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Recortes de Prensa   Domingo 17 Abril 2011

 

Elecciones sin terrorismo
Carlos Dávila www.gaceta.es 17 Abril 2011

“Tras la Semana Santa, las elecciones del 22-M, y no se engañen: el PSOE representa el caos absoluto, todo lo malo que le puede suceder a un país, un auténtico desastre interno y hasta universal”.

En un mes, elecciones. No habrá generales; ya hemos perdido la oportunidad de que el país, en la situación crítica en que se encuentra, se pronunciara por un cambio de modelo gubernamental. Ya no es posible: el reglamentismo electoral no da para más. Así que a conformarnos con las municipales y autonómicas, que tampoco son moco de pavo. Las posiciones de partida en esta campaña, que empieza formalmente en la noche del 5 al 6 del próximo mayo, son en todo caso idénticas a las que se hubieran producido con una convocatoria anticipada de generales. Y no solamente las posiciones, sino casi también los objetivos. El PSOE intenta sostenerse, mal que bien, en unos resultados que no lo conduzcan directamente a un abismo orgánico de insondables consecuencias, y el PP ensaya la posibilidad cercana de aproximarse al poder político.

No hay más cera que la que arde. Unos y otros ya han avisado, y con razón, de que las encuestas de intención de voto que se están publicando son engañosas. La mayoría de ellas porque son extraordinariamente chapuceras; ¿se puede otorgar crédito alguno a sondeos de apenas mil entrevistas telefónicas que ni siquiera se sabe a ciencia cierta que se han realizado? De ninguna forma. Los españoles deben saber que una muestra sociológica modesta tiene un precio desorbitado, inasequible para la mayoría de las instituciones que quisieran descubrir por anticipado cuál es el futuro político que nos espera. Apartir de esta constancia, que cada uno extraiga sus conclusiones.

El “mapa azul”
Pero es que además tanto el Partido Popular, presunto vencedor en los venideros comicios, como el PSOE, al que ya se le ha condenado como perdedor, coinciden curiosamente en una apreciación: la distancia que se avienta para los dos en el caso de unas elecciones generales no es traspasable a la que se puede dar el 22 de mayo. Al final, la victoria del PP estribará en apenas dos resultados, los que se produzcan en una comunidad autónoma: Castilla-La Mancha y el de una capital de provincia, de las grandes, grandes, que es emblemática para el PSOE: Sevilla.
El “mapa azul” con que sueñan los seguidores de Mariano Rajoy está por dibujar en toda España, pero si a las 10 de la noche de ese domingo de mayo la eterna posesión de José Bono, seguida quizá episódicamente por su sucesor Barreda, continúa en manos socialistas, y si el auténtico centro de Andalucía, Sevilla, sigue gobernado por la pésima coalición de izquierdas, el PP, por mucho que se esfuerce en la óptima explicación de sus logros, aparecerá en pantalla como claro perdedor de las elecciones.

Maniobras torticeras
La pregunta que se formulan infinidad de militantes, también simpatizantes, del PP es si con la estrategia seguida hasta ahora por la dirección de su partido bastará para triunfar en las elecciones. Desde los ini-ios de la democracia, el PSOE ha logrado introducir en la sociedad española, sobre todo naturalmente en la que se coloca en el centro-derecha, un horror reverencial al “qué van a hacer estos en la campaña”. La verdad es que ese sector tiene toda la razón para temer la antigua facundia de Alfonso Guerra, la más reciente, aunque más pobretona en la formulación, de José Blanco, y la sempiterna y castizamente malvada de Alfredo Pérez Rubalcaba. El “qué se guardan estos en la manga” es un constante aflicción para todas las elecciones; por tanto, esta vez también, el miedo está presente en las previsiones.

Por lo pronto, quédense con esta: sin duda alguna, pero sin duda alguna, en los próximos días conoceremos una noticia especialmente severa para Valencia: la apertura del juicio oral contra el presidente Francisco Camps. El juez de la comunidad, José Flors, no es precisamente un amigo del PP; antes bien, cada uno de los pasos que ha seguido en este proceso han estado dirigidos a conseguir que Camps se siente en el banquillo imputado por el terrible delito de “cohecho impropio”, o sea, por aceptar tres trajes de baratija de un sastre que se contradice más que Zapatero, que ya es decir. El juicio no comenzará hasta octubre, pero el efecto va a ser inmediatamente negativo, aunque no parece que influya ni por asomo en la pre¬isible victoria del propio Camps.

La increíble coincidencia
Ya imaginamos, sin embargo, qué utilización va a realizar el PSOE de esta noticia. Encima, no será la única: del cajón de los sustos de Rubalcaba saldrá cualquier invento que al menos desviará la atención sobre la única obsesión propagandística que tiene el PP: la denuncia de la situación económica. En los pasados días hemos sabido que Rubalcaba ha pactado con su interlocutor popular, Federico Trillo, algún acuerdo imaginativo para no hacer de lo que está ocurriendo con el terrorismo el centro de la disputa política. Hoy les damos noticia exclusiva de cuál es el sentido de este pacto. No es muy difícil adivinar que, de nuevo, estamos jugando con los deseos y las esperanzas más que con los datos concretos. Esta semana pasada que acabamos de terminar hemos sufrido una de las afrentas más gravosas, más crueles, más duras de los últimos años: la liberación de, quizá, el asesino más imbécil, pero también más letal, de toda la historia de ETA. Me refiero al hermano mayor de los Troitiños, un idiota criminal llegado desde la meseta castellana, captado por un jefe sanguinario, De Juana Chaos, y autores los dos de los asesinatos tal vez más abominables de los facciosos.

Pues bien: lo que hemos percibido es que, por más inexplicable que resulte, el poder y la oposición han coincidido en tomar muy cautas medidas por no emplear ni otro adjetivo ni otro sus-tantivo contra el bochorno, la irritación general que siente España. ¿Por qué? Nos pregunta el gentío. Pues qué quieren que les diga. Mi explicación es esta: viendo, como afortunadamente se está constatando, que el final de ETA está a la vuelta de la esquina, los partidos políticos con aspiraciones de seguir, el PSOE, o de llegar, el PP, han convenido en que cuando esto se termine, miel sobre hojuelas. Y que hay que tragar, se traga. El PP porque aspira a no encontrarse con el problema si se llega a mandar, y el PSOE porque aspira a presentarse como el gran solventador del problema por si suena la flauta y sigue gobernando.

Befa universal
Y así estamos: en una campaña electoral a la vera misma de iniciarse oficialmente en la que los partidos quieren asesinarse sin que el país en general se entere. En los albores mismos de la Semana Santa, se me ocurre, para quien la quiera comprar y a pesar de todo, la siguiente reflexión: no se engañen, el PSOE representa el caos absoluto, el engaño que ha convertido a España en un desastre tan interno como universal. Hay que leer, por ejemplo, la befa que hacía el pasado viernes el Financial Times a cuenta del bochornoso “farol” que se marcó Zapatero en China a cuenta de unos inexistentes nueve mil millones de euros para España. No se atreve a cantarle las cuarenta a sus anfitriones chinos que se ciscan en la libertad y tienen preso a todo el que tose a la llamada dirigencia, y encima este le hace una solemne pedorreta y le deja sin un euro que llevarse a la buchaca. Ahora, lo que se lleva es decir: “Bueno, una cosa es Zapatero y otra su Gobierno; todo para salvar a los aspirantes Rubalcaba y Chacón”. Pues no, ellos son hijos de él. Todos juntos representan todo lo malo que puede sucederle a un país; por tanto, piensen ustedes, lectores, lo que hacen el 22 de mayo. Está cerca el día.

Si Zapatero conociera la lealtad
EDITORIAL Libertad Digital 17 Abril 2011

Las postrimerías de los mandatos presidenciales son el momento en que el todavía máximo dirigente de un país aprovecha para realizar un último sacrifico personal en favor de sus compatriotas. Con la carrera política consumada, se impone el deber de ser generoso con su sucesor, adoptando aquellas decisiones cuyo coste político las convierte en prohibitivas para un presidente con muchos años de mandato por delante.

Pero por desgracia para el PSOE, lo que no sería preocupante, y para España, que nos duele mucho más, Zapatero es incapaz de llevar a cabo cualquier programa de acción política que empañe la imagen que tiene de sí mismo, que no es sino la de un socialista radical encantado de haberse conocido y extraordinariamente orgulloso de haber provocado la mayor ruina conocida en un país occidental desde la última posguerra europea.

La gira de José Luis Rodríguez Zapatero por extremo oriente, que iba a convertirse en un éxito importante a efectos financieros, no ha servido para nada, salvo para mostrar al mundo la inconsistencia de un personaje que es capaz de manejar las complejas relaciones financieras internacionales como si se trataran de confidencias realizadas en un guateque de adolescentes. El prestigio de España en China habrá de ser recompuesto desde la base tras la atolondrada intervención de ZP en torno a las supuestas decisiones de sus autoridades sobre nuestras finanzas, pero, como hemos visto, eso no es algo que preocupe al peor presidente del gobierno del occidente civilizado.

La necesidad de poner en marcha un conjunto de reformas drásticas para tener alguna esperanza de salir de la crisis antes de que esta nos engulla por completo tampoco parece hacer mella en el ánimo de Zapatero, que, con la facundia propia de los inconscientes, cuenta a quien quiera escucharle que todo lo que había que hacer para recuperar nuestra maltrecha economía ya ha sido llevado a la práctica.

Zapatero causa pavor hasta entre las filas de su partido, porque en el año que todavía le queda de mandato es muy capaz de dejar al próximo presidente del Gobierno una situación irreversible, condenando de paso al PSOE a una larga década en la oposición, espacio de tiempo que, bien pensado, incluso resultará insuficiente para purgar el grave pecado de haber elegido a semejante calamidad pública para regir su destino y el de todos los españoles.

A Zapatero sólo le cabe la opción de retirarse de una vez de la política y convocar elecciones anticipadas en cuanto los socialistas superen el trago amargo de su más que segura derrota el próximo 22 de mayo. Si no lo hace de forma voluntaria, habrá que esperar que sea el propio partido el que le empuje irremisiblemente a tomar esa decisión. Si los socialistas no lo hacen por patriotismo, sentimiento que desconocen, esperemos que, al menos, lo lleven a cabo por instinto de supervivencia, sentido que el socialismo español, como es bien conocido, tiene desde hace décadas hiperdesarrollado.

¿ Por qué esperar hasta 2012 ?
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 17 Abril 2011

JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA ES CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

El presidente Zapatero no escatima titulares. En cualquier antología de frases célebres figurarían por derecho propio muchas de las pronunciadas por nuestro jefe de gobierno y un capítulo al menos ocuparían las más insustanciales, las que rectifican a otras propias y los patinazos más estrepitosos. ¿Quién no recuerda, de entre estos últimos, los provocados por su afán de negar la crisis y sus demoledores efectos? Habló de desaceleración acelerada de la economía, prometió enfáticamente pleno empleo, presumió de adelantar a Italia e igualar a Francia, de solidez financiera y de ajustar las cuentas a los mercados. Tremendo y triste fue el anuncio de mejores tiempos un día antes del atentado de Barajas; insostenible e irresponsable la promesa de aceptar el estatuto que aprobase el parlamento catalán; frívola e inconcebible en un presidente de gobierno sus divagaciones sobre el concepto de nación; asombroso, en quien abrió la caja de Pandora, lo dicho en noviembre de 2008 en un pleno del Congreso sobre la ley de la memoria histórica: "todo lo que sea que eso esté en el olvido, en el olvido más profundo de la memoria colectiva de la sociedad española, será un buen dato". La penúltima, esta semana en China, ha sido un formidable patinazo rectificado de inmediato y sin contemplaciones por las autoridades de aquel país. Y sobre la última, también allí, España es un transatlántico que no precisa más medidas de ajuste, se admiten apuestas: doble contra sencillo a que hay rectificación.

Zapatero ha tenido en su incontinencia verbal uno de sus talones de Aquiles, tanto más sensible cuanto más inquebrantable ha sido su fe en el poder de convicción de su discurso. El presidente ha sido desde el comienzo un hombre a disgusto con la realidad y empeñado, por eso mismo, en transformarla lo que, siendo muy aconsejable, no se hace sólo con buena voluntad y palabras. En la undécima tesis sobre Feuerbach, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo pero de lo que se trata es de cambiarlo, Marx no alentaba un desprecio del conocimiento de la realidad sin el que las transformaciones pueden ser tan disparatadas como algunas de las forzadas en el siglo XX, sino que llamaba a una acción bien pertrechada de ideas y conocimientos. Zapatero creyó poder cambiar a España de arriba abajo y con prisas, sin conocer su historia y su presente, sus posibilidades limitadas, sus tics. Sólo así se explican muchas de sus frases y de sus decisiones. Y probablemente sólo así se explica su renuncia a ser candidato en 2012. Zapatero se va sin entender del todo lo que ocurre pero no puede estar callado y sobre su sucesor suelta esta sandez "lo mejor está por venir". De nuevo la palabra optimista y hueca, sin fundamento ni análisis que la sostenga.

Si, como anuncian algunos sondeos, con Rubalcaba la caída del PSOE se frena y hasta podría levantarse el vuelo con vistas a 2012, los socialistas tendrán que reflexionar si les interesa que Zapatero presida el gobierno hasta esa fecha o si, por el contrario, les conviene su dimisión y el acceso del ministro del interior a la presidencia para desde ella preparar las elecciones con meses de antelación. Zapatero en el gobierno hasta las generales puede pensar que nada de lo que diga comprometerá a su sucesor, sea quien sea, pero en tal caso se equivocaría de medio a medio. Compromete a todo el gobierno lo que dice el presidente y compromete al partido lo que dice su secretario general. Un Zapatero convencido del poder de su palabra, de viaje por el mundo y buscando el lugar al que aspiran los que en Moncloa han sido, sabiéndose ya menos apoyado por los suyos pero creyéndose aún poseedor de grandes ideas, puede poner de los nervios al sucesor y desesperar a su partido. Un relevo a tiempo en la presidencia aportaría algo de la seriedad que tanto necesita ya mismo la dirección del gobierno, y si se acompaña de relevos en algunos ministerios, mejor todavía.

Una leyenda brumosa y preciosa
Lo que ha decidido la sociedad de Islandia en referéndum es absurdo, insolidario, injusto y además... imposible, porque el Estado islandés tendrá que pagar tarde o temprano sus deudas
J. M. RUIZ SOROA El Correo 17 Abril 2011

Una leyenda urbana se hace cada vez más fuerte. Aunque los medios públicos no la recogen, más y más gente la transmite de boca en boca. Es una bella leyenda, procedente de la brumosa tierra del hielo, de allí donde la niebla marítima se mezcla con las fumarolas volcánicas; dice que en Islandia han descubierto una forma particular de salir de la crisis económica, la de negarse a pagar las deudas contraídas por sus bancos y rechazar heroicamente que los ciudadanos soporten las consecuencias de una gestión financiera nefasta. Y más aún, dice la leyenda que esto lo ha conseguido el pueblo islandés solito, negando a su Gobierno la autorización para pagar las deudas, constituyéndose en actor directo de su democracia. Es una revolución, dicen, tanto económica como democrática: por vez primera el pueblo toma en sus manos la gobernación y adopta decisiones sabias y justas que ponen a cada uno en su lugar. No como en Grecia, Irlanda, Portugal o España.

La verdad es que el asunto recuerda mucho a una discusión de hace ya siglos, la que subyacía a las deliberaciones políticas que rodearon el nacimiento de la Constitución norteamericana en el siglo XVIII. Porque también allí el problema de fondo era el de pagar o no las gigantescas deudas financieras generadas por la Guerra de la Independencia: los partidarios del pueblo, de la democracia rural y virtuosa, y de la intervención directa de la ciudadanía en el gobierno querían abolir esas deudas (Jefferson). En cambio los partidarios del fomento del comercio, de pagar la deuda, del cuidado con los derechos del individuo, del respeto a la palabra comprometida, desconfiaban de las decisiones de ese pueblo magnífico y preferían confiar el poder a unas instituciones indirectas donde todos los intereses se contrapesaran recíprocamente (Hamilton o Madison).

El caso de Islandia reproduce en gran manera aquella situación, por lo menos cuando se exponen los hechos desnudos que han sucedido, despojados de la hojarasca retórica y redentorista con que se los suele ocultar. Los bancos de Islandia se dedicaron durante años a captar el ahorro de los ciudadanos prometiéndoles un elevado interés del 5 y 6 % por sus depósitos. Y como el de sus propios ciudadanos islandeses no les era suficiente, captaron los ahorros de unos 320.000 ciudadanos particulares del Reino Unido y Holanda (más que todos los islandeses juntos). Cuando la crisis llegó y los bancos se encontraron al descubierto, el Gobierno de Islandia los nacionalizó y se comprometió a devolver los depósitos de los ahorradores, a lo cual venía obligado por el propio Derecho de Islandia y por el principio de confianza recíproca que gobierna en Europa el hecho de que un banco de un país capte ahorro en otro.

Fiados en que el Gobierno de Islandia cumpliría sus obligaciones, los Gobiernos británico y holandés anticiparon a sus propios ciudadanos afectados el reembolso de los depósitos de los bancos de Islandia. Pero, ¡ay!, no contaban con un pueblo justiciero y con su revolución democrática: en efecto, el pueblo islandés decidió por referéndum que a los ahorradores extranjeros y a sus Gobiernos respectivos no había que devolverles ni un céntimo de sus ahorros. Entiéndase bien, a los ahorradores islandeses que habían confiado sus ahorros a los bancos afectados sí que había que devolverles o garantizarles sus depósitos, faltaría más, el pueblo no es tonto. Pero a los 320.000 ciudadanos extranjeros, a esos ni agua, allá ellos. Que sean los británicos u holandeses los que paguen el problema.

No se trata entonces de no pagar las deudas contraídas con obscuros mercados, ni con especuladores despreciables, ni con repugnantes organismos internacionales tipo FMI. No, se trata de algo más sencillo: a los ahorradores nacionales se les devuelve el dinero, a los de fuera no. A esto le llaman una salida distinta a la crisis y una revolución democrática.

Planteada así la cuestión, cualquiera puede resolver mañana el problema de las cajas españolas: basta con establecer que los ahorradores no recibirán devolución ninguna de sus ahorros, que quedan confiscados. Automáticamente las cajas vuelven a ser solventes. Sencillo. Claro que el pueblo no querría adoptar esa medida porque esos ahorros? son sus ahorros. Pero, ¿y si fueran mayormente ahorros de extranjeros como en Islandia? ¿No sería precioso quedarse con su dinero y encima ser aplaudido como un revolucionario creador de una nueva democracia?

La intervención directa del pueblo en las decisiones democráticas ha tenido siempre el inconveniente de ser fácilmente manipulable por la demagogia, el cortoplacismo y la ignorancia. Lo que ha decidido la sociedad de Islandia en referéndum es absurdo, insolidario, injusto y además? imposible, porque como es obvio el Estado islandés tendrá que pagar tarde o temprano sus deudas. Los problemas no desaparecen sólo porque el pueblo lo quiera así.

Pero lo que de verdad es sintomático de nuestro despiste es la difusión de la leyenda de la gran revolución y de la nueva democracia. Será por la bruma, pienso.

Tambores de tribu
EDUARDO SAN MARTÍN ABC 17 Abril 2011

Eguiguren no es un verso suelto entre los socialistas vascos, ni entre los del resto de España. Conozco un puñado de ellos que se tragan un sapo tamaño XXL cada vez que se menciona la buena marcha de la cooperación PP-PSE en el País Vasco. Parte de ese resentimiento trae causa, aunque no toda (el resto es rabiosamente genético), de la derrota en las elecciones vascas de 2001, aquellas en las que, por un solo escaño y después de que el PNV vaciara los hospitales para llenar las urnas, se frustró la primera coalición constitucionalista en Euskadi. En absoluto fue un desastre, pero muchos socialistas lo vivieron como tal.

El PSE quedó tercero entonces, tres puntos por detrás del PP. Y en Bilbao y en Madrid, achacaron ese relegamiento al seguidismo de Nicolás Redondo, que había cedido el liderazgo del frente no nacionalista a Mayor. Recuerdo habérselo oído de sus propios labios a Rubalcaba, entonces consejero áulico en asuntos vascos de un inexperto Zapatero. Lo que me hace sospechar que el actual vicepresidente no debió andar lejos de la posterior defenestración de Redondo. Era aquella una interpretación errónea: en las anteriores elecciones de 1998, el PSE ya había quedado cuarto, detrás de los batasunos de Euskal Herritarok. Así que tres años antes de 2001 el PP aparecía consolidado como segundo partido del País Vasco. Es probable que, desde entonces, Rubalcaba haya cambiado de opinión. Eguiguren, desde luego no. Sigue soñando, junto a muchos otros socialistas dentro y fuera de Euskadi, con reeditar la alianza con el PNV. La que, esa sí, en sólo doce años redujo al PSE a la irrelevancia de aquel humillante cuarto puesto; el mismo periodo de tiempo en el que el PP, con su constitucionalismo desacomplejado, subió del 7 al 23 por ciento del voto. Los tambores de la tribu distorsionan los ecos de la memoria.

Estrategias de comunicación perversas
Francisco Rubiales Periodista Digital 17 Abril 2011

Hace días asistí en Madrid a una reunión con periodistas y comunicadores expertos en marketing político para discutir sobre "Estrategias de Comunicación Política". Salí tan frustrado de aquel encuentro que he decidido contar mis imporesiones para diluir, en lo posible, la frustración profesional y científica que me produjo aquella cita.

A los diez minutos de empezar el debate descubrí que aquello era una reunión de mentirosos que discutían sobre la manera más eficaz de mentir. Todos otorgaban a las estrategias más improtancia que a los contenidos de los mensajes, más valor al político y a sus intereses que a los intereses de los ciudadanos y de la nación, un planteamiento perverso con el que en nada estoy de acuerdo.

Hablaron de recursos de comunicación tan conocidos como utilizar las redes sociales para "ganar adeptos", conseguir titulares en los medios y desacreditar y destrozar los planteamientos del adversario. Se extendieron en analizar la mejor forma de utilizar el ventilador para esparcir inmundicias y mentiras, en cómo confundir a la audiencia y de que forma ocultar las propias debilidades y carencias, explotando las del contrario.

Aquello me parecía un auténtico disparate. Les dije que las estrategias eran importantes, pero que mucho más importantes eran los mensajes. Les expliqué que la única manera de ganar unas elecciones es conectar con la audiencia y decirle a los ciudadanos lo que los ciudadanos quieren escuchar. Les cité el ejemplo de los republicanos que ganaron varias elecciones en Estados Unidos porque ellos transmitían al pueblo americano la imagen de un padre severo y recto que daba seguridad y cuidaba a la familia. Reagan, el forzudo Schwarzenegger y los Bush eran parte de ese mensaje ganador. Les dije que Obama ganó las últimas elecciones americanas porque los americanos pensaban que el padre severo se había hecho inmoral (con Georges W. Bush), que había llegado demasiado lejos y deseaban, con todas sus fuerzas, un retorno a la ética y a la decencia, valores que Obama supo encarnar a la perfección.

Algunos valoraron la aportación, pero la mayoría dijo que esas consideraciones eran tonterías y que lo importante, en comunicación política, es lograr que los mensajes se abran camino y se implanten. Dijeron que el candidato "es un producto que hay que vender" y que las técnicas de venta son casi idénticas a las que se utilizan para imponer un detergente en el mercado. Yo sabía que ese es el planteamiento clásico y al uso en marketing político, pero, personalmente, pienso que los tiempos han cambiado y que el público desea más autenticidad, solvencia y valores en los candidatos que la que observan en un detergente o una lavadora. Les repliqué entonces, con mayor detalle, mi tesis tesis de que los únicos mensajes que logran implantarse son aquellos que los ciudadanos quieren escuchar y asumir. Insistí en que Obama no ganó las elecciones porque su equipo empleara mejor el marketing y la comunicación, sino porque le dijo a los americanos lo que querían oir y porque sus promesas eran las esperadas. Como consecuencia, el pueblo le votó.

La reunión se tornó farragosa y yo me sentía cada vez más frustrado y alejado del núcleo. Me marché pronto, dos horas y diez minutos después de que comenzara, con el sentimiento de que la contaminación de la política española había llegado también hasta los consultores de comunicación y los había convertidos en lo que sus clientes, los políticos, deseaban: sagaces expertos en mentiras y engaños.

La realidad confirma esa conclusión porque si analizamos las campañas que están desarrollando los dos grandes partidos políticos españoles, descubrimos que ninguna de ella está lanzando los mensajes que los españoles quieren oir. Los ciudadanos, cuando España está en crisis, tiene a cinco millones de parados en sus calles y plazas, ha perdido la confianza en los políticos y avanza hacia la ruína y el fracaso, quieren escuchar promesas creíbles de cambio profundo, honradez, austeridad, limpieza, democracia auténtica, separación de poderes y castigo implacable a los miles de políticos sinverguenzas y corruptos que han infectado la política española.

Comprendo que este planteamiento es demasiado comprometido y decente para que puedan asumirlo y emitirlo el PP y el PSOE, partidos cuya fe en la democracia auténtica es prácticamente nula y transformados ambos en organizaciones de poder, verticales, autoritarias, sin democracia interna, dominadas por la sumisión al lider, incapaces de afrontar el debate libre y convertidas en enormes y poderosas fábricas de privilegios y de dirigentes mediocres, sin preparación alguna para gestionar una democracia de hombres y mujeres libres y responsables.

El PP está basando su campaña en acelerar el desgaste del PSOE y su mensaje central es que, ante la catátrofe del liderazgo socialista, sólo hay una opción: votar al PP, un partido capaz de devolver la prosperidad a los españoles.

El PSOE, por su parte, desmoralizado por el pésimo liderazgo de Zapatero, que ha concitado el mayor rechazo ciudadano a un líder en España, desde principios del siglo XX, basa su campaña en mentir anunciando que la recuperación económica está cerca y en demostrar que el PP y el PSOE son más o menos la misma cosa, dos partidos igualados en corrupción, abusos de poder y errores, pero con la diferencia de que el socialismo se preocupa más de los débiles y desposeidos.

Ninguno de los dos partidos se dirige al grueso de los ciudadanos españoles, ni les dice lo que quieren oir: nada de regeneración, ninguna condena profunda del podrido sistema, ningún propósito de reforzar la independencia de la Justicia, ningún cambio en la ley Electoral, ninguna promesa de abandonar los pactos contra natura con los nacionalismos cargados de odio a España, ni un gramo de rectitud y firmeza frente a la corrupción.

El mensaje del PP está dirigido a los españoles cabreados y el del PSOE a su militancia y a toda la izquierda. Ambos trabajan para masas fanatizadas que se mueven por el odio al adversario. Ninguno tiene el valor de dirigirse a los verdaderos ciudadanos, ni a una sociedad española altamente preocupado, que lo que anhela es una autentica revolución de la decencia, un cambio profundo y ético en el sistema, un avance sustancial hacia la democracia auténtica, que limite el poder de los partidos, que acabe con los sucios privilegios de la casta política, que recupere el concepto de bien común, que castigue ejemplarmente la corrupción, que devuelva independencia y fuerza a la Justicia y que convierta al ciudadano en lo que realmente debe ser: el protagonista y el soberano del sistema.

Los españoles, sin los mensajes que esperan y sin las promesas que necesitan, irán a las próximas elecciones de mayo huerfanos de esperanza y la victoria dependerá de lo que unos odien al contrario, del fanatismo de otros y de la frustración generalizada.

Una verdadera lástima, pero lógica si se tiene en cuenta que los españoles estamos en manos de una de las peores clases dirigentes del mundo.

Voto en Blanco

Una anomalía histórica
Carlos Sánchez. El Confidencial  17 Abril 2011

Sostenía Ferdinad Lassalle -viejo socialista- que toda declaración política comienza por decir la verdad. Pero de forma recurrente lo que está en juego no es tanto la autenticidad de los hechos, sino nuestra incapacidad para entenderlos. Y España tiene, en este sentido, una terrible historia. Ahora que se evoca el 80 aniversario de la II República, conviene recordar que su fracaso como forma pacífica de convivencia tiene mucho que ver con errores históricos anteriores a 1931. En particular durante la Restauración, donde el país fue incapaz de integrar en la vida pública a las nuevas clases emergentes surgidas de la revolución industrial: los asalariados del medio urbano.

Esos errores explican en parte el nacimiento de antagonismos radicales que desembocaron, como todo el mundo sabe y en un contexto político internacional endiablado, en la guerra civil. Precisamente, por la incapacidad de la sociedad española y de su clase política para encauzar y articular los problemas.

Pese a lo celebrado de la frase, Marx se equivocó cuando dijo que la historia siempre se repite, primero como tragedia y luego como farsa. La historia nunca se repite. Ni siquiera como sainete. Pero sí ofrece una segunda oportunidad. Y España tiene ahora por delante el desafío de integrar no ya a los trabajadores en la vida pública -un objetivo logrado-, si no a los partidos nacionalistas, convertidos por una ley electoral lamentable en árbitros del sistema político. Probablemente el mayor error de la Transición fue no haber creado una cámara territorial -el actual Senado es un engendro político- donde se dirimieran los asuntos autonómicos y, en paralelo, haber diseñado un sistema electoral capaz de crear partidos bisagras de ámbito estatal y no de corte nacionalista.

Las cosas, sin embargo, son como son, que diría el filósofo, y sorprende que en 34 años de democracia este país no haya sido capaz de integrar a las fuerzas nacionalistas en el Gobierno de la nación, lo cual es una anomalía histórica. Máxime cuando formalmente la ley electoral tiene un fuerte componente proporcional, lo que en teoría alimenta la existencia de gobiernos inestables, salvo mayorías absolutas (tres en las diez elecciones generales celebradas desde 1977).

Esta evidencia justifica la existencia de ejecutivos de coalición con el fin de garantizar la gobernabilidad del país. De hecho, esa ha sido la experiencia de Europa -y todavía lo es- desde 1945, donde los pactos postelectorales son la normalidad democrática. Incluso en países con sistemas mayoritarios, como sucede actualmente en el Reino Unido.

Sin embargo, y de manera incomprensible, en España nunca se ha explorado esta vía. Es cierto que en la mayoría de las ocasiones por culpa de los propios partidos nacionalistas, que jugando al victimismo han logrado poner al Estado a sus pies gracias a sus minorías cualificadas y su capacidad de presión. Pero en otras ocasiones han sido PSOE y PP quienes han jugado al tacticismo político mediante acuerdos puntuales para salvar votaciones que sólo han servido para resolver problemas parciales.

Un modelo agotado
Las cosas son como son, y sorprende que en 34 años de democracia este país no haya sido capaz de integrar a las fuerzas nacionalistas en el Gobierno de la nación, lo cual es una anomalía histórica

Esta forma de hacer política ha funcionado con mayor o menor fortuna desde 1978, pero parece evidente que el modelo está agotado a la vista de lo que tiene España por delante. No estamos sólo ante una mera crisis económica derivada de una caída de la demanda. Los problemas atañen también a la propia organización del Estado, lo que exige cambios legislativos de indudable calado -incluso a nivel constitucional- que no se pueden realizar con una visión cortoplacista de la acción política. Es decir, sin el concurso de los partidos nacionalistas. A no ser que se quieran repetir los errores del pasado, cuando España no fue capaz de articular una propuesta para resolver lo que antaño se llamó la cuestión social. En este caso habría que decir la cuestión nacional.

Se equivocará el próximo inquilino de la Moncloa si cree que con un paquete de reformas económicas, por muy potente que sea, España estará en condiciones de crear dos millones de puestos de trabajo, que es lo que necesita este país para que la tasa de desempleo vuelva a situarse por debajo del 10%, un nivel todavía alto pero homologable.

A veces se olvida que cuando en 1996 comenzó un nuevo ciclo económico, se dieron circunstancias irrepetibles. Los fondos comunitarios eran inmensos (6.000 millones de saldo neto al año); la inmigración (que es la que hizo la verdadera reforma laboral) era residual; los tipos de interés eran extraordinariamente elevados (y sólo podían bajar), y del alumbramiento del euro sólo podían llegar buenas noticias para un país acostumbrado a ganar competitividad devaluando su moneda. El resto lo hicieron las privatizaciones, verdadero maná para las arcas públicas.

Es ridículo pensar que ese contexto extraordinariamente positivo vaya a reeditarse. La historia nunca se repite. Entre otras cosas debido a que la globalización ha creado nuevos competidores impensables en aquella época. Lo que ha pasado esta semana -Telefónica, PC City, Bimbo…- es sintomático. La crisis, que ha afectado de forma especialmente cruel a las pequeñas y medianas empresas, amenaza ahora a las grandes que compiten en los mercados internacionales. La deslocalización ya no es una cuestión de multinacionales extranjeras hambrientas de dinero, sino de empresas españolas que han colgado el ‘no va más’. Y que se aprovechan de una desdichada reforma laboral que sólo ha empeorado las cosas, y de ahí el cinismo de Rubalcaba que dice ahora no estar de acuerdo con los despidos en Telefónica, amparados por su ley.

El profesor Lorenzo Serrano ha dejado por escrito que a la luz de lo ocurrido en otros periodos, para volver a ver tasas de paro del 8% similares a las del periodo 2006-2007 serán precisos seis años “en el mejor de los casos” (eso nos lleva a 2017) y 12 años en el peor (eso nos lleva a 2023). Es decir, cuando las presiones demográficos se van a acelerar, y con ellas sus consecuencias económicas.

Acercar ingresos y gastos
Las reformas pasan por la creación de un nuevo modelo territorial más eficiente que necesariamente debe culminar en un Estado federal que cierre el modelo autonómico

No hay duda, por lo tanto, que las reformas pasan por la creación de un nuevo modelo territorial más eficiente que necesariamente debe culminar en un Estado federal que cierre el modelo autonómico. Básicamente con un objetivo: lograr verdadera corresponsabilidad fiscal acercando los ingresos y los gastos. Mientras que las comunidades autónomas son culpables de las dos terceras partes del gasto público, apenas recaudan una cuarta parte, lo que produce enormes desequilibrios que hay que racionalizar.

La solución no pasa desde luego por pequeños pactos, sino por una reformulación del Título VIII de la Constitución integrando a los partidos nacionalistas en la acción de Gobierno. La tentación puede ser cambiarlo por un gran acuerdo entre los dos principales partidos, pero eso sólo agravaría los problemas si se plantea en términos de exclusión, lo que no es óbice para que en caso de automarginación nacionalista PSOE y PP pacten las reformas legislativas necesarias. Se trata de un verdadero pacto de Estado en línea con la reforma constitucional alemana de 2006, que salió adelante con el respaldo de la CDU y el SPD después de que hubieran transcurrido ocho años desde su formulación original.

Esa es la herencia que deberá dejar el próximo inquilino de la Moncloa. Sin reformas institucionales que ataquen la raíz de los problemas (y no meros recortes del gasto público sin ningún recorrido), este país no saldrá adelante y continuará languideciendo durante al menos una década. A veces se olvida que el problema no es tanto los 18 millones de ocupados -que también-, sino los cinco millones de trabajadores excluidos del sistema productivo, y que no encontrarán empleo jugando al voluntarismo político.

Lo que está en juego es la reforma educativa, la sanidad, la dependencia o la jungla de normas autonómicas que ahora ahogan a las empresas. O, incluso, la reforma de la administración de justicia. Ello exige un nuevo marco de cooperación más allá de los consejos territoriales, que se han demostrado instrumentos insuficientes para abordar los problemas. Fundamentalmente por ausencia de dirección política.

Como recuerda el profesor Villares, si Azaña pudo decir en 1924, en su interpretación del golpe de Estado de Primo de Rivera, que la dictadura llegaba envuelta en ‘paño catalán’, algo similar se podría decir de la Restauración de 1874, en la que la contribución catalana fue decisiva. Desgraciadamente, no lo es ahora, salvo episodios aislados, y eso lastra el futuro del país. Las sandeces de Artur Mas y compañía a cuenta de los referéndum se acabarán cuando la Caixa y los industriales catalanes digan a sus políticos: 'hasta aquí hemos llegado'.

Víctimas de la bancarrota autonómica
Las facturas sin pagar se amontonan en las haciendas regionales, sobre todo en la sanidad, que acumula deudas de casi 9.000 millones con proveedores
YOLANDA GÓMEZ / MADRID ABC 17 Abril 2011

La caída de ingresos provocada por la crisis y la reducción del déficit que el Gobierno ha impuesto a las autonomías —obligado por las exigencias de Bruselas y de los mercados— ha colocado a muchas comunidades en una situación de asfixia, cuyas principales víctimas están siendo autónomos, pymes y empresas, que con sus facturas pendientes de cobro financian las arcas regionales.

Los excesos que los gobiernos autonómicos, independientemente de su color político, cometieron en la época de vacas gordas, replicando a escala regional el modelo de organización del Estado, clonando sus estructuras, instituciones y organizaciones, están pasando ahora una elevada factura.

Y si bien es cierto que, según reconocen los expertos, en los últimos meses se ha impuesto un discurso de austeridad y que la crisis puede suponer una palanca para mejorar la eficiencia de las administraciones, los recortes se antojan todavía insuficientes y los problemas de financiación grandes sobre todo en el área sanitaria.

Según un reciente informe de PwC, las dificultades que se están encontrando las comunidades para financiar la actividad sanitaria se están trasladando a los proveedores privados, y las empresas están sufriendo cada vez más los retrasos en los pagos, lo que puede hacer peligrar la viabilidad de algunas compañías.
Con la soga al cuello

La deuda de medicamentos y productos sanitarios a 31 de diciembre de 2010 ascendía a 8.739 millones de euros, de los que más de la tercera parte se concentraban en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla León, apunta el citado informe. E incluso muchos proveedores tienen que soportar demoras en los pagos superiores a los 600 días, siendo las autonomías que más dilatan los pagos Cantabria (709 días), Baleares (645 días) y Murcia (612), según datos de Ahorro Corporación.

Y si estos retrasos en los pagos hacen daño a los laboratorios de grandes firmas internacionales, que pueden plantearse reducir su inversión en nuestro país; el problema es todavía mayor para pequeñas y medianas empresas, que no pueden resistir este contexto de morosidad.

Las administraciones públicas deben a autónomos y microempresas unos 12.000 millones de euros de forma directa, y dentro de las administraciones, autonomías y ayuntamientos son los principales morosos, explica la Federación de autónomos, ATA. Para aliviar esta situación, el Gobierno de Rodríguez Zapatero reformó la ley de morosidad el año pasado obligando a pagar a las administraciones en un plazo máximo de 50 días en 2011, 40 en 2012 y 30 a partir de 2013. Pero en un momento como el actual, estas garantías son una ficción, ya que las autonomías no tienen disponibilidad presupuestaria para afrontar los gastos.

Las posibilidades de endeudarse y hacer frente a los pagos son cada vez más difíciles. En primer lugar porque todas las autonomías que no han cumplido los objetivos de déficit —la mayoría—no reciben la autorización del Gobierno central para lanzar nuevas emisiones de deuda. Y además, incluso si son autorizadas, tienen muchas dificultades para captar fondos en un mercado cerrado.

Y si los acreedores de la administración son las mayores víctimas de la bancarrota autonómica, todos los ciudadanos estamos pagando la crisis y los excesos de años anteriores con recortes en salarios públicos, merma de los servicios y en algunos casos más impuestos.

Pero el ajuste no ha terminado. Durante 2011, año electoral en la mayoría de las comunidades, éstas tendrán que reducir su déficit en más de 15.000 millones, para pasarlo del 2,8% al 1,3% del PIB—, lo que no va a ser tarea fácil.
Recortes aprobados

La mayoría de las autonomías ya han aplicado recortes, pero es muy probable que antes de que acabe el mes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno les exija más medidas.

En Cataluña se han ralentizado las obras de ampliación del metro de Barcelona; se han reducido las plazas de Mossos d'Escuadra que estaba previsto convocar y los mayores recortes se han planteado en las áreas de Educación y Sanidad. Recortes que podrían traducirse en cierres de quirófanos, supresión de camas, aumento de las listas de espera, o incluso ahorro en el lavado de sábanas o reducción de la calidad de los menús hospitalarios.

Castilla-La Mancha, la autonomía que registró mayor déficit en 2011, más del doble de la media, ha puesto en marcha un plan para recortar en 775 millones los gastos corrientes, y aumentar los ingresos en 200 millones. Estos mayores ingresos vendrían del canon eólico y un impuesto a las entidades financieras.

Los gastos de personal y las inversiones son los más afectados por los recortes en Murcia. Además, el Ejecutivo prevé vender parte de su patrimonio para obtener 120 millones de extra y ha puesto en marcha el céntimo sanitario en las gasolinas.

Galicia cumplió el año pasado por los pelos el objetivo de estabilidad pero como todas las administraciones tiene problemas de liquidez, lo que le ha provocado algú que otro altercado con las cofradías encargadas de la limpieza de las rías.

En la Comunidad Valenciana, los principales problemas de pago se centran en los proveedores de la sanidad pública, a los que la Generalidad adeuda 1.300 millones correspondientes a facturas de los ejercicios 2009 y 2010. Para ajustar sus cuentas ha aprobado un plan para recortar un 25% los gastos de funcionamiento.

También Castilla y León ha aplicado una reducción del gasto corriente del 25%. Además ha congelado la oferta de empleo público y ha reducido los sueldos de los funcionarios. La situación es delicada, pero desde el Gobierno regional, liderado por Juan Vicente Herrera, subrayan que el periodo medio de pago de facturas es de 26,15 días. Sin embargo, esta media no se cumple en Sanidad, donde la Consejería «está tomando medidas para agilizar los pagos pendientes».

Un hombre sin biografía
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial 17 Abril 2011

Reproducimos a continuación un extracto de la introducción del libro 'La sonrisa de Julia Roberts' (editorial Chronica), escrito por José Antonio Zarzalejos (El Confidencial) y que saldrá a la venta el próximo lunes 18 de abril. Un ensayo donde uno de los más finos periodistas políticos españoles realiza un clarividente y certero análisis sobre uno de los periodos más turbulentos y complejos de la historia reciente de España.

Cuando el lector se adentre en las páginas de este libro entenderá cabalmente el sentido de su título. Porque todo el patrimonio biográfico de José Luis Rodríguez Zapatero cuando llegó a la presidencia del Gobierno tras las elecciones del 14 de marzo de 2004 podía resumirse en una sonrisa. Era entonces un hombre sin biografía, sin trayectoria, sin un bagaje de cierta relevancia. Liofilizado en dos siglas eufónicas -ZP-, el presidente era el representante de una generación socialista ideológicamente vaciada que había sustituido la doctrina izquierdista tradicional por la evanescencia del llamado progresismo. La dirección de España quedaba así en manos de un joven diputado socialista que había ocupado la bancada del PSOE en el Congreso desde 1986 sin que nadie advirtiera su presencia, catapultado al escaño desde León en donde había mostrado buenas dotes de manejo de las interioridades provinciales del partido y muy escasas tanto en la abogacía como en la docencia universitaria. Nadie conocía de él cosa alguna destacable o notable. Un grupo de compañeros que se agavillaron en torno a la denominación de Nueva Vía decidió, casi como una apuesta jocosa, lanzar a este vallisoletano recriado en tierras leonesas a competir en el 2000 con el buda socialista José Bono. Logró hacerse con la secretaria general del partido, apenas con nueve votos de diferencia, por exclusión -los delegados votaron contra los otros candidatos más que a favor de Rodríguez Zapatero- en un momento desolador para el PSOE, después de una travesía del desierto, comandados por el frustrado Almunia y el frustrante Borrell. Eligieron con los ojos cerrados, como quien lanza los dados agitando el cubilete. Saliese lo que saliese de la jugada no sería peor de lo que entonces concernía al socialismo español oscurecido por el nuevo conservatismo español que José María Aznar había guiado al poder, y disfrutándolo, con una contundencia histórica.

La página en blanco que Rodríguez Zapatero representaba reclamaba a gritos un relato, una construcción verbal coherente del quién y del para qué ese líder en esos momentos del inicio de la centuria. Y así fue como nació el andamiaje progresista en el que hasta 2008 se sostuvo la arquitectura efímera de ZP que consistió en la atribución al personaje de una serie de connotaciones progresistas que sustituían la encarnadura ideológica de una izquierda que se había quedado desde hacía ya mucho tiempo sin referentes sólidos. La generación de líderes, desde Reagan hasta Juan Pablo II, que desde troneras liberal-conservadoras, bien surtidos de claros principios de ética cívica, consiguieron cerrar la guerra fría con la caída del Muro de Berlín y provocado con ello la sepultura del socialismo real y un profundo desconcierto en la izquierda europea, sólo permitió después la emergencia de una generación ideológicamente ligera de laboristas como Tony Blair en Gran Bretaña o de socialdemócratas en Alemania como Gerhard Schröder.

En España las condiciones socio-políticas y económicas no indicaban la conclusión del ciclo conservador protagonizado desde 1996 por el Partido Popular. De no mediar la convulsión de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, su gestión inadecuada por el Gobierno de Aznar y la agitación intimidante de la izquierda el día de reflexión -13 de marzo de 2004- previo a la cita con las urnas, es más que probable que los comicios los hubiera ganado Mariano Rajoy. No obstante, los dos últimos años de la segunda legislatura de Aznar, cuando ya se acercaba el plazo por él marcado para abandonar la presidencia y la candidatura a la misma por su formación política, las posibilidades de que el PP repitiese mayoría absoluta era más que inciertas días antes de los crímenes del 11-M. El sucesor de José María Aznar estaba llamado a recibir el castigo electoral que la sociedad deparaba al PP por su distanciamiento de la opinión pública nacional a propósito de la guerra de Irak y el despliegue poco púdico de algunos comportamientos incoherentes con el marchamo riguroso y sobrio que el mismo Aznar se había encargado de propugnar de forma reiterada. Rajoy pudo obtener -de no mediar la tragedia y su manejo torpe desde la Moncloa- una mayoría simple suficiente para gobernar a través de acuerdos con los grupos nacionalistas como hiciera su predecesor en 1996. De ahí que se haya afirmado con propiedad -es decir, con rigor- que Rodríguez Zapatero y el PSOE se encontraron con el poder como resultado de una concatenación de circunstancias en las que drama y torpeza se fundieron en unas jornadas trágicamente inolvidables.

Rodríguez Zapatero y el PSOE obtuvieron el poder democráticamente por más que pueda reprocharse de manera permanente la agitación y propaganda que con la peor factura del izquierdismo agreste se adueñó de la víspera electoral

Sin embargo, pese a los intentos de deslegitimación que menudearon -siendo la más grave la versión conspiratoria de la llamada autoría intelectual de los atentados terroristas del 11-M- lo cierto es que Rodríguez Zapatero y el PSOE obtuvieron el poder democráticamente por más que pueda reprocharse de manera permanente la agitación y propaganda que con la peor factura del izquierdismo agreste se adueñó de la víspera electoral. Pero aun contando que con semejante e intimidante movilización pudiera haber tenido alguna incidencia en la victoria socialista, nadie está autorizado a deslegitimarla en la medida en que por parte del Gobierno popular se produjo, simétricamente, una renuencia insalvable a la rectificación de sus iniciales versiones sobre la autoría de los atentados que se entendió en amplios sectores del electorado como un propósito doloso de engaño o simulación ventajista.

La historia se asume pero no puede alterarse y Rodríguez Zapatero ha debido convivir con esa merma de normalidad en su elección -no faltan quienes se refieren a él como el presidente por accidente- que no dejará de acompañarle cuando desaloje la Moncloa. Y esas circunstancias tan especiales son donde cuaja inicialmente el relato de Rodríguez Zapatero como un progresista de nuevo cuño que es intitulado buenista, pugnaz valedor de un nuevo talante para abordar los asuntos públicos, militante en un optimismo antropológico que le haría contemplar los problemas, por complicados que fuesen, como dificultades sorteable o superables y decidido partidario del dialoguismo. La forma de ser de izquierdas, de practicar políticas socialistas, de diferenciarse de la derecha social y política, no consistía ya en la puesta en práctica de grandes políticas alternativas en lo económico, sino en procurar un cambio en el esquema de valores sociales desde la acción del Gobierno. Rodríguez Zapatero y sus compañeros de Nueva Vía nunca se han sentido sucesores, herederos, ni siquiera legatarios, de los valores que acuñó la Transición a la democracia; tampoco de las voluntades -prácticamente testamentarias- del llamado felipismo y carecen de memoria histórica inmediata, optando, muy por el contrario por la mediata para revertir las condiciones en las que se produjo el tránsito de la dictadura a la libertad. Desde ese punto de vista, con pocas ideas políticas y mucho efectismo connotativo en sus discursos y actitudes, el llamado zapaterismo ha sido y se ha comportado como un instrumento de subversión del status alcanzado en el sistema español hasta 2004. Una subversión que, al serlo es revisionista, aliñada en conceptos inasibles, de contenido indeterminado que, sin embargo, pronto comenzaron a sistematizarse en su capacidad depredadora de lo estatuido.

A Rodríguez Zapatero -como a las mujeres felices- le favorecía que careciese de historia, de antecedentes, de referencias vitales que lo acotasen, que le procurasen alguna forma de previsibilidad en sus acciones y omisiones. Con el presidente socialista cualquier decisión era posible: desde la precipitada e insolidaria -internacionalmente incorrecta- retirada de las tropas españolas de Irak cuando allí permanecían en condiciones durísimas las estadounidenses, británicas y de los demás países de la coalición, hasta la activación de artefactos sociales tan impactantes como la ideológica de género -matrimonio homosexual-, o la reformulación, no sólo de la Transición, sino de la forma de concordia nacional mediante la construcción ad hoc de la llamada memoria histórica o el mendaz e incompetente “proceso de paz” con la banda terrorista ETA. Y en el ámbito de las relaciones internacionales, la Alianza de las Civilizaciones. Todo ello venía justificado en las declaradas “ansias infinitas de paz” proclamadas por el presidente del Gobierno abrazado a un extraño concepto igualitarista -que no de igualdad- practicado mediante el basto procedimiento de la implantación de la cuota.

El hombre sin biografía se transformó un 12 de mayo de 2009, desde el escenario, patéticamente, de la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, en su holograma invertido, es decir, en una imagen opuesta, de espaldas a sí mismo, de lo que fue

Este acúmulo de progresismos -explicados siempre desde un pío entendimiento de la política como espacio de justicia—se dio en llamar con acierto buenismo. Nadie lo definió mejor que Valentí Puig para el que el buenismo se caracteriza porque “se desentiende del conflicto”, porque “lo nivela todo, todo merece la misma compasión, el mismo sentimiento, todo preocupa e inquieta”. Para el escritor mallorquín “el buenismo, al desactivar la necesidad de la política, articula toda una estrategia de amortiguación, escape o dilación.” Pero el buenismo es sólo el origen de otros comportamientos que se adhieren a él formando un corpus de acción política meramente declarativa y subversiva de lo establecido. El talante, como bien dice Puig, no es un método sino “un estar, y no una forma de ser” careciendo por tanto de autenticidad. El dialoguismo es también corolario del buenismo, y siguiendo a nuestro autor, remite a la idea de un dirigente “sin aristas, de concepciones flotantes, obligado a imprecisar sus criterios en razón de alianzas parlamentarias y llevado a su extremo la concepción “dialoguista” tiene algo de relativismo, un contravalor que se atrinchera en el pensamiento débil (…) dado que la noción de autoridad es negativa, la única autoridad posible es el diálogo”.

Para Puig “como paradigma buenista, el talante de José Luis Rodríguez Zapatero viene a combinar esa dimensión de ilusiones redescubiertas -algo así como el adanismo- con un aspecto no del todo definido y que provisionalmente podríamos etiquetar como proteccionismo moral, un proteccionismo “light”, llevadero pero cada vez más presente.”

¿Cuáles son las consecuencias -han sido- del buenismo? Siguiendo a Valentí Puig, evidentes: la consolidación de una sociedad civilmente inmadura con seria erosión de su capacidad de iniciativa al edulcorar sistemáticamente su entorno y sus fallas. El buenismo, en definitiva, “conlleva un incremento de la entrega del ciudadano al Estado, como combinación de inercias y confianzas sin contrastar. Si todo el mundo es bueno, el mal desaparece”. Para otro autor -Miquel Porta- el buenismo es “una ideología sustitutoria “post-Muro” que viene a ocupar el vacío dejado por viejas concepciones totalitarias del mundo, como, por ejemplo, el marxismo o el socialismo. Lo peligroso no es el revival en sí, sino unas normas, valores y actitudes que, en la mayoría de los casos, responden a intereses particulares disfrazados de generales. Y ponen en peligro la libertad, la dignidad y el futuro de nuestra civilización”. Y, en fin, para Andrés Ollero los principios fundamentales del buenismo -en este caso el jurídico- se formulan así: 1º) prohibido prohibir, 2º) tendremos, en todo caso, derecho a todo lo no prohibido, 3) no cabe imponer las propias convicciones a los demás, 4) la tolerancia nos exige un máximo reconocimiento de derechos, en lucha contra toda discriminación, 5) toda desigualdad implica discriminación y 6) derechos gratuitos.

La contradicción queda reducida a un método político operativo que no admite controversia porque si la incoherencia es denunciada se rebate con los argumentos más banales de la etapa anterior

Toda esta teorización del buenismo, formulada en 2005 por estos y otros autores, se corresponde con lo que luego ha venido sucediendo en la política española y que en este libro queda reflejado en sus líneas más generales y, a la vez, más perturbadoras y dañinas. Ahora bien: la fragilidad, la levedad, la banalidad de este relato -una suerte de storytelling- se ha derrumbado con estrépito cuando la necesidad de la gestión política se convirtió en inaplazable en 2007, y dramáticamente en 2010, con la crisis económica. El hombre sin biografía se transformó un 12 de mayo de 2009, desde el escenario, patéticamente, de la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, en su holograma invertido, es decir, en una imagen opuesta, de espaldas a sí mismo, de lo que fue. Y comenzó entonces y continua ahora un trote reformador renuente, peligrosamente ventajista ante los mercados internacionales y la Unión Europea, que hace preguntarse al progresismo “¿Qué te pasa Zapatero”? interrogante espetada por Cayo Lara, un comunista hermético que dirige Izquierda Unida, que no metaboliza la volatilidad ideológica del Presidente del Gobierno. El dirigente comunista y toda la izquierda extra muros del PSOE trata de recuperar la identidad arrebatada por el presidente con unas llamadas mesas de convergencia “pueblo a pueblo, barrio a barrio” como “una auténtica cruzada contra la banca y las grandes empresas que roban y destrozan el empleo”.

En realidad a Rodríguez Zapatero, en el escenario de la crisis, no le pasa absolutamente nada para intranquilidad de Lara. Sólo demuestra su capacidad adaptativa que es propia de las arquitecturas ideológicas efímeras: se cambia, se altera, se revierte porque, en último término, el poder es la tierra prometida a la que ha de llegar y en la que ha de asentarse la política. El hombre sin biografía puede perpetrar algunas, pero no históricas, contradicciones ya que nunca construyó algo sólido sino que siempre fue liviano. Persiste el discurso de envoltura trátese de lo que se trate, bien de recortar los sueldos a los empleados públicos o congelar las pensiones, derogar subsidios o subvenciones, liquidar las Cajas de Ahorro o reformar las pensiones, apostar por la energía nuclear manteniendo supuestamente la fe ecologista y “verde”. Toda mutación es posible, incluida la de fomentar el laicismo, desairar al Papa y, simultáneamente, ajustarse a los acuerdos con la Santa Sede y seguir prestando el servicio de recaudación del Estado a la Iglesia Católica. La contradicción queda reducida a un método político operativo que no admite controversia porque si la incoherencia es denunciada se rebate con los argumentos más banales de la etapa anterior. La hipocresía compendia así la actitud moral de un poder ejercido de manera errática y oportunista.

El relato de Rodríguez Zapatero no es ya creíble y la sonrisa se transforma en mueca que, sin embargo, se mantiene. No sabemos hasta cuando se prolongara ese desafío que exterioriza la izada de los labios en una forma de gestualidad que embosca tanto desconcierto como voluntad de permanecer. Pero el rostro que una vez fue comparado con el de Julia Roberts podría ser el más adecuado para una película trágica de González Iñárritu. Sus conmilitones debaten si esa faz que fue buenista y ahora quiere ser reformadora en desprendida inmolación a la patria -“Cueste lo que cueste, me cueste lo que me cueste” ha proclamado el interesado- suma o resta como si al interesado le preocupase un adarme lo que los compañeros y amigos -algunos mártires de su síndrome de hybris- puedan pensar o sospechar. Él, que no tenía biografía, que era aparentemente feliz porque carecía de bagaje para el éxito o el fracaso, se ha hecho con una a costa de España y de los españoles. Nunca nadie, antes, en una democracia puso el poder al servicio de su propio yo como José Luis Rodríguez Zapatero. Relatar cómo lo ha hecho y con cuánto coste para la sociedad española es el propósito de estas páginas que ofrezco al lector desde una experiencia personal volcada al análisis -muchas veces perplejo y otras tantas alarmado- de este hombre sin biografía que sonreía como Julia Roberts en un lejano inicio del siglo XXI.

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Derrota como única salida
EDITORIAL El Correo 17 Abril 2011

El comunicado que se espera de ETA es el de su autoliquidación definitiva

Las sucesivas declaraciones de tregua por parte de ETA, seguidas de otras tantas rupturas sangrientas, han ido acumulando una gran carga de indignación social y prevención política respecto a los designios de la banda terrorista. En su último 'Zutabe', dado a conocer ayer, ETA reitera su «compromiso claro» de «superar la confrontación armada». Sin embargo no hace referencia al ataque de dos etarras a un gendarme francés ni al reciente hallazgo de cerca de 1,6 toneladas de explosivos en Guipúzcoa. Ambos hechos han suscitado la justificada preocupación por un eventual regreso de ETA a la actividad violenta junto a las especulaciones sobre una posible escisión.

La lógica según la cual los terroristas aprovechaban el tiempo de distensión generado por una declaración de alto el fuego para reorganizarse, mientras las instituciones y los aparatos del Estado tendían a relajarse, aunque fuese inconscientemente, no se ha reproducido en esta ocasión. Todo lo contrario. El mensaje que les llega a los etarras resulta diáfano: los Estados español y francés -por usar su terminología- no se dedican únicamente a prevenir y frustrar los planes terroristas, sino que están orientando su esfuerzo conjunto a acabar cuanto antes con la amenaza etarra. En su comunicado, la banda no explica claramente el porqué de la tregua, aunque rechace que sea por su debilidad o tenga que ver con la participación de la izquierda abertzale en las elecciones o se derive de la influencia de esta. Pero lo único cierto y comprobable es que los golpes policiales de las últimas semanas a sus actividades han sido contundentes y que sus referencias a la izquierda abertzale no hacen sino complicar a esta los intentos de demostrar su independencia de la banda e insertarse plenamente en el proceso democrático. ETA se obstina en hacer caso omiso a que el único comunicado que se espera de ella es el anuncio de su cese definitivo.

El Estado ha de perseguir la autoliquidación etarra, sin concesiones, como meta óptima. Pero es probable que, llegado el momento, la organización terrorista se halle tan debilitada que ni siquiera sea capaz de dar cuenta de su propio final. La búsqueda de una contrapartida política conduce irremisiblemente a los etarras a una derrota policial que hace algunos años parecía imposible.

El independentismo cuesta un riñón
Editorial www.gaceta.es 17 Abril 2011

Artur Mas se ha encontrado con las exigencias de Zapatero de reducir el déficit hasta el 3%, lo que se ha traducido en la exigencia de recortar los Presupuestos de la Generalitat un 10%.

La fábula de la cigarra y la hormiga, que Zapatero ha representado en la España del despilfarro, tiene una réplica a escala en la Cataluña del tripartito. El argumento es, en esencia, el mismo: el gobernante dispara con pólvora del rey y se dedica a tocar la mandolina mientras se avecina el crudo invierno. Tal cual ha ocurrido en esa Cataluña secuestrada por la pinza radical-nacionalista, que ha gastado lo que tenía y lo que lograba succionar de la ubre del Estado, hasta que la crisis le ha pasado factura en forma de severo ajuste de su abultado déficit. Y como siempre, la que ha salido perdiendo no es la clase política, sino el ciudadano de a pie: quienes pagan el pato de la desastrosa gestión son los usuarios de la sanidad pública del Principado, que se desmorona con un déficit superior a los 850 millones de euros.

Artur Mas se ha encontrado con las exigencias de Zapatero de reducir el déficit hasta el 3%, lo que se ha traducido en la exigencia de recortar los Presupuestos de la Generalitat un 10%. Las consecuencias que el ajuste va a implicar son traumáticas, nunca mejor dicho: se cancelarán las intervenciones quirúrgicas vespertinas, se minimizarán las consultas externas y aumentarán las listas de espera. Nada más lógico que profesionales de la sanidad y los usuarios se movilicen ante el tijeretazo en un área especialmente sensible para el ciudadano.

Pero conviene recordar que las causas del colapso son las obras faraónicas de ampliación y construcción de hospitales bajo el paraguas de los servicios sociales al alcance de todo el mundo. O el derroche en partidas, como la financiación del aborto o los talleres sexuales, que no obedecían a criterios de necesidad sino partidistas e ideológicos. Como recuerda hoy LA GACETA, la ex consejera de Sanidad, Marina Gelli, prefirió subvencionar la píldora abortiva RU-486 o enseñar a los adolescentes –a través de una página web– a practicar sexo oral, que a controlar el gasto sanitario per cápita, que pasó en menos de cinco años de 860 euros a 1.250. El irresponsable derroche le pasa ahora factura al Gobierno catalán, que ha gastado más de 700.000 euros en financiar abortos o medio millón en facilitar la píldora del día después, mientras deja en el aire las operaciones de cataratas. Maldita gracia le debe hacer a muchos ciudadanos catalanes tener acceso gratis a los talleres sexuales cuando no puede operarse del corazón en el Clínico de Barcelona, que ha reducido su servicio de esta especialidad en un 28%.
Nos alegramos de que el recorte vaya a afectar a los abortos, a los métodos anticonceptivos o a terapias tan discutibles como las que ayudan a dejar de fumar. Pero es lamentable e incluso dramático que decenas de miles de pacientes se vean obligados a esperar meses para entrar en quirófano. Si la Educación y la Sanidad son las dos áreas que debe garantizar una Administración Pública en un Estado democrático, el nivel al que ha llegado la España de Zapatero es al del Tercer Mundo. En la primera llevamos años atascados en la sima del fracaso escolar. En la Sanidad, nos encontramos casos como el de Cataluña, agravado por la onerosa factura nacionalista.

Una anécdota pone la guinda a este panorama e ilustra, a la vez, lo poco rentable que a la larga es el nacionalismo. Algunos centros están cobrando por adelantado las consultas, reclamando el dinero directamente a los ciudadanos de fuera de Cataluña que van allí de vacaciones. Un atraco a mano armada que deja irónicamente en evidencia los principios irrenunciables de todo sistema público de salud: universalidad, equidad y, sobre todo, gratuidad.

Vascos, catalanes y el resto

JUAN BENGOECHEA El Correo 17 Abril 2011

Una de las virtudes de la crisis es que nos quitamos las máscaras, dejando que salga a la luz la descarnada realidad. Después de ríos de tinta sobre las esencias de nuestro modelo territorial, ahora resulta que todo se reduce a dinero. Artur Mas nos lo ha explicado muy claro, y todos le hemos entendido perfectamente. En opinión del nuevo presidente de la Generalitat el plan de austeridad fiscal que le impone el Gobierno central, a instancias de Bruselas, es inasumible. En consecuencia, ha propuesto un Pacto Fiscal con España que permita a los catalanes obtener unos resultados similares a los de los regímenes forales. Ha tenido el detalle, dada la precariedad del Gobierno de Zapatero, de posponer la negociación del acuerdo hasta después de las elecciones generales de 2012. Es un regalo envenenado para el futuro inquilino de la Moncloa, que pondrá a prueba la fortaleza de esa comunidad política a la que algunos todavía llamamos España.

El Pacto Fiscal reclamado por Artur Mas supone finiquitar -pocos meses después de su publicación en el BOE- la reforma del sistema de financiación de régimen común. Lo paradójico del caso es que esa reforma se hizo, en buena parte, inspirándose en el nuevo Estatut de Catalunya. Para acallar las protestas del resto de las comunidades, que veían peligrar el statu quo, el Estado no tuvo más remedio que repartir, sin contrapartidas, 11.000 millones de euros. Los resultados provisionales del nuevo sistema dejan entrever que el objetivo se cumplirá, y que, en efecto, Cataluña obtendrá más recursos. Pero lo hará a costa del Estado, y de otras autonomías a las que el antiguo sistema de financiación trataba mejor -Cantabria, Rioja, Extremadura-. A pesar de la mejora experimentada, lo más probable es que sus recursos por habitante, a igualdad de competencias, se queden en el 60% de los percibidos por las comunidades forales.

La envidiable situación de las comunidades forales ha sido atribuida a sus sistemas de financiación (Concierto y Convenio). Pero estos regímenes, aunque ofrecen una gran autonomía fiscal (posiblemente la mayor del mundo), no constituyen en sí un privilegio. El secreto de esa holgura tampoco se halla en su eficaz gestión tributaria, ya que el nivel de fraude es equiparable a la media española. Mucho menos cabe atribuirla a la aplicación de tipos impositivos más elevados, por cuanto la presión fiscal, fruto del exagerado mimo con que se trata a los empresarios, es bastante menor. La clave del misterio se halla en su contribución a la hacienda central (Cupo y Aportación), que es muy inferior a lo que debería ser. En el caso de Euskadi, los analistas, tras hacer números -dado que el cálculo del Cupo es secreto de estado-, estiman que sólo en 2007 olvidamos de pagar a la caja común una cantidad equivalente al 6,9% del PIB regional.

A estas alturas, si nos dejásemos guiar por el principio de igualdad consagrado en el artículo 138.2 de la Constitución, lo que deberíamos hacer es eliminar la prima foral. Pero lo que está proponiendo Artur Mas es justamente lo contrario, hacer extensivos los privilegios forales a Cataluña. Esta equiparación, teniendo en cuenta que la economía catalana es tres veces mayor que la vasca, impediría al Estado mantener el nivel actual de servicios públicos en las regiones pobres. La merma de la solidaridad interterritorial tendería a agravarse si, como es fácil de imaginar, otras comunidades ricas emulasen a los catalanes. Conviene recordar que el nuevo Estatuto valenciano, en su disposición adicional segunda, nos amenaza con hacer suya cualquier competencia nueva que sea adquirida por otra autonomía. Esta deriva, en el límite, nos llevaría a la quiebra del Estado y, fruto de ello, a la existencia de una España a dos velocidades.

La forma en que se materializa el Concierto es un privilegio, y, por definición, los privilegios no son generalizables. La solución a esta anomalía no consiste en que los catalanes contribuyan como los vascos, sino, más bien, que los vascos se aproximen a lo que aportan ahora los catalanes. El problema radica en que en esta Euskadi de nuestros pecados, tirios y troyanos, abducidos por el nacionalismo, han hecho del privilegio la principal seña de identidad colectiva. Pero al actuar así están renunciando a ser partidos nacionales, en la medida en que ya no son capaces de ofrecer un proyecto común a todos los españoles. Un proyecto que fije un marco de derechos y obligaciones que pueda explicarse, sin sonrojo, lo mismo a un vasco que a un riojano. Menos mal que todavía tenemos a Europa para que nos diga lo que debemos hacer, ya que, aunque resulte irónico, Bruselas goza entre nosotros de una legitimidad que ya quisiera para sí Madrid.

Reto al orden constitucional
Albert Rivera El Mundo  17 Abril 2011

La famosa transición nacional de la que habló Mas en su discurso de investidura debe ser eso pues: obviar el estado de derecho y dinamitar el estado autonómico y el sistema constitucional.

Esta semana hemos vivido un auténtico empacho de independentismo en Cataluña, entre las mal llamadas consultas por la independencia y la última barbaridad debatida y votada en el Parlament: la ley de declaración de independencia de Cataluña siguiendo el modelo del Kosovo.

Pero, al margen de la puesta en escena de los que quieren levantar fronteras entre los catalanes y el conjunto de españoles, lo más grave de lo sucedido estos días es que al frente de este reto a la convivencia y al orden constitucional estaba el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Es decir, quien según el Estatuto catalán es el representante ordinario del Estado en Cataluña, se ha posicionado públicamente apoyando a los organizadores de las pseudo consultas secesionistas, y el partido que preside, con mayoría en la mesa del Parlament, admitió a trámite en febrero que en el hemiciclo catalán se debatiera y votara una proposición de ley inconstitucional como la de la declaración de independencia presentada por Solidaritat Catalana.

Y en esa participación activa del presidente y la mayoría de sus consejeros, en la “festa major” independentista del domingo y, especialmente, en esa admisión a votación de la declaración unilateral es donde se ven las intenciones de CIU. Definitivamente, después de 30 años, el partido nacionalista de la ambigüedad, de los dobles discursos en Catalunya y en Madrid, el de la falsa moderación y el amigo de los lobbies económicos se ha quitado la máscara, el lobo se ha quitado la piel de cordero.

La famosa transición nacional de la que habló Mas en su discurso de investidura debe ser eso pues: obviar el estado de derecho y dinamitar el estado autonómico y el sistema constitucional. Desde debatir y votar haciendo caso omiso a la legalidad cuestiones que afectan a la soberanía nacional y que solo las Cortes generales tienen competencias para ello, hasta no aplicar la sentencia del TC a las leyes inconstitucionales que desarrollaron el Estatuto, pasando por desacatar las sentencias del TS que obligan a la Generalitat a escolarizar a nuestros alumnos en la escuela pública, conjuntamente y de manera equilibrada en catalán y en castellano, son ejemplos de que la etapa abierta por CIU es un desafío a la España constitucional.

CIU está evidenciando con su actitud en el gobierno de la Generalitat un fallo estructural del sistema autonómico. El orden constitucional puede estar en jaque si los gobiernos autonómicos, que son estado, son desleales con el Estado, con la Constitución y con los tribunales, y si los sucesivos gobiernos de España no toman medidas y prefieren permanece en silencio y miran hacia otro lado como ha hecho nuevamente el gobierno español pensando más en sus pactos partidistas y abandonado sus funciones constitucionales.

Los catalanes que no somos nacionalistas debemos estar preocupados, pero no tanto por la deslealtad de Mas y el resto de nacionalistas, sino por la indefensión que sufrimos por parte del gobierno de España y la previsible indefensión que sufriremos del principal partido de la oposición si gobierna, que solo se preocupan de cortejar a CIU -como se ha visto en las recientes visitas de Rajoy y Rubalcaba a Cataluña- olvidando los derechos de los ciudadanos catalanes y permitiendo que los independentistas, a pesar de ser minoría social, hagan de Cataluña su masía a cambio de los apoyos de Duran i Lleida en el Congreso. Si algún día se rompe la cuerda, que sepamos quienes son los verdaderos responsables, algunos lo tenemos claro.

Albert Rivera, Presidente de Ciutadans (C’s)

Pujol y su Cataluñeta

Siendo generosos con la cifra, el 22% del censo electoral ha votado en la consulta por la independencia de Cataluña
MIGUEL ESCUDERO EL Correo 17 Abril 2011

La Ciudad Condal se ha decidido a favor de la independencia de Cataluña en una consulta. Ha respondido que 'sí' casi el 90% de los votantes. Los organizadores se declaran contentísimos, todo un éxito histórico refrendado por observadores internacionales. Unos siete mil abnegados voluntarios, pacíficos e 'inasequibles al desaliento', han estado durante cuatro meses recogiendo votos por las calles; el miedo a una debacle. Más de la tercera parte de quienes han votado lo hicieron de forma anticipada. Conozco a quienes se les ha abordado para ello más de veinte veces. La plataforma que ha efectuado la consulta asegura que se han descartado todas las duplicidades y que el proceso ha sido limpio. Me lo puedo creer sin dificultad, pero todo el conjunto es pueril y tramposo. En efecto, siendo generosos con la cifra, el 22% del censo electoral ha depositado su voto. Pero los separatistas dan botes de contento por haber 'ganado' y declaran estar sorprendidos porque han visto superadas todas sus expectativas. ¿En qué quedamos? ¿Es delirio o es más bien táctica programada con burda astucia, o son las dos cosas a la vez?

Es obvio que la Cataluña oficial ha estado detrás de todo esto: Convergència ha cedido varias sedes para el evento, incluso lo hizo la propia UGT (ya nada es lo que era); Mas y sus consellers -todos empadronados en Barcelona, menos dos- han votado. Y quince días antes Jordi Pujol, el padre de todos ellos, comunicó en una larga conferencia que había perdido la fe en España; parece que de nada servirá rezar novenas para que la recupere. Este fingidor en el fin de su trayectoria afirmó que «después de muchos años de intentar disuadir a quienes optaban por el independentismo, me encuentro ahora que no tengo argumentos para rebatirles».

«Es verdad que, si la idea de España que ahora prevalece se consolida, la alternativa está entre la independencia y la gradual difuminación ('esborrament') de la catalanidad y de Cataluña». Esto lo dice quien tiene clarísimos sus objetivos políticos y sus 'campos de acción', entre ellos socavar todo afecto por España; sabe que cuenta con el inestimable apoyo de los separadores. Entre 'bobos' anda el juego. Pujol sobreactúa un papel de moderador, y dentro de dos días dirá que 'aún no toca'. Y ahora la puntilla: «Pero si España sigue en su línea de desprecio político y económico de Cataluña podría muy bien ocurrir que la mancha de aceite independentista se fuera extendiendo. Ya se está extendiendo, probablemente más sociológicamente y mentalmente que políticamente, como placas tectónicas que se mueven. Las placas tectónicas se suelen mover lentamente, pero a veces se aceleran». Noten que en esta ocasión sí sería apropiado hablar de Estado español, en vez de España. Pero él ya sabe por qué lo dice.

En la reciente novela de Javier Marías 'Los enamoramientos', se dice que «la verdad no es nunca nítida, sino que siempre es maraña. Hasta la desentrañada». Yo les pediría, amigos lectores, que no confundan España con las Españetas, ni tampoco Cataluña con las Cataluñetas.

PSOE y PP no ilegalizarán 'todo' Bildu, pero sí sus listas menos importantes
El ‘brazo político’ de ETA tiene cada vez más fácil colarase en las instituciones. La opción de entrar en las urnas a través de la coalición Bildu, junto a EA y Alternatiba, gana enteros, ya que el PSOE y el PP han acordado no pedir la impugnación de todas las listas, según fuentes populares de todo crédito.
Alberto Lardiés. Madrid www.gaceta.es 17 Abril 2011

Batasuna aspira a recuperar el próximo 22 de mayo buena parte del poder perdido en las elecciones municipales de 2007. Ahora, los proetarras han mejorado su plan para hacerse con algunos de los feudos históricos donde ANV no pudo concurrir cuatro años atrás. A través de la alianza con Eusko Alkartasuna y Alternatiba, llamada Bildu, el brazo político de ETA aspira a reconquistar las alcaldías de importantes localidades como Lekeitio, Ondárroa, Etxarri Aranaz o Andoain. En total, la coalición podría conseguir gobernar en 70 municipios vascos y navarros.

Como se puede ver en el gráfico adjunto, ANV obtuvo 43 alcaldías en 2007, pese a que los tribunales anularon, a instancias de la Fiscalía, más de la mitad de sus candidaturas. Eran tiempos del proceso de paz y el Gobierno no actuó contra la totalidad de las listas. En aquellos comicios, EA, hoy socio de referencia de los batasunos, logró hacerse con 14 alcaldías.

A los 57 municipios que sumaron ANV y EA hace cuatro años habría que añadir las localidades donde las diferentes máscaras batasunas han cosechado victorias electorales en ocasiones precedentes y donde no pudieron presentar listas blancas en 2007. De todas ellas, hay al menos 17 donde la izquierda abertzale da la victoria por segura. Se trata de feudos históricos donde el voto al brazo político de ETA está casi garantizado.

Quizás los dos mejores ejemplos sean Lekeitio (Vizcaya) y Andoain (Guipúzcoa), dos importantes municipios (por situación geográfica y población) donde Batasuna cuenta con un gran apoyo social. Darse un paseo por las calles de Lekeitio es como sumergirse en un submundo gobernado por los proetarras, que llenan el paisaje a base de carteles y fotos de presos terroristas. La situación no dista mucho en Andoain, localidad próxima a San Sebastián donde, por ejemplo, fue asesinado Joseba Pagazaurtundua con la complicidad de los concejales batasunos, quienes no condenaron el crimen.

El caso de Ondárroa es paradigmático de lo que puede suceder en lugares donde el brazo político de ETA mantiene aterrorizados al resto de vecinos. En 2007, las listas proetarras fueron anuladas. Tras los comicios se tuvo que crear una gestora porque los ediles elegidos democráticamente no tomaron posesión de su cargos (salvo el del PP) por la presión de los batasunos. El PNV se ha ocupado de dirigir la gestora.

Hostigamiento
Los nacionalistas que han gobernado la gestora han sido objeto de un constante hostigamiento durante los cuatro años de la legislatura. Además, en septiembre de 2008 ETA colocó un coche bomba junto a la comisaría de la Ertzaintza en la localidad. Hubo 10 heridos y el miedo siguió imponiéndose entre la ciudadanía.

Otra localidad donde Batasuna aspira a recuperar el bastón de mando es Lizarza (Guipúzcoa), donde ha ostentado la Alcaldía esta legislatura Regina Otaola, colaboradora de LA GACETA. Es un municipio de apenas 500 habitantes, pero el hecho de que el PP obtuviera la Alcaldía en 2007 lo ha convertido en un lugar simbólico. Cabe recordar que un vecino, Pedro María Olano, fue condenado por amenazar de muerte a Otaola. Se trata del mismo individuo que después fue detenido por formar parte presuntamente de ETA. Según las investigaciones, en el pasado Olano almacenó en las propias oficinas del consistorio un misil con el que la banda criminal pretendía atentar en su momento contra el entonces presidente del Gobierno José María Aznar.

Últimos resultados de la izquierda abertzale
En Navarra, el municipio más importante que Batasuna pretende reconquistar a través de Bildu es Etxarri Aranaz. Se trata de una localidad de la comarca del Sakana, casi en la frontera entre la Comunidad Foral y Guipúzcoa. Allí, cuna de etarras, los secuaces de la banda criminal dominan el paisaje y amedrentan a aquellos que no piensan como ellos.

La tregua, decisiva
Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por LA GACETA aseguran que Bildu puede lograr un “resultado espectacular” por varios motivos. Históricamente, la izquierda abertzale siempre ha visto aumentado exponencialmente su apoyo en las urnas cuando ETA está en tregua, como es el caso. Además, las citadas fuentes aseguran que todos estos meses de discusiones políticas y mediáticas sobre la presencia o no de Batasuna en las urnas suponen “la campaña perfecta” para el brazo político de los terroristas.

No por casualidad, inciden, en los últimos tiempos los batasunos han agitado a sus masas a base de manifestaciones. En el entorno de la banda criminal se percibe como una “agresión” la ilegalización de Sortu por parte del Tribunal Supremo, toda vez que esta máscara batasuna ha dado el paso de “rechazar” la violencia.

A todo ello hay que sumar que por primera vez Batasuna cuenta con el apoyo de otros dos partidos. Los votos de EA y de Alternatiba pueden conseguir que la coalición se dispare, incluso, hasta más allá de los 200.000 votos, como ya publicó este diario.

Cascada de excarcelaciones: cada semana hay un etarra más en la calle
Desde el 1 de enero han sido puestos en libertad 13 presos del entramado etarra

F. Velasco La Razón 17 Abril 2011

Madrid- Las recientes salidas de prisión de los etarras Antonio Troitiño Arranz y Ángel Luis Hermosa Urra gracias a la doctrina del Tribunal Constitucional que estableció en 2008 que la prisión provisional debía restarse a cada condena que estuviese cumpliendo por otros delitos, ha provocado la lógica reacción ciudadana. Y es que es difícil comprender cómo Troitiño, autor de 22 asesinatos cometidos en los años 80, por los que fue condenado a casi 2.500 años de cárcel, haya permanecido en prisión apenas 24 años, es decir, poco más un año de cárcel para cada muerte. No parece una pena excesivamente dura, sobre todo si se tiene en cuenta que su puesta en libertad estaba prevista para 2017, cuando cumpliese los 30 años de prisión máxima que fijaba el anterior Código Penal.

Sin embargo, Troitiño no fue el primero que abandonó las rejas de la prisión para volver a sus pueblos y ser recibidos como «gudaris» y héroes. Meses antes, en enero, la Audiencia Nacional también adelantaba la libertad otros seis años al etarra Koldo Hermosa Urra, quien cumplía condena desde 1987 por cuatro asesinatos.

También otro histórico de ETA volvía a respirar aire de libertad la pasada semana. José María Sagarduy dejaba los muros de la prisión tras permanecer 31 años privados de libertad. Era el preso de la banda más antigua. Fue condenado a casi 70 años de cárcel, entre otros delitos, por dos asesinatos.

«Libertad definitiva»
Mientras se espera la resolución de los recursos de la Fiscalía contra las libertades de Troitiño y Urra y la Sala Penal establece el criterio definitivo por el que deben regirse sus cuatro secciones, otros diez presos condenados por delitos relacionados con el terrorismo etarra han obtenido en estos primeros tres meses y m dio del año su «libertad definitiva. Algunos de ellos cumplían condenas por actos de kale borroka, colaboración con ETA o amenazas terroristas.

Uno de ellos había sido concejal de Euskal Herritarrok en Amorebieta (Vizcaya) y otros dos de los que recuperaron su libertad habían sido condenados por colaborar con el etarra que intentó atentar contra Su Majestad el Rey en Mallorca, en el año 2004.

El primero que logró su «libertad definitiva» este año fue Jorge Etxebarrieta, el 11 de marzo, tras cumplir los tres años de prisión impuestos por intentar incendiar, en el año 2000, dos concesionarios de vehículos y una nave utilizada por el artista Agustín Ibarrola, en la localidad de Guernica (Vizcaya).

Tres días después le tocaba a Hermosa Urra, quien su puesta en libertad pasó prácticamente desapercibida. Salía feliz, seis años antes de lo que pensaba y estaba fijado en un principio.

Leltxu López de Aberasturi y Zugaitz Izaguirre dejaban atrás las rejas de las prisiones de Martutene y Ocaña I, respectivamente, en febrero. El primero de ellos, el día 9, había cumplido, con la aplicación de los beneficios penitenciarios recogidos en el anterior Código Penal, los seis años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional con el etarra Javier Pérez Aldunate, autor del frustrado atentado contra el Rey Don Juan Carlos en Palma de Mallorca, en 2004.

Zugaitz Izaguirre, por su parte, también fue condenado a la misma pena por haber elaborado informaciones sobre objetivos para la dirección de ETA y captar a nuevos terroristas. En marzo de 2005, el juez de la Audiencia Grande-Marlaska decretó su ingreso en prisión provisional.

En el pasado mes de marzo otros cinco reclusos vinculados a ETA seguían esos mismos pasos. Entre ellos figura Pablo Aperribay, quien alojó en su domicilio al etarra que quiso asesinar a Don Juan Carlos. Por este delito fue condenado, en septiembre de 2008, a cinco años de cárcel, aunque se encontraba en prisión provisional desde un año antes. También redimió condena por los beneficios penitenciarios que establecía la anterior legislación.

El marco legal
- Doctrina Parot. Fija que los beneficios penitenciarios deben aplicarse sucesivamente sobre cada una de las condenas. Avalada por el Supremo, está pendiente del TC.
- Doctrina del TC. Fijada el pasado mes de diciembre, estipula que debe computarse el tiempo de prisión provisional por cada cada causa, aunque cumpla condena por otras.
- Código Penal. El nuevo Código Penal suprime los beneficios penitenciarios para delitos de terrorismo y eleva el cumplimiento íntegro hasta los 40 años de prisión para los más graves.

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