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Recortes de Prensa   Miércoles 15 Junio 2011

 

Gobierno deslegitimado
Editorial www.gaceta.es 15 Junio 2011

Resulta un tanto ocioso el pulso interno del PSOE entre quienes pretenden agotar la legislatura y quienes quieren un adelanto electoral en otoño.

Resulta un tanto ocioso el pulso interno del PSOE entre quienes pretenden agotar la legislatura y quienes quieren un adelanto electoral en otoño. Es como quien discute sobre si prefiere ser ejecutado en la horca o en la guillotina, porque el batacazo va a ser, de todas formas, mayúsculo. El resto ya son matices. Moncloa quiere llegar a marzo y Ferraz, con Rubalcaba y Blanco maniobrando, busca salvar los muebles y sobre todo sus pellejos personales, yendo a las urnas en noviembre, aferrándose al clavo ardiendo de un repunte de empleo estacional en la EPA. La primera opción es directamente suicida para un PSOE que pierde votos a chorros, conforme pasan los días; aunque el adelanto tampoco les va a salvar porque la supuesta recuperación va a ser demasiado tímida. Pero más que ociosa la gresca interna es profundamente inmoral en la medida en que refleja el “sálvese quien pueda” de quienes han llevado al buque de la nación a la deriva y ahora pretenden salir lo mejor parados.

Con todo, la mejor opción es el adelanto a noviembre, como publicó en exclusiva LA GACETA. No por el bien del PSOE sino por el de España. Dos tipos de razones la aconsejan. En primer lugar, las económicas: concretamente cinco millones de razones... el paro implica un fracaso inapelable del Gobierno y una fractura social de tal gravedad que es inconcebible que sus causantes no hayan respondido políticamente. Otros récords, como la prima de riesgo, la morosidad o el déficit, y una economía si no intervenida sí monitorizada por Bruselas, aconsejan acortar la agonía. Cuanto más tiempo pase con los socialistas en el poder y tiñendo la marca España, más dañada quedará la economía y más comprometida la salida futura de la crisis. Se podría decir, en este sentido, que el Gobierno Zapatero ha quedado deslegitimado, por los indicadores y los mercados.

Pero también se podría decir que ha quedado políticamente deslegitimado. El Ejecutivo mendiga a la desesperada los apoyos de PNV y CiU para sacar los presupuestos, pero con escaso éxito, ya que los nacionalistas no están por la labor. Y en clave interna, la bicefalia entre Zapatero presidente y Rubalcaba candidato está siendo letal no sólo para el partido sino también para la gobernabilidad del país. Aunque traten de guardar las formas, es obvio que el timonel de facto es, desde la crisis de Gobierno de octubre, el superministro y ahora candidato y Zapatero transita como un cadáver político, como demuestra el hecho de que carezca de agenda. La encuesta cualitativa que hoy comienza a publicar LA GACETA entre destacadas personalidades de la vida política, económica y cultural es elocuente: “España necesita un presidente más legítimo”. También le deslegitima la quiebra institucional, con el colapso del TC, convertido en títere del Gobierno, o la quiebra política y moral que implica haber franqueado el paso a los ayuntamientos a los acólitos del terrorismo, llegando a acumular mucho más poder que en los tiempos de HB.

Se cumple hoy el 35 aniversario de las primeras elecciones democráticas, con la victoria de la UCD de Suárez. No puede ser mayor el contraste entre aquella ilusionante fecha –el 15-J de 1977– y el desencanto de una sociedad estafada por un Gobierno grogie. Una parte de la decepción es atribuible a la crisis económica, pero lo que ha conducido al hartazgo a los españoles han sido los siete años de zapaterismo. “Habla pueblo habla” fue uno de los iconos simbólicos de la Transición. Con un Gobierno con respiración asistida y un país en quiebra institucional sería conveniente dar la palabra al pueblo para que hable. Cuanto antes.

Más y mejor democracia
Editorial La Razón 15 Junio 2011

En los últimos años la sociedad española ha experimentado una creciente desafección hacia la clase política y, por consiguiente, hacia un elemento central de la democracia representativa. La preocupación por la clase dirigente batió en mayo su récord histórico y superó la marca de mediados de los noventa, los conocidos como los años de la crispación.

Los políticos son hoy señalados por el 22,1 por ciento de los ciudadanos como la tercera preocupación de los españoles, un puesto que han ocupado durante 15 meses consecutivos. Se trata de una situación anómala e indeseable que causa un grave perjuicio a la propia democracia y a su estabilidad. La relación entre representantes y representados es la base del sistema, y si esa conexión se resquebraja, el propio régimen de libertades se debilita. Sorprende que ese desapego se haya desarrollado en un ambiente político general de despreocupación y ausencia de autocrítica.

En líneas generales, la clase política ha eludido un análisis profundo sobre las causas de ese déficit de confianza de los españoles y tampoco se ha molestado en buscar las posibles soluciones. Ese aparente desinterés se ha traducido en la indefensión de la democracia liberal y de sus incuestionables y grandes ventajas ante los ataques de determinados sectores marginales pero activos que han aprovechado un caldo de cultivo favorable para arrogarse una representatividad de la que carecen y así atacar los cimientos del sistema.

Conviene no confundirse, movimientos como el de los denominados «indignados» nunca serán la solución a los problemas del Estado de Derecho, sino un extravío para resolverlos por mucho que algunas de las críticas de fondo no hayan estado exentas de razón. Los políticos tienen la responsabilidad de abrir una reflexión para cerrar la brecha abierta entre gobernantes y gobernados. Y ello debe pasar por que el ciudadano se sienta partícipe de la democracia y no un mero elemento decorativo. Democracias más asentadas que la nuestra han marcado un camino que, al menos, se debería sopesar y evaluar por lo que pudiera tener de beneficioso para nosotros.

En este sentido, Esperanza Aguirre dio ayer un primer y decidido paso en ese trayecto regeneracionista tan necesario. Anunció, en el debate de investidura como presidenta madrileña, la reforma de la ley Electoral autonómica para desbloquear las listas y que los ciudadanos puedan excluir de las mismas a los candidatos que no consideren aptos para el cargo. Además, abogó por dividir Madrid en circunscripciones, como ya ocurre en Baleares, Murcia o Asturias, para facilitar que los ciudadanos conozcan a sus representantes y tengan mayor control sobre ellos. El final de las listas bloqueadas quebraría además la absoluta dependencia de los parlamentarios de la disciplina del partido de turno en detrimento de los ciudadanos, lo que sería una cambio saludable. Cualquier iniciativa que favorezca una democracia más abierta y cercana debe ser respaldada. El debate abierto por Aguirre es una oportunidad para enmendar errores y fortalecer el sistema que, hoy por hoy, representa y sirve mejor a los intereses generales.

Optimismo interesado
Nota del Editor 15 Junio 2011

Esperar que los profesionales de la política hagan algo por el bien de la ciudadanía es optimismo irresponsable.

Poner de ejemplo a la Sra. Aguirre de la Comunidad de Madrid, muestra al menos, un claro desconocimiento de la realidad. Cinco ejemplos:

1) intente preguntar algo sobre el derecho a estudiar en lengua materna cuando ésta es el español, y sobre la imposición de las lenguas regionales, y vera la eficacia de sus filtros, no conseguirá que le conteste, y si quiere que le mientan, pregunte a Núñez, el de la Junta de Galicia

2) la Comunidad de Madrid, pone en marcha un plan, con nuestro dinero, y con un costoso y voluminoso alarde publicitario, para mejorar el aislamiento de las viviendas (renovación de cerramientos, ventanas), y cuando por casualidad, debería llegar la ayuda, en un tiempo prudencial, no en el último minuto,
ya se han acabado los fondos y se queda sin ayuda y con el pago del IVA, triple perdida: nuestros impuestos para propaganda de su partido, para ayudar
a los enchufados (empresas que se apropian de todas las ayudas), y nuestro dinero para pagar el IVA y si no es vivienda habitual, ni desgrava como inversión;

3) en las mismas condiciones, el plan Renove de electrodomésticos, con el mismo resultado.

4) acto cultural, la primeras filas de asientos, reservados para los enchufados, bien mullidos, las filas siguientes bien duros, ahí está la "igualdad" de los ciudadanos.

5) intente consegir datos del dinero que dedican a propaganda las empresas que nos facturan sus servicios públicos (por ejemplo el agua y el saneamiento) (propaganda subliminal de su "magnífica gestión").

¿ Cuantos años llevan en el ayuntamiento y en la comunidad y ahora hablan de eliminar redundancias ?

15-M: causas y efectos
Pedro G. Cuartango El Mundo 15 Junio 2011

Nadie puede estar a favor de la intimidación ejercida contra el alcalde de Madrid en su domicilio ni a favor del bloqueo del Parlamento catalán, que ha sobrepasado todos los límites de lo tolerable. Igualmente condenable resulta la utilización de la fuerza o la coacción para defender una causa.

Pero los excesos cometidos estos días solo deslegitiman a las personas que los han cometido pero no a la totalidad del llamado movimiento del 15-M, que era inicialmente una genuina expresión de un profundo descontento social.

Decir que estamos asistiendo a un problema de orden público es simplificar un fenómeno complejo, que tiene sus raíces en la dramática crisis económica que estamos soportando y en el deterioro de nuestro sistema de representación política.

Respecto a lo primero, hay que señalar que el paro ha dejado a un millón de hogares sin ingresos y que, en estos momentos, el 45% de los jóvenes entre 23 y 30 años no pueden trabajar en nuestro país.

En cuanto a la degradación del sistema, existe una creciente percepción de las limitaciones de una clase política que parece más preocupada por mantener sus privilegios que por resolver los graves problemas del país.

No soy de los que cree que la solución puede venir de movilizaciones en la calle, pero sí estoy convencido de que esta expresión de malestar social irá en aumento si los poderes del Estado no son capaces de abordar una regeneración de las instituciones y una respuesta más eficaz contra la crisis.

Utilizando un símil histórico, las masas salieron a la calle en la Revolución Francesa porque querían cambiar un regimen feudal opresivo. La rebelión degeneró en Terror, pero también provocó la demolición del sistema y una serie de cambios que contribuyeron a crear un mundo mejor.

Muchas de las personas que han salido a la calle en las últimas semanas están pidiendo reformas que nuestros dirigentes políticos no han querido afrontar porque suponían perder parte de sus privilegios.

Pero lo que resulta intolerable son los profundos desequilibrios que ha provocado esta crisis, que ha dejado en la miseria a millones de personas mientras que la elite económica y política –responsable de la situación– no ha pagado ningún precio. Un ejemplo: ahí siguen los gestores de las cajas que han llevado a la ruina a las entidades que dirigían, saneadas con dinero público.

Me parece totalmente injusto demonizar colectivamente a los indignados y hacer énfasis en los desmanes de una minoría y mirar para otro lado a la hora de exigir responsabilidades a las personas que han provocado esta catástrofe económica.

Hay que plantear el problema al revés, hay que dar la vuelta a nuestra forma de mirar las cosas: lo esencial son las causas del malestar social y no sus efectos. Empecemos por ahí.

Presuntos indignados
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 15 Junio 2011

El voto no es el final de la democracia, pero si su principio, su piedra angular y el cimiento del edificio democrático. Nada más cierto que tras la urna hay vida, que es imprescindible que haya participación y que la sociedad ha de tener cauces para esa posterior intervención en la vida pública y política tras depositar su papeleta y elegir a sus representantes. Pero la aberración de pretender suplantar ese origen de legitimidad, el del voto, el de un hombre-un voto, por formulas coactivas, apellidadas de la manera que se quiera, es el preludio del totalitarismo y la negación misma de la democracia.
El Movimiento 15-M tuvo su origen en el descontento con la casta política, con sus hábitos y su primera exigencia de cambiarlos, de mayor participación, de mayor democracia en suma despertó simpatías generalizadas. Situado esencialmente en el campo de la izquierda supuso y ha de suponer una reflexión y acción posterior en lo que ha de ser un muy diferente mensaje a los ciudadanos y sobre todo a sus propios votantes, perplejos “indignados” ante la asunción de postulados que chocan frontalmente con sus principios esenciales.

Hasta ahí bien. Nada que objetar y mucho que aplaudir a esa toma de conciencia y ese protagonismo en buena parte joven en el debate y en la acción. Pero algo muy grave se ha torcido y amenaza hoy a todos y a los primeros a quienes los iniciaron.
La primera cuestión de fondo y forma es que no cabe pretender suplantar la voluntad del pueblo soberano depositada en una urna por una asamblea de manos alzadas por unos cuantos en una plaza. Los de la plaza se representan únicamente a sí mismos aunque no se sientan por los otros representados. La segunda es que confundir la crítica al ejercicio de la política con negar la legitimidad de unos cargos electos que si representan a miles y millones de personas que los ha elegido.

Y de ello se ha pasado, casi inevitablemente, a la actual situación donde ese origen del movimiento ha sido violentado, deformado y luego secuestrado por algo muy diferente y profundamente negativo. Los derechos de manifestación no son los de coacción, ni ocupar cuando a cada uno nos venga en gana el espacio público, ni incumplir las leyes que nos obligan a todos. Eso no es Mas Democacia, eso es antidemocrático. Los derechos y las libertades acaban donde empiezan los de los demás.

La alarmas se fueron poco a poco encendiendo y cada vez han ido parpadeando con mayor fuerza. La pretensión de cercar el Congreso, el acoso y persecución a los concejales que iban tomar posesión de sus cargos y ahora la violencia, porque es violencia contra las personas y contra sus representados lo que ha perpetrado en Barcelona. La coacción y amenazas al alcalde de Madrid, a su mujer y sus tres hijos en la puerta de su casa, de la que nadie asume paternidad pero que es hija de este clima creado, concreta en una imagen la gravedad y calado de lo que sucede y de lo que puede acaecer mañana. La borrokización y batasunización de España, porque por mucho que se clame que no existe parangón la imagen de esos bildus proetarras persiguiendo al concejal de Elorrio tiene un hilo de conducta directo y exacto con estas amenazas y acorralamiento a un alcalde a un concejal o a un diputado. El algo con lo que el 15-M ha de cortar , denunciar y erradicar sin excusa alguna de su seno.

Pero hay otras responsabilidades en esta preocupante deriva que no son del 15-M. La primera es del ministro Rubalcaba. Dejo aparte el asunto de la jornada de reflexión donde ya la situación, que tuvo un antes previsible, se le había desbordado. Su inanición, pues esta ha sido su única política ante lo que era una continua conculcación de leyes, derechos de los demás ciudadanos, preservar el normal desenvolvimiento de la actividad ciudadana, ha derivado en una impunidad absoluta, en un ciscarse completo en toda norma y ley, en una barra libre para la algarada y el acoso. El ministro ha hecho dejación total de su funciones. Por cobardía política y por calculo. Y todo finalmente se le ha vuelto en contra. Ahora tiene una complicadísima situación de incivismo y desprecio a las leyes.

En su cálculo y en el de otros de sus correligionarios ha estado y está el aprovechamiento de las inercias desatadas, una quimera que denota irrealidad y cierta desesperación ante la perdida del apoyo popular. Dirigir esas iras contra la “perversa” derecha es la tentación. Sin percatarse que en esa diana están ellos también. Y, como ha probado en propias carnes, hasta Cayo Lara. Porque los grupúsculos que copan ahora las protestas están en otra cosa, en el antisistema, en la negación de la democracia.

Corresponsables, y no en pequeña medida han sido también determinados medios de comunicación, que han jaleado de manera insensata algunas derivas que ahora muestran su peor cara. Las teles “progres”, El Pais, el Mundo, sobre todo en su versión digital cuya línea editorial es cada vez más no solo diferente sino exactamente contraria a la del diario impreso y “Publico” que parece creer que hay está el manantial que salvará al zapaterismo moribundo han desorbitado el acontecimiento, los han sobredimensionado y han permanecido ciegos voluntariamente ante sus excesos, su deriva cada vez más intolerante y extremista, sus hechos coactivos y han justificado acciones y hechos intolerables en un Estado de Derecho y en una Democracia. Han alentado y aplaudido lo que era un directo ataque a las personas, a la representatividad popular y a los votantes. Según sus más arrebatados voceros, el ser insultado, acosado, amenazado, perseguido, marcado y zarandeado, “va en el sueldo”. A tal irresponsabilidad se ha llegado. Quizás, ante la escalda en la gravedad de los hechos, algunos entiendan cuales son las líneas que jamás deben traspasarse y que han traspasado.

El que siempre miente
No es fácil clavar laestaca en el corazóndel jefe. Aunque el jefeesté muerto
GABRIEL ALBIAC ABC 15 Junio 2011

EN política, gana el que mejor miente. Axioma. Pero, ¿cuál es la clave del buen mentir? Que no se note. Nunca. En el siglo XVII, Blaise Pascal daba este irónico ideal de verificación: un sujeto del cual supiéramos que miente siempre, sería infalible criterio de verdad. Bastaría invertir sus enunciados. Y el filósofo se lamenta de que tal sujeto exista sólo por hipérbole. Pero, cuando Pascal, no había Felipe González.

Vivimos en una maraña de ocultaciones. Estamos arruinados; sabemos que nadie podrá sacarnos indoloramente de esta ruina; que se va a requerir una larga paciencia y un gigantesco cúmulo de sabiduría para poner los cimientos de una recuperación sólida. Lo peor aún no ha llegado. Queda por delante una áspera travesía, antes de que la economía española pueda plantarse de vuelta en la casilla cero.

Mientras tanto, todos los que saben mienten. Los políticos más que ningún otro. Porque también el sueldo de los políticos corre riesgo. Y porque sólo un bien protegido engaño los pone a salvo de la ira ciudadana. En la penumbra de los selectos cenáculos a los cuales ningún común mortal puede tener acceso sin ser parte de la casta que prosperó a la sombra del erario público, se juega la serie de partidas cruzadas de un ajedrez cuyas piezas sobre el tablero chirrían como navajas. De esa red de partidas, la más mortífera es la que se está desplegando en el interior del PSOE. Por motivo muy prosaico. Dentro de un plazo máximo de nueve meses, un nutrido ejército de profesionales de la política con carné socialista quedará en la calle. Por primera vez en la vida de buena parte de ellos, el trueque equitativo de afiliación por sueldo perderá vigor. Por primera vez, toda esa gente habrá de buscar trabajo. Sin experiencia laboral. Sin más currículum que el de la perruna sumisión al jefe. Que se trueca en odio homicida, cuando el jefe aparece como principal causante de la ruina propia. Hasta hace nada, Zapatero era el líder amado por quienes en sus favores pacían. Hoy es el blanco a liquidar para salvar —si es que aún se puede— algo de la pitanza.

Rubalcaba —y quienes tras él mueven pieza con sigilo— necesita enterrar deprisa al apestado. Y hacerse con una Secretaría General del partido, sin el control de la cual la inminente derrota en las urnas pondría punto final a su propia biografía política. El preocupante estado mental de Zapatero lo empecina en fosilizarse hasta un final de legislatura, de llegar al cual ha hecho cuestión de honor. Nadie en el PSOE, salvo un presidente ya sin pie en la realidad, ignora que la última fecha electoral para minimizar costes es el otoño, cuando las estadísticas de paro sean las menos malas del año; y que, a partir de ahí, cada mes de prórroga irá reduciendo a arena la cuarteada fortaleza socialista. Pero no es fácil clavar la estaca en el corazón del jefe. Aunque el jefe esté muerto.

Nada es todavía claro. Algo se movió anteayer, sin embargo: Felipe González proclamaba su enfática convicción de mantener hasta marzo a Zapatero. Traducción más verosímil: verano de afilar cuchillos. Y los «idus de marzo» segarán cuello en septiembre. Expresión invertida —¿conocimiento o deseo?— de este raro prodigio: un sujeto que siempre miente.

Dimisiones
Los indignados tardíos del TC
Pablo Molina Libertad Digital 15 Junio 2011

A los tres magistrados dimisionarios del Tribunal Constitucional les ocurre como a los ex acampados en la Puerta del Sol: la decisión que han tomado está justificada pero llega con muchos meses de retraso, lo que desvirtúa esa pretendida intención de regenerar las instituciones de unos y otros si es que alguna vez fue sincera.

Está bien que los tres indignados del TC dimitan de sus puestos con su mandato más que agotado y bloqueado el mecanismo de renovación, pero exactamente los mismos motivos concurrían antes de la sentencia sobre el nuevo Estatuto de Cataluña y, de forma más evidente aún, en el dictamen que ha permitido a la franquicia terrorista de la ETA alzarse con el poder en muchas instituciones locales del País Vasco. En ninguno de los dos casos los ahora dimisionarios renunciaron a entender de asuntos para los que carecían de la legitimidad que debería exigir la pertenencia al más alto tribunal de una nación, así que sus apelaciones a la pulcritud en su composición y funcionamiento llegan demasiado tarde.

Fruto de esa decisión extemporánea, que evita a los tres protagonistas la vergüenza de seguir perteneciendo a un órgano completamente desprestigiado, comienza ahora el no menos degradante proceso en virtud del cual socialistas y populares, con el aditamento nacionalista exigiendo también su alícuota representación, se disponen a repartirse los cargos que habrán de ser renovados por orden de José Bono antes del último día de este mes.

La soberanía de la nación reside en el pueblo español pero tal exigencia constitucional no parece extenderse a los máximos órganos jurisdiccionales, cuya composición depende de lo que opinen al respecto las cúpulas de los principales partidos políticos y los acuerdos que lleguen en cenáculos extraparlamentarios. El espectáculo es tan infamante que, abandonada la legitimidad de ejercicio con sentencias contrarias al derecho como las últimas que hemos padecido, el Tribunal Constitucional se despoja una vez más de la legitimidad de origen para que la corrupción en el organismo sea completa.

Ahí tienen los paladines de la regeneración democrática evacuados de las acampadas callejeras un motivo excelente para manifestarse a las puertas de las sedes de PP y PSOE. Si fueran sinceros ya estarían allí aporreando perolas de grandes dimensiones. A ver si terminan de acosar a los alcaldes del PP y encuentran un hueco.

La AVT, el barco que nunca permitiremos que zozobre
Alfonso Merlos www.elsemanaldigital.com 15 Junio 2011

No vamos a tolerar que por la fuerza y el contraste de siniestros vientos socialistas y nacionalistas el barco de las víctimas se pierda o se vaya a pique.

"Del bosque del tiempo / las hojas de los días siguen cayendo / y han caído tantas… / Cada una fue un suspiro / cada suspiro una eternidad / cada eternidad una lágrima / y fueron tantas… / Me hundí en espesos silencios, espantando sombras, anhelando regresos, hambriento de sueños, sueños imposibles / y han sido tantos".

Así dice en parte la emocionante canción-elegía que José Antonio Estaban Usano ha dedicado a las víctimas del terrorismo, estrenada en el Congreso con el que la AVT ha conmemorado su 30 aniversario. En efecto, las víctimas se han dejado por la causa de España y la libertad vidas, lágrimas y suspiros… y les estamos pagando como si fuesen enemigos de la patria.

No hay mayor indignidad que la de entender que representan un problema quienes en realidad conforman la base moral de nuestra democracia; o la de pensar que son meros sujetos de compasión quienes tienen todos sus derechos políticos intactos y su propia idea de España. Me lo decía hace ya años Mari Mar Blanco en La Mañana de la COPE: "Las víctimas somos personas, y como tales podemos tener una ideología u otra, un pensamiento u otro. Pero lo importante es que a nivel colectivo no tenemos ningunas siglas inscritas en la frente ni estamos como grupo afiladas a ningún partido. Lo que tenemos muy claro es qué tenemos que hacer, al lado de quién tenemos que estar: no vamos a permitir que nadie utilice los nombres y apellidos de nuestros familiares para otros intereses que no sean los de hacerles justicia".

El aterrizaje de ETA en las instituciones, imputable a la traición y la felonía del proyecto político de Zapatero y a quienes vistiendo y manchando togas lo han oxigenado, abre paso a un escenario siniestro que urge confrontar. Hay una parte de la nación, ingrata y ciega de valores, que busca borrar del mapa desde la primera hasta la última víctima del terrorismo. Y esa misma parte no alcanza a ver en su miseria ética que está transitando un camino que terminará presentando como vencedores a los integrantes de una banda criminal y como vencidos a quienes han sido golpeados por el mazo del nacionalismo totalitario.

La retirada de la bandera de España que colocó heroicamente Regina Otaola en Lizarza y su sustitución por un infame cartel que pide beneficios a quienes han asesinado y se sienten orgullosos de sus atrocidades anuncian un tiempo nuevo de resistencia. Ángeles Pedraza, con el impulso organizativo de Cristina Cuesta y de tantas y tantos ciudadanos ejemplares que suman hoy energías en la AVT nos han recordado el noble campo semántico bajo el que van a seguir reclamando memoria, dignidad, verdad y justicia. Es el campo semántico en el que se incluyen "el valor, la esperanza, el compromiso, la solidaridad, la generosidad, la fortaleza, la valentía y la lucha".

De unos años a esta parte los españoles que creen en su patria saben que el Estado de derecho y la democracia pueden flaquear (como ahora está ocurriendo), saben que los estamentos políticos y judiciales pueden perderse en ignominiosos laberintos, pero también saben esos españoles que la referencia y la resistencia de la AVT es inquebrantable. La AVT nos va a ayudar a derrotar a los terroristas. Y por la AVT estamos moralmente obligados a derrotar a los terroristas. Asumiremos pesados costes. Cargaremos con duros sacrificios. Pero lo vamos a conseguir. ¡Ánimo Ángeles! www.twitter.com/alfonsomerlos

El TC acumula más de 350 recursos de inconstitucionalidad
El balance de su trabajo evidencia que no cumple con las funciones que le otorga la Carta Magna
C. Morodo / F. Velasco La Razón 15 Junio 2011

MADRID-El problema que afecta al Tribunal Constitucional (TC) no se soluciona con que los dos principales partidos cumplan con la obligación de renovarlo. En la etapa de Rodríguez Zapatero se han aprobado cuatro reformas legislativas que le afectan, la mayoría sin consenso con el principal partido de la oposición. Es decir, que se han cambiado sus reglas de funcionamiento en base a los avatares políticos. También se le ha obligado a dar una solución jurídica a un engendro político, como el Estatuto de Cataluña, tras un referéndum. Y ha recibido todo tipo de presiones.

Por si esto fuera poco, su balance de trabajo revela que a día de hoy no cumple la función para la que fue constitucionalmente previsto. Su principal misión es ser el garante de la Carta Magna, y resulta, sin embargo, que acumula más de 350 asuntos de inconstitucionalidad pendientes de resolver, algunos con muchos años de retraso. Si se tiene en cuenta la media de tiempo que el Alto Tribunal se toma para resolver algunas cuestiones, nos pondríamos en ocho, diez o hasta quince años para que se pusiera al día. ¿Y para qué servirían entonces los fallos?

Según sus últimos datos oficiales, en 2009 había pendientes de sentencia 399 asuntos en Pleno y 213 en Salas y Secciones. Y aunque los amparos resueltos (15.693) fueron superiores a los ingresados (10.792), éstos no descendieron. En medio del ruido político y de las prisas de los dos partidos para no mancharse con el descrédito institucional del TC, ayer el PP tendió la mano al PSOE para negociar a partir de la próxima legislatura una reforma de calado de su funcionamiento que afecte, por ejemplo, a los recursos de amparo que le corresponde resolver. El objetivo sería evitar que se repitan más polémicos casos como el de Bildu, y que el TC no vuelva a actuar como tribunal de casación enmendando la plana al Tribunal Supremo. A la necesidad de una profunda reforma han apelado voces tan autorizadas como la del ex secretario de Estado y diputado popular Ignacio Astarloa, quien en uno de los informes de FAES defiende un cambio radical del TC que permita su regeneración.

Donde el tribunal sí está prácticamente al día es en el tema de las admisiones o inadmisiones de los recursos, ya que, quitando los supuestos de especial trascendencia que merezcan un estudio más detallado, las providencias que se dictan para adoptar esa resolución no suele tardar más de tres o cuatro días, cuando no hace tanto tiempo se llegaba incluso a tardar un año en ese trámite. En cambio, en las resoluciones finales y, sobre todo, en las decisiones que corresponde adoptar al Pleno del Alto Tribunal es donde se acumula un mayor retraso.

Por otro lado, los actuales miembros del Tribunal Constitucional tienen una espina clavada con todo lo que sucedió, o mejor dicho con lo que no sucedió, tras el fallecimiento de Roberto García-Calvo, en mayo de 2008, hace ya más de tres años, especialmente aquellos que coincidieron con él desde que fue nombrado en noviembre de 2001.

«Ni un reconocimiento»
En este sentido, no esconden la decepción o frustración por el hecho de que no hubiese merecido el más mínimo reconocimiento, al margen de lo que en su día expresó el TC, tras su muerte. «Ni una medalla a título póstumo, ni un reconocimiento, ni nada de nada. El más absoluto de los olvidos», se lamenta al respecto uno de sus ex compañeros en un sentimiento que es compartido por quienes forman parte de la Institución. Pero, además, también existe un lamento por el hecho de que los partidos no fuesen capaces de cubrir su vacante, lo que se entiende como una falta de sensibilidad hacia el magistrado fallecido. Esta última circunstancia fue expuesta a responsables políticos en alguna que otra ocasión por integrantes del tribunal.

La ex presidenta del TC, María Emilia Casas, aludió a ese hecho en su discurso de despedida, el pasado 12 de enero: «No podemos dejar de rendir homenaje a nuestro colega Roberto García-Calvo. La tristeza por su muerte se ahonda ante la constancia de que el Congreso de los Diputados no ha encontrado el tiempo preciso para cubrir su vacante. Su ausencia ha sido, así, doblemente negativa». Todavía sigue igual.

El contador de recursos del TC
Nota del Editor 15 Junio 2011

En el TC, además de anticonstitucionalistas, son claramente inútiles. Y no porque tengan pendientes 350 recursos, ya que ese número obedece a una clara estrategia para aparecer como organismo indispensable y atareado, sino porque se han dotado de un procedimiento para poner el contador al número que les convenga.

Pueden determinar, sin trámite ni justificación alguna que cualquier recurso que les moleste y que no tenga fama, que no tiene o no ha justificado
su importancia constitucional e inadmitirlo (si conoce a algún abogado, pregunte cuantos recursos ha conseguido colar).

La mala conciencia
José Antonio VERA La Razón 15 Junio 2011

Tiene bemoles ver ahora a «llámame-Alfredo» lamentándose del nefasto resultado de la operación Bildu: no sólo gobiernan un centenar de consistorios vascos y gestionan decenas de millones de euros, sino que además controlan la Diputación Foral de Guipúzcoa, la recaudación de impuestos, el reparto de ese dinero público y las finanzas, la información y hasta la Policía Local de San Sebastián. Ya hemos visto estos días que el terror ambiental ha vuelto a las calles, y que las amenazas y la censura se han implantado en localidades como Elorrio o Lasarte, donde han desaparecido de inmediato la bandera de España, el retrato del Rey, la Constitución y demás símbolos del Estado, convenientemente sustituidos por cartelería proetarra, fotos de presos y propaganda basura sobre la independentzia, Euskalherria y demás entelequias del abertzalismo integrista.

Todo lo anterior era previsible, porque a éstos ya los conocíamos de antaño: sus consignas, métodos, formas de actuar y vinculación siniestra con el pistolerismo étnico. Se sabía porque siempre había sido así y porque las Fuerzas de Seguridad, en sus informes sobre Sortu, Bildu y lo demás, advirtieron de las vinculaciones directas e indirectas con la banda, de la estrategia diseñada para engañar al Estado y del montaje perpetrado con el único fin de volver a las instituciones.

Lo sabíamos y lo sabía Pérez Rubalcaba, o sea, «llamadme-Alfredo», quien pese a todo urdió un plan malévolo y oscuro para aparentar que estaba en contra de lo que en realidad estaba a favor, incitando a que los jueces «progres» del Tribunal Constitucional, es decir, «sus jueces», tumbasen la resolución del Tribunal Supremo que impedía a Bildu concurrir a las elecciones, al menos en tanto no se demostrara su desvinculación total del mundo de ETA.

Los magistrados «afines», con la excepción honrosa de Manuel Aragón, siguieron las instrucciones del vice-one y sus votos permitieron que los proetarras, diluidos dentro de una coalición alkartasuno-comunista, fueran «legalizados» obteniendo un resultado espectacular el 22-M.

Al ver el desastre, a nuestro admirado triministro le ha entrado un ataque de «mala conciencia» y ha llegado a decir que «se podían haber hecho mejor las cosas». Y tanto. Se podía haber evitado que quienes no creen en la democracia usen los instrumentos democráticos para acabar con ella. En Alemania los nazis no se pueden presentar a las elecciones porque son nazis, totalitarios, violentos y contrarios al sistema de libertades. Los proetarras son igual de violentos y totalitarios, pero aquí, gracias a Alfredo y las señorías de su cuadra, los hemos metido en las instituciones con todo el poder y el dinero que necesitan para sus actividades.

Quizás por eso también estos dos jueces que votaron a favor de Bildu quieren ahora irse del TC. Dicen que es por otros motivos pero lo que en realidad les debe pesar en la conciencia es este espectáculo lamentable de los batasunos otra vez campando a sus anchas por las calles de los pueblos de las comarcas de las provincias vascas.

Gracias, por supuesto, al «voto político» de tales magistrados evidentemente «políticos». Y a la última genialidad del malvado Rubalcaba.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

El Estado no está ya vigente en Guipúzcoa

José Antonio Zarzalejos. El Confidencial  15 Junio 2011

Bildu se ha encargado de acreditar que, como supuso la Policía y la Guardia Civil, es una estrategia de ETA, una extensión de la banda terrorista, una mimetización de la anterior Batasuna. Sus actitudes y sus decisiones son calcadas de la izquierda abertzale pro etarra porque Bildu, debidamente tuneada en unos estatutos hipócritas, hace lo que ETA espera que haga: se niega a condenar sus delitos pasados, tampoco rechaza el linchamiento del concejal popular de Elorrio, reclama la liberación de los pistoleros ahora encarcelados y no iza la bandera nacional en los edificios oficiales. Apariencia y realidad: ambas convergen en una Bildu que es una mutación de la más rancia Batasuna.

¿Habrá que recordar ahora cómo el lehendakari reclamaba comprensión para esa sedicente izquierda? ¿Cómo lo hacía Izquierda Unida? ¿Cómo callaba el Ejecutivo remitiéndose a un untuoso y ritual respeto a la decisión de los tribunales? He aquí el resultado: se nos ha echado la historia encima; han reaparecido los fantasmas del miedo y la coacción; se han vuelto a ocupar las calles con himnos, gritos y puños agresivos. El pasado ha regresado al territorio exento de Estado de Guipúzcoa. Todo lo que se ganó para la libertad, para los derechos civiles, para la vigencia efectiva de la ley, se ha malbaratado al permitir el propio Estado que el peor de sus enemigos vuelva a penetrar en el sistema.

Muchos ciudadanos españoles no saben que las Juntas Generales que dominan los bildus y que la Diputación Foral que presidirá uno de ellos, son entidades que disponen de poder normativo el primero -especialmente en materia fiscal- y de todas las facultades de una Hacienda soberana, la segunda. Toda la información fiscal de personas físicas y jurídicas de Guipúzcoa quedará al alcance de Bildu desde el mismo momento en que un Diputado General de la coalición penetre en la sede foral de San Sebastián. No sólo eso: desde Guipúzcoa podrá conocer la información de las Haciendas de Vizcaya y Álava. Será un bildu el que negocie también el cupo interno al Gobierno vasco y el que forme parte de la comisión que acuerda con el Estado la aportación vasca a las cargas comunes. Entre ayuntamientos y Diputación Foral -además de las empresas públicas- Bildu va a manejar más de mil millones de euros y posar sus ojos sobre la intimidad de cientos de miles de ciudadanos.

El pasado ha regresado al territorio exento de Estado de Guipúzcoa. Todo lo que se ganó para la libertad, para la vigencia efectiva de la ley, se ha malbaratado al permitir el propio Estado que el peor de sus enemigos vuelva a penetrar en el sistema

No habrá banderas nacionales en los edificios públicos oficiales de Guipúzcoa; su Diputación Foral aportará o no fondos a infraestructuras intercomunitarias como el AVE al País Vasco al que ETA ataca; la prioridades del gasto serán diferentes a las más sensatas; las familias de etarras serán financiadas y las víctimas del terrorismo de nuevo preteridas. Todo eso -podría continuar- hará sin duda alguna Bildu en el territorio exento de Estado de Guipúzcoa. Tendremos -tendrán- mucho tiempo para arrepentirse quienes calcularon mal -prefiero no adentrarme en juicios de intenciones al respecto- lo que parecía que era, pero en realidad nunca fue Bildu. A partir de ya, la coalición nombrará asesores, empleados de empresas públicas, trabajadores eventuales y de confianza, es decir, refinanciará el entramado borroka, ese que ya ha emergido con el descaro habitual en el entorno de la banda terrorista. No habrá Estado en Guipúzcoa.

La insensata irresponsabilidad del PNV, que debió sumarse al PSE y al PP para evitar este disparate, le pasará factura porque no tocará balón en Guipúzcoa y se quedará reducido al bizkaitarrismo con capital en Bilbao, mientras Álava, de la mano del PP y del PSE, se distancian más de esa EuskalHerria que el abertzalismo sabiniano pretende por enésima vez construir sobre el desafío a la democracia española. Los peneuvistas merecerían que los bildus les pongan en su lugar: seguramente lo harán porque entre ellos -Bildu y PNV- hay una relación de amor y odio que sólo cede ante la reciprocidad con la que detestan al constitucionalismo.

En el País Vasco -digan lo que digan portavoces de ocasión; afirmen lo que afirmen medios que hacen del comedimiento cobardía o convencionalismo; aseguren lo que aseguren empresarios que temen la hegemonía guipuzcoana de la izquierda abertzale- ha regresado el miedo a la dilución del Estado, ha vuelto el escalofrío del EuskoGudariak cantado puño en alto, ha reaparecido el encapuchado con el presoakkalera. Ha vuelto la pesadilla. Porque Batasuna, porque Herri Batasuna, porque el entorno de ETA se ha instalado con armas y bagajes en Guipúzcoa con la aquiescencia del PNV.

Den ustedes por derogado el Estado allí por mucho tiempo. En una sola jugada, bajo un Gobierno como el de Zapatero en fase avanzada de putrefacción, una ETA a control remoto -que no se ha disuelto, ni rendido, ni entregado las armas- dispone ya de nóminas, instituciones y gente respetable para desarrollar su estrategia de legitimación histórica que pasa por la deslegitimación del Estado que Bildu se encargará de perpetrar. Hemos perdido lo que ganamos a lo largo de los últimos quince años. Pena.

El desmoronamiento del intérprete
Mario Conde www.gaceta.es 15 Junio 2011

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional asigna a este órgano del Estado el papel de “intérprete supremo de la Constitución”. Así que cuando nos refiramos al tribunal, seamos conscientes de que en el fondo es la Constitución aprobada en 1978 la que se encuentra afectada y sobre la que se proyectan inevitablemente los desperfectos.

El último episodio radica en la renuncia de tres magistrados a su condición de tales. La versión oficial de los hechos es la siguiente: “Los tres magistrados que han dimitido –Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado– han presentado su renuncia para evitar que se repita en su caso la anómala y prolongada prórroga de funciones padecida durante tres años por sus colegas del cupo del Senado, finalmente renovados en diciembre de 2010”. Con todos los respetos que se deberían mantener y cultivar, esa explicación tiene aromas inevitables de cierta excusa. Máxime cuando se personaliza el desacuerdo en un nombre, Enrique López, “al que los populares quieren hacer magistrado del TC a toda costa, sin importarles que el Senado lo haya rechazado en su momento y que carezca de un currículo con las garantías de cualificación y especialización jurídicas exigibles por la jurisdicción constitucional”. Si fuera cierto que el desmoronamiento –esta es la palabra– de una institución capital como es el Tribunal Constitucional (TC) depende de un nombramiento singular, sin entrar a emitir juicios personales, se evidenciaría más allá de lo tolerable la gigantesca fragilidad del modelo. No creo que nadie se llame a arrebato ni se rasgue vestiduras si sostengo en público que muchos de los nombramientos políticos no han estado siempre edificados sobre una calidad humana y profesional incuestionable. Más bien se han ponderado las obediencias políticas. Y semejante método ponderado no es exclusivo de un partido, sino que forma parte de un modo de pensar de la clase política, precisamente el que provoca que siga incrementándose su consideración como tercer problema nacional.

Creo que el asunto se centra en el desprestigio acumulado de tal instancia debido, precisamente, a su modo de adoptar decisiones. Que un Código Penal tenga que corregir una interpretación sobre el doble abono de prisiones preventivas es más que llamativo. Que se rectifique ad personam una interpretación del instituto de la prescripción para liberar de pena a ciertas individualidades de influencias políticas conocidas, también. Pero lo más grave no reside siquiera en que la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña tuviera una fermentación tan accidentada y un resultado tan denostado por muchos, sino en que sea el propio presidente del Gobierno el que diga en público que va a tratar por todos los medios de reparar los “desperfectos” ocasionados por esa sentencia mediante la aprobación de leyes orgánicas o cualquier otro procedimiento parecido.

El Tribunal Constitucional es “independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente ley orgánica”. Eso dice la norma. Pues no. Al menos no del todo. Una vez más, entre la Constitución y la vida se interpone el Sistema de poder con el que convivimos. Los nombramientos de los magistrados derivan de su afinidad, cuando menos conceptual, a los partidos que los designan. Ningún magistrado ni ningún partido parece sentir preocupación seria por que semejante apreciación se convierta en verdad instalada en la sociedad. El PP parece preferir ahora esperar a costa de lo que sea para renovar el Tribunal, porque espera ganar por mayoría absoluta unas elecciones y de este modo controlar ese órgano con mayor fuerza que la que actualmente le es atribuida en función de sus resultados electorales.

El último despropósito no fue el que esos magistrados del Constitucional fueran condenados por el Tribunal Supremo al abono de responsabilidad civil por casi dejación de funciones. Aquello a muchos nos pareció esperpéntico. La legalización de Bildu es lo extremadamente grave, al menos lo es a juicio de muchos españoles. Creo que en este episodio se encuentra la base del final destrozo ocasionado. El PNV amenazó al Gobierno exigiéndole una sentencia legalizadora de Bildu. El Constitucional la dictó. Quizás, como digo, esta renuncia de los tres magistrados que aparentemente no sirve para nada se conecte con esa ultima decisión.
En realidad sí sirve para algo: para evidenciar el desmoronamiento de ese “supremo intérprete”. ¿Quien definirá ahora los contenidos constitucionales? Tengo claro que los magistrados dimisionarios carecen de legitimidad moral para tomar decisiones, y quedan algunas muy importantes, como la doctrina Parot y la excarcelación de etarras, o las referidas a la acción popular que afecta a personas de la significación política y financiera, como Emilio Botín y Baltasar Garzón.

La sentencia es clara: el modelo es insostenible. El vicepresidente dice que se siente en un tribunal secuestrado. En realidad se ha secuestrado buena parte del modelo judicial. O se modifica de manera tajante el modo de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional o lo que procede es su eliminación en la inevitable reforma constitucional que tendremos que abordar. Claro que para ello son necesarios nuevos modos de pensar en la clase política y judicial. Y eso no es tan fácil. Pero la sociedad civil debería exigirlo por cuestión de legítima defensa.

*Mario Conde es abogado del Estado y empresario.

Tribunal Constitucional
El zapaterismo sigue
Agapito Maestre Libertad Digital 15 Junio 2011

Muchos se extrañan sobre la provisionalidad, esa sensación extraña de que todo lo que hagamos quizá no valga para nada, que se ha instalado en la vida política, económica y social del país. Pero, en mi opinión, creo que esa es la pauta clave del socialismo de Zapatero desde que llegó al poder. En efecto, el zapaterismo sigue haciendo estragos por todas partes. De Zapatero apenas queda nada, pero los daños del zapaterismo durarán mucho tiempo. Creo que cuando este hombre desaparezca de la escena política, que todo el mundo da por hecho, el zapaterismo será la sombra miserable que perseguirá a los españoles.

¿Qué es el zapaterismo? Fundamentalmente no es otra cosa que la creación de un estado absoluto de provisionalidad en la forma de gobernar. Nunca hay nada fijo. Es la instalación de un régimen de vida política basado en el sálvese quien pueda. Esa sensación de provisionalidad que vive el país no es nueva. Es algo que ha instalado hace mucho tiempo Zapatero en las instituciones políticas. Eso es, en esencia, el zapaterismo: un crimen de guante blanco, es decir, un hacernos perder el tiempo a través de una instrumentalización salvaje de las instituciones para provecho de sí mismo y de su propio partido. El socialismo de Zapatero es no saber a qué atenerse con claridad y precisión. Eso es hoy España.

Creo que cuando este hombre desaparezca de la escena política, que todo el mundo da por hecho, el zapaterismo persistirá, porque nos costará volver a creer en el poder fijo y contundente de las instituciones políticas. El zapaterismo ha conseguido que nadie confíe en el actual sistema institucional. La provisionalidad ha llevado al deterioro a todo el sistema institucional; a veces, el destrozo, la ruina, es de tal envergadura que tenemos duda de que puedan alguna vez recuperarse. Quizá sería mejor empezar de nuevo, por ejemplo, ¿podrá resistir el "sistema" político que los terroristas de ETA-Bildu, es decir, que los propios enemigos de las instituciones democráticas sean ahora sus dirigentes? Seguramente, sí, porque el sistema está muerto, o peor, al servicio de sus enemigos. De la provisionalidad del sistema político hemos pasado a su muerte.

La provisionalidad del zapaterismo ha llegado a todas partes. Ahora le ha tocado al Tribunal Constitucional, que ha vivido en los últimos años "a salto de mata", dicho en honor a la verdad, con la colaboración del PP. En fin, el estado general de improvisación constante del zapaterismo ha llevado al Estado a su paralización general. Parece que incluso se ha instalado en el seno del propio PSOE, pues que cada vez se entiende menos que este hombre no convoque elecciones generales. La prolongación artificial de una legislatura agotada es algo que quizá no interese ya a su propio partido, según reconocen en privado socialista ilustres. Provisionalidad sobre provisionalidad. He ahí nuestro oscuro futuro.

¿Jueces libres?
Carlos Martinez-Cava Minuto Digital 15 Junio 2011

La reciente aparición de BILDU en las instituciones nos interroga sobre el modelo de Justicia que deseamos para España.

La sombra del escandalo y el horror producido por el asentamiento del totalitarismo etarra en las corporaciones municipales no se ha de quedar en señalar a una parte de la población que les ha votado o en culpar a unos jueces concretos de permitirlo.

A la foto de aquellos Magistrados que votaron a favor de la legalidad de BILDU, cabría añadir la de todos los diputados que, en 1985, pervirtieron las normas de elección de los Jueces y de los que, teniendo una mayoría absoluta no hicieron nada para cambiar el sistema desviado entonces.

Aquel aserto de la división de poderes como requisito indispensable para tener una Democracia es en España, como en ningún otro lugar de Europa una petición urgente.

Muchos dan por buena la situación que tenemos. Otros, se lamentan con la boca pequeña porque saben que, cuando gobiernen “los suyos”, habrá jueces de su corriente ideológica para entender de los asuntos que resulten críticos.
Lo cierto es que el actual sistema de elección y gobierno de los Jueces no fue siempre así. No hasta 1985.

Hasta ése momento y tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, el Consejo General del Poder Judicial se crea con 20 miembros, mas el Presidente del Tribunal Supremo. De estos 12 se elegían entre jueces y magistrados, y 8 -4 en el Congreso y 4 en el Senado- de entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio.

El Partido Socialista acaba con éste sistema y de los 12 miembros que se elegían entre los jueces por sí mismos, se pasa a los 20 que se señalan en el Parlamento por mayoria de 3/5. Es la muerte de uno de los pilares de la democracia.
La dudosa constitucionalidad de aquella norma, fue avalada por el Alto Tribunal que, no obstante, advertía de que con ello se frustraba el objetivo de independencia buscado por el Texto del 78. Y así fue.

Desde entonces ya hemos visto el fruto perverso de la apropiación porque ese Consejo General del Poder Judicial interviene en cuestiones vitales del Estado: Informe de leyes de politica judicial, facultad de proponer reformas legislativas, participación en el tramite de nombramiento del Fiscal General del Estado y de los magistrados del Constitucional, y, por encima, de todo, el control de los ascensos en la carrera judicial.

El control de la judicatura por los partidos politicos ha resultado profundamente antidemocrático y perverso. Ya hemos visto el funcionamiento en estos años. Los jueces de las dos principales asociaciones, -afines a los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP- son los que sobresalen. La independencia ha quedado proscrita.

Fundaciones internacionales como la Word Economic Forum colocan a España por detrás de paises como Namibia, Botswana, Malawi o Gambia en materia de independencia judicial.

BILDU ya está en los Ayuntamientos. Como recordaba un amigo, DON BILDUR era una antiquisima expresión para referirse a Satanás y BILDU en eusquera significa MIEDO.

En nuestra mano está conocer quién es el enemigo y quién es el culpable de que BILDU amenace ahora la libertad de muchos españoles en Vascongadas.

Solo una Justicia Libre puede salvarnos. Y no será ésta Justicia.

Voces contra el Terrorismo denuncia las cesiones de Rubalcaba a ETA y exige su dimisión
La asociación afirma que la excarcelación de siete etarras es otra prueba de la negociación con la banda
 www.lavozlibre.com  15 Junio 2011

Madrid.- La asociación Voces Contra el Terrorismo (VCT) denuncia en un comunicado "la política de cesiones a ETA llevada a cabo desde hace más de 2 años por el Ministerio de Interior". Después de conocerse la excarcelación de siete etarras, la plataforma presidida por Francisco José Alcaraz ha exigido la “inmediata dimisión” del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por haber concedido beneficios penitenciarios a los terroristas.

"Estas excarcelaciones, los acercamientos a cárceles vascas o los permisos como el que ha disfrutado la sanguinaria Carmen Guisasola son la evidencia inequívoca de nuevos pasos en el proceso de negociación del Gobierno con ETA, renunciando de esta manera el Gobierno de España, a la principal reivindicación de las víctimas del terrorismo, la justicia", dice VCT en la nota.

Por este motivo, VCT pidió la “inmediata dimisión” de Rubalcaba “por su política de claudicación ante ETA, la cual ha quedado evidenciada por la vuelta de brazo político Bildu-ETA a las instituciones”.

Asimismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza, representada por VCT, anuncia que no acudirá al acto en homenaje a las víctimas del terrorismo el próximo día 27 de junio, organizado por el Gobierno en el Congreso de los Diputados. "No podemos apoyar los actos de hipocresía de quienes pretenden lavar su imagen homenajeando a las víctimas al mismo tiempo que permiten y justifican que Bildu-ETA esté en las instituciones", apuntan.

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