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Recortes de Prensa   Martes 14 Junio 2011

 

Del dolor al desprecio
HERMANN TERTSCH ABC 14 Junio 2011

SOMOS muchos españoles a los que la suerte personal de los seis tristemente célebres magistrados del Tribunal Constitucional nos importa poco. Hace un par de
días hubo un debate en «twitter» sobre las formas en que tantos querrían manifestarles su desprecio. Al final creo que todo quedará en el oprobio de ser
recordados como quienes tomaron una decisión que condena a millones de españoles inocentes al dolor y al miedo. Y que lo hicieron para defender los intereses
políticos, casi personales, de quien por méritos propios será recordado como el gobernante más nefasto que ha tenido España desde Fernando VII. Y que éste
nos perdone. Todos ellos, incluido nuestro Alicia/Atila, llevarán muchos años en la jubilación, Dios les guarde larga vida, y seguirán siendo recordados como
quienes abrieron las compuertas para que la marea tóxica parda inundara de nuevo una región española. Para que a través de las instituciones, la peste
totalitaria se hiciera con el poder de control, intimidación y ruina de millones de españoles.

Todos los ciudadanos de nuestra democracia, a los que nuestro Estado tiene la obligación de defender en sus derechos constitucionales, tienen plena legitimidad y razón para acusar a los arriba citados, con Rodríguez Zapatero y Pascual Sala a la cabeza, de haber arruinado en gran medida sus vidas. Con imposible arreglo para los inmensos daños efectivos que ya se dan y avecinan. En gran parte irreversibles. Ya no hablamos aquí de decisiones políticas más o menos controvertidas. Estas decisiones, tomadas por los citados y amparadas por sus cómplices en esta operación larga en el tiempo, han dejado inermes ante la brutalidad política y la voluntad de opresión del nacionalsocialismo vasco a todos los que no comulgan con su aberrante doctrina.

Con manos libres para la «normalización», ese eufemismo con el que se menta al implacable rodillo de imposición de voluntades nazi-comunista, ETA puede dar tranquilamente por concluida su primera fase de la guerra revolucionaria para entrar en la segunda, ya con territorios conquistados y bajo su pleno control. Atrás queda la peligrosa campaña de guerrillas. Cincuenta años de sangre, de crímenes y también de sacrificios, de cárcel y de bajas, quedan atrás. Hoy sabemos que, aunque muchas veces pareció absurda y desesperada, ha sido un éxito rotundo.

La legitimidad la han recibido del supuesto enemigo, del Estado, tomado por gentes comprensivas con la causa. Sorprendentemente para todos, hay que decir. Porque nunca nadie en ETA, —ni en los mayores delirios de los focos revolucionarios en los años sesenta y setenta— pudo imaginar que el éxito sería tan incontestable, tan rotundo y tan rápido. Y menos cuando en el año 2004 estaban contra las cuerdas y casi todos querían dejarlo. Y los militantes pedían protección, clemencia y soluciones individuales para concluir sus vidas en paz fuera de la pesadilla que habían creado. Ahora todos han vuelto a la causa. Y muchos se suman a los triunfadores. Con entusiasmo.

Ahora la revolución se hará desde los despachos, con papel timbrado. Los enemigos serán los mismos, todos los que no se plieguen a la voluntad «normalizadora». Pero el brazo ejecutor llegará ahora ya hasta al último ciudadano, al último hogar. Nadie podrá esconderse durante mucho tiempo. Y a todos se les podrá hacer la vida lo suficientemente difícil para que tarde o temprano se rindan. Y acaben aplaudiendo a la tiranía, defendiendo la causa en la que jamás creyeron y pidiendo a la familia que por prudencia haga otro tanto. O se verá buscando algo de libertad y seguridad lejos de su casa, de su hogar, de su patria. Recordarán la traición. Su desprecio seguirá vivo. Y el mío.

Tendidos de Sol
J.A. GUNDÍN La Razón 14 Junio 2011

Una vez levantado el campamento, lo que queda en Sol es un rastro de melancolía por el esfuerzo inútil de quienes llegaron para cambiar el rumbo de la
Historia y han vuelto a casa más confusos, más decepcionados y un poco más viejos. Tal vez mucho más cínicos. Aun espulgándolo de parásitos y de esos
grupúsculos marginales que anidan en las costuras del sistema, el tenderete del 15-M ofrece el lamentable aspecto de un rastrillo ideológico, una
revolución de saldos y de conceptos usados.

Es el triste paisaje de una izquierda exhausta, perpleja y vencida cuyo edificio intelectual se ha reducido a cuatro palos mal anudados, dos plásticos y un colchón de cien años. La gran propuesta arquitectónica de la neoizquierda ha resultado ser una chabola. Porque parece demostrado, y sin asomo de duda que, tras un mes de «gran hermano» televisado a todo el mundo, el movimiento de los «indignados» no es más que la erupción emocional ante una izquierda en derribo que, tras siete años de gobierno, ha decepcionado profundamente a sus hijos más jóvenes.

Al acosar y vituperar este sábado sólo a los políticos y alcaldes del PP, el 15-M ha enseñado la patita por debajo de la puerta y ha revelado su verdadero pelaje, el de un encrespado socialismo que está siendo barrido de Europa de forma democrática y sin contemplaciones.

Es lo que tiene haber malgastado el superávit de las vacas gordas en canapés de congelados: Segunda República, Memoria Histórica, aborto a los16 años y matrimonio homosexual. A los socialistas les tocó la lotería en 2004 y se han fundido el premio en la máquina tragaperras como unos ludópatas ideológicos. Como para no indignarse, coño, sobre todo si perteneces a la primera generación de niños españoles que habiendo recibido regalos por duplicado de Papá Noel y de los Reyes Magos llegó a creer que la sobreabundancia era un derecho adquirido. Ahora ya es tarde para que sus padres les expliquen que el futuro no se regala por Navidad ni se subvenciona, sino que se conquista a dentelladas. Ya lo dejó advertido Jaime Gil de Biedma: «Que la vida iba en serio/uno lo empieza a comprender más tarde». Tal vez demasiado tarde para una generación que se extravió en el tránsito de una adolescencia demasiado larga a un mercado laboral demasiado corto.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Estado de quiebra
Editoriales ABC 14 Junio 2011

LA jornada de ayer fue una de esas que retratan a los países en crisis y explican las razones de una decadencia histórica. La suma de la fractura en el
Tribunal Constitucional, la toma de control de Guipúzcoa por Bildu y el deterioro de la deuda española da como resultado un Estado de quiebra que pone al
Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en la máxima responsabilidad política nunca antes adquirida por un Ejecutivo democrático. Es evidente que a esta
situación de implosión de la política y la economía españolas se ha llegado por diversidad de causas y que no todas corresponden al Gobierno socialista. Pero
a este sí que le concierne de manera exclusiva la torpe dirección política de España en los últimos años, que ha supuesto la agravación y la prolongación de
la crisis económica más allá de lo que debería haber correspondido a la que era la octava economía mundial. Baste un dato. Según el BBVA, cada cien puntos de
incremento en la prima de seguro que hay que pagar por colocar deuda, España pierde 160.000 empleos.

Pero la situación del TC y del ascenso de la izquierda proetarra en el País Vasco demuestra que España es el escenario de varias crisis, todas ellas cebadas
por la impericia de un Gobierno tanto más incompetente cuanto más empeoraban los acontecimientos. Como Estado de Derecho, España tiene al máximo órgano de
control constitucional, el TC, abierto en canal, tras la legítima renuncia de tres de sus magistrados, Eugeni Gai, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado Barrio,
quienes debieron haber sido sustituidos en noviembre de 2010. Su dimisión ha sido rechazada por el presidente del TC, Pascual Sala, para seguir maquillando
el estado de abandono en que se encuentra la institución. El Gobierno y la oposición deben asumir su responsabilidad por no haber sabido, querido o podido
renovar a tiempo, y deben hacerlo con respeto a las reglas del juego constitucional, designando a personas capaces, con autoridad jurídica contrastada y
dispuestas a cumplir su función sin prejuicios ni ataduras partidistas. Si se hubieran aceptado sus renuncias, el TC contaría con el número mínimo de
magistrados necesario para resolver, pero, lejos de ser un remedio para mantenerlo en esa situación, semejante precariedad no haría sino aumentar la
necesidad de cubrir con urgencia las vacantes.

Como Estado democrático ha perdido terreno frente a ETA. Bildu controla el territorio histórico de Guipúzcoa, y, aunque el precandidato socialista y ministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se lamente de que la izquierda «abertzale» tenga tanto poder, también ahí el Gobierno socialista tiene dónde reconocer
los frutos de sus temerarios experimentos negociadores con los terroristas. Esta legislatura socialista, que iba a ser la de la derrota de ETA, va a terminar
con más ETA que nunca en las instituciones, donde a Bildu ya se le está encogiendo la piel de cordero y se le ven las patas de lobo, como en el acoso al
concejal del PP en Elorrio.

Y en todo este desplome político, institucional y económico, el Gobierno y el PSOE rehúyen la única opción de dignidad democrática que les queda y anuncian
que no habrá adelanto electoral, decisión tomada solo para subordinar el interés general a las necesidades de la candidatura oficialista de Pérez Rubalcaba.
Del Gobierno de Rodríguez Zapatero, más allá de una reforma de la negociación colectiva que no ha convencido a nadie, solo se tiene noticia por las
peripecias de la campaña del precandidato socialista. Pero la ausencia del presidente del Gobierno y la inactividad general de su equipo, unidas a los
fiascos de la «crisis del pepino» o de la última reforma judicial, demuestran que aquello de no disolver el Parlamento para seguir con las reformas
pendientes no era más que una excusa gratuita para aferrarse al poder y ganar tiempo. El PSOE vuelve a creer que toda España debe estar pendiente de cómo
evolucionen sus problemas de partido, y no al revés.

Los resultados del 22-M no fueron coyunturales. Reflejaron el punto final del Gobierno socialista, y los hechos lo están confirmando. Desde entonces hasta
hoy, España carece de dirección política y emite mensajes cada vez más negativos a los mercados y los organismos internacionales. No hay un frente abierto en
el que el Gobierno no haya dejado una impronta de pesimismo y de mala gestión. Y lo peor de todo es que, a pesar de voces sueltas, los socialistas siguen
comportándose como si la quiebra de España no fuera con ellos.

Que se disuelva el TC "secuestrado"
Editorial www.gaceta.es 14 Junio 2011

De “caso inédito” ha calificado el propio Tribunal Constitucional la renuncia del vicepresidente Eugenio Gay y de dos magistrados, Javier Delgado y Elisa
Pérez Vera, como protesta por la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas para su renovación. Es, efectivamente, la primera vez en la historia del
Tribunal en que se produce algo así. Lo inquietante es que lo inédito comienza a ser moneda común en el derrumbe económico e institucional de un país sin
norte ni liderazgo. Es inédito en nuestra historia que una fuerza filoetarra llegue a controlar 123 ayuntamientos, gracias a la bendición del TC; es inédita
en nuestra historia reciente la cifra de cinco millones de parados; o los niveles de prima de riesgo; es inédito, en fin, el grado de malestar social que
genera el Gobierno, con un rechazo superior incluso a los años de hierro del felipismo.

El atasco de la renovación del TC se suma como un estrambote a los récords inéditos de partidismo de una instancia carente de utilidad en un Estado de
derecho.

Aducen Gay, Pérez Vera y Delgado que han cumplido sobradamente el mandato de nueve años que establece la Constitución. Lo cual es cierto, pero también es un
pretexto. Si ya han rebasado ese límite, ¿por qué no lo dejaron en noviembre, una vez que no fueron renovados por el Congreso? ¿O en enero, cuando se renovó
parte del tribunal y cuando uno de los tres, Eugenio Gay, fue nombrado vicepresidente? ¿No será que dos de ellos, Gay y Pérez Vera, optaron por esperar a la
sentencia blanqueadora de Bildu antes de solicitar la renuncia? Habida cuenta que su voto fue decisivo dentro del ala progresista para que los acólitos de
los pistoleros se presentaran a los comicios. Así lo creen fuentes del PP y de las víctimas del terrorismo, que atribuyen a este factor la renuncia de los
dos magistrados progresistas justo cuando los proetarras toman posesión de las Alcaldías, y se cumple así la parte del guión en la que el TC jugaba un papel
decisivo. El episodio deja en evidencia el nulo prestigio del tribunal y también que ha degenerado en un juguete del Gobierno, sometido a sus presiones,
incluso cuando estas se traducen en una burla del Estado de derecho. Unas presiones que continuarán en los próximos meses, cuando un TC escorado del lado
progresista deba decidir si concede el amparo a Sortu o si deroga la doctrina Parot, que alarga las condenas a presos etarras.

La historia del Constitucional es un compendio de atropellos contra el Derecho, desde el plácet a la cacicada felipista contra Rumasa hasta el espectáculo de
pasteleo partidista que ofreció los tres años que invirtió en avalar la mayor parte del Estatut. Y, por supuesto, el escándalo que supone que no haya sido
renovado. Por eso suena a farisaica la tardía justificación de Gay, que afirma tener la sensación de formar parte de un tribunal “secuestrado”. Dice ahora
que no lo dejó en noviembre porque se le pidió “expresamente” que no lo hiciera. ¿Cómo creerle? Sobre todo, volvemos a insistir, cuando estaba en juego el
blanqueamiento de Bildu.

Pascual Sala, presidente del TC, no acepta la renuncia. Lo cual aumenta el descrédito de una instancia que tiene a tres miembros, ahora sí, “secuestrados” en
contra de su voluntad. Una magnífica razón para plantear la disolución del propio TC, dada su manifiesta inutilidad y, sobre todo, su elevada toxicidad. Ya
hemos comprobado que en lugar de ser garante de la Constitución lo es de los intereses del Gobierno. No caerá esa breva, pero eso sí que sería inédito y,
sobre todo, higiénico para la democracia.

Crisis de Estado
La crisis del Constitucional se suma a una parálisis generalizada que afecta a toda la arquitectura del Estado
IGNACIO CAMACHO ABC 14 Junio 2011

LO que el Tribunal Constitucional necesita con urgencia no es una renovación de sus miembros sino de sus bases. Una reforma legal que revise el sistema de
elección de los magistrados, perfile sus requisitos de excelencia jurídica y los dote de rango vitalicio —como en el Supremo de los Estados Unidos—para
atornillar su independencia y alejarlos en lo posible del vaivén de los partidos. Hasta que no se rectifiquen sus problemas estructurales carecen de sentido
pataletas como la de los jueces dimisionarios que bien habrían podido renunciar antes de prestarse a la letal pantomima de Bildu, cuyo asalto al poder
debería de producirles cierto remordimiento. A buenas horas llegan los escrúpulos; el incuestionable desgaste del TC tiene como causa primera al TC mismo,
tan incapaz de resolver en tiempo y forma el pleito del Estatuto de Cataluña como susceptible de dejarse permeabilizar por el poder político.

La crisis del Alto Tribunal se suma, en cualquier caso, a una parálisis institucional generalizada que afecta a toda la arquitectura del Estado ante la
prolongación artificial de una legislatura prematuramente agotada. El Gobierno está exánime desde hace tiempo y el descalabro electoral lo ha rematado. El
anuncio de retirada de Zapatero no sólo no tuvo ningún efecto de recuperación del Partido Socialista sino que ha provocado un serio vacío de poder agravado
por la concurrencia de intereses que supone la bicefalia del presidente y el candidato. Cada minuto que resista el primero liquida un puñado de expectativas
del segundo. Entre rumores de elecciones adelantadas, la sensación de provisionalidad se ha instalado en toda la vida pública, desde la economía al
Parlamento, y ahora también empieza a hacer mella en el aparato de la justicia. El país se hallaba desde hace tiempo a la deriva por el síndrome de
aturdimiento que aqueja al responsable de la gobernanza desde el comienzo de la recesión, pero ahora la confusión se ha transformado en incomparecencia. En
un visible vacío de poder agravado por la creciente confrontación de voluntades entre Zapatero y Rubalcaba. Ya no importa tanto saber la fecha de las
elecciones como quién va a tomar realmente la decisión sobre el final de un mandato que a efectos prácticos ya ha caducado.

Así las cosas, el órdago de los magistrados constitucionalistas es como una gota de lluvia en el océano de una agenda política en suspenso, aunque
simbólicamente viene a rematar el estado de desmantelamiento institucional en que ha acabado sumida la herencia del zapaterismo. Nada funciona en medio de un
síncope general de estancamiento que tiene inmovilizado al país cuando más necesita de un impulso. El colapso terminal del Gobierno ha terminado por provocar
una crisis de Estado.

Justicia patética
Sostener a estas alturas que la justicia es igual para todos no es una broma de mal gusto. Ni siquiera es una broma
TOMÁS CUESTA ABC 14 Junio 2011

QUE el Tribunal Constitucional se descomponga ahora, precisamente ahora, cuando se ha demostrado que la solemne institución es la suprema instancia de las
componendas, podría interpretarse, en el mejor de los supuestos, como un nítido ejemplo de justicia poética. Podría, en condicional, porque ya no se puede.
Después de que el monstruo que pusieron en suerte se cobrara en las urnas el salario del miedo nos encontramos ante un nuevo caso de justicia patética. Sea
por un súbito arrepentimiento ante la irrupción de Bildu, sea para apañar una nueva mayoría o sea porque aún queda el trágala de Sortu para las elecciones
autonómicas, la renuncia de tres magistrados del Constitucional es la última, que no definitiva, evidencia de la disciplina política del poder judicial. Y la
penúltima prueba de un descrédito que arranca con el embotellamiento estatutario, quilombo socialista que ha quedado en imposición sutil y versallesca ante
las escandalosas dimensiones del enjuague bildunero.

Señalados por los más que previsibles brotes de cólera proetarra, la mayoría de los magistrados del TC son la carne de cañón del ministro de Interior, el
comando de operaciones especiales del Gobierno, un grupo de hombres sin piedad ni atributos que cumplen órdenes. De ahí la estupefacción de Pascual Sala, el
presidente del Tribunal, ante las críticas jurídicas a la sentencia de Bildu. Como si los hubiera puesto el ayuntamiento para hacer cumplir la ley en lugar
de para interpretarla a conveniencia y capricho de sus patrocinadores. En ese contexto, hasta los votos particulares acaban por convertirse en parte del
truco, una coartada de pluralidad y sana discrepancia, por mucho que también constituyan actas notariales de la ignominia.

Tal vez la cuesta abajo se aceleró antes de que De la Vega abroncara en público a la entonces presidenta del Constitucional María Antonia Casas, pero la
plasticidad del instante (durante el desfile del 12 de Octubre) aportaba sobrados indicios sobre las relaciones de poder y un punto de partida para el
análisis forense de la segunda muerte de Montesquieu. El fallo sobre Bildu confirmó el desmoronamiento de la independencia judicial, con lo que tal lunes
como ayer nos fue dado ver otro acontecimiento jurídico inédito, el segundo eclipse judicial en 24 horas; que prosperara en el Supremo el recurso contra
cinco magistrados, cinco, de Baltasar Garzón en relación a su ajuste de cuentas con el mismísimo Franco.

Sostener a estas alturas que la justicia es igual para todos no es una broma de mal gusto. Ni siquiera es una broma. La estructura institucional podría
colapsar con tan sólo un soplido mientras Rubalcaba protege a los indignados e insiste en que la policía está para evitar problemas, pero en el sentido de ni
olerlos. Con los restos de ese naufragio se construyen los campamentos al sol, el último hervor de unas asambleas a la que el Gobierno presta más atención
que a una reunión de magistrados nombrados, naturalmente, a dedo.

Los tres dimisionarios.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 14 Junio 2011

¿Qué les ha motivado a estos tres magistrados para repentinamente presentar su dimisión precisamente hoy? Se pueden hacer múltiples hipótesis, pero lo que
nunca se podrá admitir es la excusa de que es porque "el pasado noviembre había ya expirado su mandato". Eso que es un hecho cierto no sirvió para que la
anterior Presidenta del TC, Dª María Emilia Casas, abroncada públicamente por Fernández de la Vega, siguiera en su cargo y diese su voto para la aprobación
del secesionista Estatuto de Cataluña. Ni tampoco ha servido para que dos de esos magistrados, ahora dimisionarios, hayan votado vergonzosamente por la
legalización de BILDU, a pesar del criterio contrario del Tribunal Supremo.

Así que habrá que plantearse si el PSOE y el Gobierno quieren forzar a una renovación global que les garantice el control de esta "Institución" aunque
pierdan las elecciones generales sean en noviembre o en marzo. Hay que recordar que el periodo de mandato es de nueve años lo que nos da más de dos
legislaturas y que por otro lado, las propuestas deben haber sido "consensuadas" en el Congreso de los Diputados donde el PSOE con los nacionalistas tiene la
mayoría suficiente para imponer a sus candidatos. Ahora resulta que el problema más urgente es tratar de cubrir las vacantes del TC, caso de que esas
dimisiones sean aceptadas por el actual Presidente del TC, D. Pascual Sala.

En mi modesta opinión, lo que hay detrás de este repentino acto de "legalidad" es simplemente una estrategia de partido en un intento de forzar la situación
, para que nada cambie. Y eso es lo realmente vergonzoso. Los partidos políticos siguen empeñados en mantener perfectamente controladas las Instituciones
judiciales, amparados en una Constitución obsoleta y anti democrática que debe sufrir una revisión en profundidad tras más de 30 años de vigencia en los que
ha demostrado ser una fuente de conflictos y de desunión entre las regiones de España.

Nadie podrá creer en que los partidos políticos tienen la voluntad de cambiar y que mienten cuando como Rubalcaba, dice que asume las reivindicaciones del
movimiento 15M de reformar la Ley Electoral. Nadie moverá un dedo para que España desarrolle una verdadera democracia con asuntos tan elementales como el que
el voto de un ciudadano sume lo mismo con independencia de donde resida. Un ciudadano, un voto, sin fórmulas correctoras. ¿Qué nos hace pensar que en este
tema de la independencia judicial tienen el propósito de abandonar su poder para proponer y decidir cargos? Absolutamente nada.

Sería deseable que en vez de montar estos numeritos, estos tres magistrados hubieran hecho una declaración pública en la que tras los acontecimientos
observados, habían reconocido su error de legalizar a los representantes de la banda terrorista ETA y que iban a proceder a solicitar una revisión de la
sentencia. Pero no, lo único que tratan es de abandonar por la puerta trasera escondiéndose de la vergüenza y forzar su sustitución dando un último acto de
servicio a sus partidos. Que Dios les perdone, porque yo desde luego que nunca lo haré por el daño que han hecho a España y a la libertad de sus ciudadanos,,
sobre todo a los que viven en esa sociedad podrida vasca.

Acoso
Elorrio en toda España
Cristina Losada Libertad Digital 14 Junio 2011

Era difícil sustraerse a la observación de semejanzas entre aquellas escenas. En el municipio de Elorrio, un concejal del PP votaba para entregar la alcaldía
al PNV rodeado de una falange proetarra que vociferaba puño en alto. En otros ayuntamientos españoles, las huestes indignadas perseguían a los ediles y
saboteaban los plenos con griterío y cacerolas. En todas partes arreciaban los insultos a los representantes elegidos. La escena en el Norte no era una
novedad. Se ha venido repitiendo a lo largo de las décadas. La coacción, el boicot y la algarada han sido instrumentos habituales del trabajo político
municipal del terror. Y no sólo. Allí donde el fanatismo nacionalista cría alevines se ha recurrido a esa forma de violencia.

El rasgo nuevo que ofreció el 11 de junio consiste en una extensión sin precedentes de las acciones intimidatorias. Iban "contra los políticos" sin aparente
distinción de credos, pero los procedimientos y las formas distinguen perfectamente al que los emplea. Y cuando se eligen conductas que son marca de fábrica
de quienes no toleran la diferencia, se acaba en compañía, parentesco y afinidad con los que llevan el sello totalitario en la frente. Aunque se puede
apuntar más abajo, que es donde nace la ancestral afición al linchamiento. Porque violencia es todo lo que hicieron el día de constitución de los
ayuntamientos los que presumen de constituir un "movimiento pacífico". ¡A qué le llamarán pacífico! No lo sé ni, a decir verdad, me importa. Que lo averigüen
quienes persisten en concederles rango de interlocutores políticos.

El fenómeno digno de estudio es la amplitud de la tolerancia con los intolerantes que se manifiesta una y otra vez en España. La disposición que existe para
justificar a los que se hacen valer por la fuerza, sea ésta brutal o llevadera. Esos salvoconductos morales que se emiten en la opinión, tan frecuente, de
que "sus razones tienen". Una insólita comprensión hacia quienes violan simples normas de convivencia o complejas leyes, que beneficia a todos, tanto a los
de arriba como a los de abajo y tanto a los políticos como a los antipolíticos. Una permisividad vinculada a la desorientación, que se traduce en la renuncia
a juzgar qué es aceptable y ético y qué no lo es. Que reduce los valores y los estándares a expresión de la voluntad personal. Y antes que pronunciarse,
prefiere encogerse de hombros y musitar un "que cada cual haga lo que quiera".
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Dimisiones
El verdadero "secuestro" del Constitucional
Guillermo Dupuy Libertad Digital 14 Junio 2011

Ya me gustaría a mí que el vicepresidente del Tribunal Constitucional Eugeni Gay o la magistrada Elisa Pérez Vera hubieran presentado su dimisión movidos por
una especie de vergüenza o de arrepentimiento sobrevenidos por la bochornosa sentencia que ha neutralizado la Ley de Partidos y abierto de par en par la
puerta de las instituciones a los proetarras de Bildu. Pero que nadie se llame a engaño: Por mucho que en el PP hayan relacionado ambas cuestiones, ni Gay ni
Pérez Vera han tenido esa vergüenza ni la conocen todavía. Sus ceses ya veremos en qué quedan y, desde luego, nada tendrían que ver con aquella dimisión que
un abatido Manuel García Pelayo presentó poco después de dar, con su voto de calidad, una vergonzosa cobertura constitucional al latrocinio de Rumasa.

Las dimisiones que han presentado Gay y Pérez Vera –a la que hay que sumar la del magistrado Javier Delgado, que votó en contra de esa infame sentencia a
favor de Bildu– nada tienen de elogiables. En el mejor de los casos, se trata tan sólo de buscarse un apacible, aunque no en todos los casos, bien ganado
retiro. En el peor, una forma de presionar a los partidos políticos para llevar a cabo una renovación que, ciertamente, el Alto Tribunal tiene pendiente y
que algunos no quieren esperar a que se lleva a cabo para después de las elecciones generales.

Ahora bien, por mucho que estos tres magistrados tenían que haber sido renovados por el Congreso antes del pasado 6 de noviembre, su continuidad era y es
perfectamente legal. Y, desde luego, que no nos venga Eugeni Gay hablando de su sensación de "formar parte de un tribunal secuestrado" por el hecho de que
los partidos políticos no lleguen a un acuerdo en su renovación. El auténtico "secuestro" de dicho tribunal, como el del del CGPJ, lo constituye la
designación de sus miembros por parte del poder legislativo. Es esa designación política de sus miembros la auténtica correa que los mantiene atados al poder
legislativo y que convierte en una farsa la separación de poderes en los que tendría que basarse nuestro Estado de Derecho.

Tal y como advirtió el propio Tribunal Constitucional en aquella bochornosa e histórica sentencia 108/1986 que dio cobertura a la designación política de los
miembros del CGPJ, corremos el "riesgo de que las Cámaras atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a
cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos". Ese riesgo se ha convertido en constatable realidad gracias a esa
hipócrita sentencia. Tan hipócrita como nos resulta ver a uno de los beneficiarios de la falta de separación de poderes, como es el magistrado a propuesta
del PSOE, Eugenio Gay, hablar ahora del "secuestro" del Constitucional. Enterraron a Montesquieu como dan vida ahora a los proetarras. Y, que nadie se
engañe, no se arrepienten ni de lo uno ni de lo otro.

Crisis en las instituciones
El Editorial La Razón 14 Junio 2011

España no sólo sufre una crisis económica. La inestabilidad en el seno del PSOE y en el Gobierno está propiciando también un severo deterioro en las
instituciones. Ayer, tres miembros del Tribunal Constitucional (TC), su vicepresidente, Eugeni Gay, y los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez
presentaron su dimisión, un hecho inédito en la historia del Constitucional y que pone en evidencia que, tras la sentencia de Bildu, la institución está
atravesando una situación extrema que se agudiza ante el retraso en la renovación de varios de sus miembros.

Ése es sólo uno de los episodios anómalos que se están viviendo estos días. La bicefalia que se ha instalado en el Gobierno está siendo a todas luces
negativa para la propia estabilidad del Ejecutivo y, por ende, también para el país. En el mismo gabinete, existe un presidente y un vicepresidente primero
–por tanto, su interlocutor de más confianza dentro del Gobierno– que además ejerce de ministro de Interior, portavoz del Ejecutivo y candidato de facto del
PSOE a las próximas elecciones generales. Esta situación está creando importantes disfunciones que afectan a la gobernabilidad. Pérez Rubalcaba debería dar
más pronto que tarde un paso al frente y renunciar a sus obligaciones ministeriales si, tal como parece, prioriza sus labores como candidato. A la mayoría de
los españoles les parece como mínimo poco estético que, por ejemplo, se puedan utilizar las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministro para
responder a las preguntas que exclusivamente tienen que ver con la candidatura y no con la gestión del Gobierno. El presidente del Ejecutivo tiene que
corregir esta situación que puede resultar dañina para la credibilidad, ante la percepción de desorden que reina en La Moncloa.

En este escenario que genera tantas incertidumbres y procura tanta inestabilidad, la convocatoria de elecciones anticipadas sería un ejercicio de
responsabilidad política ya que generaría en los mercados y en el conjunto de la sociedad una sensación de confianza y de estabilidad en todas las
instituciones, sin obviar que serían ilusionantes para la gran mayoría de los españoles por la regeneración política, social y económica que traería consigo.
La convocatoria de elecciones procuraría un Gobierno estable y unido, además de ser un mensaje positivo para los mercados financieros, es la certificación de
que la política gubernamental va en la misma dirección y sin distracciones que pueden mermar la buena gobernabilidad.

Tampoco son correctas las filtraciones a las que hemos asistido en los últimos días. Hay que ser más serios. Una misma fuente les ha pasado a dos periódicos
de distinto signo la misma información sobre un posible adelanto de las elecciones para noviembre. Ésta era tan similar, que los artículos terminaban con la
misma frase: «La decisión final la tomará Zapatero». Es necesario dejarse de juegos y ser más rigurosos. Lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es
afirmar con rotundidad, y sin ambigüedades, si convoca o no convoca elecciones.

¿Unidad antiterrorista?

En verdad, PP y PSOE tienen dos modelos antitéticos de política en relación con ETA
Óscar Elía www.gaceta.es 14 Junio 2011

Una de las columnas sobre las que se basó la política antiterrorista del Partido Popular entre 1996 y 2004 fue la unidad en la lucha antiterrorista. En esos
ocho años buscó unir a todos los partidos en la derrota de la banda, lo que a veces frenó la lucha contra ETA, como con la reforma del Código Penal o la Ley
de Partidos, que no querían ni socialistas ni nacionalistas. Sólo hizo falta el regreso del PSOE al poder en 2004 para comprobar que esa unidad era una
ilusión ingenua o un ejercicio de hipocresía.

En verdad, PP y PSOE tienen dos modelos antitéticos de política en relación con ETA. Históricamente el PSOE siempre ha buscado la negociación con la banda,
la reinserción de sus miembros, los beneficios para los presos y los pactos políticos: no se trata de derrotar a ETA, sino de atraerla al sistema,
reformándolo. El PP siempre ha buscado la derrota de la banda, el castigo para sus miembros, la justicia para sus presos y la deslegitimación de sus fines
nacionalistas. En objetivos y medios, ambas posturas.

Que Bildu esté en las instituciones no es un accidente: es la culminación de la política socialista respecto a ETA, y tiene todo el sentido si atendemos al
comportamiento de los Gobiernos de González y Zapatero. Con el PP no hubiese ocurrido jamás y eso permite a Rajoy afirmar que expulsará a ETA de los
ayuntamientos reactivando la lucha contra la banda. Pero si algo será distinto en 2012 es que la ingenuidad sobra: si el PP busca la unidad con el PSOE, lo
que salga no será una política antiterrorista; y si busca una política antiterrorista, no será en unión con el PSOE.

La unidad debe buscarse con los ciudadanos en las urnas, que son los que deben decidir qué relación con ETA quieren: la de la derrota de ETA o la del pacto
con ella. Y así es como los de Rajoy tienen la obligación de planteárselo a los españoles en la próxima campaña, si no quieren engañar a estos y traicionar a
su propio partido.

Panorama desde el puente
José Luis González Quirós*. El Confidencial 14 Junio 2011

Tomo el título de Arthur Miller porque me parece que lo que nos pasa a los españoles no se entiende bien desde las alturas. La distancia física y moral en la
que se sitúan los que mandan facilita la confusión: desde el puente, lo que pasa puede parecer relativamente previsible y ordenado, pero, como en el drama de
Miller, no es así.

La historia política solo parece coherente cuando se contempla a toro pasado. Antes de que las cosas sucedan, la coherencia ocupa un lugar mediano, apartada
por lo imprevisible, lo azaroso, y lo discontinuo. Si eso es así en general, la contingencia se acentúa cuando se viven tiempos excepcionales, y estos lo
son, sin duda alguna. No hace falta esforzarse en demostrarlo cuando acaban de dimitir tres miembros del Tribunal Constitucional, por lo demás, de
filiaciones muy distintas. Nos está pasando algo que no cabe resumir en un “lo de siempre”, y eso hace que el panorama pueda ser especialmente sombrío, en
especial si los políticos renuncian a coger el toro por los cuernos, como se dice de forma tan expresiva.

Hay un diagnóstico que se repite con mucha frecuencia, y que oculta un gigantesco equívoco. El sistema no funciona, se dice, los políticos no solo no
resuelven nuestros problemas sino que constituyen un problema que preocupa a muchos. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que no funciona? Mi hipótesis no es
que el sistema falle, sino que, entre unos y otros, el marco constitucional se ha ido deteriorando sin que se llegase nunca a aplicar más que en beneficio de
parte. Pongamos un ejemplo: la reciente sentencia del Tribunal Constitucional permitiendo a Bildu la participación plena en las elecciones sin que ETA haya
dejado de existir puede ser leída como una legitimación a posteriori del terrorismo, algo así como “No importa que asesines, violes y te saltes la ley, si
tienes un número suficientemente alto de partidarios”. Esa deberá ser, por cierto, la lectura que los indignados más radicales, aunque no sean precisamente
finos constitucionalistas, o quizás precisamente por eso, le estarán dando, es decir, “podremos hacer lo que nos de la gana con tal de que mantengamos la
presencia y la lealtad de un grupo numeroso”.

No es que el sistema falle, sino que, entre unos y otros, el marco constitucional se ha ido deteriorando sin que se llegase nunca a aplicar más que en
beneficio de parte

Análisis parecidos podrían hacerse sobre el funcionamiento de los partidos; no hay ninguna ley que habilite sus prácticas más necias, su intolerable
apropiación de todo, pero los sostiene el poder de los votos, y, como no hay un Estado que se defienda, menos habrá un poder que defienda las libertades de
los ciudadanos, sobre todo cuando muchos ciudadanos estén, como están, dispuestos a sacrificar su libertad por cualquier promesa, ventaja o bagatela. Que el
sistema no funciona quiere decir, sobre todo, que nadie defiende el interés general, que nadie se detiene a pensar que lo que puede ser beneficioso para una
Autonomía, es un ejemplo, puede ser letal para todos los demás, o que lo que convenga al sistema financiero puede resultar muy dañino para la economía de los
ciudadanos que pagan pacíficamente sus impuestos.

El sistema es tan débil que nos invita a tomarlo a chacota, y por eso ni funciona, ni puede funcionar. Pero su debilidad no depende de su forma jurídica,
sino de la falta de ambición y de valor de quienes lo gestionan, siempre dispuestos a ceder al empuje de los menos contra los derechos e intereses de los
más. El artículo 155 de la Constitución autoriza al gobierno para impedir que, por ejemplo, una Autonomía atente al interés general, pero los jerifaltes han
aprendido hace tiempo que los tigres de Madrid son de papel.

¿Hay que reformar el sistema? No hay ningún sistema que sea perfecto, ni falta que hace. Lo que necesitamos es políticos que de verdad hagan política, y no
meros administradores de un bienestar que ya es cosa del pasado, nos pongamos como nos pongamos. Y en estas, se prevé la llegada del PP a Moncloa, con un
programa de mínimos, como si aquí lo único que pasara es que el Gobierno no inspira confianza, que no la inspira, y todo se fuere a arreglar de manera
milagrosa al minuto siguiente de la toma de posesión de Rajoy. No será así, desde luego, entre otras cosas porque habrá quien se encargue de que todo se
ponga bastante peor en ese mismo momento, parafernalia de indignados incluida.

¿Es que Rajoy no va a poder hacer nada? Poco podrá hacer si no se da cuenta de que el problema que tenemos es bastante más grave que un déficit brutal, o que
un paro insoportable. Tenemos una democracia que ha premiado abundantemente la irresponsabilidad, que ha tendido a tirar casi siempre por la línea del mínimo
esfuerzo, y hace falta que alguien le diga a los españoles que así no se va a ninguna parte. Ya sé que aquí no abundan los ciudadanos capaces de soportar el
discurso de “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, pero no debiera haber mucha duda de que, si se quiere hacer algo más que el paripé durante un par de años,
habrá que procurarlos, porque no parece probable que vayan a surgir de milagro.

*José Luis González Quirós es analista político

Preocupación por los datos que manejará la coalición al acceder al control de los agentes de San Sebastián
«Con Bildu los policías locales pasarán a ser ciegos y sordos»
La constitución del Pleno en el ayuntamiento de San Sebastián investía el sábado al candidato de la izquierda abertzale como nuevo alcalde de la capital.
Entonces, el miedo volvía a colarse en las miradas de los donostiarras que ven con sorpresa cómo se ha retrocedido «a lo peor de los años 80».
Madrid/Bilbao - C. S. Macías La Razón 14 Junio 2011

Sólo ocho votos de los 27 a repartir en la tarta electoral le daban a Juan Karlos Izagirre el bastón de mando. No hubo consenso entre las demás fuerzas
políticas y finalmente Bildu ganó su bastión más codiciado. El presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Semper, estuvo en el Pleno. Al salir un momento al
balcón, fue increpado por los simpatizantes de Bildu que se congregaban a las puertas del consistorio donostiarra con pancartas y pegatinas con el mapa que
reclama el acercamiento de los presos de ETA en el pecho. «Están más crecidos que nunca, se sienten fuertes», destaca el dirigente popular.

Se vive con «incertidumbre y preocupación» la gestión que puede llevar a cabo el nuevo alcalde de San Sebastián. Semper advierte de que con este escenario la
Policía Municipal pasará a ser dirigida por «quienes no creen en la ley y el orden –que es la función que tiene este cuerpo–». «Ahora la Policía Local
pasará a ser ciega y sorda», es decir; que mirarán para otro lado en muchas de las actitudes que lleven a cabo los simpatizantes de Bildu. «Sólo creen en su
ley y su orden».

Además, la nueva corporación municipal manejará información sensible de todos los donostiarras, como por ejemplo los impuestos que se recaudan en el
municipio, el nombre, apellidos y dirección de los habitantes de la capital... También los eventos de proyección internacional «tememos que vayan a
utilizarlos para hacer propaganda de sus planteamientos» y «van a parar todas las grandes inversiones», subraya. «Cuando ellos hablan de normalización
política sólo entienden una: la suya; que es un pensamiento en clave socialista y antisistema». «Entienden el poder como control totalitario», destaca el
presidente del PP de Guipúzcoa.

También el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, se refirió ayer la formación abertzale durante su intervención en el Club Náutico de
Gandía. Califica la entrada de Bildu en los Ayuntamientos como una situación «indigna, impresentable e indecente». Pons destacó que Bildu es «la
continuación de ETA», según ha dicho el propio «Rubalcaba, la Policía, la Guardia Civil y el Tribunal Supremo» y lamentó que, por tanto, «la continuación de
ETA» ahora ha conseguido muchas alcaldías, además de la de San Sebastián.

En su opinión, «depende sólo de ETA que volvamos al principio», ya que es la banda quien vuelve a tener «todas las cartas» en sus «manos» y «van a poder
decidir el final». Además, incidió en que ETA «se financia o matando y extorsionando o en las instituciones». Por ello, «ahora, a través de Bildu, van a
tener acceso a los impuestos que se recauden y a la información sobre todos los ciudadanos de San Sebastián, así como de la Policía Local». «El mundo al
revés», lamentó.

Bildu no condena el acoso al edil del PP en Elorrio
Bildu enmarcó ayer en la «excepcionalidad» los incidentes ocurridos el sábado en la constitución del Ayuntamiento vizcaíno de Elorrio, donde el apoyo del PP
al PNV arrebató la alcaldía a la coalición abertzale, que fue la fuerza más votada en las elecciones. Durante ese pleno, simpatizantes de Bildu increparon a
los ediles de PP y PNV con gritos e insultos como «fascista» y «PNV, español». El secretario general de EA y portavoz de Bildu, Peio Urizar, analizó en rueda
de prensa en Bilbao el acceso de la coalición a 123 alcaldías del País Vasco y Navarra y avanzó que, desde hoy, acometerán como tarea de «urgencia absoluta»
la defensa de «todos los derechos humanos civiles y políticos».

«La defensa –añadió– de un escenario en el que todas las formaciones puedan actuar en igualdad de condiciones y, en consecuencia, la defensa de la
legalización sin demora de Sortu y la defensa de la solución definitiva para los presos y para todas las víctimas en general», informa Efe. Respecto a lo
ocurrido en Elorrio o en Lizartza (Guipúzcoa), municipio gobernado por Bildu en el que se negó la entrada a los periodistas al pleno, consideró que
constituye una «excepcionalidad». Eso sí, evitó utilizar la palabra condena para referirse a los incidentes de Elorrio cuando se le preguntó si su coalición
condena lo sucedido.

evolución de la lengua vasca
El uso del euskera en Internet es mayor que en la calle
Ya son 200.000 los internautas que utilizan la lengua vasca en la red, el doble que hace diez años
M. JOSÉ TOMÉ | VITORIA. El Correo 14 Junio 2011

El euskera gana terreno a pasos agigantados en el ámbito educativo, en Internet, en la edición de libros o en la Administración, pero mantiene su asignatura
pendiente: el uso entre los ciudadanos para comunicarse. Esta es, a grandes rasgos, la fotografía resultante del informe sobre la evolución de la lengua
vasca en los últimos 12 años, que ayer presentó en el Parlamento la consejera de Cultura, Blanca Urgell y la viceconsejera de Política Lingüística, Lurdes
Auzmendi. «El euskera está fortaleciéndose en todos los sectores, si bien a distintos niveles y ritmos», precisó Urgell, que calificó el estudio de «hito» en
la planificación y normalización de la lengua.

A través de un centenar de indicadores, el informe proporciona una «visión general» de la evolución experimentada en las dos últimas décadas por la lengua
vasca. Uno de los campos donde se ha afianzado con mayor rotundidad es Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Tanto es así, que
el empleo del euskera en este ámbito es considerablemente mayor que su utilización en la calle: casi un 22% frente al 15%, según detalló Lurdes Auzmendi ante
la comisión de Cultura. Entre 1997 y 2006, la utilización del euskera entre los niños ha crecido cinco puntos (de 21 a 27%); entre los jóvenes, apenas dos
puntos (de 14% al 16%), al igual que entre los adultos (12% a 14%).

El informe constata que cada vez hay más herramientas tecnológicas en lengua vasca y la globosfera es «bastante activa». En apenas diez años, el número de
internautas euskaldunes se ha duplicado (de 100.000 a 200.000), similar al número que vascos que navegan en inglés. En la Wikipedia, se contabilizan ya
100.000 entradas en euskera, similar a los artículos disponibles en griego, lengua con más de 13 millones de hablantes.

2.400 libros al año
Otro ámbito en el que el euskera ha avanzado considerablemente en los últimos años es la edición de libros. En la actualidad, las editoriales publican unos
2.400 volúmenes en la lengua autóctona, el doble que hace diez años. A juicio de Auzmendi, se trata de un dato «muy llamativo», teniendo en cuenta que el
número total de libros publicados en la comunidad autónoma ronda los 4.500.

En la Administración, el estudio confirma que el euskera está «muy presente a nivel de conocimiento», pero al igual que sucede a pie de calle «su uso no va
parejo» al nivel de titulaciones lingüísticas obtenidas por los trabajadores. En este sentido, Urgell anunció que encargará un estudio comparativo del nivel
de acreditación de perfiles y de las «necesidades comunicativas», con el fin de buscar medidas para «lograr un equilibrio entre ambos componentes».

El punto fuerte en el proceso de euskaldunización es, sin duda, el ámbito educativo. En Infantil y Primaria, el 90% de los alumnos estudia en modelo D
(euskera) o B (bilingüe), cuando hace trece años rondaba el 54%. En ese mismo periodo, el porcentaje de alumnos que hizo la selectividad en euskera ha pasado
del 25% al 60%. La «excepción» la protagoniza la FP: el pasado año, el 70% de los estudiantes de enseñanzas profesionales cursaban sus estudios en
castellano.

Otro de los desafíos en la normalización lingüística es la empresa. Casi 25.000 trabajadores están en la actualidad inmersos en un plan de euskera
subvencionado con fondos públicos. «Una de las claves radica en unir más estrechamente el mundo educativo y el empresarial», concluyó Auzmendi.

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