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Recortes de Prensa   Jueves 5 Mayo 2011

 

El irresponsable Zapatero
Francisco Rubiales Periodista Digital  5 Mayo 2011

Zapatero, que quiere retirarse de la política como un prócer, cuando en realidad ha sido un payaso, acaba de afirmar que ni él ni su gobierno son responsables de la crisis, ni del desempleo masivo que está padeciendo España.

¿Quien es, entonces, el responsable? Según Zapatero, Aznar, pero esa acusación, utilizada cientos de veces, ya no es creíble.

¿Querrá Zapatero, cuyo gobierno ya dijo que el dinero público no era de nadie, instaurar un nuevo principio rastrero en democracia, según el cual los gobernantes no son responsables de sus actos, ni de los daños que causan con su mal gobierno? ¿Quiere todavía más impunidad, cuando la que disfruta es antidemocrática e indecente?

Zapatero es un caradura redomado, un gobernante dañino que, por los estragos que ha causado, merece ser declarado por los españoles "persona no grata" y sometido a juicio. Es un dirigente antidemocrático y sin altura que ni siquiera es capaz de asumir sus responsabilidades.

Ningún gobernante europeo actual, ni probablemente en todo el mundo desarrollado, ha concitado tanto rechazo de sus propios ciudadanos. Según las encuestas, el 80 por ciento de los españoles desaprueba su política y más de la mitad le exigen que dimita y convoque elecciones anticipadas. Ni siquiera el egipcio Hosni Mubarak, ni el tunecino Ben Alí, ambos derrocados por sus pueblos, tuvieron nunca tanto ciudadano en sus respectivos países como Zapatero en España.

Ha acumulado tanto rechazo y desprecio de su pueblo que ha tenido que prometer que no será candidato en 2012 para evitar a su partido un desastre electoral.

¿Tampoco es responsable del terrible endeudamiento de España? ¿No es responsable del despilfarro? ¿Y de haber utilizado el dinero público para comprar votos? ¿Y del uso reiterado de la mentira como política de gobierno? ¿Ni siquiera es responsable de haber dado alas al nacionalismo radical, con el que ha pactado sin otra justificación que mantenerse en el poder? ¿No es responsable tampoco de haber impulsado personalmente un Estatuto de Cataluña insolidario, desigual, que sólo beneficiaba a la casta política catalana, contrario a la Constitución y que ni siquiera era una demanda del pueblo catalán?

Zapatero es culpable de muchas cosas, de demasiadas, pero, sobre todo, lo es de haber introducido en España una política rastrera y envilecida que ha contaminado toda la sociedad española. Un gobierno que reconoce que premia a los agentes de policía que ponen más multas carece de decencia y ni siquiera merece el respeto de la gente honrada y digna.

Zapatero es culpable directo de haber destruido la confianza de los españoles en el poder político, de haber desprestigiado la democracia como sistema, de haber empobrecido al país, de haber despilfarrado, de haber alimentado l corrupción, de haber creado un Estado insostebible, tan monstruuoso que no puede ser financiado y que es la principal fuente de la ruina española, de haber destruido más de un tercio del tejido productivo español, de haber antepuesto siempre sus propios intereses y los de su partido al bien común y de haber hecho retroceder a España muchas décadas en prosperidad, decencia, orgullo, prestigio y dignidad.

Esa es la verdad y puede ser fácilmente probada ante tribunales independientes.

Secesión
No es la economía, estúpido
Pío Moa Libertad Digital 5 Mayo 2011

Si alguna posibilidad real tienen los separatistas de cumplir sus sueños, está en la inanidad política e intelectual de "Madrid", es decir, de los dos grandes partidos que se suponen nacionales: uno, porque su desprecio a España hace el juego al separatismo; el otro porque renunció hace tiempo a la lucha de las ideas, hasta vaciarse de ellas.

Una manifestación de esa inanidad consiste en la habitual reducción del problema a la economía. Así, esgrimen el argumento "decisivo" de que la secesión de Cataluña supondría gravísimos daños económicos para esa región, al perder su principal mercado en el resto de España, y que a su vez "Madrid" podría impedirle el acceso a la UE. Los dos argumentos apenas rebasan el nivel de la tontería.

La secesión de Cataluña podría traer cierto coste económico inmediato para ella –y para el resto del país–, por el resentimiento que crearía y algún posible, aunque poco probable, boicot a los productos catalanes; pero la lógica del intercambio comercial limitaría pronto ese efecto. La gente no compra productos catalanes por amor a Cataluña, sino por interés práctico, y el desamor actual de los españoles por su propio país hace que la clase empresarial española lo sea solo geográficamente, pues culturalmente es más bien anglosajona. Cataluña no perdería de modo importante el mercado del resto de España, y en cambio entraría cada vez más en la esfera de influencia económica francesa, dirección que siguen conscientemente los separatistas.

No menos ridícula es la amenaza de impedirle entrar en la Unión Europea. Si España llegase al grado de agusanamiento que permitiese tal secesión, debería aceptar también la integración de Cataluña en la UE, un asunto insignificante comparado con la enormidad de la secesión. Y si, dentro de la nulidad política corriente, "Madrid" se enrabietase con cerrar el paso a una Cataluña separada, ya se encargarían las potencias realmente dominantes de la UE de hacerle entrar en razón "con mano de hierro en guante de seda".

Y debe considerarse otro aspecto: en la estúpida casta político-intelectual española ha arraigado con fuerza indestructible la idea de que fuera de la UE no hay salvación. Pero Suiza o Noruega están feliz y prósperamente fuera, y Reino Unido mantiene dentro una posición muy especial, por poner dos casos. La propia experiencia de España, que nunca parece servir de nada a nuestros políticos, enseña que nuestro país creció mucho más rápidamente fuera de la CEE que dentro, y que la integración "en Europa" –como dicen demostrando nuevamente su sandez–, no nos ha librado de graves crisis económicas, como la actual.

Todo ello sin contar con que un país que consintiese tal secesión se hallaría sin fuerza política y moral para impedir el contagio de las tendencias disgregadoras a otras regiones. Porque el problema de Cataluña es político, cultural e histórico. Y en él entra la economía, por supuesto, pero solo de modo secundario y derivado. ¿Es tan difícil de entender?

El mejor homenaje a las víctimas del terrorismo islámico
EDITORIAL Libertad Digital  5 Mayo 2011

En los últimos días estamos asistiendo a un delirante espectáculo protagonizado por numerosos medios de comunicación, sobre todo en España, consistente en lograr que la operación militar que ha logrado abatir a tiros al terrorista más sanguinario del planeta deje de ser una espléndida noticia para la causa de la justicia y de la libertad y termine convirtiéndose paulatinamente en algo de lo que deba avergonzarse la democracia más antigua y sólida del mundo libre, los Estados Unidos de América.

En un primer momento los críticos de esta operación militar –impecable desde el punto de vista operativo, político y moral– se limitaron a cuestionarla sobre la base de algo tan estúpidamente obvio como que la muerte de Ben Laden no significaba la desaparición del terrorismo islámico. Nadie en su sano juicio, sin embargo, ha celebrado la desaparición física del principal responsable intelectual de la mayor masacre terrorista de la historia en base a esa memez, sino sobre la base de que su muerte ha sido un acto de justicia con el pasado, que acaba con su impunidad y que envía una señal nada neutra para los modernos enemigos de la sociedad abiertas: los Estados Unidos, lejos de doblegarse ante los terroristas, no cejarán en su empeño por castigarlos y derrotarlos.

Paralelamente, también se ha cuestionado la buena noticia sobre la base de que tal vez la noticia no fuera cierta. Así muchos medios de comunicación han exigido al Gobierno estadounidense que facilite la publicación de las fotografías del cadáver de Ben Laden como muestra de "transparencia" y como "prueba" de que efectivamente está muerto. Nada de ello es necesario: todo el mundo ha llegado a la convicción de que Ben Laden ha muerto no por una fotografía, sino por un análisis genético y sobre todo por la palabra del presidente de los Estados Unidos.

No menos frívola, pero mucho más perversa, es la crítica mediática que trata de cuestionar la determinación de abatir directamente al terrorista, en lugar de detenerlo y someterlo a enjuiciamiento de un tribunal, como si de una acción policial y judicial se tratara. Hacerlo de esta última forma habría sido, sin embargo, una irresponsable temeridad, que habría traicionado la lógica militar de esta operación. Estos medios críticos, que habrían igualmente criticado a Estados Unidos por detención ilegal, violación de la soberanía de Pakistan y violación de los derechos humanos por no someter al terrorista a un Tribunal Penal Internacional o aplicarle la pena de muerte, olvidan que tanto Bush como Obama han declarado y mantenido una declaración de guerra, y que tenían poderes presidenciales para ordenar la muerte de este genocida allá donde le encontraran.

El hecho es que todas estas críticas a EEUU con las que algunos creen incluso emular a Pericles en su defensa de la democracia ateniense son en realidad un canto a la debilidad y al suicidio frente a esta moderna Esparta que constituye el terrorismo islámico. Y desde luego, lo que no es menos evidente es que los norteamericanos no están para recibir lecciones, sino para celebrar la muerte de Ben Laden como el mejor homenaje que pueden rendir a sus millares de víctimas.

Con o sin Bin Laden
SERAFÍN FANJUL ABC  5 Mayo 2011

DESCONOCEMOS si, como dicen, los norteamericanos cumplieron, o no, con el cadáver de Bin Laden todos los pasos rituales que exige un funeral musulmán: lavarlo, amortajarlo con el sudario preceptivo, recitar la azora Ya-Sin (36 del Corán), endosarle las admoniciones y consejos correspondientes para que se enfrente a los ángeles Nákir y Munkar que lo examinarán… En todo caso, no lo enterraron mirando a La Meca sino que lo arrojaron al mar, según la versión oficial. A decir verdad, empantanarnos en largos parrafeos —similares a los que estamos oyendo desde hace un día— sobre los detalles técnicos de la operación puede ser sugestivo para desmenuzar una maniobra rocambolesca muy apta para confeccionar —malo que bueno— un guión cinematográfico (o guiones) como, sin duda, alguien en Hollywood —y quién sabe si hasta en Pallywood— estará ya pergeñando. A las gentes les gusta el misterio, la entronización de fábulas e interrogantes que terminan convirtiéndose en la verdad admitida, oficial y obligatoria en el imaginario colectivo a largo plazo.

Pero todo eso es folclore, y muy secundario. Y puede ser invalidado en un cierraojos, en todo o en parte, con la mera exhibición de unas fotos y la corroboración de la autenticidad de un ADN. Lo fundamental es que en esta ocasión —al parecer— sí está muerto el jefe del terrorismo islámico, al cual nuestros dirigentes socialistas insisten en encubrir con el eufemismo «terrorismo internacional»: no han aprendido nada y nada piensan modificar en su general estrategia de rendiciones preventivas. Pero esto tampoco importa: lo de veras significativo es que el presidente de Estados Unidos ha anunciado la ejecución del asesino y ya no queda espacio para las dudas en ese punto.

También es importante conocer la respuesta —que no se va a dar— acerca de la participación, o no, del Gobierno de Pakistán y de sus servicios secretos, infiltrados por los terroristas hace tiempo; calibrar el favor que Estados Unidos hace al régimen de Islamabad exonerándolo de responsabilidad a ojos de los musulmanes del mundo al haber actuado —dicen— al margen y saltándose los criterios de soberanía y etcétera; y no menos ¿providencial? ha sido la muerte del terrorista, que evita un largo y complejo juicio cuyo acompañamiento seguro serían cadenas de crímenes perpetrados por los llamados islamistas radicales, al alimón con pudibundos rasgados de vestiduras entre nuestros biempensantes, inasequibles al desaliento, por la conculcación de tal o cual precepto del siempre entretenido Derecho Internacional. Y pese a los tintes de ficción bélica, también todo puede ser cierto, incluida la acción de echar los restos al Índico, evitando santuarios y peregrinaciones.

¿Y ahora qué va a suceder? Los amenazados en primer término, obviamente, por las venganzas espontáneas o teledirigidas de islamistas adscritos a las diversas advocaciones y bandas del terrorismo islámico son Europa y Estados Unidos, pero de hecho el mundo está en el punto de mira. Los terroristas —todos, no solo los musulmanes— a veces matan a quien quieren, pero por lo general asesinan a quien pueden, los blancos más fáciles y alcanzables. En este caso, como en el pasado, las víctimas serán una monja en Somalia, una iglesia libanesa, un cura católico en Turquía o un obispo en Mosul, asesinados todos cuando Bin Laden vivía y por tanto no existía ese pretexto para reclamar venganza. Pero había otros: remotas acciones/reacciones en otros lugares del globo servían para atentar en Bali, Nueva York, Londres, ¿Madrid?... Aunque nunca hayamos visto a las guerrillas de Colombia, Uruguay, Argentina, Guatemala llevar sus actos criminales fuera de sus propios países, y menos en aviones, Metro o concentraciones humanas ajenas a esos conflictos.

La India, la ex Yugoslavia, Líbano, Turquía, Chipre, Chechenia, Irak, Indonesia, Filipinas, Sudán, Mauritania, Nigeria, Pakistán son países que sufren gravísimos conflictos de raíz religiosa y en los cuales el islam es una de las partes implicadas. Que en algunos de ellos existan factores étnicos y culturales de choque —degenerados en conflictos políticos— no elimina el predominio del elemento religioso: la seña de identidad distintiva (y que identifica y une con los musulmanes de otros lugares) es el islam, no la procedencia racial o la práctica de cualquier peculiaridad folclórica. Para nosotros es inimaginable a estas alturas que «voluntarios cristianos» acudan a Sudán o Nigeria a defender a los cristianos allí perseguidos y exterminados, pero nadie se escandaliza ya por el movimiento internacional de voluntarios islámicos de cualquier origen en Yugoslavia, Chechenia, Irak, Afganistán. Hablar de una internacional islámica no es una exageración, y, en especial, debemos ser conscientes de que los aspectos violentos, bélicos y de terrorismo son los más visibles y espectaculares, pero quizá no los más influyentes a medio y largo plazo. Creemos que la penetración masiva en el tejido social de comunidades islámicas —que reciben pero que no se dan— es mucho más grave por ir produciéndose una reacomodación paulatina en los criterios de opinión y comportamiento de manera unilateral, solo desde nuestra orilla, sin recibir nada a cambio. El carácter monolítico y hermético de las sociedades islámicas puras debería ser motivo de reflexión de nuestro lado: no van a admitir cambios de fondo ni evolución que no sea regresiva, excepción hecha de gestos cosméticos de cara a la prensa occidental, tan necesitada de coartadas para seguir llamando a la siesta.

Podemos decretar, o no, la existencia del choque de civilizaciones, pero los hechos continuarán ante nosotros, vivos y en expansión constante. Tal vez la expresión de Huntington, así como el conjunto de sus observaciones, resulte en exceso dramática, demasiado generalizadora, pero en algunos de los aspectos que cita y los datos que enumera hay tanta realidad que es imposible ignorarla. Si señala la presencia de musulmanes en tres de cada cuatro conflictos interétnicos y culturales registrados en los últimos treinta años, este constituye un hecho que podemos considerar —desde la perspectiva musulmana— con una visión paranoica, pues quedaría probada la conspiración antiislámica universal; o ignorar el dato, como se viene haciendo en los países occidentales, por lo menos hasta el 11 de setiembre de 2001; o concluir que algo debemos hacer más allá de autoinculparnos y asumir nuestra maldad innata, estimando inaceptable la inocencia total y hasta la negación de implicaciones de los musulmanes en los actos y las consecuencias de su vida cotidiana, política y cultural.

Y los «moderados» del islam, ¿dónde están? Seguimos esperando que se pronuncien, digan algo, muevan un dedo. De momento, los engalanados con tal calificación por nuestros políticos y periodistas ya están entonando la letanía habitual: es un error, otra muestra de imperialismo, mejor es no hacer nada (mágica triaca española para todo). Y dialogar: ¿con quién? ¿Sobre qué?

SERAFÍN FANJUL ES CATEDRÁTICO DE ESTUDIOS ÁRABES

Aquí yace el Constitucional, última víctima de ETA
Federico Quevedo El Confidencial  5 Mayo 2011

El Tribunal Constitucional tiene hasta las doce de esta noche para emitir una sentencia sobre la legalidad o no de la presencia de Bildu en las elecciones municipales del próximo 22 de mayo, pero no hace falta que apure el plazo porque ya sabemos lo que va a dictaminar: lo han puesto por escrito los seis magistrados progresistas del Tribunal Supremo que han emitido un voto discrepante de la mayoría, y le han dado el trabajo hecho al ponente del TC que solo ha tenido que hacer un copia y pega.

Pero, fíjense, lo que va a pasar hoy, más allá de lo que significa un paso atrás en la lucha contra el terrorismo desde el momento en el que les vamos a permitir volver a las instituciones, más allá de lo que significa de afrenta a la memoria y a la dignidad de las víctimas del terrorismo que van a ver como los amigos de los etarras vuelven a sentarse en los sillones consistoriales cuando no a gobernar los ayuntamientos, más allá de la constatación de que la actitud del Gobierno responde a un cálculo electoral que sitúa por encima de la defensa de la libertad y la democracia, más allá de todo eso significa la sentencia de muerte definitiva de la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Y esa es, sin duda, la mayor victoria que puedan apuntarse en su haber los terroristas y sus amigos que no son otra cosa que enemigos de la democracia y del Estado de Derecho.

Hay que reconocer que el Gobierno ha hecho bien los deberes y ETA ha sabido manejar los tiempos con habilidad. Presentaron Sortu, y el Gobierno hizo lo que debía hacer, es decir, promover su ilegalización con una mano al mismo tiempo que con la otra les daba argumentos a los magistrados progresistas del Supremo para que provocaran la división en el Alto Tribunal. Sabían todos que Sortu no pasaría el corte, y tenían preparada la alternativa de Bildu, un cajón de sastre en el que EA y Alternatiba servían de excusa para que los proetarras parecieran hermanitas de la caridad. Y, al hacerlo así, estaban tendiendo la trampa en la que parecía inevitable caer, es decir, ¿cómo se puede anular el derecho fundamental de dos organizaciones de las que nadie -yo no lo hago- duda de su legitimidad democrática para presentarse a unas elecciones? Difícil disyuntiva para los jueces: hurtar un derecho fundamental recogido por la Constitución, o aplicar la legalidad respecto de los amigos de los asesinos.

Lo que va a hacer el Tribunal Constitucional se llama fraude de ley. Y que lo haga el máximo órgano jurídico de nuestro país tiene unas consecuencias incalculables y probablemente imposibles de advertir hoy

El Gobierno era plenamente consciente de que el Tribunal Supremo actuaría conforme a la Ley, es decir, que haría lo segundo para preservar la naturaleza del Estado de Derecho, pero sabía también que le estaba dando argumentos al Tribunal Constitucional para que fallara en sentido contrario anteponiendo el derecho fundamental a la legalidad. Y probablemente tendrían razón si no fuera por un pequeño -no tan pequeño, obviamente- detalle que invalida ese argumento: son los propios partidos -EA y Alternatiba- que se prestan a servir de excusa para que Bildu pueda estar en las elecciones los que han renunciado unilateralmente a ese derecho fundamental, sabiendo como sabían que era muy factible, sino casi absolutamente seguro, que el Estado de Derecho no lo consintiera y utilizara todos los instrumentos a su alcance para evitarlo.

Lo que va a hacer el Tribunal Constitucional -y desde este mismo momento asumo que si no ocurre lo que estoy absolutamente convencido que va a ocurrir me tragaré mis palabras y asumiré mi error-, se llama fraude de ley. Y que lo haga el máximo órgano jurídico de nuestro país tiene unas consecuencias incalculables y probablemente imposibles de advertir hoy. El Tribunal Constitucional es un órgano político, elegido por políticos y por lo tanto carente de cualquier asomo de independencia. Tan es así que enseguida la opinión pública les pone etiquetas a los magistrados: progresistas, conservadores, nacionalistas… Sabemos a qué intereses sirve cada uno de ellos. Hemos visto cómo desde el poder político se advertía e incluso amenazaba a esa institución -todos tenemos grabada en nuestra retina la imagen de De la Vega riñendo a María Emilia Casas-, y sus últimas actuaciones -léase Estatuto catalán- han puesto muy en evidencia que se trata de un órgano excesivamente dependiente del color político del Gobierno de turno, pero ha sido en estas dos legislaturas de Rodríguez Zapatero cuando el Tribunal Constitucional ha iniciado el camino de su decadencia, camino que probablemente culmine hoy con una decisión que lo pone en la picota y lo convierte en un mero ‘brazo armado’ del Poder Ejecutivo, violentando así el objetivo de salvaguardia de la Constitución que la propia Carta Magna pretendía asignarle.

Y probablemente ese sea el error de partida. El Tribunal Constitucional se ha convertido en lo que nunca debió ser, es decir, una última instancia judicial. No era ese su papel, para eso está el Supremo, y en el caso que nos ocupa debía ser ahí donde acabara la travesía de Sortu y Bildu y la estrategia de ETA para estar en las elecciones. El Supremo ha dictado una sentencia conforme a derecho y conforme a leyes de cuya constitucionalidad no ha dudado nadie, luego si las leyes son constitucionales, también lo deben ser las sentencias que de ellas se derivan, y si existe alguna duda al respecto lo que debe valorar el Tribunal Constitucional es si la Ley de Partidos y la Ley Electoral se ajustan a la Constitución, pero no si Sortu o Bildu pueden presentarse a las elecciones porque para valorar eso ya están los tribunales ordinarios.

Fue Alfonso Guerra quien en cierta ocasión dijo aquello de que Montesquieu había muerto… Pues no señor. Es cierto que la izquierda ha intentado muchas veces enterrarlo, y esta vez ha conseguido anular su influencia sobre el sentido mismo de la democracia, pero hay quienes creemos que la separación de poderes forma parte de la esencia misma de un sistema político cimentado sobre la fe en la soberanía popular y las garantías que ese mecanismo de equilibrios ofrece para que nunca caiga en manos de un poder absoluto, y vamos a seguir denunciando hasta la saciedad cada intento por desequilibrar el sistema y pervertir la Democracia. Si el TC cumple con el guión que le ha marcado el Gobierno habrá perdido toda su credibilidad y su fiabilidad, pero nos estará dando un argumento para exigir su reforma y su transformación

Tribunales
El derecho de criticar y elogiar las sentencias
Guillermo Dupuy Libertad Digital  5 Mayo 2011

De las sentencias judiciales podríamos decir lo mismo que venía a decir Pericles de la política en Atenas: que si bien sólo unos pocos pueden darle origen, todos nosotros tenemos derecho de juzgarla.

Aunque en todos los regímenes políticos sea un imperativo legal el sometimiento a lo que dictaminen las sentencias, lo característico de las democracias es que ese deber de acatamiento no lleva aparejado una pérdida del derecho ciudadano a la hora de valorar públicamente las resoluciones judiciales según su buen o mal fundamentado criterio. Respecto a las sentencias judiciales se puede decir en democracia que hay de todo, como en la viña del Señor: hay sentencias buenas, malas y regulares. Hay sentencias incluso espléndidas, como las hay escandalosamente vergonzosas. La propia existencia del recurso de apelación o la del voto discrepante es un reconocimiento por parte del sistema de administración de Justicia del hecho de que las sentencias no son infalibles.

Desgraciadamente, sin embargo, en buena parte de la clase política y mediática de nuestro país impera un papanatismo, a veces estúpido, otras, interesado, según el cual todas las resoluciones judiciales merecen un mismo respeto y una misma valoración por parte de los ciudadanos. Esta errada "corrección política", propia de "demócratas parvenu" –valga la expresión–, nos presenta como falta de respeto al Estado de Derecho lo que, en realidad, es un ejercicio democrático esencial como es el de valorar las sentencias según nuestra particular escala de estimación, con extremos igualmente legítimos que van desde la admiración al desprecio.

Esta estúpida corrección política es, en el fondo, tan poco respetuosa con la democracia como la sería la de quienes censuraran la critica y la valoración de las políticas de un gobernante por el hecho de que éste haya sido designado democráticamente.

El derecho de crítica a las resoluciones judiciales, que incluso puede ser a veces considerado como un deber, está aun más justificado si tenemos en cuenta la designación política de los miembros de los máximos órganos judiciales que nos aboca a que el poder judicial sea una mera correa de transmisión del poder político. Esa falta de separación de poderes, y no el derecho de los ciudadanos a valorar lo que consideren oportuno, incluidas las sentencias de los tribunales, es la que constituye una lacra y una falta de respeto a nuestro Estado de Derecho.

Que conste que si digo esto no es porque dé por descontado que el Tribunal Constitucional vaya a hacer el trabajo sucio que el Gobierno de Zapatero –esta vez y gracias a la presión de las víctimas del terrorismo– no se ha atrevido a hacer con Bildu como sí hizo descaradamente con ANV. Lo digo porque el temor, que sí tengo, de que el Constitucional tumbe la sentencia del Supremo radica precisamente en esa dependencia política de nuestro sistema judicial, que es y seguirá siendo una lacra para nuestro Estado de Derecho, con independencia de que el fallo del Constitucional permita o impida que los proetarras vuelvan a colarse en las instituciones. Lo que pueden dar por descontado es que mostraré mi desprecio o mi elogio a los magistrados precisamente en función de cómo sea su sentencia.

La financiación de Al Qaida: drogas, secuestros y piratería
Disfrazadas sus acciones de un halo de fanatismo religioso, la financiación de la red terrorista no tiene nada que ver con los fundamentos del Islam y mucho con la distribución de cocaína en África
EDUARDO S. MOLANO / NAIROBI ABC  5 Mayo 2011

Disfrazadas sus acciones de un halo de misticismo y fanatismo religioso, lo cierto es que la financiación de Al Qaida poco o nada tienen que ver con los fundamentos del Islam. Ya en enero de 2010, la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA) denunciaba las conexiones entre Al Qaida en el Magreb Islámico, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los cárteles mexicanos encaminadas a garantizar una mejor distribución de cocaína a través del continente africano.

No en vano el propio director de la región andina de la DEA, Jay Bergman, calificó de “impía” la asociación entre ambos frentes, revelada tras la detención de tres miembros de la organización islamista -Oumar Issa, Harouna Toure y Idress Abelrahman- que lideraban un cargamento de droga hacia Estados Unidos.
65 millones de euros en rescates

Sin embargo, el tráfico de drogas no es la única fuente de financiación delictiva de Al Qaida. Según datos de la compañía de seguridad Gaops –dedicada a garantizar el transito en el Golfo de Adén-, desde 2005 el grupo islamista habría obtenido cerca de 65 millones de euros gracias al pago de rescates en secuestros practicados en la región africana del Sahel.

En la actualidad, la organización mantiene retenidos a cuatro ciudadanos franceses en Níger, cuya liberación se encuentra tasada en 90 millones de dólares. De igual modo, un agente de seguridad (también galo) permanece secuestrado desde julio de 2009 por las milicias somalíes de Al Shabab, consideradas la franquicia de Al Qaida en el Cuerno de África.

Unas prácticas delictivas que podrían haber encontrado un nuevo filón. Según denunciaba la pasada semana el primer ministro somalí, Abdulahi Farmajo, los clanes piratas que operan en aguas del Índico habrían empezado a colaborar con Al Qaida, para lograr así un mayor éxito en sus operaciones. “Estamos en primera línea de defensa contra dos plagas: la piratería y el terrorismo. Y estos males no solo trabajan en tándem, sino que están aprendiendo el uno del otro”, aseguró el primer ministro. La cuestión no es menor. El pasado año, los bucaneros somalíes obtuvieron cerca de 238 millones de dólares -de acuerdo a la organización Oceans Beyond Piracy- gracias al secuestro de al menos 1.016 marineros.

Sin embargo, y pese a estas novedosas prácticas, las arcas de Al Qaida continúan siendo nutridas, fundamentalmente, por medio de donaciones individuales, todas ellas de similar país remitente.

Dinero saudí para la causa yihadista
En un informe datado en 2009, la Policía paquistaní denunciaba que, cada año, organizaciones “caritativas” saudíes contribuían con cerca de 15 millones de dólares a la causa “yihadista”. De igual modo, en un reciente cable diplomático publicado por la organización Wikileaks, oficiales estadounidenses lamentaban que Arabia Saudí continuara siendo la principal base económica de Al Qaida.

Unas denuncias que no son ninguna novedad. Solo cinco años antes, en 2006, Stuart Levey, por entonces subsecretario para terrorismo del Departamento del Tesoro, aseguraba en una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos que, a pesar de que las pruebas eran evidentes, las autoridades saudíes habían fracasado repetidamente -consciente o inconscientemente- en la persecución de los donantes individuales que financian Al Qaida.

ESPAÑA
Preston, o la historia como fraude
Pío Moa Libertad Digital  5 Mayo 2011

Leo esta afirmación del señor Preston sobre mi persona: "Hay mentiras en cada página de su libro". (¿Cuál?). Muy bien. Ahora solo le queda demostrarlo, y vuelvo a animarle a que lo intente de una buena vez. Yo, en cambio, sí he documentado ampliamente sus muy frecuentes mentiras y manipulaciones (bueno, no todas, porque es casi imposible).

En realidad, su método historiográfico queda bastante bien retratado en la inconsecuencia de su frase. Obsérvese también su respuesta a la crítica de que ofrece cifras distorsionadas, hecha por Stanley Payne: "Que Payne explique su trayectoria desde la izquierda a la extrema derecha". Es decir, el problema no está en los hechos, sino en que Payne –asegura, tergiversando de nuevo la realidad– se ha vuelto de "extrema derecha". Un método de debate, por cierto, empleado masivamente por los marxistas y afines. Otra de sus hazañas metodológicas consiste en habernos descubierto que el homenajeado Carrillo tuvo –¡quién lo hubiera creído!– responsabilidad en Paracuellos. En fin, un historiador de postín, muy respetado no ya por la izquierda sino por la derecha, desde los absurdos halagos que Ansón le tributó para presumir de antifranquista. El nivel.

El último libro de Preston es un fraude desde el mismo título. Fraude en el doble sentido de mencionar un inexistente holocausto español, trivializando de paso el judío, y de emplear la palabra con evidentes fines comerciales. Su tesis, no menos falsa bajo la pretendida objetividad de reconocer (¡a estas alturas!) que "también" hubo crímenes en la izquierda, consiste en la vieja historieta de que la represión nacional hizo el triple de víctimas que la del Frente Popular, y que cualitativamente no pueden equipararse una y otra: "No puedo tratar igual a un violador que a una violada".

El violador sería el bando nacional y la violada el Frente Popular, que él identifica –de nuevo falsamente– con la república del 31. Como he expuesto con todo detalle en Los orígenes de la guerra civil, la violación, si así queremos llamarla, fue emprendida en octubre de 1934 por el PSOE y la Esquerra, apoyados por prácticamente toda la izquierda, con el propósito textual de organizar una guerra civil; y continuó después de las elecciones de febrero del 36, en una verdadera orgía de crímenes e incendios, hasta que se provocó la continuación de la guerra civil, a la que tan aficionadas fueron nuestras izquierdas, que incluso organizaron otras dos en su propio seno.

La violada fue, por un lado, la república del 31, su Constitución y su legalidad, y por otro la masa de población católica y derechista, hasta que decidió defenderse. Las izquierdas, con mayor o menor intensidad, quisieron la guerra civil porque estaban convencidas de ganarla –y casi la ganaron al principio–, pero sus cálculos terminaron por salirles errados. Me permito animar a Preston y compañía a abandonar su pereza intelectual e intentar desmentir estos extremos, que creo haber probado con los documentos de la izquierda.

En fin, presentar como víctima de una violación a un Frente Popular formado por marxistas revolucionarios, stalinistas, golpistas tipo Azaña o Companys, anarquistas y racistas, bajo la tutela de Stalin, es la osada falsificación base de todas las demás. Lo he expuesto en La quiebra de la historia 'progresista'. Pero se ve que estos señores esperan tener siempre una clientela de ignorantes o fanáticos a quienes explotar.

En cuanto a las cifras de la represión, ya Ramón Salas Larrazábal las puso en su lugar, corregidas luego por A. D. Martín Rubio. Pero el asunto se ha convertido para algunos en un negocio bien subvencionado desde el poder, y la realidad les da igual. No hay debate. Les basta descalificar como "de extrema derecha" o "fascistas" los estudios que abandonan la propaganda y van a los hechos. Recordaré, muy en resumen, que el terror lo empezaron las izquierdas; que en el bando izquierdista no fue un terror popular o espontáneo sino organizado por los partidos y el gobierno; que el número de víctimas fue muy parecido en los dos campos; que el extremo sadismo en el terror de izquierdas no tiene parangón en el bando nacional; que las izquierdas practicaron el terror entre ellas mismas, lo que tampoco ocurrió entre los nacionales. Que intente Preston refutar estos datos básicos con otros datos y argumentos, y le prestaremos atención. Sus distorsiones son tan amplias que resulta imposible abordarlas en un artículo. Las he tratado más en detalle en el libro Los crímenes de la guerra civil, que, desde luego, él no ha rebatido en momento alguno.

Una frase llamativa de Preston: "El Valle de los Caídos es una maravilla, pero hay que explicar que fue hecho por presos republicanos". Bien por la primera parte del aserto, mal por la segunda. Hubo allí muy pocos presos, no eran republicanos sino rojos acusados de crímenes, cobraban salario y redimían penas por el trabajo. Y el Valle terminó tomando un carácter de reconciliación nacional que ahora se intenta destruir. Otra frase del autor: "La mayor dificultad para escribir mi libro ha sido poder mantener mi equilibrio psicológico leyendo tantos horrores en ambos lados". A muchos ingleses siempre les ha encantado/horrorizado la crueldad española, y se ve que Preston tampoco sabe mucho de la historia de su propio país. ¿Ha probado a mantener su equilibrio psicológico leyendo acerca los bombardeos de terror ingleses sobre la población civil alemana, que causaron varias veces más víctimas que el terror de los dos bandos en la guerra española?

******************* Sección "bilingüe" ***********************
ETA no puede ser
Editoriales ABC  5 Mayo 2011

El objetivo de los mensajes de apoyo socialista a Bildu es presionar al Tribunal Constitucional para que ampare a la coalición

DESDE distintos ámbitos del socialismo, tanto desde federaciones tan relevantes como la vasca y la catalana como desde el propio Grupo Parlamentario en las Cortes, se ha pedido al Tribunal Constitucional que revoque la anulación de las candidaturas decidida por el Supremo por ser Bildu una iniciativa de ETA. Mucho ha retrocedido la izquierda, y el PSOE en particular, en sus convicciones en la lucha contra la banda etarra si algunos cargos parlamentarios y del partido no solo contradicen abiertamente la tesis del vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los informes policiales, sino también el pronunciamiento de la Sala del 61. Lo expresado por estos socialistas es una declaración de apoyo explícito a lo que el Supremo ha calificado como herramienta de ETA para estar presente en las instituciones. Esta inconcebible benevolencia hacia los proetarras es lo que rompe la unidad democrática frente a los terroristas, y no las exigencias del PP de que se aplique la ley con rigor.

El objetivo de estos mensajes de apoyo socialista a Bildu es presionar al Constitucional para que ampare a la coalición. También ronda sobre el TC el chantaje del PNV de romper con el Gobierno socialista si, al final, Bildu se queda fuera de las elecciones. Resulta desolador que el socialismo español sea la brecha del muro democrático y se dedique a sembrar la confusión justo en el último tramo de un largo proceso de saneamiento de la democracia en el País Vasco, iniciado con la ilegalización de Batasuna en 2003 y que debería culminar hoy, antes de medianoche, con el veto legal y legítimo del Estado de Derecho a unas listas que son títeres de ETA para perpetuar su presencia en las instituciones.

La sentencia del Supremo se basó en pruebas lícitas, suficientes, valoradas de manera motivada, en conexión con la trayectoria de la banda terrorista, y con pleno respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas, mucho mejor protegidos si ETA y sus secuaces no vuelven a pisar un ayuntamiento o una diputación foral. La anulación electoral de Bildu decidida por el TS no fue para ETA una noticia «agradable», por utilizar el mismo término con que, al parecer, fue calificada la presencia de Bildu el 22-M durante una reunión del Grupo Socialista del Congreso.

«Courtesy of the red, white and blue»
César VIDAL La Razón  5 Mayo 2011

Cuando tuvo lugar el atentado de las Torres Gemelas uno de los compositores e intérpretes más importantes de la música country actual escribió una canción titulada «Courtesy of the Red, White and Blue». En ella comenzaba diciendo que los soldados americanos son los responsables de que cada ciudadano pueda dormir en paz por las noches ya que velan por su seguridad. Precisamente por ello, en un momento en que un miserable había atacado a traición a Estados Unidos ordenándolo desde un lugar perdido del globo, lo único que cabía esperar era que, en cualquier momento, el ejército americano lo encontrara y le ajustara las cuentas en un acto de cortesía del rojo, el blanco y el azul, es decir, de los colores de la enseña nacional.

Esta semana he sido testigo de cómo las palabras de Toby Keith no eran un exabrupto lírico de un cantante patriota –sí, en Estados Unidos los cantantes suelen ser patriotas– sino la expresión musical de lo que sienten centenares de millones de norteamericanos. Sin embargo, mientras los norteamericanos se han lanzado a las calles gritando su alegría porque ha desaparecido un terrorista, en estos pagos los nacionalistas catalanes de CiU, la ERC e IpC y a los vascos del PNV lamentan compungidos que ETA no pueda estar en las próximas elecciones y a semejante orgía de desvergonzada obscenidad se suma nada menos que el PSC.

Se podrá alegar que los anglo-sajones son odiosos; que la herencia política de los puritanos sobre la que se han construido los Estados Unidos es herética y que incluso Inglaterra hubiera sido mucho más dichosa y santa si Felipe II –que llevó a España a la bancarrota en repetidas ocasiones– hubiera logrado invadirla. También se podrá decir que Reagan era un viejo, Sinatra, un mafioso y Elvis, un gordo. Vale. Lo que quieran, pero lo cierto es que en Estados Unidos, es impensable que una organización terrorista se presente a las elecciones; o que haya un partido político que no deje de ayudar a una banda terrorista; o que se enseñe en las escuelas públicas las tesis políticas de ese terrorismo; o que se emplee dinero público en respaldar a una organización terrorista; o que haya clérigos que apoyen a los terroristas y coloquen en pie de igualdad a las víctimas y a los asesinos; o que los medios de comunicación, en comandita con partidos políticos, obstruyan la investigación sobre un atentado terrorista; o que un sector regional de cualquiera de los dos grandes partidos reclame que una organización terrorista esté presente en unas elecciones; o que las fuerzas del orden dejen de buscar a criminales como Josu Ternera, De Juana Chaos o Troitiño ya que, precisamente, lo que se hace es perseguir a asesinos como Ben Laden hasta capturarlos o abatirlos por cortesía del rojo, el blanco y el azul.

Nuestro paralelo a la euforia de los americanos es el quinto aniversario del chivatazo del Faisán y la visión terrible de Urkullu y Durán i Lleida gimoteando porque ETA no está en las elecciones. Quizá en ese paralelismo tan desgarrador y doloroso se halle la clave para explicar por qué a cada día que pasa siento más admiración por los Estados Unidos y por sus ciudadanos y esta España nuestra me causa, por el contrario, una creciente consternación.

Los límites del Constitucional
El Editorial La Razón  5 Mayo 2011

Bildu presentó ayer el recurso ante el Tribunal Constitucional en el que ha solicitado que revoque la decisión del Tribunal Supremo de anular todas sus candidaturas. La decisión final debe conocerse en un plazo máximo de tres días, como fija la Ley, aunque otras interpretaciones adelantan el plazo a las doce de la noche de hoy, que es cuando arranca oficialmente la campaña electoral. Que ETA se cuele o se quede fuera de las instituciones está en manos de un Tribunal que cuenta en estos momentos con una mayoría de magistrados nombrados por el PSOE.

Si sólo nos atenemos a la interpretación lineal de la norma o a la opinión de los expertos, es muy improbable que el Tribunal Constitucional rectifique la sentencia del Supremo. Debe tenerse muy presente que el TC no es un órgano jurisdiccional ni una instancia de casación, función que corresponde al TS. La función del Constitucional está perfectamente delimitada como garante de los preceptos constitucionales. Por tanto, sería una grave anomalía del sistema que actuara de otra forma.

Lamentablemente, en los últimos años el TC ha asumido un papel que no le correspondía en determinados procesos, lo que ha provocado una tensión esterilizante entre ambos tribunales. Por eso, que anulara la sentencia del Supremo contra Bildu en aplicación de una ley de partidos que ya ha pasado los filtros constitucionales supondría alterar no sólo equilibrios institucionales, sino también principios esenciales del Estado de Derecho, como la seguridad jurídica o el engranaje competencial de los tribunales superiores.

Mientras la posición del Supremo no choque con la Carta Magna no puede ser constitucionalmente impugnada, y esa premisa no se da en este caso. O lo que es igual, que se pretenda defender que la interpretación del Tribunal Supremo sea discutible no conlleva que sea constitucionalmente objetable, que es el campo sobre el que debe desenvolverse el TC. Si el fallo se atiene sólo a criterios jurídicos, Bildu no estará en las elecciones municipales y forales del 22 de mayo. Las pruebas aportadas por las Fuerzas de Seguridad sobre su dependencia de ETA, con documentos de la banda y conversaciones intervenidas, son contundentes, y así lo reconoció una mayoría de magistrados en el Supremo.

Otra decisión sería muy grave para la democracia. Que existiera la sospecha de que el Constitucional actuara por motivaciones políticas supondría otro mazazo a su credibilidad, y con ella la del propio edificio judicial. No prejuzgamos nada ni damos por sentado que la composición del tribunal favorable al Gobierno determine el fallo. Pero tampoco podemos ignorar que en torno a esta decisión se han tejido presiones políticas, intereses de partido y propósitos ocultos. Lo cual, sumado a la ambigüedad de los dirigentes socialistas sobre la sentencia del Supremo y a la naturaleza de la coalición proetarra, alimenta conjeturas inquietantes. La politización de la Justicia es una corrupción del sistema que los partidos no han sabido o no han querido solventar a costa de mantener bajo el foco de determinados intereses el trabajo de un tribunal esencial. Pero hoy, el TC tiene una excelente oportunidad para reivindicar su prestigio, su rigor y su independencia.

¿Será el TC agente blanqueador?
Editorial www.gaceta.es  5 Mayo 2011

El Tribunal Constitucional acumula en su historial sonoros atropellos contra el derecho, desde el plácet a la cacicada felipista contra Rumasa hasta el espectáculo de pasteleo partidista que ofreció los tres años que invirtió en avalar la mayor parte del Estatut.

El Tribunal Constitucional acumula en su historial sonoros atropellos contra el derecho, desde el plácet a la cacicada felipista contra Rumasa hasta el espectáculo de pasteleo partidista que ofreció los tres años que invirtió en avalar la mayor parte del Estatut. No le va a la zaga el que ahora podría consumar, si triunfa la tesis progresista, al blanquear a los cachorros del terrorismo para que concurran a las urnas el 22 de mayo.

Confía el PP, como les contamos hoy, en que el voto de uno de los jueces del ala progresista de la Sala Segunda –el catedrático Luis Ignacio Ortega, jurista de probada solvencia– rompa el empate ideológico, incline la balanza del lado conservador y que el TC, en consecuencia, impugne las candidaturas de Bildu.

Ojalá. Su honradez jurídica salvaría los muebles del Estado de derecho y evitaría la nueva afrenta a las víctimas del terrorismo. Aunque es una triste gracia que asunto tan crucial dependa del equilibrio partidista, con un voto de más o menos. Lamentablemente, es alto el riesgo de que el Constitucional termine cumpliendo la función de agente blanqueador de las listas que parece haberle tocado en suerte en el guión del cambio de cromos con ETA.

Lo indica, en primer lugar, el mero hecho de que prime el celo garantista del tribunal, al entrar a considerar los peros de los proetarras, cuando el Supremo ha dejado claro que las candidaturas son “testaferros de Batasuna”. Es preciso dar la razón a Esperanza Aguirre, que venía a recordar que el Constitucional no puede convertirse en un Tribunal Supremo del Tribunal Supremo. Lo indica, en segundo lugar, el carácter sectario de quienes pueden tener la última palabra en una liza de infarto: Pascual Sala y Eugenio Gay.

Pascual Sala, un clásico del felipismo, que llegó a ser calificado como “lord protector del crimen”, negó que González declarara por los GAL y permitió la liberación de la Mesa de Herri Batasuna desautorizando al Supremo. Y junto con Gay (y Pérez Vera) apoyó desde el TC la excarcelación del asesino Troitiño.

Con estos mimbres, ¿qué se puede esperar del fallo del Alto Tribunal?
Singularmente cuando el trámite en el TC no es sino el penúltimo capítulo –aún queda la apelación de los proetarras a Estrasburgo– del culebrón de presiones políticas para que Bildu llegue a las instituciones. Mucho se juega el PSOE que, como acaba de revelar el PNV, acordó con este la presencia de los proetarras en las urnas. El apoyo nacionalista fue decisivo para la aprobación de los Presupuestos y para sostener la legislatura y el Gobierno no puede arriesgarse a quedarse en “la cuerda floja” –como advierte Erkoreka– sin el respaldo del PNV, de suerte que sus correas de transmisión en el TC van a estar muy activas en las próximas horas. Eso explica las brechas producidas en el PSOE, que van desde las reticencias de Bono a un fallo favorable a Bildu al incomprensible juego de una víctima con síndrome de Estocolmo como Eduardo Madina, que espera “una noticia agradable”.

La baza que le ha dado fuelle a una banda de gángsteres durante 40 años ha sido la coartada política. Sin la complicidad de los nacionalistas y la presencia que han ido teniendo los acólitos del crimen en las instituciones, camuflados en formaciones políticas, ETA se hubiera extinguido hace décadas. Bildu es un nuevo intento por aferrarse a ese tablón ante el naufragio de una banda más débil que nunca. Del Constitucional depende que no se burle al Estado de derecho y tome aire, poniendo el pie en los ayuntamientos y chupando del erario público.

Motivos para estar intranquilos
Espero y deseo que el Tribunal Constitucional rechace la demanda de Bildu.
Alfredo Dagnino www.gaceta.es  5 Mayo 2011

Habremos de proclamarlo una y mil veces. Vivir en democracia exige aislar el terrorismo y a todos aquellos que, directa o indirectamente, hacen causa común con él. Es este un imperativo moral que debe traducirse en una práctica política clara y nítida, carente de fisuras, de tibiezas y de ambigüedades.
Es de justicia reconocer que la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos constituyó un hito verdaderamente relevante a estos efectos.

La aplicación de dicha ley fue decisiva en orden a procurar la ilegalización de Batasuna, que, desde entonces, no ha dejado de promover distintos cauces de participación en procesos electorales con el fin de tratar de eludir simulada y fraudulentamente las consecuencias de la ilegalización y así perpetuar su presencia activa en las instituciones representativas, un planteamiento que ha persistido en los últimos tiempos y singularmente con vistas al inminente proceso electoral del 22 de mayo.

A tal efecto, el complejo ETA-Batasuna planteó en primera instancia la concurrencia en dicho proceso mediante una nueva marca, Sortu, pero al apreciarse por la Sala Especial del Tribunal Supremo la continuidad o sucesión prohibida por la Ley Orgánica de Partidos, se acordó denegar su inscripción en el Registro de Partidos. A la vista de ello, el mismo entramado filoterrorista no desistió de su empeño y volvió a la carga, planteando esta vez una estrategia de convergencia con otras fuerzas políticas abertzales que le permitiera articular una presencia electoral bajo la cobertura de partidos políticos “legales” y no sometidos a tacha alguna desde la perspectiva de la Ley de Partidos. Singularmente dirigió sus esfuerzos a la búsqueda de acuerdos electorales con Eusko Alkartasuna y con Alternatiba, una escisión de Izquierda Unida/Esker Batua, llegando a un acuerdo dichas formaciones políticas sobre la composición de las candidaturas electorales en los diversos municipios mediante un pacto de representación proporcional e insertando a candidatos intitulados “independientes” que exceden en mucho a los propios de los dos partidos políticos. Así es como surge la coalición electoral Bildu, una iniciativa que responde al designio inicial del acuerdo suscrito entre Batasuna, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, y que, de prosperar, permitiría al complejo ETA-Batasuna volver a la presencia institucional, en este caso en las Administraciones territoriales, con garantías operativas.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado interpusieron sendos recursos contencioso-administrativos contra los acuerdos de proclamación de las candidaturas de la citada coalición electoral adoptados por las correspondientes Juntas Electorales, que han sido estimados por la Sala Especial del TS en sentencia de 1 de mayo de 2010, declarándose contrarios a Derecho y anulándose los actos de proclamación de las citadas candidaturas. La sentencia es taxativa, al declarar que el acuerdo entre las formaciones citadas responde a una estrategia que busca “dar presencia electoral camuflada a un partido ilegalizado”, tal como resulta de documentos interceptados por las fuerzas policiales y que la realidad de las cosas demuestra que las candidaturas efectivamente presentadas han seguido fielmente el plan trazado, en la medida en que responden en su composición y hasta en el orden de presentación de los candidatos a las consignas que en el acuerdo se daban. Por lo demás, resulta sorprendente que en la mayoría de las candidaturas los puestos más numerosos y relevantes lo ocupan los llamados “independientes” frente a los candidatos que pertenecen a los partidos legales, una presencia y una relevancia en las listas electorales que sería inimaginable si no fuera razón de una concertación previa.

No hay duda, pues, para el TS, de que el esquema diseñado a través de Bildu constituye el instrumento a través del cual el complejo de Batasuna ha desarrollado su estrategia defraudatoria para copar los puestos principales en las listas y asegurar así su presencia en las instituciones. A mi modo de ver, la sentencia resulta impecable, está bien fundamentada y contra ella no cabe recurso alguno, sin perjuicio, en su caso, del recurso de amparo ante el TC.

Dicho recurso no representa, como es bien sabido, una nueva instancia de revisión jurisdiccional, sino un cauce para conocer posibles violaciones de los derechos fundamentales.

Espero y deseo que el TC rechace de plano la demanda de amparo, quedando definitivamente vedada la concurrencia a un proceso electoral y el consiguiente acceso a las instituciones de quienes, como dice la sentencia del Tribunal Supremo, son y actúan como “testaferros de Batasuna” y “vicarios de su programa y de sus consignas”. Lo espero y lo deseo por el bien de España y porque difícilmente la Nación podría resistir más embates que contribuyan a erosionar aún más, si cabe, el prestigio y la solvencia de instituciones fundamentales del Estado como el TC, que pongan en tela de juicio su independencia por mor de los condicionamientos políticos, o que lleven a la ciudadanía al convencimiento de que la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas queda subordinada a los intereses políticos. Lo espero y lo deseo aunque ciertamente creo que hay motivos para estar intranquilos.

*Alfredo Dagnino es presidente de la Fundación Intereconomía y letrado del Consejo de Estado.

Sortu-Bildu: el laberinto
Si en una coalición donde existen un partido consolidado y un micropartido se integran independientes y son estos quienes controlan la situación es que proceden de una formación política que dirige la operación de manera encubierta
ANTONIO ELORZA El Correo  5 Mayo 2011

El tema de la participación de Batasuna en las elecciones, bajo esta o aquella fórmula, tiene dos dimensiones: una, la judicial, en la medida que de una u otra resolución del Tribunal Supremo primero, y del Constitucional luego, depende su presencia en los ya inminentes comicios del 22 de mayo; otra, de fondo, en qué grado toda esta secuencia, incomprensible para quien no conozca de cerca el laberinto vasco, puede influir sobre la normalización definitiva de la vida política, es decir, sobre la desaparición de ETA, del terrorismo.

El primer aspecto es ya de suyo complicado, según ha podido comprobarse con las dos votaciones casi igualadas del Supremo. Lógicamente, sin ser jurista, resulta difícil encontrar una salida adecuada al otro laberinto en que se han metido los magistrados, signo por lo demás de que la aplicación de la norma no resulta fácil. Tal vez como observadores podríamos ver las cosas con mayor claridad si miramos al espíritu de la ley, que consiste en vetar la reproducción de Batasuna bajo uno u otro disfraz, si no modifica sustancialmente su posición antes comprobada de dependencia respecto de ETA, y en cambio garantizar su reencuentro con la legalidad si por encima de la continuidad en personas y en finalidad independentista, tiene lugar un rechazo efectivo y veraz de la estrategia de los practicantes del terror.

Llegados a este punto, el laberinto se abrió a una serie de galerías ciegas, de falsas salidas, como la de pensar que resultaba posible exigir de los dirigentes de la izquierda abertzale, bien una condena explícita de ETA, empleando ese término, bien un deseable mea culpa por los crímenes pasados, cosas ambas que no figuraban en la ley de Partidos. Y que por lo demás chocaban con la experiencia histórica, apreciable en las Brigadas Rojas italianas, donde bastó con el reconocimiento de la inadecuación de la vieja táctica para disolver el movimiento, y con la triste realidad que Fernando Reinares acaba de mostrar en su 'Patriotas de la muerte', segunda edición: los exetarras no se arrepienten de lo que hicieron.

Tampoco vale esperar a la desaparición de ETA, porque justamente una sincera reconversión de Batasuna en partido independentista democrático sería una excelente contribución al fin del terror.

Desde este punto de vista, la presentación del 7 de febrero pareció marcar un antes y un después en la trayectoria política de la izquierda abertzale. Ateniéndose a los estatutos y a las intervenciones no había espacio para la duda. El problema venía de un antes y de un después. Antes, la circular de Batasuna en enero sugería un acomodo con ETA que si bien respondía a la ya sabida voluntad de autonomía política, no garantizaba la independencia de Sortu. Luego, de acuerdo con la sentencia de Estrasburgo, en la valoración debían entrar los comportamientos, y aquí la gran sorpresa fue la inexistencia del nuevo partido, salvo para una declaración importante respecto de los sucesos de Francia. Difícilmente cabe legalizar un tipo de formación sin vida política propia, por mucho que los dos pasos dados supongan otros tantos avances hacia la democracia.

De nuevo ateniéndonos al espíritu de la ley, lo de Bildu es menos problemático, puesto que en este caso sí encontramos una reiteración de tácticas previamente empleadas por Batasuna. La primera fue dar vida a partidos fantasmagóricos, como aquel Comunista de las Tierras Vascas, conseguir que los harapos exteriores encubrieran la mercancía averiada; luego sirviéndose de unas siglas históricas con ejecutoria de nobleza, ANV, para la misma misión, y ahora según todos los signos coaligándose con otra formación legal, tristemente en caída libre, que así ganaría la supervivencia. La prueba del algodón ofrece aquí una total seguridad: si en una coalición donde existen un partido consolidado, aunque agonizante, y un micropartido, se integran independientes a título supuestamente personal, y quienes controlan la situación y la previsible representación en posiciones determinantes son estos mismos independientes, es que los tales proceden de una formación política que dirige la operación de manera encubierta. Más aún, como contamos con textos de ETA a favor de semejante artilugio, amén de la respuesta de Bildu ante el episodio de Francia, solo un ciego que no quiere ver puede avalar el visible fraude de ley.

Sea como sea, habida cuenta de la voluntad de normalización a toda costa dominante en la opinión pública vasca, Gobierno vasco incluido, y de la confusión mostrada por el poder judicial, el balance político del episodio no puede ser más negativo. Lo que en un principio pareció marcar una nueva etapa a la irlandesa, en que el independentismo político impusiera su auténtica 'alternativa democrática' a ETA, ahora se abre hacia un escenario de inseguridad, donde esa mutación efectiva pasa a segundo plano y, bien el fraude de ley, bien la frustración, caracterizan a las previsibles vías de resolución.

Bildu en manos del PSOE
Alfredo Casquero ESD  5 Mayo 2011

Confieso que no las tengo todas conmigo. Mi natural desconfianza hacia la política, aumenta en proporciones estratosféricas cuando los socialistas, Rubalcaba al frente, hacen acto de presencia. Cuando apareció la noticia de la decisión del Tribunal Supremo sentí un íntimo orgullo, como hacía mucho tiempo no sentía, por nuestra democracia. Luego me repuse, y al pensar en el hecho de que ha de pasar un último filtro el orgullo se convirtió en pesadumbre. Días atrás, Rubalcaba contestó airado a una pregunta de una periodista que diseccionaba políticamente la composición del Tribunal Constitucional e inquiría al Vicepresidente sobre la futura decisión del tribunal. D. Alfredo, molesto no se sabe por qué, contestó a su manera, es decir, no contestó, con una frase que pretende ser original pero que demuestra la escasa consideración de este hombre por el oficio. La periodista, de cuyo nombre no puedo, aunque quisiera, acordarme, no hizo más que trasladar la gran duda de quienes pensamos que la política se ha metido tanto en la Justicia que es difícil creer en una separación real de poderes. Curiosa, quiso saber del Vicepresidente la opción por la que se inclinaría el desprestigiado Constitucional, toda vez que su composición es un calco exacto del Parlamento, un remedo no democrático que vincula con un tufo chavista lo ejecutivo con lo legislativo y judicial. Los tres poderes, vamos, en comandita sociata.

Hasta la fecha, parece que el tecé (para los puristas Tribunal Constitucional) había aceptado las decisiones del Tribunal Supremo. Sólo en las anteriores elecciones europeas, tumbó la decisión sobre Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos, que concurrió finalmente a las elecciones, sin obtener representación. Pero las cosas han cambiado. El tecé sigue siendo un órgano de expresión político, reflejo de unas fuerzas parlamentarias y de sus consiguientes manejos pero la nueva mayoría del PSOE, junto con los nacionalistas son los que dominan ahora. La tranquilidad con que Rubalbaca contestó a la pataleta también calculada del PNV es síntoma de que en la negociación del Gobierno del PSOE con ETA estaban todas estas eventualidades. El PNV no renuncia a seguir recogiendo las nueces de ETA y los socialistas se aferran a la única tabla de salvación ante la pronosticada derrota electoral.

La izquierda española hasta hace bien poquito, y los nacionalistas vascos aún consideran que la supuesta lucha de la banda asesina contra el régimen de Franco era aceptable, y esa legitimidad que le conceden de origen, aunque ahora hayan escondido los vítores, provoca que haya voces a favor de la presencia de ETA o sus o compinches en las elecciones. ¿Hay que recordar lo de "voló, voló, Carreró voló", con la que la izquierda de entonces celebraba a ETA? ¿Recordamos el ninguneo a las víctimas del PSOE hasta que comenzaron a caer políticos y periodistas? Eso es lo que les impide internamente aceptar que a ETA hay que aplastarla y que tiene que haber vencedores y vencidos, y que sólo algún tiempo después de que definitivamente hayan abandonado las armas, sin contraprestación, y con el cumplimiento íntegro de penas, podrá ser la sociedad española generosa.

Pero el paso siguiente es el tribunal reflejo del parlamento. El antiguamente llamado Constitucional que hoy es un triste remedo de los resultados electorales. Ni un pelo me fío de un tribunal así. La decisión es bien sencilla. Por primera vez en la democracia podemos conseguir que ETA no esté presente en las elecciones. Esa es la cuestión. EA sabía a qué se enfrentaba al aceptar en su seno a miembros de ETA. Quienes ayer desde las puertas del Parlamento o desde distintos micrófonos en distintos lugares de España proclamaban su adhesión a Bildu, proclamaban al mismo tiempo su desafección a la democracia, a las víctimas y a la libertad de los españoles. No puede haber medias tintas con una organización terrorista. El problema es que el partido socialista no distingue muy bien en acabar con ETA secuestrándolos, o asesinándolos o negociar y pactar con ellos. Porque el cálculo electoral prima sobre el interés general. Bildu en manos del PSOE. El peor escenario en el mejor momento contra ETA.

Estado de Bienestar
El futuro de España es el mercado negro
Jorge Valín Libertad Digital  5 Mayo 2011

España ha caído en una espiral de decadencia absoluta. Profunda crisis del modelo socialista monetario. Los ciclos creados por la sobreemisión de dinero nos llevaron a una explosión productiva que no estaba fundamentada en nada (burbuja). Se coronó la inflación como el motor de la economía occidental. Expliqué las consecuencias –que se han cumplido– en el 2004. ¿Cómo actúan los bancos centrales ante tal fracaso? Con más inflación crediticia, ayuda a los bancos y así haciendo crecer otra burbuja. ¿Qué pide la gente? ¡Tipos de interés más bajos! Sin saberlo están cavando su tumba.

El Gobierno y las comunidades autónomas, casi arruinadas por su gestión, compra de votos, clientelismo de los lobbies y corrupción, recortan privilegios sociales y suben impuestos. Desde la tribuna vemos aberraciones: las autonomías mantienen sus embajadas. El Gobierno regala más de 400.000 euros a organizaciones como el Centre d’Informació i Documentació Internacional a Barcelona. Paga 143.000 euros a cosas como un Seminario Sobre la Pena de Muerte en el Caribe. Regala 100.000 euros a la Fundación Centro Internacional de Toledo para la Paz. ¿Había oído hablar nunca de ella? Todo esto, y mucho más, en el BOE del 23 de abril.

¿Cuál es la respuesta de la gente? Más privilegios sociales para vivir de la producción ajena, del robo y el latrocinio. Al igual que los banqueros centrales, ¿es qué no han aprendido nada de los errores pasados? El Estado no sabe gestionar el dinero para la sociedad. El Estado solo paga favores a sus lobbies. No saca nada ayudando a la sociedad. Los únicos que saben gestionar nuestro dinero son aquellos que no nos roban. Aquellos que necesitan del consentimiento de su cliente para sobrevivir. En otras palabras, la propia sociedad, que en lenguaje económico se llama libre mercado. ¿Cómo puede transmitir confianza una organización que obtiene sus recursos del robo masivo, el engaño y las prohibiciones? El mayor gasto de cualquier ciudadano son los impuestos. Y no son nada voluntario.

La gran farsa sigue. Casi todos los economistas damos por sentado que pasadas las elecciones el ejecutivo aumentará los impuestos (especiales y no sé si se atreverá con el IVA) y eliminará más privilegios sociales. Probablemente sea en verano, que es cuando la gente está más despistada. Y es que no es la primera vez que harían algo así. Hace un par años algunas administraciones subieron el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) por sorpresa, sin decir nada. Cada vez que baja la gasolina, le cargan algún impuesto, y cuando sube, lo mantienen.

El Gobierno es incapaz de crear políticas realistas enfocadas al pueblo. ¿Cómo puede ser que en un país donde hay un 20% de desempleo y un 40% de paro juvenil, mantenga una carga sobre el trabajo del 50% del desembolso total al trabajador? Un mileurista paga casi 900 euros al mes al Gobierno (cuota empresarial a la SS + cuota del trabajador + IRPF + IVA). Cuando los reyes medievales cobraban una tercera parte de la producción a sus ciudadanos lo llamamos esclavitud, pero si el Gobierno nos arrebata la mitad de nuestro sueldo y nos sigue saqueando en cada compra e inversión que hacemos, lo llamamos Estado del Bienestar.

No sé si a España la van a intervenir oficialmente o no. Lo que sí sé es que le están obligando a dinamizarse un poco ante el estado de despilfarro y descontrol actual. La están sometiendo a una intervención opaca. Nuestro futuro inmediato son más cargas tributarias, más Estado policial contra el pequeño comercio que representa el 80% del tejido económico del país y menos privilegios. Muy bien, el Estado es el principal foco de pobreza. No es la solución a nuestras penas. Solo hay un camino para la prosperidad: menos dependencia del Estado. Que se ahogue en sus deudas y junto a sus lobbies. Cuando una solución es injusta, se ha de combatir por las buenas o por las malas. No le están dando otra solución al pueblo. Declara tu particular guerra al Estado: insumisión fiscal y mercado negro. Ese va a ser el futuro de España. De hecho, la economía sumergida ya es el mayor "sector" de nuestro país con más de un 20% del PIB. E irá en aumento.
Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana


Círculo Balear demanda al Govern de Antich por no respetar el bilingüismo
Subrayan que la mayoría de dependencias oficiales sólo informa en catalán
TIN  www.lavozlibre.com  5 Mayo 2011

Madrid.- Círculo Balear presentó el martes pasado una demanda contencioso-administrativa contra el Gobierno balear y otras instituciones de las islas porque no respetan los derechos lingüísticos de ciudadanos y discriminan a los castellanohablantes.

La Fundación Nacional Círculo Balear se decidió a interponer la demanda después de no recibir respuesta a la queja administrativa que presentó hace cuatro meses contra el Govern y "la mayoría de los ayuntamientos de Baleares" por considerar que incumplen "el bilingüismo al que están obligados por ley", explica la entidad en un comunicado.

La fundación que preside Jorge Campos considera que se incumplen el Estatuto de Autonomía y la Ley de Comercio (ley 17/2009) donde establece que se debe poder acceder a la información de la ventanilla única empresarial en castellano, así como la que regula el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos también en las dos lenguas oficiales (Ley 11/2007).

Según Círculo Balear, el Defensor del Pueblo los apoya en lo relativo al acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y señala en un escrito que "el importante incremento que de manera paulatina viene experimentando el número de quejas formuladas en la materia" le han llevado a "reexaminar la necesidad jurídica y la viabilidad de proseguir la línea de actuación iniciada".

El escrito del Defensor del Pueblo recuerda a las administraciones pública "su deber legal de adecuar el contenido de las páginas web institucionales y de sus aplicaciones y servicios a las prescripciones normativas (...) a fin de salvaguardar la plena efectividad de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y respetar el régimen de cooficialidad vigente".

Aunque el Defensor del Pueblo ya ha empezado a actuar, la asociación de Campos decidió presentar el recurso "para que se respeten los derechos lingüísticos de los hablantes de ambas lenguas oficiales y se acabe con la discriminación hacia los castellanohablantes".

La entidad justifica la demanda en rechazo de la respuesta remitida por el Govern al respecto, "una de las mayores muestras de analfabetismo jurídico jamás vistas" y después de haber comprobado que "la mayoría de instituciones públicas siguen incumpliendo la ley, con alguna excepción como la del Consell de Formentera que cumple con la legalidad en su nueva web".

Según la fundación, la demanda "supone una actuación jurídica sin precedentes a nivel nacional, puesto que se trata de la primera demanda interpuesta contra la administración por no respetar los derechos de los hablantes de la lengua oficial del Estado".

"La obsesión catalanista por querer eliminar el castellano de la administración, además de ilegal, crea dificultades de acceso en un mundo cada vez más globalizado", critica la entidad en su comunicado.

Según un estudio llevado a cabo por la entidad, la mayoría de las dependencias oficiales autonómicas, insulares y locales presentan rotulación, señalización, información e impresos únicamente en catalán y un 83,9 % de los ayuntamientos de las islas incumplen la legalidad en sus páginas webs.

'La Vanguardia triomfant'
Jesús Royo Arpón  www.lavozlibre.com  5 Mayo 2011

Perdonen, pero no se me quita la sensación de que me toman el pelo. En principio, la operación de la versión catalana de 'La Vanguardia' es de corte bilingüista y, por tanto, contraria a la política oficial de la Administración. Es el modelo que pedimos los bilingüistas: oferta en las dos lenguas, en paridad, y elección libre del ciudadano. Pero cuando uno ve tanta fanfarria, cientos de actos conmemorativos en todas las ciudades de Cataluña, toda una pasta en locales, focos, flores, canapés, ponentes autosonrientes, viscas y besos a tutiplé, cuando uno ve el tono general de la operación, le entra a uno un mosqueo que no veas. Uno piensa, como Pla "i això, qui ho paga?". Aunque Pla, si estuviera vivo, seguro que se habría subido al carro, se habría apuntado el primero a la kermesse, habría sido el primer conferenciante y el colofón, y lo que se tercie. Menudo era Pla.

Todo suena a humo, a relumbrón, a 'La Vanguardia triomfant', parodiando el lema del 'Barça triomfant' del presidente Núñez, que a su vez parodiaba el ataque del himno de Cataluña, Els Segadors. Me suena a ese entrañable defecto nacional(ista) del autobombo, en catalán cofoisme: som els millors. A medida que se ha desplegado la campaña se me ha ido metiendo en el cuerpo un escozor raro, un prurito, una urticaria dentro del alma. Mientras veíamos a tanto preboste felicitándose por el evento, uno volvía la vista atrás como si te fueran a atracar, como si desde las ventanas se estuvieran cachondeando, como si alguien te hiciera panipipa detrás tuyo. Tanto esplendor conmemorativo, tanto oropel y tanto aplauso: aquí hay trampa. En una democracia "com cal", como Dios manda, el detalle de quién lo paga es previo a todo, es determinante. Y aquí nadie ha dicho ni mu. Como si hablar de dinero estuviera feo. En cualquier país moderno, ese detalle es el primero y quizá el único que hay que aclarar: cuánto cuesta, quién lo paga. Lo demás son "flors i violes", adhesiones inquebrantables, prácticas predemocráticas, caciquismo.

Siendo 'La Vanguardia' una empresa catalana, por empresa y por catalana no se metería en algo así si no estuviera todo contado y bien contado: a) cuánto se incrementarán las ventas de diarios, b) cuánto supone el gasto de lanzamiento de la edición catalana, y c) cuánto cuesta la edición de la versión doble. La lógica dice que a) debe ser mayor que b) más c): si no, perdemos. Señor Godó, dígalo sin reparo, sin vergüenza, dígalo ya: ¿Cuánto? Es decir, ¿cuánto dinero público, o sea nuestro, hay en la versión catalana de LV?

Un apunte final. Se editó un cuaderno de 160 páginas especial para la ocasión, donde se explayan los plumillas habituales. Los hay de todos los colores, pero predomina el tono botafumeiro, llamémosle así. Como muestra, la inefable Pilar Rahola, que tiene la virtud de haber desarrolado poco las restricciones mentales. Traduzco: "Que el diario que hace 130 años que acompaña el latido de este pueblo hable ahora en su idioma propio representa una especie de fusión con la propia esencia, en realidad, un acto de amor". O sea, el éxtasis. El título de su artículo es 'Un poble, una llengua, un diari'. Y digo yo, ¿no se trataba precisamente de dos lenguas? Y también, ¿nadie le ha dicho a Pilar Rahola que, después del conocido lema 'Ein Volk, ein Reich, ein Führer', esa cadencia suena fatal?

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18 de mayo, de 19:30 a 21:30 h. en el Centre Cívic Pati Llimona (C/ Regomir, 3). Barcelona

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Sinopsis:¿Sabe qué estudian sus hijos?, ¿sabe qué Historia (perdón, Conocimiento del Medio) …

Pedro Antonio Heras, doctor en Historia Contemporánea, profesor en la Universidad de Tarragona, en la que imparte Historia Contemporánea. Publica artículos y ha publicado diversos libros sobre política, economía y sociedad de los siglos XIX y XX, como “La oposición al franquismo en las comarcas de Tarragona…

Día:11 de Mayo, hora 19’00 Centre Cívic La Sedeta,
C/ Sicília 321 (Industria / Padre Claret) Metro Joanic y Sag. Família.
Buses 15, 20, 45, 47, 55, 39. Barcelona

 



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