ni con quien ha estado ofreciendo el oxígeno económico al castrismo en los últimos años, Hugo Chávez. En Cuba las concesiones políticas españolas no han ablandado al régimen ni han liderado transición alguna. Al contrario, lo que estamos viendo es una bunquerización que no conduce más que a un tránsito más difícil. Al castrismo le pasa lo que a los regímenes árabes que conocemos: que es obsoleto, cruel y tiene los días contados. Es imposible que sobreviva en el siglo XXI. Salvo que se le deje. Que es lo que intentó alimentar desde la UE Moratinos y ahora continúa su sucesora, Trinidad Jiménez.

Pero en Cuba las cosas también se mueven. A las Damas de Blanco se les empiezan a sumar otros grupos de disidentes y los blogs, a pesar de la férrea censura, están que arden. Es el momento de que nuestros ojos también miren hacia La Habana. Algo se está cociendo allí y esta vez el Gobierno debería estar con lo que viene, no con lo que se tiene que ir.

La juventud como espejo
Regina Otaola Libertad Digital 28 Febrero 2011

No nos extraña que los jóvenes rechacen por igual la vecindad de un terrorista o una víctima.

Los resultados de la encuesta realizada por el Gobierno Vasco a 1.326 jóvenes reflejan la empanada mental que tienen algunos de ellos, lo que a su vez es el reflejo de la nefasta educación que han recibido y no sólo en las ikastolas, sino también en sus propias familias.

Los resultados no hacen otra cosa que constatar cómo se ha vivido en esta comunidad autónoma. Una gran parte de la sociedad vasca ha mirado para otro lado cuando asesinaban, por ejemplo, a policías; se ha despreciado y hecho el vacío a todo aquel que no mostrara simpatías nacionalistas; se han disculpado actos que suponían violaciones flagrantes de los derechos fundamentales, se ha llegado a exigir que no se guardase el coche en un parking de la comunidad de propietarios (siendo el exigido propietario) o se ha informado de que mejor se iban a otro edificio porque, claro, el cargo público del PP o del PSE suponía mucho peligro para los vecinos por los ataques terroristas.

Quiero dejar claro que yo he tenido muchísima suerte con mis vecinos, pero ha habido otros concejales que se han visto tratados como apestados por algunos de ellos. Otros adultos callaban atemorizados y, mientras tanto, el Gobierno vasco nacionalista seguía poniéndose morado a nueces del árbol que ETA agitaba. Así de claro, así de impresionante. Por eso no puede extrañarnos, aunque nos parezca terrible, que los jóvenes rechacen con la misma contundencia vivir en el mismo edificio que un terrorista o una víctima. A ellos que no les salpiquen. La víctima que se las arregle porque, como se dice aquí, “no haber sido víctima”, “no haberse significado”. Misma vara de medir. Mismo comportamiento también al de los adultos de ahora que exigen actos de desagravio tanto para los terroristas fallecidos como para sus víctimas asesinadas.

Tampoco nos puede extrañar, aunque es realmente para echarse a llorar, que los jóvenes den menor importancia al derecho a la vida que, por ejemplo, al derecho al trabajo. Pero, eso sí, una gran mayoría afirma en otro apartado que la acción de ETA es una vulneración de los derechos humanos y que las víctimas de cualquier acción terroristas merecen su apoyo (me imagino que siempre que vivan en otro edificio). Lo que les decía: una empanada mental total.

En otro apartado, un 77% considera como aspecto vital prioritario el hecho de tener buenas relaciones familiares. En segundo lugar, lo que más vital les parece es una vida sexual satisfactoria aunque no les importe tanto una relación de pareja satisfactoria. Me ha hecho recordar el poema de José Hierro: “Alguna vez, un alma halló el alma que la contemplaba. Cuando los cuerpos se tuvieron, olvidaron que había alma. No llegaron a lo que dura y gozaron de lo que pasa…”.

Los resultados deben hacernos reflexionar y actuar sin demora. La educación es primordial si queremos desarrollarnos de forma acertada y no errónea. Termino con la pregunta que se hace el Papa: ¿no estaremos desarrollando mucha técnica pero poca alma?

*Regina Otaola es alcaldesa de Lizarza.

Yolanda Morín: “Junta Islámica y otras organizaciones musulmanas son a la yihad lo mismo que el partido Sortu a ETA”
Una entrevista de Juanjo Armas Minuto Digital 28 Febrero 2011

España y Libertad inicia otra campaña nacional contra la expansión islámica. Se van a repartir de forma gratuita miles de adhesivos de la campaña. Yolanda Couceiro Morín, su presidenta, es de la pocas personas en España que habla sin temor sobre el Islam y su crecimiento en Europa. Acostumbrada a la presión del entorno etarra, no duda en hablar con absoluta libertad sobre el tema en éste, su periódico.

¿Tan importante es el problema del Islam como para que ustedes realicen una campaña sobre este tema?
Sí, es un problema de primera magnitud. Europa, y España, está sufriendo una invasión musulmana en toda regla que cuenta con la complicidad de la clase política. Tenemos más de 50 millones de musulmanes en Europa si contamos los inmigrantes ilegales. Son 50 millones de personas que importan una ideología peligrosa y violenta. Ocupan ya nuestras calles, y nuestros políticos les otorgan más derechos que a nosotros. Sí, es un problema importante porque supone un asalto a Occidente, a nuestra cultura y costumbres. Y es un asalto patrocinado por dictaduras, como la saudí, que promulgan el asesinato y la tortura de todas aquellas personas que no pensamos como ellos.

¿No es usted un poco radical?
Si mi opinión le parece radical le invito a realizar estas pregunta a todas las mujeres que son violadas por grupos de musulmanes en Europa. A las que son desfiguradas con ácido. O a Asia Bibi, o a los homosexuales que son asesinados en nombre de la ‘religión de paz’…

Pero el Islam es una confesión religiosa…
No, es una ideología política totalitaria, antidemocrática y violenta. Es incompatible con la democracia.

Pero en España tenemos musulmanes que no son violentos…
Si se refiere usted a organizaciones como Junta Islámica y otras, le diré que son a la yihad lo mismo que el partido Sortu a ETA.

¿Niega usted la existencia de un islam moderado?
Yo no, ellos mismos. ¿Dónde están? ¿se han manifestado? Si existe un islam moderado, cosa que dudo, es cobarde y colaboracionista con los violentos. Más de lo mismo.

¿Debería prohibirse el Islam entonces?
Debería ilegalizarse como se ilegalizan partidos políticos que están a favor de la violencia. El Islam es una ideología violenta que atenta contra los derechos humanos.

En su web he visto enlaces a organizaciones como la EDL, que algunos acusan de ‘prosionista’
Nosotros defendemos el derecho a la legítima defensa de Israel frente al terrorismo islámico de Hamas. También su derecho a existir. Si a usted esto le parece ‘prosionista’… Yo creo que este es un mensaje agotado, protagonizado por ‘los de la ceja’, la izquierda, y un sector de la llamada extrema derecha que prefiere dedicarse a estas cosas en vez de hacer frente al debate sobre sus problemas de unidad, atomización y desensamblaje ideológico.

La EDL es una organización que lucha contra la invasión islámica. Son tantos, que en sus manifestaciones se ven banderas de Israel de vez en cuando. ¡Ojala sucediera en España lo mismo! Pero es muy difícil. Los judíos en España están obnubilados por la izquierda. Para ellos, la separatista Pilar Rahola es una heroína, y Esteban Ibarra, detenido hace años por su relación con el FRAP, mantiene vínculos muy importantes con la comunidad judía. Son sólo dos ejemplos, pero hay muchos más. Así que puede suponer cual es nuestro vínculo con la élie judía en España: ninguno. Pero bueno, cada cual escoge sus amigos y es libre de equivocarse. Alguien desde Israel debería pedir explicaciones a los judíos españoles por todo esto, y más de uno debería meditar sobre las razones de tanto a apoyo de los líderes judíos españoles a la izquierda de ZP.

¿Complejos por ser apoyados por organizaciones de derecha como la suya?
No sé si son complejos, pero a los judíos en España les va muy mal en relación a la opinión pública. Deben creer que por tratar con guante de seda a la izquierda les va a ir mejor. Luego se quejan cuando esa misma izquierda impulsa boicots a los productos de Israel o quema sus banderas en las calles. Y que conste que hablo de los líderes de esta comunidad, no de los ciudadanos de a pie, entre los que tengo muchos amigos, algunos de ellos militantes de España y Libertad.

Otro tema: la inmigración
¿Otro tema? Más bien otro problema

¿Por qué es un problema la inmigración?
Mire usted. En España, pese a lo que nos digan, tenemos más de 10 millones de inmigrantes. De ellos sólo cotizan a la Seguridad Social 1.700.000. ¿Que hace el resto? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican? ¿De qué viven? ¿Qué tipo de ingresos tienen?

Eso puede sonar a xenofobia o racismo
La casta política pretende hacernos comulgar con ruedas de molino. Tenemos millones de personas ‘no españolas’ o naturalizadas que disfrutan y agotan nuestro sistema de salud mientras se hacen con nuestras ayudas. Mientras tanto, un millón y medio de hogares españoles no recibe ningún ingreso económico. ¿Denunciar eso xenofobia? Si usted cree que defender nuestra identidad y a nuestros compatriotas es xenófobo, apúnteme en esa lista. Un puesto de trabajo no puede ser adjudicado a un extranjero mientras exista un español en el paro. Así de simple. Desde luego, pese a quien pese, los españoles primero.

Ya, ¿y si el español no quiere trabajar?
Mire, de esos hay pocos. La milonga de que los inmigrantes vienen a por los trabajos que los españoles no quieren o que vienen a pagarnos las pensiones, no cuela a estas alturas de la obra de teatro montada por la casta parasitaria. Lo que los españoles no queremos es que algunos empresarios-delincuentes abusen de nosotros pasando por encima de nuestros derechos y de los logros que los trabajadores han conseguidos tras muchos años de lucha y esfuerzo. La llegada masiva de inmigrantes ha conseguido que el mercado laboral se nutra en muchos casos de personas que cobran 400, 500 o 600 euros al mes. La culpa de esto la tiene una parte del empresariado, que utiliza a los inmigrantes, y la clase política, que se ha pasado la vida haciendo de ‘hermanita de la caridad’ para luego mirar a otro lado y dejarnos a los españoles vendidos ante la crisis. , El español hace bien en plantarse frente a estos abusos. El español quiere trabajar, pero con una retribución justa.

Si además hay españoles que no quieren trabajar porque prefieren dedicarse a vivir del PER o las ayudas sociales, entonces habría que plantearse la retirada de ayudas a esas personas y ‘ponerles las pilas’ legalmente.

¿Cree que hay relación entre la inmigración y la delincuencia?
Bueno, resulta evidente que todos los inmigrantes que llegan a España no son delincuentes, pero deberá reconocer que la gran mayoría de delincuentes que se detienen en España son inmigrantes. Desde el 1 de enero de 2000 hasta hoy, los internos españoles sólo han crecido en 10.700 personas (un 29%), mientras que los extranjeros lo han hecho en 18.100 (un 228%). Es decir, que en estos diez años, de cada diez personas que han ingresado en la cárcel, seis eran inmigrantes, un 60%. Además, los presos extranjeros representan ahora mismo el 40% de presos en España. Con estos datos en la mano le digo claramente que sí existe una clara relación entre la inmigración y la delincuencia.

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Su presidente-editor, Javier Godó, no ve que se fuerce a hablar catalán en las aulas ni que se persiga a los castellanohablantes
La Vanguardia, dócil compañero de viaje de CiU: "Reflejamos la plural y tranquila normalidad lingüística de Cataluña"
Verdad Mentira Periodista Digital 28 Febrero 2011

El presidente-editor de La Vanguardia, Javier Godó, ilustraba este domingo 27 de febrero a sus lectores con un artículo -'La Vanguardia', una mirada al mundo en dos lenguas- donde adelanta la intención del rotativo catalán de empezar en breve con una edición en la lengua catalana.

Godó considera que, más de tres décadas después de recuperar la democracia en España, iba siendo preciso dar un paso más: Ofrecemos una mirada universal sobre todo aquello que sucede a nuestro alrededor, buscando siempre la máxima complicidad y conexión con nuestros lectores, la primera y última razón de ser de nuestra labor profesional. Ahora, tras más de tres décadas de recuperación de la democracia en España y de la autonomía de Catalunya, deseamos ofrecer la posibilidad de que La Vanguardia también pueda ser leída en catalán, la lengua materna de muchos de nuestros lectores, suscriptores y anunciantes, y el idioma propio y oficial de este país junto a la lengua castellana, que es nuestro rico puente principal hacia el exterior.

El presidente de La Vanguardia subraya que: La Vanguardia refleja, con su nueva oferta, la plural y tranquila normalidad lingüística de Catalunya, algo que nos recuerda que nuestro centenario rotativo nació precisamente cuando la Renaixença cultural, económica y política catalana empezaba a dar sus primeros frutos.

Pese a la insistencia de Javier Godó sobre un clima de normalidad lingüística, los hechos no le pueden dar la razón. Por un lado, la persecución al idioma castellano ha llegado a tales límites de surrealismo que el Ayuntamiento de Barcelona decidió en su momento hacer de tripas corazón y quedarse sin cobrar las multas de tráfico antes que rotular las señales en el idioma oficial, tal y como marca además la propia ley -El Ayuntamiento de Barcelona prefiere no cobrar las multas de tráfico antes que señalizar en castellano-

Pero hay más. En los colegios se marca con pegatinas rojas (menos mal que no son estrellas amarillas, que recordarían a tiempos nada agradables, precisamente) a aquellos alumnos que hablan castellano en el recreo, como le sucedió a un estudiante de cinco año en un centro de Sitges -"¿Qué he hecho mal, mami?": marcado con una pegatina roja por no hablar catalán en el patio-. Esta es la normalidad lingüística de la que habla Javier Godó. Una falacia de campeonato.

Cataluña
Convivencia Cívica recurre el decreto que exige el nivel C de catalán a los profesores universitarios
La norma fue aprobada por el tripartito de Montilla y obliga a las universidades a exigir un nivel lingüístico de catalán a sus profesores.
Redacción www.vozbcn.com  28 Febrero 2011

Convivencia Cívica Catalana ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el decreto autonómico que obliga a los profesores universitarios a acreditar el nivel C de lengua catalana. La entidad cívica ha pedido la suspensión cautelar del acuerdo del Gobierno autonómico.

El recurso -que fue presentado en noviembre de 2010- defiende que los profesores universitarios no tienen la obligación de utilizar el catalán -pueden expresarse en cualquiera de las dos oficiales- en sus tareas docentes, tal y como queda establecido en la Ley de Política Lingüística de la Generalidad.

El pasado 14 de septiembre, el Gobierno autonómico, presidido por José Montilla (PSC), aprobó el Decreto sobre la acreditación del conocimiento lingüístico del profesorado de las universidades catalanas, que obligaba a las universidades exigir el nivel C a todos los profesores. En decreto establece que en materia lingüística ese es el único requisito.

Polémica norma e “inconstitucional”
Esta decisión, según ha declarado Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, a LA VOZ DE BARCELONA es “inconstitucional” y discrimina a los profesores universitarios por motivos lingüísticos. En ese sentido, la entidad ha solicitado la suspensión cautelar del decreto para que no se cometa ninguna discriminación que luego suponga un mayor problema, como puede ser la incorporación de docentes en un centro universitario.

La polémica normativa, aprobada por el Gobierno autonómico a instancias del independentista Josep Huguet (ERC), irritó incluso a catedráticos tan conocidos como el independentista Xavier Sala-i-Martin que, en un comentario en su Facebook, amenazó con dejar la Universidad Pompeu Fabra (UPF) si le obligaban a acreditar su nivel de catalán recordando, entre otras cosas, que el entonces presidente de la Generalidad, José Montilla, ‘no ha pasado el examen’.

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