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Recortes de Prensa   Miércoles 8 Junio 2011

 

El Trilingüismo de la imbecilidad
Juan Vicente Santacreu Estrella Digital  8 Junio 2011

Después de ver en el programa 'Dando Caña' de Intereconomía TV, la única cadena que se ha atrevido a plantear el tema del Trilingüismo con total libertad y a pesar que alguno de los contertulios pierde aceite con el PP, me atrevo hacer unas reflexiones en voz alta para apoyar a unos y reflexionar a los otros.

Está claro que los políticos de la Casta PP–PSOE sienten tambalear el principal pilar de sus taifas, las lenguas separatistas tribales.

Dos motivos principales son los que están cuestionando la obligatoriedad de estudiar en una lengua o dialecto regional : El gran fracaso escolar, que a pesar de disfrazar las cifras, vamos a la cola de Europa. Y los gritos de muchos ciudadanos y de Masby que estamos empeñados en que España siga siendo un solo país.

Los políticos y sus lacayos tienen motivos de sobra para defender la obligatoriedad de estudiar e imponer sus lenguas. Sus argumentos banales son :

-Estudiar varias lenguas enriquece el aprendizaje de los alumnos. Esa misma historieta nos contaban los políticos de la dictadura franquista sobre el latín y el griego. Estoy totalmente de acuerdo, estudiar varias lenguas enriquece, pero lenguas que sirvan para algo, como el inglés, francés, alemán, etc., no lenguas que sólo sirven a los intereses políticos.

- Las lenguas tribales españolas son un bien cultural. Dejemos ya de decir gilipolleces en voz alta que al final el pueblo se las cree. Las lenguas autonómicas son un bien cultural como lo son los castillos medievales o los puentes romanos y a nadie se le ocurre que tengamos que seguir construyendo obligatoriamente esas obras.

Son como los sellos de correos, un bien cultural que ha perdurado durante muchos años, forma parte de nuestra historia gráfica y social, pero a nadie se le puede ocurrir marginar los E-mails en pro de la conservación de la filatelia. Eso se llama involución.

¿Por que los políticos defienden con tanto ahínco la obligatoriedad de la utilización de las lenguas autonómicas?

- Principalmente porque ello legitimiza sus Taifas y justifica sus reinados. Si en España nunca hubiesen existido dialectos regionales, ¿qué haría Camps, Feijoó, Sánchez Camacho, Antonio Basagoiti, etc.? Tendrían que trabajar en algo productivo en lugar de vivir del cuento, eso sí, cuentos contados en sus lenguas medievales.

- El mantenimiento de las lenguas propicia pingües beneficios para multitud de vividores del rollito: editoriales, artes gráficas, profesores de lengua tribal, academias, traductores, actores, dobladores, cuentacuentos, perroflautas, etc. Inmensas fortunas derrochadas que sólo producen orgullo endogámico, principal alimento de los borregos.

Inconvenientes. Creo que son obvios:
- Todos los niños de España no pueden estudiar en español, por mucho que se afane en gritar el PP que en sus guetos sí se puede.

- El estudiar en lenguas involucionistas nos sitúa en el primer puesto de fracaso escolar dentro de Europa, aun y a pesar que los distintos gobiernos regionales disfrazan los resultados.

- Los conocimientos en lenguas medievales –en la práctica- conlleva a una incultura general en español con resultados alarmantes; el 80% de los jóvenes de 18 años no tienen comprensión lectora de textos sencillos. Esa es la cantera de los españolitos que el día de mañana, decidirán nuestro incierto futuro.

- El fomento de distintas lenguas dentro de un país crea una segregación natural de los ciudadanos de España.

- Los funcionarios y muchos profesionales no pueden trabajar libremente en distintos lugares de España si no conocen la lengua tribal.

- Las lenguas autonómicas ocasionan el mantenimiento de 18 presidentes de gobierno. Somos el único país del mundo con tantos presidentes de gobierno.

- El mantenimiento de las lenguas autonómicas ocasiona un gasto de 6.000 millones de euros al año que pagamos entre todos.

- El mantenimiento de las lenguas tribales ocasionan un consumo de casi 2 millones de toneladas de papel al año, uno de los ataques ecológicos más alarmante e inútil.

- El mantenimiento de las autonomías nos cuesta 35.000 millones de euros al año, que pagamos entre todos.

- El mantenimiento de las televisiones autonómicas nos cuesta al año 3.500 millones de euros. Sirven para oír lo maravilloso que es el presidente de turno y para fomentar la lengua tribal. ¿Sirven para algo más?

- Las lenguas autonómicas son una mentira política o una verdad a medias. El gallego, por ejemplo, lo están normalizando, esto quiere decir que de las tres variantes de dialectos quieren agruparlo en uno solo. Lo mismo pasa con el vasco y con el valenciano en sus tres modalidades que se hablan en Valencia, Cataluña y Baleares. -Digo lo de valenciano, porque en Valencia se encuentran los primeros indicios de esta lengua en toda la península, pese a quien pese y principalmente a los catalanes-.

¿Cómo es posible que tal aberración involucionista tenga éxito? Es una de las cosa más fáciles que dominan los políticos, solo tienen que gritar las palabras mágicas como: cultura, nuestras raíces, nos quieren arrebatar, identidad, historia, etc. Y todos como borregos se cierran en círculo hasta tal punto que ni siquiera hacen falta barrearas físicas, el establo se auto construye por sí mismo.

Hasta Francisco Álvarez Cascos en Asturias ha utilizado esta técnica para estimular las hormonas endogámicas de la gente y le ha dado resultado.

¿Cómo se realiza la imposición lingüística? Lo he dicho muchas veces, utiliza el mismo manual de ruta que el Islam: tolerancia, imposición y sumisión.

En el caso de las lenguas se empieza por la asignatura propia, a los pocos años y con la excusa de la inmersión lingüística, se obliga a utilizar otra asignatura con la lengua tribal. Evidentemente, se elige Conocimiento del Medio, que es donde están todos los conceptos de la vida cotidiana, ciencias, geografía, medio, etc., quedando las asignaturas de gimnasia, religión, plástica, inglés y español. Asignaturas que no aportan prácticamente nada de nuestro entorno natural.

Con este plan de estudios, tenemos obligatoriamente una cantera de indigentes culturales bambando por las calles y luego con los años, estos votan, claro, votan lo que votan.

Resultado, jóvenes de 18 años que el 80% no tiene comprensión lectora de textos sencillos y no podrán estudiar una carrera universitaria.

Trilingüismo. Como en Masby hemos ocasionado mucho desgaste político con nuestra lucha denunciando la inutilidad de las lenguas tribales y el genocidio contra el español, los ingenieros políticos de la Casta se han puesto las pilas desarrollando el trilingüismo para contrarrestar esta presión sin abandonar la idea de mantener las lenguas medievales.

¿Qué es el trilingüismo? Es una modalidad única en el mundo para estudiar las asignaturas en tres lenguas, el español, la lengua tribal y el inglés. Los políticos piensan –cosa rara- que cada asignatura se dé en un idioma y así ampliar la cultura de los estudiantes.

A ver, ¿estos tíos son imbéciles? ¿Qué asignatura quieren dar en inglés, la religión o la plástica? ¿Y qué asignaturas en español? ¿De verdad que estos imbéciles no se han dado cuenta que no hay bastantes asignaturas?

Hablando de Valencia, tenemos el Conocimiento del Medio en valenciano, también la asignatura del valenciano, si quitamos el inglés y el español, ¿qué queda?, religión, plástica, gimnasia... ¿Con eso va aprender inglés?... Y español ¿cuándo lo van aprender?

Dos cosas no se aguantan en España, la prevaricación política y la estupidez ciudadana.

Reflexiones
- Un estado federal se construye a partir de varios países que se unen, España es el único país del mundo, que con una historia de 500 años los políticos tienden a separarla para luego unirla en estado federal, o vete tú a saber en qué gilipollez nacional. Creo sinceramente que los políticos te están chuleando a ti, a tu dinero y a España

- Si el problema de las lenguas no existiera, nunca se habría planteado un Estatuto separatista o estaríamos hablando de terroristas en las instituciones.

- Las gilipolleces se sabe donde empiezan pero no donde acaban. De momento, en España tenemos traductores en el Senado y editamos diccionarios gallego-vascuence o valenciano-gallego. Pero tranquilos, aun no hemos tocado techo.

- A Francisco Camps le ha costado 10 años aprender valenciano sólo para utilizarlo en los mítines. En cambio, cuando va a EEUU a vender naranjas no tiene ni puñetera idea de lo que le dicen. ¿Tú quieres un político que sepa valenciano o que sepa gobernar?

- En un idioma vivo como el español, las palabras las van generando los ciudadanos en la calle y para desechar los modismos, cuando estos superan un tiempo determinado de uso, pasan a engrosar la riqueza del idioma, siendo entonces aceptadas por la Real Academia de la Lengua Española.

Las lenguas autonómicas, como son lenguas muertas, esto no puede suceder y es la Academia de la lengua Autonómica la que se inventa las palabras tecnológicas y modernas para imponerlas a los ciudadanos e ir cubriendo sus necesidades lingüísticas.

Las lenguas tribales son como la homosexualidad, muchos lo defienden y algunos hasta están orgullosos de ello, pero pregúntale a una madre embarazada ¿qué le gustaría tener, chico, chica u homosexual?... A ver lo que te contesta. Exactamente igual con las lengua tribales, cuando tu hijo tenga 20 años, pregúntale si todo lo que sabe de vasco lo cambiaría a pelo por saber inglés, o a lo mejor simplemente, le gustaría no pertenecer al 45% de jóvenes indigentes culturales.

Tranquilo, embadúrnate de vaselina, que los políticos te seguirán metiendo todo lo que quieran, eso sí, con buena dosis de orgullo endogámico. Rebélate, sal del redil y si alguno te dice que las lenguas son un bien cultural, dile sin vergüenza y en voz alta, “no imbécil, no es un bien cultural, es motivo de separación y de indigencia nacional”

Ante el caos y el descrédito autonómico, el Estado unitario y democrático
Manuel Muela*. El Confidencial  8 Junio 2011

Con motivo del traspaso de poder en las Comunidades Autónomas, los españoles estamos asistiendo a una representación teatral llena de acusaciones diversas entre los protagonistas, los ganadores y los perdedores de las elecciones, que inquietan a muchos ciudadanos de buena fe y que prueban a los ojos de otros la inviabilidad de una ordenación constitucional, el Estado Autonómico, puesto en ruina y descrédito por un ejercicio vanidoso e insolidario de los principios constitucionales y, lo que es más importante, por el olvido de los criterios del buen gobierno.

Nunca, como en este caso, se podrá constatar con más propiedad cómo se ha despilfarrado la pólvora del rey, que no es otra cosa que la versión actual de los impuestos y de los esfuerzos fiscales de los españoles. Por eso, conviene apelar al cambio, desechando dogmas y rigideces constitucionales, para que las instituciones sean puestas al servicio de los ciudadanos y que éstos dejen de estar condicionados por su mal funcionamiento: hay que cambiar el propio Estado.

Como en otras ocasiones de nuestra historia, estamos viviendo una crisis política y constitucional, que casi nadie niega ya, que causa las dificultades para estabilizar en España un modelo de Estado, que responda a las necesidades de una sociedad democrática contemporánea. Lo que viene sucediendo es un eslabón más en la cadena de problemas con los que se ha enfrentado el Estado en España desde que los liberales de Cádiz alumbraron la nación política y la dotaron de una Constitución, la de 1812, que pronto hará doscientos años. El modelo unitario que se pretendió entonces ha tenido escasas posibilidades de realizarse en democracia, porque ésta ha sido siempre fugaz en nuestro país. Pero, en mi opinión, no debería condenarse al olvido una formulación constitucional, la del Estado unitario, sobre todo si se considera que lo opuesto a la misma, federalismo o autonomismo, ha supuesto el crecimiento de los sentimientos centrífugos, que alimentan la desigualdad y el debilitamiento del poder público.

Los últimos dos siglos de la historia de España han estado marcados por la controversia y el enfrentamiento entre dos modos de organizar la vida pública y la propia convivencia de los españoles: por una parte, está la tradición más autoritaria y menos tolerante, identificada con la visión centralista del Estado, que ha gozado de una clara preeminencia. Por otra parte, también hemos contado con la tradición abierta y humanista, proclive a la modernización del poder público, cuyo protagonismo ha sido menor, aunque sus proyectos y propósitos siguen teniendo interés para lograr los objetivos del progreso político y de la transformación social.

Estado unitario y centralismo
España, por causa de una historia difícil y serpenteante, está todavía aquejada de importantes déficits sociales y educativos, también democráticos, sin contar todavía con una sociedad civil suficientemente sólida para suplir tales carencias

Como consecuencia de ello se ha llegado a la mistificación de confundir al Estado unitario con el centralismo, haciéndolo incompatible con un orden abierto y democrático. Esa es la razón básica de que en las épocas democráticas haya primado la idea de cambiar la estructura del Estado, sin preocuparse demasiado de los contenidos ideológicos del mismo. Con un simplismo muy propio de nuestro carácter nos hemos dejado llevar demasiado por algunas ensoñaciones, cuya realización ha acarreado más problemas de los que perseguía resolver: el federalismo de la segunda mitad del siglo XIX y el autonomismo ensayado en el siglo XX pueden ilustrarnos sobre cómo políticas aparentemente bien intencionadas conducen las más de las veces a la degradación del poder público y al debilitamiento de su expresión máxima, que es el Estado.

España, por causa de una historia difícil y serpenteante, está todavía aquejada de importantes déficits sociales y educativos, también democráticos, sin contar todavía con una sociedad civil suficientemente sólida para suplir tales carencias. Por ello, sigue necesitada de un poder público que impulse su transformación y su modernización, sin despotismo pero con energía. Y el Estado es el instrumento idóneo para ello. Así lo entendieron los países europeos que hace más de siglo y medio abrazaron los principios de la revolución burguesa, que requería Estados fuertes para vencer las inercias y las resistencias al cambio político y social. Sin esa fortaleza solo se podía aspirar a ligeros barnices de modernización, incapaces de alterar las corrientes retardatarias que, con una u otra apariencia, han sido dueñas y señoras de la política española.

La confusión ideológica, trufada de posiciones nacionalistas arcaizantes, ha contribuido a consolidar la idea de que el Estado unitario fuerte es una manifestación autoritaria a la que hay que oponer un modelo distinto, basado en la idea de las parcelaciones territoriales dotadas de poder político propio y autónomo. Los individuos quedan así en un segundo plano, con cierta indefensión ante un poder cercano, que suele carecer de la neutralidad de la distancia y de la preocupación por el interés general. Esa es en gran parte nuestra experiencia política reciente, cuya maduración arroja frutos de desigualdad para los ciudadanos y de corrupción en el ejercicio del poder público: hay regiones importantes, y menos importantes, en España en las que la alternancia en el poder resulta poco menos que inverosímil, sin que haya razones de bienestar económico y social que lo justifiquen. Prueba de ello es lo que está sucediendo estos días.

Creo que disponemos de conocimiento y experiencia histórica para constatar que los intentos de modernización del Estado en España, basados en aquellas premisas, han fracasado sucesivamente, porque, entre otras cosas, se han primado los sentimientos de lo centrífugo. Se ha olvidado que en nuestro país, donde todavía persisten importantes desequilibrios sociales, sigue siendo necesaria la capacidad homogeneizadora de un poder público central fuerte. La tendencia de los poderes regionales autónomos a eludir el interés nacional ha sido una constante histórica. Que no debería ser así, porque también son parte del Estado, pero es, y a los hechos me remito. Cada día tenemos pruebas de ello.

En un momento crítico en lo político y en lo económico, que obligará a cambios de todo orden, parece justificado encarar un problema que tiene difícil arreglo sin cambiar éste orden constitucional: entre las reformas del mismo habría que abordar la sustitución del derecho a la autonomía de las regiones por formulaciones más cercanas a la descentralización administrativa que al concepto de autonomía. Porque se quiera o no, y a los hechos me remito, éste último siempre deriva en acentuar la debilidad del poder público, cuando no en la deslealtad hacia el propio Estado. Un Estado unitario, nutrido y sostenido con los valores de la democracia, nada tiene que ver con el señuelo del odiado Estado centralista, que ha resultado tan útil para vender a los españoles una mercancía política muy beneficiosa para algunas clases dirigentes, pero menos para los ciudadanos y contribuyentes.

Las cuentas del Gran Capitán en las autonomías
Atención: Europa se está fijando en ese patio de Monipodio que es el Estado autonómico. El PSOE denuncia que el PP se queje de los números, pero de la crisis tenía la culpa Aznar. A la izquierda le subleva que los populares les pidan cuentas, cuando ella es la guardiana de las esencias.
El Trasgo www.gaceta.es  8 Junio 2011

Ha pasado la hora de los políticos, ha llegado la hora de los contables. Los nuevos alcaldes y presidentes de comunidades autónomas se han encontrado sus Administraciones hechas unos zorros y presupuestos con más agujeros que un gruyer. En el tiempo que les ha quedado, los cesantes le han dado a la trituradora de papeles hasta que ha echado humo. Y todos, todos, acusan a los otros de mentir con toda la boca. ¿He dicho que ha llegado la hora de los contables? No: siempre es la hora de los políticos. Lo peor: Europa se está fijando en ese patio de Monipodio que es el Estado autonómico, y todavía nos van a volver a sacar los colores. “La Comisión Europea ve necesario un techo de gasto autonómico en España”, reza el titular de ‘El País’, periódico que ayer abría con “Rajoy emplaza a Zapatero a pactar nuevos recortes con las autonomías”. Y quien se ha ‘chivado’ a Bruselas, dicen en el PSOE, es Rajoy: “Rubalcaba culpa a Rajoy de dar un ‘espectáculo irresponsable”, informa el diario global.

En la batalla del “pues tú más”, la prensa toma partido. El mayor campo de batalla se llama Castilla-La Mancha, tanto tiempo en manos socialistas que se acostumbraron a considerarlo su cortijo y, de creer al PP, allí han dejado a deber hasta la manera de andar. La izquierda, naturalmente, da la versión del PSOE de la jugada: “Castilla-La Mancha presenta una deuda a proveedores cinco veces inferior a la denunciada por el PP”. Eso, mientras que el secretario de Acción Parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha denunciado este martes la actuación de la Junta de Gobierno y del PSOE de la región, a las que ha acusado de actuar con “nocturnidad y alevosía” y de una manera “cuasi delictiva” en el traspaso del poder en la comunidad. Uno, que es de letras, no se aclara.

En general, a la izquierda le ha sentado como una patada que el PP denuncie el mal estado de las cuentas autonómicas, aunque sus próceres hayan convertido en un verdadero arte el viejo truco de achacar todos los males a ‘la herencia recibida’. Recuerden que hasta de la crisis, que estalló en el segundo mandato de Zapatero, tenían la culpa Aznar y sus ‘ladrillos’. “Si exagerar las dificultades financieras de las autonomías es una estrategia para poner contra las cuerdas al Gobierno central, hay que decir que, en estas circunstancias, es muy peligroso”, se lee en el editorial de ‘El Periódico de Catalunya’, “Déficit autonómico”. “Pero si en realidad de lo que se trata es de echar las culpas a otros y justificar así políticas que se van a aplicar y que no figuraban en los programas electorales, lo que se hace es contribuir al menoscabo de la esencia de la democracia”. Ya se sabe, sólo la izquierda es guardiana de las esencias. La derecha, calladita está más guapa.

‘Público’ se lo toma por la tremenda y se echa al monte titulando en primera: “El PSOE denuncia la ‘deslealtad sin límites’ de Rajoy”. Muy peliculero, eso de “deslealtad sin límites”; deberían apropiárselo los americanos como nombre para una de sus operaciones bélicas. Marco Schwartz, jefe de ‘Opinión’ de ‘Público’, truena abriendo su sección: “La victoria arrolladora del PP en las elecciones del 22-M, lejos de imprimir a este partido un toque de moderación y sentido de Estado, parece haber activado en él los más bajos instintos políticos, como lo está demostrando con sus graves acusaciones sobre la situación económica en las autonomías y ayuntamientos hasta ahora gobernados por los socialistas”. Este hombre tiene un verbo decimonónico en plan “el celo de la casa de mi Padre me consume”, que, he de admitir, me encanta. Quizá no les extrañe que haya titulado su pieza “Una estrategia irresponsable e hipócrita”. Me lo imagino tratando de colar algún otro adjetivo atronador antes de ser desaconsejado por el jefe de maquetación. Lean el final y no me digan que no parece Castelar redivivo: “Todo esto lo sabe el PP. Pero el instinto le doblega la razón”.

Isaac Rosa se queja en ‘Público’, en “¿No había otra salida? ¿Lo intentaron?”, de que la izquierda haya dejado de ser izquierda, al menos en lo económico, y que cuando viene la crisis sólo se le ocurra aplicar políticas de derechas. Encabeza su columna con una cita de Bono (“Hay que abandonar los estandartes apolillados del XIX, las monsergas marxistas; los socialistas tenemos que ser eficaces.”), un hombre que en su carrera política ha virado adonde haya hecho falta y que, en su vida personal, ha demostrado no hacerle ascos al capitalismo ‘salvaje’. “Si en momentos de crisis total, cuando además el capitalismo flaquea y queda probado que lleva la crisis en sus genes, la socialdemocracia no tiene nada mejor que ofrecer –se lamenta Rosa–, entonces apaga y vámonos, que pase la derecha”. Y eso ha pasado, don Isaac.

A Manuel Saco las cuentas parecen aburrirle tanto como a mí, así que vuelve a sus obsesiones de viejo jacobino, esta vez con el Rey. En “Un rey entre algodones”, Saco desgrana sus argumentos a lo ‘Le Père Duchesne’ contra la monarquía en general y nuestro Monarca en particular, a costa de la última ‘salida’ de Su Majestad: “Nosotros tenemos la culpa. Mientras lo mantengamos así, entre algodones, haciéndole creer que es un rey de verdad, nunca aprenderá a comer solo, seguirá hablando como un bebé y quizá tendré que aguantar que, en otra rabieta de niño consentido, un día de estos me pregunte: Manolo, ¿po ké no te cayas?”. Sólo puedo coincidir en que nosotros, sí, tenemos la culpa.

Nuestra infantil democracia
Los políticos españoles están convencidos de que, con el cargo, les pertenece cuanto se relaciona con él, dineros incluidos
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC  8 Junio 2011

LA indignada reacción del señor Barreda y su junta a las denuncias de sus sucesores en Castilla-La Mancha no puede ser más elocuente ni más española: ¿quiénes son ustedes para pedirnos cuentas? Y es que los políticos españoles están convencidos de que, con el cargo, les pertenece cuanto se relaciona con él, dineros incluidos. Como si hubiesen sido elegidos para hacer lo que les da la gana.

Tal actitud revela el infantilismo de nuestra democracia. De entrada, el poder no pertenece a los políticos, por muy elegidos que sean. Los políticos sólo lo detentan, siendo el pueblo, la ciudadanía, su propietario permanente. Luego, el dinero público tiene un dueño —¿recuerdan a aquella ministra que proclamaba que no era de nadie?—: los contribuyentes. Es cómo se le denomina en las democracias avanzadas: taxpayer money. Pero como en España el contribuyente se limita a pagar sin exigir cuentas, los políticos han terminado por creerse que es suyo.

Estoy seguro de que, no ya Castilla-La Mancha, esa «Grecia española», según el Financial Times(¿cómo llamará a Andalucía, cuando se descubran sus ERES y demás pufos?), sino todas las CCAA están en bancarrota. CiU descubrió un agujero galáctico al hacerse cargo de la Generalitat de manos del tripartito, y el Ministerio de Hacienda viene advirtiéndolo sin que nadie le haga caso. El propio Mas ha dicho que va a pasarse por el arco del triunfo los límites impuestos al déficit, lo que ha traído un aviso de la agencia Moody’s al conjunto del Estado.

Y es que el Estado de las Autonomías, tan celebrado por poner fin al odioso centralismo, tiene un defecto de fábrica que puede acabar con él: ha diluido las responsabilidades. El Gobierno central ha cedido poder y medios a los autonómicos, que se han embarcado en proyectos faraónicos —palacios de congresos, aeropuertos, filarmónicas, polideportivos, a cargo de arquitectos de fama internacional— sin tener en cuenta la necesidad ni la rentabilidad. Y sin que nadie controle a nadie. Cuando la democracia, en último término, es el control del gasto público, perdón, del dinero del contribuyente.

Ha tenido que venir la crisis para dejar al descubierto tal desmadre y poner fin a tales prácticas. Nadie quiere asumir los pufos de sus predecesores y las acusaciones vuelan como pedradas. ¿Se quedará sólo en acusaciones y la consiguiente derrota electoral? Poco habríamos adelantado. Hay que pedir también responsabilidades. En Islandia, han encausado ya a banqueros y planean encausar al ex primer ministro, por no haber sabido o querido afrontar la crisis. Esperemos que no sea el último. ¿Por qué van a ser los políticos distintos a los médicos, arquitectos o ingenieros a la hora de afrontar los errores profesionales?

Socialismo empobrecedor
Editorial www.gaceta.es  8 Junio 2011

Si la imagen gráfica del socialismo real eran los horrendos e inservibles utilitarios Trabant de duroplástico, la imagen gráfica de la socialdemocracia en España, después de siete años de zapaterismo y subsidios, son las colas de los comedores sociales, o mujeres de clase media buscando comida entre los desperdicios, como la que publicamos hoy en portada.

Una foto que hubiera sido insólita en este país hace sólo 10 años, pero que es fruto de la más fatal de las combinaciones: una desgracia económica –la mayor crisis mundial desde el Crack del 29– y una desgracia política –la ineptitud y falta de rigor de un Gobierno que, con cinco millones de parados y un crecimiento estancado, sigue en el guindo, mientras Bruselas le saca tarjetas rojas como las de ayer–. “Vivimos peor y el país es más pobre”, concluye el presidente del Consejo Económico y Social (CES) tras constatar en el último informe del organismo la desoladora radiografía de España. Uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza, y la brecha entre los que más tienen y los que menos aumenta, lo cual implica un debilitamiento de la clase media. Inquietante escenario para un país que se supone desarrollado, porque la clase media es el motor del consumo y también el colchón de seguridad de la estabilidad social. Como constata el CES, sólo Lituania, Rumanía y Letonia presentan mayores niveles de desigualdad. Esa es la cruda realidad y no la ensoñación adolescente del presidente de la Champions League. Tan mal lo ha hecho, tan tarde ha reaccionado y tan tímidas son sus reformas, que volver a un nivel de paro anterior a la crisis nos costará una década. Además, para recuperar fuelle, España tendría que ser capaz de crear 3,5 millones de empleos. Hoy por hoy, se antoja quimérico.

Para generar empleo y sacar el país de la vía muerta (el crecimiento permanece estancado en el 0,8% del PIB), serían precisas las reformas –comenzando por la laboral– y los durísimos ajustes a los que nos ha instado Bruselas por enésima vez. Concretamente, pide que bajen las cotizaciones sociales a fin de reducir los costes laborales. El problema es que para compensar lo que se ingresa de menos, el Gobierno tendría que subir el IVA o la luz. Más tijeretazos, y también más exigencia de austeridad: Bruselas pide control del gasto público de las autonomías “para no poner en peligro todo el Estado”; y más exigencias de trabajo: que las subidas salariales estén vinculadas a la productividad y no a la inflación. No se deja en el tintero la necesidad de acabar con el chorro de dinero tirado en las cajas de ahorros, e insta para que dejen de ser globos cautivos de los políticos. Europa echa un jarro de realismo sobre el Gobierno de los brotes verdes al señalar que este peca de optimismo y que no cumplirá los objetivos de reducción de déficit público ni este año ni el siguiente (el agujero será de un 6,3% en 2011, y un 5,3% en 2012).

Sombrío panorama. Somos pobres, según el informe del CES, y lo vamos a seguir siendo, según Bruselas, porque la cirugía de hierro que precisa nuestra economía nos aboca a severos ajustes y medidas impopulares. Pero no existe otro camino si, con años, paciencia y sacrificios, queremos volver a los niveles de crecimiento anteriores a la crisis.

Se impone una moraleja política de tan dramático diagnóstico. Los causantes del desaguisado no pueden ser la solución. No hay más que ver la porquería que guardan bajo sus alfombras autonómicas o el erial económico y social que dejan para su sucesor en el Gobierno. Han empobrecido el país e hipotecado su futuro. Que conste.

Análisis de riesgos
Para reconstruir España definitivamente hace falta una renovación del crédito político.
Arturo Moreno www.gaceta.es  8 Junio 2011

Produce asombro, sonrojo y rechazo la supeditación, por parte de la clase gubernativa, de los intereses nacionales al desquiciante juego político. La vida política transcurre entre palabrería inane, escaramuzas políticas banales, pintorescos intentos de disfrazar la realidad desnuda, políticas de mínimo alcance y cuantiosos daños, y un desprecio al profundo contenido ético y democrático de la representación política al servicio público y a la finalidad del bien común. Ni rastro de la coherencia política, de hacer lo que se promete, de las políticas de las cosas concretas ni de la lealtad al principio de la realidad. Si todavía siguieran vigentes las palabras de Balzac y el servir a la verdad, a la justicia y al honor anidara en el fondo de la conciencia, los mismos que ostentan la responsabilidad política de dirigir nuestra nación se exigirían tener la gallardía de reconocer sus flagrantes errores y, en un desconocido acto de nobleza póstumo, convocarían a los españoles a unas elecciones generales para que estos puedan recobrar el timón del destino nacional. Pero no parecen ir por allí las cosas, sino más bien por otorgar primacía a rocambolescos calendarios partidistas, a continuar hechizados en sus contubernios de diseño ajenos al latido nacional o a seguir rindiendo culto monoteísta al poder.

España, en estas manos, será más débil en marzo del 2012 que ahora. Por ello, no sería leal con la institución democrática y carecería de honradez política pretender entregarle al Partido Popular el poder en las peores condiciones posibles, o poniéndole en la diana de los grupos antisistema como parte del problema, sumiendo a España en una crisis institucional sin precedentes. Conviene no olvidar ni ignorar que nada de lo que se hace en política es neutro, todo tiene efectos políticos.

Mientras tanto, la España real, distante de la oficial, ve como avanza la crisis dejando a su paso una creciente huella de descomposición política, social y de desesperación vital ante la ausencia de esperanzas y perspectivas de futuro. En este escenario, el riesgo político es el populismo. El clamor popular de esa España responsable debería hoy ser solo uno: elecciones generales en octubre. Esa es la única respuesta a la situación, lo otro es caer en una intensa y tupida enredadera tejida por los profesionales del poder y sus intereses personales.

La tortuosa y oscura legalización de Bildu para que formase parte de las instituciones democráticas, incluso ahora puede gobernarlas, con acceso a datos sobre la vida y la hacienda de la gente, muestra bien a las claras la profundidad del deterioro y abre el camino de un desafío al Estado, de insospechadas consecuencias, aprovechándose de su debilidad. La colaboración de los dos grandes partidos tenía que haber existido antes de producirse esta deriva.

Para reconstruir España definitivamente hace falta una renovación del crédito político, seguir así es agravar las cosas. En el ámbito económico-social asistimos a un súbito agravamiento del cuadro clínico que gravita sobre el eje paro-endeudamiento, cuya onda expansiva debilita aún más las constantes vitales de la sociedad. La singularidad de la tipología de nuestro desempleo y la imposibilidad de que nuestro débil crecimiento sea capaz de generar recursos para pagar deudas públicas y privadas hace que se agudice nuestro declive. También la crisis ha acentuado alguna tendencia positiva como la apertura a los mercados exteriores y la internacionalización de nuestra economía a través del incremento de las exportaciones. Aunque estas representan el 18% del PIB frente al 40% de Alemania a rebufo de las mismas se pueden construir otras políticas de penetración comercial muy positivas.

La sociedad española necesita un cambio de mentalidad tanto en su adecuación a los nuevos límites de actuación, que ya no son exclusivamente locales o nacionales sino mundiales, como por la necesidad de incorporar innovación y conocimiento de forma permanente al proceso productivo y así poder obtener ventajas competitivas. Un profundo cambio basado en las reformas de las políticas educativas, con especial atención a la formación profesional, así como una profundización en el proceso de cambio tecnológico y en el apoyo a los avances científicos impulsaría nuestro desarrollo. En un terreno así abonado las reformas estructurales producirían mayores beneficios.

Vienen tiempos duros, pero no empezamos desde cero. El proceso de modernización producido en España a lo largo de más de 30 años nos deja un amplio capital social, muy visible en la dotación de infraestructuras o en las políticas de bienestar.

Pero, por encima de todo, España necesita articular un proyecto nacional integrador, definir unos objetivos claros, tener un Gobierno serio y prestigioso, potenciar toda la energía de la sociedad civil, escuchando sus propuestas y sus preocupaciones, y mirar siempre al futuro, porque ensimismándonos en nuestras desdichas no saldremos de esta.

*Arturo Moreno es abogado.

Desalojo
El poder es una industria de la que dependen miles de empleos; es la política transformada en un modo de vida
IGNACIO CAMACHO ABC  8 Junio 2011

SÓLO en las cinco diputaciones andaluzas que ha perdido el PSOE hay más de quinientos cargos de libre designación, que el PP deberá reducir, según sus promesas, a una cuarta parte. En la comunidad de Castilla-La Mancha asciende a más del triple el número de puestos discrecionales, sin contar la masa laboral contratada —no funcionaria— de las empresas públicas. Y lo mismo ocurre en los ayuntamientos que van a cambiar de gobierno a consecuencia del tsunami electoral de mayo; en el de Sevilla, uno de los más inflacionarios de España en empleo artificial, existe incluso un asombroso gabinete técnico de la Presidencia del Pleno, con su correspondiente dotación de personal encargado de asesorar la extenuante tarea del concejal que dirige —¡una vez al mes!— las sesiones de la corporación. Con esta pléyade de estampillados, el relevo de poder se va a convertir en una escabechina si los entrantes cumplen su programa de adelgazamiento burocrático. La trama clientelar encastrada en las instituciones de larga dominancia socialista otorga a la derrota un rango de shockcolectivo: no sólo supone un trauma político sino una multitudinaria experiencia dramática.

Es el problema de haber transformado la política en un modo de vida. El poder en España es una industria de la que dependen miles de empleos directos y muchos más indirectos a través de cientos de programas de actividades subvencionadas. Sólo que, aunque a menudo sus beneficiarios tienden a olvidarlo, se trata de una industria con alto índice de estacionalidad intrínseca. Para evitar los perniciosos vaivenes del turnismo se dotó de estabilidad a los funcionarios públicos en un intento de preservar su independencia, pero los aparatos de partido han soslayado el inconveniente creando enormes superestructuras administrativas paralelas compuestas por el llamado «personal de confianza». Es decir, correligionarios, miembros de la tribu adscritos al presupuesto por militancia o afinidad ideológica. Parientes políticos, en sentido tanto literal como figurado.

Esa altísima tasa de discrecionalidad transforma las elecciones en una batalla por la supervivencia, mucho más cruda en época de contracción del mercado de trabajo. Y forma parte de un oculto argumentario partidista que nunca aflora en la retórica oficial. Cuando el Gobierno anuncia su intención de agotar la legislatura contra la lógica de su propia extenuación política apela a razones de estabilidad de la gobernanza, pero está protegiendo también diez nóminas mensuales de miles de cargos públicos incrustados en la fontanería institucional. Los partidos funcionan como gigantescas oficinas de empleo y en cada coyuntura electoral se juegan un ERE masivo y despiadado. Por eso en este áspero debate del desalojo municipal y autonómico lo que subyace no es el montante de la deuda heredada sino el amargo resquemor de los privilegios perdidos.

Banquillo para los políticos temerarios ("Islandia fundida")
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial  8 Junio 2011

Aunque los medios convencionales interpretan en tono menor el juicio al que va ser sometido por dejación de funciones y negligencia el ex primer ministro de Islandia, Geer H. Haarde, la noticia es de una gran importancia. El político islandés propició la quiebra de su país porque desoyó, según el fiscal, las advertencias sobre el derrumbamiento de la solvencia de los bancos islandeses y el colapso de su economía. Hasta el momento, la gestión política de la crisis, haya sido regular o mala, no ha sentado en el banquillo a ningún político. Pese a que en muchos casos mintieron -como en Grecia-, en otros ocultaron -como en Portugal- y, en algunos -como en Irlanda- retrasaron las medidas necesarias. Los tres países han sido rescatados. Y en Irlanda y Portugal se han producido recentísimos vuelcos electorales.

Los políticos creen que las responsabilidades por su gestión se saldan con el veredicto de las urnas. No siempre debería ser así. El caso islandés abre el camino para que cuando se pueda deducir fehacientemente la existencia de conductas temerarias en el gasto público -es decir, gravemente negligentes- se pase de la responsabilidad política a la penal. O se abre una nueva etapa en la exigencia de la sociedad hacia sus políticos -casi siempre impunes por sus errores- o estamos condenados a que el Antiguo Régimen, previo a la crisis, continúe después de ella. Sólo con la espada de Damocles de la responsabilidad criminal por imprudencia temeraria los gestores públicos acentuarán su instinto de conservación y serán comedidos y administradores escrupulosos.

La situación en España responde, en una medida difícil de determinar, al sobreseimiento gubernamental, primero, en reconocer la crisis, y, después, en adoptar medidas. Para Rodríguez Zapatero, durante 2008 y buena parte de 2009 la crisis era una mera desaceleración y, sólo en 2010, tomó medidas, cuando las instancias internacionales le mostraron el precipicio al que España se asomaba peligrosamente.

¿Es posible en España un encausamiento penal contra los responsables de la gestión de la crisis por negligencia grave o temeraria? Es más que dudoso y altamente improbable, pero no imposible

La decisión que adoptó el Gobierno socialista de suprimir el techo de gasto de las comunidades autónomas se está revelando como otro de sus grandes y graves errores. El informe del lunes pasado de la agencia Moody´s en el que se asegura que el Estado carece de recursos para imponerse a las autonomías y que el déficit de alguna de éstas podrían frustrar cualquier esfuerzo general para enderezar las cuentas públicas españolas, es la prueba definitiva de la lenidad, gravísima, con la que ha actuado el Gobierno de Zapatero.

¿Es posible en España un encausamiento penal contra los responsables de la gestión de la crisis por negligencia grave o temeraria? Es más que dudoso y altamente improbable (¿con esta fiscalía general del Estado?), pero no imposible. Aquellos que engañan sobre las cifras de déficit -y lo hagan a sabiendas del embuste que perpetran-; aquellos que destruyen documentos que probarían su imprudencia en iniciativas despilfarradoras e innecesarias; aquellos que han apoyado -comprometiendo bien a la hacienda autonómica bien a las cajas de sus comunidades- decisiones sobre infraestructuras a mayor gloria de su propia vanidad y que quedan como monumentos a su irresponsabilidad, bien podrían ser acusados por temeridad o dolo eventual de algunos de los delitos que tienen que ver con la administración de los recursos comunes.

El futuro de la política no es la confortabilidad en el poder sino la máxima exigencia en el cuidado en el gasto de los dineros de los ciudadanos. La sanción a aquellos que yerren temerariamente en la administración de los recursos públicos no puede ser ya su mero relevo: deben responder penalmente como va a hacerlo de inmediato el ex primer ministro islandés. Aviso a navegantes en estos días en que podría ponerse encima de la mesa cifras y datos que agraven la situación española hasta límites que quizás, en este momento, no somos capaces de sospechar.

No estamos hablando, sólo, de la letal morosidad de la Administración; no nos estamos refiriendo a gastos consuntivos concretos: lo estamos haciendo a iniciativas consumadas que han llevado a la ruina a determinadas autonomías y que están arrastrando la viabilidad del Estado en su actual conformación. Estamos hablando, en consecuencia, de una temeridad delictiva, punible. Más o menos como la que seguramente contrajo en Islandia Geer H. Haarde. Lean MeltdownIceland (Islandia fundida) de Roger Boyes y les asaltarán evocaciones nacionales.

Estado, geografía y sentido común
«Lo residual, por complementario, debe situarse en el nivel de las colectividades territoriales infraestatales, vinculadas a la defensa de intereses particulares, definibles pero casi nunca separables, y no en el del Estado, garante último del interés general»
POR CLARO JOSÉ FERNÁNDEZ-CARNICERO ABC  8 Junio 2011

CUANDO a la reciente contienda electoral sucede, casi sin solución de continuidad, un escenario preelectoral en el que las fuerzas políticas, como Don Quijote en la venta, se limitan a velar sus armas, el común de los ciudadanos corre el riesgo de ver reducido su horizonte a un beligerante contraste de programas. Porque la cultura partitocrática, tan propensa a subordinar el marco constitucional a la propia pulsión ideológica, suele reducir el Estado a categorías que, más que explicar la realidad, tienen la pretensión de suplantarla. Sin embargo, esa realidad es anterior al Derecho y a la política.

El Estado mismo es, ante todo, territorio, es decir, geografía. Hoy, el espacio del poder político, en un contexto de fronteras cada día más simbólicas o nominales, obliga a superar el principio tradicional de soberanía. Ciudadanos e instituciones públicas compartimos un ámbito fundamentalmente administrativo, en garantía del interés general. Incluso el concepto que autores como Hans Kelsen tenían del territorio, como «ámbito espacial de vigencia de un orden jurídico», debe someterse a revisión ante el entrecruzamiento de sistemas legales y por la emergencia de un horizonte cada vez más virtual y abierto. Un espacio en el que, cualquiera que sea el modelo de Estado, cobran singular relevancia dos principios: el primero, el de racionalidad en la gestión de los recursos, dentro de las buenas prácticas exigibles a cualquier poder público. El segundo, el de seguridad jurídica, de naturaleza constitucional y relevancia cardinal para la consolidación del Estado de Derecho, presupuesto del Estado social y democrático, que nuestra Constitución consagra.

El principio de racionalidad en la gestión se ajusta necesariamente a lo que el maestro Recasens Siches entendía como «la lógica de lo razonable», superadora de la lógica de tipo matemático. Esta «no contiene puntos de vista de valor ni estimaciones sobre la corrección de los fines». Frente a ella, la lógica de lo razonable, aplicable al Derecho, es lo que él denominaba «el logos humano». Es esta una lógica concluyente, que no se limita a describir alternativas o hipótesis. Así, en el ámbito judicial, lo razonable se concreta en la sentencia, más aún en el fallo, precedido por la imperativa motivación que lo explica y justifica. Motivación y fallo resuelven el caso, no alimentan dudas o perplejidades ni acumulan argumentos en un ejercicio evasivo que suele confundir el razonamiento con el mero enunciado.

Esta conducta judicial responsable es exigible también a todo gestor público. Así, cuando la acción estatal se proyecta sobre el espacio, el principal beneficio para la sociedad es el disfrute de una organización estable y previsible, gracias a la efectividad del principio de seguridad jurídica. El Estado se hace presente en la realidad social a través de la ley, y esta viene a configurarse como un signo integrador de su acción sobre el territorio. Ello se traduce también en el reforzamiento de la indivisibilidad de este elemento, condición que no obsta a la vigencia del principio de división de poderes o a la articulación de un régimen de descentralización política. Esta pauta de organización no debe proyectarse, simétricamente, sobre el espacio físico estatal, porque la realidad primaria de este debe ser razonablemente considerada. Para ello ha de excluirse la aplicación mecánica del principio de autonomía política a la gestión de los servicios y de los recursos públicos, una gestión que tiende, cada día más, a la integración institucional y a la búsqueda de economías de escala. En consecuencia, lo residual, por complementario, debe situarse en el nivel de las colectividades territoriales infraestatales, vinculadas a la defensa de intereses particulares, definibles pero casi nunca separables, y no en el del Estado, garante último del interés general. Su centralidad obliga a no traducir la autonomía territorial en una multiplicación de los servicios, con la consiguiente emergencia de burocracias alternativas, inasumibles en el actual contexto de crisis económica.

Un ejemplo del mayor interés sobre la necesidad de coordinación administrativa es la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 30/2011, de 16 de marzo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Extremadura frente a la previsión que sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir se contiene en el artículo 51 del nuevo Estatuto de Andalucía.

El conflicto se origina al asumir la administración autónoma andaluza competencias exclusivas sobre la referida cuenca, invocando razones de orden histórico, simbólico o cultural que conducen a quebrar, abiertamente, la competencia exclusiva que la Constitución, en su artículo 149.1.22ª, reconoce al Estado. De la lectura del precepto autonómico, que explícitamente concede a la comunidad autónoma «competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio», no puede dejar de reconocerse la artificiosidad, sin duda imaginativa, de pretender separar el recurso del cauce. No menos forzado es acudir a la cautela nominal e irrelevante del «sin perjuicio», vieja cláusula de estilo que solo pone de manifiesto la conciencia del legislador estatuyente de inmiscuirse en competencias que no le corresponden. Porque no basta invocar la Constitución. Lo que realmente importa es cumplirla, en su letra y en su espíritu.

La sentencia está toda ella transida de la tensión que, ante un recurso tan vital como es el agua, se genera por la dificultad de cohonestar la territorialidad estatal y la autonómica. Una tensión que la sentencia resuelve, de modo inequívoco, a la luz de la propia doctrina del Tribunal.

Así, se invoca la STC 199/1987, para reconocer que «la legitimación de las Comunidades Autónomas para interponer el recurso de inconstitucionalidad no está al servicio de una competencia violada, sino de la depuración del ordenamiento jurídico» o del denominado «orden de distribución de competencias»; pronunciamiento este que avala al recurrente, la Junta de Extremadura, al vincular el propio interés autonómico (geográficamente indiscutible, por referirse a dieciocho municipios extremeños de aquella cuenca hidrográfica) a la defensa de la función del Estado, garante del principio de solidaridad interterritorial (artículo 138.1 CE).

La sentencia se apoya fundamentalmente en la doctrina sentada por la STC 227/1988. En ella, el Tribunal, además de reconocer la constitucionalidad del principio de unidad de gestión de la cuenca hidrográfica, fruto de nuestra mejor tradición administrativa (la de las confederaciones hidrográficas de Lorenzo Pardo), congruente con la normativa europea, vinculó la ordenación y gestión de los recursos hidráulicos al mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a velar por la «utilización racional de todos los recursos naturales» (artículo 45.2 CE). De modo explícito, la sentencia se planteó el alcance de la condición determinante de la competencia del Estado (artículo 149.1.22ª CE), vinculada al hecho de que «las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma». La principal conclusión a que se llegó entonces, y ahora se reitera, es la de que «desde el punto de vista de la lógica de la gestión administrativa, no parece lo más razonable compartimentar el régimen jurídico y la administración de las aguas de cada curso fluvial y sus afluentes en atención a los confines geográficos de cada Comunidad Autónoma».

El sentido común, una vez más la savia del Derecho, expresión de la lógica de lo razonable, frente a la lógica espuria de un eventual arbitraje político, lleva al supremo intérprete de la Constitución a declarar la inconstitucionalidad y nulidad del controvertido artículo 51 del Estatuto de Andalucía (al igual que ha ocurrido, un día después, con el artículo 75.1 del Estatuto de Castilla y León, sobre la cuenca del Duero, por la STC 32/2011). El fallo y sus fundamentos contribuyen decisivamente a consolidar nuestro marco constitucional, superando la ambigüedad equidistante o el abuso manipulador de las interpretaciones alternativas o conformes. Todo un ejemplo de lo que un riguroso control jurídico de constitucionalidad puede significar para asentar la actuación de todos los poderes públicos en la certidumbre normativa y en la eficacia de la gestión.

CLARO JOSÉ FERNÁNDEZ-CARNICERO ES VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

El techo de gasto se ha duplicado desde que Zapatero lo eliminó en 2005
Deuda autonómica sin control: de 56.849 a 115.455 millones
La deuda de las autonomías se ha desbocado como consencuencia de la crisis económica. Todas, sin excepción, ante unas arcas regionales vacías han financiado sus aumentos de gastos tirando de talonario y endeudándose.
Inmaculada González de Molina La Razón  8 Junio 2011

La ausencia de controles, como la supresión en 2006 del techo de gasto, ha contribuido de manera decisiva a este panorama poco halagüeño para la economía española y para conseguir alejar a nuestro país del punto de mira de los especuladores. De hecho, en los últimos seis años la deuda del conjunto de las autonomías se multiplicó por dos, al pasar de 56.849 en 2005 a 115.455 millones de euros en 2010. Cataluña, bajo los gobiernos de Pasqual Maragall y José Montilla, fue la región que más incrementó su deuda en valores absolutos, al aumentarla en 18.094 millones de euros.

Sin embargo, Castilla-La Mancha fue la autonomía en la que más creció en términos relativos en esos seis años, al subir el 330,7%. Mientras, Madrid se situó a la cabeza de los menores crecimientos experimentados de 2005 a 2010, con un alza modesta respecto al resto del 33,6%. En este escenario, nadie duda de que las comunidades se han convertido en el auténtico talón de Aquiles de las finanzas públicas españolas, tal y como advierten recurrentemente organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional.

Pese a esta evolución sin control de la deuda, el Gabinete de Zapatero rechaza con contundencia fijar por ley un techo de gasto anual para las autonomías, como estableció José María Aznar en 2001 en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Incluso el Ejecutivo parece haber pasado página definitivamente al compromiso adquirido por José Luis Rodríguez Zapatero en febrero pasado con Angela Merkel durante su visita a Madrid de limitar por ley el déficit y la deuda de las comunidades. Mariano Rajoy, por su parte, promete recuperar controles de las finanzas regionales, como el establecimiento por ley de un máximo de gasto de las autonomías.

Mientras, fuentes gubernamentales no descartan convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) monográfico sobre la situación de las cuentas autonómicas. De esta manera, el Ejecutivo no cierra la puerta a atender la propuesta de Rajoy de realizar, a corazón abierto, una radiografía de sus finanzas. No obstante, el Gobierno recuerda que ya estaba previsto que el Consejo, órgano donde están presentes los gobiernos central y regionales, se reuniese antes de las vacaciones estivales, una vez se constituyan los nuevos Ejecutivos autonómicos. De hecho, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se apresuró ayer a anunciar su convocatoria para finales de julio.

Salgado aprovechó ayer la ocasión para advertir de que «no beneficia al objetivo común de la recuperación económica» introducir la más «mínima sombra de duda sobre las finanzas autonómicas». Salgado negó que convocara el Consejo de Política Fiscal y Financiera a raíz de la petición de los populares, que desde las elecciones del pasado 22 de mayo gobiernan en la mayoría de las comunidades españolas.

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Sigue la línea de amenazas de ETA
Bildu intenta intimidar al concejal del PP en Elorrio y a medios como Intereconomía

 www.gaceta.es  8 Junio 2011

Una vez pasadas las elecciones Bildu ya no disimula y vuelve a las tácticas proetarras, amenaza a concejales del PP y a los medios que denuncian su auténtica naturaleza, entre ellos Intereconomía.

Tras las elecciones municipales y autonómicas, Bildu vuelve a la amenaza y a señalar al que no comulga con sus consignas, unas tácticas heredadas de ETA y especialmente acusadas en aquellos municipios dónde sus resultados electorales han sido mejores, los llamados "feudos" proetarras. Carlos García, concejal del Partido Popular en Elorrio, puede dar fe de esta situación. García, cuyo voto es clave para la formación del equipo de gobierno del municipio y que se sumaría al PNV para otorgar la alcaldía a los nacionalistas que cuentan con los mismos concejales que Bildu, había manifestado en diferentes ocasiones en distintos medios de comunicación su intención de hacer todo lo que estuviera en su mano para evitar por todos los medios que Bildu consiguiera hacerse con el ayuntamiento de la localidad.

Antonio Basagoiti, líder de los populares vascos, ha asegurado en su blog que durante el fin de semana Bildu de Elorrio ha repartido un panfleto "en el que pretende amedrentar a Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco para impedir que una posible y legítima suma de escaños evite que la alcaldía caiga en manos de quienes aún no han condenado ni uno sólo de los 900 asesinatos cometidos por ETA".

Según el presidente de los populares, el panfleto denomina «extrema derecha española» al Partido Popular y «pretende insultar» al concejal del PP Carlos García, al que se censura por venir al pueblo «a hacer su guerra». En el escrito se califica a García, que había sido con anterioridad edil en el Ayuntamiento de Bilbao, de «paracaidista» e «infante Don Carlos».

El panfleto denunciado, que lleva incorporado el logotipo oficial de Bildu, se refiere a la candidata del PNV como la «novia de García» y se acusa a populares y nacionalistas de querer «arrebatar la Alcaldía sin vergüenza ni dignidad» a la coalición soberanista. A juicio de Basagoiti, el texto «está plagado de términos que se alejan de la actitud de una formación con actitudes democráticas». Bildu tampoco perdona a los medios que han dado voz a aquellos que han denunciado la auténtica naturaleza de la formación, como Intereconomía a la que se cita textualmente junto a otros medios como Veo7, Libertad Digital, ABC y COPE.

Basagoiti añade en su blog que "este tipo de hechos, acosando a concejales de PP y PNV, y apuntando a medios de comunicación, demuestra una vez mas que no ha habido ninguna conversión real a la democracia de los máximos integrantes de Bildu, que no son otros que la tradicional Batasuna, como algunos jueces y políticos han planteado en las últimas semanas"

TRAS LAS ELECCIONES DEL 22-M
El PNV admite «presiones» de Bildu en los pueblos y le insta a pedir el fin de ETA
Urkullu reconoce que la convivencia en Euskadi tiene aún «carencias» y tilda de «escenificación amable» el primer acto social de Martín Garitano
OLATZ BARRIUSO | | BILBAO. El Correo  8 Junio 2011

OTRAS REACCIONES
PELLO URIZAR | PORTAVOZ DE BILDU
«El PNV se ha puesto al frente de la pancarta 'anti Bildu'. Se lava las manos y traslada la responsabilidad al resto»
IDOIA MENDIA | PORTAVOZ DEL GOBIERNO
«A demócrata no se llega un día y a Garitano le queda un largo recorrido. Bildu no puede hacer borrón y cuenta nueva»
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA | VICEPRESIDENTE PRIMERO
«Vamos a ver si con el sentido común de todos logramos que no gobierne quien a mi juicio no tiene que gobernar»
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA | PORTAVOZ PP CONGRESO
«Pido a Interior que siga vigilante con Bildu y garantice el ejercicio de la democracia en los pueblos de Euskadi»

El PNV confía en que Bildu pase definitivamente la página del pasado aunque cree que aún no lo ha hecho del todo e incluso denuncia «presiones» de la coalición a sus candidatos en determinados municipios. El líder jeltzale, Iñigo Urkullu, está convencido de que los soberanistas tienen una «magnífica oportunidad» el sábado para demostrar que entienden que se ha abierto «un nuevo tiempo» y actúan en consecuencia. Por eso, invitó a sus representantes a aprovechar los Plenos de constitución de los ayuntamientos para exigir el «cese definitivo» de ETA. Urkullu cree que hacerlo sería su mejor «tarjeta de visita» de cara al resto de fuerzas políticas.

Un día después de destapar su jugada -que pasa por presentar sus propios candidatos en todos los casos y votar por ellos-, Urkullu compareció en Sabin Etxea en medio de una gran expectación, aunque no ofreció más novedades sobre el futuro de las instituciones. Lo que sí dejó claro es que el PNV mira a Bildu con recelo y que, a pesar de ello, está dispuesto a permitir que gobierne Guipúzcoa y San Sebastián -y otros ochenta municipios más en Euskadi- si el PSE no lo remedia. Es más, el líder jeltzale admitió que, teniendo en cuenta que la izquierda abertzale pretende disputarles la «hegemonía» en el espectro nacionalista, «al PNV le merece la pena observar la forma de actuar de Bildu» y esperar a que, si finalmente accede a responsabilidades de gobierno, «se vaya reflejando en el espejo ante la sociedad en su manera de hacer y no refugiándose en la cobertura de fórmulas compartidas con otras formaciones, tampoco con el PNV».

Más claro, agua. Los jeltzales no ocultan que prefieren que Bildu se quede sola ante el peligro, acuse el desgaste del poder y llegue así con menos fuelle a las elecciones de 2013. Aunque a la vez insistan en que el PNV ni se plantea compartir responsabilidades de gobierno con Bildu porque sólo conocen aspectos «genéricos» de su programa y porque «su 'curriculum vitae' está en blanco». O aunque Urkullu no tenga problema en admitir que el primer acto social de Martín Garitano, en el que presentó su proyecto para Guipúzcoa, no pasa de ser una «escenificación amable».

Frentes del pasado
No creen en Sabin Etxea que los socialistas vascos vayan a frustrarles el plan votando 'gratis et amore' a sus candidatos e insisten de paso en que su estrategia supone abandonar las políticas de «bloques y frentes», que son «cosa del pasado». En Guipúzcoa abren paso a Bildu, en Álava se lo cortan al PP. «¿Se va a sentir agredido el PP ahora cuando ellos nos desplazaron del Gobierno vasco siendo nuestro candidato el más votado? ¿Tengo yo que atender al PP cuando nos pide que superemos las afrentas del pasado?», se preguntó Urkullu, que rechazó así el guante que le había lanzado Antonio Basagoiti.

No obstante, y pese a su interés en que Bildu se retrate ante los ciudadanos, Urkullu admitió que a su partido le «preocupan» las «presiones» que la coalición estaría ejerciendo en determinados municipios donde el PNV está en condiciones de arrebatarles la alcaldía, algo que Bildu también está dispuesto a hacer a la inversa en Markina con el apoyo de Aralar. Los jeltzales reconocen que ha habido pasquines -en Elorrio-, pintadas -en Ortuella- e incluso fricciones en el trato personal. Urkullu reconoció que existen aún «muchas carencias» en la convivencia en los pueblos de Euskadi y exigió a Bildu «compromiso» y «empeño» para superarlas e inaugurar una nueva «cultura política». «Ya no pueden refugiarse en el victimismo, tienen que dar ilusión a su electorado», recomendó, sin perder la «esperanza» de que cambien.

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