AGLI

Recortes de Prensa   Lunes 9 Mayo 2011

 

Corruptos y validos
El placer de poner a unos cuantos en la calle. A los peores. No cuenta qué votar, sino contra qué votar
GABRIEL ALBIAC ABC  9 Mayo 2011

¿QUÉ votamos? No unas municipales, desde luego. Ni muchísimo menos, unas autonómicas. A estas alturas del viaje, vamos ya sabiendo todos que la incurable corrupción que define a este arruinado país tuvo como principal blindaje el excéntrico invento al cual llamaron «Estado de las Autonomías»: modo pragmático que halló un gobierno débil para ir achicando agua. La cínica fórmula del «café para todos», como camuflaje del pánico a la reacción nacionalista catalana y vasca, era inviable. Lo era la indefinición constitucional que creaba: la de un Estado que, sin ser federal, dejaba materialmente de ser central y unitario. Lo era la reduplicación de administraciones, que —es lo más grave— generaba un coste económico de tales dimensiones que ni aun el país más rico del mundo hubiera podido, a la larga, alimentarlo. No somos el país más rico del mundo, desde luego. Si nuestra ruina no se ha producido antes, fue, sin más, porque la Unión Europea estuvo, una y otra vez, ahí para ir prestando dinero. Que no será devuelto. Nunca.

Ese dinero daba para un generoso reparto. Entre amigos, claro está. O, si no amigos, al menos votantes, que es lo que cuenta para garantizar la eterna vida a costa de la sopa boba. Nunca, ni en los más negros momentos del caciquismo, los votos fueron comprados más a medida que durante estos últimos treinta años. Nunca la ecuación compra-voto funcionó de modo más equilibrado. La ingeniería administrativa mediante la cual la Junta Andaluza transustanciará en «funcionarios» estables a los más de 29.000 paniaguados que contrató, fuera de todo control, entre sus fieles, constituyéndolos en un Estado paralelo, no es más que la caricatura ridícula —también ruinosa— de una corrupción que ha sido la única razón de ser de las Comunidades Autónomas y de las Cajas de Ahorros por ellas controladas como Bancos privados de los partidos. Al final, el precio por papeleta ha sido demasiado alto. Y el Estado —eso a lo cual, por pereza sólo, seguimos llamando Estado— ha hecho quiebra.

¡Bendita hecatombe, si al menos la crisis hubiera servido para forzarnos a entender que esto no se sostiene y que hay que volver a tejer un texto constitucional moderno desde cero! Porque la reduplicación de ejércitos de funcionarios inútiles, que hacen girar las redundancias de la doble administración del Estado, es la trituradora que hace imposible llegar a fin de mes al ciudadano medio. Son los cálculos que todas las agencias internacionales nos repiten desde hace meses: no hay salida para España de la crisis sin acabar con el saqueo de las autonomías.

Pero no será. Nadie es tan ingenuo aquí como para soñar que haya un partido dispuesto a renunciar al más nimio de sus privilegios. Se nos llevarán al fondo del mar a todos, antes de perder un céntimo. O un voto.

¿Qué votamos? Si nuestro voto fuera racional, nos quedaríamos en casa. ¿Para qué jugar a este juego corrupto? Pero también la ira contra los ladrones entra en este ballet de venganza. El placer de poner a unos cuantos en la calle. A los peores. No cuenta qué votar, sino contra qué votar. Contra la que dice ser «la niña de González». O contra el ministro GAL. A través de sus corruptos validos. Autonómicos como municipales.

Bonos patrióticos
Hipotecando el futuro
Emilio J. González Libertad Digital  9 Mayo 2011

Las autonomías que están optando por emitir ‘bonos patrióticos’ –en vez de aplicar con fruición la tijera al gasto público para podarlo de todas aquellas ramas innecesarias–, que son muchas muy variadas, están cometiendo un error que acabarán pagando con el tiempo. Los gobiernos regionales están acudiendo al bolsillo de los ciudadanos, ofreciéndoles tipos de interés muy atractivos porque ya nadie les concede financiación, lo cual es un disparate. Una estrategia de este tipo se puede utilizar si el dinero recaudado se destina a inversiones que después van a permitir generar unos ingresos con los que pagar los intereses y devolver el principal de la deuda. Este no es el caso de las comunidades autónomas que han acudido a este tipo de emisiones, con lo cual, lo que están haciendo es generar nuevos gastos en forma de mayores pagos por intereses de la deuda, que en los próximos ejercicios impulsará su déficit al alza. Y eso lo hacen en unos momentos en los que viven una crisis fiscal estructural porque los fuertes ingresos tributarios relacionados con la burbuja inmobiliaria han desaparecido y no van a volver nunca más. Lo que se impone, por tanto, es aceptar la realidad, de una vez por todas, y ajustar el gasto a la misma, no seguir con la misma dinámica de tirar el dinero, porque sin recortes del gasto nunca conseguirán cerrar sus déficits.

En estas circunstancias, lo que va a pasar es que, cuando llegue el momento del vencimiento de esa deuda que están emitiendo ahora, no tendrán dinero para pagarla y, por lo tanto, los gobiernos regionales se verán forzados a renovarla y, de esta forma, perpetuar tanto la misma como el pago de los intereses que genera, el cual siempre se abre paso en un presupuesto público a costa de las demás partidas de gasto. De esta forma, los políticos de hoy están creando una hipoteca bastante onerosa sobre los presupuestos de mañana porque esos intereses de la deuda tarde o temprano obligarán a los ejecutivos regionales a tener que reducir sus gastos (cosa que no está de más, dicho sea de paso). Lo malo es que los recortes, si llegan a hacerlo, acabarán siendo en aquellas partidas más necesarias para los ciudadanos, porque dudo que vayan a aplicar la tijera en aquellos capítulos con los que financian sus políticas ideológicas, sus estrategias de votos cautivos o las muchas corrupciones de todo tipo a que está dando lugar el Estado de las Autonomías. Vamos, que se cargarán el gasto productivo o el necesario para la sociedad para poder seguir haciendo de las suyas. Y, si en lugar de aplicar la tijera, optan por subir los impuestos, lo que conseguirán es poner todavía un poco más contra las cuerdas a los contribuyentes, muchos de los cuales ya lo están pasando bastante mal y/o tienen ante sí un largo periodo de vacas flacas.

Moody’s acaba de advertir de los riesgos de los ‘bonos patrióticos’. La cuestión es si los líderes regionales se dan por aludidos o no, y si los nacionales están dispuestos a poner coto de una vez por todas a este desmadre económico y fiscal en que se han convertido las autonomías.

La muerte de un sistema
César VIDAL La Razón  9 Mayo 2011

Me refiero a la frecuencia con que en nuestra Historia patria un sistema político se muere y, sin embargo, sigue dando boqueadas durante años hasta que, al fin y a la postre, se desploma de la peor manera. Los ejemplos son abundantes. El sistema de la monarquía de los Austrias seguramente había entrado en agonía al final del reinado de Felipe II, pero aguantó por la política exterior sensata de su sucesor para luego entrar en barrena con Felipe IV y hundirse estrepitosamente con un pobre imbécil que se llamaba Carlos II. En otra nación, la situación hubiera experimentado un quiebro decisivo más de medio siglo antes. En España se produjo una lentísima y dolorosa agonía.

Volvió a suceder lo mismo con el Antiguo Régimen. Antes de que los invasores franceses entraran en España, la monarquía estaba muerta por culpa de las intrigas de la camarilla de Fernando contra Carlos IV. Fue precisamente la guerra de la independencia la que insufló una apariencia de salud a un régimen periclitado y casi la mitad del s. XIX transcurrió en los choques feroces entre los que se daban cuenta de que la Historia no podía ir hacia atrás y los que se empecinaron en ello apoyando, primero, el absolutismo de Fernando VII y luego el cerrilismo fanático de don Carlos. También la monarquía de Isabel II era un cadáver antes de que la derrocara una revolución de bolsillo que recibió un tanto pomposamente el nombre de Gloriosa.

Lo que vino después fue una sucesión desastrosa de regímenes –¡en seis años!– que acabó derivando en el sistema de la Restauración. Posiblemente fue lo más sensato y realista que disfrutó España en el s. XIX, pero antes de que llegara 1900 y Alfonso XIII se sentara en el trono, el régimen daba señales de consunción. Murió en algún momento situado entre la segunda y la tercera década del s. XX, pero siguió dando tumbos como un zombi hasta abril de 1931 cuando un enésimo golpe de Estado provocó un cambio de régimen, esta vez, republicano. Oficialmente, su final tuvo lugar en 1939, pero la II República estaba muerta desde el momento en que en 1934 el PSOE y la ERC –dos de sus parteras– se alzaron en armas contra el Gobierno republicano.

Para remate, esa muerte la precipita no pocas veces un fanático sectario que hunde la economía y la educación. Me duele profundamente decirlo, pero temo que el Régimen de la Transición ya ha muerto. Seguramente, el acta de defunción se extenderá cuando se produzca la inevitable quiebra económica de un sistema que no es viable, pero su muerte comenzó a dibujarse en el horizonte cuando un atentado todavía no resuelto llevó a ZP a La Moncloa; resultó innegable cuando el Tribunal Constitucional dio por bueno un Estatuto de Cataluña que descuartizaba la Constitución y se ha vuelto palpable cuando ese mismo organismo ha decidido que los terroristas de ETA puedan concurrir a las elecciones sin los frenos mínimos de hace cuatro años. Ahora –triste es decirlo– sólo queda por establecer qué vendrá después y qué coste tendrá para los españoles de a pie.

SE SUMARÍA A GRECIA
Irlanda también admite en privado que suspenderá pagos antes de 2014
Ateanas precisa otros 30.000 millones extra, pero pocos dudan de que suspenderá pagos. Dublín también admite que precisará reestructurar su deuda.
M. Llamas Libertad Digital  9 Mayo 2011

La crisis de deuda de la zona euro cobra velocidad por momentos. Ante el fiasco del plan de rescate orquestado por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya se baraja abiertamente la quiebra de países (quitas y aplazamiento de pagos) dentro de la zona euro. Las primeras piezas en caer serían Grecia e Irlanda. Así, aunque las autoridades comunitarias sopesan conceder otros 30.000 millones de euros en 2012 al Gobierno de Atenas, que se sumarían a los 110.000 millones del rescate inicial, pocos dudan de la necesaria reestructuración de la deuda helena, tal y como avanzó Libertad Digital.

En medio de los fuertes rumores en los últimos días acerca de la posibilidad de abandonar el euro y regresar al dracma, los ministros de las principales potencias europeas se reunieron el pasado viernes en Luxemburgo para analizar la situación griega. La conclusión oficial es que "Grecia necesita un plan de ajuste adicional", ya que no será capaz obtener fondos de los mercados el año que viene, tal y como estaba previsto en el actual programa de asistencia de 110.000 millones de euros.

Atenas precisa alrededor de 30.000 millones de euros extra en 2012 para refinanciar su deuda, cuantía que no está contemplada en el actual plan de rescate. Así, según el ministro de Finanzas griego, George Papaconstantinou, entre las opciones que se están estudiando figuran una nueva asistencia del fondo de rescate temporal para que compre sus propios bonos o prorrogar de nuevo –por segunda vez- el plazo de devolución de su deuda pública.

Sin embargo, todo ello chocaría frontalmente con la posición que mantiene Alemania. El principal contribuyente del actual Fondo de rescate apuesta abiertamente por la suspensión de pagos ante el incumplimiento reiterado de las condiciones impuestas a Atenas. Su déficit público sigue superando el 10% del PIB y se prevé que su deuda sobrepase ampliamente el 150% este año frente al 143% de 2010, una cifra inasumible. De hecho, por primera vez desde el inicio de la crisis de deuda se baraja, incluso, el abandono del euro, aunque este último punto fue desmentido por Atenas. En este sentido, el economista griego Yanis Varoufakis apunta a que a este tipo de noticias parten del propio Gobierno de Berlín con el objetivo de que Atenas acepte la reestructuración antes de 2013. El mensaje de Alemania es claro, según Varoufakis: Hay algo peor que la quiebra... La salida del euro.

La crisis de Irlanda
Pero Grecia es tan sólo el primer eslabón de la cadena. Todo apunta a que Irlanda será la segunda pieza del dominó en caer. El nuevo Gobierno de Dublín, que desde su llegada al poder está tratando de renegociar las condiciones del rescate acordadas por el anterior Ejecutivo a finales del pasado año, observa de cerca la crisis griega como una oportunidad para rebajar las exigencias impuestas por las autoridades comunitarias.

El Gobierno irlandés negociará nuevas "mejoras" aprovechando los "avances" que se produzcan en el caso griego, según indicó el ministro de Energía, Pat Rabbitte, este fin de semana. En concreto, Irlanda pretende reducir en un punto el tipo de interés del préstamo concedido por las autoridades internacionales (5,8%), cuya cuantía total asciende a 85.000 millones de euros -aunque unos 17.500 serán aportados por el Estado celta-.

Pero, nuevamente, todo apunta a que el rescate inicial será insuficiente. Los bancos irlandeses precisan de 24.000 millones de euros extra para evitar la insolvencia, según las últimas pruebas de resistencia realizadas, de modo que el rescate de 85.000 millones se quedará corto. El problema es que una nueva ampliación del rescate cargará con más deuda al ya presionado contribuyente irlandés. Dublín comienza a barajar seriamente suspender pagos.

Así, según admite el Ejecutivo celta en privado, Irlanda reestructurará su deuda en un plazo máximo de tres años. Dublín nunca devolverá los cerca de 250.000 millones de euros de deuda pública previstos para 2014, tal y como ha admitido un alto cargo este fin de semana. Sin embargo, la suspensión de pagos no será declarada oficialmente hasta que se logre un acuerdo con el resto de socios europeos. Y es que, algo así "no se puede hacer de forma unilateral", indican fuentes oficiales.

Esta declaración surge justo después de que el prestigioso economista celta Morgan Kelly advirtiera en un artículo que la quiebra del país es "inevitable". Su deuda pública se elevará hasta el 125% del PIB en 2013 y alcanzará una cifra total de 250.000 millones de euros en 2014 (casi el 160% del PIB y unos 120.000 euros por trabajador frente al 96,2% de 2010), un nivel similar al previsto en Grecia. El rescate ha sido un "rotundo fracaso", los negociadores admiten en privado que Irlanda acabará "suspendiendo pagos" ya que será incapaz de financiarse en los mercados a corto y medio plazo, incumpliendo así una de las condiciones básicas impuestas por el FMI -al igual que le sucede a Grecia-, alerta Kelly.

"El resultado más probable de la crisis de la deuda europea es que, tras dos años para permitir que los bancos franceses y alemanes acumulen reservas para afrontar pérdidas, las economías [rescatadas] sufrirán algún tipo de bancarrota". Según Kelly, la única salida factible para Irlanda consistiría en abandonar el rescate público de la banca, así como reducir el desequilibrio presupuestario a cero.

Se trataría, pues, de un plan similar al propuesto por destacados miembros de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea): "[...] la ayuda financiera ofrecida por el mecanismo de estabilización podría utilizarse para llevar a cabo una restructuración ordenada (por supuesto, con pérdidas para los acreedores) de la deuda bancaria, con una garantía formal de los depósitos individuales (y nada más que los depósitos) para evitar el pánico bancario. Esto permitiría amortiguar el ajuste, calmar a los depositantes, castigar a tanto acreedor irresponsable y devolver Irlanda a una senda de crecimiento sostenida sin la losa de la deuda que el plan actual garantiza". De hecho, algo parecido proponen igualmente para las cajas españolas insolventes.

Pese a ello, Kelly se muestra pesimista respecto al Gobierno de Dublín: "Es más fácil que nos lleven con los ojos vendados hasta que nos deslicen la soga alrededor del cuello y abran la trampilla de la bancarrota".

De este modo, poco a poco se van confirmando los temores no confesados de la zona euro: la quiebra de países miembros. El problema es que la banca foránea se juega hasta un 1 billón de euros en Grecia, Irlanda y Portugal.

Las comunidades autónomas necesitan 35.000 millones para financiarse, según Moody's
@EP El Confidencial  9 Mayo 2011

Las comunidades autónomas (CC.AA.) necesitan financiación por entre 30.000 y 35.000 millones de euros en el ejercicio 2011, volumen que se mantendrá el próximo año pese a las expectativas de reducción de déficit, según Moody's.

La agencia de calificación crediticia considera que las emisiones de bonos regionales elevan de forma acusada las necesidades de financiación de las autonomías, ya que todas ellas cuenta con un plazo de vencimiento de menos de dos años.

Moody's indica que el incremento de la deuda de los gobiernos regionales tiene perspectiva negativa porque refleja las dificultades de las CC.AA. de financiar sus déficit a través de otros canales más convencionales, como créditos bancarios o colocaciones privadas.

A su parecer, no es previsible que las cantidades que las regiones han de captar a través de estas emisiones de bonos logren el tamaño suficiente para sustituir los depósitos que ofrecen los bancos, pero pueden potenciar la competencia.

"La contínua proliferación de este tipo de financiación entre las regiones españolas con el elevado interés que ofrecen pueden espolear la competencia en el sector financiero por la captación de depósitos, con el consiguiente impacto negativo sobre los márgenes financieros", sostiene la firma.

Moody's indica que la propensión de los españoles por comprar papel regional, junto a los vencimientos y tipos de interés, será la clave para determinar si las regiones españolas han encontrado una fuente sostenible de financiación a través de la emisión de bonos regionales.

Las CC.AA. españolas han emitido 8.000 millones de euros en bonos desde noviembre del pasado año, sin contar el anuncio de la última emisión de bonos valencianos por 900 millones de euros realizado el pasado 3 de mayo con un cupón del 6,5%.

Con anterioridad, han emitido bonos Valencia (1.500 millones) el pasado diciembre de 2010, y Cataluña en dos ocasiones, por importe de 3.000 millones de euros en noviembre y de 3.300 millones el pasado 3 de mayo.


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La justicia loca
JUAN MANUEL DE PRADA ABC  9 Mayo 2011

ESCRIBÍA Chesterton que el mundo moderno estaba invadido por las viejas virtudes cristianas que se habían vuelto locas. ¿Y cuándo se vuelven locas las virtudes? Se vuelven locas cuando se desgajan del común tronco que las sustenta, cuando vagan en soledad, desprendidas las unas de las otras. Esto le ha ocurrido a la justicia, que desgajada de la verdad y el bien ha extraviado su razón de ser y su rectitud natural, para ponerse al servicio de intereses espurios y coyunturales, acicalada —eso sí— con los afeites del más escrupuloso rigor legalista. Así se explica la legalización de la enésima franquicia etarra, en la que vemos los efectos de una justicia loca que ha extraviado su sentido moral, su capacidad para distinguir el bien y el mal, para fundarse sobre una monstruosa moral autónoma que puede hacer cuanto resulte políticamente conveniente.

La misión de la justicia no consiste en otra cosa sino en «dar a cada uno lo suyo», aquello que irrevocablemente le pertenece, en razón de su naturaleza. El primer derecho irrevocable de una comunidad política —llamémosla patria, nación o como queramos; pero no, por favor, «ciudadanía», que es exactamente una comunidad política desnaturalizada, despojada de sus derechos irrevocables— es el de defenderse contra sus agresores, el de impedir que quienes desean su mal dispongan de instrumentos para perpetrar su designio. Y este derecho es irrevocable porque se funda en la propia naturaleza de dicha comunidad política, que se ha constituido y mantenido como tal para alcanzar un bien —su integridad— que a todos los que la forman obliga al menos a no lesionarlo (y, en recta justicia, tampoco a discutirlo). A nadie se le ocurriría que pudieran existir formaciones políticas que lesionaran (o siquiera discutiesen) bienes que pertenecen a la comunidad humana. Repudia a la razón la existencia de formaciones políticas defensoras del latrocinio o el asesinato; y también repudia a la razón la existencia de formaciones políticas que defiendan el crimen contra la comunidad política, lo que los latinos llamaban perduellio.

Y esto es lo que el Tribunal Constitucional ha hecho: legalizar una organización que defiende y persigue el perduellio, amparando a quienes desean atentar contra la comunidad política; a quienes, para llevar a cabo de su designio, no han vacilado en etapas recientes de su existencia en defender el latrocinio y el asesinato. Y esta justicia loca que, en lugar de restablecer el derecho irrevocable de la comunidad política, se lo arranca y entrega a quienes desean su extinción (que, a partir de ahora, dispondrán de recursos legales y materiales para que su designio sea mucho más eficaz) pretende de este modo alcanzar un interés espurio y coyuntural, cual es que los etarras decreten una «tregua permanente» o cualquier otro embeleco similar que induzca a la ciudadanía atontada (a la comunidad política desnaturalizada, despojada de sus derechos irrevocables, reducida a masa gregaria) a mantener en el poder a quienes propiciaron este perduellio. Pero haciendo un mal nunca se puede alcanzar un bien; pues, como afirma Sócrates (Gorgias, 508), «el cometer una injusticia le reporta más perjuicio al responsable del acto que a mí mismo, a pesar de ser su víctima». Los miembros del Tribunal Constitucional han infligido un grave perjuicio a la comunidad política, y a las víctimas de los etarras, consumando esta injusticia; pero es mayor aún el que se han infligido a sí mismos. Caiga sobre ellos, y sobre sus amos, la sangre de las víctimas.

Las expectativas de ETA desde Perpignan
Inma Castilla de Cortázar * Libertad Digital  9 Mayo 2011

Desde el Foro Ermua hemos venimos denunciando la gravedad del retorno de ETA a las instituciones, que vuelve a consumarse –una vez más- con la pírrica mayoría con la que Tribunal Contitucional ha dado su beneplácito a BILDU, “gallinero” de partidos (en expresión de la propia ETA) con la que Batasuna-ETA ha logrado otra vez acceder a la legalidad: lo hizo con el PCTV en las autonómicas de 2005 y con ANV en las municipales de 2007, tras otras dos tramposas estrategias de los gobiernos de Rodríguez Zapatero. En el mismo orden de gravedad que el retorno de ETA a las instituciones, hemos considerado en el Foro la tramitación del Estatuto de Cataluña, pactado con ETA en Perpignan y promovido activamente por el presidente Zapatero, en una operación entonces incomprensible. El PSC impulsó en Cataluña lo que nunca promovieron los propios nacionalistas, propiciando el penoso fracaso de la Constitución de 1978 que nos llevó a la democracia.

La realidad es que las expectativas de ETA desde Perpignan (diciembre de 2003, sólo tres meses antes del 11-M) se han incrementado de forma impensable. ETA ha comprendido bien que tiene una ocasión de oro, escuchen: “Euskal Herría está a las puertas de vivir un periodo de cambio, para poder recuperar su propia voz, superando el conflicto político y armado, por vías <justas y democráticas> (…) “Es una opción que es posible lograr”(…) “los caídos en la lucha no han dado su vida para que continúe la imposición”. Son palabras que recogía GARA, similares a las de Otegui en el velódromo de Anoeta (en 2006), en un acto a todas luces delictivo, pactado con el mismísimo Gobierno socialista de España como nos fue confirmado, en la Audiencia Nacional, el pasado 11 de noviembre de 2010.

ETA (la ETA de siempre, con sus objetivos de siempre) está más cómoda negociando con el partido socialista que con el PNV, aunque éste se apresure a facilitarle favores, para no quedar desplazado. ETA tras el fracaso del “Plan Ibarretxe” diseñó un intento en Cataluña, que le ha generado sólidas expectativas por “la vía de la legalidad”. Eso es lo que entendió ETA después de Perpignan. El gran descubrimiento de los terroristas es que es más rentable tener como aliado al PSOE, que desde antes de llegar al poder (antes del 14-M de 2004) está haciendo lo que siempre hizo el nacionalismo vasco: negociar con la banda y sacar ventajas de ese entendimiento.

Acabamos de asistir a uno de los episodios más lamentables de nuestra democracia. El gobierno de Zapatero, liderado por el ministro Rubalcaba se ha agazapado en una alta institución del Estado (en este caso en el Tribunal Constitucional) para cumplir algo acordado con ETA: su vuelta a los ayuntamientos -desde los que, por cierto, no se ha ido con ANV, a pesar de la sentencia en firme del TS de septiembre de 2008-. En este caso, en 2011, ETA vuelve con Bildu (un EA parasitado). Como todo lo que se va cumpliendo inexorablemente, este episodio nos lo había contado hace dieciséis meses Jesús Eguiguren, presidente del PSE, que consideraba a EA el mejor “escudo”para ETA: “… porque supongo yo que nadie se va a atrever a ilegalizar a Carlos Garaikoetxea”. Y subrayaba a continuación que personalmente veía con buenos ojos el entendimiento entre EA y Batasuna, añadiendo: “Ahí todos ganaríamos. EA buscaría su función en la historia, (…) Batasuna podría empezar a hacer política. Y también ganaríamos todos los demás(…)” Y preguntado por la estrategia tras las elecciones de 2011, confesaba abiertamente: “Donde los resultados electorales aconsejen gobernar con Aralar, gobernaremos con Aralar, donde aconsejen hacerlo con el PP, con el PP y donde aconsejen hacerlo con el PNV, con el PNV”. Es evidente que sólo le faltaba decir que donde los resultados aconsejen pactar con Bildu, pues … con los bilduetarras.

Y es que ETA-Batasuna, tras Persignan, vislumbró níticamente que tenía la oportunidad de llegar a gobernar en el País Vasco con los socialistas que gobiernan España, porque al socialismo de Zapatero no le repugna un Gobierno “a la catalana”, donde la ERC sea la izquierda abertzale “arrepentida”. El PSE gobernará con el apoyo del PP mientras no pueda hacerlo con la izquierda abertzale. Nos queda poco para comprobarlo.

Desde el Foro Ermua sostenemos que el gobierno de Zapatero viene preparando la “escenificación” de la derrota de ETA, pactada con ETA. Acabamos de asistir a la legalización del Bildu obviando una sólida sentencia del Tribunal Supremo, ampliamente documentada por los informes policiales. Esto no ha hecho más que empezar, aunque nos coja tan cansados como avisados. Volveremos a ver cómo ETA corresponde al Gobierno bienhechor antes de las próximas Elecciones Generales: con las treguas a instancias de los mediadores internacionales sólo hemos asistido a “un aperitivo” del golpe de efecto que el Gobierno busca.

Esta actual negociación es obscena en extremo porque ETA hace tiempo que podría haber sido derrotada con los instrumentos de los que el Estado de Derecho dispone gracias a los gobiernos del Presidente Aznar. Ni Adolfo Suarez, ni Felipe González tuvieron esos procedimientos legales habilitados a su disposición. Por eso, lo que hace Rodriguez Zapatero con la inefable ayuda de su ministro Rubalcaba es un destrozo incomprensible para la democracia española, que ha quedado herida de muerte tras la última estocada del TC. Algo tendremos que hacer.

* Inma Castilla de Cortazar Larrea es Presidenta del FORO ERMUA y Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU-San Pablo

Voces que se apagan
TONIA ETXARRI El Correo  9 Mayo 2011

Como ya no pueden sostener que «Bildu está en la estrategia de ETA», como decía el vicepresidente Rubalcaba antes de que el Tribunal Constitucional abriera las puertas de las urnas a la nueva Batasuna, los mensajes de los políticos se han adaptado a la velocidad del rayo electoral. Como ya los tenemos 'dentro', de nuevo, el mensaje del lehendakari tuvo que situarse en el escenario del 'día después' de las elecciones. Pero el anuncio de sus intenciones -no pactará con Bildu ni en ayuntamientos ni en diputaciones-, lejos de tranquilizar a su electorado, lo dejó preocupado.

El lehendakari dice que no pactará con la nueva marca de Batasuna porque todavía no está madura y «tiene que ser más exigente con ETA». Esa fue la razón que esgrimió para explicar que Bildu ha podido entrar, sí, !pero hasta la cocina, no!. Esto es: que se presente, pero los socialistas no van a formar alianzas con ellos. Un razonamiento que, lejos de tranquilizar al público, le ha dejado la mar de preocupado. Si los de Bildu todavía no están preparados para pactar con los demócratas porque no están exigiendo la disolución de ETA, ¿qué pintan, entonces, en estas elecciones?, se preguntaban algunos de los asistentes al mitin que se celebró ayer en San Sebastián. Una cuestión que, seguramente, estará latente durante todo el recorrido electoral y que, con toda probabilidad, no obtendrá una respuesta ni convincente ni, por supuesto, unánime en la familia socialista. Forma parte del riesgo. Cuando se adoptan decisiones difíciles de explicar se incurre en una falta de medida a la hora de dar respuestas claras, lógicas y, sobre todo, firmes y coherentes.

El consejero Ares no calculó, seguramente, el grado de agitación que provocó entre los internautas que seguían el desarrollo del acto en homenaje al periodista asesinado José Luis López de Lacalle, en Andoain, cuando se lamentó de que Bildu no estuviera presente en el evento. Una escena tan inimaginable, hoy por hoy, que los que no están preparados para ver a quienes jalearon aquel atentado en el año 2000 en el acto de homenaje son las propias víctimas del terrorismo. Se rasgaron las vestiduras al preguntarse qué sentido tenía emplazar a Rufi Etxeberria (por ejemplo) a que acudiera a rendir tributo a un asesinado que sus amigos mataron hace 11 años. En tiempo electoral, los políticos suelen recriminar a sus adversarios que hagan trampas, con la frase eslogan «no todo vale en campaña». Pues bien. Que se lo apliquen todos.

Los socialistas tienen una situación delicada a la hora de explicar qué meritos ha reunido Bildu para poder presentarse en las elecciones. Y como ya está amortizada la referencia a la decisión judicial, han empezado a dar pasos en falso. El lehendakari, dando a Bildu tan solo media entrada, y el consejero de Interior, pidiendo que se sumen a los homenajes a las víctimas. Cuantas menos cosas raras digan, mejor. El discurso de la indignación ya correrá a cargo del PP y de UPyD. No lo van a poder evitar . La legalización de Bildu se lo ha servido en bandeja.

Los “ODmans” de Zapatero
Ernesto Ladrón de Guevara. Minuto Digital  9 Mayo 2011

“Los ODmans” era el apodo de la policía judía que se empleaba a fondo con sus compatriotas en los ghettos donde los nazis confinaban a los judíos.

En España, hoy, también hay ODmans. Son aquellos que a las pruebas que demuestran que Bildu es un caballo de Troya en el sistema democrático las llaman indicios. Son los que se prestan a prostituir la independencia judicial a cambio de un plato de lentejas.

El sistema constitucional en España tiene dos talones de Aquiles por donde supura el Estado de Derecho y convierte en una bazofia a la propia Constitución, son el régimen electoral que impide que la voluntad de la mayoría de los ciudadanos se cumpla y la ausencia de división de poderes. La justicia hoy es una correa de transmisión del Partido Socialista igual que lo ha sido la UGT. El nombramiento de los magistrados de la cúpula judicial por el poder político, sea en el Tribunal Constitucional o en otros órganos reguladores de la justicia, es una terrible aberración a la que también ha contribuido el Partido Popular, y que produce el germen totalitario en el poder político. La legalización de Bildu tras las múltiples pruebas –no indicios- recogidas en la sentencia del Tribunal Supremo y alguna más aportada por la propia policía al Tribunal Constitucional, rebela la corrupción del sistema.

El Gobierno Vichy ofreció en Francia un armisticio a los ocupantes nacional-socialistas de París para que extendieran su dominio por el resto de Francia, dejando a sus conciudadanos a merced de la voluntad hitleriana. De la misma manera el Gobierno Zapatero, a cuyas instrucciones se han sometido los miembros del Tribunal Constitucional bloqueando la decisión del Tribunal Supremo, deja entrar en las instituciones a los ejecutores de las directrices etarras, sin ofrecer la más mínima resistencia. El Gobierno de Zapatero ha diseñado minuciosamente una hoja de ruta para disfrazar una amnistía política a los que durante décadas han estado acosando las libertades de los ciudadanos en Euskadi. Y por añadidura Rubalcaba se atreve a decir que quienes critiquemos la sentencia del Constitucional nos quedamos fuera del Estado de Derecho. Lo dice él que ha estado siempre mezclado con las situaciones más tenebrosas de la democracia. Ironías del destino.

Tendremos que coexistir con los verdugos, mientras que las víctimas lloran. Por imperativo del poder político no del Estado de Derecho. Tendremos que aceptar por la fuerza la violación de la democracia por quienes en sus estrategias no la han asumido ni están dispuestos a admitir el pluralismo y el juego de las libertades reales. Tendremos que seguir viviendo en ambientes coactivos. Pero no podrán convencernos.

La batasunización del PSOE
El PSOE parecerá cada vez más una falange de milicianas y milicianos fanatizados. Ése será el legado de Zapatero
José María Marco La Razón  9 Mayo 2011

La legalización de la ETA, que es lo que significa el permiso que el Tribunal Constitucional ha dado para que Bildu se presente a las elecciones del 22 de mayo, culmina una estrategia política de largo alcance. Empezó en 2001, cuando Rodríguez Zapatero abrió negociaciones con la ETA al mismo tiempo que negociaba el pacto antiterrorista con el gobierno del Partido Popular.

Los dos objetivos de esta estrategia han permanecido invariables a lo largo de estos diez años. El primero se deduce de la mayoría absoluta obtenida por el PP en marzo de 2000. La alianza del PSOE con la extrema izquierda nacionalista –incluidos los etarras– se encamina a impedir que el PP vuelva, no ya a obtener mayoría absoluta, sino simplemente a gobernar. El socialismo español no ha aceptado nunca que «la derecha», que siempre es «extrema derecha» o «derecha extrema», pueda alcanzar el gobierno. Sólo el PSOE es democrático y la democracia se inventó, ya en tiempos de Pericles, para que gobernaran los nietos de Pablo Iglesias. Como decía Azaña, en la República sólo caben los republicanos (de izquierdas, ni que decir tiene).

El otro objetivo de aquella alianza con la extrema izquierda nacionalista, era dar forma a una nueva España, una España que dejara atrás el concepto de nación. No hay ni ha habido un proyecto claro para esta España postnacional. Parece ser un conglomerado de centros de poder y de territorios con diversos grados de identidad propia y oligarquías que se perpetúan en el poder, legitimadas por la apelación a esas identidades de intensidad variable. También es una estrategia de riesgo extremo, como se demostró en la T4. El objetivo de la ETA no es esa España, y menos aún su propia legalización: ni siquiera legalizada tiene la ETA incentivos suficientes para abandonar la violencia.

Los resultados de esta estrategia, que se podría llamar de batasunización de España, han sido demoledores. Aun así, no ha sido un éxito. Los socialistas intentaron batasunizar Galicia y convertirla en una sociedad rota, como el País Vasco. No lo consiguieron. Tampoco salió bien el experimento en Cataluña, donde la alianza socialistas-extrema izquierda nacionalista se saldó, por razones distintas, con otro fracaso. En vista de la tendencia de la opinión pública, tampoco ha tenido éxito en el conjunto de España.

En cambio, lo que sí se ha batasunizado es el PSOE. En la alianza con los nacionalistas de extrema izquierda, éstos han acabado haciéndose con la hegemonía mientras los socialistas han hecho suyos los argumentos y la actitud de la extrema izquierda nacionalista. La sentencia del Tribunal Constitucional llevará al PSOE a confundir aún más la realidad española con aquello en lo que él mismo se ha convertido. Es una percepción errónea. El PSOE parecerá cada vez más una falange de milicianas y milicianos fanatizados, excéntricos, alucinando una realidad que les resulta ajena. Ese será el legado de Rodríguez Zapatero. Ningún partido socialista en ninguna democracia avanzada se parece a éste.

Los jueces del TC desmontan la sentencia
EDITORIAL Libertad Digital  9 Mayo 2011

Pocas veces un puñado de votos particulares ha constituido un argumento tan poderoso como el que nos ofrecen los jueces discrepantes con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la legalización in extremis de Bildu. Los cinco votos, encabezados por el de Manuel Aragón, único juez "progresista" que votó en contra de legalizar la formación que, según el Tribunal Supremo, es la continuación de Batasuna, suponen un varapalo tal a la sentencia que no es aventurado afirmar que el TC ha quedado, después de esta absurda e innecesaria operación política, completamente fracturado.

Manuel Aragón considera "impropia y lamentable" la actitud de su propio tribunal al asumir que la decisión del Supremo se cimentó sobre una simple sospecha. En ese mismo aspecto incide Francisco Pérez de los Cobos que, en su voto, ha criticado con dureza la sentencia del TC por haber éste incurrido en la nueva valoración de pruebas, lo que, en opinión del magistrado, "no le corresponde al Tribunal Constitucional". Javier Delgado Barrio vuelve sobre la parte probatoria admitiendo que es poco probable encontrar "pruebas directas" de que Bildu es parte de la banda terrorista ETA.

Y, efectivamente, así es. Desde que fue ilegalizada hace ocho años, Batasuna ha aprendido en las sucesivas convocatorias electorales a camuflarse para pasar desapercibida y conseguir la legalización por la puerta de atrás o mediante acuerdo político, tal y como ha terminado sucediendo. Para los discrepantes esta "estrategia defraudatoria" no consiguió engañar a la sala 61 del Supremo ya que hay "elementos probatorios" que deben ser apreciados en su conjunto.

Ramón Rodríguez Arribas ha sido, si cabe, más duro en su voto particular. El magistrado detalla el procedimiento del que Bildu se ha valido en esta ocasión. Rodríguez Arribas ha señalado como los proetarras en esta ocasión se han servido de "dos partidos políticos ya existentes –Eusko Alkartasuna y Alternatiba– pero de presencia institucional y afiliación decrecientes para constituir una coalición electoral con independientes que, curiosamente, (...) salen de una izquierda abertzale que sociológicamente coincide con ETA-Batasuna". Una explicación convincente y, a pesar de su irrefutabilidad, ha sido obviada por el Constitucional.

Los votos particulares nos reafirman en lo que ya sospechábamos. La sentencia del Constitucional ha sido consecuencia de un arreglo político no confesado entre la propia ETA y el Gobierno, que, aunque no lo reconozca, se encuentra envuelto ya en una nueva tanda de negociaciones con la banda. Franquear el paso a sus representantes políticos no ha sido más que el pago por la declaración de la tregua-trampa por parte de los terroristas. Queda de este modo pulverizada por enésima vez la independencia judicial en España y de los propios tribunales, especialmente los que, como el TC, sirven de extraordinarias palancas de acción política para el Gobierno de turno.

La lógica del voto particular
Nota del Editor  9 Mayo 2011

Desde el punto de vista legal, el voto particular no sirve para nada. A nivel individual, sirve para que algunos magistrados defiendan posturas que
tengan o no razón, inservibles, al contrario, al ser posturas que han perdido, no se pueden utilizar en el futuro, por tanto, es como labrar
en el aire, sólo sirve para que los ciudadanos puedan ver la línea de pensamiento de algunos magistrados, pero sin efecto alguno, ya que los ciudadanos
no tienen peso alguno en su elección.

Pero lo que demuestran los votos particulares, es la invalidez del sistema, pues no vale la razón, la ley o la lógica, sólo vale la simple mayoría.
Por eso sería más barato, decidir las cosas por medio del cara o cruz y prescindir de todo este inmundo tinglado.

Legalización de Bildu
El PSOE puso en el TC a Adela Asúa, crítica con la Ley de Partidos, para decidir sobre Batasuna
La magistrada es amiga del negociador Eguiguren. Acusó en una ponencia a los colectivos de víctimas de “presionar” a la Justicia. Criticó a las Fuerzas de Seguridad por “simplificar” que “todo es ETA”.
Alberto Lardiés. Madrid www.gaceta.es  9 Mayo 2011

Uno de los seis magistrados que decidió la pasada semana blanquear a Bildu ya tenía antecedentes que demostraban su desacuerdo con algunos aspectos de la Ley de Partidos que ha servido para expulsar de las instituciones a ETA durante los últimos años. Adela Asúa Batarrita, la única persona nacida en el País Vasco de las que debían decidir sobre Bildu, empezó a desempeñar su puesto en el TC el pasado enero. Llegó hasta allí, donde indefectiblemente tendría que valorar qué hacer con alguna máscara política de ETA, gracias al impulso del PSOE.

Dedicada principalmente a la docencia y la investigación, Asúa tiene varios obras escritas. Una de ellas es Terrorismo y conductas periféricas. La tensión de los principios penales en los límites del derecho, editada en 2007 por la Universidad Nacional Autónoma de México. En ella, muestra varias críticas, más o menos veladas, a la legislación que desde 2002 había permitido la sucesiva ilegalización de las máscaras políticas de ETA. Más en concreto, Asúa aseguraba en su texto que “la expansión de la criminalización de los amigos de los enemigos conduce a otra consecuencia indeseable de gran calado: la demonización global de la ideología o de la religión (…) del grupo terrorista”. Iba más allá: “Confundir una determinada ideología (…) con una versión integrista de la misma es una torpeza con consecuencias nefastas. Y en ningún caso, en un sistema democrático, puede atribuirse al Derecho Penal la función de purgar ideologías o de cortar las raíces”.

La hoy magistrada del TC afirmaba también, en relación al País Vasco, que “se suceden los procesamientos en cadena a miembros de grupos del entorno, los cuales venían constituyendo el entramado político de referencia del grupo terrorista. (…) La acusación traduce una percepción bastante generalizada en ámbitos policiales (…), simplificando, ‘todos los simpatizantes de ETA son lo mismo, todos son ETA”.

Estos tres reveladores párrafos fueron ya desvelados hace un año por la revista Interviú, cuando Asúa sólo era candidata a formar parte del TC, aunque ya se sabía a ciencia cierta que dicho tribunal tendría que decidir sobre una o varias marcas electorales de la banda terrorista. Así ha sido ahora con Bildu y pronto será con Sortu.

“Suposiciones”
Pero además de esos extractos, hay otras perlas de Asúa que ya en 2007, cuando fueron escritas, desvelaban sus opiniones. En esta misma obra desliza una crítica a las víctimas de ETA, ya que habla de “la presión de las querellas presentadas por asociaciones de víctimas del terrorismo o por el propio Ministerio Público ha contribuido a reforzar la interpretación más amplia de los requisitos típicos de las figuras delictivas”. Después cita los casos en que se ha absuelto a procesados “cuya acusación estaba fundamentada en suposiciones apoyadas en las coincidencias ideológicas con un grupo terrorista”.

En el texto, al que se puede acceder tranquilamente a través de Internet, Asúa introduce afirmaciones como esta: “Calificar globalmente, y de forma automática, toda conexión con ETA como colaboración delictiva o como integración en grupo armado supone adoptar un modelo de imputación basado en el criterio de contaminación por contacto, extendiendo desmesuradamente el campo de la participación en el delito”.

“La demonización agranda el foso de los malentendidos, lo que favorece la interpretación de los más radicalizados y la retroalimetación de los agravios recíprocos”, escribía la hoy magistrada. Tiempo después de escribir estas líneas, en septiembre de 2008, el Parlamento vasco propuso a dos candidatos para ocupar un puesto en el TC. Se trataba de la citada Asúa, a propuesta del PSE, y de José Luis Aurteneche, propuesto por el PNV. En la Cámara de Vitoria ambos partidos se apoyaron mutuamente para sacar adelante a sus candidatos. Ya en septiembre de 2010, el PSOE y el PP acordaron por fin, con tres años de retraso, renovar parcialmente el TC. Y en el lote del pacto estaba el nombramiento de Asúa. El Senado lo decidió en diciembre.

Esta catedrática de Derecho Penal del País Vasco es amiga del líder de los socialistas de Euskadi, Jesús Eguiguren. Hay quien dice que este socialista presionó a Zapatero para que el Senado la nombrara magistrada del Constitucional, según fuentes del mundo jurídico vasco. Quienes conocen a Asúa Batarrita afirman que “simpatiza con un nacionalismo moderado”.

Otro de sus rasgos característicos es su gran capacidad de compresión con el mundo de la izquierda abertzale. “Es una jurista muy pacifista y equidistante con el problema de la violencia etarra. Su trayectoria profesional no justifica en modo alguno haber accedido al Constitucional por méritos estrictamente jurídicos”, apuntan fuentes jurídicas.

La voluntad de los padres
EDITORIAL El Correo 9 Mayo 2011

La Administración debe garantizar el derecho a elegir el modelo lingüístico

Los datos de la prematriculación para el curso próximo en los centros educativos no universitarios del País Vasco arrojan un ligero crecimiento (el 1% aproximadamente) de la preferencia de los padres por el modelo de enseñanza íntegramente en euskera; una tendencia que se mantiene en los últimos cinco años.

Tres de cada cuatro alumnos preinscritos en educación Infantil han optado por lo que hasta ahora se ha conocido como 'D'; se observa un descenso del bilingüe y, más leve, de la ya muy reducida opción por la enseñanza en castellano. Este sistema de modelos lingüísticos, ahora en revisión con la introducción de la experiencia trilingüe (que añade el inglés como lengua vehicular en igualdad con las dos oficiales) ha resultado ser en el pasado objeto de un debate con hondo trasfondo político.

El final de la disputa exige, por un lado, el cumplimiento del compromiso adquirido por el equipo que llegó a Educación hace dos años de garantizar a todos los padres que podrán elegir el modelo que quieren para sus hijos; y, por otro, la aceptación por todos de los datos reales sobre las preferencias paternas, sin manipularlos para hacer de ellos bandera política. Todo esto no impide una seria reflexión sobre la eficacia de nuestro sistema educativo, en el que se han detectado deficiencias que tienen que ver con la elección de la lengua para cursar los estudios. La prematriculación para el curso 2011-2012 refleja también un aumento del alumnado, que tiene su justificación en el repunte demográfico de los años noventa y que comienza ya a notarse en las aulas de Secundaria (ESO). La previsión de una inexorable caída de la población infantil en las próximas décadas obliga a las autoridades educativas a realizar un pormenorizado análisis de las necesidades futuras, lo que exige atender el crecimiento actual -en medio de una profunda crisis- sin descuidar que el panorama a medio plazo será radicalmente distinto. Un difícil equilibrio que requiere ideas claras y consenso.

Demoledores votos particulares
Los discrepantes tachan de "lamentable" que el TC cuestione la pruebas del TS
En cinco duros particulares los jueces del TC señalan que está probado que Bildu corresponde a una estrategia de ETA para estar en las elecciones.
Ángela Martialay Libertad Digital  9 Mayo 2011

"Es impropio y lamentable que el Tribunal Constitucional incurra en el exceso de imputar al Tribunal Supremo que haya constituido una simple sospecha en argumento jurídico para excluir a los candidatos de la coalición Bildu de su derecho a la participación política". Esta afirmación se desprende del voto particular del magistrado Manuel Aragón, el único de los jueces del TC nombrados a propuesta del PSOE que votó en contra de conceder el amparo a Bildu.

Junto a Aragón, este lunes han hecho públicos sus votos particulares los otros cuatro magistrados que han tratado de evitar que esta marca electoral estuviera presente en las próximas elecciones del día 22. Se trata de Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Francisco Pérez de los Cobos y Francisco Hernando, todos ellos nombrados a propuesta del Partido Popular.

Los cinco defienden en sus votos discrepantes que el Tribunal Supremo se valió de numerosos documentos como "pruebas incidiarias" para impedir a Bildu concurrir a los comicios. Además, estos cinco jueces coinciden en que no le corresponde al Tribunal Constitucional valorar de nuevo esas pruebas sino revisar si se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales de esta marca electoral; un extremo que todo ellos rechazan de plano.

En este sentido, en su voto particular, el magistrado Francisco Pérez de los Cobos crítica duramente la sentencia de la mayoría del TC al afirmar que "el Tribunal Constitucional no puede alterar los presupuestos fácticos determinados en la vía judicial, ni revisar la valoración del material probatorio efectuado por los tribunales ordinarios".

Por su parte, el magistrado Javier Delgado recalca que hay que partir de la base "obvia de que probar la continuidad de un partido ilegalizado es una cuestión compleja (...) por lo que difícilmente podrán encontrarse pruebas directas".

"La convicción judicial de la existencia de una estrategia defraudatoria tendente a dar vida a los partidos ilegalizados a través de las candidaturas cuya proclamación ha sido anulada se funda en el presente caso en la concurrencia de una serie de elementos probatorios que, apreciados en su conjunto han llevado a la Sala del 61 del Supremo, llega a la conclusión de que aquellas candidaturas de la coalición recurrente Bildu han sido instrumentalizadas en su provecho por los partidos ilegalizados y disueltos por la sentencia de 27 de marzo de 2003- en referencia a la sentencia que ilegalizó Batasuna por ser el brazo político de ETA", señalan la minoría del TC.

"El TS ha constatado que ha quedado acreditada una operación política del llamado complejo ETA/Batasuna para utilizar, con fines de sucesión política, un elevado número de candidaturas electorales de los partidos legales Eusko Alkartasuna y Alternatiba, operación consumada con la constitución a tal efecto de la coalición electoral Bildu", señala en su voto particular Aragón.

Bildu, un fraude de ley
Además, estos cinco magistrados sostienen que al pretender Bildu cometer un fraude de ley –ya que para los jueces discrepantes sus miembros son los herederos de Batasuna- se afinan cada vez más las estrategias. "Carecería de sentido que, pretendiéndose realizar un fraude, se presentasen candidatos "contaminados", cuando ello, como es perfectamente sabido hubiese llevado por sí sólo y directamente a la anulación de las candidaturas", subraya Aragón.

"Quienes van a cometer un fraude no acuden al notario, ni se exponen a ser fotografiados en su intento, antes al contrario, lo ocultan meticulosamente para hacer más difícil su descubrimiento", añade Rodríguez Arribas.

En su voto particular, este mismo magistrado recuerda que desde el año 2003 "los integrados en el complejo ETA-Batasuna han intentado sin descanso y en cada convocatoria electoral, acceder a las instituciones, burlando la prohibición jurisdiccional y han ido aprendiendo de las sucesivas resoluciones que se lo han impedido, haciendo cada vez más difícil el descubrimiento del fraude y con ello su eliminación".

Rodríguez Arribas perfila la estrategia de Batasuna en esta ocasión: "El procedimiento empleado ha consistido en utilizar dos partidos políticos ya existentes –Eusko Alkartasuna y Alternatiba- pero de presencia institucional y afiliación decrecientes, para constituir una coalición electoral con independientes que, curiosamente, (...) salen de una izquierda abertzale que sociológicamente coincide con ETA-Batasuna". "Los partidos coaligados Eusko Alkartasuna eran plenamente conscientes de la instrumentalización por el complejo ETA-Batasuna de las candidaturas de la colación Bildu" por lo que ambas formaciones han actuado "como cooperadores necesarios en la materialización de la continuidad fraudulenta de los partidos ilegalizados y disueltos en su día por su vinculación con la banda terrorista", añade Manuel Aragón.

Asimismo, los jueces discrepantes coinciden en que es un error creer que el rechazo a la violencia de Bildu es real. Máxime cuando,subraya Francisco Hernando, expresidente del Tribunal Supremo, "en los comicios electorales las condenas de la violencia han sido recomendadas por la propia ETA, que ha llegado a dar instrucciones y pautas de actuación precisas al respecto, a fin de dar una apariencia de distanciamiento de ella a quienes formalmente se presentan como colectivos no relacionados con el grupo terrorista".

Para estos cinco magistrados tampoco es un motivo de peso como para validar las 254 de Bildu el hecho de que la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) contemple que sus candidatos puedan ser inhabilitados en cualquier momento de la campaña electoral si se demuestra su connivencia con Batasuna-ETA. Esta idea-alegan- no puede servir para frenar la ilegalización de un partido.

TC
Bildu y la magia potagia
Cristina Losada Libertad Digital  9 Mayo 2011

Hagamos, por un instante, como si el Gobierno hubiera sido veraz. Como si hubiera actuado desde la convicción cuando instó a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía a impugnar todas y cada una de las listas de Bildu. Desde la convicción, claro, de que respondían a una estrategia diseñada por la banda terrorista y de que era preciso prohibirlas. Pues, ausente tal certeza, qué terrible injusticia habría perpetrado el Ejecutivo. Nada menos que acusar a unas gentes de "intachable trayectoria democrática" de estar al servicio de los planes de ETA, que eso fue lo que postularon el abogado del Estado, el fiscal, la Guardia Civil y la Policía. Es más, ahora mismo tenían que pedirles perdón por haberlos tomado por infames peones del terror. ¿Por qué no lo hacen?

Suspéndase por un momento la incredulidad, esa baza que se concede a la ficción, toda vez que no saldremos de ella, y supongamos que Zapatero, Rubalcaba y Caamaño querían impedir que se colara un títere del entramado terrorista cuando, el 20 de abril, autorizaron a los servicios jurídicos del Estado a recurrir las listas. Si esa idílica conjetura fuera cierta, el Gobierno habría recibido la sentencia del Constitucional con lógica preocupación y alarma. A fin de cuentas, su aparato jurídico y policial y el propio Tribunal Supremo concluyeron sin lugar a dudas que los individuos que van a entrar en los ayuntamientos vascos son testaferros de los terroristas. Hete aquí, sin embargo, que el Gobierno ha recibido con palmas el fallo del TC y está encantado de que se permita el retorno al poder de los tapados de ETA. Donde antes estaba la banda, ahora no está, y tan contentos. Se ha hecho evidente que el Gobierno impugnó a Bildu para cubrirse, desde la doblez y el engaño trapichero.

En esa tramoya de funestas consecuencias, le ha correspondido al presidente vasco el papel más deslucido. López puso la mano en el fuego por la impecable "catadura" democrática del nuevo Frankenstein de ETA, y ahora clama que hay que controlarlos por si resulta que no son tan buenos. El Gobierno, en su felicidad, no se ha molestado siquiera en anunciar esa vigilancia de pega. Sus próceres se encuentran muy ocupados en una tarea más trascendental: mantener a raya, y calladitos, a los auténticos enemigos de la democracia, que se hallan atrincherados, como es sabido, en el Partido Popular. Ahí y no en Bildu, está la amenaza.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

El pacto entre el PP vasco y el PSE debe romperse de inmediato.
Aleix Vidal Cuadras www.gaceta.es  9 Mayo 2011

Algunos venimos advirtiendo a partir del inicio del segundo mandato de Zapatero sobre el acelerado declive de España y sobre la gravedad de la crisis múltiple que padecemos. El discurso al uso, y el primer partido de la oposición no es una excepción a esta ceguera parcial, consiste en concentrar los lamentos y las propuestas de solución en un aspecto especialmente tangible del deterioro: la recesión económica provocada por el cataclismo financiero global con sus terribles secuelas de desempleo, desequilibrio de las cuentas públicas y paralización del flujo de crédito. Sin embargo, este enfoque selectivo nos hace perder la noción de la verdadera naturaleza de nuestra crisis.

La noche triste del jueves pasado, al filo de cuya medianoche seis magistrados del Tribunal Constitucional se cubrieron de oprobio y traicionaron a su país cediendo a presiones externas de manera obscena, ha asestado el golpe de gracia al sistema político e institucional que con tanta altura de miras como ingenuidad puso en marcha hace tres décadas la generación de la Transición. Tras esta sentencia vergonzosa, ya nada será como antes.

Si el Estatuto de Cataluña puso la tapa al ataúd de la Constitución de 1978, la revocación de la invalidación de las candidaturas de Bildu ha sido el martillo que ha hincado los clavos en la caja. Hemos leído con todo lujo de detalles en medios solventes que el Gobierno ha enviado mensajes a los miembros del Constitucional, que ha habido reuniones y que los magistrados de tal filiación votarían en tal sentido y los de tal otra en el contrario. Nuestro estupor y nuestra consternación han sido mayúsculos al comprobar que tenían razón.

A partir de ahora, Mariano Rajoy ha de dejar el registro monocorde de la creación de ocupación para anunciar el arranque de una etapa de reconstrucción de una nación moralmente devastada. Y el pacto entre el PP vasco y el PSE debe romperse de inmediato. No habrá recuperación económica sin patriotismo regenerador.

El Constitucional contradice su propia doctrina al legalizar Bildu
“El TC siempre ha respetado la prueba tasada por el Supremo”, dice un magistrado afín al PSOE. “Se ha excedido en su jurisdicción”.
Diego Carrasco. Madrid www.gaceta.es  9 Mayo 2011

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que permite a la marca proetarra Bildu estar en las instituciones democráticas, sigue provocando fuertes críticas fundadas desde la judicatura. Y es que el fallo adoptado ha dejado una profunda herida entre las víctimas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás servidores jurídicos del Estado.

El núcleo central de las reprobaciones versan sobre el exceso de jurisdicción del Constitucional en asuntos que le corresponde valorar al Supremo y, sobre todo, por entrar a tasar cuestiones de legalidad ordinaria como es la prueba.
Un magistrado de tendencia progresista ha explicado a LA GACETA que “el Constitucional, al estimar el recurso de amparo de Bildu, ha incurrido en una flagrante contradicción con su propia doctrina elaborada durante muchos años”. De esta manera, “no ha sido coherente con la numerosísima jurisprudencia consolidada por el TC desde 1981 que afirma que a este tribunal no le corresponde valorar los hechos declarados probados por el Supremo porque no es su competencia ni corresponde a su función”. Es decir, “los magistrados del TC, que votaron a favor de Bildu, deberían haber partido de la valoración de la prueba realizada por el único sujeto constitucionalmente habilitado para ello, esto es, el Supremo y no haberla sustituido por la suya propia”, subraya.

Este magistrado, afín a las filas socialistas, razona que “en los recursos de amparo interpuestos contra presuntas violaciones de derechos fundamentales o libertades públicas, derivadas de decisiones de órganos judiciales, al Constitucional sólo le corresponde decidir si existen o no tales vulneraciones”. Por el contrario, “es ajena a las funciones del TC valorar la forma en que el órgano judicial, en el caso que nos ocupa el Supremo, interpreta y aplica la ley. Eso sí, en tanto en cuanto no se hayan infringido las garantías constitucionales”.
Censura

El asunto está muy claro. “Desde un punto de vista jurídico-constitucional no se puede aceptar que se puedan revisar las sentencias del Supremo mediante el cuestionamiento como acaba de hacerse en este caso, de cuanto valen las pruebas que condujeron a considerar que la coalición Bildu-Eusko Alkartasuna es continuadora de un partido (Batasuna) puesto al servicio de ETA”. En consecuencia, “el Constitucional ha cuestionado los argumentos dados por el Supremo que impedían a los integrantes de dicha coalición acceder a los cargos y fondos públicos”.

Por lo que respecta al derecho fundamental de participación política y de libertad ideológica, alegado por Bildu, debe realizarse dentro del marco constitucional y con el alcance previsto en la Constitución. Ahora bien, el ejercicio de este derecho tiene una serie de límites. Las citadas fuentes jurídicas consideran que “sorprendentemente la mayoría de los magistrados del TC parece desconocer dichos límites: el Estado democrático no puede tolerar la participación de quienes sólo se han caracterizado por la defensa de la destrucción del propio Estado”.

En este sentido, “los magistrados progresistas del Constitucional también parece que han olvidado que la Ley de Partidos dispone el sistema y las condiciones para acceder a los cargos y funciones públicas”. En otras palabras, “el juicio del TC sobre el derecho fundamental alegado por Bildu supondría dejar sin contenido a la Ley de Partidos”, subraya un juez.
Por otra parte, este magistrado de tendencia progresista también advierte de que “el Constitucional ha cometido un exceso de jurisdicción”. Esto es, “ha hecho oídos sordos sobre datos y hechos probatorios existentes en las mismas actuaciones, para llegar a la aberrante conclusión: quien ha considerado durante muchos años que nadie confiesa un hecho desfavorable si este hecho no es cierto tiende a considerar que la declaración de quien confiesa corresponde a la verdad efectiva del hecho confesado”.

Lo que ha quedado demostrado es que el fallo sobre Bildu ha producido una alteración en el funcionamiento del Estado de derecho, pues este tipo de decisiones provocan un estado de confusión. La sentencia del TC, que se hará pública de forma inminente, supone otro varapalo a las competencias del Supremo.

El Estado pierde la razón
Federico Quevedo www.gaceta.es  9 Mayo 2011

La sentencia del TC supone un ensañamiento jurídico sobre el más débil.

Una decisión política adoptada por un tribunal de procedencia política puede ser legítima y respetable, pero no tiene porqué ser justa, y en el caso que nos ocupa y que ya se imaginan ustedes, no lo es. No lo es desde el momento en el que supone una afrenta jurídica al más débil. Es más, diría que supone un ensañamiento sobre esa debilidad. La razón de la Justicia debe estar siempre al servicio de la defensa de quienes más lo necesitan frente a aquellos que pretenden imponer su ley por la vía de la fuerza, y en un Estado de derecho esa razón no puede ponerse nunca de parte de quienes sistemáticamente violentan las leyes para conseguir sus fines. Si el Estado acepta que el terrorista, el delincuente, el mafioso... tienen los mismos derechos que sus víctimas, entonces el Estado pierde la razón, y eso es exactamente lo que ha ocurrido con la sentencia de Bildu por parte del Constitucional. Quizá sea muy pronto para adivinar las consecuencias de semejante decisión, pero no duden ustedes que las va a tener, porque se trata de una de las sentencias más gravemente perjudiciales para la democracia que haya podido adoptar un tribunal llamado, precisamente, a defender los principios que la inspiran.

De entrada, la decisión deslegitima al propio TC por la razón antes mencionada: ha antepuesto los derechos de los verdugos a los de las víctimas y satisface las pretensiones de quienes han venido utilizando la violencia. Decir esto no significa, bajo ninguna circunstancia, poner en riesgo la democracia…

¡Cuidado! Los que ponen en riesgo la democracia son aquellos que permiten que se produzcan estas derivas. Luego, bajo ninguna circunstancia, ni este que suscribe ni nadie que critique la sentencia del TC o al propio TC, puede aceptar que se nos tache de otra cosa que no sea defender la Constitución y las leyes. Son otros los que se han subido al monte del extremismo y la radicalidad y, por desgracia, de la complacencia con los violentos.

*Federico Quevedo es periodista.

Bildu, a otro perro con ese hueso
Melchor Miralles. El Confidencial  9 Mayo 2011

El triunfo de ETA que supone la resolución del insufriblemente politizado Tribunal Constitucional daría para escribir miles de líneas. Voy a centrarme en dos aspectos que creo que resumen perfectamente lo sucedido. Quien más me ha aclarado lo sucedido, sin duda alguna, ha sido Iñigo Urkullu. El pope del PNV ha sido claro como el agua y sus palabras despejan cualquier duda: "Para favorecer la legalización de Bildu hemos hecho lo posible y lo imposible, hemos hecho cosas que se pueden contar y otras que no", para añadir, eso sí, que "en ningún caso ilegalidades o nada parecido, sino gestiones que quizá es mejor tenerlas en secreto".

Claro como el agua. ¿Qué gestiones ha hecho el PNV? ¿Ante quien las ha hecho? ¿Dónde las ha hecho? ¿De motu proprio o por encargo de alguien? El señor Urkullu no puede responder a estas preguntas. Sin embargo, con lo que nos ha dicho es más que suficiente, porque deja claro que los magistrados del Tribunal Constitucional no han adoptado una decisión con base en el ejercicio de su independencia, en el análisis de la constitucionalidad de la resolución del Tribunal Supremo.

De haber sido así, que es lo que establecen las reglas del juego legal y democrático, ni el PNV ni nadie tendría que haber hecho absolutamente nada para conseguir una resolución favorable a sus intereses, y de haberlo hecho debiera haber sido denunciado públicamente por los miembros de este TC que da... Iba a decir “pena”, pero prefiero ser sincero y decir “asco”. Porque asco es lo que me da observar cómo una y otra vez estos magistrados hunden su prestigio resolviendo no en función de sus conocimientos jurídicos y de la valoración de los preceptos legales, que es su obligación, sino obedeciendo consignas políticas cuya orientación varía en función de los intereses de quienes tienen el control del Ejecutivo.

Asco es lo que me da observar cómo una y otra vez estos magistrados hunden su prestigio resolviendo no en función de sus conocimientos jurídicos y de la valoración de los preceptos legales, sino obedeciendo consignas políticas

En segundo lugar está Rubalcaba, conmovedor, si no fuera insultantemente penoso: "El Estado de Derecho funciona así, me siento cómodo en este papel de respeto a las resoluciones judiciales". A otro perro con ese hueso, señor vicepresidente. ¿Cómo que en un Estado de Derecho quienes tienen que velar por la constitucionalidad de las resoluciones judiciales resuelven en función de las presiones del Ejecutivo y sus socios? ¿Cómo va a estar cómodo con una resolución del TC que da vía libre a los terroristas para volver a las instituciones, gobernar decenas de Ayuntamientos, obtener dinero público, acceder a los datos del censo y a cobertura legal de que disfrutan los representantes institucionales? ¿No habían presentado las FSE de las que usted es responsable las pruebas que acreditan que Bildu es ETA? ¿Está cómodo con una sentencia que posibilita a ETA presentarse a las elecciones?

Ah, perdón: es que usted es un demócrata que respeta las decisiones judiciales. Pero hombre, señor vicepresidente, ¿es que en la democracia que a usted le gusta no es compatible el respeto a una resolución judicial con la crítica argumentada de la misma? ¿No cabe en su Estado de Derecho la expresión de las opiniones? ¿Constituye un acto de desacato criticar una decisión judicial?

Montesquieu ha muerto
A otro perro con ese hueso señor vicepresidente. Existen las hemerotecas amigo, y no fue así como actuaron usted y sus acólitos cuando otras resoluciones judiciales del Tribunal Supremo no resultaron favorables a sus intereses. Le voy a recordar un texto que usted defendió tras la sentencia que condenó a correligionarios suyos por secuestrar a un anciano viajante de comercio, mantenerle una semana en una cabaña en pijama y finalmente ponerle en libertad tras, eso sí, haberse planteado la posibilidad de enterrarle en cal viva, como hicieron con dos etarras unos meses antes: "Este juicio fue impulsado en el contexto de una operación política para desplazar al PSOE del poder... Tuvo una instrucción plagada de irregularidades que privaron de las garantías procesales a los acusados... Y hubo una presión político-mediática intolerable sobre el Tribunal para quebrar su independencia e imparcialidad". Entonces tenía usted otra opinión, ¿verdad?

Lo que funciona así, señor Rubalcaba, no es el Estado de Derecho, es el Régimen que padecemos, en el que los partidos políticos se pasan por el arco del triunfo la separación de poderes y reproducen miméticamente en el Judicial la aritmética parlamentaria del Legislativo para que el Ejecutivo lo controle todo, lo cual supone la certificación de defunción de la esencia de un Estado de Derecho. Claro que ustedes, por boca de inefable Alfonso Guerra, lo dijeron muy clarito hace muchos años: "Montesquieu ha muerto".

Y ante un asunto de tal gravedad, Mariano Rajoy, según todas las encuestas próximo presidente del Gobierno, va y dice en el arranque de campaña que no desea que el asunto de Bildu "relegue a un segundo plano los problemas de los ciudadanos". O sea, que el líder de la oposición considera que esto del terrorismo, más de mil muertos, la presencia de los terroristas en las instituciones, constituye una preocupación menor, no forma parte de las preocupaciones de los españoles. Vamos, que los ciudadanos carecen de principios, no tienen convicciones, y solo nos interesa que nos cuenten en sus mítines de campaña milongas repetidas en forma de promesas de las que, además, tantas veces se olvidan una vez que los ciudadanos han depositado su voto en las urnas. ¿Y cree que, de este modo, invita a la participación? Yo conozco a más de uno que se lo está pensando.

Se puede y se debe criticar al Tribunal Constitucional si sus resoluciones lo reclaman
Mario Conde www.gaceta.es  9 Mayo 2011

Derecha e izquierda deberían, como primera medida, impedir que los ciudadanos tengan el pleno convencimiento de que en España la verdadera independencia judicial brilla por su ausencia

Son muchos -estoy convencido- los españoles que se han indignado con la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se legaliza Bildu. Es mas que posible que la intensidad de la indignación haya provocado ciertas sobrereacciones en algunos. Pero hay que darse cuenta del fondo del asunto: unas personas a las que el Tribunal Supremo ha considerado como pertenecientes a la órbita etarra, esto es, de alguna manera relacionados con una organización que tiene detrás suya miles de asesinatos, van a poder presentarse a unas elecciones democráticas y ocupar puestos y percibir emolumentos del Estado al que niegan por principio. No es un asunto, como quieren presentar algunos, de la izquierda abertzale. El pensamiento de izquierdas, incluso si se adorna del deseo de independencia por medios pacíficos, es legal en nuestro sistema jurídico. Pero es que no es eso lo que indigna sino el que, insisto, personas que con arreglo a una sentencia del Tribunal Supremo se encuentran, según las pruebas practicadas, en relación con la banda terrorista.

Las reacciones en el ámbito del partido socialista se centran en don planos. Una, decir que la derecha española es la mas derecha de toda Europa porque se atreve a criticar al Tribunal Constitucional. Otra, la violación de un principio capital en estados asolados por el terrorismo: no utilizar estos asuntos en la lucha política. Desde el mismo instante en que el ex presidente González dedica frases en campaña acusando al PP de lo que sea en relación con el terrorismo, ya está siendo utilizado como arma, de modo que la imputación decae dado que a un lado y otro del espectro político la están utilizando.

Pero lo importante son dos puntos. Primero, que claro que es posible criticar al Tribunal Constitucional. Faltaría mas. Es posible y hasta es obligado hacerlo cuando demasiadas evidencias ponen en cuestión la credibilidad del órgano que teóricamente se encuentra concebido para garantizar la pureza de la interpretación del texto constitucional que nos dimos en 1978. Una cosa es que pensemos que ese texto necesita retoques de importancia, a la vista de la experiencia que nos ha tocado vivir. Y otra que mientras esos cambios llegan no se puede formular críticas sobre el Tribunal Constitucional.

Se puede y se debe. Tanto sobre sus resoluciones como sobre el modo y manera en la que actúan y son nombrados sus miembros. Máxime cuando hay consenso en definir al citado Tribunal como una instancia política.
La crítica mas feroz viene, precisamente, de manos del PNV al afirmar que retiraría su apoyo al Gobierno si los tribunales no resuelven a favor de la legalización de Bildu. Esto equivale a sostener que los tribunales actúan según los dictados del Gobierno. Y eso no lo dice un comentarista sino un Presidente de un partido político importante en España.

Es totalmente criticable que el Constitucional se convierta en una instancia revisora del Supremo, algo para lo que no fue concebido por la Constitución. No es la primera vez que sucede, pero sí, creo, la mas importante.

Decir que la derecha española es la mas derecha de Europa porque formule esas críticas, es un desenfoque algo mas que profundo. Derecha e izquierda deberían, como primera medida, impedir que los ciudadanos tengan el pleno convencimiento de que en España la verdadera independencia judicial brilla por su ausencia. Lo cierto y verdad es que para muchos españoles las sentencias judiciales han perdido credibilidad de fondo y son percibidas como decisiones sustentadas en argumentos políticos mas que jurídicos. Y eso no es nada bueno para la salud democrática de un país.

¡Qué desolación!
Regina Otaola www.gaceta.es  9 Mayo 2011

Una desolación inmensa es lo que sentimos muchos españoles al ver cómo en 24 horas se dan todas las bendiciones a una coalición trufada de proetarras. Los que deberían ser garantes de la Constitución española han decidido con sus interpretaciones sobre Bildu defender el presunto derecho de participación electoral de los enemigos de España antes que los derechos democráticos de los demás españoles. Con esta sentencia el llamado Tribunal Constitucional se ha hecho el haraquiri, ha perdido la poca credibilidad que tenía y muchos opinamos que si no existiera nos iría mejor. Es desolador además saber que el muñidor de toda esta farsa urdida en torno a la legalización de ETA es el propio ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, que aún se permite afirmar con total desfachatez que “lo que distingue a los demócratas de los que no lo son es el respeto al funcionamiento del Estado de derecho”. De qué respeto y de qué Estado de derecho nos habla un ministro que está detrás del chivatazo del caso Faisán para sortear precisamente la ley; un ministro cuya política penitenciaria ha sido de “quita y pon”, retorciendo los términos legales para excarcelar a sanguinarios etarras como De Juana o Troitiño; un ministro que lleva siete años mintiendo a la opinión pública sobre lo que se negocia o deja de negociar con los criminales. Al parecer para recibir el carné de demócrata de manos del ministro hay que formar parte de la coalición Bildu o de cualquiera de los partidos que ahora celebran como un triunfo de la democracia esta nueva y vergonzante claudicación.

Y lo mismo vale para Patxi López, a quien no se veía tan feliz y radiante ni siquiera cuando fue nombrado lehendakari. Ahora resulta que los que están a favor de permitir esta puñalada a nuestra democracia son “demócratas” y el resto somos los no demócratas. Así se escribe la historia con este Gobierno empecinado en hacer de España un lugar donde mangoneen independentistas, terroristas y ellos. El resto les sobra. Sobra todo aquello que pueda suponer un estorbo en su objetivo final: el poder al precio que sea. Por tanto, sobran las víctimas, sobra parte de la oposición y, por supuesto, el resto de ciudadanos. Sobra todo el que ose afirmar que “el rey va desnudo”.

Las víctimas se sienten de nuevo desamparadas, totalmente desamparadas porque quien tiene la obligación de hacerles justicia y protegerlas les ha traicionado para favorecer a ETA, porque en España tenemos un Gobierno empeñado en hacer factibles las exigencias de la banda terrorista para ver si así dejan de matar. Craso error. Ahora vuelve a quedar en nuestras manos denunciar esta traición en la calle el próximo 14 de mayo, pero también en las urnas el próximo 22. Quien traiciona a las víctimas, quien perjudica la democracia y menoscaba la legalidad debe recibir su castigo electoral. Si creen que nos van a desfondar, están muy equivocados. Frente al engaño y la traición opondremos de nuevo la reivindicación de justicia y dignidad.

*Regina Otaola es alcaldesa de Lizarza.

“El pecado de la izquierda es no haber creído nunca en una España libre”
José Javier Esparza, periodista y escritor. Tras sus recientes éxitos editoriales, el prolífico autor publica dos volúmenes esta semana. Se trata de ‘Juicio a Franco’ y ‘El libro negro de la izquierda española'.
I. P. Madrid www.gaceta.es  9 Mayo 2011

Con un copioso currículo como novelista, ensayista, historiador y comunicador -actualmente copresenta el Telediario nocturno de Intereconomía TV junto a Pilar García de la Granja y Eduardo García Serrano-, José Javier Esparza (Valencia, 1963) publica esta semana dos libros con los que, a buen seguro, repetirá la gran acogida que ha tenido en el mercado su reciente Moros y cristianos (La Esfera). El primero de los volúmenes de Esparza es Juicio a Franco (Libros libres), definido por su autor como “un ensayo de interpretación histórica”. El segundo es El libro negro de la izquierda española (Chronica), tomo del que Esparza es editor y que cuenta con las colaboraciones e historiadores y expertos como José Carlos Rodríguez, Fernando Paz, Juan Carlos Girauta o Jesús Palacios, además de lo escrito por el propio Esparza.

-Centrándonos en ‘Juicio a Franco’, si para usted “ser franquista hoy es un ejercicio de vacío”, no me negará que hay mucho antifranquismo retrospectivo...
-Nunca ha habido tantos antifranquistas como después de muerto Franco. Sirve como sustitutivo del vacío ideológico y de futuro de la izquierda española. Entre esos antifranquistas hay muchos hijos del régimen, lo que nos hace pensar que en el antifranquismo hay más factores afectivos y personales que políticos.

-¿Su libro es memoria histórica o va en contra de la Memoria Histórica?
-Trata de ser una interpretación de la Historia. Cuando esta se falsea en virtud de la memoria histórica, entonces va en contra de ella.

-Le haré la misma pregunta que usted se hace en su libro, ¿Cómo no somos capaces de hablar tranquilamente de estas cosas, es decir, de Franco?
-Mi apuesta fundamental es hablar del franquismo como si no nos fuera la vida en ello. Hay que hablar de él como lo que es, una realidad pretérita. Pero no podemos hacerlo porque el actual sistema lo erige como referencia de todo lo que es negativo. Tan fuerte es la demonización del franquismo que un estudio objetivo como este puede hacer que me llamen franquista...

-Si los historiadores señalan éxitos del régimen como apartar a España de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue su principal falla?
-El régimen no fue capaz de adaptarse, como sistema político, a los cambios sociales que él mismo impulsó.

-En lo respecta a ‘El libro negro’, ¿no considera que la resistencia intelectual a la izquierda ha sido endeble?
-Ha sido nula, por tildar de franquista a todo pensamiento que se reclamara de derecha. La derecha política y económica ha renunciado a su acervo de pensamiento.

-¿Cuáles son, a su juicio, los mayores daños infrigidos por la izquierda a España?
-En primer lugar, las izquierdas hicieron imposible la democracia en la Segunda República. Y, en segundo lugar, han desarmado moralmente a la sociedad española del 78 a esta parte. Como fuere, el pecado capital de la izquierda es no haber creído nunca en una España realmente libre.

-En España se habló, tradicionalmente, de ‘las derechas’. ¿Ha formado la izquierda un bloque unitario?
-La República fracasó, en buena parte, por los enormes encontronazos de los partidos de izquierda que había en su seno. Ya en democracia, la izquierda sí ha sido unitaria: véase que PSOE, comunistas y separatistas se han unido prácticamente siempre.

-En el libro del que usted es editor se afirma que la izquierda española ha conocido su momento intelectual más bajo con Zapatero.
-Creo que no hay más que ver el perfil medio de los actuales gobernantes en España. Nunca ha habido tanto inepto ocupando cargos de poder. Eso tiene explicación, claro: en primer lugar, el hecho de que el PSOE funciona como un gran sistema clientelar. Y, en segundo lugar, el hecho de tener un sistema educativo como el que venimos arrastrando.

-¿Cómo se explica que el PSOE haya terminado por copar la cultura?
-Hasta los setenta, la cultura de izquierdas era la comunista. A partir de entonces, el PSOE se suma con éxito a la estrategia gramsciana de toma del poder cultural.


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