AGLI

Recortes de Prensa   Martes 29 Marzo 2011

 

El cartero del bar Faisán
El caso Faisán es una factura perdida del «proceso de paz» que la justicia ha dejado en el vestíbulo del poder
IGNACIO CAMACHO ABC 29 Marzo 2011

EL cartero de la política siempre llama dos veces a la misma puerta. Hay momentos en los que da la impresión de pasar de largo con las facturas del ejercicio del poder pero luego acaba llamando de nuevo para entregarlas a su destinatario. El sumario del bar Faisán es un envío postal perdido que la justicia ha depositado en el vestíbulo de La Moncloa con acuse de recibo; en su interior va la minuta del proceso de negociación con ETA que Zapatero y Rubalcaba habían dejado sin pagar en la primera legislatura.

El diálogo con los terroristas vascos fue el proyecto clave del anterior mandato zapaterista. El presidente salió indemne del fracaso de su apuesta porque la sociedad entendió que estaba decidido a rectificar y le otorgó una amnistía política. Sin embargo, en esos años ocurrieron cosas infames de las que ningún Gobierno se puede ir de rositas, y el chivatazo del Faisán representa el epítome de esos episodios de indignidad. Su explosión judicial puede reventar en plena cuenta atrás de la sucesión de Zapatero y será difícil que el principal candidato al relevo logre escapar de la onda expansiva. Aunque tal vez la cadena de mandos policiales sirva de cortafuegos en la delimitación penal de un delito execrable, unos hechos de esa índole ignominiosa exigen la depuración de responsabilidades en el plano moral y político. El asunto es muy desagradable, profundamente antipático, pero un Estado de Derecho no puede consentir que los representantes del orden público favorezcan por ninguna razón ni por ningún motivo la impunidad de los miembros de una banda armada.

Más allá del soplo a los extorsionadores de empresarios, los detalles conocidos de la negociación con ETA retratan a un Gobierno entregado, dispuesto a cualquier cosa para salvar su errático plan aventurerista. Es cierto que después rectificó pero lo hecho, hecho está, y además la rectificación no fue fruto de la convicción de un error sino del delirio de unos terroristas a los que se les antojaba escasa la humillación que les ofrecía un Estado democrático. Fueron ellos los que echaron por tierra el famoso proceso, en el que Zapatero llegó mucho más lejos de lo que aconsejaba la razón y dictaba la decencia: incluso a seguir hablando con la banda después del atentado de Barajas. Los preocupantes avatares de la crisis económica dejaron esa desgraciada peripecia en estado de aparente prescripción política, pero los posibles delitos que investiga la causa no han prescrito y además tienen la peligrosa propiedad de rescatar la memoria asociada de otras responsabilidades y compromisos.

Eso es lo que está ocurriendo con el caso Faisán, que vuelve del pasado como un fantasma con cuentas pendientes, y no sólo en el ámbito penal. En uno de los momentos más delicados de esta legislatura, Zapatero y su valido se enfrentan a un viscoso debate retroactivo con los más comprometedores demonios de su pretérito imperfecto.

Los nueve folios
José Antonio VERA La Razón 29 Marzo 2011

Los nueve folios secretos del sumario del «Faisán» deben contener cosas muy gordas para que un juez valiente y profesional como Pablo Ruz los tenga a buen recaudo para evitar que esta cuestión pase a ser tema central de la próxima campaña electoral. El problema es que, públicos o no, esos nueve folios confidenciales ya son objeto de todo tipo de especulaciones a la vista de la versión que los cabecillas de ETA han dado sobre las reuniones que mantuvieron con el Gobierno durante la pasada tregua. Nada nuevo en lo que se refiere al «chivatazo» a los terroristas para que no fueran capturados por la Policía, aunque repugna tanta justificación ante semejante cuadrilla de asesinos.

Lo peor es cuando se intuye que a fiscales serios y profesionalmente impecables como Fungairiño y Godillo, de los mejores que hemos tenido en la lucha contra la banda, se los pudo remover de sus cargos para contentar a la organización armada. Los que entonces decidían seguramente pensaban que el fin justifica los medios. O sea, que si se llegaba a un acuerdo negociado con ETA nadie se acordaría después de lo que hubo que hacer para lograrlo.

No calcularon quizás que podía no haber arreglo y entonces acabaría saliendo a la luz toda esta sucesión de despropósitos que abochornan y avergüenzan. Algo a lo que el ministerio del señor Rubalcaba debería dar una explicación.

El inquietante futuro de Cataluña
«La Constitución hay que concebirla como un todo. Lo contrario bien puede quedar en algo parecido a una Guía de Ferrocarriles»
MANUEL RAMÍREZ ABC 29 Marzo 2011

TENEMOS presente que, de entrada, habrá dos sectores, en Cataluña y fuera de ella, para quienes el título de estas líneas no ocasione ningún tipo de inquietud. En primer lugar, aquellos para quienes el citado futuro está bien claro: se está en el camino de la próxima obtención de la independencia. A fin de cuentas, al terminar el presidente Mas su discurso de toma de posesión y asomarse al balcón para saludar, las personas allí concentradas lo que hacían era gritar ¡independencia, independencia! A fin de cuentas, un sector de la opinión pública, sobre todo de jóvenes. Y, en segundo lugar, aquellos otros para quienes creen que se trata de mera campaña electoral y que todo se quedará en palabras que en nada se plasmarán. Por ello, para este segundo sector tampoco hay nada de inquietud: a la postre, no pasará nada.

Pero, a mi entender, tanto lo aparecido en la última campaña electoral, cuanto en posteriores declaraciones y discursos, sí arroja un cúmulo de factores que siembran dudas harto preocupantes. En el terreno puramente electoral, creo que puede mirarse de soslayo un resultado en el que el partido de Laporta, preconizando una consulta inmediata sobre la independencia, haya obtenido nada menos que cuatro escaños en el Parlamento catalán. Así. De inmediato y sin esperar más. Diga lo que diga el Estado central y la vigente Constitución. Y se retoma la para mí dudosa afirmación de que en nuestra democracia todo es posible y todo tiene cabida salvo el empleo de la violencia. Por supuesto, mi discrepancia al respecto, según se expondrá más adelante.

D Sin embargo, quizá resulten más preocupantes las afirmaciones del presidente Mas. Anuncia en su discurso de posesión su decidida intención de «construir la nación de Cataluña», mediante, tras la ruptura «entre Cataluña y el Estado», iniciar una «transición catalana» con base en el derecho a decidir. Y añade: «Si Cataluña es una nación, y lo será mientras los catalanes lo quieran, y no es simplemente una derivación o un subproducto constitucional, los catalanes tenemos el derecho democrático a decidir sobre lo que nos conviene como pueblo». En la frase asoma ya algo que se sabía: la desconsideración de lo constitucional, actitud no exclusiva del presidente Mas. Esta pretensión resulta especialmente inquietante por tres importantes razones. Ante todo, su carácter claramente anticonstitucional. El art. 2º de nuestra actual Ley de Leyes, aprobada en su día por todo el pueblo español, lo establece sin lugar a dudas: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Obsérvese que esa unidad indivisible es algo previo a la misma Constitución, dado que ésta «se fundamenta» en lo anterior a ella. En segundo lugar, esta afirmación o similar se encuentra ya en el primero de nuestros textos constitucionales y desde entonces se ha mantenido inalterable, pese a los cambios de régimen político de nuestra historia política. Nada menos que la Constitución de 1812 establece ya este principio en su art. 3º: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales». Al llegar a nuestro actual Estado de las Autonomías, se delegan competencias concretas, pero, como es lógico, nunca el principio de esa unidad de la Nación. Ningún órgano o parlamento autonómico, regional o local puede aprobar leyes ni acuerdos que vayan en detrimento de la unidad de la Nación soberana. Ya el mismo Bodino puso especial énfasis en el

carácter indivisible de la soberanía. Y, en tercer lugar, el supuesto básico de la unidad de la nación española se encuentra mucho antes de cualquier texto constitucional. Es una conquista histórica que nuestra patria hereda tras largos tiempos de Reconquista y mediante la unión que protagonizan los Reyes Católicos. Y ahora, una «transición catalana» para construir una nueva nación. ¿Alguien se puede imaginar que cualquier jefe de Gobierno del Estado, al tomar posesión dijera sin recato que venía a «construir la tercer República Española? Pues algo así es lo que hemos tenido que oír y sin que nadie diga nada, claro. El consuelo queda en el hecho de que en la misma Constitución se establecen los resortes para que no se pueda romper la indisoluble unidad de la Nación española, como única Nación.

Pero hay mucho más. En el acontecer de estos últimos meses, los hechos y no ya las palabras, siembran niveles mayores de inquietud. Pujol ataca frontalmente al Tribunal Constitucional. El desprestigio de esta instancia máxima aflora por doquier. ¡Hasta una multitudinaria manifestación «espontánea» grita contra la sentencia que dicho Tribunal logra aprobar sobre el nuevo Estatuto Catalán, negando la validez del término Nación para Cataluña! Da igual. No se le hace caso y en paz. Tampoco se cumplen las sentencias del Tribunal Supremo sobre materia educativa en Cataluña. El ahora presidente Mas hace caso omiso, junto al sorprendente aliado PSC, de la obligación de «introducir» el castellano en la Escuela. Y no conforme con ello, propone limitar las plazas de estudiantes no catalanes en las Facultades de Medicina mediante «pruebas adicionales», algo que rompe cualquier declaración de igualdad establecido también en la Constitución. Y esconden la inquietud cuando, con palabras, gritos y silbidos se recibe al Rey, quien es precisamente símbolo de la unidad del Estado (art. 56 de la Constitución), cuando aparecen agencias o embajadas de Cataluña en el extranjero, siendo la política exterior competencia estatal o, en fin y por cerrar de algún modo este triste repertorio, cuando ante cualquier acontecimiento con relieve informativo permanecen pancartas, por nadie molestadas, en las que se lee lo de que Cataluña «is not Spain» ¿Es que nada de todo esto produce algún grajo de inquietud? ¿Tampoco la quema de banderas de España ante la impasividad general? Un único punto para la esperanza: las declaraciones de Ciudadans hablando de lo peligroso del nacionalismo y rechazando el peligro de un nuevo Kosovo. O, desde algo más lejos, la rotunda afirmación de Vargas Llosa: «Los nacionalismos periféricos son una constante amenaza a la convivencia».

Llegados a este punto, puede surgir la duda, antes señalada, de si todos estos desatinos no están amparados por el art. 20 de la Constitución que reconoce la libertad de expresión. Mi respuesta es claramente negativa. Todos los derechos tienen un límite. Y, en el caso de este artículo, se establece como límite, entre otros y «especialmente», el derecho al honor de los demás. Por «lo demás», ¿no puede entenderse el resto de los españoles y de no pocos catalanes? Pero hay más. En el art. 9 es posible leer que «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Sí: todos los ciudadanos y mucho más aquellos en los que la condición de ciudadano se una con la de poder público. Y nuestro argumento bien puede rematarse con el hermoso comienzo del art. 30 (por lo demás heredado nada menos que del famoso deber de «amar a la patria» que establecía nuestra primera Constitución de 1812) en el que se dice que «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Y es que la Constitución hay que concebirla como un todo. Lo contrario bien puede quedar en algo parecido a una Guía de Ferrocarriles. ¿Solución? Ninguna, afirmaba Azaña durante la guerra civil, tras denunciar el escaso apoyo que Cataluña prestaba a la República de todos, y se tuviera el régimen que el país tuviera. Y, con algo de más optimismo, de «conllevar» había hablado Ortega cuando el 13 de mayo de 1932 toma la palabra en el debate sobre el Estatuto de Cataluña: hay dos posturas irreconciliables y por ello no cabe una solución total. Lo correcto es conllevar, acoplando el tema a las circunstancias de cada momento. Puede que el siempre maestro llevara razón. Pero si así fuera, lo que no es posible negar es el enorme grado de autonomía que la Comunidad autónoma de Cataluña posee en nuestros días. ¿Ampliable? Es posible. Pero, por supuesto, sin dañar al todo que es la Nación española, alejando cualquier asomo de inquietud.

MANUEL RAMÍREZ ES CATEDRÁTICO DE DERECHO POLÍTICO

Así nos ve
*Maite Nolla  www.gaceta.es 29 Marzo 2011

Abochorna comprobar el verdadero alcance de lo que Zapatero intentó y sigue intentando.

Zapatero nos ve así: como una sociedad estúpida, sin principios, capaz de tolerar cualquier ilegalidad, sin respeto por las instituciones y por su significado y feliz si nuestros gobernantes son felices o nos dicen que debemos serlo.

Porque solamente así se explica que en apenas dos años pusiera al Gobierno y al Estado, tanto en la parte que dependía de él, como en la que no –a la que no dudó en forzar– al servicio de la negociación con ETA. Y lo grave entre lo grave no es que se sorprendiera de la reacción adversa de las víctimas, del Partido Popular de María San Gil o de tres o cuatro medios mal contados. Digo que no es lo grave, porque a cualquier humano medio eso le parecería normal o lo daría por descontado. Lo grave es que no se sorprendiera de una reacción en contra mucho mayor y, peor aún, que ni siquiera entrara en sus previsiones. A Zapatero le parecía raro que parte de la sociedad española no aceptara ceder un poquito de su libertad y de su dignidad a cambio de la paz, así, con una P muy gorda.

Abochorna comprobar el verdadero alcance de lo que Zapatero intentó y, seguramente, sigue intentando hoy por hoy. Jueces, fiscales, Policía, el mismo Gobierno, la prensa, las leyes y hasta las víctimas estaban o debían estar por el Plan, con mayúsculas, de Zapatero. Preocupa comprobar que a la mayoría de la sociedad española eso no le importó. Porque en todo o en parte, lo que no se sabía ya, se sospechaba o se podía deducir: el papel protagonista de Eguiguren pese a todo, las idas y venidas en las legalizaciones, relegalizaciones e ilegalizaciones de los mismos que antes tenían una “intachable trayectoria democrática”, o la comprobación de que Zapatero había mentido, antes y después de la T-4. Y les digo que a la sociedad española no le importó porque en 2008 tenía elementos de juicio más que suficientes para valorar todo eso y Zapatero volvió a ganar. Y no solamente ganó, sino que obligó al PP a cambiar radicalmente de actitud; incomparable, desde luego, antes y después de 2008.

*Maite Nolla es abogada.

El Gobierno balear prohíbe a un instituto dar el 1% de clases en castellano
Círculo Balear saca a la luz un informe de Educación que avala la inmersión lingüística
 www.lavozlibre.com 29 Marzo 2011

Palma de Mallorca.- La Fundación Círculo Balear (FNCB) ha sacado a la luz un informe del departamento de inspección educativa de la Consejería de Educación del Gobierno balear en el que avala la inmersión lingüística del catalán en el sistema educativo de Baleares, inmersión negada reiteradamente por el consejero Bartomeu Llinàs, e impide que los profesores intenten impartir su asignatura en castellano.

El informe se refiere al cumplimiento del "proyecto lingüístico" del IES Porreres. Está firmado por la inspectora de zona, Carme Martorell, con el visto bueno del jefe de inspección educativa, Miquel Sbert.

En el informe se indica, como antecedentes, que la inspectora Carme Martorell "ha revisado las actas del consejo escolar del centro de las que se desprende que no se está cumpliendo el proyecto lingüístico de centro (PLC)". Un proyecto lingüístico que obliga a "mantener el 100% de horas de docencia en catalán". Por otra parte, la inspectora afirma que ha tenido conocimiento de esta situación por la prensa del Grupo Serra 'Última Hora y Balears". Medios que han hecho "referencias explícitas a algunos aspectos centrales de la cuestión". La prensa indicada criticó que el equipo directivo del IES Porreres pretendiera aumentar las horas de asignaturas impartidas en castellano. Curiosamente, la inspectora no hace referencia al diario 'El Mundo', que hizo referencia, con datos objetivos, de que la presencia del castellano en el IES Porreres no llegaba al 1% de horas de docencia.

En el informe, la inspectora Carme Martorell, relata que la coordinadora de la Comisión de Normalización Lingüística (CNL) del instituto de Porreras le informó que "el equipo directivo del centro opina que de la redacción del PLC no se desprende que todas las materias se hayan de impartir en lengua catalana". El punto en cuestión es el objetivo 6.1.2 marcado por el PLC: "Mantener el 100% de horas de docencia en catalán".

Ante estos hechos, la inspectora requiere al equipo directivo que justifique su opinión. A lo que el equipo directivo alega dudas acerca de la legalidad de la inmersión lingüística obligatoria definida en el PLC.

Círculo Balear ha tenido constancia de que esta actitud del equipo directivo ha provocado que hayan tenido que sufrir los insultos y amenazas por parte de sectores catalanistas en forma de pintadas en el propio instituto, así como las advertencias de denuncias de miembros del sindicato STEI, y de la propia inspectora encargada de realizar el informe. Hay que recordar que miembros del equipo directivo se encuentran en situación de interinidad y que deberán ser examinados por la misma inspectora que interviene en este caso.

De hecho, en las conclusiones del informe firmado por Carme Martorell y Miquel Sbert, por una parte se interpreta que "mantener el 100% de horas en catalán" es "impartir en lengua catalana todas las materias excepto las lingüísticas"; y por otra parte dictamina que el PLC es legal gracias al Decreto 92/1997, el denominado "decreto de mínimos de enseñanza en catalán".

La inspectora, con el visto bueno del jefe de inspección, concluye que "el organo competente, esto es, el consejo escolar del centro, analice la funcionalidad y la literalidad del objetivo 'mantener el 100% de horas de docencia en catalán'". Consejo escolar que se convoca a instancias de la misma inspectora, y que en estos momentos se encuentra pendiente de aprobar.

"Estos hechos, desgraciadamente, se repiten en la mayoría de centros educativos de Baleares, y demuestran lo que Círculo Balear viene denunciando desde hace años:

- Que la actual normativa lingüística debe modificarse para que estas situaciones que vulneran claramente las libertades y derechos lingüísticos individuales tanto del alumnado como del profesorado no se repitan, máxime cuando recientemente el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia contra la inmersión lingüística en catalán, que se da, de hecho, en el 90% de los centros educativos públicos de Baleares.

- Que la inspección educativa de la Consejería de Educación no puede avalar la falta de independencia de sus inspectores en el ejercicio de su cargo. Es intolerable que aquellos que deben velar por el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo intervengan de este modo por un caso como el del IES Porreres donde las horas de docencia en castellano suponen, tan solo, el 0,9%. Inspección educativa entiende que el catalán como lengua vehicular es el fin al que la enseñanza debe dirigir todos sus esfuerzos, y no el medio para impartir conocimientos. Enseñanza en la que se proscribe la utilización de la lengua oficial del Estado y cooficial de Baleares, el castellano, impidiendo su libre elección por parte de padres, alumnos y profesores", afirma Círculo Balear en un comunicado.

ESTADOS UNIDOS
Cincuenta millones
Carlos Alberto Montaner Libertad Digital 29 Marzo 2011

El censo norteamericano arroja la cifra de cincuenta millones de hispanos. Las dos terceras partes de esa masa humana son de origen mexicano.

Aparentemente, la definición de hispano viene dada por el idioma que hablan o que hablaban sus antepasados, o por el patronímico familiar. Un señor de apellido Pérez, norteamericano de cuarta generación, que no habla una palabra de español, es un hispano. En cambio, mi amigo Patterson, brillante profesor de Filosofía, un cubano negro radicado en Miami que habla inglés con un acento muy fuerte, "patrióticamente malo", como quería Unamuno que se hablaran los idiomas extranjeros, no es exactamente un hispano, de acuerdo con el censo. Pero tampoco es un afroamericano. Ignoro en qué casilla Patterson hizo su cruz en la famosa planilla.

El censo americano es un disparate conceptual. La actriz Jennifer López, de ascendencia puertorriqueña, es hispana. La actriz Cameron Díaz, descendiente de cubanos, en cambio, no es hispana. ¿Por qué? Imposible saberlo.

Hay algo, también, de identidad estratégica voluntariamente asumida. Dado que las autoridades de Washington se han metido en este absurdo berenjenal de clasificar a la sociedad de diversas maneras (por el color de la piel, por la procedencia geográfica, por los apellidos, por la geografía, por la etnia), los clasificados aprenden a utilizar esa supuesta identidad cuando les conviene. Por ejemplo, los cinco talentosos hijos de un matrimonio amigo –un varón y cuatro mujeres–, blancos, inteligentes, de clase media alta, nacidos en Estados Unidos, afortunadamente dotados de un apellido hispano, utilizaron este factor insustancial para acceder a buenas universidades, a préstamos preferentes y a la protección burocrática que beneficia a las minorías. Las cuatro mujeres, hoy casadas con norteamericanos, casualmente de origen irlandés, adquirieron los apellidos de los maridos y ya ellas y sus descendientes desaparecieron del censo hispano.

Hay una contradicción esencial entre la concepción jurídica de la nación americana y el censo que el país realiza cada diez años. Se supone que Estados Unidos es una república legalmente igualitaria que no toma en cuenta el sexo, la raza, el origen, la religión o la cultura de quienes viven voluntariamente sometidos a su Constitución. El Estado concebido por los Padres Fundadores partía de esa premisa. Con el tiempo, algunos estudiosos comenzaron a hablar del patriotismo constitucional como gran cohesivo de la sociedad. Ser americano era, simplemente, colocarse bajo la autoridad de la ley.

El censo, en cambio, desde la perspectiva del mainstream, esos 200 millones de norteamericanos blancos no hispanos, clasifica caprichosa y quizás inconstitucionalmente al resto de sus compatriotas, afro-americanos, hispanos de todas las razas, asiáticos y otras criaturas residuales de difícil taxonomía, sin detenerse a observar que su propia definición va cambiando con el tiempo.

¿Qué categoría es esa de blanco no hispano que abarca las dos terceras partes del censo? Hace varias décadas los italianos, los irlandeses y los judíos sufrían grandes discriminaciones y no eran considerados exactamente como blancos por la corriente dominante, fundada en la prejuiciada mirada de una cultura que, en sus orígenes, fue anglo-germano-holandesa. Con el tiempo, sin embargo, las filas de los blancos fueron abriéndose e incorporando a otros pueblos deseosos de fundirse dentro del melting pot de la corriente central de la sociedad norteamericana.

El propio presidente de Estados Unidos es un enigma para el dichoso censo. ¿Por qué es un afroamericano, si su madre era una señora blanca y él ha vivido la mayor parte del tiempo en un medio muy exclusivo y predominantemente blanco? A los efectos de la colectividad y de su trabajo como jefe de Estado, ¿qué interés real tiene la composición genética del presidente Obama?

No hay duda de que es importante censar a las sociedades, averiguar sus condiciones materiales de vida, identificar sus carencias y necesidades y tomar nota de los cambios, pero es un disparate introducir en la encuesta factores subjetivos de imposible ponderación, casi siempre anclados en el prejuicio. Frente a lo que pudiera pensarse, estas clasificaciones, lejos de acelerar la integración de los inmigrantes en una sociedad saludablemente homogénea, lo que consiguen es prolongar las diferencias.

Lo he contado varias veces porque me parece un ejemplo precioso: en Dersu Uzala, la película de Akira Kurosawa, cuando le preguntan a Dersu, cazador nómada chino, a qué país pertenece, se queda mirando, asombrado, y responde: "Yo soy un ser humano". Eso es lo único importante.

© Firmas Press

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Al servicio de ETA
EDITORIAL Libertad Digital 29 Marzo 2011

Las nuevas revelaciones sobre el soplo a ETA en el bar Faisán muestran con toda su crudeza la claudicación del Gobierno y de los aparatos del Estado que controla ante la banda terrorista. En síntesis, las actas que minuciosamente levantaban los negociadores de ETA de sus conversaciones con los interlocutores del Gobierno desvelan un amplio repertorio de concesiones: desde una supuesta orden a las fuerzas de seguridad, tanto españolas como francesas, para que no se produjeran más detenciones hasta la posibilidad de engordar las finanzas etarras al margen del mal llamado impuesto revolucionario, así como las quejas del propio Gobierno sobre las víctimas, algunos jueces, el PP y determinados medios de comunicación o los cambios de ministro y de fiscal como pruebas evidentes de la voluntad gubernativa de superar cualquier obstáculo en la negociación con ETA.

La única reacción del ministro Rubalcaba ha sido el silencio, un espeso mutismo con el que pretende desacreditar la fuente de estas informaciones. Es obvio que ETA carece de toda credibilidad democrática, pero también es obvio que sobre la veracidad de las actas de ETA hay un consenso generalizado en atribuirles características cuasi notariales. Sobre esa premisa, los nuevos datos procedentes de los documentos incautados a la banda describen un contexto en el que todo valía con tal de asegurar el éxito de una negociación que la banda decidió abandonar con la bomba en la T-4 que causó dos víctimas mortales.

Pedir explicaciones a Rubalcaba sobre esas negociaciones es un esfuerzo que no por inútil deba dejar de practicarse, así como exigir su dimisión, otro desempeño tan frustrante como inevitable ante el cariz del caso Faisán y las grotescas y groseras implicaciones del titular del ministerio, de su número dos y de algunos responsables policiales.

No parece factible que el ministro deje de cantar bajo la ducha para cantar ante un juez, pero eso no debería ser óbice para que el jefe de la oposición le dedicara algo más que una pregunta de rigor en la próxima sesión de control. Los últimos datos sobre esa negociación con ETA deberían provocar en el PP una seria reflexión sobre el apoyo que Rajoy presta al Gobierno en materia antiterrorista. No se trata de romper ningún consenso entre otras razones porque el propio Rubalcaba y los enviados gubernativos hacen befa y mofa del Pacto Antiterrorista, sino de ejercer la oposición con la contundencia necesaria para que, al menos, Rubalcaba no se crea que está por encima del bien y del mal, que no le afectan los supuestos delictivos que se infieren de lo acontecido en el bar Faisán y en los contactos con la banda armada.

El Gobierno que no iba a mentir
Editoriales ABC 29 Marzo 2011

Ya es hora de que el Gobierno se sincere ante este escándalo que tiene comprometidos a posibles responsables políticos del «Caso Faisán»

EL levantamiento del secreto de otra parte del sumario del «Faisán» viene a consolidar, ya con imágenes, la gravedad del caso: un funcionario del Ministerio del Interior, que ya dirigía Pérez Rubalcaba, entrando hasta tres veces en ese bar de Irún a la misma hora en la que se alertaba al propietario del establecimiento (un sujeto conocido como facilitador del pago de la extorsión a los etarras) de que se preparaba una redada policial al otro lado de la frontera. No es sencillo imaginar a un inspector de Policía abortando por su cuenta una operación antiterrorista, a sabiendas, además, de que había cámaras grabando todo. Es más sencillo adivinarlo cumpliendo una orden.

El «caso Faisán», por tanto, ya tiene un soporte visual que hará difícil que el Ejecutivo persevere en la ocultación del asunto. Ahora más que nunca es necesario que se sepa la verdad. Y la verdad debe tener nombres y apellidos, para que la Justicia, las Cortes y los ciudadanos puedan depurar las responsabilidades que corresponda. ¿Aceptaría el Gobierno una comisión de investigación? La parodia de control político que protagoniza Rubalcaba los miércoles en el Congreso —con sus chistes y canturreos para eludir las preguntas de la oposición— ha quedado reducida al ridículo por el cúmulo de datos que tiene la investigación judicial, apoyada además en las actas del anterior proceso de negociación con ETA.

Porque si ha habido un Gobierno y un partido que han dado veracidad a los documentos etarras son el de Zapatero y el PSOE. La negociación entre socialistas vascos y Batasuna entre 2002 y 2005, y la del Gobierno con ETA entre 2005 y 2007, demuestran esa carta de interlocutores fiables que recibieron los terroristas. Por eso, no basta con que el Ejecutivo apele a la desconfianza hacia ETA para negar la autenticidad de las actas que recogen una reunión entre los negociadores de Zapatero y de la banda, donde se explica el acto deliberado del Gobierno para sabotear la operación del «Faisán». Durante la negociación política entre 2005 y 2007, en la que se engañó al PP y a las víctimas y su usó ad nauseama la Fiscalía, la opinión pública tuvo más conocimiento del desarrollo del infausto «proceso de paz» por los comunicados de ETA que por el Gobierno de la Nación. De nuevo, los ciudadanos están en el trance de saber la verdad de uno de los mayores escándalos de la democracia en versión de los terroristas, en vez de tener ese Gobierno transparente que siempre iba a decir a la verdad.

Comunión de intereses
Es admirable la empatía que revelan los hombres de Zapatero hacia las inquietudes de los terroristas
HERMANN TERTSCH ABC 29 Marzo 2011

SORPRENDE pero es habitual en las cataduras más torvas. Cuanto más soberbios y arrogantes son frente a los adversarios legítimos, más obsequiosos y serviles en turbios cambalaches clandestinos con socios vergonzantes. Resulta casi conmovedora la angustiosa necesidad de complacer a sus interlocutores que muestran los negociadores del Gobierno de España en la última entrega de la larga historia de la infamia de la negociación con ETA que ayer publicaba «El Mundo». Es admirable la empatía que revelan los hombres de Zapatero hacia las inquietudes de los terroristas. Con una mínima fracción de la misma hacia la oposición, en los últimos siete años, no estaría nuestro país en su actual estado de postración económica y social, crispación política ni deriva cainita. Pero a cada uno hay que tratarlo como lo que es. Los etarras son unos socios para un proyecto conjunto, a llevar a cabo con discreción y malicia, no vayan a saber los españoles lo que estamos cocinando.

«Hemos intentado minimizar ciertos hechos por y para el proceso; lo que perjudica al Gobierno os perjudica también a vosotros y al contrario». Lo que es malo para ETA es malo para Rodríguez Zapatero, le intentan convencer al etarra. Que no se fía mucho. No se le puede reprochar. ¡Menuda tropa! Si engañan así a sus electores y a la población. Si tratan a sus propias leyes y a la opinión pública como obstáculos para su negociado. ¡Cualquiera se fía de sus promesas de impunidad! Pero las hacen con insistencia. «Se les ha comunicado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Ertztaintza y a la Policía francesa que no hagan detenciones, y ha sido muy difícil pues estas órdenes no se dan por escrito». Ya saben, no se fíen de la Policía. Puede surgir un arrepentido y sacar un papel. Si no lo hay, basta con tacharlo de mentiroso y amenazar con liquidarlo profesionalmente. Alfredo es experto en esto del terror disciplinario en Policía y Guardia Civil. Al fin y al cabo, está para eso. «El Gobierno ha hecho

modificaciones con la intención de blindar el proceso: cambios de Gobierno, cambio del fiscal jefe de la Audiencia Nacional». Es cuando hubo que cargarse a Fungairiño, ya saben, el facha de la silla de ruedas que se empeñaba en derrotarles. En fin, todo por el buen rollo. «El Gobierno ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura (…) pero el PP ha encontrado su agarradero en jueces y víctimas». Qué remedio, hay que hablar de los enemigos de la paz. «No contábamos con el nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa y de la AVT». «Los jueces se han convertido en un instrumento del PP y hacen cosas que en otra situación no harían». Por eso ETA debe saber que si cree que hay más represión, «de ninguna manera obedece a un plan diseñado por el Gobierno». Hay que recordarles que se les ayuda a ocultar el impuesto revolucionario. «El ministro tiene un montón de cartas que no ha hecho públicas. Sabiendo que se pide dinero, decimos que no consta que se pida». Y no preocuparse, que tenemos el erario público. «Si el problema es el dinero, siempre se podrá arreglar a través de una organización internacional».

A cambio, un poco de comprensión para mantener las formas. «El Gobierno, por medio del fiscal ha actuado convenientemente, pero ante los jueces tiene un tope. Con la Policía, antes del juez, el Gobierno puede actuar, pero al revés no». Poco cabe añadir. Esto, señores, no es el protocolo de una colaboración, no. Esto es más. Es comunión de intereses.

Indignidad ante ETA
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 29 Marzo 2011

El acta de la reunión entre los enviados del Gobierno Zapatero y los etarras, levantada por estos últimos, es la muestra fehaciente de una indignidad política, de una verdadera genuflexión del estado de Derecho ante una organización terrorista. Del hilo del caso Faisán se está llegando a las entrañas de una vergonzosa y vergonzante negociación donde el Estado democrático y sus instituciones fueron sistemáticamente pisoteados.
Lo que sospechábamos queda negro sobre blanco con toda su iniquidad al aire. Que alos extorsionadores etarras se les avisó primero para que no fueran detenidos, que cuando esto se produjo es “porque no se pudo parar”, calificado el asunto como “un accidente grave, que viene del juez, cuando lo escuché me irrité y entiendo que vosotros lo estéis”, que el gobierno era consciente de que seguía la extorsión a los empresarios pero que se decía a la opinión pública, aún teniendo las cartas en su poder, que se había detenido y, como meollo del asunto y de una gravedad inaudita que se “ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura”, que se “cambió al fiscal jefe del Audiencia“ y que “Rubalcaba se incorporó a interior para continuar con una vía que conocía desde su cargo en el Congreso”.

El lamento gubernamental en esa connivencia con los interlocutores de ETA atenta de manera impresionante contra el poder judicial, contra las propias leyes, contra la base misma del Estado. A las víctimas y a la judicatura, que estorban, se les califica de “agarradero” del PP. A la traición se añade el insulto.

El documento resulta estremecedor y en su procaz claridad deja al descubierto la putrefacción de todo aquello que intentó ocultarse, una negociación donde se atravesaron todas las líneas rojas que nunca debieron traspasarse y que hoy queda explicito que se traspasaron. Queda al descubierto la vergüenza ….y la desvergüenza.

Saberlo quizás no tenga mayores consecuencias, que debía tenerlas de inmediato, ante la justicia y ante la sociedad. Pero, más allá de ellas, lo que nos envuelve es de preocupación en la actual situación, con ETA de nuevo en el juego de pretender al mismo tiempo hacerse con la “papeleta” electoral sin abandonar la pistola. Un juego en el que algunos dirigentes socialistas, Eguiguren y Elorza, participan entusiasmados y otros aparentan reservas y enfatizan oposiciones. Pero resulta que son los mismos que nos engañaban, que mintieron a todo un pueblo sabedores de que repudiaría su tenebrosa deriva que hoy resultan cada vez más sospechosos con tales antecedentes de seguir haciéndolo. La prueba del nueve está cada vez más cercana. Si ETA , con el disfraz que sea, lograr estar en los ayuntamientos vascos el 22 de mayo será la prueba absoluta de que nos continúan engañando y jugando ese sucio juego.

Verdad o mentira
Santiago González El Mundo 29 Marzo 2011

Cada vez que llega a la opinión pública un acta de ETA sobre los contactos mantenidos con un Gobierno salen los miembros del Ejecutivo a invocar el argumento de la honorabilidad, que podría resumirse en la pregunta: ¿A quién quieres creer, a un honesto gobierno democrático o a una mentirosa banda terrorista? El mentiroso cretense nos señala a ETA como una colección de mentirosos cretenses, con lo que la paradoja se convierte en aporía.

Es una pregunta mal formulada. Si se trata de quedar para salir los sábados, cualquier ciudadano decente preferirá la compañía de un Gobierno, pero si se trata de acceder al conocimiento, deberá creer a quien le diga la verdad. Y tanto un Gobierno como una banda terrorista pueden tener excelentes razones para decir la verdad o para mentir.

Incluso es posible que el virtuoso Gobierno tenga más motivos para mentir, porque está sujeto a reglas, mientras el terrorista, no. Si es capaz de matar a quien se le opone, puede permitirse la más brutal de las sinceridades: el comunicado reivindicativo. ¿Quién podría reprochar a Hannibal Lecter que se muerda las uñas.

El asunto es que el peor de los asesinos dirá la verdad, si esta le beneficia.

Esto respecto a la metodología. Vayamos a los hechos. El acta que conocíamos ayer en la información de Ángeles Escrivá, no es una filtración de ETA para confundir a la opinión pública. Es un informe para uso de la banda encontrado por la Policía durante la detención de Thierri. ¿Es verosímil que los archivos de ETA estén formados por actas e informes mentirosos, redactados para intoxicar a la Policía y a la opinión pública, en el caso de que sus cabecillas sean detenidos?

Los enviados del Gobierno dijeron a los terroristas que había dificultades por culpa del PP, los medios de comunicación, la AVT y algunos jueces. Lo importante no es que dijeran esas palabras. Lo importante es que los terroristas escribieron eso. Estoy seguro de que no era intención de los negociadores señalar posibles víctimas a sus interlocutores, pero en la hipótesis que más les beneficia, hace falta mucha incompetencia intelectual para no entender que sus palabras podían ser entendidas por los terroristas de la manera que las entendieron.

Si los terroristas son los cretenses que siempre mienten, ¿por qué le atribuyeron credibilidad a la carta que le escribieron en agosto de 2004 a Zapatero, momento crédulo en el que comenzó el disparatado proceso negociador? Y a todo lo demás. Todo el llamado proceso de paz se basó en la creencia de Zapatero (y de todos los suyos) de que ETA les estaba diciendo la verdad.

El Gobierno lo tiene fácil para desmentir a ETA. Que pidan al centro Henri Dunant, mediador en las conversaciones, que saque a la luz las actas levantadas por ellos, que fueron escritas precisamente para un caso como este, según la apreciación del secretario de Estado Camacho: que una de las partes manipule el relato.

Y luego está el contraste con los hechos. Y el acta de los etarras encaja como un guante en la realidad que conocemos. No hay ninguna otra versión que cumpla el requisito de la verosimilitud.

El País y el gobierno mienten, ETA dice la verdad.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 29 Marzo 2011

La publicación de las actas de ETA sobre los tocamientos, arrullos, caricias y otras procacidades abyectas durante el encamamiento de ZP con ETA, ha desatado una curiosa reacción que no por esperada es menos chunga. La primera parte de esa reacción es decir que ZP y su gobierno no dan pábulo ni credibilidad a lo que diga una banda terrorista, olvidando que siempre han dicho que ETA en esos papeles dicen siempre la verdad. Pero la segunda parte de esa reacción la patenta El País que se ha dicho que esta es la suya, ya que aprovecha para dar publicidad a las actas, dejar a ZP a los pies de los caballos y a Rubalcaba en lo alto de la peana en loor de santidad laica.

El País publica parte de las actas de ETA en un artículo escrito por Aizpeolea y titulado "Por el aviso del Faisán hay encausado casi un jefe de seguridad del PSOE". La tesis básica y la rueda de molino a tragar dice que sí, que vale, que bien, que ZP prometió a ETA cosas pero que luego no las cumplió y como ejemplo de la honestidad de ZP dice:

“Mientras Thierry escribe que el Gobierno se comprometió a derogar la doctrina Parot, que perjudicaba a presos de ETA, la realidad demostró que el Ejecutivo no hizo nada en ese sentido. Respecto a las detenciones, pese a los supuestos compromisos del Gobierno, la justicia, la policía y la Guardia Civil siguieron deteniendo etarras tras el alto el fuego declarado en marzo.”

Al decir eso El País miente, mientras que ETA dice la verdad. ZP ordenó que no se realizasen detenciones de etarras. Ahora voy a comenzar a autocitarme, no lo suelo hacer pero considero que hoy es necesario por un motivo, hace cuatro años, en enero de 2007, escribí un artículo en el que analizaba las detenciones de etarras y en el demostraba que ZP había dado orden de no realizar más detenciones porque no las hubo.

Lo que dice El País es falso, no se realizaron detenciones por parte de las fuerzas de seguridad motu propio, las pocas que se hicieron fueron en la práctica totalidad exigidas por los jueces de instrucción como Marlaska o realizadas en Francia, pero Rubalcaba se encargó y bien de que no se hiciesen.

Que ya se sabía hace cuatro años que ZP y Rubalcaba andaban jugando con la alta traición es algo que tengo muy claro, por ello quiero añadir a este comentario el artículo completo que escribí el 11 de enero de 2007. Aquí está.

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11-01-2007
Las cifras dicen que Zapatero ordenó a la policía no detener etarras.

Ante las reiteradas declaraciones de los prohombres del PSOE en el gobierno, en el partido y en el Congreso acerca de que en ningún momento habían dejado de perseguir a ETA, yo tenía la convicción de que mentían y que los hechos inconexos que tenia almacenados en mi memoria decían otra cosa, pero no había logrado localizar ninguna información que analizase las cifras de detenciones a lo largo de estos últimos años.

Me he puesto a ello, y el resultado del análisis que he realizado es escalofriante por lo terrible. Las cifras demuestran que Zapatero ordenó en 2006 a la policía y Guardia Civil que no detuviesen a ningún etarra. En 2006, hubieron 15 detenidos, de ellos 13 lo fueron por el tema de la extorsión y por decisión de los jueces, Grande Marlaska sobre todo, así que nos quedan dos detenidos que al parecer lo fueron motu propio por la policía.

Sin embargo en Francia, en ese mismo 2006 fueron detenidos 25 etarras, quitando los de la extorsión, supone un 92,6% del total de detenciones, cuando por ejemplo en 2005, también bajo mandato de Zapatero ese porcentaje en Francia solo fue del 33,6% (71 detenidos en España y 36 en Francia).

Estas cifras solo tienen una explicación,
1.- Que Zapatero ordenó a las fuerzas de seguridad que no detuviesen a nadie de ETA en el 2006 (solo dos detenidos frente a 71 el año anterior, el 2,8% de las detenciones del 2005).

2.- Que Zapatero no pudo convencer a los franceses que hiciesen lo mismo, dejar a ETA en paz campando a sus anchas. Las 25 detenciones del 2006 suponen un 70% de las realizadas en 2005 en Francia.

En Francia las detenciones de etarras bajaron en 2005 respecto al año anterior un 30%, en España bajaron la friolera del 97,2%. Un poco más y Zapatero consigue el mágico 100% de caída en el número de detenciones.

Las cifras desmontan el argumento de la progresía cuando dicen que después de todo las detenciones en Francia se han realizado por decisión y con la colaboración de la policía española. Eso es falso pues si tal decisión de detener etarras la tuviese la policía por orden de Zapatero no habría ocurrido que en Francia se realizasen en 2006 el 92,6% del total de detenciones y en España solo el 7,4% restante. En otras palabras, Francia no ha declarado una moratoria en la detención de etarras como la que ha declarado Zapatero en España.

En los dos años y pico (2,6 más o menos) se han detenido a unos 129 etarras en España, gran parte de ellos en contra de la opinión de Zapatero, basta recordar el chivatazo a ETA para avisarles de unas detenciones ordenadas por Marlaska y eso hecho desde dependencias policiales, como también basta recordar la de veces que dijeron que la justicia debía adaptarse a los tiempos, o sea cruzarse de brazos ante ETA.

Pues bien, incluyendo a Zapatero en sus datos todos los detenidos, incluso los hechos a su pesar por orden directa de los jueces, las cifran dicen que según la media de los años anteriores respecto a los que el Ministerio del Interior da datos, o sea del 2000 al 2003, es de 114 detenciones por año, lo que indica que en los 2,6 años de gobierno de Zapatero se deberían haber detenido unos 300.

Si hablamos de la detención de comandos de ETA, que básicamente se refieren siempre a España en los datos de que he dispuesto, la cosa canta aún más. Dado que en el ministerio del Interior solo hay datos a partir del 2000, y sin embargo he localizado información sobre detención de comandos en la página de El Comercio Digital desde el principio de su actividad, analizaré estos últimos.

Desde la llegada al poder de Zapatero en 2.004, se detuvo solo un comando ese año (el comando de la furgoneta de Cañaveras se hizo bajo Aznar), otro comando en 2005 y ninguno en 2006. Para 2,58 años de gobierno de Zapatero eso nos da una media de 0,7 comandos detenidos por año.

En el período de gobierno del PP la media de comandos de ETA detenidos por año fue de 7,5. En el período de gobierno de Felipe González la media fue de 6 comandos por año cifras significativamente similares.

Digamos que en cuestión de detención de los peligrosos comandos de ETA Zapatero se lleva la palma a la holganza antiterrorista. 0,7 comandos de media detenidos por año demuestran de nuevo que las ordenes para la inactividad antiterrorista comenzaron nada más llegar al poder.

Veamos el último dato, la media de detenciones de comandos por año desde el comienzo de la democracia ha sido de 5,5 comandos detenidos. Esto significa que Zapatero debería haber logrado que detuviesen a 14,2 comandos desde que está en el poder, solo se han detenido a 2, en cualquier empresa, con una cifra de resultados así ya lo habrían puesto de patitas en la calle.

Resumiendo, cuando los socialistas que gobiernan dicen que no se ha dejado de combatir a ETA mienten, como siempre han mentido, las cifras les delatan, la estadística les deja con el culo al aire, demuestra que entre los famosos compromisos previos de que habla ETA estaba el de no tocarles un pelo y Zapatero ese compromiso lo ha cumplido, por más que ETA se queje de que no era suficiente indolencia por parte de Zapatero.

Datos.
Estos datos los he tabulado a partir de la información obtenida en las siguientes páginas:
El Comercio Digital
http://especiales.elcomerciodigital.com/2006/eta/lucha.html
Ministerio del Interior, lucha antiterrorista.
http://www.mir.es/DGRIS/Terrorismo_de_ETA/Operaciones_de_Lucha_Antiterrorista/

Comandos detenidos.
Se informa en cada línea del año y del número de comandos detenidos o desarticulados.

1978; 2
1979; 5
1980; 2
1981; 6
1982; 3
1984; 11
1985; 1
1986; 10
1987; 7
1988; 8
1989; 6
1990; 2
1991; 6
1992; 12
1993; 4
1994; 3
1995; 5
1996; 4
1997; 3
1998; 5
1999; 1
2000; 12
2001; 21
2002; 12
2003; 1
2004; 2
2005; 1
2006; 0

Número de etarras y colaboradores detenidos en España por años.
2000; 75
2001; 135
2002; 122
2003; 126
2004; 74
2005; 71
2006; 15
2007; 0

Número de etarras y colaboradores detenidos en Francia por años.
2000; 24
2001; 29
2002; 63
2003; 46
2004; 57
2005; 36
2006; 25
2007; 2

Porcentaje que supone el número de detenidos en Francia sobre el total de detenidos en ambos países.
2000; 24,24%
2001; 17,68%
2002; 34,05%
2003; 26,74%
2004; 43,51%
2005; 33,64%
2006; 62,50%
2007; 100,00

El árbol y las nueces de ZP
Isabel Durán, Periodista Digital 29 Marzo 2011

Con pinta de profesor universitario, el terrorista Mikel Antza firmó en 1997 con el PNV el pacto de Estella. Un pacto que llevaba implícita una tregua-trampa de catorce meses y que culminaría aupando al poder al partido de Juan José Ibarretxe.

Tras ocupar el palacio de Ajuria Enea, el Ejecutivo de Vitoria quedó hipotecado con ETA. El pacto de Estella, negado cínicamente por la formación heredera de Sabino Arana, desembocó en la desobediencia desde el nacionalismo gobernante al Tribunal Supremo y el enfrentamiento a las instituciones legítimas del Estado.

Mientras el nacionalismo cerraba filas a escondidas y sellaba su alianza secreta, el jefe de la "oficina política" terrorista, promocionado por Javier Arzalluz, consiguió reunirse en 1999 con una delegación enviada por el Gobierno de José María Aznar.

En la localidad suiza de Zurich junto con Belén Gonazález Peñalba, hoy también en prisión, Antza departió durante cinco horas con los enviados designados por Aznar: Ricardo Martí Fluxá, entonces secretario de Estado de Seguridad; Javier Zarzalejos, secretario general de Presidencia, y el sociólogo Pedro Arriola.

Aquella reunión, en presencia del obispo de Zamora, Juan María Uriarte, fue prácticamente un monólogo de Antza sobre la "secular opresión del pueblo vasco y la negación de sus derechos". Nada obtuvo el jefe terrorista y suspendió una cita posterior.

Las actas de ETA revelan con toda su crudeza las distintas negociaciones a lo largo de la historia con los distintos gobiernos democráticos. Tras la única sesión mantenida con enviados del Ejecutivo de Aznar, los terroristas rompieron porque el Gobierno se negaba a negociar. Nada. Ni un ápice de margen de negociación política. Por eso no volvió a haber encuentros.

De quien la banda sí obtuvo el rédito esperado fue de Josep Lluis Carod Rovira, a la sazón jefe de la Generalitat de Cataluña en funciones cuando se reunió con él en Perpignan.

Antza, Ternera y Carod Rovira pactaron que los terroristas mirarían el mapa antes de poner sus bombas y que Cataluña sería zona libre de atentados. Algo que en efecto ocurrió, cuando apenas un mes después de su entrevista la banda asesina se dirigió a Madrid con 500 kilos de explosivos el mismo día que los terroristas islámicos.

Hasta Perpiñan, ETA movía el árbol y los nacionalistas vascos recogían las nueces. Lo que no tiene precedentes en los 60 años de la sangrienta historia de ETA es que sea el Gobierno de España el que estuviera ahíto de recoger los frutos incluso con cadáveres frescos en la T-4. El árbol y las nueces de ZP constituyen la mayor felonía de la democracia.

P.D: Lo más terrible de todo es que no tuvo coste político, que quedó amortizado en las urnas de 2008 porque muchos españoles están dispuestos a todo con tal de que sea la izquierda la que se mantenga en el poder. Al precio que sea.

Verificación jatorra
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 29 Marzo 2011

ETA, con su anuncio de tregua efectuado el pasado 10 de enero, tenía el propósito de conseguir cuatro objetivos principales. El primero, facilitar a Batasuna margen de maniobra para intentar la legalización de unas nuevas siglas. El segundo, restablecer el entendimiento con los dirigentes de la propia Batasuna, que se había deteriorado durante el año anterior. En tercer lugar, la banda terrorista buscaba propiciar la intervención de Brian Currin y su grupo de manera que dirigieran su presión hacia el Gobierno. Por último, la tregua pretendía poner en marcha un nuevo proceso de negociación como el del año 2006, contando con el impulso que pudiera dar el grupo de Currin, ya que ETA no tenía ninguna garantía previa, a diferencia de lo que ocurrió hace seis años.

Brian Currin, por su parte, concebía la intervención del grupo de contacto creado por él mismo con tres objetivos principales: promover una mesa de partidos para desarrollar una negociación política; verificar la tregua de ETA; y presionar para la legalización de la izquierda abertzale. A los dos primeros tuvo que ponerles sordina nada más crear el grupo por el rechazo encontrado. La mesa de partidos fue cuestionada por socialistas, populares y el PNV y la verificación es materialmente imposible si no cuenta con el apoyo del Gobierno, apoyo que ha sido expresamente negado tanto por el Ejecutivo central como por el vasco.
El bautizado como Grupo Internacional de Contacto quedó descafeinado desde el minuto cero, aunque ahora su promotor trata de recuperar protagonismo anunciando nuevas reuniones y la vuelta al País Vasco en el mes de abril.

Con su último comunicado, ETA ha querido dar un nuevo impulso a la presencia internacional a través del grupo de Currin, presencia que le permitiría decir que ha conseguido alguno de los objetivos de la tregua. Reclama la banda una verificación «informal», expresión que cabe interpretar como una verificación al margen del Gobierno. ETA quiere esa presencia internacional, no tanto para que le emita a la banda un certificado de buena conducta, como para que sirva de elemento de presión hacia el Gobierno y contribuya a limitar las actuaciones policiales.

La tregua de 2006 se hizo con un preacuerdo por el que el Gobierno se comprometía a evitar las detenciones. Ahora, a falta de ese compromiso, la banda busca conseguir el mismo objetivo mediante la intervención de una comisión «informal», carente de capacidad real para verificar lo que hace ETA en secreto, pero dispuesta a contraponer la tregua de la banda con las actuaciones policiales de España y Francia. El interés de ETA por activar la presencia internacional coincide con el de Currin, necesitado de dar algún sentido a su lánguido grupo de «facilitadores».

Zapatero ofreció a ETA retomar las negociaciones tras el atentado de la T4
 www.gaceta.es 29 Marzo 2011

El Gobierno pedía el compromiso de la banda, por medio de una declaración, a no hacer más atentados, según consta en los documentos que obran en poder de la Guardia Civil sobre las actas de aquella negociación incautadas al que fuera 'número uno' de la banda, Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry', detenido el 20 de mayo de 2008 en Francia.

Según estos documentos difundidos por El País y recogidos por Europa Press se demuestra que el Gobierno propuso a ETA retomar el proceso tras el atentado que acabó con la vida de dos personas en Barajas el 30 de diciembre de 2006: "ETA tiene que asegurar con una declaración que no hará más atentados. Tras la declaración se activaría el proceso en el punto que quedó en Loyola".

"También se propone que Batasuna cambie los estatutos, una etapa sin atentados y se comienza la mesa de partidos. El Gobierno manifiesta ahora que si se rompe ahora no volverá a haber nuevas opciones durante años", añade el acta que corresponde a la primera reunión tras el atentado de Barajas (Marzo-abril 2007).

Según consta en el documento, esa reunión entre un representante del Gobierno y ETA se produce después de otra reunión del PSE con Batasuna en el que se negó un estatuto para las tres provincias vascas y Navarra.

"Sobre la mesa la detención de Yurrebaso. ETA exige la liberación del etarra y garantías de seguridad para el futuro" , prosigue el acta de esa misma cita en la que aparece reflejado que "ETA exige acuerdo político. ETA se niega a hacer más gestos".

En cuanto a la situación de Yurrebaso, el Gobierno responde que "no está en sus manos liberar al detenido", pero que "espera que lo liberen" y añade que "después de Barajas el proceso está roto y hay que intentar retomarlo".

Según se recuerda en otra parte de los documentos, Jon Yurrebaso fue detenido el 27 de marzo en Francia y "formaba parte del equipo de negociación de ETA". En el momento de su detención este etarra advirtió a la autoridades galas su estatus de negociador y mostró a modo de salvoconducto un cartón en el que aparecían varios número de teléfono, uno de ellos presuntamente utilizado por el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo.

Actualmente estos hechos se investigan en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional del que es titular el juez Pablo Ruz en el marco de una pieza separada de la causa del 'chivatazo', el presunto soplo policial que frustró una operación contra la red de extorsión de ETA en mayo de 2006.

Este suceso también aparece en varias fases de los documentos. En el acta de la reunión mantenida el 27 de octubre de 2006 uno de los negociadores del Gobierno admite que "por dar el aviso del faisán hay un alto policía encausado (en referencia a Víctor García Hidalgo) y casi el jefe de seguridad del PSOE".
De Juana Chaos

Por otra parte, en reuniones celebradas entre junio y septiembre de 2006, la banda terrorista y el Ejecutivo central acordaron que De Juana, con 25 asesinatos a sus espaldas, saliera de prisión en libertad condicional. En este periodo, en concreto entre el 7 de noviembre de 2006 y el 1 de marzo de 2007 el etarra mantuvo durante 115 días una huelga de hambre tras ser condenado a 12 años y medio por un delito de amenazas terroristas.

El trato era otorgarle la libertad condicional, previa rehabilitación en un hospital de Madrid "manteniendo la situación de libertad en secreto", y posteriormente, ser trasladado a "Euskal Herria en libertad". Según las actas, "se estableció con De Juana la forma de hacer esto por medio del hombre de la Iglesia".

En la siguiente reunión Gobierno-ETA celebrada en octubre -cuando la situación del etarra le había llevado a pasar por un quirófano, como consecuencia de las secuelas de la huelga- las actas recogen un bloqueo en las negociaciones por el robo de armas en Francia.

En la citada cita, el Gobierno recalca que se había apartado al fiscal del caso por haberse negado este a rebajar la condena del etarra de 12 a cuatro años. La banda terrorista, por su parte, recuerda que De Juana abandonó la huelga "por orden de ETA". "Si no queda libre, se actuará en consecuencia", advertía.

El Tribunal Supremo rebajó finalmente de 12 años y medio a tres la condena impuesta al etarra por amenazas en un artículo publicado en el diario 'Gara'. Por este motivo, De Juana abandonó la huelga el 1 de marzo de 2007 tras serle concedido el régimen de prisión atenuada.

Ruz ha interrogado a los representantes del Gobierno en los contactos con ETA
 www.gaceta.es 29 Marzo 2011

El juez Pablo Ruz interrogó entre los pasados 31 de enero y 22 de marzo a los cuatro representantes del Gobierno en las reuniones mantenidas con ETA en 2006, incluida la que tuvo lugar el 22 de junio de ese año, dos días después de la detención del dueño del bar Faisán de Irún Joseba Elosua.

El juez Pablo Ruz interrogó entre los pasados 31 de enero y 22 de marzo a los cuatro representantes del Gobierno en las reuniones mantenidas con ETA en 2006, incluida la que tuvo lugar el 22 de junio de ese año, dos días después de la detención del dueño del bar Faisán de Irún Joseba Elosua.

Así se desprende del auto en el que el magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado hoy levantar el secreto sobre la comisión rogatoria remitida a su Juzgado por la juez francesa Laurence Le Vert, que incluía las actas redactadas por la banda terrorista con el contenido de sus contactos con el Ejecutivo.

Según la resolución, el juez preguntó el pasado mes de enero al Gobierno si levantó sus propias actas de esas reuniones, le pidió una copia de las mismas en caso de que así fuera y le solicitó que identificara a sus representantes en esos encuentros, "informando al mismo tiempo sobre las responsabilidades públicas o cargos oficiales que ostentaran" para tomarles declaración como testigos.

Esas comparecencias, en las que los representantes gubernamentales -identificados en las actas de ETA intervenidas a Francisco Javier López Peña, "Thierry", con las siglas GO, numeradas del 1 al 4- tuvieron la condición de testigos protegidos, se celebraron los días 31 de enero, 2 y 3 de febrero y 22 de marzo.

Su declaración tenía por objeto aclarar si en la reunión del 22 de junio, celebrada "a presunta petición" de ETA, los enviados del Ejecutivo "habrían vertido determinadas manifestaciones en respuesta a recriminaciones por parte de la organización terrorista relativas a la práctica de detenciones (...) y a determinados aspectos de la investigación judicial en curso".

Así, según las actas de ETA publicadas por los diarios El Mundo y El País, los terroristas se habrían quejado ese día por la operación contra el aparato de extorsión de la banda frustrada el mes de mayo anterior por un "chivatazo" y llevada a cabo finalmente el 20 de junio.

"Es un accidente grave. No sé que deciros. Es algo que viene de hace dos años y es un asunto que viene del juez. Es un accidente importante y cuando lo escuché me irrité y entiendo que vosotros también lo estéis", habría contestado uno de los dos representantes del Gobierno.

Ruz pidió al Gobierno que informase de si el encuentro fue convocado a petición de la banda terrorista y "sobre los hechos que motivaron la celebración" del mismo, así como si intervino un intermediario y si éste redactó su propia acta, de la que también reclamó una copia en caso de que existiera, además de solicitar la identidad de los representantes de ETA en el encuentro.

Además de a los enviados del Gobierno, el magistrado ha interrogado como testigos a los que en 2006 eran director general, subdirector general operativo, jefe del Servicio de Información y jefe de la Unidad Central Especial (UCE) de la Guardia Civil, así como al Comisario General de Información y subdirector general operativo de la Policía y al director de la Ertzaintza.

El pasado 21 de febrero, el magistrado tomó declaración en París a cuatro responsables policiales franceses que coordinaron la operación contra la red de extorsión de ETA dirigida por su compañero Fernando Grande-Marlaska y por la juez Le Vert.

Entre la documentación enviada por ésta figuran las declaraciones prestadas por los etarras Jon Yurrebaso y Kepa Mirena Suárez Ugarte, que tras ser detenidos el 29 de marzo de 2007 en Francia se identificaron como miembros del "aparato de negociación" de ETA y que tenían en su poder el número de teléfono del exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, imputado en el "caso Faisán".

Francia también remitió un informe fechado el 16 de mayo de 2005, intervenido al presunto negociador etarra Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, sobre una "reunión preparatoria entre miembros de la banda, un grupo de intermediarios y un representante del Gobierno español con vistas a preparar los posteriores encuentros en el marco del proceso de negociación" entre el Gobierno y ETA. EFE

Actas de ETA
La Policía ve "repugnante" la actuación del Gobierno y de sus mediadores
 www.gaceta.es 29 Marzo 2011

La Confederación Española de Policía (CEP) ha mostrado su rechazo por el "repugnante" papel llevado a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y por sus mediadores en el fallido proceso de negociación con ETA y que, según recogen las actas hechas públicas, demuestra "un permanente ejercicio de relativización del dolor ajeno".

"El contenido de la documentación intervenida y ahora conocida", explica la CEP en referencia a las actas del etarra Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry', "pone de manifiesto el repugnante papel de los negociadores o emisarios que asistieron a aquellos encuentros, realizando un permanente ejercicio de relativización del dolor ajeno y pasando por encima de la memoria del millar de asesinatos cometidos por la banda terrorista durante las últimas décadas".

La CEP asegura que estas revelaciones le da la razón por advertir tras la tregua de 2006 de "estas prácticas políticas", si bien recuerda que entonces fueron "tachados de interesados y de actuar con fines partiditas". "Sólo desde la mentira perpetua se pueden sostener tales acusaciones contra los que alertamos de la peligrosidad de estas prácticas", ha denuncado.

Tras recordar que "ETA está más débil que nunca", la CEP insiste en que el único camino para acabar con la banda es con la "acción sistemática y eficaz del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil sobre todas sus estructuras". En este sentido, hace un llamamiento a las fuerzas políticas para que asuman el compromiso de no llevar a cabo "diálogo alguno" con los terroristas y, de esta forma, "desterrar la tentación de dejar de tratar como delincuentes a quienes son única y exclusivamente asesinos, destinados a terminar en prisión antes o después".

Finalmente, la CEP se refiere a las alusiones al 'caso Faisán' contenidas en dichas actas para reiterar que "ningún funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, por muy que sea el cargo que ocupe, se podría haber prestado a una operación de esas características por su cuenta y riesgo, sin impulso de una instancia política". "Aunque no alberguemos esperanza sobre la posibilidad de que una investigación oficial esclarezca este episodio, no dejamos de confiar en el papel de la Justicia como último recurso", concluye.

El catedrático protesta
La lengua autóctona que traen los alumnos de casa es vista desde el nacionalismo como una lengua deturpada e infectada de castellanismo
andrés freire ABC Galicia 29 Marzo 2011

EL catedrático Xosé Luís Regueiro ingresa en la Real Academia Galega y, en la entrevista de rigor, protesta al periodista la derogación del anterior decreto de lenguas en la educación: «Ningún alumno saía do sistema escolar sin saber usar o castelán, a pesar das mentiras difundidas por certa prensa». Quien esto escribe está en condiciones de desmentir esta afirmación. Todos los niños gallegos entienden sin problemas el español. Pero, en las zonas más gallegófonas, hay alumnos que lo hablan a tropezones, absolutamente incapaces de enhebrar dos frases en esa lengua.

Y sin embargo, el comentario del profesor, muy extendido entre los mentideros del nacionalismo, olvida que nunca se ha tratado de eso. Nadie puede negar que el español sea la lengua que mejor domina la mayoría de los niños gallegos; es la lengua de las calles y los medios de masas. Pero ese dominio, abandonado a sí mismo, no va más allá de los registros coloquiales del idioma. La educación, en cambio, siempre ha tenido por objetivo el dominio de las variantes cultas y elaboradas, aquellas que la tradición y la costumbre consideran como usos modélicos de un idioma. Esas variantes cultas de la lengua española se les escapan hoy a muchos alumnos, precisamente a aquellos que no las traen aprendidas de casa. El caso catalán es paradigmático. El español allí, expulsado de las aulas, ha devenido en un dialecto andaluz bastante vulgar.

Consideremos un ejemplo de nuestra tierra: la geografía y la historia son materias aprendidas siempre en gallego. En consecuencia, no es raro escuchar a nuestro alumnado usando en castellano expresiones tales como río Tejo, «séculos», Ucraína y arquipélago. Nada sorprendente. Al cabo, ¿cómo van a aprender todo ese vocabulario, si no lo hacen en la escuela? Esos temas, al igual que buena parte del currículo académico, no se tratan ni en los patios ni en Física y Química. Sin escuela, es difícil alcanzar el dominio de los estratos cultos del idioma.

Desde luego, ninguna lengua escapa a esta necesidad, ni mucho menos el gallego. La lengua autóctona que traen los alumnos de casa, al mismo tiempo que es elevada al altar como a lingoa do pobo, es vista desde el nacionalismo como una lengua deturpada e infectada de castellanismos. Por tanto, en la escuela se impone a los muchachos la lengua de la corte. En este caso, el gallego normativo diseñado desde instituciones de la Xunta. Más allá de esto, me sigue sorprendiendo la premisa del profesor Regueiro. Él da por hecho, y con él están casi todos, que el principal objetivo de la educación gallega es el de la normalización lingüística. A nadie escandaliza, según parece, que subordinemos la educación a instrumento para la construcción nacional.

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