AGLI

Recortes de Prensa   Miércoles 9 Marzo 2011

 

El caso de Bélgica demuestra que los gobiernos no sirven para nada
Francisco Rubiales Periodista Digital 9 Marzo 2011

Los gobiernos sólidos y poderosos son prescindibles y sólo representan un enorme gasto y un riesgo de autoritarismo que obstaculiza la democracia, según demuestra la experiencia belga, que también demuestra que lo más eficaz y eficiente es tener un gobierno provisional, con poderes muy limitados. La eficacia de ese tipo de gobierno, que sólo interviene en los asuntos graves, cuando es realmente necesario, es mucho mayor, los ciudadanos están más libres y el país funciona de manera más eficiente, libre de cargas inútiles, de corrupciones y de castas atrincheradas en el poder.

Después de ocho meses sin gobierno, Belgica ha encauzado buena parte de sus problemas, tiene una economía más próspera y sus ciudadanos se sienten más libres y mejor gobernados. Parece imposible, pero la experiencia belga está demostrando que los gobiernos son un gasto superfluo para cualquier país, que son prescindibles y que lo mejor es tener un gobierno provisional y con poderes muy limitados.

Cuando se contempla la corrupción del gobierno andaluz o los estragos que ha causado en España el gobierno de Zapatero, uno descubre que los gobiernos son muchas veces el problema, no la solución. Entonces surge inmediatamente la pregunta: ¿Para qué sirve un gobierno? La respuesta, a juzgar por lo que ocurre en Bélgica, que ocho meses después de las elecciones no ha logrado todavía formar un gobierno, o analizando lo que ha ocurrido en el pasado, en Italia y otros países temporalmente descabezados, es que un gobierno no sirve para nada y que mejor que tener un mal gobierno es funcionar con un gobierno provisional y con atribuciones limitadas.

Los italianos, que durante largos periodos de su historia moderna han vivido sin gobierno, tienen una frase sabia y políticamente memorable que dice más o menos lo siguiente: "No hay gobierno, entonces hay buen gobierno". La ausencia de gobierno acerca a los países a la democracia verdadera, que concibe siempre un gobierno con funciones mínimas y a unos ciudadanos responsables, que ejercen eficazmente el autogobierno.

La experiencia actual de España demuestra justo lo contrario: que un gobierno inepto, que se cree necesario y que disfruta gpobernando, termina arruinando a su país, crispando la convivencia, acosando al ciudadano con leyes imbéciles y desprestigiando la democracia y el mismo concepto del poder político.

El periódico belga De Standaard ha publicado varios informes sobre la carencia de gobierno en ´Bégica. En el último de ellos, titulado "¡Para qué sirve un gobierno?", ese medio se declara sorprendentemente a favor del actual gobierno provisionaly de poderes limitados, resaltando su buen hacer político y financiero. Un Gobierno limitado a los asuntos cotidianos -afirma el periódico- tiene, incluso, sus ventajas, considera De Standaard.

Gracias al primer ministro dimisionario, Yves Leterme, y a su Gobierno a cargo de gestionar el día a día, Bélgica incluso sale beneficiada con esta crisis política.

Numerosos expertos y analistas independientes belgas afirman que la gran ventaja de un gobierno con atribuciones limitadas es el rigor de la política presupuestaria, desplegado con un método conocido como las “doceavas provisionales”, el cual consiste en que, hasta que no se aprueba un presupuesto anual, los ministros sólo reciben mensualmente una doceava parte de la partida que les había sido asignada el año anterior. En la práctica, esta situación puede contribuir al ahorro, pues los ministros no están autorizados a adoptar “nuevas iniciativas”. La prohibición de actuar en tiempos de precariedad presupuestaria es lo mejor que puede ocurrirle a este país.

Es casi seguro que a paises como España, que han sido destrozados por su mal gobierno en los últimos años, le habría ido mejor sin gobierno o con uno provisional y con atribuciones mínimas que con la demencial locura de un gobierno como el de Zapatero, que ha conducido al país hacia la pobreza, el desempleo, la desconfianza, el desprestigio, el retroceso y la infelicidad. Andalucía, con un gobierno provisional y bajo control, habría evitado la pérdida de cientos de millones de euros en corrupción y el cúmulo de abusos y de injusticias perpetrados por la Junta, practicando el amiguismo, el clientelismo, el enchufismo, la arbitrariedad y la corrupción a gran escala.

Los funcionarios garantizan el buen gobierno cuando no hay poder Ejecutivo. Así ha ocurrido en Bélgica, en Italia y en otros países. El problema para "democracias" que han sido prostituidas por su clase política, como la española, es que más del 60 por ciento de los funcionarios españoles no han hecho oposiciones y deben sus puestos de trabajo a partidos políticos o a amigos con poder, todo un drama que demuestra que la democracia esañola es un basurero indecente.

Voto en Blanco

Racionalidad en el Estado autonómico
ELVIRO ARANDA - EL MUNDO 9 Marzo 2011

LA ORDENACIÓN territorial del Estado ha sido uno de los grandes problemas del constitucionalismo español en los últimos 200 años. El siglo XIX y la mayor parte del XX han estado protagonizados por políticas que han negado la libertad, la democracia y los intentos de autonomía de parte de los territorios de España. Frente a los absolutismos, las dictaduras y las libertades tuteladas que generaron opresión y ahogo político no faltaron reacciones desaforadas: cantonalismo, anarquismo o independentismo.

El constituyente de 1978 fue consciente de esa compleja historia y supo que tenía que establecer una solución al problema territorial que rompiera el enfrentamiento entre un centro uniformista y una periferia rupturista. Para ello, se construyó un Estado de las autonomías que quedaba definido en dos grandes principios acompañados de otros dos complementarios: se reconoce la unidad España -patria común e indivisible de todos los españoles- y el derecho de autonomía para las nacionalidades y regiones. Por tanto, la solución al problema territorial se sustanció en el pacto constitucional del 78 con el reconocimiento de la unidad de España, que establece como sujeto político colectivo y soberano único al pueblo español y, al mismo tiempo, se declara que en España existen territorios con elementos de identidad cultural y tradición de autogobierno que merecen la consideración de ser identificados como nacionalidades que, junto con el resto de los territorios que lo deseen, podrían acceder a la autonomía política.

A esos dos grandes principios hay que añadir los de igualdad y solidaridad. La ordenación territorial autonómica se ha de hacer desde la igualdad entre todos los territorios de España (aquí está bien recordar que igualdad no es uniformidad y, que por ello, también es parte del derecho a la igualdad el reconocimiento de las diferencias). Además se reconocía la solidaridad como instrumento de reequilibrio entre territorios y como criterio de relación entre los entes autonómicos y el Estado.

Con estos pocos mimbres, mucha libertad y una responsabilidad que producía vértigo, se inició en la década de los 80, con la aprobación de los estatutos de autonomía, la conformación de ese nuevo Estado. Durante tres décadas, sin experiencia previa y con pocos ejemplos en el extranjero que imitar, hemos construido una nueva organización territorial que comparada con la que hemos tenido a lo largo de nuestra historia reciente es para estar más que contentos.

Sin embargo, durante todos estos años también nos han acompañado dos fuerzas que desde los extremos ideológicos tensan la cuerda y generan el peligro de ruptura: el nacionalismo periférico de carácter rupturista, que sólo ve en el modelo constitucional un tramo del camino que ha de recorrer para llegar a la secesión; y el centralismo o nacionalismo español que aceptó las previsiones constitucionales a regañadientes y que utiliza cualquier pequeño problema en el despliegue del modelo para reivindicar una unidad uniformizadora que limite el derecho de autonomía política.

Ambos extremos se plantean la cuestión territorial en clave de oportunidad política. Desprecian las infinitas mejoras en la convivencia cívica y la racionalización en la acción de las administraciones públicas. Apuestan por la tensión y el enfrentamiento entre ciudadanos y territorios como la mejor garantía de que un día sus postulados se alzarán victoriosos. Por ello, pese a que la descentralización que se ha realizado en nuestro país durante estos años es incomparablemente positiva respecto de cualquier otro momento histórico, y muchos nacionalistas de la década de los 70 no podían llegar a soñar el nivel de autogobierno que han conseguido sus territorios, sus reclamaciones no se han moderado, muy al contrario, se han agudizado hasta el punto de que hoy día ya sólo les queda reclamar directamente la confederación o la secesión. Situación que, sin duda, es problemática: no olvidemos que el Estado autonómico se configuró en la Constitución del 78, en parte, para satisfacer el ansia de autogobierno del nacionalismo vasco y catalán.

En la legislatura pasada, pese al ruido y los errores que llevó consigo la reforma del Estatuto Catalán, se completó de forma muy positiva parte de un nuevo impulso al Estado de las autonomías a través de la modernización de los estatutos de muchas comunidades. Este proceso iniciado hace unos años ha de continuar con la reforma en aquellas otras comunidades que tengan necesidad de cambiar el suyo (por ejemplo, parece que la reforma del Estatuto de Madrid es urgente por más que las fuerzas políticas presentes en la Asamblea de Madrid nada digan sobre la materia).

En la legislatura pasada también se aprobó un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, quizás con menos fortuna y con el pecado que todas las reformas en esta materia han tenido hasta ahora: la temporalidad y el casuismo. Por eso sería conveniente que en los próximos años nos esforzásemos en la consecución de un sistema de financiación suficiente, corresponsable, general, estable y transparente. La experiencia de negociaciones tan densas como conflictivas a propósito del periódico reparto territorial de los fondos públicos, con un déficit muy considerable de comprensión pública, invita a una regulación que vaya más allá de la mera enunciación de grandes principios en el artículo 156 de la CE. El vigente modelo de financiación, siempre pendiente del juego de los pulsos de poder, debería dar paso a un nuevo modelo con los perfiles básicos establecidos constitucionalmente: el grado de corresponsabilidad fiscal -porcentaje de participación territorial en los impuestos principales-, los criterios de distribución de gasto para asegurar la financiación de servicios básicos -como la población, el perfil demográfico, la dispersión o insularidad…-, así como la naturaleza de los Fondos de Nivelación y Suficiencia que han de garantizar la solidaridad, la cohesión y la igualdad. Un modelo que no debe olvidar que es al Estado al que le corresponde establecer las bases y la coordinación en la planificación general de la actividad económica y, por ello, las grandes cuestiones que afectan a la organización y estrategia económica de España se deben determinar desde el nivel estatal (por ejemplo, niveles de déficit o deuda de las administraciones públicas).

A estas dos importantes cuestiones -modernización estatutaria y financiación- habría que añadirle otras dos que no lo son menos para empezar a pensar que se puede culminar racionalmente el modelo territorial. En primer lugar, un pacto local que garantice a los municipios capacidad y organización suficiente para cubrir las muchas necesidades ciudadanas a las que tienen que hacer frente y que refuerce la democracia municipal y acabe con los espacios de arbitrariedad e inmunidad en el ejercicio del poder en estos niveles.

Y en segundo término, la conformación de un espacio eficaz para la cooperación y la colaboración entre el Estado y las autonomías y éstas entre sí: reforma del Senado, conferencias de presidentes, fortalecimiento de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, así como la búsqueda inteligente de las posibilidades que nos ofrece el artículo 145 de la Constitución para la cooperación y la colaboración. Estas reformas deben surgir del artículo 2 de la Constitución, que además del derecho a la autonomía habla de igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España.

LA COOPERACIÓN, la coordinación y las técnicas para resolver los conflictos son clave en un Estado compuesto, y su desarrollo debería ir más allá de un proyecto político y convertirse en cuestión de Estado. Una organización territorial que se sustenta sobre un fino equilibrio entre unidad y autonomía, que tiene que evitar la estrategia de los uniformadores que niegan la pluralidad cultural de los diversos territorios de España y su capacidad de autogobierno, y a los disgregadores que pretenden romper el pacto constitucional negando España o considerándola una nación residual, no puede mantener en un segundo plano los instrumentos políticos y jurídicos que sobre la base de la lealtad institucional y constitucional ha de servir para generar eficiencia en el sistema y resolver los problemas que son consustanciales a todo Estado descentralizado.

Durante este tiempo hemos recorrido un largo camino. Han sido los mejores años para la solución política de la organización territorial de España. En 30 años hemos conseguido más para la conformación de un Estado que garantiza la unidad desde la pluralidad de sus pueblos y sus territorios que en los 180 anteriores. Los próximos años seguro que seguirán requiriendo imaginación e inteligencia para acabar cerrando el sistema, pero sin duda, lo más difícil está hecho. Ahora toca que todos actuemos con responsabilidad: el nacionalismo integrador de la periferia siendo consciente de que su responsabilidad también está en cooperar con la unidad, sin que ello tenga que suponer renunciar a su voluntad de autogobierno; los partidos de carácter estatal trabajando con respeto por la rica pluralidad cultural, social y política que hay en nuestro territorio sin que ello impida tener un proyecto estatal y general que ahorme los intereses contrapuestos que en muchos momentos se puedan dar en el Estado plural.

Para seguir construyendo este Estado funcionalmente federal que no ponga en cuestión la unidad de España se necesita que la racionalidad impere en la política territorial, que las tentaciones para derivar el debate territorial al plano de los sentimientos y las emociones se erradiquen de las posiciones estratégicas de los partidos.

En la legislatura pasada no faltaron estrategias de irracionalidad y tacticismo con todo lo relacionado con España y las autonomías (incluido el terrorismo): el resultado para los partidos que así actuaron fue un fuerte castigo electoral. Esperemos que hayan aprendido la lección y, sobre todo, que descubran que la política territorial inteligente es la que sirve para construir sin trampas, sin intolerancia y respetando a todos, un espacio de convivencia y de desarrollo colectivo donde el individuo y sus derechos sean el centro de la acción política.

(Elviro Aranda es profesor de Derecho Constitucional, diputado nacional del Grupo Socialista y portavoz adjunto de la Comisión Constitucional)

Que aburrimiento
Nota del Editor 20 Marzo 2011

No tienen suficiente con el desmadre autonómico y quieren más funcionarios para mejorarlo. A ver cuando me toca el turno y puedo adherir mi federación individual a España. Primero las autonosuyas, luego las provincias, luego las regiones con denominación de origen, luego los ayuntamientos, las aldeas, las pedanías, ceroo que voy a instaurar un comité de coordinación familiar, para que a la hora de hacer la compra, estemos toda la familia de acuerdo en la variedad de tomates más conveniente para cada día de la semana y del año, según la meteorología y la oferta y la demanda.

Crisis
La decadencia económica de Cataluña
Emilio J. González Libertad Digital 9 Marzo 2011

El cierre de la fábrica de Yamaha en Cataluña y la marcha de Derbi a Italia son los dos últimos síntomas de los graves problemas que aquejan a la economía catalana y que llevan tiempo provocando su decadencia. Un declive que ilustran a la perfección las siguientes cifras: hace pocos años, la región aportaba más del 20% al PIB español; hoy apenas llega al 18% y la Comunidad de Madrid ya la supera ligeramente. Además, en Madrid, hay un millón menos de ocupados que en Cataluña, lo que revela que los madrileños son más productivos y, por tanto, que las empresas instaladas en la Villa y Corte y su región son más competitivas y tienen más futuro que las catalanas.

¿Por qué esa decadencia de la otrora región puntera de la economía española? En primer lugar, porque se equivocaron de estrategia. Desde que Cataluña accedió a la autonomía, el Gobierno de la Generalitat apostó por convertir a la región en sede de multinacionales que se quisieran instalar en España y especializar a las empresas catalanas en auxiliares de las mismas para la provisión de bienes intermedios y finales, así como de servicios. Cataluña no quiso arriesgar impulsando y modernizando una industria propia, sino que quiso que fueran las multinacionales las que tiraran de su proceso de desarrollo económico, como hacen los países tercermundistas, y hoy paga las consecuencias porque el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años: la globalización es una realidad palpable, en la Unión Europea tenemos muchos competidores y la ventaja comparativa de que disfrutaba no sólo Cataluña, sino el conjunto de España, en forma de costes salariales menores para una mano de obra relativamente bien cualificada se ha volatilizado con la entrada en lid de los países emergentes. El resultado es la marcha, no sólo, de los fabricantes de motocicletas. Antes también se han ido los de telefonía móvil, electrónica de consumo y muchos otros que ya no encuentran ventajas en seguir en Cataluña, a los cuales les van a seguir los laboratorios farmacéuticos.

Cataluña está demostrando que carece de cintura para adecuarse a las nuevas circunstancias. En lugar de promover, y de haber promovido, la liberalización y la competitividad de su economía, apostó y sigue apostando por un modelo de dependencia tanto de otras empresas como del sector público, sus regulaciones y sus ayudas y se ha convertido en una economía esclerotizada. En la empresas catalana no prima la innovación, sino el seguir haciendo lo de siempre y tratar de colocar su producción en las economías emergentes, sin darse cuenta de que sus rivales o bien incorporan tecnologías más avanzadas que hacen que sus productos sean más competitivos o, simplemente, más atractivos, o bien fabrican en esos mismos países emergentes, donde los costes laborales son sensiblemente inferiores. Así no se puede competir, se mire como se mire.

Para complicar más las cosas, el modelo económico catalán no aguanta, ni de lejos, la política secesionista, incluida la inmersión lingüística, en que se embarcaron sus líderes políticos desde que el tripartito llegó al poder y que continúa con el Gobierno de Artur Mas. Las multinacionales que en las décadas de los setenta y ochenta se instalaron en Cataluña lo hicieron porque era parte de España y su interés estaba en el mercado español. Hoy, esas multinacionales, lo mismo que miles de pequeñas y medianas empresas españolas, abandonan Cataluña en busca de otros territorios en los que ni se cuestione la españolidad de los mismos, ni se les obligue a incurrir en todos los costes que lleva asociado el catalanismo a ultranza del que hacen gala los distintos partidos que han ocupado en los últimos años el Gobierno de la Generalitat. El nacionalismo tiene un coste y, les guste o no a los nacionalistas catalanes, parte de la factura se paga en forma de decadencia económica.

Por último, y en contra de las tendencias en las últimas décadas de las principales economías mundiales, los dirigentes catalanes no han apostado por la flexibilidad de su estructura productiva, como generadora de incentivos para la modernización y la competitividad, sino por el más rancio estatismo en su vertiente regional. Y digo ‘rancio’ porque en Cataluña se ha instalado toda una tupida red de clientelismos políticos, en unos casos a golpe de proteccionismo y en otros con cargo al erario catalán –por algo tienen el mayor gasto público por habitante de España–, que recuerdan en muchos aspectos a los sistemas caciquiles de la España de la Restauración, que tan caros resultaron al desarrollo socioeconómico del país. En Cataluña no han aprendido la lección de la historia y así les va.

Les guste o no, Cataluña se desliza por la pendiente de la decadencia, tanto por razones económicas como por factores políticos y nadie, excepto ellos mismos, puede revertir el proceso. Pero para ello hacen falta que abandonen unas posiciones políticas cada vez más extremas y, además, que renuncien a su proteccionismo secular para abrazar actitudes más liberales. Las autonomías españolas que apuestan por ello, como Madrid, Navarra y La Rioja no sólo prosperan, sino que se van situando paso a paso en la vanguardia de la Unión Europea. Esa vanguardia en la que, en un tiempo que se antoja ya lejano, estuvo una Cataluña hoy inmersa en un proceso de decadencia que se niega a reconocer y del que trata de salvarse pretendiendo colonizar al resto del país.

Los riesgos de la democracia española
Roberto Blanco Valdés La Voz 9 Marzo 2011

Q uien crea aún que el dato democráticamente desastroso de que el 80% de un país -el nuestro, sin ir más lejos- esté harto del presidente del Gobierno y del líder de la oposición (y también, en porcentajes similares, de todos los partidos) es inocuo, debería mirar a otros lugares para ver allí los muchos riesgos que corremos si tal situación no se endereza urgentemente y mejora de forma sustancial.

Mirar a Italia, por ejemplo, donde el hecho de que un sujeto como Berlusconi sea presidente del Consejo y pueda llegar a convertirse (¡Dios no lo quiera!) en jefe del Estado, tiene que ver directamente con la voladura del sistema de partidos italiano de posguerra, hundido en un pantano de corrupción, ineptitud y peleas intestinas. O mirar a Francia, país en el que una líder de extrema derecha (Marine Le Pen) podría ahora repetir la triste hazaña que protagonizó su padre en el 2002, cuando, tras haber derrotado al candidato socialista, logró disputar la segunda vuelta de las presidenciales a Chirac, forzando a todos los partidos democráticos (de izquierdas y derechas) a votar con el único objetivo de impedir la entrada de Jean Marie Le Pen en el Elíseo.

Según Sartori, el gran politólogo italoamericano, un electorado apático constituye un problema para la democracia, pero uno encolerizado resulta peligroso. Pues son esos electores hartos de los partidos tradicionales -de sus mentiras, chanchullos, greña estéril y falta de pudor y, a la postre, de su lejanía de los problemas ciudadanos- los que acaban por creer en los remedios simples y brutales que proponen los demagogos al estilo de Berlusconi o los Le Pen: en esos falsos remedios a los que se refería un conocido periodista (Henry Mencken) cuando afirmaba que «para todo problema humano puede encontrarse una solución simple, clara y equivocada».

De hecho, echarse en manos de tales demagogos constituye un ejemplo inmejorable de lo que el propio Mencken criticaba: es la más equivocada alternativa.

Pero, pese a ello, tal podría acabar siendo la irrefrenable tentación de millones de personas si quienes exigen esfuerzos a los ciudadanos no los hacen, si los que deberían dar ejemplo de comportamiento honesto y responsable no lo dan y si quienes reciben un buen salario para resolver los problemas colectivos andan a lo suyo. Ese es el mejor caldo de cultivo de los caudillos que creen poder arreglarlo todo de un plumazo a base de suprimir los impuestos, expulsar a patadas a los inmigrantes o incluir la pena de muerte en el Código Penal.

En España nos hemos librado de momento, pero el terreno está abonado para que aparezca alguien dispuesto a ofrecer el paraíso a cambio de acabar con la lucha de partidos, es decir, con lo que, responsablemente gestionado, constituye la esencia misma de los sistemas democráticos.

A favor
Alfonso Ussía La Razón 9 Marzo 2011

Quiero saber lo que se siente escribiendo a favor del Gobierno socialista. Para ello es imprescindible meterse en la piel de un columnista de «Público» o de «El País». No será agradable pero tampoco eterno. Escribiré que Chaves y Zarrías desconocían el tinglado de los ERE falsos.

Y de paso, que Griñán también. Que las encuestas que maneja el Partido Popular no responden a la realidad, y que Zapatero sabe de muy buenas fuentes que si da el paso adelante y decide presentarse a las elecciones, volverá a ser Presidente del Gobierno cuatro, ocho o doce años más. No escribo que dieciséis años más porque el poder desgasta. Escribiré que la medida de prohibir circular a más de 110 kilómetros por hora es una de las decisiones más acertadas, inteligentes y de izquierdas adoptadas por el Gobierno en los últimos siete años. Conducir a más de 120 por hora es fascista. Escribiré que Leire Pajín es una gran ministra de Sanidad como lo fue del Gobierno de Aznar Celia Villalobos, la única ministra del Partido Popular que dio la talla.

Escribiré que lo del «Faisán» es un invento perverso de la derecha, siempre tan antipatriótica y egoísta. Que Camps tenía que ser condenado a treinta años de prisión, aproximadamente. Que al pobre juez Garzón le van a quitar la toga por buscar fosas comunes de víctimas de Franco, sólo por eso y nada más que por eso. Que las subvenciones al cine de la Ceja son imprescindibles para mantener la salud cultural de España. Que hay que estrechar aún más los lazos con el régimen cubano, y que si los disidentes se quieren morir de hambre que se mueran, que ya estamos hasta las narices de tanto barullo. Que Trinidad Jiménez es una gran ministra de Asuntos Exteriores, y que su nombramiento no es consecuencia de su derrota en las primarias madrileñas sino de los profundos conocimientos de política internacional que atesora. Que ya era hora de que las Fuerzas Armadas rindieran un homenaje a Manuel Azaña, a quien tanto deben.

Que «Sortu» no está del todo mal, y que negarse a comprender el cambio del ideario batasuno sólo tiene un objetivo. Que la ETA se refuerce y vuelva a matar. Que sólo un miembro de la más rancia y cavernícola ultraderecha puede decir que este Gobierno es prohibicionista. Que la política económica para la recuperación de España está siendo un éxito, como así lo ha reconocido un experto alemán. Que la Alianza de Civilizaciones, en la que se ha invertido lo justito, ha dado frutos inimaginables. Que el viaje a Túnez de Zapatero ha sido meritorio y útil.

Que Tomás Gómez ha rebajado la distancia respecto a Esperanza Aguirre en siete u ocho puntos, lo que le daría, de celebrarse ya las elecciones, la posibilidad de formar Gobierno con el apoyo de IU, que también está subiendo como la espuma. Que lo de Cataluña, en el fondo, y bien mirado, no ha supuesto una derrota, sino un leve contratiempo electoral fácilmente subsanable.

Que las zancadillas y deslealtades que se producen en el PP contrastan con la unión y amistad entre los altos dirigentes del PSOE. Que Obama hace muy bien en recuperar los juicios en Guantánamo. Que Otegui es un hombre de paz y De Juana Chaos está muy dolido con su pasado. Que las víctimas del terrorismo son un instrumento de Jaime Mayor para entorpecer los avances de la negociación.

Ya lo he escrito. Y lo cierto es que me he quedado tan pancho. Nada menos angustioso que escribir mentiras a conciencia. Y pocas cosas más rentables. Experiencia positiva.

La diplomacia errática
MANUEL MONTERO El Correo 9 Marzo 2011

Los recientes sucesos del norte de África (Túnez, Egipto, Libia�) demuestran que algo va mal en la forma en que se desenvuelve la comunidad internacional. Sus dirigentes eran (o son) dictadores, sátrapas, corruptos y/o genocidas. Pues nadie lo hubiera dicho, a juzgar por la comodidad con que se han movido en el escenario mundial. Sin ir más lejos, Ben Ali y Mubarak venían a ser sólidos amigos nuestros en la política mediterránea y con Gadafi -al que se solía llamar 'el líder libio', no dictador, término que no se aplicaba a estos tiranos- se propiciaban todo tipo de encuentros. Moratinos, entonces ministro, acudió (junto a Chávez y Berlusconi) a celebrar el 40º aniversario de su acceso al poder, fecha que por lo que se ve los libios tampoco olvidarán nunca.

Suele explicarse esta 'realpolitik' por los intereses económicos -que nos provean de gas y petróleo- y por la idea de que las tiranías estabilizan, en este caso por impedir el avance del fundamentalismo islámico. Mutatis mutandis, el argumento con el que Franco se acomodó al escenario de la Guerra Fría: dictadura de fiar que impedía el triunfo del comunismo; una idea más que discutible que contribuyó a retrasarnos la democracia.

El pragmatismo de la diplomacia europea ha significado la connivencia con regímenes que han violado los derechos humanos y que en el caso libio está llegando a crímenes contra la humanidad: un sistema no se desliza en dos semanas hasta este grado de criminalidad si antes no se basaba en un despotismo de tal cariz.

 ¿Nuestra diplomacia lo sabía o no? ¿Miraba indulgente hacia otro lado? En los últimos tiempos se llegaban a acuerdos sobre el control de la inmigración -además de los suministros de combustible- sin realizar ninguna recomendación referente a los derechos humanos, a la necesidad de atenuar las arbitrariedades del poder o acerca de las virtudes de la democracia.

Tal actitud resulta lesiva para los valores en los que se asienta la Unión Europea. Esta se basa en la afirmación de los principios democráticos, la dignidad humana, la libertad y el respeto de los derechos humanos, nociones que resultan esenciales en la propia definición constitutiva de la UE. Así, esta se presenta en el escenario internacional como el adalid de los derechos humanos y la representación más excelsa de la democracia -mejor que la de Estados Unidos, más hosca y entrometida-. No sólo para Europa, sino para el mundo la UE se concibe como la abanderada de la democratización, la referencia del pluralismo y de la tolerancia para todos los pueblos. Tales ideas se dice que son la guía de la política exterior europea. Pues ya se ve.

Y no es que los europeos opten por la inhibición en la zona. Vale de nuevo nuestro ejemplo. La diplomacia española se ha movilizado una y otra vez en la cuestión de Israel, en la que ha invocado los derechos humanos como justificación de sus apoyos a los palestinos. Bien está, pero el criterio es más que selectivo, a no ser que se consideren de menos enjundia los derechos humanos de tunecinos, egipcios y libios, que durante décadas han sido violados y se ha mirado sin ver. Si los sucesos que se están produciendo en Libia -un Gobierno bombardeando a los ciudadanos- se dieran en Israel-Palestina la movilización diplomática hubiese sido de envergadura y hubiesen proliferado los comunicados gubernamentales de condena.

¿Puede haber dos varas de medir en la defensa de los derechos humanos? ¿Ha de olvidarse su conculcación en virtud de los intereses económicos o de consideraciones estratégicas? Al final, la imagen europea resulta fatal. Viene a ser la del demócrata arrogante que tiende a dar lecciones de tolerancia y exquisitez en el sostenimiento de los derechos (para lo que muchos europeos trabajan en ONG solidarias), al tiempo que hace como que no ve si la visión molesta. Subyace la idea de que la democracia es demasiado para otras zonas que carecen del refinamiento occidental europeo.

Este es el perfil. Conviene tenerlo en cuenta de cara a la nueva fase, en la que al parecer los europeos (los españoles ya hemos mandado al presidente a la zona) explicaremos la excelencia de la democracia a los árabes y les diremos cómo tienen que construirla. Respecto a lo primero, ya saben que la democracia merece la pena: lo han demostrado. Y no estamos demasiado bien situados para dar lecciones, cuando durante décadas de relación intensa no se ha sugerido que podrían darse transiciones de las dictaduras a la democracia.

Lo sucedido demuestra que la diplomacia europea estaba equivocada. Lo que ha desestabilizado el sur del Mediterráneo -y de qué forma- ha sido el mantenimiento de regímenes opresores, que han acabado estallando con estrépito. No es la primera vez que esto ha pasado. Había ocurrido ya en otras zonas del mundo, que se estabilizaron al democratizarse, cuando se acabaron los sobresaltos propios de las dictaduras.

Los sucesos de Libia dejan en evidencia a toda la política exterior española. En esto no hay diferencias entre Gobierno y oposición. Aznar se apresuró a visitar a Gadafi cuando fue internacionalmente posible, el primer presidente occidental en hacerlo; debieron de congeniar, pues cuando el dictador vino hace un par de años a España comieron juntos (antes de hacerlo con el rey y Zapatero). De los socialistas ya hemos visto, primos hermanos en sagacidad política. Tenemos una diplomacia sin criterios asentados, en la que los presidentes corren a hacerse la foto (el primero en visitar a Gadafi, el primero en ir a Túnez). Gustan los golpes de efecto. Lástima que sólo gusten los golpes de efecto.

Sombras de marzo
GABRIEL ALBIAC ABC 9 Marzo 2011

NO seré yo el que espere dar sentido a la historia. Ni a mi vida en su fangosa torrentera. Me consuelo sólo con entenderla. No es gran cosa, lo sé. Mas no poder ni aun eso, pone en mí la melancolía más dura: la del animal cansado que sospecha haber vivido para nada. 11M, pasado mañana. No hay remedio. Ni para lo que pasó ese día, ni para lo que vino en los tres días inmediatos. Ni mucho menos, para lo que dejó en herencia a los años que siguieron. Siete ya. Del destrozo material y anímico acontecidos en las dos legislaturas de después de aquel relámpago, no habrá cura fácil para esta pobre tierra desarbolada y casi ya sin nombre y refugiada en duro deseo de ser ciega, ciega y sorda. Se sobrevive a las derrotas, cuando se ha dado digna batalla. Aunque uno pierda. Las rendiciones incondicionales dejan el alma rota. Y cuando fueron hechas sin siquiera plantar cara y combate, no tienen marcha atrás. Así fue. Ni siquiera Dios puede hacer que lo que fue no haya sido. Eso piensa San Agustín. Eso pienso. No se retorna al punto de partida.

Pero... saber..., saber, al menos… ¿Qué fue lo que nos llevó a ser cómplices de lo más miserable, resignados cómplices de quien nos asesinaba? Saber eso. Al menos. No hay otro consuelo digno de un animal humano que el de, como mínimo, conocer el por qué de aquello que lo hiere.

Yo no pido siquiera que paguen los culpables. Hubiera reclamado algo así cuando era joven y demasiado ingenuo. No lo soy: sé que de lo que allí pasó, de su enormidad tangible, nadie pagará cuenta a medida. Porque lo que pasó cuestiona demasiadas cosas, cuestiona tal vez todo, y nadie querrá adentrarse en ese túnel que da directamente en el vacío. Lo que yo pido es algo más humilde, insignificante casi, si bien se toma en cuenta la dimensión del crimen: saber, tan sólo saber, los nombres y el misterioso procedimiento de quienes de verdad maquinaron aquel hecho, del cuál sólo un puñado de cadáveres rindió cuenta con su silencio ante los jueces; saber los nombres de verdad de aquellos que, además de asesinar conciudadanos míos en masa, cambiaron irreversiblemente el curso de este país. Saber también —y es hoy, para mí al menos, lo más enigmático— por qué era tan trascendente que nunca lo supiéramos.

Soy extranjero en mi patria desde aquel 11 de marzo. Extranjero a su apuesta empecinada por el mejor no saber, porque vete a saber cómo serían las cosas si de verdad supiéramos. Pero yo, sin saber, nunca he tenido percepción alguna de una vida vivible. Sin saber, uno queda en menos que siervo: en animal doméstico. En esa cosa terrible que Baruch de Spinoza describe en la patética personalidad del ignorante: «Tan pronto como deja de padecer, deja también de ser». Y ama su humillación, porque sólo tiene eso.

La «verdad judicial» es una convención garantista. Debe ser respetada. No voy a cuestionarla. Entre ella y la verdad, la relación es la misma que entre la música militar y la música. No me concierne. La verdad, sí. Sin adjetivo. Mayormente, porque no conformarme con la mentira es lo que, bien que mal, me hace seguir viviendo. Platón lo llamaba filosofía. Pero no seamos solemnes. Empecinarse en la verdad, por áspera que sea, es ser un hombre. Un hombre. No esto.

Totalitarismo débil
«La verdad no depende del sufragio universal. Un buen Gobierno no se opone a que el conocimiento aumente, pero jamás puede legítimamente determinar lo que es verdadero o bueno. Si el poder público impone como verdad sus opiniones, destruye la libertad»
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 9 Marzo 2011

LA democracia, por sí sola, no vacuna contra el totalitarismo. Democracia se opone a autocracia o dictadura, pero no a totalitarismo. Talmon escribió un ensayo titulado Rousseau y los orígenes de la democracia totalitaria. Democracia y totalitarismo no son, pues, incompatibles. Al final de La democracia en América, acaso el mejor libro que se haya escrito sobre la democracia, escribe Alexis de Tocqueville: «Las naciones de nuestro tiempo no pueden evitar la igualdad de condiciones en su seno, pero de ellas depende que esta igualdad las conduzca a la servidumbre o a la libertad, a la civilización o a la barbarie, a la prosperidad o a la miseria». Y Macaulay afirmó que «las instituciones democráticas puras conducirán, tarde o temprano, a la destrucción de la libertad, de la civilización, o de ambas». No la democracia, sino la democracia pura o radical. La democracia no garantiza la libertad, la civilización ni la prosperidad. Por supuesto, tampoco las impide. De ella nacen dos caminos, y depende de cada nación cuál de los dos toma: el de la libertad, la civilización y la prosperidad, o el de la servidumbre, la barbarie y la miseria. Tal vez no sea impertinente preguntarnos cuál de estas dos vías está transitando hoy la democracia española.

No encuentro razón para negar que en España la libertad, la civilización y la prosperidad se encuentren amenazadas. Tenemos, sin duda, instituciones democráticas, aunque su funcionamiento sea muchas veces defectuoso. Pero ya sabemos que eso no garantiza la libertad. Un amo democrático y, más o menos, benevolente no deja de ser un amo. Y no hay libertad si existe un amo. Tocqueville advirtió de que en los tiempos democráticos la ciencia del despotismo, antaño mucho más compleja, se había simplificado. Bastaba al déspota con amar la igualdad o, al menos, aparentar que la ama. Los ciudadanos rechazarán cualquier atentado contra la igualdad, pero aceptarán sumisos la entrega de su libertad al poder democrático.

Tres ejemplos domésticos: la intromisión ilegítima del Gobierno en la educación; la imposición de la memoria histórica; y la invasión de las costumbres, como hace, por ejemplo, el nuevo proyecto de ley de Igualdad de Trato. Corremos el peligro de la imposición estatal de una especie de «religión» laica y política. Condorcet escribió: «Los mismos que quisieron liberar a los hombres del yugo de la religión se arriesgan a convertirse en servidores de un culto no menos opresivo. A partir del momento en que es el poder el que dice al pueblo lo que hay que creer, nos encontramos con una especie de religión política, apenas preferible a la anterior». El poder temporal aspira así a imponer las creencias que le convienen. El poder podrá de este modo vigilarlo y controlarlo todo, hasta las conciencias. Es un camino, lento y seguro, hacia el despotismo. Se equivoca quien piense que los ciudadanos no necesitamos defender la libertad frente a nuestros representantes. La tradición liberal ha rechazado la pretensión de los Estados de determinar el contenido de la educación. Por lo demás, un Estado educador es casi una contradicción en los términos. Una cosa es el poder y otra la verdad. John Stuart Mill afirmó que el Gobierno debe promover y exigir una buena educación para los niños, pero jamás proporcionársela por él mismo. La función del Estado en la educación es garantizar el ejercicio del derecho a ella, pero nunca determinar su contenido. A menos que uno opte por el totalitarismo.

La verdad no depende del sufragio universal. Un buen Gobierno no se opone a que el conocimiento aumente, pero jamás puede legítimamente determinar lo que es verdadero o bueno. Si el poder público impone como verdad sus opiniones, destruye la libertad. Creo que lo ha sentenciado recientemente Tzvetan Todorov, en El espíritu de la Ilustración: «No corresponde al pueblo pronunciarse sobre lo que es verdad o mentira, ni al parlamento deliberar sobre el significado de los hechos históricos del pasado, ni al gobierno decidir lo que debe enseñarse en la escuela. La voluntad colectiva o soberana del pueblo topa aquí con un límite, el de la verdad, sobre el cual no tiene influencia. Esta independencia de la verdad protege al mismo tiempo la autonomía del individuo, que puede apelar a la verdad ante el poder. La verdad está por encima de las leyes. Por su parte, las leyes del país no son fruto de una verdad establecida, sino expresión de la voluntad pública, siempre sujeta a variación. La búsqueda de la verdad no depende de la deliberación pública, ni esta de aquella».

A veces, se diría que algunos atacan a la religión (cristiana) o a la Iglesia Católica para ocupar su lugar como poder espiritual. Pero si el poder espiritual y el temporal llegaran a reunirse en las mismas manos, la libertad sucumbiría irremediablemente.

Por lo demás, la lógica del Estado del bienestar conduce en la práctica a invalidar el criterio de Mill para delimitar cuándo la sociedad puede interferir legítimamente en la libertad de una persona. Todo lo que hago o dejo de hacer puede, en alguna medida, afectar a otros. Por lo tanto, todo puede ser regulado o prohibido. Parece que en esas estamos. Lo mismo cabe decir de la intromisión en las costumbres. Como el Estado aspira a regularlo todo, no puede dejar fuera nada, ni siquiera lo que el buen sentido encomienda al civismo o a la buena educación. Hay cosas que no se pueden imponer mediante el Derecho, o que, si se intenta, resulta contraproducente. Cedo la palabra a Amartya Sen, quien no es, creo, un ultraliberal: «La importancia ética de la libertad de un tartamudo a no ser menospreciado o ridiculizado en público puede ser muy importante y merecer protección, pero no es probable que sea un buen tema para que la legislación punitiva (con multas o encarcelamientos para los desaprensivos) suprima la violación de la libertad de expresión de la persona afectada. La protección de ese derecho humano tendría que procurarse de otra manera, por ejemplo a través de la influencia de la educación y la discusión pública sobre la civilidad y la conducta social». Dejemos de lado el detalle de que si se trata de un derecho humano, entonces deberá intervenir el Derecho. Salvo en esto, Sen tiene razón.

La libertad, la civilización y la prosperidad se encuentran amenazadas entre nosotros, aunque la mayoría, algo miope, solo repare en la tercera. Nadie sensato comparará nuestra situación con la que impusieron los totalitarismos del siglo pasado. Pero existe un totalitarismo, acaso más débil y benigno, pero no menos totalitario, que oprime directamente las conciencias sin necesidad de violentar los cuerpos. En este sentido, no es que la libertad nos esté siendo arrebatada; más bien la perdemos por desuso, por falta de afecto y apego a ella. Por eso, me parece mucho más urgente reivindicar hoy la libertad que la igualdad, pues está mucho más amenazada. En cualquier caso, no estamos ante un destino inexorable. De nosotros depende que la democracia nos lleve hacia la libertad, la civilización y la prosperidad, y no hacia la servidumbre, la barbarie y la miseria.

IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ES CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO

Rubalcaba culmina el desguace de los trenes
Luis del Pino Libertad Digital 9 Marzo 2011

"Se participa que, según informa la Unidad Central correspondiente, en la documentación obrante en sus dependencias no se puede determinar de forma clara qué funcionarios de Policía se hicieron cargo del traslado de los restos de las explosiones ocurridas en los atentados del 11 de marzo de 2004".

Con esa frase, recogida en la información que hoy publica el diario El Mundo, el Ministerio de Interior acaba de cargarse buena parte del juicio del 11-M y de la instrucción del sumario.

Porque esa frase, incluida en la respuesta que el Ministerio de Interior ha enviado a la juez Coro Cillán - que instruye la causa por presunta ocultación de pruebas contra Sánchez Manzano - es un reconocimiento oficial en toda regla... de que no existe cadena de custodia para las muestras recogidas en los trenes.

Ya sabíamos que esa cadena de custodia no existía, porque así lo habían declarado diversos Tedax en la causa que se sigue contra Sánchez Manzano y su jefa de laboratorio. Pero una cosa es que tengamos el testimonio de una serie de Tedax y otra cosa muy distinta - y mucho más grave - es que el Ministerio de Interior confirme, de manera oficial y fehaciente, en respuesta a un requerimiento judicial, que la cadena de custodia no existe.

Si no existe cadena de custodia de las muestras de los trenes - es decir, si no podemos ni siquiera documentar qué policías se encargaron de trasladar cada bolsa de restos - quiere decir que cualquiera pudo añadir o quitar muestras a voluntad, tanto aquella mañana del 11-M, como con posterioridad.

Si no existe cadena de custodia de las muestras de los trenes, quiere decir, por tanto, que los análisis efectuados en el laboratorio de los Tedax se realizaron utilizando muestras cuyo origen no se puede demostrar.

Si no existe cadena de custodia de las muestras de los trenes, quiere decir, asimismo, que no tenemos ninguna constancia formal de que las muestras entregadas al tribunal del 11-M para realizar la pericial de explosivos en el juicio, provengan de los trenes. En consecuencia, las conclusiones de esa pericial quedarían invalidadas.

Si no existe cadena de custodia, querría decir, en definitiva, que no solo se hicieron desaparecer 90 toneladas de los trenes, dejándolas reducidas a unas pocas decenas de fragmentos metálicos, sino que ni siquiera podríamos autenticar el origen de esos miserables fragmentos.

El Ministerio de Interior que dirige Rubalcaba, en su aparente intento de dilatar y retardar la acción de la Justicia contra los funcionarios acusados de posible ocultación de pruebas en el 11-M, acaba de desguazar definitivamente los escasos restos de los trenes que se habían conservado.

ENTREVISTA EXCLUSIVA a Francisco Zaragoza:
“Es fácil para los miembros de la clase política ser generosos con ETA. A fin de cuentas, en breve, los etarras serán de los suyos”

Juanjo Armas Minuto Digital 9 Marzo 2011

La Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Victimas del Terrorismo cuenta con miembros en toda España, un dato que refleja el gran número de personas que han sido víctimas del terrorismo dentro de los colectivos policiales existentes en nuestro país.

Miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil , Ertzaintza, Mossos e incluso policías municipales conforman este colectivo presidido por Francisco Zaragoza Lluch. esta asociación se encuentra entre las organizaciones que apoyan la manifestación de víctimas del terrorismo del próximo día 9 de abril.

Traemos a nuestro amigo Francisco Zaragoza hasta minutodigital.com para escuchar…

El próximo día 9 de abril la sociedad civil saldrá de nuevo a la calle siguiendo la llamada de las víctimas del terrorismo. ¿Cree que ETA va a conseguir estar en los ayuntamientos vascos de la mano de Sortu u otro partido?
A pesar de las declaraciones de los representantes de diferentes grupos políticos, estoy convencido de que encontrarán la manera de “estar” en los ayuntamientos. Precisamente ese el motivo por el que el colectivo de las víctimas del terrorismo nos hemos decidido a convocar esta manifestación. Para hacer una llamada de atención a la clase política; para demostrar que seguimos vigilantes ante las intenciones de los terroristas y de los que los apoyan. Lamentablemente, también estamos convencidos que encontrarán apoyos entre los diferentes partidos políticos de su entorno y cercanos a su ideología que les permitirán hacerlo. Siempre habrá quien ayude a estos asesinos separatistas a pesar de lo que hagamos, pensemos o digamos el resto de ciudadanos.

Si lo están ¿quién cree que será el culpable?
No habrá más culpable que los intereses bastardos de algunos políticos interesados en obtener beneficios políticos mediante la presión de los asesinos instalados tranquilamente en las instituciones.

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha dicho que esta manifestación va en contra del Gobierno. ¿Qué le parece esta afirmación?
He leído en varios medios las declaraciones del Sr. Ares, y me sorprende, habla como si hubiera estado presente en la reunión que mantuvimos los representantes de las asociaciones que convocamos esta manifestación. No recuerdo haberle visto allí presente, como tampoco recuerdo que haya contestado a ninguna de las muchas peticiones que desde la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT) le hemos hecho llegar. Algo temerá el Sr. Ares cuando se pone la venda antes del descalabro. Se olvida el Sr. Ares que las víctimas no están en contra de ningún gobierno legalmente establecido, sino de los beneficios y prerrogativas que el gobierno actual está concediendo a asesinos condenados por la Justicia por los crímenes que han cometido, no por discrepar de las ideas de otros; por crímenes Sr. Ares, por crímenes.

¿Por qué algunos políticos solo hablan de las víctimas para criticarlas y, por otra parte, callan ante casos como el de el bar Faisán?
Esa es una pregunta interesante para la que me gustaría tener la respuesta adecuada. No la tengo y no puedo sino hacer conjeturas al respecto; aunque estoy convencido que poco me equivocaré. Tanto con el caso Faisán como con el tema de los beneficios penitenciarios se intenta, de alguna manera, anestesiar, insensibilizar a la sociedad en general y a las víctimas en particular para lo que está previsto que tiene que venir. En esa futura situación, las víctimas del terrorismo no tenemos lugar, estorbamos con nuestras reclamaciones de justicia o con nuestra simple presencia. Lamentamos profundamente el doble discurso de los que por un lado alardean de las detenciones de asesinos y sus colaboradores y por otro lado no hacen lo suficiente para que esos mismos asesinos cumplan sus condenas. La firma de un documento no borra un pasado de sangre y asesinatos.

¿Cree que se está tratando con ‘guante blanco’ a los etarras? ¿Piensa que en un futuro no lejano podríamos tener a, por ejemplo, De Juana Chaos dando conferencias en cualquier punto de España?
Si no es así, ¿cómo definiría usted la actual situación penitenciaria que están recibiendo los terroristas?. Han estado entre rejas durante muchos años, han tenido tiempo suficiente para recapacitar y pedir perdón por sus crímenes y no lo han hecho. Ahora, con la “nueva política penitenciaria del Sr. Rubalcaba” de repente les ha entrado las prisas a todos los asesinos por firmar el documento que les garantice el fin de sus días entre rejas. Ni me creo su conversión a la Democracia, ni me creo sus peticiones de perdón “…por imperativo legal”, ni me creo nada que venga de ellos. Lo que sí que tengo claro, es que, gracias a los beneficios que están obteniendo por parte del gobierno socialista con la aprobación del grupo popular en breve los vamos a ver, no ya dando conferencias como usted dice, sino incluso con cargos políticos de alto nivel, cobrando buenos sueldos y escoltados convenientemente. Estoy convencido de ello y créame que lo lamentaré mucho.

Algunos políticos, de diferentes formaciones, han dicho que tendremos que ser generosos con los etarras. ¿Qué le parece este tipo de afirmaciones por parte de políticos vascos?
Es fácil para los miembros de la clase política ser generosos con ellos. A fin de cuentas, en breve, los etarras serán de los suyos. Mejor sería que los políticos fueran generosos con los que han sufrido el daño y no que lo sean con los que lo han provocado. Están concediendo beneficios a los asesinos antes que a las víctimas. Es incomprensible y parece que vivamos en un “mundo al revés”. Evidentemente, o al menos así lo pienso, los políticos vascos son los más interesados en hacernos sentirnos culpables a las víctimas del terrorismo si no perdonamos a nuestros asesinos y somos generosos con ellos. Olvidan interesadamente los señores políticos la “generosidad” de la que hicieron gala y demostraron hasta la saciedad los asesinos hacia sus víctimas durante casi cincuenta años. ¿Qué me parecen estas afirmaciones? Lamentables pero comprensibles, a fin de cuentas los políticos vascos van a obtener por las buenas, lo que los terroristas no han conseguido por las malas en cincuenta años de asesinatos, muerte, sangre, dolor y odio. La generosidad emana de la Justicia, por lo tanto cuando cumplan sus condenas íntegras los que han cometido delitos de terrorismo, solo después, la Ley y los ciudadanos dirán si son generosos. No pueden responsabilizarnos a las víctimas del terrorismo por el hecho de reclamar Justicia; estamos en nuestro legítimo derecho.

En diferentes foros se habla de división en el colectivo de las víctimas del terrorismo. ¿Son ciertas estas afirmaciones?
Considero que las víctimas del terrorismo tienen perfectamente claro sus objetivos, que los asesinos de sus seres queridos o los que intentaron matarles cumplan íntegras sus condenas, sin reducción de penas por ningún motivo, ni por buena conducta, ni por realizar estudios, ni por graciables beneficios penitenciarios o amnistías encubiertas. Que los criminales que se encuentran huidos sean puestos a disposición de la Justicia y les sean aplicadas las condenas que les correspondan. Que se resuelvan todos los casos pendientes y se vean reconocidos en sus legítimos derechos. En líneas generales, todas las víctimas desean lo mismo. Otra cosa es lo que desean o piensan los representantes de las diferentes asociaciones del colectivo de víctimas del terrorismo. Unos son más sensibles a determinadas presiones o sugerencias; dicho más claro, algunos se dejan manipular y otros no. Esa es la verdadera división de las víctimas del terrorismo. Los políticos lo saben, conocen perfectamente a las personas que pueden utilizar y se aprovechan de ello. A pesar de todo, las víctimas del terrorismo de las asociaciones que no apoyan la convocatoria estarán presentes en la manifestación del próximo día 9 de abril, a pesar de lo que hagan, digan o piensen sus dirigentes.

Es usted presidente de una asociación de víctimas del terrorismo que representa a miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Realmente era necesaria una asociación así?
En marzo de 2006 se fundó la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo – ACFSEVT (www.acfsevt.es). Hay que tener en cuenta que el grueso del colectivo de las víctimas del terrorismo está formado por miembros del Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las diferentes Policías Autonómicas y Municipales. Los porcentajes de bajas son escalofriantes, un 60 % de los asesinados y casi un 80 % de los supervivientes de atentados terroristas pertenecen a los diferentes Cuerpos de la Seguridad del Estado. Es paradójico que mientras algunos asesinos disfrutan ya de la libertad tras su fugaz paso por la cárcel, algunas de sus víctimas siguen “luchando” contra la Administración del Estado para que se reconozcan sus legítimos derechos. Valga como ejemplo que tenemos entre nuestros asociados compañeros que sufrieron los atentados de De Juana Chaos que siguen reclamando sus derechos ante la Justicia. Algunos ni siquiera saben quién fue quien atentó contra su vida y el expediente está cerrado y archivado en la Audiencia Nacional sin haber cobrado ninguna indemnización ni haber existido ni siquiera un juicio. Otros, a pesar de haber sufrido un atentado terrorista ni siquiera están considerados como víctimas por el propio Ministerio del Interior. Otros reclaman las condecoraciones a las que tienen derecho por ley y que por diferentes motivos les son denegadas en los tribunales con la participación de la Abogacía del Estado. Lamentablemente, desde el Ministerio del Interior y en concreto desde la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo se nos dice que los problemas que les presentamos no son derivados de actos terroristas y que deben ser resueltos por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. Nuestros problemas ni lo resuelven unos ni lo resuelven otros. Y nosotros, servidores públicos, tras sufrir un atentado terrorista, nos vemos indefensos ante las deficiencias que presentan las leyes y la incompetencia y el desprecio de algunos funcionarios con responsabilidad política de la Administración del Estado. A los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado se nos obliga a cumplir escrupulosamente todos y cada uno de los requisitos establecidos en nuestras normas y leyes, sin embargo, los presos etarras están obteniendo beneficios penitenciarios de dudosa legalidad. ¿Era necesaria una asociación así? Considero que sí, y que debería haber sido creada muchos años atrás.

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ETA, la II República y la última voluntad de Zapatero
Alfonso Merlos www.elsemanaldigital.com 9 Marzo 2011

Terminará siendo un sueño roto. O se convertirá en una pesadilla. Pero la conciencia de Zapatero no descansará hasta que no integre en el sistema a la izquierda proetarra.

Con la lucidez y solvencia que le distinguen, Stanley Payne ha reflexionado sobre la Transición en unos términos espacialmente esclarecedores a la luz de lo que Zapatero ha intentado perpetrar en los últimos años en esta España moribunda y alelada: "Los grupos de izquierda rechazaron inicialmente el proceso de un modo unánime, buscando no una reforma democrática sino una ruptura para devolver a España a las condiciones de 1931 (…). Todos sus intentos para derribar los gobiernos de Arias y Suárez en 1976-77 fracasaron por completo. Solamente cuando toda posibilidad de ruptura hubo fracasado, las fuerzas de la oposición aceptaron la Transición y finalmente se mostraron dispuestas a cooperar en el proceso".

Muy lamentablemente, se han contado con los dedos de una mano los dirigentes que con visión y coraje, como Jaime Mayor Oreja o Esperanza Aguirre, han denunciado el proyecto contrarrevolucionario en su raíz y anticonstitucional en su esencia que hasta la última curva intenta consumar el todavía presidente del gobierno de la nación.

En efecto, está en la calle que el equivocado y desesperado plan de Zapatero para España es contrarrevolucionario, en la medida en que socava los derechos más elementales y resta las libertades más básicas; y está en la calle que se trata de un diseño anticonstitucional, en la medida en que propone desbordar el marco de convivencia establecido hace ya tres décadas por los españoles, situando a las afueras del sistema a una derecha siempre considerada tabernaria y cavernícola y ultramontana.

Claro que ahí no quedan los atropellos. Seguramente el más grave pasa, como se desprende de las palabras de Payne, por integrar en ese sistema en el que no cabe el PP a la izquierda totalitaria que en el 31 sólo entendía el lenguaje de las armas. Y la izquierda totalitaria es hoy Batasuna-ETA.

Precisamente porque ésa es su apuesta, están cargadas de razón las víctimas del terrorismo cuando señalan, como lo ha hecho Ángeles Pedraza, que el modelo del fin del terrorismo debe estar presidido: 1) por unas reglas de juego claras y comprensibles para todos; 2) por el rechazo a la impunidad judicial o histórica; 3) por la resistencia ante el juego semántico de los violentos, siempre plagado de palabras torticeras, tacticismos malintencionados y dobles sentidos para engañar; y 4) por el repudio a una sociedad presuntamente democrática que se convierta en un supermercado de las ideas, con la identidad asesina como una opción más.

En definitiva, la vileza que implica la solución política de Zapatero para con ETA reside en la voladura de la Transición y en la justificación implícita de los crímenes perpetrados durante cuatro décadas. En última instancia, en el pago que se haría a Ternera, Otegui y sus colegas entregándoles una porción del Estado de derecho, un pedazo de la Constitución y el mismísimo cogollo de la soberanía nacional. Y este tributo no sería propio de un inconsciente o un insensato o un imprudente. Ni siquiera de un cobarde o un mentecato o un necio. Sería propio de un trastornado. Y por lo tanto, imperdonable.

www.twitter.com/alfonsomerlos

Las dos caras de ETA
Editorial www.gaceta.es 9 Marzo 2011

Lejos de imaginar estaba Arzalluz que su famosa frase “unos sacuden el árbol, otros recogen las nueces” refiriéndose al carácter bicéfalo de la estrategia nacionalista seguiría vigente 20 años después y aplicada no al PNV y ETA, sino a Sortu y ETA.


Mientras que con una mano se hacen con 1.300 kilos de explosivos para reeditar un 11-S en Madrid, con la voladura de las Torres Kio, con la otra intentan engañar al Estado de derecho blanqueándose electoralmente con la harina de Sortu. Mientras que por un lado tratan de ganar tiempo con las negociaciones-trampa, con la complicidad del Gobierno; por otro, se hacen con arsenales de explosivos para dedicarse a lo que mejor saben hacer: matar.

Las investigaciones policiales han dejado en evidencia tanto el verdadero DNI de la hidra de dos cabezas (Sortu y los del gatillo son la misma cosa) como su estrategia, que se reduce a una doble presión: política, con el intento de llegar a los ayuntamientos metamorfoseados en Sortu, y terrorista, con intentos de atentados, como el que tenía previsto cometer a principios de 2010, para forzar una nueva negociación.

La desarticulación del comando Otazua ha contribuido a desvelar los planes de la banda para sembrar el terror en la capital de España. El plan de los terroristas incluía matar al lehendakari Patxi López con un fusil de mira telescópica. Curiosamente, la misma persona que pasó de representar una esperanza de cambio en el País Vasco, tras desalojar al PNV, a moverse en una calculada ambigüedad. No por casualidad el político socialista tuvo un destacado papel en el anterior proceso negociador. Y es de los que, como Rubalcaba, no acaban de creerse que ETA y Batasuna sean Jekyll y Hyde, o al menos así lo dan a entender en declaraciones que suenan a alarmantemente cándidas. Es el caso de López diciendo que ETA y la antigua Batasuna “están interiorizando que sólo aceptando el sistema democrático, van a poder participar en política” y que “se está avanzando en la nueva dirección”, justo cuando la Sala del 61 del Supremo admite a trámite la demanda de la Fiscalía para impedir que Sortu se inscriba en el registro de partidos. ¿Cándidas o interesadas? ¿Es de recibo esta presión ambiente de los socialistas, cuando la Abogacía y la Fiscalía –nada sospechosas– han dejado claro que ETA y Sortu no son sino los términos de una misma ecuación? ¿Cuando demuestran con pruebas –hasta nueve indicios aporta la Fiscalía– que Sortu ha sido “diseñado y creado” por Batasuna con “la única finalidad de participar en las elecciones”; que ha contado con el “beneplácito” de ETA o que el rechazo de Sortu hacia la banda terrorista es “cosmético e instrumental, no es real”? Todo lo cual deja en evidencia al PSOE que aduce endebles excusas para no respaldar la próxima manifestación contra ETA.

El Supremo también tiene en sus manos el Plan B de los proetarras para llegar a las urnas. Concretamente un documento de la mesa nacional de Batasuna, de 2010, referido al pacto con Eusko Alkartasuna, que tiene como objetivo “construir una nueva hegemonía política abertzale”. Esa posibilidad no es quimérica. De todas las opciones que le quedan, camuflarse en las listas de EA es la más efectiva para los proetarras. De esa forma, el brazo político de ETA podría obtener unos 700 concejales en País Vasco y Navarra, aupado por no menos de 150.000 votos. No lo va a tener fácil el Estado de derecho para desactivar la endiablada estrategia.

Pruebas y diagnósticos
Alejo Vidal-Quadras www.gaceta.es 9 Marzo 2011

No hay que ser un lince para saber que Zapatero necesita desesperadamente un golpe de efecto para salvarse de la catástrofe que le espera en las urnas.

En el fragor del debate creado por la aparición de Sortu, la nueva marca-disfraz de ETA, voces destacadas del PP vasco han reprochado a Jaime Mayor que formule inoportunamente acusaciones sin pruebas en el sentido de que el Gobierno está negociando subterráneamente con la banda terrorista. Los que lanzan este tipo de críticas al portavoz popular en el Parlamento Europeo confunden el ámbito judicial con el del análisis político. Mayor jamás ha pretendido disponer de documentos, fotos, testimonios, videos o grabaciones telefónicas que demuestren ante un tribunal que Zapatero y la organización criminal están en tratos para intercambiar el cese de las acciones violentas por concesiones en el terreno institucional y penal que permitan a ETA avanzar en sus objetivos de destrucción de la unidad nacional. Se ha limitado a formular un diagnóstico a partir de la experiencia pasada y de los indicios presentes.

Un Gobierno que ya ha negociado puede volver a hacerlo, si ya ha demostrado que sabe mentir sin rubor puede engañarnos otra vez, si sus declaraciones son en ocasiones ambiguas o polisémicas es posible que escondan intenciones torcidas y si se producen movimientos sospechosos en relación a excarcelaciones, tratamientos médicos o traslados de prisión de etarras cumpliendo condena cabe suponer que obedecen a un plan oculto.

Por otra parte, no hay que ser un lince para saber que Zapatero necesita desesperadamente un golpe de efecto para salvarse de la catástrofe que le espera en las urnas, que el regreso de ETA a los Ayuntamientos y al Parlamento vasco liberaría al PSE de su actual dependencia del PP y que el silencio de las pistolas permitiría un pacto estable entre socialistas y nacionalistas en el conjunto de España para impedir la llegada del centro-derecha al poder. Por lo demás, el guión parece bien escrito: el Tribunal Supremo dictaminará que Sortu es una reencarnación de Batasuna con algunos votos particulares que razonarán que este hecho no ha quedado suficientemente acreditado, el Tribunal Constitucional dará por buena esta doctrina benévola y adelante con los faroles.

Si falla este planteamiento, ETA se refugiará entre los pliegues de la deshilachada túnica de Eusko Alkartasuna y si tampoco le funciona la añagaza, entonces presentará a agrupaciones de electores "limpias" de antecedentes. De una manera u otra, volverán a las instituciones, las víctimas serán humilladas y el Estado de Derecho burlado. A partir de todas estas evidencias y datos, Jaime Mayor establece unas conclusiones con bastante fundamento. Se supone que aquellos que le exigen pruebas afrontarán su responsabilidad en caso de que el pronóstico del ex-ministro del Interior se cumpla. El problema es que en este momento aciago será ya demasiado tarde para la contrición porque habrá serias urgencias que la harán inútil.

De los engaños se aprende
TONIA ETXARRI El Correo 9 Marzo 2011

Los guardianes de los 200 kilos de explosivos detenidos la semana pasada, para indignación de algunas formaciones nacionalistas que criticaron la desarticulación de este comando de ETA, tenían orden de atentar contra el lehendakari Patxi López. Sus planes apuntaban a lo «más alto» de Euskadi, a la máxima representación democrática de los ciudadanos vascos con la finalidad recurrente de la banda. Forzar al Gobierno a negociar . No tienen otro guión. Su inmovilismo no les da para más. Como ETA ya avisó en su día a Batasuna que no pensaba dejar las armas, aunque ellos quisieran volver a presentarse a las elecciones, lógicamente, quería seguir forzando al Gobierno a hacer concesiones políticas a cambio de su desaparición.

Un cuento más conocido que el del lobo feroz. Se ha repetido, erróneamente, hasta la extenuación que ETA mata «cuando puede y como puede» para restarle la importancia que requeriría creer que los terroristas tienen un plan de desestabilización y evitar, así, tener que negociar con ellos. Un planteamiento que parece lógico en su moraleja - a los terroristas no se les puede premiar por que dejen de matar-, pero poco riguroso en su base. Porque ETA ha atentado indiscriminadamente en innumerables ocasiones; cierto. Pero hay que reconocer, para no caer en el error , que muchas de sus 858 víctimas fueron alevosamente seleccionadas. Sabían que, después de la presión de la barbarie, algunas voces flaquearían y acabarían, como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, liándose en la madeja de la negociación. ¿Qué había de malo en ello?

De la desestabilización que ha buscado la banda terrorista se han extraído muchas enseñanzas. De los engaños, se ha aprendido. No todos, desde luego, porque todavía se resisten quienes siguen alimentando el juego de la equidistancia para dejar servida la sospecha de los malos tratos a los detenidos y, de paso, la opinión pública se va olvidando de que ETA quiso matar al lehendakari. Hace muy poco. Cuando ya Batasuna vendía la piel del lobo. El año pasado. Nos repetimos como un mantra que «todas las víctimas son iguales». Pero ETA sabe dónde puede hacer más daño. Y reconocer esta verdad de perogrullo no significa darle otra categoría que la de una banda terrorista que durante muchos años se dedicó a hacer limpieza ideológica.

El asesino que mató a Jose Luis López de la Calle no tenía ni idea de quién era su víctima, pero quien le ordenó cometer el atentado quería amordazar la libertad de expresión de un ciudadano tan insumiso como él. Cuando ETA asesinó a Fernando Buesa, el presidente del Parlamento vasco, Juan Mari Atutxa, exclamó: «!Cómo han sabido elegir para hacer daño!». Y tenía razón. Habían matado a un lider socialista que había sido diputado general, vicelehendakari para Asuntos Sociales, consejero de Educación, implacable en sus convicciones. Y además, dejaron tras el atentado un reguero de confrontación entre las fuerzas políticas democráticas que forma parte de uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia.

Todas las víctimas son iguales, sin duda. Pero cuando los fanáticos atentan contra la máxima representación institucional han querido derribar los pilares de la democracia. De ahí la importancia del mensaje de la firmeza por parte del Gobierno vasco. Convendría de paso que los dirigentes socialistas entonaran la misma partitura. Rafaela Romero no cree a Sortu, pero Odón Elorza sí. Todos reconocen que quieren que se legalice la marca electoral de Batasuna. Pero la razón que dan sobre el cumplimiento de la legalidad de los herederos del entorno de ETA no acaba de convencer .


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