AGLI

Recortes de Prensa   Sábado 16 Abril 2011

 

Un capitán sin brújula
JULIO POMÉS ABC  16 Abril 2011

Nuestro presidente interino es conocido por sus desafortunadas coincidencias, conjunciones planetarias que diría Pajín. Esta semana declaraba que nuestra economía marchaba como un trasatlántico justo en el aniversario del hundimiento del Titanic. El momento no podía ser peor: el FMI pone en duda que España pueda cumplir con los criterios de déficit de Maastrich incluso en 2016, para cuando estima un déficit del 4,6%. Cabe recordar que Zapatero se había comprometido a lograr un 3% en 2013. Dos datos: ese año comenzarán las multas europeas por excesos de deuda y déficit (0,3% del PIB entre ambas); y los intereses que pagamos por nuestra deuda ascienden al 3% del PIB.

En opinión de los expertos, la vía de agua de nuestro barco es el claro desgobierno autonómico. En año electoral y con evidentes dificultades para el partido, el Ejecutivo ha dispuesto barra libre de endeudamiento para sus barones regionales. Más grave que la deuda oficial es la de las empresas públicas, deuda que no computa dentro de los límites marcados por el Gobierno, y las facturas que se guardan debajo de las alfombras al estilo del tripartito catalán. Frente al total, los datos del Banco de España se pueden quedar en una mera expresión de voluntades en feudos como Castilla La Mancha, que llevan décadas bajo el mismo «régimen».

Que afloren las cuentas en B de tantas comunidades y ayuntamientos puede ser fatal para la credibilidad de nuestro país. Con una revisión de las pensiones insustancial, una reforma laboral que elude los asuntos importantes, el paro más alto de Europa y un crecimiento del PIB por los suelos, el dato del déficit de 2010 era el único clavo ardiendo al que se podía agarrar el Gobierno para defender su gestión. Zapatero confiaba en que un leve descenso del desempleo mejorara el consumo y aliviara las cuentas públicas, pero se equivocó. Al contrario, las estimaciones de paro del FMI son peores que las siempre incumplidas previsiones gubernamentales, mientras que la falta de autoridad para limitar el gasto de las comunidades puede suponer el golpe de gracia en un año en el que el Estado tiene que refinanciar una deuda equivalente al 19,3% del PIB.

Zapatero está jugando a funambulista, pero ya no tiene colchón porque no quedan otros PIGS por caer. Con buenas muestras de talante, hace concesiones a quienes piden más gasto y a los que desean vender las joyas de la corona a cualquier precio. Para los primeros, se elimina el control de los gastos, lo que acarreará transferencias presupuestarias; para los segundos, se privatizan los monopolios y el botín se quema de una tacada. Como en el incidente real, un capitán temerario cree que puede pasar muy cerca del iceberg sin rozarlo. Mientras observa la escena como si no fuera con él, sus marineros se afanan en echar carbón a la caldera. Eso sí, ya se habrán preocupado por buscar un salvavidas personal entre los órganos del partido, porque a vitorear a los sucesores no les gana nadie.

ZP, naranjas de la China
Editorial www.gaceta.es 16 Abril 2011

Lo que el desafortunado periplo chino demuestra es que el primer factor de incertidumbre de nuestra economía no es otro que el propio Zapatero

“Gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones”. Con esta frase, tomada de Deng Xiao Ping, Felipe González asumía en su primer viaje a China, en 1985, el pragmatismo ideológico de la República Popular y lo convertía en una de sus señas de identidad. El PSOE que se disponía a quitarse la O de Obrero, disuelta para siempre en el poderoso corrosivo de la biutiful, y a despojarse del pacifismo para enrolarse en la OTAN, necesitaba una dosis en vena de utilitarismo.

Y funcionó: España se convirtió en el país donde uno se podía hacer más rico más rápidamente; y las rentables inversiones en China constituyeron un exponente de ese estilo de cazar roedores. Zapatero ni eso. Ni caza ratones (en forma de inversiones) ni tiene prestigio o bemoles para cantarle las cuarenta a la última superpotencia comunista. El jefe de la manada socialista fue a China hace dos décadas largas sacando pecho y dispuesto a invertir; Bambi acude a la desesperada mendigando inversiones de la potencia emergente para llevarse a la boca. Eso explica que no haya querido molestar a las autoridades de Pekín y en lugar de exigir cambios se haya refugiado en la lírica, pidiendo melifluamente que “se respeten los derechos fundamentales en Asia”. Una lírica no sólo excesivamente inconcreta (¿Asia? Tiene 44 millones de kilómetros cuadrados y supone el 8,6% de la superficie terrestre), sino también contraproducente: en su miramiento para no enfadar al dragón, elude los “derechos humanos”, que es lo que toca, y redescubre rancias leyes franquistas como el Fuero del Trabajo (1938) y el Fuero de los Españoles (1945), donde se habla de “derechos fundamentales”. Con la diferencia horaria, tenemos al nieto del capitán Lozano recitando clásicos del catecismo franquista.

Pero es tal la inconsistencia y la falta de prestigio del presidente interino que no le ha servido de nada tan versallesco circunloquio. Vuelve con la faltriquera vacía. O por lo menos no tan llena como prometía cuando anunció que la Corporación de Inversiones de China iba a invertir 9.300 millones en las cajas. El mentís del fondo de inversiones deja en evidencia a un Zapatero tan ávido de medallas como atolondrado y a un equipo de La Moncloa que ha cometido un clamoroso fallo de comunicación. España ha hecho el ridículo en los foros internacionales (una especialidad de Zapatero, con o sin Moratinos) y nuestra imagen exterior ha vuelto a perder puntos, tal como refleja la prensa extranjera (el Financial Times calificaba de “vergonzoso” el error del Gobierno español).

Zapatero ha intentado arreglar el desaguisado a posteriori: “La palabra del Gobierno chino siempre se cumple”. Y ha negado que el traspié vaya a influir en la confianza que suscita la economía española en el exterior. “La confianza que España ha transmitido está en los datos y en los hechos, que son los que cuentan, y no en las palabras”. Es verdad que no es lo mismo la confianza de ahora que la de hace un año, pero tampoco es para tirar cohetes, ya que nuestro prestigio económico está seriamente dañado. Y desde luego, la percepción que tienen los profesionales españoles de las expectativas de futuro son para abrirse las venas: las empresas españolas son las terceras más pesimistas del mundo, después de las griegas (un país rescatado) y las japonesas (un país devastado).

Lo que el desafortunado periplo chino demuestra es que el primer factor de incertidumbre de nuestra economía no es otro que el propio Zapatero, por su falta de rigor, sus inoportunas metáforas transatlánticas... y su nulo prestigio internacional.

Un mensaje nefasto
La cumbre de la OTAN en Berlín ha revelado unas divisiones internas alarmantes
HERMANN TERTSCH ABC 16 Abril 2011

La cumbre de la OTAN en Berlín ha revelado unas divisiones internas alarmantes. Y no ya sólo para la campaña militar en Libia, aunque sea ésta la que hacen surgir las discrepancias, la falta de solidaridad y de unidad que se traducen en una vergonzosa falta de eficacia sobre el terreno. Que ahora algunos de los pocos miembros que participan en la intervención (7 de 28), digan que hay que atacar con mayor contundencia, revela impaciencia ante los resultados. Pero también la inconsistencia aterradora de la labor realizada. Que aun no hayan atacado los centros de mando y control militar de Gadafi es prueba de que los rebeldes tenían razón al condenar la parsimonia de la OTAN en la guerra. Algunos de sus dirigentes, ya hartos de los europeos, han pedido una mayor intervención de los Estados Unidos, que no quiere. En Libia, la Alianza Atlántica va camino de perder el respeto tanto de sus aliados rebeldes como de sus enemigos leales a Gadafi. En Berlín sólo hubo acuerdo en que Gadafi no puede sobrevivir en el poder a esta guerra. No es mucho, porque con el actual nivel de intervención, Gadafi bien puede prolongarla indefinidamente.

Los rebeldes mal armados habrían perdido ya frente a un ejército dotado con las mejores armas europeas. Cierto. Pero Gadafi también habría perdido ya esta guerra si la OTAN hubiera intervenido desde el primero momento con intención de ganarla. Gadafi gana prestigio según resiste. Y la OTAN lo pierde. En guerra abierta las armas no tienen efecto disuasorio. Si no se utilizan no valen nada. Y Gadafi ha mostrado que en determinación gana con creces a los señoritos de la OTAN que no quieren asumir costo alguno. Un mensaje nefasto. La falta de eficacia y de unidad es sangrante. Como el daño para la imagen de la alianza, también en otros frentes.

El indignante populismo del nuevo PP
EDITORIAL Libertad Digital 16 Abril 2011

Hubo un tiempo en el que el PP enarboló dos banderas en torno a las que se identificaron millones de españoles: la unidad de España y el liberalismo económico. Con mayor o menor coherencia, estaba claro que esos eran los dos principios sobre los que en última instancia descansaba su programa electoral.

Eran, desde luego, otros tiempos. Desde que hace tres años en Elche Rajoy invitara a liberales y conservadores a marcharse del partido, la inmensa mayoría de los cuadros intermedios de la formación política, carentes de convicciones y deseosos de mullidos sillones, pasaron rápidamente a abrazar lo que José María Lassalle denominó "liberalismo simpático", que no era más que el batiburrillo ideológico intervencionista resultante de retorcer el pensamiento de algunos clásicos liberales (como Adam Smith) unido a las ideas de otros pensadores antiliberales (como John Rawls).

A partir de ahí, el PP ha ido degenerando hacia un centrismo populista y oportunista, muy acorde al espíritu zapateriano de los tiempos. Ha habido, sin duda alguna, honrosas excepciones, muy en particular en la Comunidad de Madrid y en torno al espíritu del "No me resigno" que el otro día Esperanza Aguirre se encargó afortunadamente de resucitar. Pero en general el partido ha renunciado a tener convicciones o, peor, ha hecho suyas las convicciones de la izquierda.

Ahí estaba, por ejemplo, el caso de Nacho Uriarte, quien durante cuatro años y medio ha presidido las Nuevas Generaciones del PP. Dejando de lado que la sección de "juventudes" de todo partido político debería desaparecer (¿qué sentido tiene politizar, en el peor sentido de la palabra, a los individuos desde su más temprana adolescencia?), lo cierto es que las NNGG se adaptaron perfectamente a la mentalidad rajoyana de diluir la ideología, de no tomar partido por nada salvo para ayudar al PSOE. El propio Nacho Uriarte lo resumió perfectamente al decir que "me gustaría en vez de oír tanto ‘soy liberal’, escuchar ‘soy del PP’".

Ayer Uriarte abandonó en Zaragoza la presidencia de Nuevas Generaciones, pero no parece que esta organización vaya a cambiar demasiado de coordenadas. Sin ir más lejos, el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha hecho toda una declaración de principios en ese Congreso de Zaragoza: las palabras que ha utilizado para arengar a los militantes más jóvenes de la formación política coinciden sospechosamente con el panfleto de extrema izquierda Indignaos de Stéphane Hessel, conocido antisemita que en más de una ocasión ha disculpado las atrocidades del comunismo. No sólo eso, Pons ha hecho gala de una retórica típicamente peronista al denunciar el contubernio entre el Gobierno y la "gran banca", al criticar el reparto de bonus por parte de las "grandes empresas" o al definir al PP como el "partido de los currantes".

Es lo que sucede cuando se abandonan los principios, los valores y las convicciones y se los sustituye por el populismo descarnado: que terminas siendo arrastrado por la ideología que, para nuestra desgracia, mayor éxito propagandístico ha tenido en toda la historia, el socialismo. ¿Es esto, la reencarnación de Zapatero, lo que nos depara el nuevo PP?

Nuevo PP
Mariano Esteban y Belén Rajoy
Pablo Molina Libertad Digital 16 Abril 2011

Las continuas escaramuzas de Mariano Rajoy para escabullirse de la prensa convencional y dedicarse en exclusiva a dialogar con los espectadores de Jorge Javier Vázquez, les parecerá a muchos un estrambote poco apropiado para dar lustre al nivel intelectual del debate de ideas en el seno del Partido Popular. Sin embargo, es evidente que el PP ha decidido que su objetivo electoral es el espectador medio de los programas galantes y eso es algo que todos debemos respetar.

La política en los sistemas democráticos consiste en engañar al mayor número de votantes posible en el momento oportuno, con el fin de que las urnas garanticen cuatro años en el poder al más avispado de los contendientes. Bajo esa premisa los espectadores de Sálvame presentan una dificultad añadida para ser timados, porque acostumbrados como están a ver desfilar continuamente por la pantalla a mentirosos compulsivos y quinquis de todo pelaje, no es fácil que un político, por muy ducho que sea en su oficio, les engañe de buenas a primeras. Desde esa perspectiva, la decisión del equipo de Rajoy de que su líder le dispute minutos de pantalla a la hetaira o el cornúpeta del momento es absolutamente coherente con la necesidad de ganar las próximas elecciones.

El debate público en torno a un partido político sobre los principios compartidos, las ideas testadas sobre la realidad o una cierta visión de la moral carecen de sentido para los gabinetes demoscópicos que asesoran a los líderes, preocupados únicamente de que su marca electoral se diferencie del resto de sus competidoras en el mercado democrático ganando en la comparación.

Sucede que muchos españoles todavía creen que el partido que representa a la parte más pujante de la sociedad española, la que paga impuestos, o sea, la derecha, debería tener una actitud mucho más aguerrida frente al Gobierno más dañino que jamás ha debido padecer una nación civilizada, pero es que esa gente no entiende de encuestas electorales. Tan sólo vota. Al menos antes lo hacía.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.

Cataluña
La izquierda, culpable de la deriva independentista
Antonio Robles Libertad Digital 16 Abril 2011

Se acumulan los disparates con consultas y simulacros de independencia en la calle y en el Parlamento de Cataluña. 10-A, 13-M. La primera alegal, la segunda posible fraude de ley, las dos una estafa al sistema democrático. Una corriente de optimismo independentista parece haber tomado el control de la política catalana. Oponerse a ella obliga a la disculpa. La superioridad moral del independentismo ha sido bendecida con el voto a favor de la independencia de Pujol y Artur Mas. ¡Y después llaman friki a María Lapiedra!

¿Cómo hemos llegado a esto? O si quieren, ¿quién es el responsable de esta quiebra emocional con España? Sin lugar a dudas, el Partido Socialista (PSC) y la izquierda nacional catalana (ICV-EiUA). Mientras los hijos del nacionalismo son adiestrados en la defensa de la identidad nacional de Cataluña, el ciudadano catalán sin adscripción catalanista y las nuevas generaciones nacidas en Cataluña hijas de la inmigración e identificadas con el PSOE, han sido avergonzados por su origen, por su lengua y su nacionalidad española y empujados a redimir ese pecado original cambiando de lengua, de cultura y de nacionalidad. En lugar de compartir y sumar, han disculpado la exclusión. En el camino también perdieron la ideología. Ahora sólo son comparsas de un guión nacionalista escrito por la clase social que detestan.

Josep Ramoneda describe el desmoronamiento del PSC en esta clave, pero redundando en el error por no haber ido más lejos en su vasallaje: "Los hijos y nietos de los inmigrantes que llegaron en los setenta tienen otra relación con el país. Y parte del descenso electoral del PSC tiene que ver con que no ha sabido captar ese cambio: los descendientes de los electores del PSOE de hace 20 años no tienen por qué votar como sus padres".

No es que el PSC no haya sabido captar ese cambio, es que se ha negado a transmitir a sus hijos los valores constitucionales de la nación española. En su lugar, la escuela, los medios y la atmósfera social de acoso moral a su origen hizo el resto. Y los electores se lo recuerdan en cada cita electoral.

Lo hemos comprobado en los posicionamientos del PSC e ICV-EiUA ante las consultas y ante la Proposición de Ley de Declaración de Independencia de Cataluña. Pocos dirigentes socialistas han abierto el pico, y quienes lo han hecho, caso de Jordi Hereu, se han centrado en señalar las contradicciones de CiU por votar a escondidas por la independencia en las consultas no vinculantes y abstenerse en el Parlamento. Meras justificaciones. Montserrat Tura ha evidenciado aún más su condición de comparsa del nacionalismo en RAC-1 al mostrar su disposición a hablar de independencia porque España "no acaba de entender el sentimiento que se está produciendo en Cataluña". Lo mismo ha hecho Dolors Camats de ICV-EiUA amparándose en la confederación de los pueblos de España. Otro modo de reivindicar el concierto económico y el monolingüismo institucional.

Si reparan, no se enfrentan a la naturaleza inconstitucional e insurreccional del separatismo, ni señalan la quiebra de la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles, ni sopesan las consecuencias económicas que tal pleito traería aparejado para las partes; ni advierten de las consecuencias nefastas que provocaría un proceso traumático de independencia para el entramado de afectos que enlazan a millones de españoles dentro y fuera de Cataluña. Por no enfrentarse, ni siquiera tienen la dignidad de reclamar lealtad y respeto por una cultura española rica y próspera llena de pasado y preñada de futuro.

¿Por qué ha de extrañarnos la superioridad moral del independentismo si quienes habrían de reaccionar contra ella están dedicados a pedirles perdón por no ser lo suficientemente nacionalistas?

Yihadismo
Efervescencia en la red
GEES Libertad Digital 16 Abril 2011

Mientras la nueva Ley Electoral tunecina –que incorpora en igualdad de condiciones a las mujeres como candidatas– o la orden de detención dictada contra Hosni Mubarak y sus hijos, pueden transmitir la idea de que la normalización política allá donde las revueltas han triunfado, y no hay más camino que la democratización, los yihadistas de todo el orbe hacen notables esfuerzos para reconducir estos y los demás procesos.

Es importante reconocerla existencia de tal esfuerzo, sobre todo para corregir la falsa imagen que transmiten los "expertos" que consideran al islamismo radical arrinconado –si no vencido– y que defienden incorporar al islamismo "moderado" como estimable compañero de viaje en el inexorable sendero hacia la democratización.

Hemos de insistir de nuevo en que los islamistas radicales no sólo se manifiestan con sangrientos atentados –incluso si así fuera los ejemplos no faltarían en Irak, Pakistán, Somalia o Mauritania, entre otros–, sino que aparte de lanzar a sus asesinos, también se ocupan en paralelo del adoctrinamiento, ejecutando una labor proselitista cada vez más esmerada en diversos frentes.Aquí destacamosinternet o la televisión, como vías de enorme alcance.

Acusar a Occidente de injerencia en los asuntos de los musulmanes es hoy muy fácil, sobre todo ante su desconcertante actuación en Libia o también por el continuado apoyo a regímenes "apóstatas" como el yemení, el saudí o el paquistaní entre otros. Además, gracias a las vulnerabilidades de las sociedades abiertas, esya posible escuchar hoy un mensaje en inglés del siniestro predicador Abu Hamza Al Misri, pronunciado desde su prisión inglesa, o acceder al "best seller" del sirio-español Mustafá Setmarian Al Suri, según los yihadistas encerrado en una prisión siria bajo el atento control de la Sección 215 de la Inteligencia Militar. Por si esto era poco, ahora los yihadistas somalíes de Al Shabab inauguran cadena de televisión, Al Kataib, desde la que presumen de conducir columnas de camiones de ayuda humanitaria hacia las provincias de Hiran y Shabelle para desdecir a quienes acusan a terroristas y a piratas de agravar la situación de la población somalí. El colmo de la buena propaganda es la emisión de 52 cartas de Póker con los datos de altos cargos egipcios que deberían de ser juzgados por un tribunal de la Sharía: rememoranasi la baraja para Irak. No nos negaran que manejan con habilidad la propaganda.

Al Qaida para el Magreb Islámico no les va a la zaga a sus hermanos egipcios y somalíes. Reivindica el intento de asesinato del presidente mauritano, considerado "agente de Francia" cuando nuestro vecino destaca como intervencionista (Libia y Costa de Marfil) o persigue a "burkas" y a "niqabs". Y tras felicitar a tunecinos y a egipcios por deshacerse de Ben Alí y de Mubarak, les exige no desperdiciar tal esfuerzo y crear rápidamente regímenes islámicos. También en la red, los talibán afganos y el Ejército Islámico de Irak recuerdan a los egipcios que deben proyectar rápidamente su "victoria islámica" hacia Gaza entre otros destinos.

La batalla se da también en la red, y no debemos olvidarlo bajo ninguna circunstancia.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.


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«Fuga legal» de etarras
Editoriales ABC 16 Abril 2011

LA excarcelación del etarra Antonio Troitiño está siendo seguida por declaraciones y comportamientos que no se corresponden con la gravedad de lo sucedido. Por lo pronto, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendría que reunirse de forma extraordinaria lo antes posible para resolver el recurso de la Fiscalía contra la puesta en libertad de este asesino. Esperar a que pasen las vacaciones de Semana Santa es un gesto de indiferencia hacia las víctimas, pero también hacia la trascendencia del caso en futuras liquidaciones de condena a otros terroristas. Y si hay condicionamientos legales insoslayables, entonces hace falta una explicación pública del presidente de la Audiencia Nacional o de la sala de lo Penal que transmita empatía a las víctimas de ETA y a la sociedad.

Tampoco merece mejor comentario lo dicho por el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gai, quien ha justificado la decisión que tomó este tribunal en 2008 remitiéndose al Código Penal. Lo cierto es que la doctrina del TC no era un designio fatal, sino una opción que eligieron sus magistrados para reconocer a un preso el extraordinario beneficio de computar una misma prisión provisional en tantas condenas como estuviera cumpliendo. La ley no obligaba a esta interpretación. Al contrario, la doctrina constante del Supremo sobre el artículo 58 del Código Penal descontaba la prisión provisional solo de la condena impuesta en la misma causa en la que se hubiera impuesto esa medida cautelar. Por tanto, no es la ley, sino una sentencia del TC, lo que ha sacado a Troitiño a la calle. Como señaló el TS en una sentencia de 2009, la doctrina del TC «provoca la creación “de facto” de un beneficio penitenciario no previsto precisamente por el legislador, con clara incidencia en materia de ejecución de condenas y con efectos incalculables e imprecisos, al quedar el licenciamiento definitivo al albur del caso concreto, quebrando el principio de legalidad en materia penal y penitenciaria».

Todos los tribunales que vayan a revisar la excarcelación de Troitiño tienen que actuar con rapidez, desde la Audiencia Nacional, pasando por el Supremo y acabando en el Constitucional, que ha de revisar su propia doctrina. Porque detrás de Troitiño, al que no se le pueden imponer medidas de vigilancia porque está libre y sin cargos, van a venir otros muchos, en una especie de «fuga legal» que debe frenarse por razones de justicia y legalidad.

La guerra del norte
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 16 Abril 2011

Cuando Rubalcaba da cuenta de los éxitos policiales frente a ETA y los vende con tanto énfasis ¿de qué quiere justificarse? Alguna vez lo da a entender: para que las gentes vean que el Gobierno no está negociando con los terroristas. Y es que el parón de ahora es excepcional en el PSOE ya que por su propia naturaleza es un partido abocado a la traición a la Nación. Tan indefinible, tan plastilina , tan innecesaria, ella. Ni ZP ni Rubalcaba ponen en su sitio a Eguiguren aunque este contradiga, como Presidente del PSE, la política del PSOE en estos momentos. Saben que antes o después pactarán con ETA.

¿Está ETA en su final? Es claro que ha conseguido una gran parte de sus objetivos políticos y culturales. Por si acaso los Esnaola guardaban en su caserío tonelada y media de explosivos y a ratos hacían de pastorcillos.

El sistema judicial y penitenciario tiene tan asumido el papel temporal de sus funciones represivas que premia a criminales como Troitiño.

El error que ha llevado a Troitiño a la libertad se basa en otro anterior, esto es, la inexistencia de la cadena perpetua… o similar. Patxi López y Antonio Basagoiti han limpiado las fachadas del País Vasco para que Eusko Alkartasuna y Bilde puedan pegar sus carteles en las elecciones próximas.

El «incidental» tiroteo de unos etarras a policías franceses y el descubrimiento de arsenales fastuosos han rebajado el optimismo de muchos periodistas —no sólo socialistas— en el proceso de reconversión de ETA.

ETA tiene la costumbre de levantar actas de sus reuniones con los enemigos, lo que es de agradecer. Socialistas cualificados aseguran que Rajoy y Trillo no tendrán más remedio que llamar a Otegui y Eguiguren para hacer el gran pacto. Me parece un infundio contra Trillo.

Asqueado
Alfonso Ussía La Razón 16 Abril 2011

Nada me produce más hartazgo –con independencia del dolor y la ira–, que todo lo que se mueve en torno a los terroristas. Ya está en la calle Antonio Troitiño. Asesinó a veintidós inocentes y ha permanecido en prisión poco más de un año por cada crimen. Abandonó la cárcel de Huelva con setenta euros y se subió a un taxi. Pobre taxista. Tendría que exigir al Gobierno que le abonara los gastos de la desinfección general de su vehículo. Se dice que está en paradero desconocido.

Pero lo han visto en Amorebieta. Cuando la Audiencia Nacional repare su gravísimo error, Troitiño se hallará fuera del alcance de la Justicia. Como De Juana Chaos, como «Josu Ternera». Se sabe dónde están, pero los pactos son los pactos y las actas son las actas. Me pregunto qué gana el Gobierno de España, en estos meses de agonía política, por hacer tanto daño. Y me pregunto qué hace la Oposición con tantas suavidades y dulzuras. Un asesino que ha matado a veintidós personas es muy capaz de matarnos a todos. A Lola Flores, por burlar con torpeza al fisco, le pidió el Fiscal diez años de cárcel. A Troitiño, cada asesinado le ha salido por un año. Entiendo que en nuestra sociedad buenista y devastada, pedir el cumplimiento íntegro de las penas o la cadena perpetua –revisable o no–, puede considerarse una provocación inadmisible. Bueno, pues yo la pido. Tengo el derecho a hacerlo. Soy una voz, un impulso individual, pero no me sale el silencio ante tanto asco, tanta podredumbre política, tanta componenda eventual y tanta porquería gubernativa. Tampoco ante tanta cobardía judicial.

«Cuando vi llegar a los guardias civiles, sólo tuve que activar el mando». Quien esto declaró en su día, hoy ha sido puesto en libertad por la Justicia, y con toda seguridad, por los compromisos que la Justicia tiene contraídos con el Poder Ejecutivo. La hoja de ruta. Cuidado, que nadie toque a «Bildu». En pocos días se anunciará la gran noticia. El Tribunal Constitucional no autorizará a «Sortu» acudir a las elecciones, pero el Supremo le abrirá la puerta de nuestras instituciones democráticas a «Bildu». Y si «Bildu» falla, ya tendrán otra mugre preparada. La ETA tiene mil nombres preparados para ello. Cuenta con el respaldo reconocido de Eusko Alkartasuna y la caricia camuflada del PNV. Entre el respaldo y la caricia, la incomprensible actitud del Gobierno. «Es falso», dirá don Alfredo; «las Fuerzas de Seguridad del Estado mantienen el nivel de trabajo y detenciones». Faltaría más. Más faisanes no. Si el Ministerio del Interior ordenara a las Fuerzas de Seguridad del Estado que no detuvieran a los terroristas de la ETA, estaríamos asistiendo a un pavoroso golpe de Estado contra la ciudadanía por parte de un Gobierno agonizante, cuyo único objetivo en los momentos actuales, es no empeorar más todo lo que ya ha empeorado. Esto no se arregla en China con cuentos chinos. Se arregla en España dejando de hablar con los terroristas y sus allegados. Así de fácil.

El aburrimiento, el hastío y la desesperación de escribir del terrorismo vasco y sus largos brazos tramposos, son insoportables. Si insoportable es escribir, más aún leer lo que se escribe. Tengo que pedir perdón a mis lectores por la reiteración en hacerlo. Pero no hay otro remedio. Se trata de una obligación. Hoy me habría encantado escribir del cuento chino de los nueve mil millones que Zapatero nos ha contado. Pero no. Tengo que humillarme una vez más y escribir de los terroristas, esos hijos de puta amparados por quienes nos gobiernan en su tramo final.

Troitiño, Parot y el Constitucional
Mario Conde www.gaceta.es 16 Abril 2011

Los políticos deben hacer leyes claras y rotundas para evitar espacios interpretativos.

La liberación del etarra Troitiño ha provocado indignación entre amplios sectores de la opinión pública. La gente en general –incluso algunos supuestamente doctos en Derecho– no entienden lo sucedido. Por la importancia del asunto conviene tener ideas claras y, para ello, separemos la llamada doctrina Parot de la decisión del Tribunal Constitucional sobre abono de prisión preventiva.

I. La doctrina Parot. A todo delito le corresponde una pena. Por tanto, si uno es autor de varios delitos, tendrá varias penas y la ley dice que deben cumplirse todas, de manera sucesiva o simultánea, según sea posible, empezando por las mas graves.

Esta norma se rompe en el caso de los llamados delitos conexos. EL Tribunal Supremo ha conformado una doctrina por cuya virtud todos los asesinatos cometidos por un etarra en diversos momentos en el tiempo, serán conexos si se le juzga por todos ellos en un mismo proceso, aunque no hubieran tenido entre sí más conexión que el hecho de que su autor es etarra.

Al ser conexos se le aplican dos reglas. Primera, el monto total de años de condena no puede superar el triplo de la pena mayor. Así, por ejemplo, si un asesinato está penado por veinte años, el monto total de pena es de sesenta años. Ya se comprende que da igual tres que trescientos asesinatos. Por tanto, 297 asesinatos se saldan sin pena efectiva.

La segunda consecuencia es que además de ese tope funciona otro: se llama tiempo efectivo de permanencia en prisión que no puede ser superior a 20, 30 o 40 años según los casos. Si esto se entiende, se ve que una organización terrorista puede crear lo que llamo áreas de impunidad. Es decir, si un etarra ha matado a dos personas y no ha sido juzgado, todos los asesinatos que cometa a partir de ese instante son penalmente inocuos. No cumplirá más condena aunque mate a 5.000 personas. Saberlo puede funcionar como estímulo adicional al asesinato.

La cuestión entonces se centra en las llamadas redenciones y, en general, sobre los beneficios penitenciarios. Las redenciones son las concedidas por el Código Penal de 1975 y eliminadas por el Código Penal de 1996. ¿Sobre qué se aplican? ¿Sobre la nueva condena limitada o sobre todas y cada una de las penas? En este punto el TS ha seguido dos caminos. Primero el histórico, que consistía en que se aplicaba sobre la nueva condena. Es así como un condenado a 3.000 años, con un limite máximo de 30, si redimía penas por trabajo, salía a los quince años. Después (2006) la doctrina Parot, que implica que las redenciones se aplican pena a pena y, por eso, si tiene 6.000 años de condena siempre cumplirá el máximo legal, es decir, los 30 o los 40 años, según los casos.

II. La doctrina de la prisión preventiva. Ahora bien, a ese máximo legal de 30 o 40 años hay que descontarle el tiempo que el etarra haya pasado en prisión preventiva. El problema lo planteó el Tribunal Constitucional que dijo en una sentencia que la prisión preventiva debía aplicarse a todas las causas del preso preventivo. Es decir, que un mismo tiempo de estancia en prisión se multiplicaba por todas las causas que el penado tuviere. A muchos nos pareció una interpretación contra legem.

Es así como Troitiño, que estuvo preventivo, multiplica el valor de los años preventivos y se reduce el tiempo legal, no solamente en el tiempo real de preventivo sino en el tiempo que le abona el Tribunal Constitucional. Prisión preventiva y doctrina Parot, por tanto, no tienen nada que ver. Son mundos diferentes.

En 2010 se modifica el Código Penal y se dice que la prisión preventiva se aplica una sola vez y se elimina la interpretación del Tribunal Constitucional. La cuestión entonces es: dado que esa modificación perjudica al reo, ¿puede o no tener efectos retroactivos? La Audiencia Nacional dice que no. Pero se equivoca. Porque no es una lex nova que modifique una ley anterior. Es una ley que declara errónea la interpretación del Constitucional y aclara el sentido de la ley anterior. Por tanto, no es cuestión de retroactividad.

¿Por qué una ley para modificar una interpretación del Tribunal Constitucional? Sencillamente porque no hay órgano judicial superior, así que sus sentencias solamente pueden ser aclaradas por ley. En consecuencia, a Troitiño se le debe aplicar el cómputo de la preventiva una sola vez porque lo que dijo en su día el Constitucional fue equivocado de modo que la ley de antes y la de ahora no permiten ese abono múltiple de la preventiva.

Y, sobre todo, los políticos deben hacer leyes claras y rotundas para evitar espacios interpretativos proclives a presiones políticas en temas que afectan al derecho a la vida y a la libertad real.

*Mario Conde es abogado del Estado.

Condenas íntegras
Irene VILLA La Razón 16 Abril 2011

Tenemos hoy más claro que nunca que cualquier intento de acercamiento a una banda asesina que sigue con cientos de kilos de explosivos escondidos y listos para matar, está de más. Enhorabuena a los agentes de la Guardia Civil implicados en esta exitosa operación coordinada por el juez Grande-Marlaska, que han localizado caseríos utilizados como almacenes y zulos repletos de material explosivo, documentación, detonadores, combustible... y detenido a presuntos etarras.

Los que quieren colarse en las elecciones, celebran las excarcelaciones de etarras sanguinarios como «Gatza» o Troitiño. Sin embargo, según la doctrina Parot, acordada por el Tribunal Supremo en 2006, a Troitiño le quedan aún 6 años de cárcel, ya que las redenciones de la pena a las que tiene derecho el preso, deben aplicarse sobre cada una de las condenas, y no sobre la refundida.

Es muy duro para las madres de los doce jóvenes guardias civiles que asesinó Troitiño en la Plaza de República Dominicana, saber que de nuevo está libre quien se propuso y consiguió deshacer sus familias, arrancando a sus hijos para siempre. Duele saber que los terroristas sean liberados para volver a hacer lo único que saben. Y ya que ni el tiempo ni la madurez, convence a ni uno solo de los adeptos a la banda de la absurdez e inutilidad de la existencia de ETA, al menos que las condenas se cumplan íntegramente.

Me avergüenzo
Luis del Pino Libertad Digital 16 Abril 2011

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 16/4/2011

Antonio Troitiño Arranz se incorporó a ETA en 1982, cuando contaba con 25 años de edad.

En octubre de 1983, participa en el asesinato a tiros del empresario Lorenzo Mendizábal.

En junio de 1984, participa en el asesinato del guardia civil Ángel Zapatero Antolín, mediante una bomba lapa colocada en su coche. En ese atentado resultó también herido un niño de 14 años.

En abril de 1986, participa en el atentado contra un Land Rover de la Guardia Civil, en el que fueron asesinados cinco agentes de la Benemérita.

En junio de 1986, participa en el asesinato del teniente coronel Carlos Besteiro, del comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas y del soldado Francisco Casillas Martín.

En julio de 1986, participa en el atentado de la Plaza de la República Dominicana, en el que fueron asesinados 12 guardias civiles y resultaron heridos otros 44. Antonio Troitiño fue el encargado de accionar el control remoto que hizo explotar una furgoneta cargada con 40 kg de Goma2 al paso de dos autobuses de la Guardia Civil.

Detenido en enero de 1987, tenía una condena que, sólo por el atentado de la Plaza de la República Dominicana, ascendía a más de 2.000 años.

Según la Doctrina Parot que el Tribunal Supremo estableció en 2006, Antonio Troitiño tenía que haber salido de la cárcel en el año 2017, después de cumplir 30 años en la cárcel.

Y sin embargo, Antonio Troitiño - después de asesinar a 22 personas y herir al menos a otras 45 - ha quedado en libertad seis años antes de lo previsto, gracias a una nueva doctrina aprobada en el año 2008 por el Tribunal Constitucional.

Los magistrados Guillermo Jiménez Sánchez, Vicente Conde, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Pascual Sala decidieron modificar, un mes después de las últimas elecciones generales, los criterios de cálculo de las penas de cárcel, de modo que los presos condenados por varias causas pudieran descontar por separado en cada una de ellas el tiempo pasado en prisión provisional.

Esta doctrina establecida por esos cinco magistrados, que favorece a los delincuentes múltiples, es tan aberrante que dos años después el Parlamento aprobaba una modificación del Código Penal para enmendarle la plana al Tribunal Constitucional.

Pero claro, a los presos se les aplica siempre la legislación más favorable, con lo cual todos los etarras con múltiples condenas se verán beneficiados.

Antonio Troitiño ha visto reducida en seis años su estancia en prisión gracias a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Y en los próximos meses, otros varios presos de ETA y del GRAPO saldrán de la cárcel anticipadamente, en aplicación de esa misma doctrina.

No tengo las pruebas documentales. Si las tuviera, iría al juzgado de guardia para interponer una denuncia contra los responsables de que Antonio Troitiño haya quedado en libertad.

Pero hace ya mucho tiempo que no creo en las casualidades. Así que permítanme transmitirles mi convencimiento de que esa decisión del Tribunal Constitucional, tomada un mes después de las elecciones de 2008, no obedece a ninguna casualidad, ni se trata de ninguna metedura de pata, sino que es una decisión consciente, tomada en el marco del proceso de negociación con ETA y a sabiendas del efecto que esa decisión iba a tener sobre el tiempo de estancia en prisión de los etarras.

Permítanme transmitirles mi convencimiento de que detrás de esa aberrante decisión de esos cinco magistrados del Tribunal Constitucional está ese Gobierno socialista que negocia con ETA, que dispone así de una manera de saltarse la doctrina Parot, para poder empezar a poner presos en la calle antes de las elecciones de 2012.

Permítanme expresarles mi convencimiento de que esa decisión ha contado con el aval del actual Partido Popular de Mariano Rajoy, puesto que al menos dos de los magistrados del Constitucional que tomaron esa decisión pertenecían al denominado "sector conservador" del Tribunal.

Acabamos de asistir a una nueva humillación a las víctimas del terrorismo, que ven cómo se les niega la mínima justicia de que los asesinos de sus seres queridos cumplan al menos el máximo de 30 años de reclusión que el antiguo Código Penal contemplaba.

Se avanza, así, un paso más en ese proceso de negociación que va a terminar, sí, con vencedores y vencidos, pero donde los vencidos no van a ser los asesinos, sino sus víctimas.

Me avergüenzo de un Tribunal Constitucional cuyo único papel es retorcer la Ley y pisotear el Estado de Derecho, al dictado de sus amos políticos.

Me avergüenzo de un Gobierno dispuesto a todo con tal de que ETA termine consiguiendo cada uno de sus objetivos, incluida la puesta en libertad de sus asesinos presos.

Me avergüenzo de una Oposición que calla y otorga, permitiendo que el Gobierno humille de nuevo a esas víctimas a las que antes el PP defendía.

Y me avergüenzo, también, de esos miembros de los servicios de información que han contribuido indirectamente - ayudando a ocultar la verdadera realidad del 11-M - a que los asesinos de sus compañeros empiecen a salir a la calle.

Porque ese atentado masivo e indiscriminado del 11-M fue el detonante que sirvió, precisamente, para poner en marcha ese proceso que permite ahora que asesinos como Antonio Troitiño queden en libertad.

Vosotros, los miembros de los servicios de información que sabéis y calláis acerca del 11-M, sois tan culpables de la puesta en libertad de Antonio Troitiño como esos miembros del Tribunal Constitucional que retuercen las leyes para beneficiar a los asesinos de vuestros compañeros; sois tan culpables como ese Gobierno que mueve los hilos de sus guiñoles en el Tribunal Constitucional, al compás de una negociación infame; sois tan culpables como esa Oposición que simula oponerse a la negociación con ETA, al mismo tiempo que trata de desactivar por todos los medios la protesta de su base social contra esa negociación.

Sois igualmente culpables, porque teníais en vuestra mano haber evitado lo que está sucediendo y preferisteis callar.

Los asesinos de vuestros compañeros están hoy de enhorabuena gracias, en parte, a vuestro silencio.

Un auto polémico
El fallo de la mayoría (de magistrados de la Sala del 61 sobre Sortu) está fundado en Derecho. El voto particular, aun conteniendo observaciones razonables, se basa en un prejuicio
JAVIER TAJADURA TEJADA El Correo

PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UPV/EHU

El pasado treinta de marzo, la Sala Especial del Tribunal Supremo declaró que Sortu no puede ser inscrito en el Registro de Partidos por ser sucesor o continuador de otro (Batasuna) declarado ilegal y disuelto por sentencia judicial firme. De los dieciséis integrantes de la Sala, nueve magistrados secundaron el fallo mayoritario mientras que los siete restantes formularon un voto particular discrepante. Los analistas han destacado la fractura que se ha producido en el seno del Tribunal, tanto más notoria porque hasta ahora y en relación a estos temas, la Sala se había pronunciado siempre por unanimidad. Sin embargo, la división de la Sala no debiera resultar tan sorprendente. Es la expresión de que el tema enjuiciado es complejo, y de que tanto el material probatorio aportado como las normas jurídicas aplicables son susceptibles de ser valoradas e interpretadas de diferentes maneras.

En todo caso, lo que resulta evidente es que en algunas de las críticas realizadas al fallo mayoritario, comenzando por las contenidas en el propio voto particular, ha podido incurrirse en ciertos excesos verbales que minan la confianza debida en las resoluciones judiciales. Así, se ha aludido a la «pereza intelectual» de los magistrados (J. Pérez Royo) o se ha calificado a la resolución como un «auto con ruedas de barro» (J. Pradera). El voto particular, por su parte, acusa al fallo mayoritario de «haber sustituido la valoración de la prueba por la construcción de un relato», según el cual Sortu es una creación de ETA.

Frente a críticas de tan grueso calibre, debemos subrayar que no se aprecia pereza alguna en las 217 páginas de la resolución aprobada por la mayoría. Y sobre todo que en ellas, lejos de construirse relato alguno, lo que se hace es concluir a través de la valoración de un abundante material probatorio integrado por documentos incautados a ETA e informes policiales que Sortu no es un partido nuevo sino un mero continuador de Batasuna. Esto es, que con su inscripción, lo que se pretende es eludir, de forma fraudulenta, los efectos de la sentencia que ilegalizó a Batasuna. La Sala analiza y valora con detalle cada una de las pruebas, y lo hace, en todo momento, siguiendo los criterios interpretativos establecidos por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo.

En el voto particular, los magistrados disidentes discrepan de esa valoración de las pruebas. Básicamente porque extraen consecuencias diferentes de ellas y fijan su atención en otras a las que la mayoría otorga escasa relevancia. Reprochan a sus colegas no haber valorado suficientemente el testimonio de un experto antiterrorista, los propios estatutos de Sortu y, sobre todo, el rechazo a la violencia que es un contraindicio decisivo. A partir de la constatación de un debate en el seno de ETA-Batasuna, y de las discrepancias surgidas en el seno de ese sujeto único, deducen la ruptura de Sortu respecto a ETA. Se construye así un relato según el cual la creación de Sortu no tiene por objeto realizar un fraude de ley.

En definitiva, la complejidad del procedimiento de ejecución de sentencia reside en la dificultad de probar sólidamente de forma racional y no arbitraria, la existencia de un fraude de ley. El fallo mayoritario considera probada la existencia del fraude. El voto particular, por el contrario, entiende que el rechazo de Sortu a la violencia de ETA es un contraindicio que desvirtúa cualquier otra prueba en contra. Y ello porque según los magistrados discrepantes ese rechazo es real, y no cosmético. Sólo por ello, habría sido preciso permitir la inscripción del nuevo partido en el Registro. A estos efectos, otorgan una gran relevancia jurídica a los estatutos del partido y a algunas declaraciones de sus promotores y prescinden de algunas pruebas documentales consideradas fundamentales por la mayoría. Mayoría que valora globalmente todas las pruebas y deduce de ellas que ese rechazo es instrumental y forma parte de la estrategia fraudulenta diseñada para estar presente en las instituciones.

Es esa complejidad jurídica, y no razones políticas ocultas, la que explica la división de la Sala. En el proceso que comentamos Sortu tenía que convencer al Tribunal de la ruptura de sus vínculos con ETA y de que su rechazo a la violencia no es un ardid estratégico. Logró convencer a siete magistrados, pero no a la mayoría. En la opinión de estos pesaron numerosas pruebas que acreditaban lo contrario. Y sobre todo, faltó el contraindicio decisivo, el rechazo a la violencia pasada y actual de ETA. Porque la misma existencia de una organización terrorista es una realidad violenta que hay que condenar. Los magistrados discrepantes consideran acreditado ese contraindicio aunque no incluya la condena de la violencia pasada. No dicen porqué, salvo que el auto de 2007 no la exigía expresamente. Esa no parece razón suficiente. De hecho, sólo la condena de los crímenes reales cometidos por ETA puede evidenciar esa ruptura con el pasado. Las meras discrepancias surgidas en el seno del complejo ETA-Batasuna en las que se fundamenta el voto particular no parecen suficientes para acreditar una ruptura completa y definitiva.

Por todo lo anterior, e insistiendo en la extrema complejidad jurídica de la cuestión controvertida, entiendo que el fallo de la mayoría está muy bien argumentado y fundado en Derecho. El voto particular, aun conteniendo observaciones razonables, se basa en un prejuicio, consistente en un rechazo previo al propio procedimiento que deben resolver al que consideran de forma claramente errónea una ilegalización preventiva. Y digo errónea porque no estamos ante un procedimiento para ilegalizar un nuevo partido, sino en un proceso instado para asegurar el cumplimiento de una sentencia previa de ilegalización. La Sala Especial tiene que velar para que se cumplan sus propias sentencias, tiene que impedir que mediante maniobras fraudulentas se eluda el efecto de sus resoluciones, y con mucho mayor celo, cuando estas declaran medidas necesarias para la preservación del Estado de Derecho y de la sociedad democrática. Esto es lo que ha hecho.

Ordenación democrática
El desorden al que se ve abocado el final de ETA es inevitable por la propia naturaleza del terrorismo y su radical incompatibilidad con el Estado de derecho
KEPA AULESTIA El Correo 16 Abril 2011

El ruido ambiental de esta última semana refleja la concurrencia de tensiones e intereses que describen el monotema etarra. Nos enfrentamos, por un lado, a la caótica deriva a la que su creciente inanición está empujando a ETA, certificada por los tres tiroteos protagonizados en el centro de Francia por dos de sus miembros que acabaron detenidos y por la decrepitud que en realidad trasluce el desmantelamiento del aparentemente intrincado zulo múltiple de Legorreta.

Tenemos a una izquierda abertzale solidariamente encadenada al destino de los activistas de ETA, libres o presos, incapaz de romper políticamente con su pasado, pero que por fin ha llegado a emplazarles a que no la fastidien. La escena destaca también a una serie de protagonistas que, sea como acompañantes de la izquierda abertzale, como exégetas de la mediación, o como 'facilitadores' voluntarios -léase verificadores-, tratan de poner orden en la desordenada fase terminal de ETA.

Contamos con una política antiterrorista consensuada entre las principales formaciones políticas, que sintoniza en gran medida con el sentir de las víctimas. Y no podemos eludir la recurrente sospecha con la que el PP latiguea al gobierno de Rodríguez Zapatero, quizá también porque a su vez se siente conminado por los valedores permanentes de la teoría de la conspiración.

Pero tras la confusión que provoca siempre el ruido causado por el terrorismo y su eco partidario, especialmente en víspera de elecciones, se dilucida si el final de ETA puede darse de manera ordenada, siguiendo un patrón supuestamente estándar establecido por supuestos expertos en la resolución de conflictos -llámense Lokarri o Baketik-, o va a parecerse más a una dilución desordenada. El mantra de los 'principios Mitchell' no representa, a estas alturas, más que una manera de eludir el compromiso de diseñar una salida genuina al problema. Conviene recordar que el totalitarismo etarra -como cualquier otro totalitarismo- consta también de una faceta egocéntrica y caprichosa en tanto que dependiente de que sus necesidades las cubran los demás. Lo que se refleja en la constante transferencia de su responsabilidad hacia el deber que otros -seguidores, mediadores o adversarios- tendrían para secundar sus proclamas o satisfacer sus demandas.

El Acuerdo de Gernika y sus artífices tratan de superar el desorden existente en ETA y en las relaciones entre ésta y la izquierda abertzale mediante la implantación de un orden alternativo al de la legalidad vigente. Porque en el fondo la ordenación por ellos pretendida tiende a reclamar compensaciones políticas a la eventualidad de que la banda terrorista opte por abandonar las armas. En el mejor de los casos se trataría de una concepción providencialista del papel que 'los demás' deberían jugar para posibilitar la toma de decisiones en ETA y preservar su unanimidad. La eventualidad de una escisión constituye el argumento oculto con el que se trata de justificar la imperiosa necesidad de una intervención comprometida para poner a ETA en orden desde fuera. La verificación llamada internacional formaría parte de ese empeño.

De algunos testimonios de Jesús Eguiguren cabe deducirse que el presidente de los socialistas vascos se inclinaría porque fuese el propio Estado, o cuando menos el Gobierno, quien procurase 'ordenarles la casa' a los miembros de ETA, contribuyendo a facilitarles la toma de decisiones al ritmo que ellos estén en condiciones de asumir. En cierto sentido, todos los gobiernos han acariciado tal posibilidad, porque en algún momento llegaron a creer que podrían favorecer a buenas que los etarras recapacitasen. Por ejemplo, intentando que sus interlocutores en las conversaciones de Argel y posteriores se hicieran realmente con el control de la trama terrorista. Pero sería vano e improcedente que hubiese instituciones públicas o partidos democráticos empeñados en 'ordenar la casa' a ETA. Es inútil intentarlo, porque no conduce más que al envalentonado ensimismamiento de la banda etarra. Además resulta imposible perseverar en ello sin restar legitimidad al propio sistema democrático.

El orden lo establece el Estado de derecho, incluidas sus contradicciones y 'troitiños'. Como se está demostrando en el caso de la izquierda abertzale, es la aceptación de las reglas de la democracia constitucional lo que contribuye a ordenar las cosas entre quienes hasta ayer trataban de echarla abajo para instaurar un régimen todo menos libre. Incluso si la coalición Bildu es anulada judicialmente como opción electoral, la amplia mayoría de las bases radicales habrá recorrido un camino sin retorno. Sería también la aceptación de las reglas de la democracia constitucional lo que haría que los integrantes de ETA renunciasen de forma expresa y creíble al uso de la violencia. Aunque ésta es una perspectiva que quizá nunca se dé; sencillamente porque la banda terrorista no está dotada de los protocolos de decisión precisos para autodisolverse. Protocolos que nadie puede facilitarle desde fuera, y que en una situación de extrema debilidad es prácticamente imposible que se generen desde dentro. De ahí que deba ser el Estado de derecho el que establezca el orden al que tengan que atenerse individualmente los actuales integrantes de ETA para salir del laberinto engendrado por su fanatismo. Algo que es tan verdad hoy como lo será cuando el PP consiga hacerse con el gobierno de España.

Quizás, quizás, quizás
Francesc de Carreras La Vanguardia  16 Abril 2011

Al debatirse la proposición de ley que declaraba la independencia de Catalunya, el diputado de CiU Jordi Turull dijo que Cataluña se hallaba en transición hacia el derecho a decidir.

En la sesión del Parlament de este pasado miércoles, al debatirse la proposición de ley que declaraba la independencia de Catalunya, el diputado de CiU Jordi Turull, que intervenía por ausencia de Artur Mas, antes de anunciar la abstención de su grupo dijo que Catalunya se hallaba “en transición hacia el derecho a decidir”. Y añadió: “Que estemos de acuerdo con el qué [con la independencia], no significa que estemos de acuerdo ni en el cómo ni en el cuándo”. A mi me recordó el estribillo de un famoso bolero: “Y yo que te pregunto/que cuándo, cómo y dónde/ tú siempre me respondes/ quizás, quizás, quizás”.

A su vez, en la pseudo-consulta sobre la misma cuestión que culminó el pasado domingo, el president de la Generalitat y los consellers residentes en Barcelona fueron a votar, aunque lejos de cámaras que pudieran atestiguarlo. Mas había dicho con antelación que en caso de ir a votar lo haría afirmativamente.

Tanto ejercer de Poncio Pilatos en la abstención parlamentaria, como ese voto vergonzante depositado en la intimidad, no son de extrañar en CiU: la ambigüedad, el nadar entre dos aguas, son marca de la casa. Recuerdan siempre aquella brillante invectiva de Alcalá-Zamora a Cambó: “su señoría quiere ser, a la vez, el Bolívar de Catalunya y el Bismarck de España”. La recuerdan pero con una diferencia: entonces Cambó era un diputado de la Lliga, miembro de la oposición en el Congreso, ahora Artur Mas es la más alta representación de la Generalitat. La diferencia no es pequeña porque afecta a su responsabilidad, senyor president.

Imaginemos que un asesor económico de Shangai es consultado por una poderosa empresa china que pretende establecer una fábrica en España. El asesor efectuará un estudio sobre nuestro país analizando los diferentes factores, positivos y negativos, de las diversas zonas de España. No hay duda que Catalunya es uno de sus territorios más atractivos: calidad tecnológica, tejido industrial, buenas comunicaciones, cercanía con Europa, excelente clima y una ciudad como Barcelona.

Sin embargo, el asesor señala también un grave inconveniente: el presidente de su comunidad autónoma pretende separarse de España y dice estar ya en transición hacia la independencia debido al expolio fiscal que está sufriendo Catalunya por parte del Estado. ¿Cuál cree que sería, señor Mas, la decisión de la empresa china? ¿Se arriesgaría usted en su caso? ¿Seguro que el comportamiento de su gobierno es el propio de un business friendly, tal como se presentó ante los electores? Desde luego, no conviene invertir en un territorio que atraviesa tan tremenda situación. Los experimentos, mejor con gaseosa.

El asesor chino, persona viajada, entona aquel viejo y sutil bolero que las palabras del diputado Turull le han traído a la memoria: “estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando…”.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (U.A.B.).

Cataluña
El PP se planta ante el desacato a las sentencias lingüísticas
Los 18 diputados, en un gesto inédito y pese a estar presentes en el Parlament, no votaron una moción
MARÍA JESÚS CAÑIZARES / BARCELONA ABC Cataluña 16 Abril 2011

«Hoy, en el Parlament se ha roto la separación de poderes». Así de solemne se mostró ayer el portavoz del PP en la Cámara catalana, Enric Millo. Y no es para menos, dado el escenario en el que transcurrieron los hechos y el contenido de una moción, aprobada por PSC, CiU, ERC, ICV y Solidaritat, en cuyo primer punto se expresa «la discrepancia ante las interpretaciones restrictivas que limiten el uso del catalán en la enseñanza y en las administraciones del país, en buena parte inspiradas en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut».

En un gesto sin precedentes en la historia parlamentaria catalana, los 18 diputados del PP, pese a estar presentes en el hemiciclo, se negaron a ejercer el voto sobre ese párrafo. Respecto a los otros seis puntos incluidos en la moción, los populares votaron en contra. Ciudadanos, por su parte, votaron «no» a toda la moción.

A juicio del propio Millo, ese primer párrafo «plantea de manera encubierta una abierta hostilidad hacia el poder judicial y sus decisiones, centradas en el aspecto lingüístico». El diputado popular advirtió de que se «está planteando un auténtico conflicto entre dos poderes públicos del máximo nivel, el legislativo y el judicial. Resulta inédito que el Parlament, poder que representa al pueblo, manifieste abiertamente su discrepancia, y todo el mundo entiende que desacata, hacia los pronunciamientos judiciales». Tras la intervención de Millo, se abrió el turno de palabra para el resto de formaciones, pero cuando el diputado popular quiso replicar por alusiones, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, no se lo permitió, por lo que el portavoz le envió una carta en el que solicita su amparo en base al artículo 92 del Reglamento de la Cámara. El diputado del PSC Miquel Iceta alegó que «discrepar de una sentencia no es desacatarla», mientras que el portavoz de CiU, Jordi Turull, apeló a la libertad de expresión para avalar la postura de la Cámara.

El texto inicial de la moción, presentada por ERC, fue suavizado para que CiU y PSC votaran a favor, pues en un principio se hablaba de «rechazo» a las sentencias. Algo parecido ocurrió días atrás cuando, en la Comisión de Educación del Parlament se aprobó otra resolución en la que también se blindaba la inmersión lingüística en los colegios ante el castellano. El término «rechazo» fue eliminado, asimismo, del documento primero para lograr que nacionalistas y socialistas la apoyaran.


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