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Recortes de Prensa   Lunes 13 Junio 2011

 

La rendición de la bandera
Editorial www.gaceta.es 13 Junio 2011

Las grandes batallas se empiezan a perder con los símbolos.

Es verdad que, como ha dicho Regina Otaola, el éxito electoral de Bildu significa haber perdido una batalla, pero no supone haber perdido la guerra. Claro es que para ganar una guerra hay que empezar por reconocerla y, además, hay que combatir. El Gobierno de Rubalcaba, de quién si no, está muy lejos de cumplir con esas dos exigencias. Lo malo para Rubalcaba es que la guerra a la que renuncia es la guerra de la Ley frente a la barbarie, la defensa de la democracia y de la libertad política frente a los totalitarios que imponen su voluntad por la fuerza, sin renunciar a ninguna forma de violencia y, muy especialmente, a la violencia cotidiana, a la extorsión política, a la toma de la calle pisoteando el derecho de los ciudadanos comunes y pacíficos a no vivir en un continuo estado de excepción y de inseguridad jurídica.

Pero las grandes batallas se empiezan perdiendo con los símbolos y, por eso, han retirado la bandera de los ayuntamientos que controlan. Los enemigos de la libertad conocen muy bien las debilidades de la democracia española y las explotan de manera inmisericorde en su beneficio. Así, han conseguido colar para denominarse el término de izquierda abertzale, tratando de ocultar lo que realmente son, partidarios de un orden impuesto por el terror, por una banda de asesinos que trata de disfrazarse de fuerza militar. El PSOE de Alfredo ha coqueteado miserablemente con esa terminología engañosa y, tratando de nadar y guardar la ropa, ha bendecido su presencia en las instituciones con la vana esperanza de que el poder político les quite las ganas de acabar con la libertad.

Hasta aquí se trata de un tremendo error político, un error muy caro desde el punto de vista electoral, pero hay algo más. El Gobierno de Rubalcaba tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Ley y no puede tolerar que sea violada de manera impune por unas instituciones que pretenden actuar en el marco de la legalidad, aun cuando estén dirigidas por los colaboradores de los criminales. El PSOE de Alfredo puede seguir hablando, si prefiere engañarse y tratar de engañar a sus votantes, de izquierda abertzale, pero el Gobierno de Rubalcaba no puede consentir sin mover una pestaña que se incumpla la Ley, que la bandera española sea arriada de manera vergonzosa de numerosas instituciones vascas como si España hubiese dejado de existir en aquel territorio y como si los numerosos vascos que se sienten españoles tuvieran que empezar a sentirse extranjeros por culpa de los nuevos munícipes. La Constitución, las leyes vigentes y la jurisprudencia constante del Supremo son unánimes al respecto. No se puede consentir que la bandera española deje de ondear en instituciones que se nutren del presupuesto común y que se asientan en el territorio nacional. Es una vileza miserable que el Gobierno mire para otra parte y que ni siquiera haga asomo de tomar alguna medida.

El Gobierno de Rubalcaba se refugia aquí, según sus reiteradas declaraciones, en la acomodaticia doctrina que se olvida de cumplir la Ley con la disculpa de evitar un mal mayor. Eso no vale gran cosa con los acampados, pero es de una hipocresía superior con unos personajes que han adquirido la condición de autoridad pública y que están especialmente obligados a cumplir la Ley que les otorga sus poderes. El Gobierno debe dejar de disimular y reponer la bandera nacional en los ayuntamientos, porque somos una inmensa mayoría los que queremos verla allí, y eso es lo que ordena la Ley.

Confusión, caos y pánico
@Roberto Centeno. El Confidencial 13 Junio 2011

Este es el resumen de la dramática situación de un gobierno, el de Zapatero-Rubalcaba, y de un partido, el socialista, que fiel a su tradición centenaria ha vuelto a hundir, y por tercera vez, a la nación española. La cifras oficiales muestran un nuevo desplome de la economía, y las reales ni les cuento, mientras la prima de riesgo sube un 13% en diez días y supera los 250 puntos. Y aunque a los socialistas el hundir a España les importa, y nunca mejor dicho, un pepino, lo que les produce auténtico pánico es que han perdido en solo doce meses el 80% de su poder económico autonómico y local, una auténtica hecatombe. ¿Qué van a hacer ahora cientos de miles de enchufados y subvencionados, que llevan viviendo del cuento y sin dar un palo al agua más de 30 años?

La frase de Jordi Pujol -“España no llega a fin de mes”- sintetiza el panorama tras los duros enfrentamientos por el déficit autonómico, lo que no es óbice para preguntarse cómo el molt honorable, que inició el declive económico y la desindustrialización de Cataluña, haciéndola pasar del primero en tiempos de Franco, al cuarto lugar en “renta per cápita”, y convertido a una región milenaria de comerciantes, emprendedores e industriales, en una mera plataforma de multinacionales de alimentación y de farmacia y sobre todo de servicios, y cuyos hijos se pasean por Barcelona en Lamborghini cuando ya no hay dinero para pagar las medicinas de los hospitales, tiene la santa desvergüenza de añadir que “se acabó la chulería de España”.

En España, desgraciadamente, pocas veces ha habido chulería y desde la Transición, solo incompetencia, cobardía, falta de sentido del Estado, corrupción al por mayor, y la mayor concentración de riqueza en manos de unos pocos de toda nuestra Historia, gracias al expolio masivo del 90 % de los españoles. A la élite empresarial y financiera le ha ido de cine con el socialismo, donde los más cercanos al poder se han enriquecido hasta límites inimaginables, a los que además les ha eximido del pago de la mayoría de impuestos a través de las SICAV, mientras aplastan sin contemplaciones a la clase trabajadora y a la clase media.. Pero de repente, el PP arrasa en las autonómicas y municipales, levanta solo el pico de una alfombra, la de Castilla - La Mancha, y todo salta por los aires.

Un Zapatero completamente zombie pide a Rajoy que defienda la credibilidad de España ¿De qué credibilidad hablan?

Acabamos de descubrir que el déficit autonómico es insostenible y por el camino se cierra una reforma laboral, impuesta por Rubalcaba y redactada por Méndez y Toxo, que no incluye ningún incentivo a la contratación, pero incrementara el poder sindical, no para ayudar a los trabajadores sino para saquearles con la intermediación y los ERE. En este ambiente, ¿quién va a invertir en España? El fiasco de la OPV de Atento es un aviso gravísimo sobre el futuro inmediato. Deuda sanitaria, “descubierta” solo cuando se ha acabado el crédito, porque el dinero se acabó hace más de una año, para pagar las medicinas, el material y pronto para médicos y enfermeras… y así sucesivamente. Y mientras, tanto un Zapatero completamente zombie pide a Rajoy que defienda la credibilidad de España ¿De qué credibilidad hablan?

La crisis de las alfombras
La crisis de las alfombras en Castilla La Mancha ha sido la espoleta que ha hecho explotar la bomba, y aunque de momento no existen todas las pruebas necesarias, si los datos que ha aparecido hasta ahora se demuestran ciertos, y todo parece indicar que es así, el presiente José María Barreda no se puede ir de rositas con retiro millonario, despacho de lujo, visa oro y cuatro coches como su cuate Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura.

Si la Fiscalía General del Estado estuviera al servicio de los ciudadanos, que son quienes pagas sus sueldos, y no al del Gobierno, debería actuar de oficio e investigar en cuanto los datos contrastados estén disponibles la presunta negligencia grave en la gestión de caudales públicos, la presunta destrucción de pruebas y documentos públicos, y toda otra serie de delitos que tienen que ver con el despilfarro continuado de dinero publico, delitos todos ellos castigados con elevadas sanciones económicas e incluso penas de cárcel, justo como está ocurriendo en Islandia, donde el primer ministro irá probablemente a la cárcel por “grave negligencia en la gestión de la crisis”, cárcel donde están esperándole ya el Gobernador del Banco de Islandia y los directivos de los bancos que contribuyeron a la quiebra del país.

La idea de procesar a los culpables de la crisis empieza a ganar adeptos exponencialmente. El miércoles pasado, en el programa La Vuelta al Mundo, su presentador Carlos Cuesta hizo, como es habitual, una pregunta al principio del programa con dos opciones para que los telespectadoras la fueran contestando a lo largo del mismo: “¿Cree que el Presidente Zapatero debe ser procesado por su desastrosa gestión de la crisis?” Nunca en la historia del programa se había producido una respuesta más contundente, un 92 % de los telespectadores afirmaron que si debería ser procesado.

No se lo que saldrá debajo de las alfombras, pero lo conocido es que estos señores llevaron a la quiebra a la principal caja de ahorros de la región, y que ello nos ha costado a los ciudadanos 9.000 millones de euros sin que nadie, gracias al gobernador del Banco de España, haya respondido de nada. Han arruinado la hacienda autonómica, donde los datos de ejecución presupuestaria muestran un agujero de 800 millones de euros hasta abril, y eso sin saber aún que pasa en las 90 empresas públicas existentes. Esto debe ser investigado hasta el fondo y si existe delito los responsables deben pagar por ello. Con seis millones de parados, un 23 % de las familias viviendo por debajo del umbral la pobreza, esto llama a la indignación ciudadana.

Lo cierto es, como dice Carlos Solchaga, que “si sale el déficit real habrá otro disgusto en los mercados”, y entonces, ¿qué hacemos?

Ciertamente, Castilla- La Mancha no es el único sitio y ni siquiera el más importante ¿Qué pasa en Valencia, o en Murcia, o en el Ayuntamiento de Madrid, o en cientos de lugares? A Rajoy le hicieron una incómoda pregunta en Sitges sobre la deuda oculta en varias de las Comunidades bajo su responsabilidad y se fue por las ramas sin contestar. Pero lo cierto es, como dice Carlos Solchaga, que “si sale el déficit real habrá otro disgusto en los mercados”, y entonces, ¿qué hacemos?, ¿lo seguimos tapando? Lo que no tiene pase es que además, el Apóstol del Pelotazo nos cuente con toda su cara que “era imposible contar con las CCAA para reducir el déficit”. Mentira, lo que ocurrió es que en 1990 el PSOE necesitaba el voto de nacionalistas, a los que entregó un río de competencias con una irresponsabilidad y con una falta de sentido del Estado que resultan pasmosas. Contribuyeron a crear un monstruo que está devorando España, lo que hace a los socialistas, junto con los “prohombres” de la Transición, responsables del desaguisado.

Las recomendaciones de Bruselas
Las nuevas medidas exigidas por Bruselas, excepto el techo de gasto, en un contexto de un nuevo desplome del consumo y de la actividad económica darían la puntilla no solo a la economía en su conjunto, sino fundamentalmente a la clase trabajadora y a la clase media, y llevarían al hambre a millones de familias. Además, gracias a la inflación, los principales impuestos han subido ya un 3,6% en lo que va de año. Si a todo esto, Trichet sube tipos en julio, lo que nos faltaba, con la mayor deuda, pública más privada -300% del PIB- del mundo desarrollado, una subida del 0,25 % representaría un mayor pago por intereses equivalente al 0,7% del PIB, o del 1,4 % si sumamos la subida de la prima de riesgo.

Claro que a los burócratas de Bruselas la miseria y el hambre de los españoles les trae al pairo, y lo único que quieren es que España y el sistema financiero devuelvan todas sus deudas, pero van apañados. ¿Desconocen estos burócratas la curva de Laffer, que demuestra empíricamente que bajando impuestos se recauda mucho más? ¿Desconocen estos burócratas que autonomías y ayuntamientos despilfarran anualmente más de 100.000 millones de euros, y que lo que hay que hacer es reducir este gasto y no subir los impuestos? Entérense bien primero y propongan soluciones después.

En resumen, confusión, caos y pánico, y lo que es infinitamente peor, Bildu, franquicia de ETA, se hace con más de 100 consistorios del País Vasco y Navarra, y recibirán una subvención del Estado de 18 millones de euros anuales, algo inimaginable en cualquier país del mundo civilizado, y que en España han impulsado Zapatero y Rubalcaba, que han cometido la mayor felonía de nuestra Historia. Una traición refrendada por seis magistrados, que no jueces, del Tribunal Constitucional a las órdenes del Gobierno, que arrogándose atribuciones de las que carecían dieron luz verde a tamaña felonía, algo por lo que espero que algún día sean sentados en el banquillo y juzgados por sus compañeros del Tribunal Supremo.

Jugando a la revolución
César VIDAL La Razón 13 Junio 2011

He ido contemplando con creciente desazón la manera en que en las últimas semanas desde los más diversos medios se apela a llevar a cabo una revolución desde la calle. La excusa han sido esos ocupantes ilegales de los más diversos lugares públicos cuyo paradigma se encuentra en el poblado de chabolistas a que se han visto reducidas la Puerta del Sol de Madrid o la Plaza de Cataluña en Barcelona.

Mientras una maraña de individuos –que va de los antisistema a los que creen en un despertar de la conciencia cósmica pasando por la extrema izquierda ignorante y casposa de toda la vida– se dedica a hundir la economía y la higiene de los que viven en las cercanías de los lugares que tienen la desgracia de verse ocupados, no han faltado las voces que se han dedicado a vocear las consignas más irresponsables y a jugar a la revolución.

Es cierto que, por regla general, semejante actividad la han llevado a cabo desde un lugar tan cómodo como el que se encuentra frente las cámaras de una televisión o en la columna de un periódico. Sin embargo, no por ello su conducta resulta menos irresponsable y peligrosa.

Que este sistema democrático deja mucho que desear y que necesita algunas reformas urgentes no seré yo quien lo niegue. Estoy convencido de ello y llevo años diciéndolo. Pero una cosa es que se inste a esas reformas de manera legal y a través de las instituciones pertinentes y otra, bien distinta, es que se dediquen a forzar el menor cambio gente a la que nadie ha elegido, que se ha arrogado una autoridad de la que carece y que además quebranta la ley por sistema sin importarle un bledo las consecuencias que eso pueda tener sobre los demás. Pueden vocear lo que quieran e incluso –que no es el caso– acertar, pero su conducta difícilmente podría ser más antidemocrática siquiera porque España no es Egipto ni Túnez ni aquí existe una dictadura islámica aunque, a veces, pueda parecerlo.

Una de las grandes desgracias de la Historia de España ha sido la dificultad para que los españoles comprendieran lo que es el imperio de la ley al estilo de, por ejemplo, británicos o norteamericanos. Que esa lamentable conducta se disfrace de indignación no cambia las cosas. Por si fuera poco, los que sueñan con mover el barco para alzarse con el santo y la limosna están dando muestra de una ignorancia histórica palmaria. La Historia de las revoluciones –ingleses y norteamericanos son la excepción– muestra que los que las inician siempre acaban devorados por el proceso que pusieron en marcha. Algunos, como Lafayette o Kérensky, tuvieron suerte y pudieron exiliarse. Sin embargo, Danton y Robespierre; Trotsky y Kámienev acabaron ejecutados. A fin de cuentas, no podía ser de otra manera porque las revoluciones se sabe cuando comienzan, pero no cómo acaban. Si alguien anda fantaseando ahora con el soviet callejero, con la caída de la monarquía – ¡algún majadero llegó a augurarla hace unas semanas porque había elecciones municipales!– con la toma del poder al estilo de la Marcha de Roma mussoliniana es un loco peligroso que pasa por alto una eventualidad más que posible, la de que los mismos espectros que está conjurando lo arrastren por las calles para colgarlo de una farola.

Gatillazo
Nota del Editor 13 Junio 2011

Es una pena que el lento despertar de una pequeña parte de la sociedad española, haya sido manipulado por la suciedad española (y de otros lugares) y
no haya sido suficiente para despertar a la dormida sociedad española contra de sus opresores. Un disparro en falso, un gatillazo, o peor, como si se hubiera roto algo difícil de recuperar.

Pretender mejorar la democracia desde dentro del sistema que los profesionales de la política se han dotado, es una tarea imposible, tales sujetos
siempre van por delante, ellos tienen la llave para adaptarlo de modo que nadie más pueda entrar, en ello les va el rico sustento para hoy
y para mañana y siguen planeando subir los impuestos, esquilmar más a los ciudadanos, sin pensar en solucionar el problema de fondo, ellos mismos.

¿ Cuando han visto Vds. a un profesional de la política que se aplique a hacer en el bien para la sociedad ?. ¿ Cuando han visto Vds. a un profesional de la política que no condicione todas sus acciones a conseguir más votos a costa de machacar los derechos de los otros ?

? Cuando han visto Vds. a un PP (profesional de la política o Partido Popular, elija) defender la lengua común para poder tener mercado abierto, y un sistema nacional deeducación nacional, seguridad , justicia , administración y sanidad ?

Si los efectos del pequeño despertar de la sociedad española van a dar causar alguna sorpresa contraria a los intereses del PP en las próximas elecciones generales, se lo habrán merecido. Aznar se vendió a los nacionallistas para estar tranquilo cuatro años y cuando no los necesitó en los cuatro siguientes, siguió "honrando" sus dañinos compromisos (para España y para su partido) y no movió un dedo en la defensa de la lengua común, en la regeneración democrática, en la simplificación del tinglado autonómico, en la educación, solo nos sacó a pasear como una gran nación escondiendo los piés de barro.

Política y competencia
Hermenegildo Altozano www.gaceta.es 13 Junio 2011

El sistema de partidos español no superaría el escrutinio de la autoridad de Competencia.

Si se tratara de una actividad económica, el sistema de partidos español no resistiría el escrutinio de las autoridades de Competencia. No habría que esmerarse demasiado en los argumentos para descubrir ayudas de Estado, acuerdos de fijación de precios, reparto de mercados, de cuotas de producción, abusos de posición dominante. Los electores vendrían a ser los consumidores y el mercado relevante sería diferente según el objeto de cada elección: el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Parlamento. Los pactos poselectorales funcionarían como las ventas a pérdida (para hurtar cuota de mercado al vencedor de las elecciones). El sistema que diseña la legislación electoral vigente consolida un oligopolio cuando no, en ocasiones, un obvio monopolio. En el caso de algunas comunidades –Castilla-La Mancha es un ejemplo–, el gerrymandering (un truco propio de trilero consistente en la técnica de manipular las circunscripciones electorales para conseguir resultados electorales favorables, que pergeñara a principios del siglo XIX Elbridge Gerry, entonces gobernador de Massachusetts) es la táctica escogida para crear barreras a los nuevos entrantes. En Andalucía, el escándalo del PER o el de los ERE se asemeja a una ayuda de Estado que falsea, también, la libre concurrencia.

Las listas cerradas y bloqueadas ponen en manos de los comités electorales de los partidos (y no en la de los electores-consumidores) la idoneidad de los candidatos. El resultado es la progresiva proletarización de la clase política que nace, vive y muere como una casta. Los diputados, senadores, concejales –salvo alguna excepción notable– son producto de las juventudes de los partidos. Los candidatos ascienden más por su fidelidad al partido (o al jefe del partido) que por sus méritos profesionales.

Una abrumadora abstención debería resultar insoportable para un sistema que se alimenta y perpetúa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado: es oportuno recordar que la abstención superó con creces el número de votos emitidos en los referendos sobre el Estatuto de Cataluña y el Tratado de Niza y nadie se dio por aludido.

El contribuyente observa con perplejidad cómo la fiesta de la democracia consiste en que le retuerzan el brazo para que subvencione partidos políticos a los que no quiere votar y, en cambio, se haga virtualmente imposible el acceso al club de las subvenciones y las listas cerradas a los nuevos entrantes. No sorprende que crezca el número de indignados. Lo que sorprende es que haya tardado tanto.

El PSOE superado
Iñaki Zaragüeta La Razón 13 Junio 2011

No cambian. Ni lo aparentan. El Gobierno socialista de Zapatero y Rubalcaba –ahora parece más del segundo que del primero– continúa sin deseo de analizar el porqué de su contundente derrota. No quieren abandonar sus vicios, el juego a dos bandas, la demagogia, todo eso que les dio excelentes frutos en 2000 y en 2004. Se niegan a percibir que los españoles no están dispuestos a volver a ser engañados. Rubalcaba –la cara socialista para las próximas elecciones, sólo eso– debe ser consciente de la herencia que recoge y desechar virtualidades. Demasiadas cosas han rebosado el vaso. Da igual cuál ha sido la última gota.

Los ciudadanos tienen lleno el saco de la paciencia y no quieren colmar el de la resignación.

Se han dado cuenta de las deficiencias en la ordenación territorial de España, en donde la solidaridad ha quedado erosionada por obra y gracia de una dinámica legisladora de pandereta.

Quieren decir basta a los graves flancos que presenta la Justicia con el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial al frente, dando la impresión a veces de su contrariedad con la independencia del Tribunal Supremo.

Se niegan a aceptar de nuevo la trampa de unas negociaciones con ETA por culpa de una meta ilusoria. La gran mayoría está convencida ya de la ineficacia del Gobierno para sacarnos de la crisis económica.

No valen más las argucias de poner calificativos a quienes previeron la crisis, ni traidores a quienes se atreven a exponer la realidad.

Lo peor es la impresión de no tener ideas para salir de esta situación. De tener un Gobierno superado por las circunstancias. Ahora bien, por más que haya acontecido, el Gobierno de ZP caerá y el Estado prevalecerá.

Presidente, con semejante panorama, las elecciones es lo mejor para la nación. Así es la vida.

La CRTVG amputada
El PP debería explicar muy detenidamente por qué acepta la totalitaria exclusión legal del castellano de la CRTVG a unos votantes que no entienden su claudicación.
alfredo aycart ABC Galicia 13 Junio 2011

NO es necesario incorporar un tratado psicológico a la ciencia política para entender las razones de la animadversión visceral de los nacionalistas hacia el castellano. La repulsa hacia la lengua común impregna su comportamiento con más profundidad que la simple defensa del gallego, en la medida en que a la protección de los intereses empresariales de la industria editorial suma un componente de exclusión de lo que no se puede controlar, fundamental para conseguir sus propósitos finalistas.

El BNG, y en menor medida, aunque en absoluto intrascendente, el PSOE, han comprendido hace ya tiempo que en aquellos lugares donde impera el monolingüismo se produce una traslación eficaz y permanente de los sufragios hacia sus formaciones. De ahí el apoyo continuado a las más peregrinas tesis de la Mesa por la Normalización Lingüística y su brazo armado en el Parlamento, el inquisidor Bieito Lobeira. De esa comprensión surgió el dictatorial decretazo del bipartito, por el que se excluía en la práctica el castellano de las aulas.

Está claro que uno de los grandes aciertos del Gobierno de Feijóo —a la par de la política de austeridad— fue el fin de la imposición lingüística en la escuela, con la aprobación del decreto por el que se recupera la perdida libertad en la enseñanza en materia de idiomas. Las iniciales protestas de los profesores de la cuerda, más preocupados por el mantenimiento de sus privilegios que por la adecuada atención a la educación de sus pupilos, perdieron fuerza a medida que se edulcoraban sus ansiedades con medidas paralelas como su forzada consideración como autoridad.

El decreto del plurilingüismo tiende a una sociedad más culta, más preparada y más libre. Es por ello más sorprendente la desagradable claudicación de sus principios de que ha hecho gala el grupo popular en el parlamento gallego, al aceptar la cerrada oposición de PSOE y BNG a abrir al castellano las cámaras y los micrófonos de la RTVG. Obvian interesadamente que se trata de un servicio público sufragado por todos los ciudadanos, independientemente del idioma en el que prefieran expresarse de los dos oficiales en la Comunidad.

Que los talibanes de la lengua y sus cómplices interesados se opongan a reconocer legalmente la posibilidad de expresarse en castellano en una cadena pública obedece a esos ramalazos autoritarios que impregnan su ideología. También querían imponer una exclusión similar en las lápidas de los cementerios. Pero que el portavoz del PP, Pedro Puy, acepte sus imposiciones, resulta contradictorio con la defensa de los principios de la formación en la que milita, salvo que estos puedan, como en el chiste de Groucho Marx, cambiarse por otros a petición del interlocutor de turno.

Es de esperar que la tramitación parlamentaria del proyecto permita desmontar el desafuero. Caso contrario, los diputados del PP deberán explicar muy detenidamente las razones para aceptar una CRTVG amputada de raíz. Sobre todo a unos votantes que no entienden la rendición.

El islamismo se consolida con la victoria de Erdogán
EDITORIAL Libertad Digital 13 Junio 2011

Las elecciones generales que acaban de celebrarse en Turquía han dado de nuevo la victoria al AKP, la formación política dirigida por el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, con más de la mitad de los votos emitidos y una más que cómoda mayoría absoluta en el parlamento nacional (aun cuando el AKP no ha llegado a obtener los dos tercios del parlamento que le permitirían reformar la constitución del país en solitario como sería el deseo de su principal dirigente).

A pesar de que las autoridades europeas y los principales medios de comunicación aseguran que Turquía es un país laico prácticamente homologable a las democracias occidentales, es preciso insistir en la evidencia de que Erdogan es tan islamista como cualquiera de sus colegas musulmanes que tantos recelos despiertan en esos mismos ambientes mediáticos y políticos de nuestro continente, en una muestra más de la incoherencia que aflige a las instituciones señeras del continente y no sólo a las de carácter político.

El primer ministro turco es un líder de referencia para aquellos movimientos islamistas que pretenden una tercera opción entre los saudíes de Arabia y los chíies de Teherán. Para los Hermanos Musulmanes del norte de África, por ejemplo, Erdogan es un modelo a seguir por su maestría en el manejo de los mecanismos democráticos a la hora de imponer progresivamente la agenda del islam en una sociedad cada vez menos abierta como es la turca.

Erdogan ha sabido compatibilizar las exigencias de un mundo globalizado y una política económica liberal en muchos aspectos con las rigideces sociales que exige una religión como el islam, de cuya imposición sin miramientos a medio plazo es un absoluto convencido.

Precisamente para dar el último giro de tuerca a su proyecto islamista, Erdogan pretende modificar la constitución para convertir a Turquía en una república presidencialista, con lo que, tras haber consumado tres legislaturas como primer ministro, presumiblemente tendría por delante un plazo lo bastante largo como para dirigir el país desde su presidencia acaparando más poder en detrimento del parlamento nacional.

Con los periodistas amordazados y los más conspicuos directamente en la cárcel –hay más periodistas encarcelados en la "avanzada" Turquía que en China– y desmantelado el estamento militar (la única oposición real a la que Erdogan ha temido alguna vez), el futuro presidente de la república turca carecería de freno real para imponer su verdadero proyecto político, que no es otro que convertir a Turquía en una referencia para el islam más radical.

Conviene insistir una vez más en que "islamismo moderado" es una contradicción en los términos. A pesar de la farfolla pseudodemocrática con que lo adornan desde Europa, el primer ministro turco es una prueba palpable de ello.

MÁS DE 6.000 VEHÍCULOS OFICIALES
 Minuto Digital 13 Junio 2011

Hubo una época en que los políticos eran ricos o, al menos, unos privilegiados. Por definición. Se les exigía un patrimonio que garantizaba un buen pasar y, de esa manera, podían dedicarse tranquilamente a discutir sobre la vida y milagros de la ‘cosa pública’ que se reducía a cómo conseguir que unos pocos tuvieran mucho y los demás siguieran como siempre: analfabetos y satisfechos si es que lograban que los hijos comieran caliente una vez al día. A unos los llevaban de aquí para allá en carruaje de caballos y otros, los más, iban a pie sin pretensiones de llegar muy lejos. Así era la vida.

Mucho hemos cambiado afortunadamente y, por eso, entre otras cosas ya no hay que inclinar la cabeza al ver que se acerca un alto mandatario, con levita, reloj de leontina y botines. ¡Vaya cuadro! Eso era en el siglo XIX, ahora pueden pasar desapercibidos, si no fuera por los famosos coches oficiales. De riguroso color oscuro, suaves como la seda, que circulan por las carreteras pisando fuerte. Muchas veces demasiado: más de 1.300 automóviles de matrícula reservada -entre ellos, los de cargos públicos- hicieron méritos suficientes en 2009 para ganarse una buena multa. Es lo que tiene el poder. Abre puertas y autovías de par en par. Sin complejos, con autoridad.

Asunto delicado, sobre todo en tiempos de vacas flacas. No existe un censo del parque móvil asignado a los políticos pero muy probablemente debe de superar las 6.000 unidades. Hagamos cuentas: la Administración del Estado dispone de más de 780, los gobiernos de las comunidades autónomas tienen 1.177, mientras que las diputaciones y ayuntamientos seguro que engordan muy generosamente el total. Por no hablar de la miríada de empresas públicas y organismos autónomos (desde RENFE a una orquesta sinfónica) cuyos directivos también recorren España sobre cuatro ruedas, con un chófer que lleva pinganillo y les deja tranquilos mientras ellos hablan por teléfono, ven la televisión en el iPAD o… trabajan con el portátil sobre las rodillas en beneficio del interés general. ¡Que de todo hay!

Si damos por acertada la aproximación de los 6.000, la partida del presupuesto que se llevan puede rondar los 290 millones de euros al año. Y esto es así porque se calcula que el gasto de un automóvil de alta gama, en ocasiones blindado, llega a los 48.000 euros anuales. Una friolera que se atraganta a gran parte de la población, a la vista de cinco millones de parados, banqueros a cara de perro cuando se pide un préstamo y una tasa de desempleo juvenil que se acerca al 45%. Con este telón de fondo, no resulta plato de buen gusto ver tantísimos Audi A8, Volkswagen Passat y Peugeot 607 delante de las instituciones públicas, donde todo el mundo se llena la boca con los ‘planes de austeridad’.

El tema de los coches se ha convertido en la comidilla de la opinión pública, sobre todo a raíz de la iniciativa de los concejales de UPyD en Madrid, que han renunciado al automóvil que cada uno tenía adjudicado. «¡Es que es increíble! En el consistorio de Barcelona tienen 23 vehículos oficiales y aquí hemos llegado a disponer de 160… Da igual que nuestra deuda pública alcance los 7.200 millones de euros, siete veces más que ellos», detalla David Ortega, portavoz del partido de Rosa Díez en el ayuntamiento que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón.

En la capital de España se han tolerado en los últimos años nada menos que 77 coches de ‘incidencias’, aptos para imprevistos que surgieran a cualquiera de los 57 ediles o al secretario del pleno. A David Ortega todavía le dura la indignación y está dispuesto a seguir presionando hasta reducir al máximo la flota municipal. Sigue la táctica de la gota malaya: insistir e insistir a base de ruedas de prensa y titulares. Por cierto, el parque móvil del ayuntamiento madrileño pasará de 134 a 40 a propuesta del grupo popular.

Otros consistorios liderados por el partido de Rajoy se han subido al carro. Dos ejemplos: Córdoba, donde José María Nieto quiere prescindir de la mitad de coches (de 8 a 4); y Vitoria, con Javier Maroto, que desechará 8 de los 10 que tiene para conformarse con 2.

Eso sí, más vale empezar con los coches de los ediles, sin tocar las jubilaciones doradas de los parlamentarios del Congreso y Senado, que dan derecho a la pensión máxima con apenas once años de cotización, ni las aportaciones a cuenta de las arcas públicas que garantizan a sus señorías un fondo de previsión social. Ahí nos metemos en harina de otro costal. Son intocables, a pesar de un clima social cada vez más hostil: según el último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), los españoles consideran a los políticos como su tercer mayor problema (22,1% de la población), solo por detrás del paro (84,1%) y la crisis económica (46,6%).

Con todo, hay expertos que no dudan en romper una lanza en favor de los parlamentarios, al recordar que «cobran muy poco si los comparamos con sus colegas europeos», en palabras de Fernando Vallespín, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente del CIS. En Francia, Reino Unido y Alemania reciben un sueldo de unos 7.000 euros al mes, por no hablar de Italia donde superan los 11.000. Nuestras señorías, en cambio, tienen una remuneración base de 2.300 que, con los pluses, apenas supera los 6.000 si residen fuera de la capital. Se ven obligados a viajar todas las semanas y, encima, no todos tienen coche oficial propio. Conclusión: se les deja tranquilos.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, el líder del PP, Mariano Rajoy, que propone el uso compartido, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián -que ya anunció un recorte de los coches oficiales en marzo- solo prestan atención al volumen «desmesurado» del parque móvil. Da igual que la parte del león se la lleven las nóminas del personal: en Madrid hay 107 chóferes (la mayoría funcionarios) que en su conjunto cobran 4,5 millones de euros al año. ¿Y el coste de los vehículos? Unos 350.000 euros.

Mientras tanto, hay compañías como Arval, especializada en ‘renting’, que no desperdician la oportunidad de promocionarse a bombo y platillo. «Si todas las administraciones alquilaran los automóviles en lugar de comprarlos, ahorrarían 225 millones de euros», aseguran con total convencimiento. De acuerdo con sus cálculos, hay 100.000 vehículos a disposición de los empleados públicos, incluidos guardias forestales y barrenderos. Una cantidad que les pone los dientes largos, máxime porque saben que se adquieren habitualmente en modalidad de ‘renting’ o ‘leasing’ para los cargos públicos (con el ‘renting’, el precio incluye tanto el mantenimiento como las reparaciones y el seguro).

Llegados a este punto, conviene echar la vista hacia atrás: en los ayuntamientos, la generalización de los coches oficiales (con escolta incluido) se impuso por una necesidad imperiosa de protección. Nada más lejos de una prebenda o regalo. Cuando ETA asesinó al concejal sevillano del PP Alberto Jiménez-Becerril y a su mujer, Asunción García, el Ministerio de Interior tomó cartas en el asunto y recomendó a los consistorios de las principales ciudades el uso de vehículos conducidos por personal de seguridad.

Dicho y hecho. José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid entre 1991 y 2003, otorgó un coche a cada edil en Madrid, algo que también se aplicó en Valencia por iniciativa de Rita Barberá, donde todavía se dispone de 33. Los dos concejales de Esquerra Unida del País Valenciano rechazan ese derecho, sin aspavientos ni ruedas de prensa abarrotadas.

Hablemos de un libro excepcional
Amando de Miguel Libertad Digital 13 Junio 2011

Don Jesús se empeña en que hay que llamar "manipulación lingüística" a lo que hacen los nacionalistas con los idiomas. No, señor. La mano es lo que nos distingue de los animales. Lo que perpetran los nacionalistas es la "pediculación lingüística"

Espero que no me insulten mucho por hacer propaganda de un libro, de su autor, de la portadista y de la editorial. Créanme que se trata de un libro verdaderamente excepcional de puro bueno.

Por eso mismo le he hecho el prologuillo. Cumple reseñar este libro en Libertad Digital porque su asunto entra de lleno en los que aquí nos tocan: el nacionalismo lingüístico y sus horrores.

No se refiere solo a España sino a toda Europa. Eso es lo original. Los horrores se centran en los caprichos onomásticos, referidos al baile de topónimos. El autor es Jesús Laínz (aunque en el norte lo llamen casi siempre Lainz). A mí me deja que lo enaltezca como "el insigne bolígrafo montañés", un cariñoso remedo del que fuera "insigne polígrafo" por antonomasia, Menéndez y Pelayo. Ya que hablamos de retruécanos, el título del libro es otro juego de palabras: Desde Santurce a Bizancio. Habrá quien crea que es un error, como lo del "insigne bolígrafo", pero es que el español, cuando habla en broma, no se ríe. La casa editorial es Encuentro y la idea de la portada, un famoso collage pop, es de Teresa Laínz, de los Laínz de toda la vida. Ya eran famosos en las luchas contra los romanos.

Cumple mi amigo de forma tan precisa el espíritu de esta seccioncilla que, cuando yo falte, dicto que se encargue de ella Jesús Laínz. Nos separa una distancia generacional. Nació el de Santander cuando yo había acabado la carrera. Pero don Jesús ha recogido la antorcha con admirable celo. Desgraciadamente, habría que ver los chafarrinones que mancillan la estatua de la Antorcha en mi universidad. Entiende que el vicio más nauseabundo de la España y de la Europa actual es el delirio nacionalista. Su expresión lingüística resulta, además, ridícula. El texto que digo no es simplemente un panfleto ideológico, aunque entiendo que algunos
panfletos ideológicos son verdaderos monumentos de la cultura. Estamos ante un libro académico, en el mejor sentido, documentado y no solo con referencias literarias sino gráficas.

Lo único que lamento es mi sensación de envidia, porque a mí me habría gustado escribir un libro así, incluso con el mismo sentido de la ironía, el arte suprema.

Así pues, este libro es lectura obligatoria para el curso virtual que aquí seguimos sobre la "lengua viva". Pocas veces daré un consejo tan justificado. Me lo van a agradecer los lectores, que van a ser todos los libertarios. Don Jesús es uno de ellos y de los más cumplidos.

Aprovechen la temporada de ferias librescas para hacerse con un ejemplar de la edición príncipe. Recuerden que la gran distinción de nuestro tiempo es la que separa el grupo de los que leen de los iletrados. Cada uno es libre de apuntarse en una u otra congregación.

Una única crítica. Don Jesús se empeña en que hay que llamar "manipulación lingüística" a lo que hacen los nacionalistas con los idiomas. No, señor. La mano es lo que nos distingue de los animales, es la parte más noble del cuerpo. Lo que perpetran los nacionalistas es la "pediculación lingüística". No es la peor de las pediculaciones, vive Aitor.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Bildu y el guión de ETA
El Editorial La Razón 13 Junio 2011

Las víctimas del terrorismo comentaron en su reciente congreso que la situación en el País Vasco había retrocedido 30 años. Es un análisis tan desolador como certero. En unas pocas semanas marcadas por la indignidad de algunos, la complicidad de otros y la complacencia de demasiados, la marca de Batasuna ha logrado 319.000 votos, 1.138 concejales y 121 alcaldes, cotas inimaginables para un entramado de ETA que hace pocos meses presentaba señales inequívocas de descomposición.

Bildu, la criatura de la banda terrorista para este proceso, ha acaparado gran parte del poder institucional en el País Vasco y Navarra y cifras millonarias de dinero público, sin condenar a ETA ni exigir su disolución. Quienes esperaran algo nuevo de ese mundo pudieron comprobarlo en Elorrio o Lizarza, donde demostraron su actitud matonil. Unos incidentes que no fueron ayer siquiera criticados por la coalición.

LA RAZÓN ha defendido desde el arranque de este proceso que los acontecimientos se desarrollan conforme a una hoja de ruta diseñada por la dirección de ETA para tomar el poder político y el manejo de los presupuestos y, desde ahí, lograr sus objetivos. Sortu, Bildu, la ausencia de atentados, determinados movimientos en las cárceles... no han sido episodios espasmódicos, sino eslabones de una misma cadena. Hoy publicamos en exclusiva los próximos pasos.

La llamada «izquierda abertzale» quiere que el nuevo comunicado de la banda induzca a pensar que ETA se plantea su disolución a medio o largo plazo, lo que no es en absoluto cierto, como han confirmado no sólo múltiples informes policiales españoles, sino también europeos. Se mantendría, obviamente, el alto el fuego hasta las elecciones generales, lo que, según los expertos, la banda entiende vital para la suerte del Gobierno y del PSOE en las elecciones generales. A cambio, medidas a favor de los presos y alguna excarcelación de gran relevancia simbólica como la de Otegi, pendiente de la causa de Bateragune.

Que los reclusos terroristas son ahora el gran objetivo lo prueba que el primer gran acto batasuno tras la constitución de los ayuntamientos fue la manifestación de ayer en Bilbao para exigir una amnistía. Era una situación y una amenaza que se podrían haber evitado. Pérez Rubalcaba dijo ayer que Bildu gobernaría en menos ayuntamientos «si las cosas se hubiesen hecho de otra manera». Todo habría sido distinto si se hubiese respetado al Tribunal Supremo o si la retórica de destacados socialistas no hubiera allanado el camino.

El Gobierno se equivocará radicalmente si responde a Bildu como ETA prevé y si no rasga el guión de los terroristas. No se puede caer en el engaño ni en la trampa. ETA no piensa desaparecer; ni Bildu quiere que lo haga. La lectura que ese mundo hace hoy es que los 858 asesinatos han sido útiles a sus propósitos. El Estado de Derecho tiene instrumentos eficaces para responder a la situación. Sólo hay que cumplir la Ley y tener voluntad y coraje para imponerla allí donde se transgrede. A diez meses para las generales, el Gobierno, con la colaboración del PP, está obligado a tomar la iniciativa. La libertad y la seguridad de miles de personas están en juego.

Las previsiones de ETA
Editoriales ABC 13 Junio 2011

Es posible, aunque dramático, que ETA piense que una victoria electoral del PSOE debería formar parte de su tregua estratégica. Ojalá se equivoque

ETA está demostrando con creces que sus treguas son decisiones al servicio de su estrategia. Por ahora, la tregua que anunció en enero de este año está rindiendo importantes beneficios a la banda terrorista. Bildu es la primera fuerza municipal en el País Vasco, Sortu será probablemente legalizada por el Tribunal Constitucional, la Ley de Partidos Políticos está debilitada, las instituciones judiciales se han dividido, la acumulación de fuerzas nacionalistas está en marcha, y enfrente tiene a un Gobierno precario y sin ideas claras.

La eficacia policial en la detención de terroristas se ve así compensada con la expansión política de ETA en condiciones hasta ahora desconocidas. Nunca una tregua había sido tan rentable para ETA. Por eso, la ausencia de atentados hasta, por lo menos, las elecciones de 2012 es una manera de hacer virtud de la necesidad. El Gobierno está informado de que esta es la intención de los terroristas, centrados en mantener el equilibrio entre la conveniencia de apoyar las tácticas políticas de Bildu y Sortu y la necesidad de no acomodar a los ciudadanos en una situación sin «conflicto» que provoque un rechazo incontrolable a una reactivación de la violencia. ETA, recuérdese, no ha anunciado la entrega de las armas ni el fin de los atentados. Solo está en una tregua que apurará hasta conseguir sus objetivos políticos máximos.

Objetivos que está consiguiendo claramente.
El acceso a las instituciones vascas se ha producido de forma masiva, con el Ayuntamiento de San Sebastián como bandera de esta nueva etapa. Ha adquirido un fuerza electoral que el PNV no puede ignorar y que, antes o después, acabará provocando una reagrupación nacionalista similar a la del Pacto de Estella, salvo que el PNV tema verse fagocitado por la izquierda abertzale.

Y, lo que es más importante para ETA, ha conseguido que el Estado, a través del TC, y el PSOE, con su torpe discurso preelectoral, legitimen a un interlocutor político de la banda terrorista. El factor distorsionante para ETA en este escenario vuelve a ser el Partido Popular.

Los terroristas creen que con el PSOE tienen más posibilidades de negociar políticamente o, al menos, de convenir una transición de la violencia a la «paz», sin rendición de por medio. Estas opciones se desvanecen con un PP asociado a la Ley de Partidos Políticos, al cumplimiento íntegro de las condenas y al rechazo absoluto a cualquier precio político por la paz. Es posible, aunque dramático, que ETA piense que una victoria electoral del PSOE debería formar parte de su tregua estratégica. Ojalá se equivoque.

La doble mayoría
El PP tendrá mayoría absoluta en el Parlamento español. Los partidarios de la independencia la tendrán en el Parlamento vasco
GABRIEL ALBIAC ABC 13 Junio 2011

SU rostro era imagen de la decepción. Dieter Brandau entrevistaba en Lizarza a Regina Otaola. La aún alcaldesa evocaba, con serenidad estoica, los años de perseverancia en un pueblo que la veía como enemigo al cual es justo abatir. ¿Vino a apoyarla el presidente de su partido, durante estos años? No, claro que no, responde con indiferencia. Pero Aznar sí, vino una vez. Sonríe. No haber sido abandonada, al menos, por un ex presidente, parece confortar a Otaola del menosprecio de los suyos. Hay que ser muy duro para aguantar eso. Y para limitarse a contarlo, con la sobriedad un poco taciturna que es lo que más me admira en las gentes de la tierra vasca. Quede constancia de que, en mi herencia genética —si es que tal cosa existe—, lo único que aprecio es ese 25% de áspero comedimiento.

«¿Se llevará usted la bandera cuando se vaya?», le pregunta el periodista. Para un país normal, sería una pregunta estrafalaria: ¿por qué habría de llevarse un alcalde la bandera de su país al cesar en el cargo? Para un país normal. Para esta España trágica que es la nuestra, lo que causa estupor es la respuesta. No. No pienso llevármela. La bandera es la que la ley establece y la ley no la pongo yo, replica sin que su voz se altere un semitono. Si alguien viola la ley, allá él. Y si aquel a quien corresponde garantizar su cumplimiento no lo impide, allá él igualmente. En país normal, es cierto que ambos —violador y ministro inane— acabarían ante los tribunales. Pero aquí hablamos de un violador al cual el Tribunal Constitucional ha eximido de obligaciones y de un ministro inane que aspira a Presidente del Gobierno. No pasará nada.

Tampoco pasará gran cosa en los meses que vienen. Por supuesto, lo primero que hizo la nueva alcaldía de Lizarza fue retirar la bandera española del ayuntamiento. Por supuesto que, en el lugar que ella ocupaba, fue colocado un cartel que, en vascuence, reclamaba la liberación de los vascos presos en cárceles del ocupante enemigo español. Por supuesto que, en las inmediatas semanas, las calles volverán a ser el universal dazibaoque fueron siempre hasta que Regina Otaola dejó los viejos muros impecables. Pero no, no es eso lo importante. Lo importante sucederá dentro de unos meses, los que tarde el agónico no-gobierno de Rodríguez Zapatero en convocar elecciones generales. No hay enigma: Bildu —o la denominación que se elija para entonces— repetirá —puede incluso incrementar— sus resultados de mayo. Y, junto a un PNV presionado por su ascenso, tendrá todos los instrumentos para que en el País Vasco exista, por primera vez, un gobierno de mayoría independentista. A partir de la formación de ese nuevo ejecutivo en Vitoria, todo será posible. Digo todo.

Deslumbrado —y es comprensible que así sea, de momento— por la victoria de mayo, el PP de Rajoy parece haber dejado en segundo plano su vertiente oscura: el País Vasco. No hay razón para pensar que, salvo acontecimiento catastrófico, las cosas varíen mucho en estos meses. De ser así, para marzo todo lo más tarde, el PP tendrá mayoría absoluta en el Parlamento español. Los partidarios de la independencia la tendrán en el Parlamento vasco. Y el modelo constitucional del año 1978 habrá saltado por los aires.

Elorrio
Violencia terrorista
Emilio Campmany Libertad Digital 13 Junio 2011

Lo que hemos visto que ha ocurrido en Elorrio después de haberse constituido su Ayuntamiento es violencia terrorista. El terrorismo es el empleo de la violencia con fines políticos. Los que han zarandeado e insultado a Carlos García, concejal del PP en aquella villa, no lo han hecho para desahogar su ira, satisfacer sus bajos instintos o atender a sus impulsos primarios. Lo han hecho para aterrorizar al concejal con un objetivo político. Y quienes digan que insultar y zarandear no es propiamente violencia, y menos violencia terrorista, porque no es lo mismo que golpear o asesinar, se equivocan.

En Derecho Internacional, la agresión está constituida no sólo por el uso de la violencia, sino también por la amenaza de su empleo. De las dos hubo en Elorrio. ETA, o Batasuna o la izquierda abertzale o Sortu o Bildu, que todo es lo mismo, ejercieron la violencia y amenazaron con el empleo de otra más enérgica contra un concejal del PP. Desde el momento que esta violencia tuvo y tiene un fin político, es terrorismo.

Rubalcaba dice que no le gusta. Eso lo puedo decir yo o los millones de españoles que no tenemos ninguna responsabilidad en el uso que el Estado ha de hacer del monopolio de la violencia del que es titular. Pero si hay alguien que no puede decir tal cosa, es el ministro del Interior. Porque la cuestión no es lo que a Rubalcaba le guste o deje de gustar. La cuestión es que él es responsable de que los españoles, y Carlos García lo es, no tengan que sufrir ni esa ni ninguna otra clase de violencia terrorista. Se equivocan quienes crean que la única víctima es el valiente concejal del PP.

Las víctimas son todos aquellos que, teniendo derecho a presentarse a las elecciones por el PP o el partido que les pete o expresar en público las opiniones que les parezca o proclamar su ideología a los cuatro vientos, no lo hacen por miedo a ser objeto de la violencia que vieron se empleó en Elorrio.

Lo del sábado fue la imagen viva de un fracaso. Del fracaso de Rubalcaba, que hace dejación de sus funciones; de Zapatero, que insiste en hacer concesiones a ETA a cambio de la paz de la que ya disfrutan en Elorrio; del PSOE, que se ha dejado arrastrar hasta aquí; del Tribunal Constitucional, que se ha prestado indignamente a la farsa; del PP, que prefiere vivir en la mentira del pacto antiterrorista antes que afrontar en solitario la responsabilidad de denunciar la permisividad de los otros; y de toda la sociedad española, que hemos votado a unos y a otros.

Vuelve la violencia terrorista al País Vasco y a Zapatero sólo le preocupa llegar vivo a marzo, a Rubalcaba, que el PP no saque mayoría absoluta, a Rajoy, sacarla, y al Rey, que no le planten un pino en la tripa. No creo que merezcamos tanto deshonor e inoperancia.

Víctimas
Todo a cien y nada por los cien
Pedro de Tena Libertad Digital 13 Junio 2011

San Sebastián. Todo a cien o todo por los cien. El "todo a cien" fue el símbolo comercial de lo barato antes que lo bueno y bonito. En política, el "todo a cien" refleja una conducta para la que todo vale con tal de que el partido o la ideología ganen posición o, al menos, la mantengan incluso al margen de los principios y de los valores. Como dice la canción, depende, todo depende. Se vive en estos momentos en San Sebastián, símbolo de lo que ha ocurrido en el País Vasco tras la decisión del Tribunal Constitucional, esa política del todo a cien donde se ha sacrificado todo, muy especialmente, el honor de los asesinados y el dolor de sus familiares. Para que quede claro, en vez de haberlo dado democráticamente todo por los cien asesinados, muertos muchos de ellos consciente y valerosamente por nuestras libertades nacionales, se les ha situado, a ellos y a sus familias, bajo la administración de quienes, cuando menos, aplaudieron su muerte.

Lo que se ha perpetrado es mucho más grave de lo habitualmente se piensa. Matar en España, ya de por sí barato a causa de una legislación más comprensiva con los delincuentes que con sus víctimas –Sandra Palo, Marta del Castillo y otros muchos casos de violencia doméstica o de otros tipos–, es, desde ahora, políticamente rentable en esta democracia agonizante que vivimos. Puede matarse durante 30, 40 ó 50 años y llegar el momento en que los simpatizantes de los asesinos puedan gobernar una ciudad como San Sebastián gracias, sobre todo, a las componendas de partidos donde se cobijan políticas del todo a cien. Y dicen que esto se hace como único camino para conseguir de una vez la pacificación del País Vasco. Si Sofía Martín Garay de Yurrebasu, mi abuela, saliera de su tumba abofetearía a estos insolentes que no sólo hacen lo que hacen sino que pretenden justificarlo intelectualmente.

Lo que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo es que se va a ir aceptando la infamia de que no importa cuánto se haya matado, a cuántos se haya matado ni cómo ni por qué se haya matado. Lo que importa es que las víctimas no entorpezcan el camino de los amigos de los asesinos. Lamentablemente Borges ya ha muerto, pero esta nueva situación de la democracia suicida que alimentamos cabría perfectamente en su historia universal de la infamia. Me viene a la memoria su "proveedor de iniquidades" que hacía marcas por cada víctima y que, además, era caudillo electoral cobrador de impuestos que tenía estos honorarios: "15 dólares, una oreja arrancada, 19 una pierna rota, 25 un balazo en una pierna, 25 una puñalada, 100 el negocio entero". Bonito mundo este nuestro en España.

Bildu: con nuestro dinero
Consuelo Sánchez-Vicente. www.elsemanaldigital.com 13 Junio 2011

Las cuentas del cuento de Bildu ya están claras, con los presupuestos de 2011 en la mano -o sea, cifras oficiales- esta coalición "proetarra" según el Tribunal Supremo y democrática según el Tribunal Constitucional gestionará más de mil millones de euros en los ayuntamientos del País Vasco y Navarra, por mayoría absoluta en 89 de ellos, sólo en el de San Sebastián, 393,7 millones de euros... con los correspondientes documentos sobre los datos personales, familiares y económicos de los ciudadanos empadronados en ellos. (Pequeño desahogo: ni un "indignado" lanzó su "no nos representan" contra Bildu ni acampó en sus pueblos, ¿será que si se sienten representados por ellos, que esto sí que lo consideran "democracia real"...)

¿Da miedo? A mi sí, pero lo significativo es el miedo de quienes viven allí. Gente que solo se atreven a manifestar su angustia en el anonimato de Internet, el mismo silencio de los "indignados", y sobre todo, de tantísimas víctimas del terrorismo etarra a las que no hay que suponerles el valor porque lo han acreditado de sobra y que tras años de resistencia a ETA están haciendo las maletas; antes - te dicen - te sentías protegido por el Estado, por la ley, ahora la ley son "ellos". Lo son, ahora son alcaldes, ediles, la autoridad competente con mando en plaza sobre las haciendas privadas y pública, o sobre la Policía Municipal, por ejemplo. Y con todas las de la ley. ¿Podía haber sido de otra manera? Sin duda, las leyes son interpretables y la mitad menos uno de los jueces que abrieron la puerta a Bildu sentenciaron que era mejor dejarla cerrada. Pero la democracia es el imperio de la mayoría con respeto a las minorías, y el argumento de que una vez "legalizada" Bildu ha ganado donde hay que ganar, en las urnas, es irreprochable desde el punto de vista legal. En las semanas que van del visto bueno del Constitucional a la constitución este sábado de los ayuntamientos analistas y expertos han explicado de sobra porqué el Tribunal Constitucional prima a estos efectos sobre el Tribunal Supremo así que no le demos más vueltas a esa noria

Qué pasará a partir de ahora es lo que importa porque ahora es cuando se pone en práctica "el experimento". ¿Cruzar los dedos para que salga bien...? Hombre, no se, me encantaría equivocarme pero yo no lo creo, sería una cínica si les dijese que confío en ello. Los primeros pasos de Bildu por las mullidas alfombras oficiales no pueden sorprender más que a quienes no los conozcan y justifican plenamente la desconfianza: empezar quitando la bandera de España del ayuntamiento de San Sebastián, que es lo primero que ha hecho el nuevo alcalde donostiarra de Bildu, es empezar incumpliendo la ley. A quien hay que pasar la factura si que lo sé, clarísimo: al Tribunal Constitucional.

El deber de los demócratas
Regina Otaola www.gaceta.es 13 Junio 2011

La alegría de los proetarras por los resultados electorales de Bildu es la prueba del nueve de su identidad de fines.

Como en la anterior legislatura municipal, gracias a los apaños del todavía fiscal general del Estado, vamos a tener ayuntamientos gobernados por la organización política de ETA. Concretamente, se han apoderado de 106 ayuntamientos de los cuales, más de la mitad, 59, son guipuzcoanos. Y ya tratan de imponernos su visión totalitaria de la sociedad vasca con la retirada de la bandera española en Lizarza para hacer ondear la ikurriña de manera exclusiva y, por supuesto, excluyente.

También hemos asistido a los primeros intentos de intimidación física, como en Elorrio, donde el concejal del PP Carlos García ha sido insultado, empujado, escupido… Un concejal al que no se le agradecerá lo suficiente que haya cumplido con su deber democrático de tomar la posesión de su escaño. Hoy es el máximo exponente de la dignidad ante el totalitarismo. Pero las formas exhibidas por los batasunos no pueden sorprender a nadie: llevan utilizando las mismas desde los inicios de HB. Ahora pretenden vender la burra de que es lo mismo, sí, pero sin pistolas; cuando todos sabemos que ETA sigue a lo suyo y sus dirigentes, supongo, estarán terriblemente satisfechos con la situación.

La alegría de los proetarras por los resultados electorales de Bildu es la prueba del nueve de su identidad de fines. Una siniestra alegría que es directamente proporcional a la inmensa tristeza que sienten hoy por hoy las víctimas del terrorismo etarra y los demócratas en su conjunto, porque entre otras cosas este escarnio se produce gracias a la defensa de los intereses de una organización criminal por parte del Gobierno y sus obedientes delegados en el Constitucional.

Dicho esto, no es tiempo de lamentaciones. Es tiempo de rearmarse moralmente y volver a exigir que la Ley se respete y se cumpla en todos y cada uno de los ayuntamientos. La Ley debemos cumplirla todos nos guste o no; y todas las instituciones deben hacer cumplir la Ley o exponerse a quedar vaciadas tanto de significado como de legitimidad. La bandera nacional debe ondear en cada institución, el español es la lengua oficial también en esta parte de España pese a los batasunos, que administrarán instituciones españolas porque las provincias vascas siguen y seguirán siendo España. Por eso también la Constitución garante de nuestra libertad y nuestra democracia debe cumplirse en cada rincón de este país. Debemos seguir luchando para que así sea.

*Regina Otaola, ex alcaldesa de Lizarza.

Volver a empezar
Alfonso Merlos La Razón 13 Junio 2011

Nos ha empujado a la ruina económica, nos ha conducido al drama social y ahora desguaza el sistema de libertades. Honestamente, los millones de españoles ejemplares que creen en su nación, en su fuerza y en su dignidad, no pueden perdonar a este PSOE felón que ayudado de innobles togas nos ha devuelto al túnel del tiempo. La alevosía y la deslealtad de Zapatero y Rubalcaba les ha llevado a tirar a la basura más de una década de trabajo en el combate contra el terrorismo. Las beneméritas fuerzas de seguridad del Estado, los honorables jueces que nos quedan y las virtuosas plataformas civiles que se han batido el cobre para sacar del cuadrilátero a los heraldos de ETA han sido humillados por una parte de la democracia. Sus sacrificios, sus suspiros, sus sueños, sus lágrimas y sus deseos han sido en balde. Un segmento de la izquierda política, judicial, policial y social ha puesto de rodillas al Estado de Derecho ante quienes han procurado durante medio siglo su voladura.

Ni en Ferraz ni en Moncloa quieren comprender que al terrorismo o se le derrota o se le sufre, y nos va a tocar sufrirlo por la pura ceguera moral de este moribundo proyecto socialista que incansablemente nos flagela y que busca achicarnos como ciudadanos libres. Tampoco los del puño y la rosa entienden que ceder a las pretensiones del terrorismo supone mandar el inicuo mensaje de que matar puede tener una rentabilidad política, y no hay mayor incentivo que ése para seguir asesinando. ¡Qué fatal villanía y qué miserable paradoja! Un Gobierno que es incapaz de crear las condiciones para que cinco millones de españoles encuentren un trabajo ha hecho lo que tenía que hacer para que los delegados de ETA tengan un empleo. A unos se les condena a las colas del viejo INEM; a otros se les enfila hacia la moqueta, el despacho, el portátil, el móvil… y la nómina a fin de mes. Toca redoblar la resistencia y liberar «Territorio Bildu». La España digna sabe que para hacerlo no puede contar con Alfredo. Ojalá pueda contar con Mariano.


La entrada de Bildu, o los hijos de ETA reclaman la herencia
http://carlosmartinezgorriaran.net  13 Junio 2011

No recuerdo en cuál de los atribulados años 90 asistí a un debate sobre la relación del PNV con los etarras y sus víctimas que alguien resumió a la perfección: “desengáñate, para Arzalluz los etarras son hijos pródigos y nosotros hijos de puta”. Y así era y sigue siendo aunque Arzalluz ya no mande en Sabinetxea: por si alguien lo había olvidado, el PNV ha vuelto a regalar importantes alcaldías a Bildu y, probablemente, la Diputación de Guipúzcoa con su Hacienda Foral y todo. Las voces escandalizadas procedentes del mundo socialista y asociados, sobre todo, no han hecho otra cosa que consumar su ridículo y su traición. Porque traición ha sido romper en el último momento, y por torpes intereses electorales, una lucha contra ETA que estaba a punto de conseguir el KO técnico de la banda y de su brazo político, resucitado ahora en forma de una seudo coalición que muy pronto acabará siendo descaradamente lo que ha sido desde el principio, el partido político de ETA con otro nombre que añadir a la colección. Pues bien, como dice canturreando la niña de Polstergeits cuando anuncia la irrupción del mal desde la pantalla de la tele: ya están aquiiiiiií… Los hijos pródigos de Sabino Arana han vuelto más crecidos que nunca a reclamar su herencia: y, a diferencia del pródigo evangélico, el mal hijo ni siquiera ha tenido que mostrar arrepentimiento; al revés, ha obtenido impunidad y complicidad con premio electoral.

Las lágrimas de cocodrilo socialista son, en cualquier caso, consecuencia de un pésimo cálculo tan lleno de cinismo como de ignorancia: pensaban que Bildu sacaría menos de la mitad de los votos que finalmente ha sacado –algo más de 300.000 en País Vasco y Navarra-, y que éstos serían a costa del PNV en municipios pequeños y medianos. Despreciando el efecto legitimador y promotor de la gigantesca campaña de publicidad de Bildu de los medios de comunicación afines a PSOE y PNV –los más importantes del País Vasco y por supuesto todos los públicos, además del grupo PRISA al completo, Público y La Sexta, etc.-, que convencieron a muchos de que Bildu era la garantía de la Paz y demócratas intachables que habrían roto con ETA (¡incluso una alternativa al bipartidismo para jóvenes indignados despistados!), se han encontrado con la amarga verdad de que los votos de Bildu han barrido alcaldías socialistas que creían seguras y, sobre todo, regalado a los herederos de ETA la de San Sebastián, con la colaboración entusiasta del PNV.

Uno es donostiarra y por eso las cosas que pasan en su ciudad natal le importan más que las de otros sitios. Uno ha sido portavoz de Basta Ya y ha dedicado muchos años y energía a la ofensiva intelectual contra el nacionalismo y a organizar la movilización cívica contra ETA. Uno ha tenido que llevar escolta por eso mismo e ir al funeral de amigos asesinados que tuvieron peor suerte. Por eso es un espectáculo particularmente desolador asistir a la reducción de los veinte años del gobierno municipal de Odón Elorza, veinte años perdidos y desperdiciados por un alcalde penoso y superficial que daba mucha más importancia a los carriles-bici que a la lucha por la libertad, en mero trámite de paso para la entrada triunfal en la alcaldía de un partido minoritario (8 concejales de 27) que propone los fines de ETA como fin de la política de una ciudad donde esa banda ha asesinado a más de cien personas, y donde se han organizado y celebrado las principales movilizaciones masivas contra el terrorismo sin que, ahora, parezcan haber servido para maldita la cosa.

Con sus 300.000 votos Bildu gobernará a más de 700.000 personas. Serán más de un millón si, como parece, se hace con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Lo que piensa hacer ha quedado claro con los primeros actos de sus nuevos alcaldes: negarse en redondo a condenar a ETA y exigir su disolución, antes al contrario: continuar el hostigamiento y la exclusión de cualquier oposición a sus pretensiones; vetar a medios de comunicación; poner todas las instituciones y los recursos públicos al servicio del proyecto político de la llamada “izquierda abertzale”, es decir de ETA, lo que significa imponer políticas de asimilación lingüística, educativa y cultural que profundicen en todas las facetas del peor nacionalismo. Y si esto no fuera suficiente, volver a las amenazas y a la violencia física contra quien no colabore u oponga resistencia real a sus decretos. Porque no se olvide que ETA no ha desaparecido sino que, salvada por la campana de la política pacificadora de ZP –con el auxilio impagable de un PP insultón pero puesto de perfil-, la banda sigue ahí como garante último de que lo que no se consiga por las buenas podrá obtenerse por las malas. Al fin y al cabo, ¿este final tan estupendo para ellos no demuestra la rentabilidad del terrorismo y de la violencia política de todo tipo, la impotencia de la justicia y la debilidad de un Estado en manos de partidos agotados sin más afán que sobrevivir en el poder? Y el resultado electoral, ¿no ha demostrado que una parte de la sociedad vasca y navarra está dispuesta a tragar cualquier vileza con tal de estar del lado de los vencedores, de los matones y asesinos, todo lo lejos que puedan de cualquier situación que los convierta en víctimas? Y estos tienen el apoyo de ETA mientras los resistentes tienen –es un decir- el apoyo de un Estado ausente y en retirada.

Los defensores de Bildu insisten en que esta falsa coalición ha roto con ETA y es una sincera partidaria de las vías democráticas. Que lo primero es falso quedó demostrado el mismo sábado 11 de junio, cuando los alcaldes de Bildu se negaron expresamente a reclamar la disolución de la banda y, con la clásica parafernalia fascista de Batasuna, se rodeaban de vociferantes partidarios para dar vivas a los presos terroristas y exigir otra amnistía. Como ya se sabe que la estupidez no tiene límites, supongo que harán falta varios años de gobierno de Bildu para que algunos se convenzan –y otros ni eso- de que la democracia no tiene nada que ver con la imposición de normas que prohíben y persiguen la disidencia del nacionalismo y dan a elegir al disconforme entre el destierro o el exilio interior en su propia casa.

Con Bildu gobernando un millón de personas en docenas de ayuntamientos y la Diputación de Guipúzcoa, ETA no tiene necesidad alguna de atentar ni hacer acto de presencia más allá del previsible comunicado de jolgorio y felicitación por lo ocurrido. ¿Para qué estropear la fiesta si el heredero político va consiguiendo una tras otra las pretensiones que justificaron 858 asesinatos, miles de heridos y docenas de miles más de perseguidos, desterrados y extorsionados? Al contrario, ahora podrá aprovechar para tratar de reconstruirse y poder seguir amenazando como el Hombre del Saco de la construcción nacional, si las Fuerzas de Seguridad del Estado no lo impiden. Y nos dirán que eso, que no haya atentados sangrientos ni destructivos, eso es la Paz. Como decía el Caudillo Francisco Franco o sus portavoces en los nodos, telediarios y partes de Radio Nacional.

En fin -pensarán ustedes si han llegado hasta aquí-, ¿significa eso que hemos perdido la guerra con ETA y el nacionalismo obligatorio? Desde luego hemos perdido una batalla que, para más escarnio, estaba claramente ganada. Pero no, no nos han ganado: sencillamente algunos de los nuestros nos han traicionado y entregado a nuestros enemigos. Así de simple, así de grave. No deberá volver a ocurrir.

Brian Currin, mediador demediado
Vicente de la Quintana http://paralalibertad.org 13 Junio 2011

Vicente de la Quintana, Secretario General de la Fundación para la Libertad, 13/6/11

La Fundación para la Libertad da la réplica al artículo de Brian Currin en Le Monde Diplomatique

Este mes de junio Le monde diplomatique publica un artículo firmado por Brian Currin. En su edición en español lleva por título “Elegir la paz en el País Vasco”. Recoge las conocidas tesis del “experto en resolución de conflictos” sudafricano.

Una primera lectura irrita, una segunda hastía. A la tercera se abre paso una sospecha: ¿no estaremos ante un texto de ficción? ¿No será Currin un personaje heterónimo? ¿Cabe una explicación distinta que dé cuenta del alto grado de indignidad que esos renglones alcanzan? Contemplemos esta hipótesis: Brian Currin como protagonista de un relato breve perpetrado por un mediocre imitador del Borges que en 1935 publicó su ya clásica “Historia universal de la infamia”.

Existe un aire de familia entre los apócrifos de la edición de 1935: el atroz redentor Lazarus Morell; el impostor inverosímil Tom Castro; la viuda Ching, pirata; el proveedor de iniquidades Monk Eastman; el asesino desinteresado Bill Harrigan; el incivil maestro de ceremonias Kotsuké no Suké; el tintorero enmascarado Hákim de Merv y, en la secuela de 2011, el mediador demediado Brian Currin.

Los reparos que opongo a la eficacia del relato no derivan de la impresión real de infamia que logra trasladar al ánimo del lector, sino de su falta de verosimilitud, ingrediente indispensable; su ausencia desbarata la tramoya de la ficción liquidando la apariencia ilusoria que la sostiene.

Detallaré lo inverosímil del argumento.
El protagonista, Currin, se presenta como mediador en un “conflicto” que él mismo describe en los términos exactos en que lo hace una de las partes implicadas. Extraño mediador.

Pronto el lector descubre el verdadero propósito de Currin: avalar el objetivo último por el que una banda terrorista (que denomina constantemente “organización clandestina”) asesinó a 858 personas.

Intenta conseguirlo recurriendo a un procedimiento sumario, torpe, pero que juzga efectivo: erigirse en árbitro para, acto seguido, enumerar con detalle todas y cada una de las justificaciones de la violencia que pretende “pacificar”.

Así, cree asombroso que se considere a ETA una “banda criminal y terrorista”. Estima “desconcertante” y “vana” la estrategia antiterrorista que consistía en poner fuera de la ley a su brazo político: “una izquierda abertzale – dice, exagerando la nota cínica- que no condena explícitamente la violencia de ETA”. Asume, acríticamente, la visión que presenta la Constitución de 1978 como “posfranquista” y “conculcadora de los derechos sociales, civiles y políticos del pueblo vasco, particularmente el de autodeterminación” y reclama una solución negociada que contemple la voladura de tan oprobioso marco jurídico. Como se ve, incurre en plagio. ( vid. A. Otegi, “Obras Completas”; ediciones Zutabe)

Opone en un plano de equivalencia moral dos violencias simétricamente enfrentadas en una situación que califica de “guerra prolongada” y postula un “proceso” que culmine en una “democracia global en el País Vasco”. En ella participaría “el conjunto de los nacionalistas favorables a la autodeterminación” quienes, afirma, no han podido hacerlo hasta ahora.

En el desconcertante y vano País Vasco dibujado por Currin el Plan Ibarretxe, el Pacto de Lizarra, el PNV, EA, Aralar, Elkarri, Lokarri y Herria Eliza 2000 no han existido nunca. Los “nacionalistas favorables a la autodeterminación” han sido siempre “clandestinos”.

En la desconcertante y vana España de Currin no existe democracia plena. Ni existirá, hasta que no incorpore a su sistema político los elementos que desde posiciones antidemocráticas trabajan para destruirla.

En una desconcertante y vana ecuación, democracia plena y plena idiotez suicida equivalen.

A partir de aquí, los acontecimientos se precipitan y la narración se hace confusa: Currin, al frente de un equipo “mediador” que atiende por G.I.C. (“Grupo de Irresponsables Caraduras”) obtiene con denodado esfuerzo un generoso “alto el fuego” decretado por la “organización clandestina”. Lo adorna una ristra de adjetivos sumamente esperanzadores (para la “organización”).

Poco después, el grupo interviene para que la “izquierda-abertzale-que-no-condena-explícitamente-la-violencia-de-ETA” se persuada de la alta rentabilidad que obtendría con poco esfuerzo gracias a una estrategia de maquillaje y desdoblamiento. Cuela el fraude de ley y la legalización “in extremis” de una de las marcas abre un “horizonte de paz” con precio político, beneficio electoral y con la “organización clandestina” sin disolver, por si las moscas.

Hay trechos en la descripción del proceso en los que el pulso narrativo desmaya y se cae en lamentables lapsus: “La organización clandestina (…) ha visto que Sortu se imponía y que se aliaba con otros partidos nacionalistas que hasta ese momento habían rechazado a Batasuna”. La confusión entre los entes “Bildu”, “Sortu” y “Batasuna” es notoria y constante en las últimas líneas. Disculpémosla en gracia a la bisoñez del autor.

Un solo párrafo concentra el desenlace:
“En efecto, aunque la organización clandestina renuncie definitivamente a la violencia y deje las armas, puede temerse que el Gobierno español entre en punto muerto sobre los aspectos políticos del conflicto, para proclamar su victoria en la lucha contra el ‘terrorismo’. La constitución del GIC está dirigida, en parte, a impedirlo.”

Aquí la infamia aniquila su presencia verosímil en el retrato moral del protagonista por su mismo exceso.

Bastaba la repugnante equidistancia entre legitimidad democrática y terrorismo.

Bastaba la resignación cómplice que da por buena la narrativa exculpatoria de cientos de asesinatos.

Bastaba la voluntaria deformación de medio siglo de historia.

Bastaba arrogarse la cualidad de pacificador mientras se blandían los argumentos de los verdugos.

Bastaba escribir escupiendo sobre el dolor de las víctimas afectando ecuanimidad.

Bastaba con todo eso para retratar a un infame. Ir más allá, implicarse activamente en la tarea de lograr los propósitos por los que 858 personas fueron asesinadas y justificar cada uno de esos crímenes en la memoria colectiva hacen de Currin un personaje inverosímil, fantasmático.

¿Quién, en el mundo real, podría creer en la existencia de Brian Currin?

Vicente de la Quintana, Secretario General de la Fundación para la Libertad, 13/6/11

“Los culpables son Zapatero, Rubalcaba y Eguiguren”
Los amenazados temen que ETA acceda a sus cuentas y matrículas a través de los alcaldes de Bildu
Los empresarios sopesan ya cambiar los domicilios de sus entidades. “Los chivatos y los matones campan a sus anchas y se impone la ley del miedo”, aseguran las víctimas. “Esto es una vuelta al horror”.
A. L. G. Madrid www.gaceta.es 13 Junio 2011

La llegada de Bildu a 123 alcaldías en el País Vasco y Navarra ha disparado el miedo de las víctimas y amenazados por ETA. Quienes ya han sufrido durante años ante la barbarie etarra asisten con preocupación a la llegada del brazo político de los terroristas a las instituciones. Al dominar los consistorios, la coalición parasitada por Batasuna tendrá acceso a sus cuentas bancarias, las matrículas de sus vehículos, las direcciones de sus domicilios e inclusos sus datos fiscales. Las víctimas consultadas por LA GACETA aseguran que temen que esos datos sensibles acaben en manos de los pistoleros, quienes pese a su “alto el fuego” no se han disuelto. Una prueba de ese temor es que algunos empresarios sopesan llevarse sus datos a otra parte.

En San Sebastián, por ejemplo, el consistorio, controlado desde anteayer por Bildu, lógicamente tiene registrados todos los datos mencionados al ocuparse de cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), las tasas por todo tipo de servicios o el número de vehículos matriculados (108.000), entre otras cosas. Ya antes de que la coalición se hiciera con el bastón de mando, algunos empresarios mostraron su honda preocupación porque sus bienes y datos fuesen conocidos por el brazo político de los etarras. La patronal vasca, Confebask, aglutina a 13.000 empresas en toda la comunidad. A ellas hay que sumar unas 5.000 entidades de Navarra. Unas empresas de las que muchos dueños están acostumbrados al pago del mal llamado impuesto revolucionario. Aunque ese cobro ahora mismo está parado, las entidades no descartan una vuelta de ETA a las andadas.
Testimonios

No todos los que padecen el miedo se atreven a expresarlo, aunque otros no se arredran. Rubén Múgica, que aglutina la doble condición de víctima –ETA asesinó a su padre en 1996– y amenazado, reside en San Sebastián. “A partir de ahora, Bildu fiscalizará todos nuestros datos”, asegura. “He leído una entrevista al nuevo alcalde de San Sebastián, que habla de la paz y la reconciliación. Habría que preguntarle que explique para qué guerra quiere la paz y con quién quiere reconciliarse, porque nadie le ha hecho nada a él”.

“Los matones y los chivatos volverán a campar a sus anchas por las calles y se instalará otra vez el régimen del miedo. Y cuidado, porque la cosa en San Sebastián aún puede aguantarse porque se trata de una ciudad grande donde uno puede perderse, pero lo peor es en los pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce”, denuncia.
“No tengo duda de que los responsables de todo esto son Zapatero, Rubalcaba y Eguiguren, que han mentido durante años y han maltratado a las víctimas por un cálculo que además les ha salido mal”, concluye.

Otra víctima y amenazada de San Sebastián es Cristina Cuesta, ex presidenta de Covite que ya dejó hace años la ciudad pero que habla cada día con sus conocidos de allí. “Esto es una vuelta al horror del pasado y la preocupación de los amenazados se acrecienta día a día sólo con escuchar el discurso del nuevo alcalde”, asevera.

“Además, volvemos al pasado, pero tirando por tierra todo el recorrido que habíamos hecho para comprender cosas básicas, para ahora tener otra vez en las instituciones a la ETA político y social, porque los tribunales ya habían dicho que ETA no son sólo los que antes pensábamos”, argumenta.
“Son muy claros”

“Si algo tiene el mundo filoetarra es que es claro, por eso basta con escucharles para que crezcan nuestra inquietud, nuestro miedo, nuestra incertidumbre y nuestra impotencia”, asegura. “El terrorismo no es sólo el terror, sino la amenaza del terror, y ETA no ha entregado las armas ni se ha disuelto”, apostilla.

Además del poder que ha logrado por número de alcaldías, a partir de ahora Bildu dispondrá de unos mil millones de euros al año en los 123 consistorios que domina. De ese montante, más de una tercera parte corresponde al presupuesto de San Sebastián. A esas cantidades habrá que sumar probablemente los presupuestos de la Diputación de Guipúzcoa. Los antecedentes de anteayer hacen pensar que Martín Garitano (Bildu) será el diputado general de la provincia gracias a la complicidad del PNV.

Entretanto, las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por este diario afirman desde hace semanas que los pasos que va dando ETA a base de comunicados hacia su presunto final no cierran la posibilidad de que los pistoleros vuelvan a empuñar las armas. Como ha ocurrido siempre con todas sus treguas-trampa.

PRIMERA vez en la historia del tribunal
La crisis del Constitucional toca fondo con la dimisión de tres magistrados
El vicepresidente y dos magistrados del Constitucional han presentado su renuncia al haber expirado su mandato en noviembre de 2010.
ÁNGELA MARTIALAY / LIBERTAD DIGITAL 13 Junio 2011

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, así como otros dos de sus miembros, Javier Delgado Barrios y Elisa Pérez Vera han presentado su renuncia como magistrados del Alto Tribunal.

Los tres estaban pendientes de renovación por el Congreso desde noviembre de 2010, momento desde el cual se encontraban en funciones. Es la primera vez en la historia de la institución en la que magistrados del TC presentan su dimisión. Los tres han presentado un escrito asegurando que han cumplido "sobradamente" con el mandato de nueve años, establecido por la Constitución.

Por el momento no se conoce cuál es la postura de Pascual Sala, presidente del Alto Tribunal. Si aceptara la renuncia de los tres magistrados, el Tribunal se quedaría en el número mínimo de miembros para tomar decisiones.

En la votación por la legalización de Bildu, tanto Eugeni Gay como Elisa Pérez Vera -elegidos a propuesta del PSOE- votaron a favor, mientras que Javier Delgado Barrios -designado a propuesta del PP- votó en contra.

Dos magistrados progresistas y uno conservador
Eugeni Gay, de adscripción progresista, ha sido uno de los magistrados que se mostró favorable al Estatuto catalán en el enconado debate sobre la sentencia. Emitió un voto particular al considerar que la resolución judicial dictada por el TC recortaba demasiado la norma estatuaria catalana. Natural de Barcelona, fue elegido vicepresidente con seis votos a favor y cinco abstenciones. Gay ha sido vicepresidente sólo durante unos meses ya que su mandato finalizó el pasado 7 de noviembre y se encuentra en una situación de prórroga

Elisa Pérez Vera es magistrada del TC a propuesta del PSOE desde el año 2001. Su mandato expiró el 7 de noviembre de 2010, pero ha quedado prorrogado por no existir acuerdo en el Congreso de los Diputados para la renovación. Pérez Vera fue ponente de la sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad del Estatuto catalán.

Por su parte, Javier Delgado, formaba parte del Tribunal Constitucional desde octubre de 2001, cuando lo nombró el Congreso. Forma parte del bloque conservador.

Las dimisiones de estos tres magistrados se produce cuando la institución pasa por sus horas más bajas ante el descrédito suscitado por la legalización de la coalición Bildu-Batasuna y, además, cuando aún no ha decidido sobre Sortu.

Además, dada la inestable situación política podría tratarse de una maniobra para forzar la renovación de la institución antes de que las mayorías cambien en el Congreso, con lo que se prolongaría más allá de la presidencia de Zapatero una mayoría "progresista" en el Constitucional.

Actualidad
Crisis en el Tribunal Constitucional: dimiten el vicepresidente y dos magistrados
Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera han presentado su renuncia
Europa Press www.lavozlibre.com 13 Junio 2011

Madrid.- El vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), Eugeni Gay, y otros dos magistrados de este órgano, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, han presentado este lunes su dimisión, según han confirmado fuentes del Alto Tribunal que aluden como causa a la tardanza en la renovación de sus cargos que está pendiente en el Congreso de los Diputados.

Se trata de los tres magistrados -dos designados a propuesta de PSOE y un tercero a instancias del PP- cuya plaza debía haberse renovado por la Cámara baja antes del pasado 7 de noviembre junto con la vacante que dejó Roberto García-Calvo, fallecido en mayo de 2008.

La ausencia de renovación y la paralización en el Congreso de los contactos políticos dirigidos a renovar las plazas sería la razón aducida por los magistrados para justificar su extrema decisión, que es la primera vez que se produce en la historia de este órgano. Las dimisiones deben ser aceptadas por el presidente del Constitucional, Pascual Sala, según las mismas fuentes.

Javier Delgado, nombrado a propuesta del PP, fue uno de los cuatro magistrados del TC que el pasado mes de mayo presentaron voto particular contrario a permitir la concurrencia de Bildu a los últimos comicios municipales. También presentó este magistrado un voto discrepante a la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, en el que calificaba la postura del resto de sus compañeros de "radical" y advertía que, con su posición sobre este asunto, el alto tribunal había"desbordado ampliamente" las funciones que le atribuía la propia Constitución.

Elisa Pérez Vera, designada a propuesta del PSOE, fue la primera ponente de la senencia del Estatut, que fue rechazada tras la presentación de hasta cinco borradores, lo que obligó a designar en la ponencia sobre este asunto al actual presidente del TC, Pascual Sala. Gay, por su parte, ha votado siempre con el sector progresista de este órgano con excepción del recurso del PP contra la ley del aborto, asunto en el que este magistrados se posicionó a favor de la suspensión de la norma.

El pasado 30 de diciembre el presidente del Congreso, José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos a la renovación del Tribunal Constitucional y, como el PSOE y el PP seguían sin alcanzar un acuerdo, optó por dejar todo el proceso en suspenso a la espera de que los dos grandes partidos decidan poner sus nombres sobre la mesa.

El PSOE y el PP, cuyos votos son imprescindibles para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, acordaron que, de los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, dos de ellos habrían de ser propuestos por los socialistas y otros dos por los 'populares'.

Bono había puesto en marcha un mes antes, el 30 de noviembre de 2010, los mecanismos institucionales para esta renovación parcial del TC y, a la espera del acuerdo entre los dos grandes partidos, prorrogó dos veces el plazo para presentar candidatos. El principal escollo que ha encontrado el proceso es el rechazo por parte de los socialistas de la candidatura del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López para cubrir este puesto, a la que los populares no quieren renunciar.

La última renovación se produjo el pasado mes de enero, cuando cuatro nuevos magistrados designados por el Senado tras tres años de retraso tomaron posesión de sus cargos.

En dicha ocasión se produjo el cese de la hasta entonces presidenta, María Emilia Casas, y de los otros tres magistrados cuyo mandato había caducado en diciembre de 2007, todos ellos situados en el denominado "sector conservador": Vicente Conde, Jorge Rodríguez-Zapata y el vicepresidente del tribunal Guillermo Jiménez. Los cuatro juristas finalmente consensuados en la cámara alta y que juraron o prometieron sus cargos en dicho momento fueron el ex presidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando y los juristas Adela Azúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez de los Cobos

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