AGLI

Recortes de Prensa   Lunes 25 Abril 2011

 

Salir de la crisis
Unos gobiernos inflados han generado intereses, dependencias y, aún peor, una incapacidad generalizada para decir la verdad.
José María Marco La Razón 25 Abril 2011

Cuando se desencadenó la crisis, pronto hará tres años, se habló, y mucho, de una necesaria reforma moral. Se había terminado un modelo económico basado en la pura codicia, había que restablecer la ética en las relaciones económicas, había llegado la hora de refundar el capitalismo… Aquello pareció animar a la intervención de los gobiernos en la vida económica (es decir, en la vida pura y simplemente). Como los gobiernos, además, se vieron obligados a evitar el hundimiento del sistema financiero, volvieron a primera línea de actualidad teorías desacreditadas desde hace treinta años acerca de la importancia del Estado en la actividad económica.Casi tres años después, las cosas han cambiado mucho y la crisis ha revelado una situación nueva. En los países desarrollados, la crisis ha disparado los gastos del Gobierno hasta límites que recuerdan otros tiempos. Hasta 2008, España era un país sin déficit y con una deuda pública sumamente manejable. Ahora se dispone a ingresar en el club de los países con deudas aplastantes, que hipotecarán la vida de los ciudadanos durante años. Y lo hacemos, además, con alegría, celebrando, como bien comentaba Iñaki Ezquerra en estas páginas, cada colocación de deuda como si fuera un triunfo y no un clavo más en el ataúd. Estamos en el hoyo, como dicen los ingleses, y seguimos cavando…

El «revival» de Keynes y el neosocialismo del 2008 duraron poco. En poco tiempo, se ha vuelto a comprobar que el aumento del gasto gubernamental no sirve para salir de la crisis. Todo el mundo habla ahora, en consecuencia, de reducción de gastos y restricción presupuestaria. Tendemos a utilizar eufemismos, como «consolidación fiscal» y «reestructuración de la deuda», pero nadie se engaña.

Ahora bien, más que intentar disimularnos a nosotros mismos las decisiones que vamos a tener que tomar, quizás sería más conveniente plantear el problema que tenemos delante de otra manera. Si volvemos a los orígenes de la crisis, nos daremos cuenta de que una parte del diagnóstico que entonces se hizo es cierta: hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Muy en particular, el Estado y los gobiernos han vivido, y siguen viviendo desde entonces, muy por encima de lo que las sociedades que los mantienen pueden soportar.

El problema es económico y –como todo en economía– moral: unos gobiernos inflados han generado intereses parásitos, dependencias y, aún peor, una incapacidad generalizada para decir la verdad. Los estados que quieren, como han querido nuestros gobiernos, cubrir todas las contingencias, librarnos de cualquier riesgo, generan falsas expectativas, inautenticidad. Todos nos acostumbramos a mentir sistemáticamente, y eso es lo que nos negamos a cambiar… a pesar de la crisis.

El resultado es una situación insostenible. En vez de plantear la reducción de gastos como una purga, deberíamos comprenderla también como la posibilidad de recomponer una sociedad más auténtica, más sincera, con ciudadanos menos hipócritas, más dispuestos a asumir riesgos, más emprendedores y más fuertes. Y por supuesto, menos dependiente del Gobierno. ¿Tan mal está eso? ¿Tan cobardes nos hemos vuelto?

Bancos y cajas están quebrados valorados 'mark to market'
@Roberto Centeno.  El Confidencial 25 Abril 2011

Desde que en las semanas anteriores a las elecciones generales de marzo del 2008 el gobernador del Banco de España –sin duda el peor de toda su larga historia- y el presidente del Gobierno, cogidos de la mano, decidieron engañar a los españoles, afirmando sin que les temblara el pulso que “no hay ninguna crisis” y “nuestro sistema financiero es el más sólido del mundo”, la ocultación, la falsedad estadística y la mentira han sido pautas esenciales del Gobierno socialista. Pero desgraciadamente, este engaño no consistiría meramente en una argucia para ganar las elecciones, continuaría sin cambios hasta mayo 2010, cuando los mercados nos cerrarían la financiación, lo que nos situaría al borde de la quiebra.

Es evidente que si desde el principio -y el principio fue a mediados 2006, momento que marcaría el final del periodo expansivo y, sobre todo, momento en que los inspectores del Banco de España advirtieron por escrito del riesgo inasumible que estaban corriendo cajas y bancos con su exposición al ladrillo, y que el entonces gobernador Caruana, que estaba haciendo las maletas, con una irresponsabilidad inaudita se limitaría a enviárselo a Solbes pero no adoptara acción alguna- Gobierno y BdE hubieran actuado con la diligencia y responsabilidad a las que estaban obligados, no habríamos llegado ni de lejos a la situación desastrosa que vivimos actualmente.

La irresponsabilidad y la insensatez del regulador (BdE) ha sido tal, que habiendo no solo podido, sino tenido la obligación grave de evitarlo, la inversión crediticia del sistema financiero escalaría hasta casi 1,9 billones de euros, mientras que los depósitos apenas llegaban a los 1,2 billones, por lo que cerca de 700.000 millones de euros, equivalentes al 67% del PIB, han tenido que ser financiados en los mercados exteriores, una deuda que después de tres años de crisis continúa prácticamente intacta, algo potencialmente letal para España. Buena parte de esta deuda es con cajas y bancos alemanes, razón por la cual el Gobierno de este país ha hecho y hará todo lo que esté en su mano para evitar la quiebra de España. Se cumple así una vez más la famosa sentencia de Keynes según la cual “si usted le debe a un banco cien libras tiene un problema, pero si le debe cien millones, entonces es el banco quien tiene el problema”.

Valorar a ‘mark to market’ o como diga el señorito
La forma principal de ocultación de la realidad en el sistema financiero ha sido el sistema de valoración de activos, que al contrario de lo ocurrido en otros países donde se ha realizado rigurosamente mark to market, es decir, al precio de mercado en cada momento, aquí se ha realizado en la forma que más convenía a los intereses del Gobierno, asignando a los activos unos valores tan caprichosos y disparatados, de forma que ninguna entidad estuviese aparentemente quebrada, que cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia. El BdE ha adaptado en todo momento su normativa y sus circulares a este fin, ocultando a los ciudadanos y a los agentes económicos la realidad de la situación.

A precio de mercado, nada que ver con el camelo de los stress test, el valor del crédito promotor y constructoras, garantizado en su mayor parte por edificios terminados o no y suelo urbanizado o urbanizable, equivaldría más o menos el 30% de los créditos concedidos

Por ello, cualquier comparación de la situación de nuestro sistema financiero con, por ejemplo el de Irlanda, que es el que está peor, tanto que ha sido la causa de la necesidad de rescate del país, no tiene nada que ver porque en Irlanda los bancos han quebrado porque sus activos han sido valorados a precio de mercado, mientras que en España han sido valorados como le ha venido en gana al señorito, es decir, a Don José Luis. Pero no solo al señorito, también a la oposición y, por supuesto al propio sistema financiero, ya que de esta forma sus ejecutivos y consejeros, en lugar de ser procesados como en otros países, han mantenido intactas sus poltronas, sus Audis 8 y sus visas oro, mientras despiden los empleados a millares, unos empleados que no tienen culpa de nada, excepto la de estar a las órdenes de unos ineptos e irresponsables al servicio de los políticos y caciques locales, pero sobre todo de sí mismos.

¿Y qué pasaría si las entidades financieras españolas tuvieran que valorar hoy sus activos a precio de mercado? Pues que la para la mayoría de ellas el valor de los activos sería inferior al de los pasivos, es decir, estarían quebradas. A precio de mercado, nada que ver con el camelo de los stress test, el valor del crédito promotor y constructoras, garantizado en su mayor parte por edificios terminados o no y suelo urbanizado o urbanizable, equivaldría más o menos el 30% de los créditos concedidos, que ascienden a unos 450.000 millones de euros, es decir, el agujero creado sería de más de 300.000 millones de euros.

Sumen ahora el valor de las viviendas en manos de bancos y cajas y las subestandard, es decir, las que están al corriente del pago, pero hay razones para pensar que serán morosos –este año dos millones de parados se quedarán tirados en la cuneta sin recibir ya prestación alguna-, cuyo valor medio de mercado puede estar en el 60% del valor al que están valoradas y nos metemos en otro agujero de 100.000 millones más. Sumen ahora la deuda total, emisiones y préstamos, del Estado, de CCAA y de Ayuntamientos, y estimen su valor de mercado, y tienen varias decenas de miles millones adicionales. Valorado a precios de mercado, el agujero del sistema financiero más sólido de la galaxia puede ser de más de 400.000 millones. ¡Un tercio de los depósitos, del ahorro de millones de españoles, ha desaparecido!

A efectos prácticos, la valoración de activos a precio de mercado dejaría como entidades más solventes al Santander y al BBVA, ya que los dos tercios y el 50% respectivamente de sus cifras de negocios se realizan fuera de España. Le seguirían la mayoría de bancos y unas pocas cajas, que tendrían graves problemas pero que con una ayuda razonable del Gobierno probablemente conseguirían salvarse. Y luego algún banco y el resto de cajas, la inmensa mayoría, que no son salvables se pongan como se pongan, el señorito, la oposición al señorito y el gobernador, y que solo son un pozo sin fondo para unos dineros y avales que el Gobierno jamás debería comprometer, porque solo conseguirán arruinarnos a cambio de nada.

La ‘estrategia’ del BdE: patada adelante con avales y dinero público
La estrategia, por llamarla de alguna manera, es la habitual, patada adelante con el dinero de todos los españoles y que sea lo que Dios quiera en espera de un milagro. A efectos prácticos esto representa un robo puro y duro a los ciudadanos en dinero (FROB) y avales, sin razón ni fundamento alguno; son enormes recursos tirados por la fregadera, porque el tiempo no arregla, sino que complica cada vez más el problema. Si hace tres años se hubiera actuado con la firmeza y la diligencia debidas, el saneamiento del sistema financiero se hubiera resuelto con un 5% del PIB o poco más; a día de hoy éste costaría por encima del 20% del PIB.

Tomemos un ejemplo ilustrativo, CCM. La decisión no ya correcta sino la única racional, habría sido dejarla caer, garantizar los depósitos por encima de 100.000 euros y procesar a los responsables. El dinero debido al exterior y a los bonistas, unos 6.000 millones de euros, era un problema exclusivo de los acreedores y de CCM, que podrían embargar y/o meter en la cárcel a los responsables, pero jamás, jamás de los jamases de España. Lo que se hizo fue un disparate, un robo a los españoles con nocturnidad y alevosía de 9.000 millones de euros, y todo para mantener a la mayoría de los responsables en sus puestos y abiertas unos cientos de oficinas totalmente innecesarias, cuando se están cerrando por miles. Y es este desastre sin paliativos el que Gobierno, oposición y BdE están empeñados a implantar, cueste lo que cueste, en el resto de cajas quebradas, 35 veces más grandes que CCM.

En la misma línea, la decisión de los bancos cotizados de repartir 7.500 millones de euros entre los accionistas no parece razonable cuando todos, sin excepción, necesitan mejorar la solvencia, y todos, menos los dos grandes, están repartiendo unos beneficios totalmente ficticios, porque si sus activos estuvieran valorados a precio de mercado, en lugar de beneficios hubieran tenidos importantes pérdidas. Y mientras se reparten dividendos inexistentes, se mantienen poltronas y prebendas a personas que deberían estar procesadas, y se despilfarran ríos de dinero público, el crédito sigue y seguirá sin fluir. ¿Y cómo espera entonces el BdE, responsable principal de tanto despropósito, que vamos a salir de la crisis?

Crisis
Nadie se moviliza
Jorge Vilches Libertad Digital 25 Abril 2011

Últimamente está corriendo la pregunta de por qué la gente no se moviliza contra la crisis, no organiza grandes manifestaciones –me imagino que al estilo griego–, o no va a la huelga cuando se la convoca. La derecha contesta que se debe a que el gobierno es de izquierdas, porque si fuera del PP la agitación sería constante, como ocurrió entre 2002 y 2004. Para la izquierda, sin embargo, es una pregunta ontológica, sobre su propia naturaleza.

Históricamente, la movilización ha sido para los socialistas un fin en sí mismo. Esto se debe a la sublimación del concepto de revolución tanto como al vaciamiento programático de la izquierda. Al tiempo que el socialismo en sus distintas variantes se ha ido desprendiendo de ideas y programas, se ha ido llenando de mitos y abstracciones.

Uno de esos mitos es el de la acción colectiva callejera, el de la movilización, la manifestación, la pancarta, el voceo de consignas y el del asambleísmo. Es una reliquia de la época de la política de masas, cruzada con un mal entendido romanticismo, que ha quedado para grupúsculos radicales. La consecuencia es que a esa izquierda no le importan tanto los objetivos que se consigan como el grado de agitación. La acción colectiva en sí misma, sin más, se convierte en una seña de identidad, de unidad, incluso de satisfacción que compensa la poca representatividad real de opciones políticas y sociales de este tipo.

Siempre hay en esta clase de acción colectiva una misión evangelizadora, visionaria, que intenta desvelar "una verdad" al resto de la sociedad, que está alienada y que debe salir del engaño. En las agitaciones actuales, nos encontramos visionarios de dos tipos, muchas veces mezclados. Por un lado están los que tradicionalmente unen la manifestación callejera con la violencia, siempre contra "el sistema", al que suelen identificar con todo lo que no se opone "al poder": desde un medio de comunicación a la propiedad privada. De ahí los ataques a periodistas o los asaltos a comercios.

Y, por otro lado, están los "modernos", que ahora hacen "perfomances", que consisten en la escenificación de su protesta a través de una pantomima. Un ejemplo claro es el asalto a la capilla de la Universidad Complutense en Somosaguas. ¿Qué hacen? Pues ir disfrazados, o no, y representar alguna coreografía ensayada que contiene un mensaje político.

Entonces, ¿por qué no hay movilizaciones ahora por la crisis? Además de porque está en el poder el PSOE, y agitar contra "uno de los nuestros" es "hacerle el juego a la derecha", los factores no son propicios. Existe la creencia fundada de que las manifestaciones y huelgas no tienen un efecto ni siquiera a medio plazo. A esto se le une que las organizaciones convocantes y sus dirigentes carecen de la credibilidad suficiente como para movilizar a personas ajenas a su entorno. Y, por último, el factor déjà vu; es decir, la sensación de que se repiten las mismas pancartas, con similares dibujos e iguales eslóganes, adornados con las abstracciones populistas habituales de los últimos cuarenta años. Todo esto cansa y desmoviliza.

La gran confusión
Editorial www.gaceta.es 25 Abril 2011

En esta etapa de transición política abierta en Túnez y Egipto, por abrir en Marruecos y Argelia, de luchas sangrientas en Siria y Libia y con un desenlace aparentemente feliz en Yemen, por parte occidental se echa en falta un vigoroso esfuerzo político y diplomático que asegure una salida positiva.

A medida que la revuelta árabe se alarga, se hace más compleja y se enrarece más, se instala la confusión en Occidente en cuanto a la manera de tratar debidamente un fenómeno que respondía a nuestros valores, la democracia, la libertad y el bienestar, pero que caso por caso, país por país, ha acabado caracterizándose por los problemas del lugar, la resistencia armada de ciertos sátrapas y, en fin, por la apertura de los canales secretos de las ayudas inconfesables, canales oportunamente activados.

En esta etapa de transición política abierta en Túnez y Egipto, por abrir en Marruecos y Argelia, de luchas sangrientas en Siria y Libia y con un desenlace aparentemente feliz en Yemen, por parte occidental se echa en falta un vigoroso esfuerzo político y diplomático que asegure una salida positiva para las poblaciones concernidas; y un esfuerzo informativo en consecuencia para saber lo que está ocurriendo, el cariz que adoptan las incidencias y de qué mejor manera se las pueda orientar en beneficio común.

De momento parece que la situación ha quedado bastante al margen de la organización internacional, registrándose la participación en los escenarios más conflictivos, no todo lo activa que debería, de la llamada coalición de voluntarios, jugando siempre al borde de los sacrosantos mandatos y resoluciones de las Naciones Unidas. Ni esta ni la Unión Europea, no digamos la patética Unión Africana, están siendo capaces de actuar con cohesión y firmeza pese a tratarse, o por tratarse, de una crisis de implicaciones universales y de efectos a muy largo plazo.

Por el contrario, son Francia y Gran Bretaña, ciertamente con la cobertura cada vez más visible de los Estados Unidos, los miembros de ese Directorio Europeo que reaparece en esta coyuntura, como para paliar tal indecisión y una timidez inusitada ante violaciones flagrantes de los derechos humanos y la represión encarnizada de poblaciones que sólo plantean reclamaciones legítimas. En la Europa unida con la crisis de Libia y de Siria probablemente se está prolongando otras crisis europeas anteriores, evidenciándose hasta la exageración la ya padecida ausencia de liderazgo en Bruselas, el olvido de un proyecto común. Y no digamos el papel de España, cada día más metida en una guerra que el Gobierno Zapatero apoya enviando tropas que utilizan armamento real pero dándole otro nombre menos impactante para la sociedad española, y que cada día que pasa el precio político, social y económico está siendo más caro. Como siempre, las guerras se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan, y la de Libia tiene la pinta de no terminar pronto ni bien.

Librado Occidente ya de apetencias coloniales pero muy interesado en los suministros energéticos, la lucha contra el terrorismo y los tráficos ilegales, movido por esos valores propios que son de toda la Humanidad y que pretende proyectar al mundo árabe con eficacia y urgencia, sin embargo no puede esquivar ese tinglado siniestro que en los escenarios de Siria y Libia, pero no sólo en ellos, se configura y del que hacen falta mucha más información, respuestas más contundentes.

Es el negocio del contrabando de armas y las ayudas discretísimas que transitan entre uno y otro sátrapa, el de los mercenarios y los matones, todo ello para apoyos mutuos que pasan por el ametrallamiento de la población, ayer en Irán, hoy en Siria y Libia, ¿y mañana dónde? Cualquier cosa puede suceder, en cualquier parte, dada la amplitud de la protesta y la profundidad de sus motivos, dada también la certeza del peligro inminente para vidas y haciendas de los dictadores, sus familias y sus amigos.

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Falsos conversos
¿Cómo vamos a darles la franquicia de demócratas habiendo atentado tanto contra la democracia?
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 25 Abril 2011

CON nombre y personas distintas, la izquierda abertzaletrata de convencernos de que, de repente, ha descubierto que la violencia de Eta es mala, y pide ser admitida en la familia democrática. ¿Se lo merece? No, dice la policía basándose en documentos encontrados a etarras detenidos, por no ser más que otra personificación de Batasuna, una de las muchas encarnaciones de Eta, que busca introducirse en las instituciones para dar cobijo legal a la banda, O sea, unos falsos conversos.

Aparte de esos documentos, la mejor prueba de que estamos ante otra maniobra de encubrimiento nos la dan los propios actores. «El converso auténtico —me explica el profesor Ángel Alcalá, que ha dedicado su vida a estudiarlos— se caracteriza por ser el más crítico, el más severo, el más desconfiado con sus ex cofrades. Los grandes inquisidores, los mayores delatores, los que pedían penas más altas fueron siempre los conversos convencidos, en parte, para avalar su conversión, en parte, por esa tendencia tan humana de irnos al otro extremo». Una crítica, una severidad y un desconfianza hacia Eta que no hemos visto en ninguno de los integrantes de Bildu. No ha habido condena de la banda, sólo de su violencia, y ésta, sólo en parte. Demasiado poco para tanto crimen.

Y no se nos venga con la monserga de defender la libertad de opinión o de conciencia. En España nadie va a la cárcel por defender la independencia del País Vasco, Cataluña o Villacorta de Abajo. Lo están haciendo a diario todos los políticos nacionalistas, e incluso consiguen cargos con ello. En España, lo que no se tolera, como en toda democracia, es tratar de imponer tu opinión a los demás con tiros, bombas o amenazas. Es decir, el intento de impedir la libertad de palabra y actuación del resto de la ciudadanía con violencia, que es lo que ha venido haciendo Eta desde el principio, apoyada por la izquierda abertzale, que ni siquiera hoy condena la violencia pasada de la banda terrorista. Se limita a rechazar la presente o futura, equiparándola, a la menor ocasión que se le presenta, a la del Estado.

¿Cómo vamos a fiarnos de ella? ¿Cómo vamos a cederles puestos de responsabilidad y los medios económicos que conllevan? ¿Cómo vamos a darles la franquicia de demócratas habiendo atentado tanto contra la democracia? Les falta todavía mucho para que confiemos en ellos y ellas. Una mera proclamación de fe, sin confesión de culpa ni arrepentimiento, no basta. Son demasiados años, demasiados crímenes, demasiado dolor y demasiados engaños para que podamos admitirlos en la sociedad democrática. Nadie les pide que se pongan de rodillas y echen ceniza sobre sus cabellos. Nos bastaría que cumplieran con el más elemental deber de la democracia: reconocer que estaban equivocados. Algo que todavía no han hecho, ni espero hagan, aunque celebraría equivocarme.

Pacto y paz
La evidencia de que un lehendakari socialista solo es posible con el apoyo del PP es una buena razón para que el PSE no arrastre el pacto hacia una situación límite. Es una buena razón, pero no puede ser la única
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 25 Abril 2011

El presidente del Partido Socialista de Euskadi ha sido reprendido injustamente por los suyos. En unas declaraciones muy propias de las turbulencias políticas que se viven, Jesús Eguiguren sostenía que si el Partido Popular era un obstáculo para la paz, los socialistas tendrían que romper el pacto gracias al cual gobiernan. Contradictorio como es que alguien quiera quebrar el apoyo que le sustenta en el gobierno, lo relevante en este caso es que Eguiguren con estas declaraciones no hacía sino reproducir fielmente lo que unos días antes había expresado el propio lehendakari, Patxi López, al proclamar con una impostada actitud de desprendimiento que no pondría el pacto con el PP por encima de la paz. Contraponer la 'paz' al acuerdo de bases que ha permitido la alternancia política en el País Vasco sobre un compromiso de recuperación del pluralismo y contra el terror es un golpe bajo que solo responde al oportunismo electoralista y al doble lenguaje con que el PSE quiere jugar en la situación actual.

Insistir en una imagen del Partido Popular opuesto a la paz deja en evidencia a quien formula esa acusación y al mismo tiempo se beneficia del apoyo que ese partido presta. Más aún cuando la reciprocidad que ese pacto debería conllevar se ha ido estrechando hasta el punto, por ejemplo, de que el propio lehendakari se haya manifestado reiteradamente en favor de la legalización de Sortu -habría sido para él un motivo de alegría- y de que el PSE se haya alineado expresamente con la minoría de magistrados del Tribunal Supremo que suscribieron el voto particular favorable a dicha legalización.

Ni siquiera la lógica referencia a la decisión de los tribunales ha merecido consideración por parte del PSE para contener su extraño interés por ver reintegrada a la legalidad a la izquierda abertzale a las primeras de cambio. Que los socialistas vascos reabran de par en par todas las presunciones favorables hacia los promotores de Sortu y compañía mientras tiznan a sus socios con el estigma de una presunta oposición a la paz admite varios calificativos, pero todos ellos son difícilmente compatibles con un acuerdo de alcance tal que ha hecho posible la sustitución democrática del nacionalismo bajo un lehendakari socialista. Y en este contexto de sinuosa ambivalencia hacia el pacto con el PP, el Gobierno vasco, poniendo cara de no haber roto un plato, aprovechaba unas declaraciones de Dolores de Cospedal para atribuir a estrategias foráneas un supuesto interés en crear tensiones sobre el acuerdo.

Por más que se quiera afilar la crítica hacia el Partido Popular, intentando desempolvar manidas acusaciones de 'derecha extrema', su posición hacia el pacto ha sido rectilínea, generosa y compartida. El PP ha mantenido la apuesta democrática por una alternativa al nacionalismo por encima de sus avatares internos y ha hecho bueno su compromiso de garantizar esa alternativa cuando los escaños han sumado. Gracias a este compromiso se ha podido dar la paradoja de que quien, como Patxi López, accedió a la dirección del PSE para liquidar el legado constitucionalista de Nicolás Redondo y volver a la transversalidad de los pactos con el PNV, se haya convertido en el lehendakari de la alternancia y por un precio bien módico.

La evidencia de que un lehendakari socialista solo es posible con el apoyo del PP es una buena razón para que el PSE no arrastre el pacto hacia una situación límite. Es una buena razón pero no puede ser la única, ni siquiera la más importante si, de verdad, hemos de entender el acuerdo como un compromiso común a favor de la normalidad democrática, la garantía del pluralismo y la deslegitimación del terrorismo derrotado por el Estado de Derecho. Sin embargo, parece también claro que la previsible -y desgraciada- reentrada de la izquierda abertzale en las instituciones y el afán por certificar aceleradamente un final de ETA en el que apoyar el balance de ocho años de gobierno abren para los socialistas un terreno de juego en el que el pacto con el PP va a adquirir un carácter de incómoda transitoriedad. No es ningún secreto que una izquierda abertzale blanqueada cuenta para el futuro en los cálculos estratégicos de los socialistas vascos. De la misma manera que ahora avalan las credenciales de legalidad de Sortu aun en contra de la resolución del Tribunal Supremo, habría que recordar que en los momentos más evocadores del frustrado 'proceso de paz', desde el PSE se hablaba de posibles acuerdos, transversales de aquella manera, que no pasarían por el PP ni el PNV.

Es plenamente coherente que el Partido Popular reafirme su compromiso con el acuerdo suscrito con el PSE e impida que el significado de ese compromiso quede devaluado. Y es especialmente oportuno hacerlo cuando el pacto está abocado a sucesivas y difíciles pruebas de estrés. Los resultados del 22 de mayo probablemente no serán fáciles de administrar. Si, como parece, los sucesores de Batasuna consuman su fraude a la legalidad, el terreno del acuerdo se estrechará. Entre otras cosas, se pondría de manifiesto que los instrumentos legales promovidos por el Gobierno, y apoyados por el PP, de los que se decía que iban a tapar todos los posibles resquicios por donde pudieran colarse estrategias fraudulentas, habrían resultado inoperantes. Porque el problema no radica en los instrumentos legales -que los hay- sino en la decisión de actuar contra la raíz contaminante de unas listas diseñadas para el engaño no sea que de tanto mirar los árboles no nos olvidemos del bosque.

Pulso abertzale
EDITORIAL El Correo 25 Abril 2011

El Aberri Eguna muestra la ambigüedad del PNV ante la competencia de Bildu y que ETA se ve como una parte de la izquierda radical

Las distintas organizaciones del nacionalismo vasco celebraron ayer el Aberri Eguna con mensajes que sublimaron el componente esencialista de su respectivo ideario. Pero la jornada permitió diferenciar el independentismo que se agrupa en torno a la coalición Bildu del soberanismo más moderado o pragmático que representa el PNV de Iñigo Urkullu. La irrupción de ETA en la fiesta, con un comunicado que teñía la reivindicación abertzale de una épica totalitaria, volvió a demostrar que la banda necesita apropiarse de toda variante secesionista del nacionalismo. Los actos políticos de ayer escenificaron el pulso que mantienen los partidos abertzales en la disputa por un espacio socio-electoral en el que ocupan posiciones limítrofes. La larga gestación del polo independentista que finalmente ha adoptado la denominación Bildu responde, en buena medida, a una pulsión anti-PNV. Su radicalismo trataría de aprovecharse de las esperanzas de paz para agrupar las energías que pudieran liberarse en el seno del nacionalismo sociológico tras el paulatino decaimiento de la presencia y la influencia etarras.

Es precisamente ésta la causa por la que en su comunicado, aun sin mencionar explícitamente ni a Bildu ni a Sortu, ETA quiso dejar claro que forma parte de la izquierda abertzale y que se sentía partícipe de los actos convocados en Gernika y en la localidad vasco-francesa de Baigorri. La renuencia de los integrantes de Bildu, y en especial de la izquierda abertzale, para romper abiertamente con la banda terrorista continúa brindando oportunidades a que sea ésta quien insista en erigirse en su valedora. Ayer el PNV quiso demostrar que su política no se ve condicionada por la competencia que supone la coalición independentista auspiciada por la izquierda abertzale; lo que subrayó con la advertencia ante un eventual «engaño» por parte de los herederos de Batasuna. Pero la ambigüedad en la que se movió Urkullu en su intervención permite suponer que el PNV espera a la convalidación legal de Bildu y al resultado que se derive de su posible participación electoral, sin descartar en ningún caso que la coalición independentista sea aliada en esa «gran movilización» que el presidente del EBB convocó para acabar con el pacto de gobierno entre el PSE-EE y el PP vasco. Cuestión esta última sobre la que la dirección jeltzale debería pronunciarse con mayor claridad.

Economía
La raíz de la crisis de la sanidad catalana
JUAN VELARDE ABC 25 Abril 2011

En Cataluña se ha retrocedido en la financiación de la sanidad pública. Da la impresión de estar detrás Andreu Mas Colell quien, como conseller de Economía, al contemplar las cifras, debe haber pronunciado un «non possemus» que se ha proyectado sobre los pacientes y sobre todo el personal de ese servicio. Y esto, ¿a qué se debe?

Los motivos son obvios. Por una parte, los que por fuerza se precipitaban sobre nosotros como consecuencia de un factor positivo. Ha aumentado la esperanza de vida de los españoles, y por tanto se incrementa el número de los viejos, y éstos son, entre cinco y siete veces más caros, en términos de costo de asistencia sanitaria, que los más jóvenes. Cosa que, naturalmente tiene lugar en toda España y que no ahorra a Cataluña. Pero a ello se añade que el desarrollo económico de los últimos años, y naturalmente también el de Cataluña, precisó de la mano de obra inmigrante que, en muchos casos, aumentó la llegada obligada de sus familiares.

La demanda de prestaciones médicas y farmacéuticas por parte de todos ellos ha sido muy importante. Simultáneamente, sobre el Mediterráneo español, desde la gerundense Costa Brava a la malagueña Costa del Sol, se descolgó una masa notable de turistas que mucho bien significan para nuestra balanza por cuenta corriente. Pero, como demostró ese buen estudioso del turismo que es Joan Fuster Lareu, la seguridad de la existencia de buenas atenciones sanitarias en el caso preciso, es uno de los soportes necesarios para que la corriente turística no se desvíe. Y eso afecta, naturalmente, también a Cataluña, que incluso tiene un papel importante —ahí están las investigaciones del profesor Cals en relación con el turismo de acampada— en el más barato, y por ello, más preocupado ante la posibilidad de tener, o no tener, asistencia sanitaria gratuita.

Todo eso nada tiene que ver, desde luego, con algo que Cataluña ha impulsado desde la Generalitat y que ahora pasa factura. Por una parte, actuó para romper el Sistema Nacional de Salud e independizarse en ese sentido lo más posible. Curiosamente, la obra la había culminado Ernest Lluch. Los productos todos relacionados con la salud, desde los medicamentos hasta el equipo capital que necesita un hospital moderno eficaz, tienen un alto grado de monopolio. Recuérdese, por ejemplo, lo que señaló la comisión británica sobre Monopolios y Prácticas Restrictivas en sus informes relacionados con el asunto del Librium, o sobre bienes para la odontología. Pero si frente a esos monopolios de venta existe un gran monopsonio, o sea, un gran monopolio de compra, pueden lograrse, y se han logrado, rebajas espectaculares en los precios. El que no existiese precio de equilibrio, favorecía al sector público. Pero este sistema nacional único se ha roto, en parte notable por la presión de Cataluña y la imitación subsiguiente por las restantes autonomías. Ahora existen 17 sistemas sanitarios diferentes compradores. Los prácticamente únicos vendedores de medicamentos y material para la sanidad se han frotado las manos porque han podido subir los precios. A esto se ha añadido otra cosa. Ciertas enfermedades que se presentan en un número escaso —las llamadas enfermedades raras— precisan de atenciones especiales, con procedimientos que nada tienen que ver con las habituales, ni en el personal sanitario ni en el complemento de equipo capital preciso. Desde los trasplantes a ciertas dolencias, eso es lo que sucede. Las economías de escala actúan en este proceso hospitalario de producción de servicios sanitarios como en cualquier otro proceso productivo.

Pero un prurito populista ha hecho que las 17 autonomías, y quizá con Ceuta y Melilla, ya hayan decidido poseer casi cada una todas estas prestaciones especiales. Las economías de escala se han venido abajo. Ya no es que exista una sola, o unas pocas, instituciones especializadas en Madrid, Barcelona y Sevilla, por ejemplo, sino que éstas se multiplican, y las economías de escala se vienen abajo.

La carrera estatutaria tiene su alto coste que, al añadirse al exceso de demanda relatado al principio, genera lo que tiene que generar: un fortísimo déficit presupuestario debido a la sanidad, y su derivado: una deuda pública que contribuye a esa altísima —un 16,2% de su PIB— que tiene Cataluña, y que por otro lado es el 27,6% del conjunto de la deuda total de las comunidades autónomas.

Todo lo que aquí se dice, en relación con el incremento general del gasto autonómico, es congruente con el decálogo de propuestas para la «racionalización del Estado autonómico» que acaba de publicar la Fundación Ciudadanía y Valores, avalada en este sentido por el doctor en Economía y conocido estadístico —aparte de haber sido presidente de la Comunidad de Madrid— Joaquín Leguina. Naturalmente, en cambio nada tiene que ver con ese nuevo señuelo de las balanzas fiscales, científicamente muy poco correcto. La gran pregunta es: ¿por qué los actuales dirigentes políticos estatales y de la autonomía catalana no parecen haber leído el espléndido artículo del gran hacendista James M. Buchanan, «Federalism and Fiscal Equity», publicado en «The American Economic Review», septiembre 1950?

España y los nacionalismos o la doble vara de medir que padecemos
Carlos Martínez Gorriarán  http://carlosmartinezgorriaran.net  25 Abril 2011

Permítanme comenzar por el final de este razonamiento, que va sobre la extraña manera de ver y entender los nacionalismos que domina en España. Vamos allá: uno de los tópicos sobre el parlamentarismo español dice que, a virtuosa diferencia de otros países europeos como Francia, Italia o Finlandia, la extrema derecha no ocupa ningún escaño en el Parlamento nacional (ni en la mayoría de los autonómicos, si exceptuamos el catalán por la SI de Laporta o de quien sea ahora). Una versión “progre” y taimada de este argumento agradece al PP esta excepción, ya que el gran partido de la derecha española habría hecho el favor de asumir la cuota de extrema derecha, haciendo innecesario un partido de ese perfil; en realidad este argumento insinúa lo que algunos publicistas dicen abiertamente, que en el PP la extrema derecha ya está representada por personas como Jaime Mayor Oreja o José María Aznar. Pero no es mi intención ahora refutar esta solemne tontería, sino indagar la afirmación del principio acerca de nuestra supuesta excepción democrática, de la que deberíamos sentirnos muy orgullosos: en España no hay partidos parlamentarios de extrema derecha. Sea por las virtudes aglutinantes del PP, o bien por estar escarmentados del invento tras los cuarenta años de dictadura: ese vendría a ser el consolador corolario.

Ahora bien, ¿será cierto que estamos libres de esa plaga? Me parece que no, pero para localizar esa extrema derecha disimulada yo no miraría hacia los escaños del PP. Investiguemos por otra parte, y para orientar bien el escrutinio examinemos primero los países vecinos con los que nos comparamos.

¿Quiénes componen la extrema derecha de nuestros vecinos? Partidos como el Frente Nacional, la Liga Padana o los Auténticos Finlandeses allá en el norte. ¿Qué tienen todos ellos en común?: sin duda alguna el nacionalismo exacerbado, el euroescepticismo, la insolidaridad fiscal (como negativa a transferir recursos a sus vecinos más pobres o desfavorecidos) y una xenofobia que puede ser más o menos intensa y se expresa en hostilidad a los inmigrantes, temor a la aculturación y defensa de las tradiciones locales. Esos son los ingredientes ideológicos de partidos que en España los comentaristas califican de neofascistas o de extrema derecha por abrumadora mayoría y con unánime hilo argumental; ayer mismo Soledad Gallego-Díaz nos ofreció un hermoso ejemplo en El País. Yo suscribiría buena parte de sus críticas y temores si no me desconcertara algo previo: que esos rasgos tan temibles en partidos franceses, italianos, holandeses o finlandeses se aceptan como algo normal en partidos españoles que, aplicando la misma vara de medir, deberían ser sentenciados de tan neofascistas como sus adláteres ideológicos. Y me refiero, obviamente, a PNV, CIU, ERC, BNG y el resto de la nutrida y repetitiva sopa de letras nacionalista (con nada menos que seis siglas con representación institucional en País Vasco y Navarra).

¿Acaso no llevamos soportando 30 años a PNV, CIU y ERC –por no hablar de Batasuna y sus sucesivos avatares- la defensa y la práctica constantes de esas políticas que tanto miedo dan si las defienden siglas de otros países: insolidaridad fiscal, ataques al Estado común, xenofobia y particularismo cultural exacerbado con imposiciones políticas antidemocráticas de por medio (como la “normalización lingüística”)? ¿Por qué resulta escandaloso que los Auténticos Finlandeses se nieguen a ayudar a Portugal cuando es lo que llevan haciendo todos los políticos vascos y navarros (excepto los de UPyD) con las CCAA más desfavorecidas de España (que en realidad aportan a los respectivos Conciertos Económicos), y lo que acaban de lograr los catalanes con su nuevo Estatuto? Lo explicó muy bien hace poco Ruiz Soroa. ¿Qué clase de miopía o hipocresía conduce a tantos analistas a condenar como ultrareaccionario en Finlandia o Italia lo que se considera progresista si sucede en País Vasco o Cataluña? Yo diría que esto es o bien una ola generalizada de estupidez, o bien un caso patente de corrupción intelectual.

De manera que, regresando al principio, si aplicamos la misma vara de medir a los partidos nacionalistas europeos y a los españoles, resultará que nuestra supuesta excepción democrática y progresista se desvanece en el aire: hay escaños de extrema derecha en el Parlamento español, todos los que corresponden a partidos con esas ideas y prácticas ultranacionalistas, es decir, CIU, PNV, ERC, BNG, NaBai… Ahora díganme si quieren que no es para tanto y que en esos partidos hay gente estupenda a la que no se puede tildar de neofascista de ninguna de las maneras, pero díganme entonces por qué sí a sus correligionarios del resto de Europa. Si queremos entender el mundo que nos rodea porque aspiramos a transformarlo en algo mejor, qué menos que medirlo con la misma vara.


Por lo demás, es una gran satisfacción escribir estas líneas en pleno y aburrido Aberri Eguna, una celebración sectaria nacionalista impuesta a los demás, dentro de un lote de símbolos sectarios que incluye bandera, himno y corónimo (Euskadi), como “fiesta nacional” de una nación que democráticamente no lo es. Sin embargo, pocas voces en el País Vasco discrepan de semejante imposición e incluso la mayoría la acepta como opción propia libremente elegida aunque diga no ser nacionalista. Un buen ejemplo de cómo las fuerzas no nacionalistas de izquierda y derecha han acabado mimetizándose de nacionalistas hasta el punto de llegar a creer, en un malabarismo digno de Orwell, que el nacionalismo que detestan y temen en otros países es en cambio el no va más del progresismo y la democracia en el propio. Seguiremos con este asunto, porque el nacionalismo vuelve a llamar a la puerta de Europa tras no haberse ido nunca de España: primero con Franco y sus secuaces, luego con los separatistas y ahora con sus imitadores acomplejados.

PD: y a los pocos días de publicar este post me descubren en Twitter esta joya de un navarro de la cofradía xenófobo-progresista, el editor José María Esparza Zabalegi. Puro desperdicio que no tiene desperdicio!

PLAN DE AJUSTE
La Generalitat despedirá a más de 1.000 personas de sus empresas públicas

Las empresas públicas y entidades deben o reducir un 6 % de su masa salarial o un 5 % de su plantilla antes del 30 de junio.
EFE La Voz 25 Abril 2011

La Generalitat despedirá antes del verano a más de 1.000 trabajadores de sus empresas públicas y organismos diversos en los que tiene más del 50 %, como parte del plan de ajuste que está llevando a cabo la administración catalana, han confirmado a Efe diversas fuentes del sector público catalán.

Según han reconocido portavoces de la consellería de Gobernación, responsable de la función pública, se trata de un ajuste que se aprobó en febrero de este año por el que estas empresas públicas y entidades deben o reducir un 6 % de su masa salarial o un 5 % de su plantilla antes del 30 de junio y hasta entonces no se sabrá la cifra exacta de los afectados.

El personal de las empresas públicas, consorcios, entidades mercantiles, fundaciones y organismos de diversa condición sumaba un total de 49.670 personas en el 2010, según consta en los Presupuestos de la Generalitat del año pasado, con lo que un 5 % de esa cifra serían más de 2.400 trabajadores, el triple del ERE que llevó a cabo Nissan en el 2009, el mayor de Cataluña en los últimos años.

Fuentes de Gobernación aseguran que, en todo caso, no se llegará a esta cifra de 2.400 despedidos porque se intentará reducir gastos a través de no cubrir bajas, suplencias y reducciones horarias para intentar que el ajuste resulte lo menos traumático posible y acercarse así a la reducción del 6 % de masa salarial.

Sin embargo, para Xavier Casas, responsable de la función pública de UGT en la Generalitat, «lo que está ocurriendo es un ERE encubierto porque afecta a personal fijo, sin ningún criterio económico, incluso despidos de personas que tenían 20 años de antigüedad».

Según los sindicatos, los despidos ya han empezado: en el Incasol se ha despedido a 22 trabajadores; en la promotora de vivienda pública Adigsa se han llevado a cabo 20 despidos; en el Instituto Cartográfico, otros 20; en el Parque Científico de Barcelona, 12.

En total, 74 despedidos a los que tan sólo se ha abonado 20 días por año trabajado, según denuncian las fuentes sindicales consultadas que además critican las bajas indemnizaciones con las que la administración catalana está aplicando este ajuste.

La coordinadora del Área Pública de CC.OO. de Cataluña, Josefina Pujol denuncia que «hemos intentado en varias ocasiones abrir conversaciones con la Generalitat para negociar un acuerdo global que permita recolocar a buena parte de los afectados y reducir el impacto social de esta medida, pero se han negado a recibirnos».

En Ferrocarriles de la Generalitat, por ejemplo, UGT ya ha denunciado que afectará a un total de 72 trabajadores, con lo que prevé un goteo de despidos los próximos meses hasta superar ampliamente los 1.000 afectados, una cifra casi igual a los 912 empleos netos que se destruyeron en Cataluña en todo el año 2010, según la Encuesta de Población Activa.

Gobernación alega que el ajuste no afecta a funcionarios con oposición ganada y que los perjudicados son en su mayoría interinos, personal contratado y eventuales para reforzar determinados horarios, turnos o servicios.

También señalan que el ajuste afecta a las 253 entidades y empresas públicas de la Generalitat; de éstas, el tripartito ya señaló que 103 podían desaparecer o integrarse en otras en un proceso de racionalización de la administración.

Los sindicalistas consultados han señalado que convocarán movilizaciones en defensa de un servicio público de calidad, como la que habrá el 14 de mayo en protesta por los recortes sociales en la Generalitat y esperan que, tal y como ha ocurrido en el sector sanitario, la Generalitat acabe reculando.

«No tiene sentido que en Cataluña, con un cuota de paro de casi el 18 %, la Generalitat sea parte del problema y no de la solución», ha lamentado Josefina Pujol.

Mas asegura que casi todos los castellanohablantes defienden la inmersión
 Minuto Digital 25 Abril 2011

El futuro presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado este jueves que casi todas las familias castellanohablantes defienden la inmersión lingüística en catalán en la escuela, tras recordar que la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) se refiere a tres casos “muy concretos y particulares”.

En su réplica a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, durante el debate de investidura, ha constatado que el programa de CiU difiere en su totalidad con el de los populares en materia de lengua, además de criticar que interpreten que la sentencia del TS contradice todo el modelo de inmersión.

Ha recordado que las leyes de Cataluña ya recogen la posibilidad de que las familias puedan optar por la educación en castellano, pero “hay pocas familias que lo hayan hecho, porque las familias castellanohablantes, hasta de gente que viene de fuera, ven en la escuela la única posibilidad de que estos niños, cuando sean adultos, estén integrados en un país que tiene una lengua desde hace 800 años”.

“Esta es una actitud positiva, de identificación con las raíces y el núcleo duro del ánimo catalán”, ha exclamado, seguido por un gran aplauso de algunos diputados del hemiciclo.

Además de destacar que el PP está “francamente en minoría” con esta posición, les ha instado a adaptarse a la realidad catalana y a respetar tanto el derecho que tiene la mayoría a defender la inmersión lingüística como la Ley de Política Lingüística.

“DECIR QUE CIU LLEVARA A CATALUÑA A LA INDEPENDENCIA ES PASARSE”
Mas también ha constatado las diferencias de CiU y PP en cuanto a modelo de país, pero ha advertido a Camacho de que está dispuesto a defender que Cataluña es una nación “hasta donde sea necesario y hasta el final”.

“Pero que se dedique a decir en el Parlament que CiU llevará a Cataluña a la independencia es pasarse de la raya” porque no está en el programa electoral de la federación, ha aclarado Mas, aunque sí defienden el no poner límites al futuro nacional de Cataluña.

Pese a ver imposible un acuerdo de CiU y PP en estos ámbitos, Mas sí le ha tendido la mano en materia económica para combatir la crisis, y ha aprovechado para pedirle una vez más que se sume a la defensa del pacto fiscal, tal y como hacen en Euskadi y Navarra.

ACUERDO CIU-PSC
También ha reivindicado la independencia de CiU a la hora de gobernar, pese al acuerdo suscrito entre la federación y el PSC para su investidura que responde a la voluntad de dar una continuidad institucional en Cataluña.

Ha negado así cualquier interpretación en la línea de que CiU y PSC van de la mano: “Cuando se constituyó el Parlament, la imagen era la contraria: íbamos del brazo con ustedes. Era un acuerdo secreto entre CiU y PP. Pero si no era verdad ese acuerdo, tampoco lo es este”.

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