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Recortes de Prensa   Viernes 15 Abril 2011

 

¿Pero solo «algo», señor Rubalcaba?
Roberto Blanco Valdés La Voz 15 Abril 2011

A lfredo Pérez Rubalcaba, que lleva más de dos décadas ocupando puestos de altísima responsabilidad en el Estado, ha tardado cinco años en comenzar a enterarse de lo que miles de españoles de a pie sabemos desde hace cinco años: que la apuesta del PSOE en favor del Estatuto catalán fue un auténtico desastre nacional.

Como la cabra tira al monte y el político a decir las verdades en cómodos plazos para él, Rubalcaba ha comenzado reconociendo tal desastre mediante una fórmula típica de la gente de su oficio: que el Gobierno «algo hizo mal» en ese asunto y que, «visto el resultado, no acertamos».

Con lo de «el resultado» se refería Rubalcaba, claro, a la propuesta sobre la independencia votada el miércoles, por primera vez en 30 años, en el Parlamento catalán, propuesta que no se aprobó por ¡la abstención! del partido que gobierna la Generalitat. Teniendo en cuenta que Zapatero aseguró que el Estatuto resolvería la cuestión catalana al menos para dos generaciones, parece que, en efecto, el Gobierno ha hecho mal no solo «algo», sino «todo». Recordémoselo, no vaya a ser que tarden otros cinco años en tomar conciencia del problema.

El Gobierno erró por completo al impulsar un Estatuto que estaba plagado de previsiones inconstitucionales, tantas que incluso un Tribunal Constitucional falto por completo del sentido del Estado que de él cabía esperar ha declarado la inconstitucionalidad, por vía directa (anulación) o indirecta (pronunciamientos interpretativos), de previsiones que afectan a 90 artículos de la norma estatutaria, entre los que se encuentran los que regulan sus aspectos esenciales.

El Gobierno erró por completo al impulsar un Estatuto que tenía que acabar necesariamente ante el Tribunal Constitucional y que, una vez allí, colocaría al Tribunal en una situación tan imposible que podría terminar por ser su tumba, como en efecto ha sucedido. Y el Gobierno erró por completo al pensar que el efecto político del Estatuto sería calmar las ansias del independentismo catalán en lugar de actuar como un auténtico acicate para darles nuevos bríos.

De todos esos errores el Gobierno fue advertido en su día por muchos ciudadanos, que fuimos ninguneados, insultados y, frecuentemente, tratados como auténticos traidores.

Pero, pasado el tiempo, el demoledor balance es el que es: que el Gobierno de Zapatero y su grupo parlamentario en las Cortes cuando fue aprobado el Estatuto -grupo del que formaba parte Rubalcaba- es el responsable último de un texto que, además de haber provocado un efecto imitación que ha puesto patas arriba el sistema autonómico español, tiene una devastadora consecuencia: que ya no existe marcha atrás. Por eso el arrepentimiento de Rubalcaba, además de llegar con cinco años de retraso, ya no sirve para nada.

Liberticidas
José Antonio Roca www.gaceta.es 15 Abril 2011

Los españoles estamos ante un grave problema de libertades, como ocurre siempre con los socialistas.

José Luis Rodríguez Zapatero por fin se va, pero nos deja en herencia la huella indeleble de siete años de un continuo y progresivo intervencionismo cercenador de derechos fundamentales y de libertades individuales.

Será difícil encontrar en la reciente historia de España un Gobierno más dañino para el bienestar de los ciudadanos y más lesivo para sus derechos y libertades que el que hoy teledirige Alfredo Pérez Rubalcaba con un Zapatero ya felizmente en la sombra. En una situación de estancamiento político, económico y moral, los españoles nos vemos obligados a hacer frente un día sí y otro también a las humoradas y ocurrencias, cuando no simples disparates, de un Gobierno que hace mucho tiempo dejó de representar los intereses de la mayoría.

La lista de ocurrencias –infamias, más bien– la encabeza la Ley del Aborto, que ha venido a acabar con el primero y principal de los derechos fundamentales: el de la vida. La eufemísticamente denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva vino a convertir en “derecho” lo que no es otra cosa que la mortal agresión a una vida humana inocente. Y no contento con eso, el Gobierno de Zapatero también perpetra, de una parte, acabar con un principio fundamental como es la libertad de conciencia, en este caso, la de los médicos, y de otra, cerrar el círculo de muerte abriendo la puerta a la eutanasia, ya aprobada por sendos Gobiernos socialistas en Andalucía y Aragón, mediante la despenalización del suicidio asistido en otra ley igualmente llamada de forma eufemística Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna. Otra ocurrencia ha sido el recorte del derecho fundamental al trabajo. Un derecho que ya, por desgracia, no pueden ejercer 4,9 millones de españoles, en parte por la crisis financiera e inmobiliaria, pero sobre todo por la ineptitud y la pasividad de este Gobierno que pasará a la historia por haber perpetrado el mayor recorte social de la democracia, mientras pretende hacernos creer que la preocupación por los derechos humanos es una de las banderas de los partidos de izquierdas.

Los españoles estamos ante un grave problema de libertades, como ocurre siempre con los partidos socialistas empeñados en la igualdad por decreto en detrimento de la libertad. Es la esencia de la mayoría de las medidas legislativas emprendidas por el Gobierno de Zapatero, que desde los primeros momentos de su mandato se enfrascó de lleno en una cruzada liberticida. La pasada legislatura estuvo especialmente marcada por la imposición de una asignatura diseñada para adoctrinar a los niños en la ideología socialista: Educación para la Ciudadanía. En ella, Zapatero encontró el pilar de su ingeniería social. Enseñar a los niños los valores morales que defiende el socialismo, lo que tienen que pensar y lo que deben considerar bueno y lo que no.

En su afán de cuidarnos desde la cuna hasta la tumba, el Estado se ha arrogado ilegítimamente la función de eliminar nuestras incertidumbres y tomar las decisiones por nosotros y, ¡cómo no!, por nuestro bien. Y con esta bandera, los distintos integrantes de los Ejecutivos de Zapatero se enfrascaron en una carrera liberticida, a veces pintoresca, otras no tanto, pero que ha devenido en un importante recorte de nuestras libertades individuales. La primera en abrir el fuego fue Elena Salgado que, siendo ministra de Sanidad, decidió –siempre por nuestro bien y el de nuestros hijos– emprenderla contra las hamburguesas, primero, y contra el vino después, al que llegó a catalogar de “bebida alcohólica peligrosa”. En este terreno, su sucesora –Trinidad Jiménez– no le anduvo a la zaga y, con el fin de combatir la obesidad decidió prohibir –palabra maldita– la venta de bollos, chuches y refrescos en los colegios en el marco de la Ley de Seguridad Alimentaria.

Tampoco hay que dejar a un lado las ocurrencias orientadas al ahorro. Otra falacia de un Gobierno que ha derrochado a manos llenas y que ha convertido el despilfarro en otra de sus señas de identidad. Y en este campo el que ha llevado la voz cantante ha sido el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya conocido como el ministro bombilla por su plan de ahorro energético, que incluyó fijar la temperatura del aire acondicionado en 24 grados y pedir a los trabajadores que se abstuvieran de llevar corbata.

El afán liberticida y prohibicionista del Gobierno ha continuado sin desfallecer, y de él no han escapado ni los chiriguitos de la playa ni los toros ni los crucifijos. Y de ahí a la persecución hay sólo un paso: primero los fumadores y los propietarios de bares y otros establecimientos públicos con la Ley Antitabaco. Después fueron los internautas con la conocida como ley Sinde, que prohíbe las descargas de contenidos de Internet y que convierte a un órgano de cultura en comisario para decidir qué páginas web deben ser cerradas. Y por último, los conductores. Un rosario de medidas liberticidas, sin pies ni cabeza. Una muestra de cómo el Estado –y este Gobierno, en particular– ha utilizado la crisis como excusa para extender su poder y proponerse como la gran solución a los problemas que él mismo ha generado. Es la gran paradoja del intervencionismo y que pagamos entre todos cediendo cuotas de libertad y autonomía.

El niño Oriol
Alfonso Ussía La Razón 15 Abril 2011

La familia Pujol no es fácil de entender. Son muchos. Jordi Pujol es un inteligentísimo político que sembró independentismo en Cataluña durante décadas mientras en el resto de España se le consideraba un «hombre de Estado». Le encanta el jamón cortado en finísimas lonchas. Habla muy bien varios idiomas –su español es perfecto–, pero ha dedicado tanto tiempo a la política que no ha terminado de pulirse en las cortesías. En cierta ocasión, convidó a comer en el Palacio de San Jaime a un grupo representativo de «ABC», en el que nos incluyeron a Antonio Mingote y a mí. Creo recordar que nos trasladamos a Barcelona Guillermo Luca de Tena, Luis María Anson, Mingote y el que escribe. Allí nos encontramos con Mauricio Casals y el que era delegado de «ABC» en Cataluña, Tomás Cuesta.

Llegamos al Palacio de la Generalidad con un agujero en el estómago, y en pleno aperitivo, con gran ilusión, advertimos la aparición de un solemne camarero que portaba una bandeja jamonera.

La depositó en el lugar de la mesa más próximo al Presidente Pujol, y éste se comió todo el jamón. Después nos ofreció una formidable comida, pero del jamón nada más se supo. En aquel almuerzo, Pujol se mostró más español que la morena de Julio Romero de Torres. Y nos explicó el difícil equilibrio que tenía que mantener desde su cargo institucional para no herir la sensibilidad de su partido, que era hondamente nacionalista, pero nunca independentista. Esas cosas no las entendemos demasiado bien los que vivimos en la meseta, pero en fin… Y ya en el distendido ambiente del postre, nos confesó que ese equilibrio tenía que mantenerlo también en su casa, porque entre sus hijos había de todo, y su propia mujer, Marta Ferrusola, era partidaria de un catalanismo mucho más radical.

Meses más tarde se celebró otro almuerzo en la Generalidad. Los invitados eran los altos representantes del olimpismo español, entre ellos –obligado era–, el presidente del COE, Carlos Ferrer Salat, y el vicepresidente, Alfredo Goyeneche, conde de Guaqui. Goyeneche, un donostiarra madrileño –como tantos– y un señor como la copa de tres pinos, se sentó a la izquierda de la señora de Pujol. Ésta se dirigió a Goyeneche en catalán. –Señora, me encantaría hablar catalán, pero no sé hacerlo. Nací en San Sebastián y vivo en Madrid–; entonces la señora Ferrusola resolvió el problema de peculiar forma: –Entonces hablaremos en francés–. Oída la frase, el vicepresidente del Comité Olímpico Español se disculpó ante el Presidente de la Generalidad, se levantó de su asiento y se fue a comer al restaurante «Semon».

Escribo esto porque entre los hijos Pujol también se da esa aparente diferencia entre el nacionalismo y el independentismo. Jordi Pujol hijo se mueve mucho por Madrid y representa el catalanismo de Estado que disfrazó a su padre. Es bien recibido en todas partes y cuenta con el respeto de la Villa y Corte, tan abierta a todas las ideas. Pero el niño Oriol es diferente. Ese sale a mamá. Promueve el independentismo a ultranza. Vota con entusiasmo en los refrendos inútiles. Creo que era el que portaba la pancarta preolímpica de «Freedom for Catalonia». No recuerda que su padre ha sido un español privilegiado en todos los sentidos, y que a pesar de su doble juego, y más aún, a pesar de que ya se ha quitado la máscara del nacionalismo razonable –esto que he escrito es más que contradictorio, imposible–, todavía cuenta con la simpatía de muchos españoles no catalanes. No pierda ese tesoro permitiendo que su hijo Oriolín le destroce su estrategia. ¿Qué harían los Pujol sin España?

Cuestiones colaterales
A juzgar por la atención mediática y política, los asuntos que parecen dilucidarse en estas elecciones son: quién sucederá a Zapatero, quién ganará las elecciones generales...
MANUEL MONTERO El Correo 15 Abril 2011

La política nacional se ha sumido en el escapismo. De ello da idea la forma en que están planteando las elecciones locales. Todo gira en torno a cuestiones que no atañen al objeto fundamental que se dilucida en mayo. Si alguien tiene alguna propuesta sobre la gestión de los ayuntamientos, de las provincias o de las autonomías (donde toca) se la calla, la dice con la boca pequeña o la subsume en fórmulas estereotipadas («todo por los barrios», «más zonas verdes», «estamos con la gente», «muy cerca de ti»). La política se ha ido de lo que toca -la gestión local- y vuela sobre asuntos que son importantes por otros conceptos, pero que para estas elecciones son colaterales. Estamos desubicados porque a los partidos les puede el gusto por sus cosas, que no tienen que ver con las bagatelas de lo local. Es como si hubiesen perdido la noción de las prioridades colectivas.

A juzgar por la atención mediática y política, los asuntos que parecen dilucidarse en estas elecciones son, por este orden: quién sucederá a Zapatero, qué partido ganará las elecciones generales del año que viene y cuántos candidatos imputados y/o acusados figuran en las listas. Todo lo demás parece sobrar. Las crónicas electorales se centran en las luchas internas del PSOE. Lo primero que narran es el entusiasmo con el que los militantes-pelotas han gritado en el mitin «Presidente, presidente», cuando brotan Rubalcaba, Chacón o el mismísimo ZP. Como no cambien el sonsonete la ciudadanía les cogerá grima. Si algún domingo de éstos le gritan «Presidente, presidente» a Tomás Gómez, Leire Pajín o Pepiño Blanco (cosas más raras se han visto) toda la campaña giraría en torno a la buena nueva, incluso en la hipótesis, poco verosímil, de que algún candidato se haya desgañitado presentando el programa municipal del siglo (o sea: sin decir todo el rato que quiere un desarrollo sostenible, que ama a los barrios y que a él le preocupan los problemas reales de la gente).

Nuestra política, monotemática e incapaz de pensar en dos cosas a la vez, gira en torno a las elecciones generales, quién llegará a la Moncloa, si Rajoy -a la tercera la vencida- o el nuevo que unja el PSOE. Al día de hoy las encuestas no informan sobre qué pasará en las elecciones locales -cuestión considerada de orden menor-, sino cómo va el 'tour de force' de cara a las generales de 2012. Lo importante es cuánto ha subido el PSOE gracias a la renuncia de Zapatero: lo gracioso es que los socialistas lo consideran un éxito. Las encuestas sobre las elecciones de dentro de mes y medio quedan en la letra pequeña y no llegan a los titulares. Lo local no es una cuestión de Estado y queda para disfrute de los políticos de tercera o meritorios, como antes se conformaba de monaguillo o sacristán el que no le daba para obispo o gentilhombre de palacio.

Cuando se conozca el resultado de estas elecciones, lo importante no será si Castilla La Mancha o Sevilla caen del lado del PP o del PSOE, sino la distancia que sale entre los dos partidos. En la perspectiva mediática, las elecciones vienen a ser una especie de encuesta que informa sobre qué pasará en las elecciones generales del año que viene. Si proporcionan margen para que el PSOE se recupere -todavía le queda la posibilidad de que ZP renuncie a la secretaría general para otro salto hacia arriba-: se analizarán en función de esa única variable.

Metidos en ese carril, la tercera cuestión de la campaña que arrastramos tiene que ver con la corrupción. Los partidos están demostrando su incapacidad de atajarla y hasta de planteárselo como objetivo prioritario. Es problema fundamental y nadie dice nada de cómo vamos a acabar con ella. Así que acusan a los demás de llevar imputados en las listas. Sobre los que aportan ellos cae el manto de la indulgencia. En casos resulta razonable, pues la eliminación política del adversario por la mera imputación podría convertir esto en un patio inquisitorial -aún más- sobre el que se lanzarían acusaciones sin ton ni son, por si el juez no es muy avispado y cuela.

Sin embargo, la autocomprensión se convierte en indignación con los imputados ajenos. La inocencia se presume a los propios y, lo peor, se aplica también en casos en los que no casa, cuando hay evidencias y acusaciones que, al margen del destino judicial que tenga, no encaja con una actuación política normal.

Lo peor es esa imagen por la que tiende a suponerse que los electores son una especie de jurado o de tribunal supremo, de modo que un buen resultado electoral les redimirá del pecado y lo hará sin penitencia. Desde este punto de vista estas elecciones parecen un juego para saber qué imputados serán indultados. Lo presentarán así y seguirán riendo, pues una nota rara de los imputados que van en listas es que salen riendo en las fotos, como en el colmo de la dicha, sin que sepamos de qué se ríen.

La política española se coagula, pues pierde liquidez y solidifica sin cambiar de estado: hace costra. Para salir de ésta -y de la losa según la cual los españoles consideran que los políticos son el tercer problema más grave- a los partidos no se les ocurre otra que esos esquemas pueriles según los cuales ellos son la honestidad, eficacia y compromiso hechos políticos y los demás una caterva de impresentables. Al infantilismo de creerse los mejores unen el de creer que toda la ciudadanía lo ve así. Si no, sería incomprensible el desparpajo con el que anuncian al universo mundo la suerte que tenemos al contar con los políticos perfectos. Si no se preocupan por las cuestiones locales es porque están llamados a más altos destinos y no pueden distraerse en menudencias.

Sensación de impunidad
EDITORIAL El Correo 15 Abril 2011

En la lacerante liberación de Troitiño solo el derecho puede corregirse a sí mismo

La puesta en libertad de Antton Troitiño Arranz, tras cumplir 24 años de prisión de una pena total de 2.500 años por 22 asesinatos, ha suscitado reacciones de indignación social y política así como el recurso por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para invalidar la salida de la cárcel.

Tal decisión judicial se adoptó en aplicación de una sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional que en 2008 estableció la doctrina del 'doble cómputo', por la que el tiempo transcurrido en prisión provisional pasaba a tenerse en cuenta en relación a todas las causas.

Por doloroso e incomprensible que resulte lo ocurrido, por injusto que parezca, es poco probable que la Audiencia Nacional pudiera evitarlo según las reglas del Estado de derecho.

El gesto posterior de la Fiscalía, reclamando que las prisiones provisionales que pesaron sobre Troitiño se computen de forma sucesiva, puede representar más la expresión testimonial de la discrepancia que un recurso a resolver por parte de la propia Audiencia Nacional. La convocatoria de una reunión específica de su Sala de lo Penal para el próximo día 25 de abril permitirá despejar la duda.

De ahí que no resulte conveniente que dirigentes políticos y responsables institucionales abominen de lo ocurrido como si tuviese una fácil solución, o pudiera soslayarse el parecer del Constitucional mediante la aplicación, sin más, del nuevo precepto penal.

La puesta en libertad de Antton Troitiño traslada a la sociedad la percepción de que ha cumplido poco más de un año de cárcel por cada uno de los 22 asesinatos que cometió. Es lo que provoca sentimientos de impunidad e incluso de indefensión. Aunque la mejor manera de que este enredo jurídico y judicial no acabe convirtiéndose en una victoria pírrica pero lacerante de los terroristas es que los procedimientos jurisdiccionales se agoten a la búsqueda de una rectificación.

Y si esto no es legalmente posible, que los poderes del Estado -partidos representados en las Cortes incluidos- expresen la autocrítica que a cada cual corresponda sin que nadie pretenda exculparse insinuando que la liberación de Troitiño es fruto de una componenda del Gobierno.

Rubalcaba explicará las actas de ETA ante la Comisión de Secretos
El PP había pedido su comparecencia en el Pleno. El vicepresidente cuenta con el respaldo del PNV. Alegará que es materia reservada.
Ignacio González Galán.Madrid La Razón 15 Abril 2011

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no dará la cara ante el pleno del Congreso para explicar el contenido de las actas de la negociación con ETA, tal y como reclamaba el Partido Popular. Finalmente, sólo se explicará ante la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara, alegando que tanto el contenido de las conversaciones con la banda terrorista como el supuesto chivatazo a los terroristas en el caso Faisán, son materias reservadas que deben tratarse en el marco adecuado.

Esta misma semana la Mesa del Congreso calificó la petición de comparecencia de Rubalcaba. El portavoz socialista, José Antonio Alonso, aseguró ante esto: “Haremos lo que diga el vicepresidente”. El número dos del Gobierno, según han contado a LA GACETA fuentes socialistas, ya ha dicho y la respuesta ha venido a ser un sí pero no. Comparecerá, pero lo hará ante la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento, a puerta cerrada y sin ningún tipo de explicación pública. Rubalcaba salva la cara así compareciendo ante la Cámara pero sin ningún tipo de debate parlamentario, como le reclamaba la oposición.

La decisión, según las mismas fuentes, se la trasladó el pasado miércoles el vicepresidente al portavoz socialista durante una breve reunión que ambos mantuvieron en el Congreso. El PSOE se ha movido y, a estas alturas, cuenta con el respaldo del PNV para acotar la comparecencia de Rubalcaba y con algún grupo más, como ERC o IU, con los que aún entablan conversaciones. De hecho, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, dijo ayer que “personalmente respaldaría aclarar lo ocurrido”, aunque “de manera discreta por ser un asunto muy delicado”. La decisión, según Urkullu, la tomará más adelante la dirección su partido, dado que, según fuentes parlamentarias, no será hasta el 26 de abril, pasada la Semana Santa, cuando la Junta de Portavoces del Congreso se ocupe de ello.

Los populares, que algo deben sospechar a estas alturas de la maniobra del vicepresidente, se apresuraron ayer, a través del portavoz adjunto José Luis Ayllón, a asegurar que “si Rubalcaba no comparece será porque él no quiere” dado que el PSOE ya dejó claro en su día que harían lo que dictase el número dos del Gobierno.
El objetivo de la comparecencia, tal y como la había solicitado el PP, era que el vicepresidente explicase no sólo las actas de la fallida negociación con ETA en la anterior tregua de 2006 sino también el papel que el ministro del Interior y todo su departamento podrían haber jugado en el caso del chivatazo a los terroristas. Fuentes socialistas no saben asegurar aún si Rubalcaba explicará ante los portavoces parlamentarios –son lo únicos miembros que asisten a la Comisión de Secretos bajo presidencia de José Bono– el caso Faisán o se limitará, tan sol, a dar cuenta de las actas de ETA.

Sobre los dos PSOEs y la «Carta ética de la Internacional Socialista» (I)
Roberto Malestar Rodríguez Periodista Digital 15 Abril 2011

Probablemente, no pocos españoles ignoran los principios de la denominada Carta Ética de la Internacional Socialista, la cual, con algunas acotaciones y advertencias intercaladas, publicaré en compañía de este nuevo ensayo ad maioren gloriam del socialismo español. También, lo que lo que me parece decisivo para entender la presente hora exequial en la que éste se encuentra, que tales principios fueron adoptados «solemnemente» por el Partido "Socialista" "Obrero" "Español" (PSOE): con mucho, social, política y económicamente el partido más entrecomillado de la historia de España.

Mas para entender el empleo que aquí se hace de las comillas, conviene antes distinguir entre el histórico nombre, PSOE (Partido Socialista Obrero Español), y la generalizada perversión que va en usurparlo a beneficio de ese progreso-de-uno-mismo en que para muchos consiste, como salvoconducto de sus inconfesables codicias, el vocablo "progresismo": máximo señuelo del socialismo neocon, liberado entre la fétida marisma de los patos cojos y la ciénaga de los faisanes felones.

Es el mismo señuelo que también corretea por los latifundios donde brincan las liebres eléctricas, y donde señoritos progresistas —herederos de la escopeta nacional— practican tiro al blanco sobre la gran metáfora cornuda del pueblo español: el muflón común, darwinianamente evolucionado en eurocornudo, también conocido por muflón europeo. Si se quiere, «el cabrón expiatorio», pues que a nadie mejor que al pueblo español cuadra la nomenclatura descriptiva empleada por el psiquiatra —y socialista— Luis Martín-Santos en su heterodoxa novela Tiempo de silencio: «Le grand bouc, el gran macho, el gran buco, el buco émissaire, el capro hispánico bien desarrollado. El cabrón expiatorio.» La misma víctima cornúpeta, para la que, por encima de ponérsele los cuernos sistemática e indecentemente, el dedazo progresista del sin-vergüenza que preside el Congreso "deloj" Diputados pretende una nueva perforación del intestino, aplicándole su irracional e intolerable ofensa de que «los parados son en gran medida nuestros cómplices». ¡Las cosas que hay que aguantar! (El inolvidable momento en el que al Sr. Bono le dió por convertir una entrevista realizada en un país con cinco millones de parados en su personal e impío club de la comedia puede escucharse aquí.)

Es como si sobre la geografía nacional tuviese lugar la coexistencia, aparentemente contradictoria, de dos PSOEs, de dos socialismos: el del PSOE y el del PSOE de las JONS (Juntas de Ofensiva Neocon Socialistas, en las que, salvo la coincidencia del acrónimo, poco o nada encuentro en común con la doctrina político-social del socialismo falangista de José Antonio Primo de Rivera, como no sea una ya extemporánea tendencia totalitaria). Teóricamente, vendría a representar el primero una aspiración actualizada de legítimas tendencias socializadoras; no, pues, sensu stricto "socialistas", si por éstas se entienden las que caracterizan el socialismo imperante en la Cuba propiedad del clan de los hermanos Castro, en la Venezuela del teniente coronel Chavez o, para qué ir tan lejos, en la Euskadi, también "socialista", de la ETA, entre otras tendencias con parejo estilo de clase —clasista, totalitario y criminal— imperantes en el mundo.

El segundo PSOE, en cambio, representaría un "socialismo" forzadamente democrático, que, por esto mismo, no menos forzadamente convendría en aceptar la democracia, para después, so pretexto e invocación de una reiterada legitimidad parlamentaria, actuar sin embargo, de manera sectaria y con modos totalitarios, contra quienes se atreven a poner en tela de juicio sus programas y estrategias políticas de Gran Hermano fracasado. Ello justifica aquí que, quienes esto último hacen, en lugar de presentarse bajo aquella todavía respetable denominación, deberían hacerlo al amparo de la segunda: PSOE de las JONS, más a tono, desde luego, con el gremio de actuales usurpadores en el Poder y adláteres de la sopa boba que les justifican mediáticamente.

Por otra parte, a diferencia del «Partido Socialista Obrero Español» (nombre —o marca, como ya sin recato ni pudor se publicita— de cada vez más limitado atractivo social, al que muy cuesta arriba, acaso tan honesta como ingenuamente, aún se aferra la fe política de algunos bienintencionados compatriotas), el nombre «PSOE de las JONS» perfila públicamente, con cierta propiedad, el cadavérico período político neocon que viene caracterizando los gobiernos presididos, formados y, tácita o expresamente, apoyados por impostores del auténtico socialismo, tan razonable como éticamente exigido por el nivel histórico y social de la época. Impostores como el "socialista-obrero-español" José Luis Rodríguez Zapatero; y los zapateristas, quienes sin rechistar, de tan ávida y pusilánime manera, sistemáticamente le consienten sus barbaridades económicas y sociales: los mismos a quienes de por vida les perseguirá la deshonra de haber convertido, lo que para no pocos españoles representó una esperanza de coherencia política, en una marca de negocios y exclusivo uso comercial al servicio del corrompido progresismo de las codicias más insaciables.

Dicho período palmariamente exánime, representa, en rigor, la decrépita culminación de la trayectoria socialista en España, desde la fecha en la que el también "socialista" Felipe González accedió a la gobernación del Estado. El llamado zapaterismo, en cuanto determinado estilo y práctica de ejercer el poder público, resulta así la derivada lógica de la corrupción generalizada de nuestra democracia —corrupción, pues, antidemocrática—, que de manera tan peligrosa como inquietante, con cuasi plenaria indolencia social, afecta a los tres poderes del Estado y sus anexos autonómicos; una corrupción iniciada, establecida y consolidada por el socialismo español postfranquista durante la etapa política conocida como felipismo.

Tal corrupción consiste, básicamente, en un irresponsable nisus orientado hacia la progresiva confusión e indiferenciación de aquella sagrada terna de poderes sin cuya separación efectiva —indubitable e inmaculada— la democracia deviene instrumento perverso al servicio de una casta infesta de parásitos y vividores; de desvergonzados y pusilánimes incapaces de legislar un marco jurídico de responsabilidades económicas y penales racionalmente tasadas, capaz de sujetar sus innumerables abusos y desmanes; quienes, por encima, tienen el descaro de cacarear su "vocación de servicio" al país, cuando al mismo tiempo pretenden silenciar lo que constituye a voces una vergüenza nacional: que en esta España "democrática" y protagóricamente a su medida, el sufragio universal de cada hombre no vale un voto, sino que el voto de cada hombre vale, más o menos, según el destino de su bandería. El régimen de nuestras democráticas señorías ha logrado superar así al del mismísimo general Franco, a quien, para maquillaje del propio, tanto critican. Es decir: desprestigiar, social y políticamente, el valor del sufragio universal de cada ciudadano español; una iniquidad a la que ni siquiera se atrevió el general, cuando tocando a rebato dictaba convocatoria de referéndum en el extinto régimen.

Compás de espera
Los catalanes, antes buque insignia de la modernidad y de la industrialización, comienzan a otear el horizonte con suma inquietud.
Joaquín Marco La Razón 15 Abril 2011

Salvo en Cataluña, donde tan recientes son las elecciones autonómicas, de las que salió triunfadora, sin mayoría absoluta CiU, alcaldables y posibles presidentes autonómicos (con excepción del País Vasco y Andalucía) se encuentran ya en plena precampaña, formen parte del partido del Gobierno o de la no siempre leal oposición. Todos se encuentran en un ficticio tiempo de espera, a resultas de lo que decidan los votantes y lo que imponga, en el ámbito autonómico, el FMI, el eje franco-alemán o los mercados, siempre al fondo de la pista para salvar, como en el tenis, cualquier saque o en el borde de la red para enriquecerse con el regate. El nuevo Gobierno de Artur Mas sufre ya desgaste, pasados los cien días de gracia, en algunos de los temas a los que son más sensibles los ciudadanos: la sanidad, la educación, las ayudas a los dependientes, la sociedad mal llamada del bienestar.

Porque los catalanes, antes buque insignia de la modernidad y de la industrialización, comienzan a otear el horizonte con suma inquietud. Los recortes económicos (incluida la discutida deuda pendiente del Gobierno, que Mariano Rajoy no dudó en considerar legítima) están afectando a un sistema sanitario que se consideró hasta hace poco modélico. No resultaba extraño que otros europeos eligieran los cuidados hospitalarios o médicos de una Cataluña que, se decía, disponía de una de las mejores redes públicas del continente y las islas. Ya sabemos con cuanto esfuerzo logró Obama sacar adelante una ley sanitaria, no consolidada, que cubre en su país sólo parte lo que aquí se disfruta y, a la vez, se padece. Vuelve a sonar el tam tam del copago; es decir, pagar dos veces el mismo servicio.

Pero lo que ya se plantea en Cataluña llegará por extensión, tras las elecciones, al resto de comunidades. Y la clase política está en este momento intentando alcanzarlas sin excesivos recortes, porque después ya comenzarán a desgranar el rosario de las culpas de cuantos les precedieron. Todo llegará, sin embargo, salvo para la Cataluña precursora, cuando florezcan los turistas y, en consecuencia, disminuya algo el paro en los servicios.

Pero no es sólo la sanidad pública –transferida a las Comunidades– porque también lo fue la enseñanza y de ello también se sufre. Por el momento se anulan oposiciones de magisterio, no se cubren plazas de jubilados o interinos, ni las sustituciones, salvo las imprescindibles, se rebajan también las cantidades que recibían las Universidades para su funcionamiento. Porque la enseñanza pública, en todos sus niveles, cuesta dinero y andamos de recortes. Parece como si de pronto, con gran estupefacción, hubiéramos descubierto que volvemos a la pobreza que ya conocimos antaño. Y si nos lamentábamos de que nuestros centros superiores no estaban entre los cien mejores del mundo no podremos sorprendernos de que descendamos algo más, porque mucha de la investigación básica era universitaria. No existe todavía confianza en el mundo empresarial en lo que se hace en los laboratorios de las Universidades ni en que éstas fuercen la renovación que integre a «los mejores». Algo se hizo cuando nos considerábamos ricos, pero es insuficiente. Tampoco avanzar en este ámbito sale gratis y cuanto menos dinero público se entregue a la Universidad y a los laboratorios que dependen de ella, menores resultados cabe esperar. Ya hay equipos que comienzan a sentir los recortes en sus carnes y quedan trabajos emprendidos a medio hacer. Se dejará sentir, además, la ausencia de las obras sociales de las cajas, camino de convertirse en bancos. La paralización de las pensiones a los jubilados o los recortes a los funcionarios, aliados al incremento de la inflación, nos alejan de cualquier veleidad consumista. Exportamos más, aunque consumimos menos.

Pero del bienestar social se ocupan las autonomías y, por extensión o generosidad, los ayuntamientos. Sobre ellas y ellos va a descansar ahora la mayor responsabilidad, porque el recorte que viene llega, como ya sucede en el ámbito catalán, por donde más duele, lo que parecía en otro tiempo intocable. Se ha semiparalizado la obra pública y, aunque se hayan vendido en estos años de crisis casi cuatro millones de viviendas, todo hace suponer que el mundo de la construcción tardará tiempo en volver a levantar cabeza sana y limitar una destrucción de empleo que constituye el colchón sobre el que descansa la economía sumergida. Los ingresos del Estado son los que son y no volverán a ser, de momento, lo que fueron. Se ha producido en Cataluña casi un levantamiento en el ámbito de la sanidad, al que seguirá el de la enseñanza. No basta con «indignarse». Tampoco hay mecenas a la vista que permitan remediar una situación tan delicada. En Cataluña no es que no importe lo de sentar plaza independentista, pero primero hay que salvar los muebles, si es que queda alguno. El «conseller» de Sanidad ha prometido que no habrá recortes en las urgencias y en los casos más graves. No sé si tales promesas alejarán los fantasmas de algunos ámbitos del Principado. Un economista, con los pies en el suelo, me confesaba que no hay de dónde sacar más dinero. ¿Menos del que hubo? Pues parece que sí. He aquí uno de los nuevos misterios de la ciencia económica: pasar de medio ricos a pobres de solemnidad y muy agradecidos. ¡Ay, aquella Lisboa rica y señorial! ¿Qué fue de ella?

Grupo Gallegos Hispanohablantes
http://www.facebook.com/groups/gallegoshispanohablantes 15 Abril 2011

Este grupo está abierto a todos los interesados en defender los derechos lingüísticos de los gallegos que tenemos el español como lengua materna e idioma de uso principal. No aceptamos que la "discriminación positiva" del gallego se traduzca en una "discriminación negativa" del castellano. Estamos en contra de la "normalización lingüística" porque no somos anormales. Estamos en contra de la "imposición lingüística" porque somos libres. Estamos en contra de la "inmersión lingüística" en la enseñanza porque vivimos en un país bilingüe y los hablantes de ambas lenguas tenemos los mismos derechos. Estamos en contra de la Xunta de Galicia porque no es democrática.

No hace falta ser gallego para darse de alta en el grupo. Basta con defender los derechos humanos en materia lingüística, ser demócrata, libre e insobornable, no creer en las falacias de la clase política nacionalista o filonacionalista y vivir en coherencia con nuestras convicciones.

Os animo a daros de alta y a participar con vuestra opinión y sobre todo con vuestros argumentos, no poniéndonos nunca a la altura de los impositores ni en el fondo, ni en la forma y mucho menos en los métodos.

Un saludo cordial.

Juan Julio Alfaya
Administrador de GGHH

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Matar ha resultado rentable
Editorial www.gaceta.es 15 Abril 2011

Se ríen del Estado de derecho, de las víctimas, de las viudas... y les sale casi gratis.

Una irresponsable brecha abierta por el Constitucional en la doctrina Parot, el llamado doble cómputo de la prisión preventiva, va a permitir excarcelar antes de tiempo a algunos de los más sanguinarios matones de ETA. El primero ha sido Troitiño, con 22 muescas en la cartuchera y gozando de libertad seis años antes de tiempo, pero detrás de él vienen muchos más. Al regusto a impunidad que deja ver por la calle al autor de la masacre de la plaza de la República Dominicana, o a Kubati, el asesino de Yoyes, se suma algo mucho más inquietante: el contexto de negociación del Gobierno con ETA en que esas reducciones de pena se producen.

La terrible conclusión de la que rápidamente tomarán nota quienes han vivido del tiro y la extorsión y aspiran ahora al acta de concejal es que matar ha sido rentable. Ha valido la pena. Primero porque una Justicia garantista hasta la obscenidad les permite reducir condena, mediante el doble cómputo de la prisión preventiva. Claro que el truco ya no vale en el futuro, porque el Gobierno cambió la ley el año pasado, pero como esa modificación no tiene efecto retroactivo, se van a beneficiar de la bicoca algunos de los más peligrosos y sanguinarios gángsteres de ETA. Y en segundo lugar, porque ahí están los frutos políticos de su presión sangrienta: ETA, disfrazada de cordero, concurriendo a las urnas, no importa los muertos que haya dejado en el camino. Matan y les ponen alfombra roja; extorsionan y les tratan con guante blanco; se ríen de las víctimas, de las viudas, de los huérfanos, y les reciben como héroes. ¿Hablamos de un Estado de derecho?

Las recientes excarcelaciones de etarras pretenden camuflarse en laberintos jurídicos, en un lenguaje leguleyo capaz de confundir a la opinión pública, negando con descaro lo que al sentido común se hace evidente. El PSOE hace ahora bandera de una división de poderes que se encargó hace mucho de liquidar, y que hoy utiliza como excusa para llevar a cabo el pliego de intenciones que comparte con la banda terrorista. No hace falta ser el más sagaz de los analistas políticos para entender que la libertad de Troitiño es causa directa de la negociación, porque en las actas incautadas a ETA ya se contempla el fin de la doctrina Henri Parot, que es precisamente lo que acaba de ocurrir, como si esos documentos fueran todo un proyecto de ley.

Este precedente gravísimo abre el cerrojo de muchas celdas en lo que es –de hecho– una amnistía parcial, la cesión a una de las reivindicaciones terroristas. Se ha utilizado esta nueva interpretación de la ley penitenciaria –enunciada por un politizado hasta el descrédito Tribunal Constitucional–, para dar los pasos destinados al acuerdo. Esto no constituye la prueba definitiva de que exista un documento firmado, pero sí de que no se ha roto el proceso, que aún pervive el objetivo compartido de las partes, como ha contado e investigado pormenorizadamente LA GACETA desde hace año y medio.

Y como el proceso no se circunscribe sólo a lo penal, sino que abarca medidas y actuaciones en todos los ámbitos, y de las dos partes, vemos por un lado a los proetarras, que no dejan de hacer gestos a la galería, disfrazados de demócratas; y por otro, al Gobierno diseñando los pasos necesarios para que regresen a las instituciones, introduciendo sibilinamente el debate y la duda tanto en su propio partido –ahí están las declaraciones de Eguiguren y López– como en la literatura judicial –con oportunos votos discrepantes de algunos magistrados del Supremo–.

Puede que durante el proceso aún queden flecos por acordar, y que asistamos todavía a aparentes medidas de firmeza –como ahora el recurso del fiscal ante la libertad de Troitiño–, pero todo queda enmarcado en un teatro pestilente, una escenificación diseñada hasta el detalle para que la sociedad española empiece asumir el final dialogado.

La traición necesita de maquillaje, retórica, sofismas y tiempo. La portada de hace un par de días de El País en la que se anunciaba que “Batasuna acelera su ruptura con ETA” demuestra que la maquinaria está en marcha, y que ya se están diseñando los nuevos argumentos para justificar la rendición. En primer lugar, los compañeros de Prisa desmienten a la mayoría de sus colaboradores, que siempre han defendido que existía una separación entre la banda terrorista y la llamada izquierda abertzale. Sin embargo, no puede romperse lo que no está unido, así que el titular nos da la pista a seguir en esta nueva fase de la pedagogía de la rendición: en primer lugar se asume una verdad enraizada en la opinión pública –la misma naturaleza de ETA y Batasuna– y después se prepara el terreno para el enésimo intento de legalizar y justificar a la segunda.

Cuando la opinión pública asimile esta falacia, todo será tan sencillo como trasladar a Batasuna –que ya será Sortu, o Bildu, o EA– la maquinaria etarra, y firmar con este nuevo engendro el armisticio y la llamada paz.

De esta manera, sobre la memoria pisoteada de las víctimas de Troitiño se están escribiendo las últimas páginas de ETA. Zapatero quiere que nos acostumbremos a los brindis de asesinos en serie como Sagardui.

Ahora le toca a Troitiño, después a Kubati y así uno tras otro hasta que la bestia recupere a todos sus gudaris. Están negociando con ETA, están traicionando a las víctimas –es decir, a todos los españoles–. Pero es que pactar con ETA es de lo poco que le queda a Rodríguez Zapatero de su izquierdismo clásico, y no renuncia a sus sueños de iluminado, a abandonar el Gobierno sin haber sido nunca derrotado en las urnas y regalándonos una paz falsa. Rubalcaba puede que no comparta esos delirios de grandeza, pero está casi más interesado que el presidente en el final del terrorismo, por razones obvias, que el delito de colaboración con banda armada no se percibe como tan grave si la banda ya no existe.

Escarnio

La excarcelación será ajustada a derecho, pero desde el prisma moral se parece más al escarnio que a la justicia
IGNACIO CAMACHO ABC 15 Abril 2011

PARECE una broma macabra. Cuatro días después de que las víctimas del terrorismo se manifestasen cargadas de suspicacia preventiva, un carnicero etarra con veinticuatro muertos en el currículum se cuela por una rendija legal para abandonar la cárcel con menos de un año por crimen. Ítem más: para completar la gloriosa jornada, el decano de los presos de la banda se retrataba en un balcón brindando desafiante por su recobrada libertad. Éste al menos a condena cumplida, treinta y un añitos largos, pero sin ápice de arrepentimiento y con aires victoriosos a lo Nelson Mandela. Será todo muy ajustado a derecho, pero desde el punto de vista moral este episodio indignante se parece más al escarnio que a la justicia.

Y aun desde el prisma legal todo está como poco borroso, al menos en el caso de Troitiño, el matarife del comando Madrid, el colega de De Juana Chaos, al que una interpretación penal ha ahorrado seis años de trena. En la conjetura más benévola cabe colegir que ha habido descoordinación judicial; la Audiencia aplicó de manera expeditiva y automática la jurisprudencia del Constitucional sin dar cuenta previa a la Fiscalía para que presentara recurso. Puede que el primer sorprendido fuese el propio sicario al ver cómo se le abrían generosa e inopinadamente las puertas del talego. Pensando con peor intención hay dos explicaciones, a cuál más alarmante, y no del todo incompatibles: que exista entre nuestros altos tribunales un pulso jurisdiccional de criterios y competencias o que algunas eminencias jurídicas de máxima jerarquía traten de dejar sin efecto la llamada doctrina Parot de alargamiento de condenas, en casual coincidencia con la pasada promesa del Gobierno a los negociadores de ETA. En una u otra hipótesis, tal vez en ambas, estaríamos ante una dolorosa afrenta a la memoria y el luto de las víctimas y ante una derrota moral del Estado.

Es verdad que distintas reformas penales, elaboradas por consenso político, han ido cerrando los portillos de leyes antiguas por los que se escapaban los criminales. Es verdad que el lacerante asunto de Troitiño parece responder a la infortunada concurrencia de casuismos leguleyos aplicados con precipitación rocambolesca. Es verdad que el fiscal aún puede recurrir para lograr una improbable reversión de la libertad del verdugo. Pero también es cierto que estos lances desasosiegan la conciencia social en una alarma justificada de sobresaltos incomprensibles, que alientan la sospecha de manejos tenebrosos y que cargan de razón a quienes son criticados por expresar su protesta, su desazón y su rabia. El alborozo arrogante de los asesinos libres y el penoso duelo redoblado de las víctimas no representan el paisaje idílico de esa paz con la que algunos se llenan la boca. Porque ya no es que no haya vencedores ni vencidos, sino que estas cosas invierten los conceptos mismos de victoria y de derrota.

Insulto a las víctimas
Editoriales ABC 15 Abril 2011

LAS últimas excarcelaciones de etarras, aun por motivos distintos en cada caso, han hecho daño, y mucho, a las víctimas

LAS últimas excarcelaciones de etarras, aun por motivos distintos en cada caso, han hecho daño, y mucho, a las víctimas. Su dolor e indignación no tienen que ver con un juicio de legalidad, sino con la falta de arrepentimiento, de perdón y de colaboración con la Policía por parte de los etarras Sagarduy y Troitiño. Si al primero no era legalmente posible mantenerlo en la cárcel, el segundo se ha beneficiado de una doctrina constitucional injustificadamente benévola, pero que vincula a los tribunales de la jurisdicción ordinaria. Matar, y matar mucho, no sale gratis, es cierto, pero tampoco todo lo caro que en ocasiones debería costar. Por eso, son justas las quejas de las víctimas de ETA, que obligan a los poderes públicos a extremar el celo en su atención y en buscar todos los resquicios legales para enmendar decisiones que no son fruto tanto de la aplicación de la ley como de la discrecionalidad judicial. El Ministerio Fiscal ha actuado correctamente al anunciar que recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a Troitiño, aunque realmente es el Tribunal Constitucional el que debe corregir su doctrina sobre el cómputo múltiple de la prisión provisional. No es probable que prospere el recurso del fiscal pero, al menos, su impugnación será una manera de defender el interés de las víctimas y de la sociedad, con argumentos jurídicos, no viscerales.

Se ha dicho que las víctimas de ETA no tienen razón sólo por el hecho de serlo, y es cierto, pero su sufrimiento las previene de peligros que intuyen con mucha más facilidad que el resto de ciudadanos, porque están escarmentadas, porque se les ha engañado y porque lo que ven, con etarras excarcelados, Sortu protegida por socialistas vascos, y Bildu a un paso de hacer triunfar el «plan b» de Batasuna, no es precisamente la derrota de ETA

La liberación de Troitiño abre la puerta de salida a decenas de terroristas encarcelados
Los abogados de reclusos etarras preparan recursos similares. Algunos de los afectados ya reciben beneficios penitenciarios. Homenajean al asesino al regresar a su casa con flores, bailes y versos.
Alberto Lardiés. Madrid www.gaceta.es 15 Abril 2011

Los abogados de etarras se están frotando las manos. La excarcelación del sanguinario Antonio Troitiño, debido a una sentencia del Tribunal Constitucional, abre la puerta para que otros terroristas se acojan a la misma argucia legal y, por consiguiente, queden libres. Fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA aseguran que puede haber “decenas” de etarras cuyos letrados podrían interponer recursos similares al que le ha servido a este autor de 22 asesinatos.

Las mismas fuentes auguran que los letrados de ETA y su entorno ya están preparando recursos que se basan en la doctrina del Constitucional, recogida en la sentencia 57/08, para sacar de la cárcel a sus clientes.
Esta doctrina del TC consiste, básicamente, en la reducción de condenas a los terroristas que han sido juzgados por múltiples causas. Más en concreto, contempla la obligación de restar el tiempo que permanezca un recluso en prisión preventiva de cada una de las penas que esté cumpliendo por otros delitos. Así, el tiempo pasado en la cárcel por una condena se descuenta de la que se le imponga en la siguiente.

En cierta medida, la doctrina del Constitucional es una fórmula para que los terroristas combatan la doctrina Parot, establecida en 2006 por el Tribunal Supremo y que sirve precisamente para lo contrario: alargar las condenas de los terroristas hasta el máximo de 30 años. De hecho, Troitiño es el mejor ejemplo, puesto que tenía aplicada la doctrina Parot hasta que anteayer la Audiencia aceptó un recurso de su defensa.

Por todo ello, explican las citadas fuentes, los etarras más sanguinarios, con historiales delictivos similares a los de Troitiño, son los principales candidatos a acogerse a esta doctrina anti-Parot. Se trata de sujetos que fueron condenados en primer lugar a una pena grave y después han ido acudiendo a otros juicios por los que también han resultado condenados.

Ahora mismo son seis los pistoleros, según publicó ayer el diario El País, que se han acogido a este vericueto legal. Entre ellos se encuentran Fernando Luis Astarloa y Andoni Alza, quienes, curiosamente, son algunos de los terroristas que están recibiendo beneficios penitenciarios en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) por obra y gracia del Ministerio del Interior. Entre los etarras que ahora mismo cumplen largas condenas, gracias a la doctrina Parot, están el propio Henri Parot, Ignacio Arakama Mendía, Makario, Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, o Inés del Río Prada. Los citados son nombres conocidos, pero son muchos más los etarras afectados. Todos ellos podrían decidirse en breve por utilizar recursos idénticos al de Troitiño.

Asimismo, fuentes de la lucha antiterrorista manifiestan su malestar y su honda preocupación por las consecuencias que esto puede acarrear. A los agentes del orden no les hace ninguna gracia que peligrosos criminales, incluidos algunos antiguos dirigentes de ETA, puedan ver rebajadas sus condenas.
Por supuesto, la liberación de Troitiño seis años antes de lo esperado ha sido recibida con alborozo por el entorno de la organización terrorista. Prueba de ello es que el asesino en serie fue homenajeado a su llegada a casa. Versos, flores bailes tradicionales y aplausos a raudales para recibirle. Así consta en una web proetarra, llamada Askatu.org, donde también se puede ver al terrorista con un ramo de flores en la mano.

Negociación
Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo relacionan lo sucedido con Troitiño con las actas del proceso de paz, recientemente publicadas. Los que han sufrido el zarpazo terrorista no pueden olvidar estas palabras: “Doctrina Parot: la dejarán sin efecto, es cosa del Constitucional y pueden derogarla”. Así describía el negociador y jefe etarra Javier López Peña, Thierry, el supuesto compromiso del Gobierno con ETA para acabar con la acumulación de penas de presos terroristas.

La banda asesina y su entorno utilizan el asunto de los presos como uno de sus principales caballos de batalla frente al Estado de derecho. En todas las negociaciones, los reos han estado encima de la mesa. De hecho, durante el proceso de paz no sólo se habló de la doctrina Parot. Los emisarios gubernamentales trataron con los enviados de ETA la excarcelación encubierta de José Ignacio de Juana Chaos (compañero de fechorías de Troitiño), la puesta en libertad de José María Uribetxeberría Bolinaga, uno de los carceleros de José Antonio Ortega Lara, y los beneficios penitenciarios para numerosos reclusos de la banda criminal. De todas las promesas del Ejecutivo, lo más escandaloso fue el caso De Juana.

No se pudrirán en la cárcel
El Editorial La Razón 15 Abril 2011

La inesperada puesta en libertad de uno de los etarras más sanguinarios, Antonio Troitiño, ha conmocionado al país y ha reabierto las heridas no cicatrizadas de episodios similares como el de De Juana Chaos, otro integrante del salvaje «comando Madrid». El caso ha provocado una alarma social más que comprensible.

El terrorista Antonio Troitiño, condenado a más de 2.700 años de prisión por 22 asesinatos y otros atentados, dejó la prisión después de 24 años de reclusión, a pesar de que su salida de la cárcel no estaba prevista hasta el año 2017, en aplicación de la llamada «doctrina Parot», según la cual los beneficios penitenciarios deben restarse del total de la pena y no del máximo tiempo de estancia en prisión marcado por el Código Penal (30 años en su caso).

El asesino, sin embargo, se ha beneficiado de la doctrina del doble cómputo de la prisión preventiva, establecida por el Tribunal Constitucional en 2008 y que ha supuesto en este caso descontar el tiempo pasado en prisión provisional del límite de los 30 años. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer revocar la libertad de Troitiño y que siga preso hasta 2017. El Ministerio Público también solicitó que el abono de las prisiones provisionales se haga según se vayan cumpliendo las diversas penas y no se practique sobre los 30 años.

La pregunta es por qué se ha reaccionado tarde, cuando el asesino ya está libre. Es evidente que la interpretación del Constitucional no sólo es un beneficio para los presos con más delitos y condenas más largas, sino que desactiva un instrumento fundamental de la lucha antiterrorista como la doctrina Parot. Aunque es cierto que en 2010 se aprobó una reforma legal para evitar el doble cómputo, el cambio no tiene carácter retroactivo y no afecta a Troitiño ni a otros etarras en circunstancias similares, que se acogerán a la benévola lectura del Constitucional.

Hay, por tanto, un resquicio en la Ley, y ni el Gobierno ni la oposición han hecho algo efectivo para evitar esta afrenta a las víctimas y a la memoria colectiva del país. Es decepcionante y censurable que no se haya dado la batalla jurídica ni política para desactivar esta situación, y que el mutismo haya rodeado este proceso sin posibilidad de un debate público. El recurso de la Fiscalía es la prueba de que se pudo hacer más y mucho antes.

La neutralización de la doctrina Parot es un grave retroceso en la lucha contra ETA, que provocará la libertad de muchos etarras, los más sanguinarios de la banda, que en los años 80 asesinaron de centenas de personas, como en el atentado de Hipercor. Gobierno y oposición tienen el deber de evitarlo para que la sociedad no asista de nuevo a una auténtica desgracia judicial como el caso Troitiño.

La salida prematura de terroristas es un mal síntoma que alienta las sospechas y la preocupación en la ciudadanía y aleja del horizonte cercano la derrota de ETA. Desde hace muchos años, los políticos nos han asegurado por activa y por pasiva que los terroristas se pudrirían en la cárcel. Parece que no será así. No se trata de venganza, sino de justicia. Y no es justo que un asesinato merezca tan sólo un año de cárcel. Eso es un fracaso inaceptable.

El juego de Mas
El «president» se gasta el dinero de la Sanidad en sostener una superestructura independentista que lleva a la ruina a la Generalitat.
José Antonio VERA La Razón 15 Abril 2011

En vez de ponerse a gobernar con seriedad, al presidente de la Generalitat, Artur Mas, parece que le gusta jugar, y se dedica por entero al juego de la independencia, asumiendo en cada momento papeles diferentes, de manera que un día vota sí y otro se abstiene, una mañana se declara independentista y a la siguiente, respetuoso con la Constitución. Se ve que Mas es incapaz de asumir posiciones propias y anda el hombre a la carrera por ver como cumple al dictado lo que le susurra Pujol, preso éste último de una deriva dislocada que cada día se asemeja más a la que acabó políticamente con Arzallus. El problema es que Pujol tiene que decir cosas altisonantes para seguir saliendo en los periódicos, pero al que le retratan por sus hechos es a Artur, cada día más marioneta de su mentor que «molt honorable president». Sólo así se entiende que vote y obligue a su Gobierno a participar en una farsa de referéndum en el que se permitía emitir sufragios hasta en las playas. Muy divertido si no fuera porque las urnas las pagaron las administraciones públicas igual que el resto de la infraestructura movilizada para la presunta votación. El resultado no pudo ser más ridículo: solo el dieciocho por ciento de los barceloneses acudió a votar, incluyendo aquí a los niños de 16 años, a los inmigrantes sin censar y a los que no querían participar, pero les llevaron las urnas a los chiringuitos.

Se ve que a Artur Mas le sobra el dinero y por eso no le importa derrocharlo en tales ocurrencias. Nada nuevo puesto que lleva tiempo defendiendo estos gastos independentistas que minan las exhaustas arcas del Gobierno catalán. Y que no son tres euros, como argumentan ellos, sino millones que se van en subvenciones a grupúsculos soberanistas, revistas identitarias, radios y televisiones públicas nacionalistas, teatro y cine separatista, publicaciones pagadas y compradas por la vía de la subvención a las ediciones en catalán, y un sinfín de ayudas, regalías, mercedes y dinero tirado en superestructuras inservibles como las embajadas de la Generalitat por el mundo mundial. Cuando lo que se impone es sumar esfuerzos para ahorrar, al señor Mas sólo se le ocurre separar para dividir. El resultado es que se dedica a recortar inversiones en Sanidad y Educación, justo dos ámbitos que no debería tocar. Bien entendido, por otra parte, que todo lo que Mas destina, por indicación de Pujol y de su hijo Oriol, a financiar las estructuras soberanistas es dinero que detrae de otras partidas esenciales. El dinero que le llega a la Generalitat de los Presupuestos Generales del Estado no es para pagar embajadas o radios y TV deficitarias. Las transferencias son para Sanidad, Educación, Infraestructuras o Vivienda, y lo que la Generalitat se gasta en consulados o publicaciones independentistas lo está detrayendo de lo anterior. O sea, lo está desviando o malversando, como prefieran. Será por eso que nunca tienen bastante. Piden para Sanidad pero luego se lo gastan en imponer el catalán. Es el juego de Mas.

Metáfora del brindis
Santiago González El Mundo 15 Abril 2011

Fíjense en la foto. Está tomada en una calle de Amorebieta y en ella se ve al ex recluso José Mª Sagarduy brinda con cava en compañía de sus familiares desde el balcón de su casa, tal como dice el pie de foto en esta fotografía, con un empleo preciso de la preposición. 'Desde'. Es un brindis con la gente que le aplaude en la plaza y, al mismo tiempo, para las cámaras. En el balcón hay una pancarta reivindicativa.

Hubo otra foto del brindis, aquel de urgencia con cava en vasos de plástico que dos dirigentes de Batasuna protagonizaron para escenificar el triunfo político que acababan de obtener cuando el PNV y el PSE se rindieron y aceptaron el trazado de la autovía de Leizarán que impuso el colectivo Lurraldea.

El preso Sagarduy ha salido de la cárcel sin haber hecho progresos morales después de 31 años de reclusión. Su gesto, puño en alto al salir de la cárcel y el exhibicionismo del brindis así lo demuestran.

La foto del brindis tiene importancia. Recuerden que el todavía presidente del Gobierno dio en comparar dos fotos durante el proceso de paz: una de ellas, la de la todavía europarlamentaria socialista Rosa Díez junto a Pilar Elías, a la que calificó de 'foto del pasado', mientras llamaba 'foto del futuro' a la de Gemma Zabaleta con la abogada batasuna Jone Goirizelaia. He aquí otra foto del futuro. Las víctimas dentro, por el calor, mientras los cristaleros se exhiben triunfantes en la terraza, con su copita de cava.

Eso es exactamente lo que nos jugamos en las dos maneras de acabar que se están dilucidando soterradamente: Por una parte, acabar con ETA policial y políticamente, es decir, que sea condenada su historia, que no haya un legado del terrorismo que se disputen sus herederos naturales, llámense Sortu, Bildu o como sea, y el resto del nacionalismo. Por otra, un pelillos a la mar, hagámonos los distraídos y aceptemos por la paz un avemaría o dos rosarios.

Nota bene.-La excarcelación de Sagarduy me parece perfectamente ajustada a derecho y no cabe pensar que sea una concesión del Gobierno a ETA exactamente por la misma razón que hace unos días denunciábamos la falacia del argumentario Pepiño, que acusaba a Aznar de haber puesto en libertad a Iñaki Bilbao para que éste asesinara a Priede un año y medio después. No es el Gobierno quien lo ha decidido. Puede ser frustrante que un tipo así salga de la cárcel, pero es la ley, servidumbres del estado de derecho. Lo que sí sería interesante es que lo celebrara en la intimidad, que no tuviera público, o no tuviera nada que celebrar desde el balcón de su casa.

Más lacerante aún el caso de Troitiño, 22 asesinatos, 24 de cárcel. Pero no ha sido el Gobierno quien lo ha excarcelado. Ha sido el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 2008 sobre la manera de computar la prisión preventiva.

Una moción defiende la imposición del catalán en la enseñanza
El Parlament, contra la protección del castellano del TS
El Parlament de Cataluña dio ayer una nueva muestra de que no piensa aceptar las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que reclaman una presencia del castellano «equitativa» a la del catalán en la escuela.
Barcelona - Marcos Pardeiro La Razón 15 Abril 2011

Hace sólo una semana, la comisión parlamentaria de Enseñanza aprobó una propuesta de resolución que expresaba su «discrepancia» con los fallos del TS y que abogaba por «extender el sistema de inmersión lingüística». Ayer, con la solemnidad que confiere el pleno del Parlament, los defensores de la inmersión aprobaron una moción que reitera el desacuerdo de la Cámara catalana ante «las interpretaciones restrictivas que limitan el uso del catalán en la enseñanza y las administraciones».

La moción salió adelante con los votos de CiU, PSC, ERC, Solidaritat y Joan Laporta. El debate no estuvo exento de tensión, sobre todo en el momento en que se votó el primer punto de la iniciativa, que manifestaba la discrepancia con las sentencias del Supremo. El grupo del PP, presente en el hemiciclo, optó por no participar en esta votación para escenificar su disconformidad. «No queremos legitimar una votación de este Parlament que nos haría cómplices de una conducta de la que hoy esta Cámara está siendo autora directa: la de insinuar y promover el desacato de la ley, que es un torpedo en la línea de flotación del sistema democrático», afirmó el portavoz parlamentario del PP, Enric Millo.

La intervención de Millo levantó un gran revuelo en el hemiciclo, pero el portavoz parlamentario siguió con sus argumentos: «Hoy el Parlament ha roto la separación de poderes. Se está planteando, a nuestro entender, un auténtico conflicto entre dos poderes públicos del máximo nivel, el legislativo y el judicial. Resulta inédito y tototalmente sin precedentes que el Parlament manifieste abiertamente su discrepancia –y todos entienden que desacata– respecto a pronunciamientos judiciales».

En este punto, el portavoz del PSC, Miquel Iceta, pidió la palabra para matizar que la moción no expresa «desacato» sino «discrepancias». La moción también insta a la Generalitat a aprobar antes de acabar el año los reglamentos para desplegar las leyes del Cine y el Código de Consumo, así como a impulsar un programa para mejorar el conocimiento del catalán en el ámbito de la hostelería, el turismo y el comercio interno. El Parlament, en cambio, no aprobó una moción de Solidaritat que pedía convocar una consulta después de que se acordara en Cataluña un pacto fiscal en la línea del concierto vasco.

El tribunal que liberó a Usabiaga para cuidar de su madre
La sala que ha excarcelado a Troitiño también autorizó la salida de prisión de Elena Beloki para una fecundación
EUROPA PRESS | MADRID. El Correo 15 Abril 2011

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha dejado en libertad al ex miembro del 'comando Madrid' de ETA Antonio Troitiño, es el mismo tribunal que autorizó la salida de la cárcel del ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga para que cuidara de su madre. Asimismo, excarceló a la etarra Elena Beloki para que se sometiera a un tratamiento de fecundidad.

El tribunal, presidido por el juez Alfonso Guevara, avaló en junio de 2010 la puesta en libertad de Díez Usabiaga, que fue acordada por el juez Baltasar Garzón en contra del criterio del fiscal, al considerar que estaba «cumpliendo acabadamente» con todas las medidas cautelares que se le habían impuesto. A su juicio, la necesidad de que cuidara o no a su madre tenía «un valor relativo».

La resolución, de la que fue ponente en este caso el juez Guillermo Ruiz Polanco, sostenía que Usabiaga, procesado por integración en ETA por su participación en el proyecto 'Bateragune' para reflotar Batasuna, había mantenido su «disponibilidad judicial en un periodo de casi dos meses», al tiempo que destacaba que su madre padecía una enfermedad que le obligaba a estar «recluida en su domicilio».

En junio de 2008 la Sección Tercera también concedió la libertad bajo fianza de 6.000 euros a la etarra Elena Beloki, que cumplía una condena de 13 años de cárcel por su pertenencia a Xaki (el aparato internacional de ETA), para que pudiera someterse a un tratamiento de fecundidad en un hospital de San Sebastián.
El tribunal presidido por Guevara también acordó en octubre de 2010 la absolución de cuatro miembros de la comparsa 'Txori Barrote' de Bilbao para los que la Fiscalía solicitaba 18 meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, tras exhibir fotografías de presos de ETA durante las fiestas de agosto de la capital vizcaína.

El Reglamento de Extranjería será aprobado este viernes por el Consejo de Ministros
El conocimiento de las lenguas oficiales no será requisito para obtener el arraigo en España
Redacción www.eldebat.cat  15 Abril 2011

El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes el Reglamento de Extranjería, para cuya elaboración ha tenido en cuenta las recomendaciones del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, según la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón. El reglamento incluye, entre otras cuestiones, que el conocimiento de las lenguas oficiales no sea requisito para renovar los papeles de residencia.

Durante este tiempo el texto ha sido revisado para someterse posteriormente a evaluación en el Consejo de Ministros. Uno de los cambios claves en el reglamento tendrá que ver con las exigencias idiomáticas. De este modo, se ha cambiado el requisito “conocimiento” de las lenguas oficiales al “aprendizaje”, teniendo en cuenta, eso sí, “el esfuerzo” realizado por los inmigrantes para aprender la lengua y no el resultado de dicho proceso.

En relación a esta cuestión del arraigo social de los inmigrantes, el Reglamento incorpora otras novedades, como la posibilidad de modificar las condiciones exigidas a través de una orden ministerial, de esta manera se evitará tener que reformar la ley. Es decir, a partir de ahora no tendrá que cambiarse la ley para añadir modificaciones previstas.

Los inmigrantes cuyo trámite de regularización quede bloqueado por el municipio o la comunidad autónoma específica en la que se encuentren, serán autorizados a reanudar ellos mismos su trámite si las instituciones que paralizaron su proceso no presentan los informes ante el Gobierno en un plazo de 30 días, según recoge el documento impulsado por Terrón.

Violencia de género
Como ya se anunció en su momento, uno de los cambios importantes que incluirá el Reglamento será la protección que recibirán ante casos de violencia de género las mujeres en situación irregular y sus hijos menores. El nuevo texto tendrá como prioridad “que se denuncien las acciones criminales y no iniciar un expediente de expulsión hasta que salga la sentencia", según ha indicado Terrón este viernes. En caso de que la agresión denunciada fuese demostrada, podría legalizarse de forma inmediata a la víctima.

Reagrupación familiar
En lo que a reagrupación familiar se refiere, con el nuevo reglamento las condiciones económicas exigidas a los inmigrantes serán menos estrictas. En este sentido, para reagrupar al cónyuge o un hijo el inmigrante deberá demostrar que tiene unos ingresos equivalentes al 150% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para reagrupar al primer familiar. Dicho porcentaje se aumentará en un 50% por cada miembro más que se pretenda reagrupar.

Alta cualificación profesional
Otras cuestiones, como el de otorgar vía preferente a los profesionales extranjeros que acrediten tener una alta cualificación también han sido recogidas en este nuevo texto. De esta manera, los trabajadores deberán certificar un salario equivalente al 150% del salario medio profesional, aunque los sectores profesionales a los que va dirigidos esta medida no están recogidos explícitamente en el último Reglamento de la Ley de Extranjería.


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