AGLI

Recortes de Prensa   Jueves 14 Abril 2011

 

La dislexia política del PP
Juan Vicente Santacreu www.elsemanaldigital.com 14 Abril 2011

En Masby hemos preguntado muchas veces sobre la línea ideológica del Partido Popular y todos responden sin dudar es un partido de derechas y Nacional. Pero si lanzas la pregunta a los "Antoninos", -siervos de la Antonia Iglesias- te contestarán al unísono que es un partido facha, radical y ultra, todo esto acompañado de rezumante espuma rabiosa emanado de sus balbuceantes fauces izquierdosas.

Pero no colega, el PP es como la democracia española, un espejismo virtual pero no real. La historia empezó con Manuel Fraga Iribarne, época franquista que por hacer política de barrio, fomentaba la Queimada para la foto de portada. Luego el Fraga fomentó el gallego para hacer un guiño a los autonomistas con raíces de celtas separatistas, y claro, ya he dicho muchas veces que a los cavernarios tribales no les puedes hacer un guiño, pues estos se aprovechan y te sacan hasta los piños.

Fraga continuó coqueteando con el gallego, pues eso le daba votos, admiración y lavado de culo a presión. Han tenido que pasar 30 años para arrepentirse de su desliz confesando que las autonomías son el cáncer de hoy en día.

Luego vino JoséMari, El Aznar, que cedió ante la Casta Tribal Catalanista otorgando las llaves de la aberración autonomista. Ahora que Aznarha salido del ruedo, muy sorprendido se extraña de la centrifugación de España.

¿Qué pasa, que en España se ven las cosas claras desde fuera del ruedo…? Sí, justo donde está el pueblo entero.

Lo mismo puedo decir de Feijoo, que antes de entrar a torear era español, sin complejos y con dos pelotas por montera, dispuesto a enfrentarse a los cuervos carroñeros, insaciables los muy puñeteros.

Cuando al poder llegó Feijóo, se quitó la careta y la dislexia le atacó. Empezó a confundir España y Nación, involución con evolución, arriba o abajo, dentro o fuera y traidor con gallego español.

Para disimular su enfermedad y marear a la sociedad, descubrió la cuadratura del círculo aplicándolo a los dialectos célticos. A partir de ese momento empezó argumentar que es ideal estudiar en trilinguismo, inglés, español y gallego, todo para justificar lo interesante del dialecto tribal.

Pero no termina ahí la dislexia del PP, Feijoo y con un par de huevos, -y lo tengo grabado en video,- dijo que el que no quiera aprender gallego tendrá que abandonar Galicia...

¡¡Que no Feijoo!! Que aunque te líes con Sánchez Camacho, Rajoy o la madre que los parió, no me vas a marear. Aquí estamos en España y aunque tu dislexia te acompaña, no puedes obligar a estudiar un dialecto que solo sirve para justificar tu aposento.

Feijoo, deberías decirle a España entera que sois tan profundos que ni siquiera entre vosotros os aclaráis, ya que tenéis tres variantes de dialecto gallego que pugnan entre sí por dominar al resto.

Desde luego que el gallego, las queimadas y los hórreos son bienes culturales pero ni a los más imbéciles se les puede ocurrir imponer un hórreo como vivienda porque se trata de ir palante y no patrás como imbéciles errantes.

De la Camacho ni hablo, pues el botox facial que produce parálisis celular le ha debido atacar alguna neurona cerebral llegando a confesar que riñe a su hijo por hablar en castizo.

Y lo de Camps, eso da risa, es como los tontos de feria... "Yo también quiero de eso". En cuanto alguna comunidad consigue desmembrar un poquito más Expaña, el Camps sale corriendo para reclamar que también quiere mamar.

Mira Rajoy, mientras tú dormías como cortesana consentida, al PP lo han travestido y no queda rastro de español ni nacional, siendo imposible trabajar en España si no hablas la lengua tribal.

Rajoy, en Galicia y en Valencia donde mandan tus tiranos feudales...

- no se puede estudiar en español – inconstitucional e irracional

- si rotulas en tribal, te subvencionan y se pasan por las nalgas, la igualdad nacional -inconstitucional e irracional

- no se permite a otros españoles que trabajen de funcionarios en tu comunidad si no aprenden la gilipollez tribal. - inconstitucional e irracional

- El mantener artificialmente las lenguas tribales le cuesta a los españoles 6.000 millones de euros al año. – aberrante e irracional

- Toda esta pantomima autonómica le cuestan a los españoles 24.000 millones de euros al año. Esto no es aberrante, esto es de gilipollas "palante".

El PP no ha sabido jugar los tiempos, ha perdido el norte y se ahoga en su dislexia política rematando a un país moribundo que está centrifugado y exprimido por 17 buitres voraces que no sueltan el cadáver.

Tres gallegos de pro han marcado la historia de la discordia, Francisco Franco, Feijoo y ahora el indiferente e ignorante Rajoy.

Mariano, ¿a dónde llevas a España? -Ni lo sé, ni me importa, yo solo quiero llegar a La Moncloa, para entregar carnaza a mis buitres hambrientos que llevan ocho años sin carroña ni alimento.

Ochenta años después
César VIDAL La Razón 14 Abril 2011

Esta semana se cumple un aniversario más de la Segunda República. A estas alturas –por mucho que se empeñen subvencionados, interesados e ignorantes–la Historia de la Segunda República no puede ser más clara. Fue proclamada merced a un golpe de Estado que se intentó legitimar con la victoria de las candidaturas republicanas tan sólo en la mayoría de las capitales de provincia y en unas elecciones municipales. En España, los candidatos monárquicos obtuvieron cuatro veces más votos que los partidarios del nuevo régimen, pero éstos lograron a convencer a Alfonso XIII para que se marchara antes de la puesta del sol. Quizá la monarquía parlamentaria estaba muerta hacía años, pero el nuevo régimen, a pesar del llamamiento de Ortega, no logró crear nada mejor. De las Cortes Constituyentes, poco representativas de la realidad nacional, salió una constitución anticlerical y sectaria que, como señalaría el propio Alcalá Zamora, era un llamamiento a la guerra civil. La izquierda y los nacionalistas contaban con que la Ley de Defensa de la República y el sistema electoral permitirían crear una dictadura perfecta que mantuviera aislada a una derecha perpetuamente derrotada en las elecciones.

 Aquel miserable Pacto del Tinell «avant la lettre» fracasó porque en dos años la coalición republicano-socialista no solucionó los problemas económicos ni tampoco desactivó la violencia de la extrema izquierda. La victoria de la CEDA era la de los que hasta hace poco eran monárquicos bien es verdad que insistían –con la iglesia católica al frente– en que acataban el régimen. Azaña pretendió nuevamente recurrir al golpe de Estado y Alcalá Zamora optó por una solución que hoy diríamos centrista. Se negó a secundar el golpe, pero también a encomendar a la CEDA la misión de formar gobierno.

De esa manera, como suele suceder en la Historia de España, un político derechista conculcó elementales principios democráticos en contra de la derecha y no satisfizo a las izquierdas. En octubre de 1934, el PSOE y los nacionalistas catalanes se alzaron en armas contra el gobierno republicano. La revolución –ensayo de lo que sucedería en 1936– pasó por la persecución religiosa, los fusilamientos y la barbarie. Fue aplastada en unas semanas –entre otros por el abuelo de ZP que combatió contra los socialistas asturianos– pero, a partir de ese momento, como supo ver entre otros Madariaga, la República estaba muerta. 1935 fue, quizá, el año en que se llevaron adelante más avances reales en la solución de los problemas nacionales, pero la izquierda y los nacionalistas estaban decididos a triturar a la derecha y a no reconocer sus méritos.

Las elecciones de 1936 –como Alcalá Zamora dejó también por escrito– fueron un colosal pucherazo en el que el Frente Popular, ayudado por el PNV, pisoteó la voluntad popular. En marzo, el PSOE comenzó la revolución ocupando tierras. Durante la primavera trágica de 1936, fueron sucediéndose los asesinatos, Alcalá Zamora fue depuesto y los diplomáticos extranjeros señalaron una y otra vez que España estaba a punto de verse sumergida en un desenlace como el sufrido por Rusia menos de dos décadas antes. La detención de políticos de la derecha y el asesinato de Calvo-Sotelo por policías socialistas decidieron a los últimos que dudaban en sumarse al golpe contra el Frente Popular. Era julio de 1936. Todo esto hay que recordarlo todo, pero no para celebrarlo sino para no repetirlo.

Caso Faisán
¿Y ahora qué va a hacer usted, señor Ruz?
Guillermo Dupuy Libertad Digital 14 Abril 2011

Recordarán los lectores esa escena de Los Intocables, donde un Malone interpretado por Sean Connery entrega moribundo a Eliot Ness una información con la que, tirando de ella, podría llegar a agarrar a Al Capone y, con su último respiro, le pregunta: "¿Y ahora que va usted a hacer?".

Pues bien. Salvando las distancias entre circunstancias y personajes, esta escena me ha venido a la cabeza al saber por El Mundo que el juez instructor del caso Faisán, Pablo Ruz, ya tiene sobre su mesa el Informe Final de Conclusiones que encargó al equipo policial que ha investigado este gravísimo capítulo de la infame "paz sucia" con ETA. Dicho informe concluye que el chivatazo arruinó varios años de investigación, ya que, además de frustrar las detenciones previstas, permitió a la organización terrorista "ocultar datos esenciales sobre la estructura, composición y operativa" de su red de extorsión. El documento hace, asimismo, una reconstrucción minuciosa del flujo de conversaciones telefónicas que se produjeron aquella mañana y que dejan en evidencia que el chivatazo se produjo por una orden que venía desde la cúpula de Interior.

Con un informe en su poder que afirma y prueba que el chivatazo "favoreció la actividad de ETA" y que tuvo "un móvil político", el juez Ruz tiene, tal y como concluye el espléndido editorial de El Mundo, "suficientes elementos para procesar a los imputados y seguir investigando quién fue el eslabón último de la cadena del chivatazo". Es más, diría yo: no cabría una condena coherente que renunciase a situar el móvil y la máxima responsabilidad penal del delito en ese último eslabón político.

Y ahora le pregunto yo al juez Ruz: ¿qué va usted a hacer? ¿Va a ser usted como ese grupo incorruptible y valiente de agentes de la ley dispuestos a llegar hasta el final? ¿O va a reservar el calificativo de "intocables" a los máximos responsables del delito que usted parece haberse atrevido a juzgar? Diga, ¿qué va a hacer usted?

Círculo Balear se aleja del PP por su indefinición en política lingüística
Reclama a Bauzá que garantice la libre elección de lengua en la enseñanza a la que se comprometió
 www.lavozlibre.com 14 Abril 2011

Madrid.- El 'idilio' entre Círculo Balear y el PP ha sido efímero. Ha durado lo que tardado el partido de José Ramón Bauzá en presentar su programa electoral para los comicios del 22-M. Si a primeros de marzo la Fundación Círculo Balear (FNCB) agradecía a los 'populares' su compromiso "adquirido por escrito" con la libre elección de lengua en la enseñanza, ahora lamentan y avisan de "la confusión y desconfianza" que despiera el artículo referido a este asunto.

"Exigimos que se clarifique la extraña y ambigua redacción incluida en el programa electoral: 'Implantaremos un modelo lingüístico que permita a los padres elegir la primera de las lenguas vehiculares para la educación de los hijos', ya que esta escueta declaración no coincide con el compromiso adquirido y repetido en multitud de ocasiones con la ciudadanía ni con esta entidad cívica por parte del señor Bauzá", señala el colectivo presidido por Jorge Campos en un comunicado.

Círculo Balear considera que este punto debería "corregirse, concretarse o definir de forma clara" en la versión definitiva del programa que se repartirá entre el electorado.

La asociación reprocha al candidato del PP en Baleares que no detalle cómo llevará a cabo la implantación de la libre elección de lengua en las aulas, a la que se comprometió en marzo pasado en su programa como aspirante a la Presidencia del PP en la región.

Círculo Balear recuerda que "su postura no ha cambiado en absoluto". "El compromiso de FNCB sigue y seguirá siendo con la ciudadanía, sus derechos y libertades como se demostró el apoyo multitudinario de la movilización cívica del 31 de mayo de 2009 que reunió a más de 20.000 personas contra la falta de libertad lingüística en Baleares, así como el apoyo a todas aquellas formaciones políticas que sin ambages ni subterfugios afronten la problemática con absoluta claridad. Por ello, FNCB, con más de 3.400 socios y simpatizantes, no apoyará al PP si no hay una rectificación de un programa con fórmulas ambiguas que no aseguran la libre elección de lengua", añaden en el comunicado.

En contraste con el PP, Círculo Balear apunta que UPyD sí promete "dos casillas en los impresos de matrícula escolar" y "garantiza el bilingüismo en las administraciones", la derogación de la LNL y el objetivo de suprimir los departamentos de política lingüística.

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La tentación de crear una nueva versión oficial
EDITORIAL Libertad Digital 14 Abril 2011

La decisión del Partido Popular de que el diputado popular, Ignacio Gil Lázaro, dirigiera este miércoles sus siempre decisivas cuestiones parlamentarias en torno al caso Faisán, no al ministro del Interior sino al ministro de Justicia, no ha venido sino a fortalecer la veracidad del rumor de un acuerdo alcanzado el pasado jueves entre el propio Rubalcaba y Federico Trillo por el que el PP aligeraría el cerco que el diputado popular venía sometiendo sistemáticamente al ministro del Interior.

Sea o no fruto de un acuerdo, la decisión de minorar la presión parlamentaria contra Rubalcaba por el caso Faisán, en unos momentos en los que los más abrumadores indicios apuntan a su responsabilidad penal, es en todo caso moral y políticamente suicida. Y que no nos vengan del PP a hablar de la enorme pertinencia que también tiene sacarle los colores al Gobierno y al ministro de Justicia por la escandalosa petición de la Fiscalía consistente en que ese clamoroso e infame delito de colaboración con banda armada quedase reducido a un mero delito de revelación de secretos: somos lo primeros en advertir que por este gravísimo asunto, no ya Gil Lazaro, sino Rajoy debía haber pedido hace tiempo el fulminante cese del fiscal general del Estado; somos también los primeros en advertir que la paz sucia de ZP, en general, y el caso Faisán, en particular, son, a diferencia de los GAL, no una cadena que pende únicamente de Interior, sino una malla que ha salpicado a jueces y a fiscales. Pero el deber de pedir explicaciones al ministro de Justicia por el indecente comportamiento de su servil Fiscalía en el caso Faisán no debe traducirse, en modo alguno, en una menor presión política como la que de manera ascendente se debería ejercer contra el ministro que presuntamente dio orden de que se perpetrara ese delito. Y de eso no tiene culpa Gil Lázaro, ni siquiera Trillo: la tiene Rajoy.

Lo que está fallando clamorosamente, y no es de ahora, en el "regimiento" popular es su "comandante". Rajoy es el máximo responsable de que un asunto de la impresionante envergadura del caso Faisan quede prácticamente reducido a la interpelación parlamentaria de los miércoles por la tarde de un aguerrido pero solitario Gil Lázaro. Rajoy es el máximo responsable (sin olvidar tampoco la responsabilidad de los medios de comunicación), de que muchos españoles se hayan medio enterado de qué es el caso Faisán sólo desde que a Rubalcaba le dio por cantar a Amaral.

Ha sido Rajoy quien, en lugar de convocar a los medios de todo el país para denunciar la infamia que venían a confirmar las actas interceptadas a ETA, guardó casi dos días de impresentable silencio, silencio que sólo rompió como para pedir excusas por romperlo. Ha sido Rajoy quien, en lugar de ser punta de lanza, ni siquiera se ha atrevido a ser mera comparsa de unas asociaciones de víctimas que no se resignan a que se cercene su derecho a la memoria, a la dignidad y a la Justicia. Es Rajoy quien todavía guarda silencio ante la vergonzosa pasividad del Gobierno y de la Fiscalía de instar la ilegalización de los proetarras de Bildu. Es Rajoy quien dice que apoya a un Ejecutivo que permitió que los proetarras se colaran en los ayuntamientos, el mismo Gobierno que luego les ha permitido que permanezcan en ellos, el mismo que ahora no se opone a que lo hagan nuevamente a través de Bildu.

Sea, pues, cierta o no la existencia de ese acuerdo para aflojar el cerco contra Rubalcaba, el hecho es que el PP se comporta como si lo hubiera. Sobre el caso Faisán no debería extenderse un nuevo pacto de silencio como parece que ha sucedido a cuenta del 11-M. No sería de recibo que, como en éste, el PP hiciera dejación de sus funciones de Oposición y limitara el progresivo esclarecimiento de los hechos a la investigación de ciertos medios de comunicación y de ciertos jueces. Que PP y PSOE no terminen construyéndonos en el Faisán una versión oficial que, como la del 11-M, va desmoronándose cada vez que se rasca un poco en ella.

Una carta al director
Jesús Royo Arpón  www.lavozlibre.com 14 Abril 2011

El correo del lector, cartas al director, los lectores opinan, o como quiera que lo llamen, es todo un género. Hay quien dice que es lo mejor de los periódicos. La limitación drástica impuesta –veinte líneas- es tremendamente fecunda: el autor va directo al grano, sin preámbulos, preludios ni exordios. Escribe para comunicar algo, no para expresarse ni para hacer una exhibición de sus dotes literarias. Los adjetivos, pocos, deben ser puro diamante, perfilados y exactos. Y el tema suele ser algo apremiante y vivo, como el comentario burlón de un vecino o como una llamada urgente. Definitivo: las cartas al director suelen ser lo mejor del diario.

Voy a centrarme en una carta aparecida en La Vanguardia. Ya sé que no es muy digno por mi parte aprovecharse del trabajo de otro, pero tómenselo como una cita y un homenaje al semianónimo autor. Su nombre es José Aparicio, de Barcelona. Cito: "Con cierta dosis de envidia escucho a un amigo madrileño explicarme que lleva a sus hijos a uno de los 200 colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid donde dan la mitad de las clases en inglés y la otra mitad en español. En Catalunya, en este aspecto, la situación es bastante diferente porque en la enseñanza pública la única lengua vehicular no es el inglés ni el español, sino únicamente una lengua de ámbito mucho más reducido como es el catalán. Sin duda, si yo fuera el gerente de una multinacional extranjera tendría muy claro dónde implantarme, y dónde no"

"A la abeja semejante – para que cause placer – el epigrama ha de ser – pequeño, dulce y punzante", decía Iriarte. Pues así es esta pequeña obra de arte del género de cartas al director: breve (siete líneas), dulce (sin faltar a nadie) y punzante. Desde la primera frase se sitúa en el terreno del tabú: tengo envidia de Madrid. ¿Qué catalán no tiene envidia de Madrid? Una envidia insana, revestida a veces de desprecio o de falsa superioridad, una envidia fraterna y escabrosa como la "invidia penis" de la mujer sobre el hombre, que entre hombres sería "invidia penis longioris mei", o sea el miedo infantil a que él la tenga más larga que yo. Es ese morbo de quien es feliz no por ser mucho o poco, sino por ser más que el otro. Un morbo que nos impide gozar con lo que tenemos y somos, siempre comparándonos con el otro, quejándonos si el otro tiene más, y consolándonos, cuando perdemos, si el otro pierde más. Nuestro "otro" oficial es Madrid.

Pero no se queda ahí. El objeto de la envidia es otro tabú: la lengua. 200 colegios de Madrid son bilingües en las dos mayores lenguas de Occidente, mientras en Cataluña estamos atados a una sola lengua, y encima minoritaria. "Sí, pero es la lengua propia", nos consolamos, destilando un extraño amor-odio, como el novio de la fea: "será fea, pero es mía". Y nos invade la melancolía: tener lengua propia, ¿es una suerte, es un orgullo, como dice Mas, o es, como me decía un amigo catalanohablante, una putada? Los bilingüistas denunciamos la inmersión porque va contra el derecho a la escuela en lengua propia. Pero el señor Aparicio es más sutil, más sibilino: ¿por qué en vez de hablar de lengua propia y de derechos inalienables no consideramos lo que sea más provechoso para la gente, o lo que la gente considere más útil? Al final, los que van a cargarse la inmersión escolar serán los propios catalanohablantes, porque les priva de un acceso ventajoso a las lenguas más extendidas. Y si no, al tiempo.

El remate de la carta, apelando al gerente de la multinacional, es un golpe bajo. O sea que tanto esfuerzo por implantar la inmersión, tanto querer meter el clavo por la cabeza, tanto luchar contra los elementos y contra los baremos del informe PISA, y al final míster Marshall pasa de largo y se implanta en Madrid. "Escolti, vingui aquí, que som catalans!". Nada. Ni caso.

ETA
Unidad contra el terrorismo
GEES Libertad Digital 14 Abril 2011

Si una virtud han tenido los ocho años de zapaterismo es mostrar con claridad que desde hace años los españoles hemos vivido una ficción, la de la unidad en la lucha antiterrorista. Desde luego, a todos los españoles de bien, a derecha e izquierda, en el PP y en el PSOE, les espantan los horrendos crímenes de ETA. Y por descontado, socialistas y populares convienen en que lo mejor sería que ETA no existiese. Pero nos tememos que no es esa la cuestión.

Más allá de constatar el horroroso problema etarra, es ya claro y evidente que PP y PSOE ofrecen dos soluciones opuestas para el terrorismo. Los populares defienden la derrota total y sin contemplaciones de ETA, la detención de sus comandos, la desarticulación de su estructura, las penas máximas para sus miembros y la deslegitimación de sus objetivos. El PSOE, por el contrario, cree en la negociación y el acuerdo político y social, la inserción y beneficios para los etarras, y ve legítimas las pretensiones ideológicas. En fin: unos quieren acabar con ETA; los otros acabar con las condiciones que hacen que ETA mate.

No juzgaremos moralmente la preferencia socialista, ni siquiera su viabilidad: sólo constatamos que Rubalcaba, Bono, Zapatero o Caamaño tienen una actitud hacia ETA esencialmente distinta a la de Mayor Oreja, Acebes, Rajoy y Aznar. Como éstos la tenían respecto a Felipe González. No nos engañemos y aceptemos la realidad tal y como es y no tal y como quisiésemos que fuese: no hay acuerdo fundamental sobre qué hacer con ETA.

Pero PP y PSOE hacen como si hubiese acuerdo y el Pacto Antiterrorista siguiese vigente, sabiendo ambos como saben que estando en el Gobierno sus políticas son opuestas. Cometen así un fraude a los ciudadanos, al esconder diferencias de fondo, disimularlas o atenuarlas sólo porque no quieren ser ellos los que certifiquen que el Pacto es papel mojado.

Este empeño en mantener la ficción sobre la unidad tiene un efecto secundario muy nocivo: la aparente unidad hurta a la opinión pública un debate que es fundamental y que no se le puede arrebatar. Si se discute abiertamente por aspectos menos importantes como las pensiones o el mercado laboral, ¿por qué esto, más importante, no? Las abismales diferencias no se pueden dirimir en timbas clandestinas entre Rubalcaba y Trillo, sino ante la opinión pública.

La lucha contra el terrorismo debe ser objeto de discusión política abierta. A la hora de ir a las urnas, a los españoles les debe quedar claro que con un Gobierno se derrotará a ETA y con otro se pactará con ella. Ya que las diferencias están ahí y seguirán estándolo el 22-M y en 2012, a menos que sean los españoles los que decidan qué quieren hacer respecto a la banda.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Bildu
ETA y las elecciones
Mikel Buesa Libertad Digital 14 Abril 2011

Que ETA ha planificado minuciosamente su vuelta a las instituciones municipales y forales, a través de su participación en las elecciones locales, es un hecho claramente establecido en el auto del Tribunal Supremo por el que se ha declarado a Sortu como una continuación de Batasuna y, en consecuencia, se ha denegado su inscripción en el registro de partidos políticos. Sin embargo, el problema de la presencia electoral de ETA no está del todo resuelto toda vez que su partido, ahora sin una identificación clara, se ha integrado en la coalición electoral Bildu junto a Eusko Alkartasuna y Alternatiba. Y, por ello, habrá que esperar a la actuación del Gobierno, a través de la Fiscalía del Estado, y a su capacidad para sacar adelante el correspondiente proceso judicial ante el Supremo, para ver si, finalmente, ETA se presenta o no a las elecciones.

Entretanto, conviene analizar las razones que han llevado a ETA a intentar concurrir en la contienda electoral. Tres son, a mi modo de ver, los aspectos que se deben considerar al respecto: el primero es de naturaleza política y tiene que ver con la pérdida de influencia que la organización terrorista ha tenido en el País Vasco; el segundo alude a la necesidad que tiene ETA de recuperar el espacio local para poder expresar su universo simbólico; y el tercero apunta a la base logística y económica que provee el poder municipal para el desarrollo de las actividades terroristas. Veámoslas con más detalle.

ETA necesita frenar el declive que ha experimentado su capacidad política a lo largo de la última década. La ruptura de la tregua de 1998-99 y, de una forma muy especial, la ilegalización de Batasuna en 2003, fueron los detonantes principales de esa situación. Los indicadores sociológicos de que disponemos al respecto lo muestran con mucha claridad. Así, de acuerdo con los resultados del Euskobarómetro, si en 1999 casi la mitad de los vascos tenían una imagen positiva de ETA, a partir de 2003 esa proporción se redujo a la mitad. Por otra parte, si hasta un 18 % de los ciudadanos justificaban la violencia en el inicio de la década, actualmente no son más del 12% los que sostienen esa postura. Y, finalmente, lo que podría denominarse como el extremismo pro-etarra, formado por aquellos que manifiestan su apoyo incondicional o justifican a ETA, ha descendido desde el 11% al finalizar el pasado siglo a cifras que, en los últimos tiempos, se mueven entre el 1 y el 4%.

Las consecuencias electorales de esta endeblez política de ETA se manifestaron con nitidez en los comicios de 2007. Como he mostrado en mi libro ETA, S.A., en esa ocasión el partido de ETA –Acción Nacionalista Vasca– obtuvo el 7,6 % de los votos y 337 concejales, unos resultados éstos muy alejados de los que en 1999 había conseguido Batasuna –19,9 % de los votos y 679 concejales–. Se puede argüir para justificarlo que ANV sólo logró colar la mitad de sus listas, pues las demás fueron ilegalizadas. Pero en contra de esta tesis cabe añadir que ANV se presentó en los viejos feudos de ETA sin lograr reproducir el resultado anterior. Es cierto que allí consiguió hacerse con 44 alcaldías, el mismo número de las que obtuvo Batasuna ocho años antes, pero no se puede ocultar que sólo en la mitad de ellas, las de los pueblos más pequeños, ese puesto se lo otorgaron las urnas porque, en la otra mitad, las ocuparon gracias al desistimiento de los demás partidos cuyos concejales, con la única excepción del edil del PP en Ondárroa, nunca llegaron a tomar posesión debido a la violencia que se ejerció sobre ellos.

Por otro lado, ETA necesita recuperar el territorio abertzale, esa especie de zona liberada que, en la Euskadi profunda de los valles guipuzcoanos y vizcaínos, hace años logró sustraer al control del Estado generando un espacio anómico en el que se podía expresar en toda su extensión el universo simbólico del nacionalismo, con sus fiestas diferentes a las del resto de España o su educación imbuida por la exaltación de la violencia, y hacer visible a la nación vasca. Lo necesita porque sólo en ese espacio es capaz de reproducir su base social y política, y asegurar así su futuro como organización.

Y, por último, ETA requiere ostentar el poder municipal para recomponer su base logística. Ésta tiene que ver tanto con la disponibilidad de instalaciones en las que albergar los materiales del terrorismo, reunir a sus seguidores u ocultar a sus militantes, como con el manejo de los recursos presupuestarios de los ayuntamientos. Las primeras pueden ser provistas muchas veces por las autoridades municipales, sea empleando los locales públicos, sea facilitando su alquiler con cargo a los ayuntamientos. Además éstos pueden contratar a una parte del personal al servicio de la banda terrorista que realiza tareas de información para la preparación de atentados o extorsiones, propaganda, organización política y control de las múltiples entidades asociativas y mercantiles que se vinculan con ETA.

Las estimaciones que he detallado en ETA, S.A. señalan que, en los actuales ayuntamientos de ANV la nómina del personal contratado vinculado con la organización terrorista asciende a 2,4 millones de euros al año. A ello cabe añadir la colocación del personal propiamente político que ejerce tareas de representación municipal, un concepto éste que, actualmente, supone cerca de 2,2 millones de euros anuales con cargo a las arcas municipales. Además están las ayudas a los grupos municipales, que cabe cifrar en torno al medio millón de euros en cada ejercicio. Y, finalmente, está el manejo de un presupuesto anual próximo a los 250 millones de euros, parte del cual puede desviarse hacia la financiación de las organizaciones afines a ETA bajo la forma de subvenciones o de la contratación de servicios. La experiencia del pasado señala que este último concepto se puede mover cerca del uno por ciento de las disponibilidades presupuestarias, con lo que estaríamos hablando de una cifra de hasta 2,5 millones de euros al año. En total, por tanto, los ayuntamientos pueden proporcionar aproximadamente 7,6 millones de euros a las mermadas arcas de la organización terrorista. Si tenemos en cuenta que, en estos últimos años, el rendimiento de la extorsión, el saqueo, los rendimientos mercantiles y los donativos y cuotas no han proporcionado más allá de 8,2 millones anuales, se evidencia que la representación municipal es crucial para el sostenimiento económico del entramado organizativo liderado por ETA.

En síntesis, ETA se juega mucho en las próximas elecciones, pues su continuidad política, logística y económica puede tratar de asegurarse si logra recomponer su poder municipal. Por ese motivo, si se consigue que los terroristas queden excluidos del proceso electoral, se habrá dado un paso decisivo para la derrota de esta organización terrorista que tanto daño ha hecho a España y a los españoles.
Mikel Buesa es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

Rebajas para un asesino
Editoriales ABC 14 Abril 2011

En las actas de la negociación del Gobierno con ETA, se advertía de la disposición del Ejecutivo a dar medidas de gracia a terroristas

EL etarra Antonio Troitiño Arranz, condenado a más de 2.000 años de prisión, salió ayer de la cárcel, pese a que, por aplicación de la «doctrina Parot», debía permanecer en ella hasta 2017. La Audiencia Nacional se ha visto obligada a aplicar una jurisprudencia del Tribunal Constitucional por la que un delincuente tiene derecho a descontar en todas sus condenas el tiempo que pasa en prisión provisional por uno solo de los delitos. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia de diciembre de 2009, criticó severamente esta doctrina, no sólo porque, a su juicio, invadía la jurisdicción de los tribunales ordinarios, sino también porque lesionaba los principios de seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad y buena fe procesal. Desde el sentido común, la doctrina del TC es un premio al delincuente habitual y violento que se encuentre en prisión provisional. Ahora, además, beneficia a los terroristas más sanguinarios. Por imperativo legal, el propio Supremo ha tenido que acatar la doctrina del Constitucional, porque este la fundamenta en la protección de la libertad individual (artículo 17 de la Constitución). Sin embargo, previendo las consecuencias inaceptables que iba a tener esta jurisprudencia, el Parlamento acordó modificar el pasado año el artículo 58 del Código Penal para evitar que un día de prisión provisional se descuente de cada una de las penas de prisión del delincuente, reforma no aplicada retroactivamente al etarra Troitiño por no serle favorable. La excarcelación de Troitiño es una muestra de inseguridad jurídica, porque, por un lado, el Supremo acordó ampliar su permanencia en prisión —que no su condena— por la «doctrina Parot», mientras que el Constitucional ha obligado indirectamente a recortarla con una interpretación de la legalidad penal sin sustento siquiera en la más benévola de las visiones rehabilitadoras del delincuente.

Este episodio es desalentador y obliga a seguir con extrema atención no sólo futuras decisiones que sigan este precedente, sino también la suerte que pueda correr la «doctrina Parot» en el Constitucional, que tiene que resolver varios recursos pendientes. Sean ciertas o no las actas de la negociación del Gobierno con ETA, en ellas se advertía de la disposición del Ejecutivo a dar medidas de gracia a terroristas con delitos de sangre a cambio del cese de la violencia, y ofrecía a los etarras el fin de la «doctrina Parot». Ojalá todo sea una mera coincidencia.

¿Para qué sirve el Tribunal Constitucional?
Editorial Estrella Digital 14 Abril 2011

Una sentencia de 2008 del Tribunal Constitucional ha permitido que salga en libertad el etarra Antón Troitiño, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA y que ha cumplido 24 de los más de 2.200 años de prisión a los que fue condenado. La excarcelación de este terrorista, miembro de uno de los más sanguinarios “comando Madrid” de los años 80 y compañero de De Juana Chaos, se produce al aplicar la sentencia 57/2008 del Tribunal Constitucional, conocida como doctrina de "doble cómputo de la pena". Esto supone que si un preso está cumpliendo una pena de cárcel y a la vez está preventivo por otra, cuando es condenado por la segunda se le descuenta el tiempo que ha estado encarcelado por las dos causas.

En el caso de Domingo Troitiño, debería haber salido en febrero de este año, pero al aplicarle la llamada doctrina Parot se le aumentó la condena hasta 2017. Sin embargo, la aplicación ahora de la sentencia del Constitucional ha supuesto que se le descuenten siete años de cárcel.

La excarcelación de este terrorista es, como mínimo, inoportuna en un momento en que el entorno de ETA está sumamente desanimado por los continuos golpes policiales que está sufriendo tanto en España como en Francia. La salida de Troitiño, uno de los más irredentos etarras y, por ello, un símbolo en ese oscuro mundo no hace sino elevar su decaída moral.

Dice el PP que "es una vergüenza que el Tribunal Constitucional, que tiene que garantizar los derechos fundamentales de los españoles, se dedique a garantizar los derechos de los etarras".

No le falta razón y hace que nos planteemos que si sentencias así lo único que hacen es beneficiar a asesinos que atentan contra el Estado de Derecho, no necesitamos este Tribunal que, por otra parte, es muy costoso.

Si el Constitucional no sirve para protegernos de los malos, mejor que se reflexione sobre su existencia. Es, en efecto, una vergüenza.

De nuevo el autoodio
Palabras como Tierra, Patria y Pueblo no pueden pronunciarse en serio en el siglo XXI
andrés freire ABC Galicia 14 Abril 2011

HACE unos días, un opinante nacionalista atizaba a los críticos con el gastado insulto del autoodio. Nosotros nos autoodiamos, explicaba, pues no compartimos el espíritu nacional gallego. Y este insulto nos conduce de lleno a unas cuantas paradojas. Tradicionalmente, el nacionalismo ha rastreado la historia para acopiar glorias y honores para su tribu. Nuestro nacionalismo, en cambio, está obsesionado con hallar en el pasado cualquier rastro de humillación y oprobio. El ejemplo paradigmático es esa historieta que nos contaban nuestros profesores de gallego, la de que el cronista Zurita había hablado de la «castración de Galicia». A pesar de que es mentira (la palabra la inventó Castelao en las cortes republicanas), el nacionalismo la ha difundido con deleite enfermizo. Y, sin embargo, somos nosotros, los que preferimos encontrar gallegos surcando mares lejanos y asaltando reinos extranjeros, los que nos autoodiamos.

¿Y qué decir de nuestra cultura? Somos muchos los que hacemos nuestros a todos los gallegos que han acrecentado el espíritu mediante la literatura, ya sea en latín, en gallego o en castellano. Desde Francisco Sánchez a Torrente Ballester, pasando por Rosalía. El nacionalismo, por su parte, etiqueta como renegados a quienes han preferido escribir en español. Y considera ajenas a la cultura gallega obras tan propias como Los Pazos de Ulloa, las Sonatas de Valle, La Saga/Fuga de JB o la Mazurca de Cela. Sin embargo, asómbrense, somos nosotros los que nos autoodiamos.

Es que odiáis vuestra lengua, nos insisten. Según parece, nuestra lengua no es aquella que hemos mamado en la cuna, sino la gallega. Así aseguran, por más que muchos tengan como lengua materna la misma que yo, el castellano. De ahí esa paradoja entre el joven nacionalismo: odian y desprecian la lengua que mejor hablan, la lengua que apenas se despistan brota de su boca. Se abrazan a una superstición nominalista (en Galicia, en galego) y reniegan de la lengua que surge espontánea de sus labios. Allá ellos si mutilan su capacidad expresiva, obnubilados por antiguallas teóricas del romanticismo alemán (la lengua como alma del pueblo). Pero, por favor, que no insulten a quienes escuchamos con sonrisa escéptica toda esta retórica. Palabras como Tierra, Patria y Pueblo no pueden pronunciarse en serio en el siglo XXI.

El autoodio, nos explica Wikipedia, es un concepto surgido en los albores del nacionalismo judío. Pero, en el fondo, es una idea que no suena nueva entre nosotros. Recuerda mucho a la Antiespaña de la que hablaba el nacionalismo franquista. Creíamos superados esos tiempos, en los que una parte del país se arrogaba el derecho a hablar por todos. No lo están. El mismo espíritu pervive. Sólo ha cambiado la bandera que justifica la exclusión de los disidentes.

Tensión radical
EDITORIAL El Correo 14 Abril 2011

La izquierda abertzale debe superar la prueba de la ruptura total con ETA

La persistencia de ETA como una amenaza latente ha vuelto a poner a prueba tanto a los herederos de la extinta Batasuna que tratan de regresar a la legalidad como a los socios -EA y Alternatiba- que intentan facilitarles el camino a cambio de compartir los beneficios políticos que pudieran derivarse de la desvinculación de la izquierda abertzale respecto a la matriz etarra.

Los tiroteos protagonizados el pasado sábado por dos presuntos integrantes de la banda terrorista, que hirieron a un gendarme en el centro de Francia, y el hallazgo de más de 850 kilos de material explosivo en un caserío de Legorreta extienden sombras de duda más que razonables, advirtiendo sobre la reversibilidad del alto el fuego anunciado por ETA. Las señales enviadas esta misma semana a la banda terrorista en nombre de la izquierda abertzale y también de Sortu reflejan la inquietud que lo ocurrido suscita en ese mundo, temeroso de acabar encadenado a una banda cuyo desvarío se incremente en la debilidad, y acobardado para romper definitivamente con el mismo.

Lo que resulta más discutible es que los mensajes transmitidos desde la izquierda abertzale para que ETA se atenga escrupulosamente a una tregua «permanente y general» surtan efecto y, sobre todo, que la tensión exteriorizada contribuya a corto plazo al final de la violencia. Entre otras razones porque la izquierda abertzale continúa advirtiendo que le será ineludible rechazar toda violencia, «incluida la de ETA», al tiempo que se resiste a formular siquiera una crítica retrospectiva a la trayectoria terrorista, y tampoco es capaz de emplazar a la banda a poner fin a su existencia.

Las personas que daban ánimos a los hermanos Esnaola durante su detención en el lugar en el que almacenaban tanto explosivo y las que trataron de homenajear a Sagardui después de haber cumplido casi 31 años en prisión por la comisión de atentados mortales intentan salvar el pasado etarra de ese mínimo juicio que la sociedad reclama a la izquierda abertzale. Sortu en sus alegaciones ante el Supremo y Bildu ante las noticias sobre la posible impugnación de sus candidaturas insisten en que no tienen nada que ver con ETA. Algo que política y socialmente será verdad cuando se atrevan a reconocer, sencillamente, que el Estado de Derecho tiene la obligación de detener a los terroristas.

Mitosis abertzale
El nacionalismo tiene un grave problema con su profusión de marcas y señuelos, pero no es de recibo que su proyecto de futuro se limite al logro de la ansiada unidad
LUIS HARANBURU ALTUNA El Correo 14 Abril 2011

La mitosis es un mecanismo de división celular. Es un fenómeno que se da constantemente en la naturaleza, pero puede tener efectos perversos en el cuerpo humano. El cáncer es una especie de mitosis perversa mediante la cual se opera una multiplicación celular incontrolable. En política también se da el fenómeno de la mitosis y entre nosotros ha habido quien lo ha teorizado, formulando el axioma de que uno se divide en dos.

Antón Irala fue un hombre imprevisible que ejerció de secretario del lehendakari José Antonio Aguirre y desarrolló una importante carrera en los servicios de inteligencia americanos. Fue un anticomunista ferviente, pero ello no impidió que estudiara con ahínco la teoría marxista. Analizó con especial interés el fenómeno de Mao Tse Tung y extrajo sabrosas conclusiones que desarrolló en un libro que hizo furor en los años ochenta bajo el título de 'Bat bitan banatzen da'. Antón Irala fue un nacionalista radical que miraba con ánimo pesimista el porvenir del nacionalismo. Era consciente de la dinámica centrífuga del nacionalismo vasco.

El axioma de que uno se divide en dos por la fuerza del sino dialéctico se ha hecho realidad en el caso del nacionalismo vasco. Del esqueje plantado en su día por Sabino Arana Goiri ha crecido un frondoso árbol que ha generado luego un tupido bosque. Ese parece ser el destino del nacionalismo vasco: multiplicarse en réplicas continuas convirtiendo el árbol original en espesa fronda. Hoy existen no menos de media docena de marcas nacionalistas y son ciento las hijuelas que se reclaman de la bellota plantada por Arana Goiri en su jardín de Abando. Además, por lo que parece, la historia no acaba de terminar.

En el difícil parto de la izquierda abertzale en el que no acaba de nacer el vástago llamado Sortu, parece inminente una escisión de consecuencias todavía ignotas. Ya comienza a hablarse de una izquierda abertzale 'tradicional' como si se diera por supuesto la existencia de otras izquierdas abertzales 'auténticas', 'no-tradicionales' o vaya usted a saber. Es el síndrome de la mitosis que asoma. El síndrome de la mitosis abertzale.

No es de extrañar ante semejante profusión de siglas, partidos, agentes y sujetos, que los más conscientes de entre los nacionalistas hayan tocado a rebato y traten de unir lo que la dialéctica iraliana ha desperdigado. Los jeltzales guipuzcoanos han lanzado la consigna 'Batu gaitezen', que de algún modo contraviene el lema más comedido del 'Ados' de los bizkaitarras. La izquierda aber-tzale, a su vez, trata de estrechar filas con lo que ellos consideran el nuevo y hegeliano 'sujeto' llamado Bildu.

Tanto Bildu como Batu tratan de unir las respectivas parroquias y no dejan de mirar con nostalgia la unidad abertzale trazada en Lizarra. Ocurre que nada se repite bajo el sol, a pesar de que los humanos persistamos en nuestras ensoñaciones. La historia nos muestra que en el último siglo el nacionalismo vasco ha logrado aglutinar a la mitad de la población vasca, mientras la otra mitad le ha sido esquiva. A veces ha logrado la hegemonía mediante el copo de las instituciones o mediante la presión ejercida por dudosos métodos, pero no ha logrado sumar una mayoría social de la que sin embargo se ufana. La famosa acumulación de fuerzas solo alcanza a la mitad de la sociedad y no cabe suplir la mayoría a base de voluntarismo patriotero. El hecho cierto es que el nacionalismo no ha logrado alcanzar una clara mayoría electoral en el conjunto del País Vasco. Más que crecer se ha reproducido por mitosis.

La única mayoría social válida, en las sociedades democráticas, es la mayoría parlamentaria y lo demás son conglomerados que ocultan, a base de ruido y presión, la menesterosa entidad de la mitosis frondosa. Entiendo que el nacionalismo tiene un grave problema con su profusión de marcas y señuelos, pero no es de recibo que su proyecto de futuro se limite al logro de la ansiada unidad abertzale. El futuro del País Vasco requiere de mayorías que rebasen ampliamente los bloques que históricamente se han conformado y el nacionalismo debe resolver sus cuitas por la hegemonía para contribuir a un pacto entre nacionalistas y quienes no lo son para sacar a Euskadi del atolladero. Un pacto de alcance nacional que aglutine al constitucionalismo y al nacionalismo menos etnicista.

A algunos se les llena la boca hablando de ilusión y de nuevas eras en ciernes, pero su horizonte es demasiado estrecho para abarcar el futuro. Bien está que los abertzales se unan, pero no para arremeter contra el resto de la sociedad. Es bueno que se unan para pactar y establecer las reglas de juego de una Euskadi libre del síndrome identitario; pero tanto Bildu como Batu no dejan de ser pobres apaños contra la inexorable mitosis abertzale. Les falta ambición política. Su campana solo suena para la parroquia. Así es imposible construir una nación de ciudadanos.

Palau
El silencio de los imputados
Clemente Polo Libertad Digital 14 Abril 2011

Las investigaciones que se han desarrollado durante la instrucción del caso Palau de la Música y que han desembocado, a petición del fiscal, en la apertura de una causa separada para examinar la (presunta) financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido que preside el Honorable Jordi Pujol y dirige desde la secretaría general el igualmente Honorable Artur Mas, han puesto contra las cuerdas a la formación nacionalista. La imputación a petición del fiscal de Daniel Osàcar, secretario personal de Artur Mas entre 2000 y 2005 y tesorero del partido y administrador de la fundación Trias Fargas-CatDem desde 2005 hasta enero de 201, y "una de las mejores personas" que ha conocido el Sr. Trias, candidato de CDC a la alcaldía de Barcelona, apunta a que el misterioso "Daniel" que sustituyó al Sr. Torrent (tesorero de CDC fallecido en 2005) como cobrador del frac, y al que los gestores del Palau, Fèlix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull, entregaban sumas de dinero procedentes de comisiones pagadas por empresas a las que los Gobiernos de Jordi Pujol habían adjudicado obras, era Daniel Osàcar.

Para minimizar el daño que la previsible imputación de Osàcar pudiera causarles, Artur Mas y Jordi Pujol decidieron adelantarse a los hechos y aceptar la dimisión que presentó el "bueno" de Osàcar como tesorero de CDC y administrador de la fundación nacionalista en la primera reunión que celebró la comisión ejecutiva del partido el 13 de diciembre, apenas dos semanas después de la victoria de la formación nacionalista en las elecciones autonómicas catalanas el 28N. De esta manera, CDC podrá aducir, si como resulta previsible "Daniel" acaba siendo condenado, que "el Sr. Osàcar presentó su dimisión de todos sus cargos en diciembre de 2010 y no tiene responsabilidades orgánicas en CDC desde enero de 2011". En otra decisión vergonzante tras tomar posesión el Sr. Mas, los servicios jurídicos de la Generalitat, dependientes de Presidencia, presentaron en nombre del Consorcio del Palau de la Música el 18 de enero una solicitud en el juzgado de instrucción número 30 pidiendo que se investigue únicamente el destino de 5,9 de los 12 millones aportados por la empresa Ferrovial al Palau y no se impute a ninguna persona en concreto. ¡Viva la impunidad! La maniobra de CDC ha sido contestada por todos los partidos en el Parlament, salvo UDC y SI, y CDC se ha visto obligada, para no perder la votación, a aceptar que el Sr. Gordó, secretario de presidencia, comparezca para dar explicaciones ante la comisión de Justicia.

Pero el verdadero quebradero de cabeza para Artur Mas y Jordi Pujol en los próximos meses será lograr que no se quiebre el pacto de silencio que les ha permitido eludir la acción de la justicia hasta ahora. Resulta esencial para ambos políticos que el Sr. Osàcar continúe negando los hechos por los que ha sido imputado, como ya hizo ante la comisión (p. 94) que investigó el asunto en el Parlament de Catalunya, incluso si es condenado. Vital para ellos será también que los principales imputados en el caso Palau, Millet y los Montull, sigan invocando su derecho a no declarar, como también hicieron ante la precitada comisión (p. 49) parlamentaria, y continúen exculpando a Osàcar. También hace falta que peones de brega como la Sra. Barberá, secretaria para todo de Millet en el Palau-Orfeó que fue despedida días antes de que Millet y Montull se autoinculparan ante el juez Solaz, mantenga la boca bien cerrada, como ya hizo al acogerse a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlament (p. 61).

Si los "honorables" Mas y Pujol logran su objetivo, resultará imposible llegar al fondo del asunto y conocer el destino de los 35,4 millones desviados por Millet del Palau de la Música-Orfeó Català y los nombres de los máximos responsables de la (presunta) trama de extorsión organizada por CDC para financiarse ilegalmente durante al menos una década. A las leales víctimas el Gobierno catalán del Sr. Mas ya se ocupará de recompensarlas asegurándoles que su estancia en una celda vip en Can Brians será confortable y breve.
Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Escribe regularmente en su blog.

nueva formación de la izquierda abertzale
El Supremo rechaza por unanimidad el recurso de nulidad de Sortu
El Alto Tribunal considera que se trata de cuestiones ya resueltas en el auto que impedía la inscripción como partido de la nueva formación de la izquierda abertzale
EFE | MADRID El Correo 14 Abril 2011

La Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) ha acordado por unanimidad no admitir el incidente de nulidad presentado por Sortu contra el auto que prohibió su inscripción en el registro de partidos políticos, por lo que ahora podrá recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

Así lo han informado fuentes del Alto Tribunal al término de la reunión que durante unas dos horas han mantenido los 16 magistrados de la Sala Especial para estudiar la petición de la formación abertzale.

Una vez rechazado el incidente de nulidad, y a la espera de que mañana sea notificada la providencia que esta tarde ha adelantado el Alto Tribunal, Sortu tiene la posibilidad de recurrir en amparo al TC la decisión del Supremo, para lo que dispone de un plazo de 30 días.

No obstante, a la vista de que el próximo lunes 18 finaliza el plazo de presentación de candidaturas a las próximas elecciones del 22 de mayo, parece difícil que el Constitucional pueda resolver el recurso de amparo de Sortu y, por tanto, que esta formación pueda concurrir a los comicios locales y autonómicos.

La nueva marca abertzale presentó el incidente de nulidad el pasado día 7 al considerar que el auto en el que la Sala Especial acordó prohibir su inscripción en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, vulneraba, entre otros, el derecho a la libre creación de partidos políticos.

Las mismas fuentes han explicado que los 16 magistrados de la Sala del 61 han considerado que las cuestiones planteadas por Sortu en ese incidente de nulidad ya fueron resueltas en el auto que prohibía su inscripción.

El fallo de ese auto se acordó el pasado 23 de marzo y el 1 de abril se notificó a las partes junto con el voto particular discrepante firmado por siete de los dieciséis magistrados que la integran.

El TS estimó así las demandas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra Sortu ante el riesgo de que devenga una vía de financiación para ETA y su actividad terrorista, pese a que una minoría de la Sala consideró que sólo se puede juzgar al partido por sus conductas futuras y que no cabe su ilegalización preventiva.

Uno de los firmantes del citado voto particular fue el magistrado de la sala de lo civil Rafael Gimeno-Bayón, cuyo nombramiento fue anulado este martes por el pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del TS por no reunir los requisitos para acceder a este cargo, aunque esa anulación aún no ha sido plasmada en sentencia y, por tanto, no ha afectado a la composición de la Sala del 61.

Golpe a la «oferta» de paz de ETA: tres detenidos y dos toneladas de explosivo
La cantidad explosivo incautado al 'comando Erreka' de los hermanos Aitor e Igor Esnaola Dorronsoro ronda las dos toneladas después del hallazgo de un nuevo escondite en Legorreta y tres nuevos zulos.
Madrid - Ep La Razón 14 Abril 2011

La cantidad explosivo incautado al 'comando Erreka' de los hermanos Aitor e Igor Esnaola Dorronsoro ronda las dos toneladas después del hallazgo de un nuevo escondite de 30 metros cuadrados en el caserío de Legorreta y tres nuevos zulos en la localidad guipuzcoana de Zegama y los municipios Navarros de Azpiroz y Baraibar, han informado fuentes de la lucha antiterrorista.

En torno a las 19.00 horas, los agentes del Instituto Armado han finalizado una intensa jornada de búsqueda que ha comenzado a primera hora con un segundo registro en el caserío de los Esnaola en Legorreta. Ahí es donde han localizado un nuevo escondite de 30 metros cuadrados que los agentes pasaron por alto durante los registros del martes.

La mayoría del material encontrado consiste en polvo de aluminio, cordón detonante y pentrita para la fabricación de explosivos en grandes cantidades similares a las del martes cuando los agentes hallaron 850 kilos de nitrato amónico, 13,5 kilos de pentrita y 100 litros de combustible.

Además, el martes hallaron tres escopetas de repetición, entre 15 y 20 cajas de munición, cuatro teléfonos móviles, 4.000 euros en metálico, 400 piezas metálicas para fabricar iniciadores eléctricos artesanales y hasta una olla de 70 litros de capacidad.

Para los registros de hoy han contado con la asistencia de Aitor Esnaola, el mayor de los dos hermanos Esnaola, quien ha sido trasladado desde Madrid, donde se encontraba incomunicado y prestando declaración, hasta el País Vasco. El ha sido quien ha indicado a la Guardia Civil el nuevo escondite en el edificio.

Posteriormente, los agentes procedieron a registrar un segundo caserío de gran tamaño en el mismo pueblo que se encontraba abandonado y en el que apenas encontraron un arma presuntamente propiedad de los terroristas.

Tres zulos más
Por la tarde Aitor trasladó a los agentes al sur de Guipúzcoa a la localidad de Zegama donde el 'comando Erreka' contaba con otro zulo. Los hermanos Esnaola eran los encargados de abastecer a los comandos de ETA suministrando armas y explosivos.

Precisamente, en el marco de esas funciones logísticas los etarras tenían otro zulo en Azpiroz y otro en Baraíbar, dos localidades de la comunidad Navarra. La Guardia Civil procede ahora recontar y hacer inventario de todo lo incautado mientras que Aitor Esnaola ha sido trasladado de nuevo a Madrid donde seguirá prestando declaración hasta pasar a disposición de juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.

Cataluña
El Parlamento autonómico de Cataluña se manifiesta, de nuevo, en contra del Tribunal Constitucional
Además, insta a desarrollar o aplicar el Código de Consumo, el decreto lingüístico de los profesores universitarios, la Ley del Cine y la Ley de Acogida, normativas que están, todas ellas, recurridas ante los tribunales por discriminar el uso del castellano.
Redacción www.vozbcn.com  14 Abril 2011

De forma similar a lo ocurrido hace una semana, el Parlamento autonómico de Cataluña ha aprobado este jueves una moción en la que ‘manifiesta su discrepancia ante las interpretaciones restrictivas que limiten el uso del catalán en la enseñanza y en las administraciones del país [por Cataluña], en buena parte inspiradas en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto’.

El texto ha recibido el apoyo de CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC, Solidaritat y Laporta, mientras que Ciudadanos ha votado en contra y el PP ha decicido no votar.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado de “erróneo” que “un parlamento [autonómico] se manifieste contra las sentencias jucidiales“, en vez de “apoyar el cumplimiento de la legalidad”. “Este Parlamento [autonómico] es parte del Estado, tiene que respetar la separación entre poderes, no podemos hacer esto, señores, esto no es un café, no es una tertulia, [...] el Gobierno y el Parlamento [autonómicos] son poderes públicos que se tienen que someter a la justicia”, ha señalado.

El Parlamento autonómico, como “una república bananera”
La diputada autonómica del PP María José García ha considerado que esta moción “degrada el sistema político, y especialmente se degrada la institución que rompe con la separación de poderes”, dejando el Parlamento autonómico “en el nivel jurídico político de una república bananera”. Y ha insistido en que, aunque “la normalización del catalán es ya un hecho, algunos grupos políticos pretenden ir más allá, pretenden trasladar a la sociedad la consigna de que en Cataluña conviene usar exclusivamente el catalán para trabajar, para formarse, para progresar“, pero eso “es una verdadera operación de ingeniería social claramente condenada al fracaso”.

“Ni treinta años de gobiernos nacionalistas, ni más de 162 millones de euros al año podrán transformar esta realidad. Una política lingüística que convierte al catalán en la lengua obligatoria, impuesta en las relaciones privadas, subvencionada por encima de algunos gastos sociales, que acaba discriminando a catalanes, que levanta barreras de entrada y salida en Cataluña, que genera fracaso escolar, que fomenta la delación entre vecinos, que impone multas, ha demostrado que no es eficaz ni genera aprecio social por esta lengua”, ha subrayado.

Insta a desarrollar leyes recurridas ante los tribunales
El portavoz del PP en la Cámara autonómica, Enric Millo, ha considerado que la moción aprobada “plantea una clara hostilidad hacia las decisiones del poder judicial”, por lo que su grupo ha decidido no votar para no “legitimarla” ni ser “cómplices” de una conducta que implica “insinuar o promover el desacato de una ley, que es un torpedo en la línea de flotación del sistema democrático, que descansa sobre la clara separación de poderes”. Algo que ha calificado de “inédito”.

Durante la misma sesión plenaria, la Cámara autonómica también ha instado a la Generalidad -con la única oposición del PP y Ciudadanos- a agilizar el desarrollo de la Ley del Código de Consumo (que establece multas de hasta 100.000 euros a los comerciantes que no usen el catalán y que está recurrido ante el Tribunal Constitucional), a impulsar la aplicación del decreto que exige a los profesores universitarios a acreditar un nivel C de catalán (que está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), a desarrolar antes de fin de año el reglamento de la Ley del Cine de Cataluña (que impone sanciones de hasta 75.000 euros a los exhibidores que no proyecten, al menos, el 50% de las películas en catalán, y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional), y a adecuar el Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL) para que aplique la Ley de Acogida (que establece el catalán como preferente respecto al castellano, lo sitúa como única lengua común y vehicular durante el proceso de primera acogida de los inmigrantes y exige a estos acreditar su conocimiento para que les sea concedido el certificado de arraigo; ley que también está recurrida ante el Tribunal Constitucional).


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