AGLI

Recortes de Prensa   Sábado 12 Marzo 2011

 

La broma nos sale cara
Editorial www.gaceta.es 12 Marzo 2011

Decía Abraham Lincoln que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. El Gobierno español lo ha intentado, pero ha terminado comprobando que la realidad acaba siempre por imponerse y, en este caso, por aplastarnos. Una a una van cayendo todas las falsedades con las que el Ejecutivo esperaba engatusar a los inversores y a los Gobiernos extranjeros. Ni el conjunto de las autonomías ha cumplido con los objetivos de déficit establecidos para 2010 ni nuestro sistema financiero puede reputarse como el más sólido del mundo. Al contrario, las agencias de calificación han puesto de manifiesto nuestras vergüenzas: el despilfarro autonómico representa el gran lastre de la solvencia del Estado y nuestro sistema financiero, muy en especial las cajas de ahorros copadas por los políticos, requiere de al menos 40.000 millones de euros para cubrir el boquete financiero que han generado sus malas inversiones. Esta mascarada socialista, sin embargo, no nos resultará inocua. Con sus reiterados engaños, Zapatero ha desaprovechado los mejores momentos de que disponíamos para captar capital y reestructurar nuestro sistema bancario. Ahora, una vez desacreditados por mendaces ante los ojos de los extranjeros y degradados reiteradamente por las agencias de rating, tenemos que salir a los mercados a captar miles de millones de euros destinados a seguir financiando los derroches autonómicos y a salvar de la quiebra a esos cortijos políticos llamados cajas de ahorros.

Una operación que en absoluto nos saldrá barata, pues cuanto mayor es la desconfianza en nuestra economía –y mientras Zapatero y sus cuates socialistas sigan en el poder, esa desconfianza no hará más que crecer–, mayores son los tipos de interés que deberemos ofrecer para convencer a los prudentes inversores extranjeros de que nos confíen sus ahorros. Grecia, Irlanda o Portugal ya han experimentado qué significa padecer unos tipos de interés por encima del 7%, tortuoso vía crucis que suele concluir en la suspensión de pagos del país.

En nuestro caso, semejante catástrofe conllevaría muy probablemente el fracaso del euro y de la integración europea, motivo por el cual nuestros acreedores y socios comunitarios, en especial Francia y Alemania, llevan meses evitando que nos despeñemos. Mas ninguna paciencia es infinita y si el Gobierno sigue vendiendo el gato de sus camelos reformistas como si fueran liebres de profundas liberalizaciones, la red francoalemana de la que hemos disfrutado durante el último año desaparecerá.

Ahí está la elevadísima tasa de inflación del 3,6%, muy por encima de la media comunitaria, como síntoma de la inoperancia socialista a la hora de eliminar los corsés que impiden a nuestra economía recuperar competitividad. El desaguisado de nuestro mercado energético (estrellado contra el carísimo despropósito de las renovables) y de nuestro mercado laboral (controlado por unos sindicatos cuyas políticas izquierdistas son las culpables de nuestros cinco millones de parados) imposibilitan que podamos generar empleo de calidad con el que producir bienes y servicios competitivos. Nos abocamos a un escenario estanflacionista, el peor de los mundos imaginables: estancamiento con inflación.

En estas condiciones y con este desnortado capitán, ¿quién le prestará dinero a España? Cada vez nuestras opciones son menores y a Zapatero aún le resta un larguísimo año en La Moncloa para terminar de hundirnos... si un adelanto electoral no lo remedia.

Despilfarro
Zapatero, el amo del calabozo autonómico
Pablo Molina Libertad Digital 12 Marzo 2011

El grado de asfixia financiera que Zapatero está provocando en las autonomías que no gobiernan el PSOE o los nacionalistas puede llegar a originar graves revueltas sociales en las más afectadas, todas ellas en manos del PP. En Murcia ya ha habido agresiones, alguna de ellas bastante salvaje, y no es descartable que en la campaña electoral vuelvan a producirse algaradas de ese jaez si, finalmente, las finanzas de la comunidad autónoma entran en barrena como se prevé. Las denuncias de los presidentes regionales afectados por el maltrato financiero que el Gobierno está practicando hacia las autonomías que no controla en beneficio de Cataluña y, si sobra algo, de los feudos socialistas, no van a hacer que Zapatero atienda a los intereses generales por primera vez en su mandato y mucho menos estando a unas pocas semanas de las elecciones autonómicas. Los socialistas jamás han tenido escrúpulos y José Luis Rodríguez Zapatero no iba a ser una novedad.

Que el sistema autonómico es el mayor desastre que hemos padecido las últimas generaciones de españoles es algo que cualquier contribuyente sabe de sobra. Las autonomías son diecisiete losas que lastran nuestra recuperación económica y la harán inviable a menos que se acabe con este sinsentido territorial. Ahora bien, como instrumento del Gobierno para torcer voluntades políticas y conseguir mediante el chantaje lo que no se obtiene con una brillante gestión, resultan de lo más apropiado.

Se trata simplemente de imponer un severo castigo financiero a las autonomías que superen ciertos límites en la catastrófica secuela del déficit que arrojan; algo muy sencillo puesto que salvo Madrid, que suele practicar el sano equilibrio presupuestario, todas las demás son un pozo sin fondo que necesita constantemente del endeudamiento externo para financiar la juerga de sus nutridas castas locales. Así pues, y dado que es el Gobierno central el que tiene que autorizar estos lanzamientos de deuda pública de las autonomías, todo consiste en prohibir a unas comunidades la captación de los recursos necesarios para mantener abierto el chiringuito, mientras a otras se les autoriza subrepticiamente recurriendo a las añagazas habituales de la ingeniería contable, como sucede siempre con Cataluña y ahora también con Castilla-La Mancha y Andalucía.

El resultado es que, a dos meses de las elecciones, ZP puede provocar un auténtico desastre en las autonomías más pródigas del PP, porque algunas de ellas van a tener serios problemas hasta para pagar las nóminas de sus numerosísimos funcionarios. Una ocasión extraordinaria para devolver al Estado la mayoría competencias asumidas y, haciendo de la necesidad virtud, comenzar a poner un poco de orden en este desastre territorial que padecemos, sí, pero usted y yo sabemos que cualquier político se dejaría cortar la mano de su chófer antes que renunciar a una parcela de poder.

Zapatero, que sabe muy pocas cosas pero las sabe muy bien, es consciente de que tiene en su mano la capacidad de maquillar el tremendo desastre electoral que se le avecina en las inminentes autonómicas y municipales, e incluso darle la vuelta a los resultados en algunos feudos rojos que el PP ya da por ganados. No sería la primera vez que los socialistas consiguen algo parecido.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.

El conflicto lingüístico
josé domingo ABC Cataluña 12 Marzo 2011

La identificación de la realidad social es la primera premisa si se quiere diseñar una política lingüística. ¿Conformamos los catalanes una comunidad lingüística uniforme o Cataluña está compuesta por dos comunidades mayoritarias, la castellana y la catalana? El nacionalismo repudia el bilingüismo y pretende hacer del catalán la única lengua de los catalanes. Desde la llegada de Jordi Pujol a la Generalidad, los sucesivos Gobiernos, incluso cuando han tenido un Presidente de lengua materna castellana, han defendido que el catalán es la lengua de Cataluña y lo han utilizado, casi exclusivamente, en los actos públicos, en las administraciones y en la docencia. Pero los castellanohablantes de Cataluña existen, y son mayoría, por lo que ignorar deliberadamente sus derechos tiene un coste social y es una fuente generadora de conflictos.

La primera expresión colectiva del rechazo a esas prácticas discriminatorias se plasmó en el «Manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña», conocido popularmente como el «de los 2300» del que, hoy 12 de marzo, se cumplen treinta años de su publicación. Sus firmantes, identificados con la comunidad castellanohablante, pretendían ser reconocidos como sujetos de derechos lingüísticos. Este planteamiento —nítidamente igualitario— desencadenó, sin embargo, una desmesurada, tramposa y violenta reacción que alumbró los mecanismos de defensa que el nacionalismo ha utilizado para impedir la consolidación de un espacio de respuesta organizada de los castellanohablantes catalanes.

El planteamiento del catalanismo uniformizador es ciertamente astuto. Franco hablaba castellano, ergo los que reivindican derechos lingüísticos para la comunidad castellanohablante son franquistas, sin que sirva de atenuante disponer de una completa hoja de servicios a la causa democrática. El paso siguiente, mucho más drástico, consiste en no considerar culturalmente como catalanes a los castellanohablantes que, automáticamente, adquieren la condición de ocupantes y son invitados a irse de Cataluña. La técnica les ha dado buenos resultados, miles de personas se han marchado al no aguantar la presión, muchas han decidido no venir a Cataluña, y otras han iniciado un proceso personal de sustitución de su identificación lingüística.

Ahora bien, a pesar de los esfuerzos de ingeniería social y de las amplias dosis de manipulación empleados, la realidad social es la que es, seguirán existiendo colectivos que reivindicarán con firmeza la igualdad de derechos lingüísticos para todos los catalanes, también los de la comunidad castellanohablante, y el conflicto continuará hasta que las instituciones no asuman la composición sociolingüística de Cataluña.

Vehicular el compromiso
Entre los compromisos de los populares está el de garantizar que «los padres tengan libertad para elegir la lengua vehicular en la que educar a sus hijos»
xavier pericay ABC Cataluña 12 Marzo 2011

Es tiempo de elecciones y es tiempo, pues, de promesas. O de compromisos, por usar el término con que el Partido Popular encabeza su programa marco autonómico para el periodo 2011-2015. Entre esos compromisos de los populares está el de garantizar que «los padres tengan libertad para elegir la lengua vehicular en la que educar a sus hijos». Es la primera vez que los órganos nacionales del partido se comprometen a algo semejante. Hace tres años, cuando las últimas generales, el programa popular abogaba por que «la lengua castellana fuera vehicular en las distintas áreas junto con la otra lengua oficial», y por que los alumnos cuya estancia en una Comunidad bilingüe fuera temporal pudieran «cursar las enseñanzas en la lengua oficial del Estado». Era mucho abogar, ciertamente, pero no era todo. Ahora el grifo de la libertad se ha abierto ya por completo. En adelante, y en el supuesto nada improbable de que el PP gobierne en la inmensa mayoría de las Autonomías donde el 22 de mayo se celebran elecciones y, al poco, en el mismísimo Gobierno de España, ese derecho a educar a los hijos en el idioma oficial que uno prefiera debería estar asegurado. El problema es cómo se alcanzará el objetivo. O sea —por emplear ese verbo que tanto gusta a maestros y psicopedagogos—, como se vehiculará el compromiso. En Baleares, por ejemplo. ¿Cómo se va remozar, de gobernar los populares, un sistema de enseñanza en el que no hay libertad lingüística ninguna y en el que el propio PP regional fue quien facilitó, hace cerca de tres lustros, una inmersión encubierta en catalán? ¿Qué debe hacerse para contrarrestar el poder de toda esa pléyade de enseñantes, fuertemente ideologizada, que lleva treinta años impartiendo, en mayor o menor medida, una doctrina totalitaria? Y sobre todo: ¿cómo puede evitarse que ocurra en Baleares lo que en Galicia, donde el PP alcanzó en 2009 el Gobierno regional gracias en parte a un compromiso similar que luego ha quedado en nada?

conmemoración del aniversario en barcelona
El manifiesto de los 2.300, treinta años después: "Nos quedamos cortos"
La lluvia y las trabas de administración e instituciones no han evitado que se recuerde en Barcelona el 30 aniversario del Manifiesto de los 2.300.
Libertad Digital 12 Marzo 2011

En uno de los días más lluviosos que se recuerdan en la Ciudad Condal, Impulso Ciudadano ha logrado llevar a cabo el acto de homenaje y recuerdo a los firmantes del Manifiesto de los 2.300 en el día que se cumplen 30 años desde su publicación.

Finalmente la Sala de actos del Centro Cívico "Fort Pienc" ha acogido el acto después de que el Ateneo de Barcelona y el CEU rechazaran acoger las conferencias y mesas redondas de las que se componía el homenaje por el aniversario del Manifiesto.

Ni la lluvia ni las trabas de las mencionadas instituciones han conseguido acallar el acto que ha logrado una satisfactoria respuesta ciudadana. La sala, con aforo para 180 personas, estaba llena. Incluso dos decenas de personas asistieron de pie en el recinto a las charlas que ofrecieron algunos de los firmantes. En total, asistieron unas 200 personas, según los organizadores.

Intervinieron Amando de Miguel, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense y primer firmante del manifiesto; Santiago Trancón, Profesor de Literatura, firmante y redactor del Manifiesto, José Sánchez Carralero, catedrático de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense y firmante del Manifiesto; José María Fernández, catedrático de Lengua española de la Universidad Rovira i Virgil de Tarragona y firmante del Manifiesto; Pedro Penalva, profesor de Derecho Romano y firmante del Manifiesto; José García Domínguez, periodista; Alejandro Tercero, periodista; José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano.

Entre los asistentes se pudo ver a Alberto Fernández, del PP de Cataluña y Antonio Cañas, candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos, además de representantes de la Asociación por la Tolerancia y miembros del partido UPyD.

Antes del acto, los organizadores proyectaron un vídeo en el que se recogía la historia del manifiesto, su gestación y posterior publicación, aderezado con diversos testimonios, entre los que destaca el de Federico Jiménez Losantos en su intervención en el programa de Libertad Digital TV Debates en Libertad. En él, cuenta cómo después de 30 años queda patente que aquellos 2.300 no sólo acertaron en su diagnóstico, sino que si algo se les puede achacar es que "nos quedamos cortos", en sus predicciones sobre la deriva que estaba tomando el nacionalismo en Cataluña.

Así, en Barcelona, capital de una Cataluña donde se imponen sanciones lingüísticas por rotular en castellano y donde el idioma nacional, el español, sigue perseguido, unos pocos han conmemorado el treinta aniversario de aquella primera voz de alarma sobre la persecución y conculcación de los derechos de los castellanohablantes en Cataluña.


Manifiesto de los 2300
Los abajo firmantes, intelectuales y profesionales que viven y trabajan en Cataluña, conscientes de nuestra responsabilidad social, queremos hacer saber a la opinión pública las razones de nuestra profunda preocupación por la situación cultural y lingüística de Cataluña. Llamamos a todos los ciudadanos demócratas para que suscriban, apoyen o difundan este manifiesto, que no busca otro fin que restaurar un ambiente de libertad, tolerancia y respeto entre todos los ciudadanos de Cataluña, contrarrestando la tendencia actual hacia la intransigencia y el enfrentamiento entre comunidades, lo que puede provocar, de no corregirse, un proceso irreversible en el que la democracia y la paz social se vean gravemente amenazadas.

No nace nuestra preocupación de posiciones o prejuicios anticatalanes, sino del profundo conocimiento de hechos que vienen sucediéndose desde hace unos años, en que derechos tales como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones de lengua (derechos reconocidos por el espíritu y la letra de la Constitución y el Estatuto de Autonomía), están siendo despreciados, no sólo por personas o grupos particulares, sino por los mismos poderes públicos sin que el Gobierno central o los partidos políticos parezcan dar importancia a este hecho gravísimamente antidemocrático, por provenir precisamente de instituciones que no tienen otra razón de ser que la de salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

No hay, en efecto, ninguna razón democrática que justifique el manifiesto propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, tal como lo muestran, por ejemplo, los siguientes hechos: presentación de comunicados y documentos de la Generalidad exclusivamente en catalán; uso casi exclusivo del catalán en reuniones oficiales, con desprecio público del uso del castellano, como ha ocurrido en el mismo Parlamento Catalán, en el que un parlamentario abandona ostensiblemente airado la sala en cuanto alguien hablaba en castellano; nuevas rotulaciones públicas exclusivamente en catalán; declaraciones de organismos oficiales y de responsables de cargos públicos que tienden a crear confusión y malestar entre la población castellanohablante, como las recientes del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y otras emanadas de responsables de las Consejerías de Cultura y Educación de la Generalidad; proyectos de leyes, como el de «normalización del uso del catalán», tendentes a consagrar la oficialidad exclusiva del catalán a corto o medio plazo, etc.

Partiendo de una lectura abusiva y parcial del artículo 3 del Estatuto, que habla del catalán como «lengua propia de Cataluña» -afirmación de carácter general y no jurídico- , se quiere invalidar el principio jurídico que el mismo articulado define a renglón seguido al afirmar que el castellano es también lengua oficial de Cataluña. No podemos aceptar su desaparición de la esfera oficial, sencillamente porque la mitad de la población de Cataluña tiene como lengua propia el castellano y se sentiría injustamente discriminada si las instituciones no reconocieran -de hecho- la oficialidad de su lengua.

El principio de cooficialidad, pensamos, es jurídicamente muy claro y no supone ninguna lesión del derecho a la oficialidad del catalán, derecho que todos nosotros defendemos hoy igual que hemos defendido en otro tiempo, y acaso con más voluntad que muchos de los personajes públicos que ahora alardean de catalanistas.
No nos preocupa menos contemplar la situación cultural de Cataluña, abocada cada día más al empobrecimiento, de continuarse aplicando la política actual tendente a proteger casi exclusivamente las manifestaciones culturales hechas en catalán, como lo mostraría una relación de las ayudas económicas otorgadas a instituciones oficiales o particulares, grupos de teatro, revistas, organización de actos públicos, jornadas, conferencias, etc.

La cultura en castellano empieza a carecer de medios económicos e institucionales no ya para desarrollarse, sino para sobrevivir. Esta marginación cultural se agrava si pensamos que la mayoría de la población castellanohablante está concentrada en zonas urbanísticamente degradadas, donde no existen las más mínimas condiciones sociales, materiales e institucionales que posibiliten el desarrollo de su cultura.

Resulta en este sentido sorprendente la idea, de claras connotaciones racistas, que altos cargos de la Generalidad repiten últimamente para justificar el intento de sustitución del castellano por el catalán como lengua escolar de los hijos de los emigrantes. Se dice sin reparo que esto no supone ningún atropello, porque los emigrantes «no tienen cultura» y ganan mucho sus hijos pudiendo acceder a alguna. Sólo una malévola ignorancia puede desconocer que todos los grupos emigrantes de Cataluña proceden de solares históricos cuya tradición cultural en nada, ciertamente, tiene que envidiar a la tradición cultural catalana, si más no, porque durante muchos siglos han caminado juntas construyendo un patrimonio cultural e histórico común.

Que una desgraciada situación económica y social obligue a ciento de miles de familias a dejar su tierra, es ya lo bastante grave como para que, además, quiera acentuarse su despojo con la pérdida de su identidad cultural. Cuando esta situación se da, cumple a la sociedad el remediar en los hijos la injusticia cometida con sus padres. Nadie, sea cual sea su origen, nace culto, pero todos nacen con el inalienable derecho a heredar y acrecentar la cultura que sus padres tuvieron o debieron tener. Nadie nace con una lengua, pero todos tienen derecho a acceder a la cultura mediante ese vínculo afectivo que une al niño con sus padres y que, además, comporta toda una visión del mundo: su lengua. Que este principio pedagógico elemental tenga que ser hoy reivindicado en Cataluña prueba nuevamente la gravedad de la situación.

Resulta, por tanto, insostenible la torpe maniobra de pretender que esa inmensa mayoría de emigrantes, que comparte la lengua castellana, no forma una comunidad lingüística y cultural, sino que sólo posee retazos de culturas diversas reducidas a folklore. Que digan esto los mismos y razonables defensores de la unidad idiomática de Cataluña, Valencia y Baleares -unidad si acaso, menor que la de las diversas hablas del castellanoresultaría risible si la intención no fuera disgregar esa conciencia cultural común.

¿Habrá que recordar que pertenecemos a una comunidad lingüística y cultural de cientos de millones de personas y que la lengua de Cervantes, en la actualidad, no es ya el viejo romance castellano, sino el fruto de aportaciones de todos los pueblos hispánicos? ¿En virtud de qué principio puede negarse a los hijos de los emigrantes de cualquier lugar de España el acceso directo a esa lengua y a ese patrimonio cultural? ¿Acaso en nombre del mismo despotismo que pretendió borrar de esta misma tierra una lengua y una cultura milenarias? La historia prueba que esto fracasa.

No parece, por tanto, que la integración que se busca pretenda otra cosa que la sustitución de una lengua por otra, sustitución que ha de realizarse «de grado o por fuerza», como se empieza a decir, mediante la persuasión, la coacción o la imposición según los casos, procurando, eso sí, que el proceso sea «voluntariamente aceptado» por la mayoría. Se dice que la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio es imposible y que, por tanto, una debe imponerse a la otra; principio éste no sólo contrario a la experiencia cotidiana de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña -que aceptan de forma espontánea la coexistencia de las dos lenguas-, sino que, de ser cierto, legitimaría el genocidio cultural de cerca de tres millones de personas.

Se suele presentar en contra de las afirmaciones dichas hasta aquí, el hecho conocido de que gran parte de los medios de comunicación (cine, televisión, prensa), siguen expresándose en castellano, por lo que esta lengua no corre ningún peligro. No creemos que pueda ser negativo el que existan medios de comunicación que se expresen en castellano; si acaso, sería deseable que su castellano fuera mejor y que no informaran tan poco y tan mal sobre la comunidad de lengua castellana y sus problemas. Lo único negativo sería que no se crearan otros tantos medios, o más, de expresión en catalán.

Por otra parte, de esta falta de medios de comunicación en catalán no son responsables los castellanohablantes. Póngase remedio a esta situación en sentido positivo, construyendo y desarrollando la lengua y cultura catalanas, y no intentando empobrecer y desprestigiar la lengua castellana. Se evidencia cierta falta de honestidad para afrontar las verdaderas causas lingüísticas, culturales y políticas que puedan impedir el desarrollo de la cultura catalana en este intento de culpabilizar a los castellanohablantes de la situación por la que atraviesa la lengua catalana. Hay, por ejemplo, razones comerciales evidentes a las que nunca se alude y cuya responsabilidad no recae precisamente en los no catalanes.

No podemos pasar por alto en este análisis la situación de la enseñanza y los enseñantes.
El ambiente de malestar creado por los decretos de traspasos de funcionarios ha puesto de manifiesto una problemática a la que ni el Gobierno central ni el Gobierno de la Generalidad quieren dar una respuesta seria y responsable. No se quiere reconocer la existencia de dos lenguas en igualdad de derechos y que, por tanto, la enseñanza ha de organizarse respetando esta realidad social biling|e, mediante la aplicación estricta del derecho inalienable a recibir la enseñanza en la propia lengua materna en todos los niveles. El derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna castellana ya empieza hoy a no ser respetado y a ser públicamente contestado, como si no fuera este derecho el mismo que se ha esgrimido durante años para pedir, con toda justicia, una enseñanza en catalán para los catalanoparlantes.

De llevarse adelante el proyecto de implantar progresivamente la enseñanza sólo en catalán -no del catalán, que indudablemente sí defendemos-, los hijos de los emigrantes se verán gravemente discriminados y en desigualdad de oportunidades con relación a los catalanoparlantes. Esto supondrá, además, y como siempre se ha dicho, un «trauma» cuya consecuencia más inmediata es la pérdida de la fluidez verbal y una menor capacidad de abstracción y comprensión.

Se intenta defender la enseñanza exclusivamente en catalán con el argumento falaz de que, en caso de que se respetara también la enseñanza en castellano, se fomentaría la existencia de dos comunidades enfrentadas. Falaz es el argumento porque el proyecto de una enseñanza sólo en catalán puede ser acusado -y con mayor razón- de provocar esos enfrentamientos que se dice querer evitar. Se quiere ignorar, por otra parte, que actualmente ya existe esa doble enseñanza en castellano y catalán, para demostrar lo cual bastaría hacer una estadística de los colegios en los que se dan clases exclusivamente en catalán y aquéllos en los que se sigue dando en castellano. Mayor causa de enfrentamientos será, indudablemente, que se respeten los derechos lingüísticos de unos y no los de otros.

Tampoco podrán achacarse a la coexistencia de las dos lenguas los posibles conflictos nacidos de las diferencias sociales que coinciden en gran parte con las existentes entre catalano y castellanohablantes. Desde esta perspectiva no cabe duda de que la lengua se ha convertido en un excelente instrumento para desviar legítimas reivindicaciones sociales que la burguesía catalana no quiere o no puede satisfacer, aunque la deuda que la sociedad catalana tiene para con la emigración sea inmensa y en justicia merezca mucho mejor trato. Sin embargo, en este momento de crisis el conocimiento del catalán puede ser utilizado - y ya lo está siendo-, como arma discriminatoria y como forma de orientar el paro hacia otras zonas de España. En efecto, el ambiente de presiones y de malestar creado ha originado ya una fuga considerable no sólo de enseñantes e intelectuales, sino también de trabajadores.

No es menos criticable el acoso propagandístico creado en torno a la necesidad de hablar catalán si se quiere «ser catalán» o simplemente vivir en Cataluña. Se ha pretendido con esta propaganda identificar a la clase obrera con la causa nacionalista, y aunque se ha fracasado en este empeño, la mayoría de los trabajadores se están viendo obligados a aceptar que las expectativas, no ya de promoción social, sino simplemente de que sus hijos prosperen, no pueden pasar por serlo. Se llega así a la degradante situación de avergonzarse de su origen o su lengua ante los propios hijos, a cambiarles el nombre, etc. Esta humillante situación constituye una afrenta a la dignidad humana y es hora ya de denunciarla públicamente.

Mientras no se reconozca políticamente la realidad social, cultural y lingüísticamente plural de Cataluña y no se legisle pensando en respetar escrupulosamente esta diversidad, difícilmente se podrá intentar la construcción de ninguna identidad colectiva. Cataluña, como España, ha de reconocer su diversidad si quiere organizar democráticamente la convivencia. Es preciso defender una concepción pluralista y democrática, no totalitaria, de la sociedad catalana, sobre la base de la libertad y el respeto mutuo y en la que se pueda ser catalán, vivir enraizado y amar a Cataluña, hablando castellano. Sólo así podrá empezarse a pensar en una Cataluña nueva, una Cataluña que no se vuelque egoísta e insolidariamente hacia sí misma, sino que una su esfuerzo al del resto de los pueblos de España para construir un nuevo Estado democrático que respete todas las diferencias. No queremos otra cosa, en definitiva, para Cataluña y para España, que un proyecto social democrático, común y solidario.

Firmas: Amando de Miguel, Carlos Sahagún, Federico Jiménez Losantos, José Luis Reinoso, Pedro Penalva, Esteban Pinilla de las Heras, José María Vizcay, Jesús
Vicente, Santiago Trancón, Alberto Cardín y 2.300 firmas más.


La España radial
Nuestras autonomías construyen su existencia solo como una relación bilateral de amor/odio con Madrid. Ese diálogo transversal nunca emprendido entre autonomías es la España real y federal, la única con alguna posibilidad de salir adelante
J. M. RUIZ SOROA El Correo 12 Marzo 2011

Una de las imágenes más sugestivas para apreciar las virtudes y defectos de la España autonómica es la que nos proporciona el tendido ferroviario del AVE que se está efectuando progresivamente en la península, y que terminará cuando (alrededor de 2020) todas las capitales de provincia estén unidas por AVE a Madrid. Esa imagen es la de una España radial, con un único nodo en Madrid, que se configura como el kilómetro cero de todos los radios y en la que cada parte se relaciona directamente con el centro, en la manera más rápida y recta posible.

Esta figura radial es la alternativa, como resulta bastante obvio, de otro dibujo posible del esquema comunicacional del Estado: que sería la España transversal o en red, en la que las partes se relacionan entre sí directamente sin pasar por un centro obligatorio, obedeciendo a unos criterios económicos y sociales diferentes del designio político centralista. Y que es la predominante en la experiencia comparada de otros Estados extranjeros.

Es curioso observar que, siempre que en la historia se ha permitido a la iniciativa privada construir el sistema de comunicaciones y de transporte de la manera que mejor respondiera a la lógica económica y social de los territorios a comunicar (como preconizó Adam Smith), España lo ha hecho en red transversal. Sucedió al inicio de la construcción del ferrocarril en el siglo XIX, y volvió a suceder con el plan de autopistas en el siglo XX, que reprodujo inconscientemente (parece increíble) el mapa de las calzadas romanas de Estrabón de veinte siglos antes. Pero es también obligado constatar que a este mapa transversal inicial siempre se le ha superpuesto inmediatamente otro distinto, uno que obedece a una lógica puramente política de jerarquización centralista: es el trazado radial desde Madrid que se impuso a los ferrocarriles en 1870, a las autovías en 1984, y al AVE en 2000.

Esta decisión política se ha pretendido justificar, cómo no, apelando a los valores de cohesión, solidaridad e igualdad entre territorios y ciudadanos, pero a poco que se escarbe en tal justificación resulta plenamente falsa. La cohesión territorial y social de España se puede lograr igualmente mediante una estructura transversal que con una radial. La primera atiende más a las necesidades reales de los territorios, la segunda a la necesidad de centralizar rígidamente el país. No es cierto por ello que exista una sola forma de cohesionar el país; lo que sí hay es un nacionalismo español característicamente desconfiado que sólo entiende la cohesión 'pasando por el centro'.

Bueno, pues resulta que al Estado autonómico le ha pasado lo mismo, y ese es uno de sus principales lastres para poder llegar a ser un sistema realmente federal: que ha privilegiado de manera extremosa la bilateralidad de las relaciones intergubernamentales, de suerte que cada autonomía atiende solo a su relación con el vértice, que es de donde obtiene favores o disfavores. Las relaciones transversales de cooperación e integración no interesan porque no son fuente de recursos ni de influencia. Cada autonomía en su nicho de poder y Madrid como objeto único de comunicación política, para lo bueno y para lo malo, incluso para independizarse. La misma España radial que dibuja el AVE.

¿Se imaginan ustedes una institución pública en la que se reunieran y concertaran solo los gobiernos de las autonomías, sin presencia ninguna del Gobierno central? No hablo de una esporádica 'Conferencia de Presidentes' como la actual, presidida por el Gobierno central, sino de una 'Conferencia de gobiernos' estable y regular, sin presencia ni voz ni voto del Gobierno central. Tal imagen se nos aparece rarísima a las mentes hispanas (incluso un tanto sospechosa), pero resulta que así es el órgano federal por excelencia en Alemania o Canadá. Aquí, sin embargo, suscitaría una sonrisa escéptica pues ¿de qué hablarían nuestros gobiernos autonómicos entre sí cuando no estuviera presente el interlocutor privilegiado y único? ¿Tendrían algo que decirse, exigirse, reprocharse o comentarse nuestros políticos regionales? Más bien no, nos tememos todos. Nuestras autonomías construyen su existencia solo como una relación bilateral de amor/odio con Madrid, mientras que Madrid construye su preeminencia aprovechando su situación nodal respecto a todos.

Y, sin embargo, eso que las autonomías no se dicen ahora entre sí, ese diálogo nunca emprendido, ese terreno transversal que no se ha querido dibujar, esa es precisamente la España real y federal, la única con alguna posibilidad de salir adelante como país a medio y largo plazo.

Porque la España radial del AVE (el único tren de alta velocidad con apelativo identitario que existe en el mundo) no tiene futuro: es un derroche sombrío de recursos públicos, como lo muestran las cifras desnudas (que tomo de Germà Bel): en Alemania hay 70 millones de pasajeros en alta velocidad (59.000 por kilómetro de vía), en Francia 113 millones (51.000 por kilómetro), en España 20 millones (11.000 por kilómetro). Ninguna de las líneas en funcionamiento (no digamos las proyectadas) puede llegar a tener en España el mínimo de pasajeros que justifica y hace socialmente rentable la alta velocidad, es así de sencillo. ¿No sucederá lo mismo con tanta autonomía políticamente inflada pero perdida en su bilateralidad con el centro?

El AVE ya está (casi) hecho, y habrá que apechugar con él. Pero la España federalista todavía podemos hacerla bien, estamos a tiempo.

De transportes y federaciones
Nota del Editor 12 Marzo 2011

No seré yo quien defienda el ferrocarril, no tengo información para hacerlo. Quien podría defenderlo sería un grupo privado que invirtiese en un sistema de transporte para obtener un beneficio. En cuanto se parte de supuestos tramposos, los números no tienen validez.

En el caso del ferrocarril, habrá que ver cuanto cuestan las líneas, las expropiaciones a precio de mercado, el mantenimiento, la amortización, el volumen de negocio, la vida útil, los precios de otros métodos de transporte, es decir el efecto del libre mercado sobre la oferta y la demanda.

Cualquier grupo que decide invertir en un proyecto de tal índole, analiza la distribución de los clientes y de los proveedores y establece los enlaces que maximicen el rendimiento en el escenario de amortización del mismo. Hablar de sistema radial o de sistema cruzado no tiene sentido.

En cuanto a eso de las federaciones, también hay que aplicar criterios de beneficio máximo y está claro que el tinglado autonómico no es óptimo en (ninguna) función o servicio que el estado deba ofrecer a la ciudadanía. Si la descentralización es buena "per se", sigamos adelante y lleguemos al nivel familiar, pues es ahí donde se aplican los escasos recursos de forma óptima. El estado siempre es derrochador cuando menos, la mayoría de las veces, es un mecanismo de compra de unos (votos y voluntades) para explotar a otros con el enriquecimiento fraudulento de la mayoría de los intermediarios (profesionales de la política).

El Gobierno sigue sin querer saber lo que pasó el 11-M
EDITORIAL Libertad Digital 12 Marzo 2011

Difícilmente se puede ser más inoportuno. El mismo día en el que se conmemora el séptimo aniversario del peor atentado terrorista de nuestra historia, el Gobierno ha terminado dando la nota. Lo ha hecho de un modo innecesario y cruel. Innecesario porque no hay excusa posible al hecho de que ningún miembro del gabinete haya acudido a los actos de homenaje celebrados en Madrid durante la mañana. Y cruel porque, aun a sabiendas de que se desconoce al autor intelectual del crimen y se amontonan las lagunas en la investigación, el portavoz interino, Ramón Jáuregui, ha afirmado tajante que "los culpables (del atentado) fueron juzgados, condenados por sentencia firme y están pagando sus responsabilidades y culpas en la cárcel".

Aún tomando por buena la versión oficial, lo cierto es que es muy poco, casi nada, lo que sabemos a ciencia cierta de los atentados del 11-M. Son muy pocos los condenados a prisión, y de esos pocos todo lo que podría decirse es que su papel en la masacre fue, cuando menos, auxiliar. No es casual que sólo haya uno que esté en la cárcel acusado de colocar una de las bombas. Eso por un lado. Por otro, por mucho juicio que se haya celebrado y muchas condenas que se hayan dictado, la investigación de los crímenes dejó bastante que desear. A pesar de que han pasado siete años hay decenas de enigmas sin resolver; ya por desidia de los peritos judiciales, ya porque el camino alguien lo llenó a propósito de pistas falsas, pruebas manipuladas, escamoteos sospechosos, suicidios en masa y testimonios contradictorios.

Pues bien, ante esta evidencia, el Gobierno insiste en mirar hacia otro lado y dar por cerrado un caso que, en rigor, no ha sido todavía siquiera abierto. Ellos sabrán por qué lo hacen. La ciudadanía, sin embargo, sigue preguntándose qué pasó aquella mañana, quién ideó la matanza y quién la llevó a cabo, cómo se planificó y ejecutó, cuáles eran los objetivos que los terroristas perseguían... en definitiva, una investigación completa y exhaustiva que, en el caso del 11-M, no se ha hecho en los últimos siete años y, por lo que se ve, no pretende hacerse en los próximos siete.

Flaco favor le hace el Gobierno al país tratando de olvidar y pasar página, y más cuando la peripecia judicial de los atentados está muy lejos de terminar. Por mucho que le pese al Gobierno –a este y a los que vengan después– el 11-M va a seguir coleando durante mucho tiempo, mucho más del que a los autores intelectuales del atentado, esos que fue incapaz de dilucidar el tribunal presidido por Gómez Bermúdez, les gustaría.

Paso atrás en el 11-M
El Editorial La Razón 12 Marzo 2011

El séptimo aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, el ataque terrorista más sangriento de nuestra historia, ha demostrado que la memoria colectiva en algunos sectores del país, fundamentalmente la izquierda, es tan débil como selectiva. Han bastado siete años para que la habitual conmemoración con un gran acto institucional que unía a toda la sociedad –que el año pasado se celebró en el Congreso a instancias de la Fundación de Víctimas del Terrorismo– se haya convertido en un día para la fractura con homenajes desperdigados y marcados por el desencuentro. Era una jornada para honrar el sacrificio de las 192 víctimas mortales y de los cientos de heridos y sus familias, pero ha interesado más la diferencia que la concordia. Incluso se ha percibido cierto grado de abulia, como si el aniversario del 11-M fuera un estorbo y lo conveniente fuera pasar página. ¿Cómo interpretar la ausencia de los ministros en los actos institucionales? Ramón Jáuregui intentó convencer a la opinión pública de que no acudieron porque estaba reunidos en Consejo. El silencio habría sido una respuesta más presentable.

El liderazgo y el empuje del Ejecutivo en el recuerdo a las víctimas de la matanza del 11-M no han existido y esa actitud política reprobable les retrata en buena medida ante la sociedad. Puede que les incomode estar junto a las víctimas o que se rememoren las connotaciones de aquella fecha y de cómo propició un inesperado vuelco político en el país, pero eso no justifica que no cumplan con un deber moral e institucional. Como prueba de la especial sensibilidad de la izquierda, el «sindicato de la ceja» reapareció en este 11-M no para solidarizarse con los asesinados y los heridos en los trenes, sino para hacerlo con Garzón, el juez suspendido y procesado por varios delitos. Ese mismo grupo fue el que, en aquella jornada trágica de hace siete años, se alejó del sufrimiento de la gente y ayudó a manipular políticamente a un país conmocionado para conseguir el objetivo: desalojar al PP del Gobierno. Empezando por Almodóvar, que entonces habló de un golpe de Estado de los populares.

El balance del séptimo aniversario de la matanza ha supuesto un paso atrás en cuanto a la obligación de mantener vivos en la memoria a todos aquellos con los que estaremos siempre en deuda. Los que han preferido restar en lugar de sumar han fallado a las víctimas y también algunas de ellas han colaborado en una jornada poco ejemplar. No es tranquilizador que siete años después la mayoría de los colectivos de víctimas del terrorismo del país cuestionen abiertamente la verdad judicial sobre el 11-M. Que un grupo serio y respetable como la AVT se plantee la reapertura del proceso porque entiende que «se tiene que investigar casi todo» de los atentados no es argumento razonable en tanto no aparezcan nuevas pruebas de calado. Tampoco se entiende que ayer fueran llamados a declarar por el juez 15 Tedax por las supuestas irregularidades en la recuperación de los restos de la matanza. Extender, sin bases sólidas, la percepción de que la sentencia fue truculenta no ayuda ni a la justicia, ni a la verdad ni a la dignidad de las víctimas.

Pasito a pasito adelante
Nota de Editor 12 Marzo 2011

Hasta que alguien no sienta remordimiento y cuente la verdad, no queda más remedio que ir adelante pasito a pasito.

Lo que está claro es que aparte de "otras potencias extranjeras" interesadas en que España deje de ser España, los únicos que obtuvieron beneficios directos y tangibles fueron los del PSOE, y siete años más tarde, los españolitos de a pié estamos sufriendo como España deja de ser España, cada día un paso atrás con el PSOE.

11-M
Gabriel y Pilar
Salvador Ulayar Libertad Digital 12 Marzo 2011

He escuchado a una víctima del 11-M decir que el asunto es caso cerrado, que ya se sabe lo que necesitamos saber. O algo así. Tal vez se sepa lo que ella quiso saber de inicio. Me ha parecido que, de alguna manera, con tal de tener bien establecido que el culpable fue Aznar, esa persona ya supo lo suficiente en aquellos terribles días. Punto. Y renuncia a que se investigue más, no sea que el odioso derechista salga mejor parado en una revisión que la Justicia (nótese la mayúscula) reclama a gritos. Y los muertos, muertos están. Y el golpe a la democracia española a todo tren, precisamente.

¿Por qué se destruyeron tan rápidamente esos vagones de la foto? ¿En serio se puede decir tranquilamente que nadie responderá por ello? Quedan muchas preguntas clave que nuestros políticos y mucha ciudadanía, probablemente la mayoría, no quieren que se responda. No quieren saber. Pero muchos seguimos queriendo saber. Un país que no busca la mayor Justicia posible para sus víctimas es un país gravemente degradado, enfermo. A veces te me vuelves odiosa, mi querida España.

Conocer a personas como Gabriel Moris y Pilar Crespo, los padres de Juan Pablo, muerto en aquella matanza, le reconcilia a uno con la vida. Y sirven de consuelo en la adversidad. Esa búsqueda decidida de Justicia, sin rencor ni justicierismo, pero desde luego que alejada del relativismo, la banalización o el desánimo áspero... es sobrecogedora, felizmente contagiosa. Dios, su bondad, se revelan por medio de muchas personas. Como tanta gente buena, Gabriel y Pilar son instrumentos de su paz, de una paz que poco tiene que ver con la que se han empeñado en vendernos algunos durante estos años. Gabriel y Pilar tienen ese don de Dios. No tengo pruebas matemáticas ni las preciso: lo sé.

No olvidamos lo inolvidable.
Salvador Ulayar es hijo de Jesús Ulayar, víctima del terrorismo.

Zapatero
Un talante perverso e irresponsable
José T. Raga Libertad Digital 12 Marzo 2011

Parece que, por lo que se percibe en estos últimos días, los del poder, los de la arrogancia y la presunción están más nerviosos que de ordinario, porque ¡oh perspicacia! han creído detectar un descontento generalizado en la población, que llega en muchos casos a la crispación y al insulto. Esos signos, aunque nunca disculparé los insultos, están produciendo tensiones y discusiones más agrias de lo habitual en el seno del propio partido en el Gobierno.

Que al menos, por fin, se hayan enterado de que la situación general y los discursos apologéticos del Gobierno y sus comparsas, están haciendo mella en la vida de los ciudadanos españoles, es digno de la máxima consideración. A estas alturas, lo del talante y lo del diálogo no se lo cree nadie, reduciéndose todo a una indolencia en la toma de decisiones que mina la economía de la nación, generando la desesperación en millones de afectados directamente por el desempleo y en sus familias que lo padecen de manera muy cercana.

Lo falso del diálogo, además, es que ni siquiera dialogan entre ellos; la sarta de contradicciones entre los ministros del Gobierno, y entre estos y el señor presidente es una buena muestra de falta de comunicación. Cuando un vicepresidente y algún ministro lanzan una apología al ahorro, desde otro Ministerio, el de Economía, su secretario de Estado, de forma inmediata, pontifica acerca de la riqueza de los españoles y de lo perjudicial que, para la economía de la nación, tiene el excesivo ahorro, instando por ello a consumir más, a gastar sin miramientos, responsabilizando a quienes no lo hagan de la atrofia de nuestra economía, pues, sin demanda no puede reavivarse la producción.

En fin, todo un despropósito gubernamental; como para mantener la proclama de un talante abierto, materializado en un permanente diálogo. Lo que sí que es cierto es que la ideología del diálogo proclamada por ZP es el refugio en el que se encierra cuando su indolencia enfermiza, o su pereza congénita, le aconsejan no tomar una decisión que es necesaria para un mejor desenvolvimiento de la vida económica, política y social.

Un buen ejemplo de esto que acabo de decir, es el enmohecido diálogo social en torno a una negociación colectiva, recubierta hoy de herrumbre, estéril, y perversa por sí misma para el crecimiento económico y para la generación de empleo; ese empleo que están esperando cinco millones de españoles y que les ha llevado a la desesperación y a la reclusión en un espacio sin horizonte creíble.

Los españoles, o al menos este español y alguno más del que tengo constancia, estamos hartos. Estamos hartos de usted señor presidente y de su Gobierno, por la irresponsabilidad que muestran a la hora de tomar decisiones, aunque estas sean impopulares, en un momento dramático en el que nadie, con un mínimo de conciencia pública, pensaría en la popularidad. Estamos hartos de los sindicatos, al menos de los que se sientan en la mesa de la negociación, pues la defensa de su feudo está llevando a los españoles por una deriva que bien podría haberse evitado. Estamos hartos también de los otros negociadores, de las centrales empresariales que no se sabe muy bien por quién negocian, además de por sus propios y privativos intereses.

Mientras tanto, una economía en recesión prolongada, con un nivel de paro que afecta a más de un veinte por ciento de la población activa y es causa de preocupación para más del ochenta por ciento de los españoles. Por ello, estamos hartos sobre todo de ustedes, que fueron elegidos para gobernar, es decir para tomar decisiones en pro del bien común de todos los españoles y no para esperar el advenimiento de una decisión emanada de unos negociadores que nunca fueron elegidos por el pueblo soberano, aunque llamado a sufrir bajo este Gobierno.

Estos negociadores, en contraste con lo que vive la nación, están bien alimentados, viven confortablemente gozando de las aportaciones indebidas que les hace el presupuesto del Estado, además de las de su propio patrimonio y renta, por ello se explica su dilación en la búsqueda de soluciones; para ellos se trata de un proceso burocrático y tedioso que, como tal, tiene un desarrollo complejo y un final en el que no cabe la premura. Pero los parados están ahí, y la imagen de España y su solvencia destrozadas por una irresponsable gestión.

Señor presidente, si usted quería ser fiel a su ideología del talante, hubiera bastado con abrir una consulta de un par de meses, como mucho, para que le dieran su opinión, pero llevamos años de indefinición en los que, su indecisión y falta de fortaleza para ejercer la responsabilidad que le fue confiada en su investidura, ha generado desconfianza, paralización y caos económico. ¡Tome decisiones, que para eso está y para eso le pagamos! No se escude en el recurso a un diálogo que se ha demostrado estéril y que causa daños, posiblemente irreparables, a la economía española y, sobre todo, a muchos millones de españoles.

No hable más de reformas que no existen, ni distraiga la atención de los graves problemas que nos aquejan mediante pegatinas o cambios de bombillas. España necesita luz, pero no la que pueda proceder de esas bombillas. Hacen falta ideas y políticas y sobran contradicciones y artificios de estrategas de la disuasión. Los problemas no se arreglan cuando se esconden o se orillan, sino cuando se afrontan, pero para eso hace falta una valentía, de la que me temo que usted carece. Por eso no es de extrañar el juicio que le merecemos a Moody’s y otras agencias.

Decida si está dispuesto a hacer ese camino, el del compromiso y el del coraje para decidir lo que necesita el pueblo español y España como nación. Sólo usted puede pensar en ello y, aunque excepcionalmente, debe hacerlo con honestidad, mirándose a su interior; en algún momento escucho a alguna hija suya, no sé si es momento de hacerlo también ahora. Pero tome una decisión; los españoles lo necesitan. Y, si no está dispuesto a moverse por ese camino, por el bien de todos, incluso del suyo, ¡márchese!, ¡convoque elecciones! mejor antes que después, no vaya a ser demasiado tarde.

Un atentado de los servicios secretos
Luis del Pino Libertad Digital 12 Marzo 2011

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 12/3/2011

¿Creen ustedes posible que los servicios de inteligencia de un país organicen un falso atentado de Al Qaeda en su propio suelo, por motivos económicos o políticos?

¿Creen ustedes que puede haber alguien tan canalla en los servicios de inteligencia de un país como para ordenar asesinar a una serie de personas por motivos espurios y utilizar a Al Qaeda para encubrir ese asesinato?

Pues permítanme que les cuente una historia de horror. El 8 de mayo de 2002, un hombre detuvo su coche al lado de un autobús que estaba aparcado a las puertas del Hotel Sheraton, en la ciudad de Karachi (Pakistán), e hizo detonar el vehículo. Además del terrorista suicida, murieron otros 2 pakistaníes y 11 ingenieros franceses que estaban trabajando en la construcción de unos submarinos para la armada pakistaní. En total, 14 muertos y más de 40 heridos.

El atentado fue inmediatamente atribuido a Al Qaeda. El portavoz del Gobierno pakistaní resaltó que aquel atentado representaba un salto cualitativo en Pakistán, por cuanto era la primera vez que se utilizaban terroristas suicidas. Trescientas personas vinculadas a movimientos islamistas fueron interrogadas.

Cuatro meses después de la masacre, la policía pakistaní arrestaba a 7 presuntos implicados en al atentado, entre ellos al supuesto autor intelectual. Al año siguiente, en 2003, dos de los islamistas eran condenados a muerte por el atentado de Karachi.

Cinco años más tarde, en 2007, el juez francés Marc Trevidic abrió una investigación en Francia sobre aquella masacre. Y empezaron a aflorar datos que apuntaban a que quizá las cosas no fueran como el gobierno pakistaní había contado. La revista francesa Le Point, por ejemplo, reveló que un informe de un agente de los servicios secretos franceses, elaborado poco después de la masacre, ya apuntaba a que aquel atentado tenía, en realidad, motivaciones financieras.

En 2009, los dos islamistas condenados a muerte por el atentado de Karachi fueron absueltos por un tribunal de segunda instancia.

Y en Francia, las investigaciones de los jueces terminaron descubriendo que aquel supuesto atentado de Al Qaeda había sido en realidad organizado por los servicios secretos pakistaníes, como represalia contra Francia por no pagar la comisión de 33 millones de euros acordada por la venta a Pakistán de una serie de submarinos.

En 1994, siendo presidente de Francia el socialista Francois Miterrand, nuestro país vecino le vendió a Pakistán varios submarinos por un importe total de más de 800 millones de euros, acordándose el pago de una comisión del 4% sobre el importe de la venta. Cuando llegó Chirac a la presidencia francesa en 1996, ordenó una investigación reservada sobre el tema, como resultado de la cual, se congelaron en el año 2001 los pagos de las comisiones pactadas. Al año siguiente, once de los ingenieros franceses que trabajaban en la construcción de los submarinos eran asesinados en ese atentado de Karachi, falsamente atribuido a Al Qaeda.

En febrero de 2010, un juez parisino abrió una investigación, a petición de las familias de las víctimas francesas, para conocer el destino de aquellas comisiones. En agosto, esas familias iniciaron un proceso civil por falso testimonio contra el administrador de una de las sociedades implicadas en esos pagos. Y en noviembre de este año pasado, las familias anunciaron que iban a interponer una querella por homicidio involuntario contra los políticos franceses que decidieron dejar de pagar aquellas comisiones - Jacques Chirac y Dominique de Villepin - dado que ese impago de las comisiones es el que condujo al atentado de Karachi.

Así pues, volvamos al principio del editorial y formulemos de nuevo las preguntas. ¿Es posible que los servicios de inteligencia de un país organicen un falso atentado de Al Qaeda en su propio suelo, por motivos económicos o políticos? Pues sí, si es posible. Eso es, exactamente, lo que sucedió en Karachi en el año 2002, según las investigaciones de la Justicia francesa.

¿Puede haber alguien tan canalla en los servicios de inteligencia de un país como para ordenar asesinar a una serie de personas por motivos espurios y utilizar a Al Qaeda para encubrir ese asesinato? Pues sí que lo hay: hay gente tan canalla como para ordenar, por ejemplo, que se organice un falso atentado de Al Qaeda contra ingenieros franceses en Karachi, en represalia por el impago de unos cuantos millones de euros en comisiones.

Pero no se preocupen ustedes. Esas cosas sólo ocurren en lugares como Pakistán. España es un país democrático, civilizado y moderno, así que aquí nadie sería tan canalla como para organizar un falso atentado de Al Qaeda en suelo español por motivos económicos o políticos.

P.S.: Gracias a D. Carlos Ruiz Miguel, que fue el primero en hacerse eco, en su blog "Desde el Atlántico", de este terrible episodio, desvelado por la Justicia francesa.

Revueltas árabes: un enfoque de seguridad
Marcos Díaz* El Confidencial 12 Marzo 2011

El derrocamiento pacífico del dictador tunecino Ben Alí ha producido una suerte de sismo revolucionario que se expande progresivamente a lo largo y ancho de Oriente Próximo. Egipto, Líbano, Yemen, Jordania, Marruecos, Argelia, Mauritania, Siria, Irán, Arabia Saudí, Baréin y Libia se han visto afectados en mayor o menor grado por esta onda de choque cuyo motor es, posiblemente, la fatal combinación de una alta tasa de desempleo (entre el 10 y el 35%) y las fuertes restricciones ejercidas por los gobiernos implicados en cuestiones de libertad civil.

Esta situación está provocando profundas -y en cierto modo impredecibles- convulsiones en el status quo internacional (principalmente manifiestas en las relaciones entre Occidente y los países musulmanes) al tiempo que afecta notablemente al conjunto de los intereses exteriores occidentales y la seguridad en las áreas del Mediterráneo, Norte de África y Oriente Medio.

Este proceso revolucionario en los países árabes tiene un singular efecto sobre las economías occidentales, producido esencialmente por dos factores de sobra conocidos e íntimamente relacionados: la dependencia energética y la incipiente recuperación económica.

A la previsible disminución de la oferta de combustibles fósiles (tanto petróleo como gas natural) debido a la inestabilidad en la zona, se suma una potencial amenaza al tráfico de ambas materias primas a través de la costa africana del mar Mediterráneo, el canal de Suez y el Mar Rojo, así como diversos riesgos sobre la integridad de las canalizaciones que comunican las reservas africanas y asiáticas con los voraces sistemas productivos occidentales.

Se debe remarcar que, a su vez, la inestabilidad en el área del Mediterráneo sur-oriental puede dar al traste con buena parte de la estrategia energética de la Unión Europea en vista del presumible incremento de la dependencia del viejo continente con respecto a las importaciones de energía primaria de origen ruso.

La consecuencia inmediata de una subida de los precios del petróleo y del gas es, como ya se señalaba, un grave compromiso a la recién estrenada recuperación económica. En este sentido, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal estadounidense, señalaba recientemente que una variación al alza del precio del petróleo a medio plazo podría aumentar la presión inflacionista, y por tanto desencadenar una revisión alcista de los tipos de interés, medida que no sólo afectaría a la economía estadounidense sino que también podría involucrar acciones parejas por parte del BCE.

Lo que resulta más alarmante es que nuestro país, nuestro servicio de acción exterior (entendido en un sentido amplio) no se haya percatado con anticipación de lo que se gestaba en una región de la que formamos parte integral, mucho más que cualquiera de nuestros socios y aliados

Respecto al conjunto de países occidentales, de igual modo se debería tener presente la inversión indirecta en la que se podría incurrir en cuestiones de seguridad, cooperación y desarrollo a medio y largo plazo y los efectos derivados sobre la recuperación si se pretende lograr una estabilización de la zona e impulsar los procesos de transición democrática en los países afectados por las revueltas.

El caso español
En el caso español, las importaciones de petróleo y gas provenientes de los países afectados se sitúan en torno al 40% y 50% del total respectivamente (según los últimos datos del libro de la energía del Ministerio de Industria), lo que nos eleva al séptimo lugar en el ranking de países más dependientes de la UE en cuestiones energéticas. Asimismo, nuestra economía presentaría una mayor vulnerabilidad ante la situación debido a las -más que- modestas previsiones de crecimiento para el presente ejercicio, al tiempo que nuestra capacidad de influencia se reduce con motivo de la erosión del liderazgo e imagen exterior del gobierno en los últimos tiempos.

A las cuestiones económicas que se acaban de revisar hay que añadir una aproximación integral desde la vertiente política, incluyendo un examen del caso a partir de las perspectivas del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, la cooperación y la ayuda al desarrollo, y los asuntos migratorios.

Desde el punto de vista político, el mundo occidental ha optado claramente por respaldar las reivindicaciones sociales de la ciudadanía de los países afectados, apostando por favorecer una paulatina democratización del mundo islámico. Sin embargo, se debe señalar que este compromiso adquirido libremente obliga a los actores occidentales, especialmente a la Unión Europea por ser un actor cercano, a tutelar de manera efectiva este proceso de transformación.

En este sentido, existe un restricción que previene a los actores occidentales de optar por una intervención militar o económica de carácter punitivo contra aquellos países que decidan seguir un programa propio de transición que resulte incómodo a las autoridades políticas mundiales, salvo que éstos representen un peligro o amenaza real a terceros países o impliquen una violación efectiva de los Derechos Humanos, de acuerdo con la legalidad internacional (concretamente los principios de no injerencia y autodeterminación). Estas restricciones significan que las estrategias de las potencias democráticas para la región han de sustentarse en procedimientos típicos de la cooperación y ayuda al desarrollo. En último término, por tanto, cabe plantearse si la comunidad internacional ha desarrollado sinergias suficientes como para desarrollar y financiar un plan a gran escala que se adapte a la situación actual del escenario.

Otra de las variables a tener en cuenta es el del impacto que puede producir este macroproceso político en la presión migratoria. A corto plazo, y dadas las circunstancias, podría producirse un desplazamiento masivo de refugiados tanto hacia los países del entorno como hacia Europa, mientras que a medio y largo plazo podrían darse grandes éxodos de población en función del grado de consecución de mejoras sociales que se alcance en cada país, sobre todo si la tendencia de cambio deriva hacia posiciones islamistas más extremas.

España, a ciegas
Podría existir un cierto interés por parte de ciertas potencias en crear una tendencia inestable a medio y largo plazo en la esfera internacional, que ha resultado y sigue resultando contraproducente para los intereses exteriores occidentales

Desde la perspectiva de la Defensa, el proceso revolucionario en los países musulmanes pone sobre la mesa cuestiones de máxima relevancia. En primer lugar resalta el completo fallo en los sistemas de información públicos y privados para la monitorización efectiva del estado de la región, tanto en los momentos previos al sismo como durante su desarrollo.

Occidente en general, y España en particular, se ha quedado ciego ante los hechos. Para nuestra fortuna la compañía mediática árabe Al Jazeera ha publicado la mayor parte de la información que ha producido bajo licencias de libre distribución, lo que ha permitido que poco a poco las noticias fueran distribuidas por los medios occidentales.

Lo que resulta más alarmante es que nuestro país, nuestro servicio de acción exterior (entendido en un sentido amplio) no se haya percatado con anticipación de lo que se gestaba en una región de la que formamos parte integral, mucho más que cualquiera de nuestros socios y aliados. Con una situación geográfica que dista escasos kilómetros de uno de los países afectados, junto con las dependencias energéticas que se han citado con anterioridad y la fragilidad de nuestra economía, el fracaso de los distintos servicios públicos no tiene otra calificación que catastrófico. Cabe señalar que, visto el interés, planificación y capacidad de anticipación en cuestiones relativas a nuestro entorno geoestratégico más inmediato, la acción de nuestro Gobierno ha sido visiblemente irresponsable, lo que ha terminado por comprometer gravemente nuestros intereses nacionales. Dicho esto, pasemos a revisar los diferentes niveles de seguridad afectados por la presente crisis.

En el nivel perceptivo inmediato se encuentran aquellos países que por sus características particulares han entrado en un proceso violento de transformación. El caso más representativo es Libia. El rechazo de Gadafi a abandonar el poder a pesar de las revueltas populares ha derivado en enfrentamientos cada vez más violentos entre opositores y partidarios del dictador, al que se acusa de utilizar al ejército junto con tropas mercenarias para reprimir a la sociedad civil. Los bombardeos y ataques armados contra supuestas posiciones rebeldes pueden constituir un posible caso de violación de Derechos Humanos, según determine la correspondiente investigación por parte del Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Este caso supone una de las excepciones al uso de la fuerza por parte de terceros estados contempladas por la legalidad internacional, con lo que el embargo armamentístico y la batería de sanciones económicas impuestas al régimen serían legítimas desde el punto de vista del Derecho. Además la excepción también sancionaría medidas punitivas más severas como la propuesta de imponer una zona de exclusión aérea lanzada por la OTAN recientemente.

No obstante, la iniciativa de la zona de exclusión presenta algunas dificultades añadidas. La primera de ellas deriva del artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual es el Consejo de Seguridad el que debe decidir si la situación presenta una amenaza o quebrantamiento de la paz o la seguridad internacional y qué medidas se han de tomar para reconducir la situación.

Las consecuencias de intervenir en Libia
En este contexto se puede esperar que los tres miembros occidentales del Consejo (Estados Unidos, Francia y Reino Unido) voten a favor de la iniciativa de imponer una zona de exclusión aérea, mientras que China previsiblemente se abstendría si se tiene en cuenta el despliegue de una fragata y cuatro aviones de transporte militar el pasado día tres de marzo. Sin embargo, se debe tener en cuenta la posibilidad del veto ruso si este país decide prolongar el caos en la región para potenciar sus exportaciones de gas y petróleo e incrementar así su influencia sobre Europa a pesar de su voto favorable a las sanciones el pasado 26 de febrero.

El segundo problema surgiría en el seno de la Alianza Atlántica y tendría dos ejes principales. El primero, de tipo diplomático, se centraría en torno a las contribuciones que deberían realizar los estados miembros, mientras que el segundo eje sería de tipo estrictamente militar: la selección de objetivos (aeródromos, instalaciones militares y depósitos, estaciones de rádar y defensas antiaéreas …) y la eficacia final de la misión teniendo en cuenta la reacción del régimen libio (trasladar el personal y material militar a los núcleos urbanos o confrontar directamente las fuerzas de la Alianza).

Finalmente, se deben estudiar las consecuencias de la imposición de una zona de exclusión aérea. Arguyendo que tal misión resultara en un éxito para las tropas de la OTAN, se debe indicar que éste se restringiría a la destrucción de la superioridad aérea de los sectores leales al régimen, y no se traduciría necesariamente en una desintegración de las estructuras en las que se apoya el tirano. Por el contrario, la falta de superioridad aérea podría significar el estallido de una suerte de conflicto interno caracterizado principalmente por combates terrestres, lo que explicaría la tentativa estadounidense de proporcionar armamento a los rebeldes.

En un nivel de seguridad de mayor complejidad quedarían enmarcadas las cuestiones de estabilidad intrarregional. En primer lugar, una transformación acelerada en el área de Oriente Próximo (Egipto, Líbano, Jordania, Siria e Irán) podría ser la mecha para una eventual reactivación del conflicto árabe-israelí, y de forma similar, ser causa de tensiones en el área del Magreb.

También en lo relativo a la estabilidad intrarregional se debe tener en cuenta que un proceso de transición descontrolado en cualquiera de los países afectados podría recalentar el clima social y espolear el crecimiento de las tensiones interreligiosas. Adicionalmente se debe recalcar que existen posibilidades de repetición del modelo revolucionario iraní o de un potencial empoderamiento de las facciones islámicas más radicales y el crecimiento de la amenaza terrorista expresada en términos de la yihad global.

Como apunte final de este análisis, preocupa que por el fracaso de las estrategias blandas occidentales, el estado de la región desemboque en un fatídico clima de tensión interregional entre las secciones noroccidentales y surorientales del Mediterráneo.

Esta posibilidad se debe estudiar si se tiene en cuenta que podría existir un cierto interés por parte de ciertas potencias en crear una tendencia inestable a medio y largo plazo en la esfera internacional, que ha resultado y sigue resultando contraproducente para los intereses exteriores occidentales.

Si bien se ha mencionado que el curso de acción más favorable para el conjunto de naciones democráticas ha de basarse en la cooperación al desarrollo y el respaldo político al proceso democratizador, es inevitable lanzar sobre la opinión pública la cuestión de si, en realidad, estamos preparados para reaccionar ante una respuesta hostil generalizada. Es decir, plantear si la comunidad internacional ha desarrollado sinergias suficientes como para desarrollar y financiar un plan a gran escala que se adapte a una situación esta vez marcada por la aparición de riesgos graves y amenazas sustanciales.

*Marcos Díaz es experto en relaciones internacionales.

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Cerco al español
Editoriales ABC 12 Marzo 2011

La Generalitat catalana continuó durante 2010 su persecución contra los comerciantes que eligen el idioma español para rotular sus establecimientos. Más de ochocientas sanciones es el balance anual de una política que conculca los derechos constitucionales y que vuelve a revelar —a través de cifras que obligan a la reflexión— el totalitarismo nacionalista impuesto desde el Gobierno regional para desterrar el castellano de la vida pública. Ni una sola multa por expresarse en el idioma de todos puede ser amparada en un sistema cuyos pilares democráticos ceden cuando se atenta, de forma recurrente y organizada, contra un derecho fundamental.

Cerco implacable
EDITORIAL El Correo 12 Marzo 2011

La detención en el norte de Francia de quienes son considerados los responsables militar y logístico de ETA -Zobaran y Oroz- junto a otros dos supuestos miembros de la banda se sumó anteayer a la desarticulación del comando etarra denominado 'Otazua', que habría protagonizado la mayor parte de sus atentados durante los dos últimos años. El señalamiento de uno de los detenidos en la localidad de Willencourt como autor de la muerte del policía Jean-Serge Nérin en marzo de 2010 confiere además a la actuación de las fuerzas de seguridad francesas una trascendencia singular en el país vecino.

Este séptimo descabezamiento de la cúpula operativa terrorista en algo más de dos años y las circunstancias en las que se ha producido reflejan la extrema debilidad de ETA. Afortunadamente esta vez no se han escuchado voces democráticas reclamando o sugiriendo que mientras se mantenga el alto el fuego etarra se eviten las detenciones.

Tanto la desarticulación del comando como el arresto de la cúpula operativa de la trama terrorista han demostrado que las actuaciones criminales llevadas a cabo en los meses anteriores al anuncio de tregua en ningún caso caerán en el olvido de la impunidad ambiental que en ocasiones se reclama. Es más, el anunciado cese general de acciones violentas tampoco está siendo óbice para que las fuerzas de seguridad perseveren en acabar con las estructuras etarras. La recurrente frase que las autoridades políticas han utilizado tras cada atentado, advirtiendo de que sus autores serían detenidos y puestos a disposición de la Justicia, se está haciendo realidad de manera implacable. Tanto que habiéndose desbaratado hace tiempo el supuesto de que la derrota de ETA era imposible, ahora se abre paso la perspectiva de su posible liquidación policial. Se trata de una eventualidad que la izquierda abertzale nunca había contemplado, y que parecía también descartada en el cálculo estratégico de las formaciones democráticas. La banda terrorista constituye un riesgo cierto para la integridad y la seguridad de miles de ciudadanos. Pero el Estado de Derecho no podía emitir un mensaje más elocuente sobre su ineludible derrota que el de estas últimas detenciones, que facilitan a la nueva izquierda abertzale liberarse de su propio pasado.

Entre dos mundos
La nueva doctrina del Gobierno, señalando que la legalización de Sortu depende de la desaparición de ETA, adquiere sentido con las detenciones
KEPA AULESTIA El Correo 12 Marzo 2011

El último comunicado remitido por los promotores de Sortu permitía diversas interpretaciones. Pero lo significativo es que mientras la mayoría de medios destacó su rechazo al plan de atentar contra el lehendakari López, los más afines a la izquierda abertzale subrayaron la parte más continuista y reivindicativa del mensaje. La nota hecha pública en nombre de Sortu zigzagueaba entre las respuestas que ofrecía a los requerimientos de la sociedad y del Estado de Derecho y las que iban dirigidas a las bases de la izquierda abertzale para contener los recelos de los más radicales. También por eso le era imposible contentar a los dos mundos hacia los que miran los promotores de Sortu para anclar el «punto de inflexión en la trayectoria de la izquierda abertzale».

Como hizo notar el fiscal Zaragoza, resultaba chocante que rechazasen el atentado que no se cometió contra el lehendakari y no dijesen nada de los dos asesinatos que se les atribuye a los integrantes del comando Otazua. Hasta la bien recibida indicación de que la paz no tiene condiciones se contradice con esas otras condiciones que acostumbra a exponer la izquierda abertzale al dibujar el «escenario de paz». Por ejemplo, cuando advierte de que «la paz es algo más que el fin de la violencia» y rehúsa dar la vuelta al argumento hasta admitir que lo que anhela la inmensa mayoría de la sociedad es sencillamente el fin de la violencia. La izquierda abertzale parece haber entendido que necesita lograr más credibilidad ante los tribunales para volver a la legalidad, pero todavía no se ha percatado de que necesita prestar mucha más atención a lo que le requiere la sociedad en su conjunto.

La declaración de Sortu no colma las exigencias democráticas, en tanto que está repleta de contradicciones. La pregunta que surge es si, a cambio, satisface a las bases de la izquierda abertzale neutralizando la influencia de los esquivos, de los más extremistas y de la propia ETA, y garantizar así su paulatino desarme. Para ello, los patrocinadores del cambio en la izquierda abertzale cuentan con dos recursos connaturales a su propia trayectoria: la ineludible reivindicación de ésta y la reserva mental con que han de cuidarse para no traicionar a los suyos. Reserva que el portavoz Moreno convirtió ayer en un doble juego insultante para el resto de la sociedad. Porque a estas alturas ni siquiera Otegi sería capaz de embaucar a las bases del MLNV en la creencia de que el desistimiento es la expresión más sublime de la victoria alcanzada tras tantos años de lucha.

Los promotores de Sortu llegaron en su último comunicado a afirmar que «lo estratégico y sustancial es el rechazo a la violencia». Pero toda condena por parte de la izquierda abertzale del terrorismo practicado en el pasado se sumaría como carga moral a la pena que cumplieron, cumplen o tendrán que cumplir quienes perpetraron los atentados. Algo que descuadernaría a la propia izquierda abertzale, puesto que le sería imposible asumir colectivamente semejante carga frente a los penados que consideran haberlo sido por su condición de integrantes de ese mismo colectivo.

La reserva mental solidaria persigue, instintivamente, evitar que ese mundo se escinda para que pueda capitalizar su historia pasada en un futuro legal. Dado que la escisión no es una hipótesis a descartar. Aunque es muy improbable que vaya más allá de un movimiento de resistencia a la mutación, de incomodidad ante una situación desconocida, de sublimación de una autenticidad incapaz de cuajar en una propuesta política organizada y alternativa.

Los presuntos miembros del supuesto comando Otazua debieron vivir este alto el fuego de ETA con la perplejidad de quien teme ser detenido y encausado por asesinato precisamente cuando todo puede haberse acabado. Posiblemente la misma perplejidad que trataban de sacudirse, en su condición de jefes operativos, los detenidos anteayer en una casa rural en los límites de Francia con Bélgica. Parece más pertinente que nunca preguntarse si de verdad existe ETA. Si esas siglas representan una entidad jerarquizada, con una voluntad concreta y una intención determinada; o si más bien se trata de una existencia inercial que se situaría en los márgenes de la propia izquierda abertzale, con una autoridad residual y subsidiaria de un pasado común más que de un porvenir compartible.

La nueva doctrina expuesta por el Gobierno de Zapatero al señalar que la legalización de Sortu se verá impedida mientras exista ETA adquiere sentido con las detenciones. Porque la amenaza etarra persiste, pero no está claro que esté respaldada por una voluntad organizada y consistente. Es lo que explica la confiada comparecencia de Etxeberria e Iruin el 7 de febrero anunciando la constitución de Sortu.

Solo que si la izquierda abertzale no puede cargar sobre sus espaldas la condena de su propia trayectoria, se verá obligada a certificar el final 'de facto' de ETA, no ya como sigla autorizada para hablar en su nombre y en el de los herederos de Batasuna, sino incluso como organización capaz de imponerse sobre la agenda de quienes le prestaban cobertura. Proclamas aparte, la «nueva fase» anunciada por la izquierda abertzale se limita a que demuestre que se trata de «un nuevo proyecto político» y pueda regresar a la legalidad.


Recauda desde 2003 más de 900.000 euros en multas por rotular en castellano / Sólo en 2010 ingresó 182.525 euros por 205 sanciones
La Generalitat hace caja con el catalán
Las elecciones del 16 de noviembre de 2003 supusieron la entrada del primer gobierno tripartito. Entonces, PSC, ERC e ICV comenzaron a aplicar la Ley de Política Lingüística aprobada por CiU en 1998 y que establece sanciones para los comercios que no rotulan en catalán.
Manuel Nevot es propietario de una inmobiliaria que fue multado por rotular en español en su negocio privado
Barcelona - Efe La Razón 12 Marzo 2011

Pujol no puso sanciones, pero todo cambió para los empresarios en 2003. Aquel año, la Generalitat recaudó 1.200 euros por dos multas lingüísticas. Fue sólo el inicio.

Los años siguientes las sanciones fueron en aumento y, desde 2003, la Generalitat ha recaudado 901.450 euros por sancionar a empresarios como Manuel Nevot, propietario de una inmobiliaria de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional después de que un juzgado barcelonés le diera la razón a la Generalitat tras ser multado con 800 euros por no rotular en castellano en su negocio.

El PP, que había presentado una pregunta parlamentaria para conocer las sanciones impuestas el pasado año –205, con las que el Govern recaudó 182.525 euros–, denunció ayer «la vergüenza democrática que suponen las multas lingüísticas». El diputado y secretario general del PP catalán, Jordi Cornet, argumentó que «el PSC ha sido el principal instigador de las multas lingüísticas, que ascienden a 900.000 euros durante su mandato, por mucho que ahora, a dos meses de unas elecciones, renieguen de sus propias políticas».

Los populares recopilan las sanciones lingüísticas de 2004 a 2010 –un total de 811, por valor de 900.250 euros a las que hay que sumar las dos de 2003- para advertir de que los socialistas «son los responsables de que las multas lingüísticas se hayan multiplicado exponencialmente en los últimos siete años».

Cornet consideró que «no es normal que tengamos que recordar constantemente que en Cataluña tenemos dos lenguas oficiales y que los catalanes tenemos el derecho a expresarnos tanto en catalán como en castellano». Por eso, reclamó al Govern de CiU que aparque las multas lingüísticas «por ser un sinsentido, por ser discriminatorio y por no respetar la libertad de las personas».

No obstante, hay personajes como Santiago Espot que se vanaglorian de hacer de «policías lingüísticos» y avisar a la Generalitat de los negocios que incumplen la ley. Espot se presenta el domingo a las primarias de Solidaritat Catalana per la Independencia para ser alcaldable por Barcelona.

Cataluña
La Generalitat deja a los colegios sin dinero para pagar la luz
Los recortes han obligado a algunos institutos a devolver recibos por falta de recursos
JANOT GUIL / BARCELONA ABC 12 Marzo 2011

El gobierno catalán sigue aplicando «tijeretazos» en todos los apartados de la administración para intentar subsanar sus deficitarias arcas. A la espera de concretar cifras en los nuevos presupuestos que se presentarán en junio —se sigue a día de hoy con los de 2010 prorrogados—, la Generalitat que lidera Artur Mas (CiU) ya avanzó que el recorte general será de un 10 por ciento, de media. Y ni tan siquiera se salvan ámbitos tan sensibles como el de la Educación, o la Sanidad, se salvan.

El mes pasado, el Departamento de Educación envió una carta a todos los directores de centros educativos en la que les advertía de que trabajaran «con la previsión» de que el recorte presupuestario para este año en curso sería del 20 por ciento de media respecto a 2010, hasta nuevo aviso en junio, cuando se conozcan definitivamente los presupuestos. Un recorte que afectaría a a gastos corrientes y que sería del 20% de media, ya que oscilaría entre un 15 y un 30%, según qué ccentros

«No es un recorte, sino una advertencia para que no se embarquen en proyectos ambiciosos, o tiren de remanente de tesorería», señalaban ayer fuentes de la Consejería de Educación. Aunque nadie lo asegura de manera oficial, a los directores de centros, que hace dos días se reunieron con Educación, se les ha dado a entender que al final de este año acabarán recibiendo, al menos, lo mismo que en 2010. Los centros reciben su asignación en varios plazos a lo largo del año y el primer anticipo suele ser entre febrero y marzo. El de este año aún no se ha recibido, lo que, unido al «consejo» de contar con una previsión a la baja del presupuesto, ha sembrado las dudas... y algunas supuestas deudas.

Ya el pasado mes, varios directores de institutos de la comarca del Bajo Llobregat (Barcelona) advirtieron por carta a Educación que no podrían pagar sus recibos de agua, gas y electricidad de marzo. Por su parte, los responsables de un instituto de Manresa (Barcelona), el Pius Font i Quer, han denunciado a la Prensa que han tenido que devolver los últimos recibos de luz y de gas por no poder pagarlos y que ya tuvieron que pedir dinero a la asociación de padres para abonar los de enero y febrero.

Desde la Consejería, sin embargo, niegan la mayor. La propia consejera, Irene Rigau, declaró ayer que los problemas de liquidez del citado instituto son achacables estrictamente a la mala gestión de su equipo directivo. En este sentido, fuentes de su Departamento señalaron que «si ya en enero este instituto tenía problemas para pagar, y se sabe de cada año que la Generalitat no adelanta el primer plazo de su asignación hasta febrero o marzo, es que no ellos no se gestionan bien».

Desde Educación se afirma que a día de hoy no les consta que ningún otro instituto no vaya a poder cubrir sus próximos gastos.


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