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Recortes de Prensa   Jueves 16 Junio 2011

 

Estado de malestar
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 16 Junio 2011

LA mayor paradoja de esta crisis es que, habiendo sido gestada por el capitalismo, está acabando con la socialdemocracia, ese último refugio de la izquierda tras el desplome del comunismo y el vaciado del socialismo. Podría pensarse que los inmensos daños causados a amplias zonas de la población por la orgía capitalista de las últimas décadas provocarían una desbandada general hacia la izquierda, pero lo que está ocurriendo es justo lo contrario: surgen gobiernos y fórmulas de derecha por todas partes. Aunque, si nos ponemos a pensar, tampoco es tan extraño. El capitalismo acepta las crisis como algo consustancial al desarrollo humano, y por tanto está vacunado contra ellas. Mientras, el socialismo busca la sociedad perfecta, y como la sociedad perfecta no existe, tiene enormes problemas en tiempos de crisis. Por otra parte, la ciudadanía es hoy mucho más sofisticada, ha visto en qué acaban los «paraísos» y prefiere la derecha.

La magnitud de la presente crisis, sin embargo, parece superar la capacidad del capitalismo de autocorregirse y estamos viendo cómo la recuperación se retrasa incluso en los países punteros. No estamos ante la clásica curva de expansión-recesión-recuperación, sino que la recesión se prolonga más allá de lo esperado e incluso hay países en caída libre. ¿Qué ha pasado? Posiblemente, que estamos en un cambio de ciclo. El modelo vigente desde la Segunda Guerra Mundial, basado en la democracia como fórmula política, el mercado como fórmula económica y una legislación social que ha conducido al Estado del bienestar, ya no da más de sí en sus parámetros actuales. Dicho de otra manera: el contrato social alcanzado hace medio siglo en Occidente, que lo ha llevado al nivel de vida más alto de la historia, es incapaz no ya de expandirse, sino de mantenerse, al carecer de las bases que lo sustentaban. Un simple ejemplo lo demuestra: el cálculo de las pensiones se hizo para una población que se jubilaba a los 70 años, con una expectativa media de vida de 74.

Últimamente, la edad de jubilación había bajado a los 65 años, mientras las expectativas de vida rozan los 80. Las cuentas no salen. Como no salen las de la sanidad, con personas cada vez mayores y tratamientos cada vez más caros. Para resumir: se necesita un nuevo contrato social si queremos mantener las prestaciones sociales. Un nuevo contrato que tenga en cuenta las nuevas realidades y no se limite, como hasta ahora, a seguir ampliando las prestaciones, por la sencilla razón de que si pretendemos prolongar el contrato anterior lo único que conseguiremos es hundirlo, con el consiguiente enfrentamiento de viejos y jóvenes, empresarios y trabajadores, ricos y pobres, empleados y parados, que empieza ya a notarse, con el Estado del bienestar deviniendo paulatina pero inexorablemente en Estado del malestar. Los «viejos buenos tiempos» no volverán, al menos por ahora. Si seguimos pretendiendo ganar cada vez más, trabajar menos, jubilarnos antes, cobrar pensiones más altas, crear empleo sin aumentar la productividad y ampliar indefinidamente nuestra deuda pública y privada, estaremos cavando, política, económica y socialmente, nuestra propia sepultura.

¿Es posible detener este proceso? Pues sí. Otros lo están haciendo, con buenos frutos. La fórmula se parece bastante a las curas de adelgazamiento tras una temporada de indulgencias con la comida y la bebida. De entrada, hay que recuperar el equilibrio financiero, algo para lo que hay dos caminos: o se recortan los gastos o se aumentan los impuestos. La derecha aboga por lo primero, la izquierda por lo segundo, sin ponerse de acuerdo. ¿Por qué no ambas cosas, lo que evitaría los extremos, siempre peligrosos? Es decir, recortar todos los gastos que no sean imprescindibles —los suntuarios, las gratificaciones, los premios y cuanto hay de «grasa» en el gasto público, que es muchísimo— al tiempo que se eleva el gravamen sobre lo improductivo y superfluo. La combinación de ambas medidas podría cortar en buena parte la hemorragia que vienen sufriendo las arcas públicas.

Pero lo más importante es corregir la actitud tanto de las administraciones como de la ciudadanía, su norma y su comportamiento. Una de las cosas que se han perdido y convendría recuperar es el espíritu de ahorro que tenían nuestros mayores, sustituido por la pasión de endeudarnos, avivada por las facilidades que nos daban para ello. Causa de que la deuda pública y privada alcance proporciones astronómicas. Y de que tengamos montones de cosas que no sirven para nada, desde aeropuertos sin tráfico a un vestuario que no cabe en los armarios. Ya sé que eso promueve la producción, pero también sé que las deudas hay que pagarlas y que el viejo ahorro podría financiar la producción mucho más razonablemente.

Al mismo tiempo, hay que devolver su prestigio al esfuerzo, al afán, a la diligencia, con su justa recompensa, después de haber puesto en un altar el ocio, la diversión y el almuerzo gratis. Cuando no hay almuerzos gratis, alguien tiene que pagarlos; si no somos nosotros, serán las generaciones que nos siguen o los que se van al paro.

El nuevo contrato social debe incluir también unas nuevas relaciones de la ciudadanía con la clase política. Se supone que el papel de los políticos es estudiar los problemas internos y externos que le vayan surgiendo al país y dirigirlo por el camino más conveniente. Últimamente, sin embargo, los papeles se han invertido: ya no son los políticos los que dirigen a los ciudadanos, sino los ciudadanos los que dirigen a los políticos. Y esto, que parece tan democrático, puede no serlo en absoluto, como ha ocurrido con esas manifestaciones callejeras, que se arrogaron incluso el derecho de violar la ley en plena jornada electoral, cuando lo único correcto era expresar la voluntad individual a través del voto. Por este camino, solo conseguiremos falsificar la democracia, entregar el mando al que más grita, no al que tenga más razón, o, simplemente, a una masa anónima, generalmente extremista. Pero lo que hemos conseguido es que los políticos se preocupen más de satisfacer las demandas inmediatas de «la calle» que las necesidades generales y a largo plazo del país. Algo muy peligroso, si olvidamos que entre los cometidos más importantes de los gobiernos está el proteger a la ciudadanía de sus propios excesos y de la demagogia que situaciones extremas suelen generar.

Volviendo al comienzo, no hay fórmulas mágicas para solucionar esta crisis, por no tratarse de una crisis como las demás. Estamos más bien ante un cambio de ciclo, ante un nuevo escenario tanto nacional como internacional, con nuevos desafíos y nuevos protagonistas. De ahí que se requieran nuevas soluciones. No se supera con fórmulas simples de izquierda o derecha, sino con un nuevo contrato social que tenga en cuenta los intereses de todos los ciudadanos —hombres y mujeres, jóvenes y viejos, empresarios y trabajadores, empleados y parados—, así como los intereses generales del país y las circunstancias que reinan en el mundo. Algo difícil, como es siempre encontrar el equilibrio entre intereses contrapuestos. De ahí que lo primero que tendrá que hacer el próximo gobierno es exponer a los españoles la situación en que se encuentran, sin tapujos. Y los complejos, imaginativos y duros remedios que requiere. Aparte, mejor dicho, antes que nada, de dar ejemplo de austeridad, sinceridad y ética. ¿Es mucho pedir?

JOSÉ MARÍA CARRASCAL ES PERIODISTA

Sin honor
César VIDAL La Razón 16 Junio 2011

Con un ZP que parece haber convertido sus iniciales en símbolo de «Zombi Perdido», ha comenzado ya a surgir un grupito de cabezas del progresío entregado a la tarea de aconsejar al todavía presidente del Gobierno para que logre pasar a la Historia con honor. Sin duda, estos personajes se guían por los mejores sentimientos y los más nobles ideales, pero su misión es más imposible que cualquiera de las protagonizadas por Tom Cruise. Si ZP tuvo alguna vez el menor sentido de lo que es el honor debió perderlo hace muchos años. A decir verdad, lo pisoteó de manera sistemática antes de llegar a la Moncloa. Mientras su partido firmaba el pacto por las libertades y contra el terrorismo, ya andaba en conversaciones con ETA como ha terminado contando alguno de los protagonistas.

Después llegó un 11-M seguido por el cerco a las sedes del PP y la violación de la jornada de reflexión por Rubalcaba, dos hechos de una extraordinaria vileza que ZP se ha resistido a condenar repetidas veces porque sabe hasta qué punto le ayudaron a llegar a la Moncloa. Vinieron luego los intentos desalmados de aplastar a las víctimas del terrorismo que no estaban dispuestas a dejarse humillar en uno de los procesos más vergonzosos de la Historia contemporánea.

Y por si eso podía causar poca indignación – de la real, no de la de los perroflautas– se dedicó a insultar a media España y a mentir a la otra media sumergiéndola en una apertura de heridas que no ha limpiado nada y lo ha ensuciado casi todo. Todo ello anduvo acompañado por el embuste sistemático en episodios como la liquidación del Plan Hidrológico Nacional para satisfacción de los nacionalistas catalanes; la intervención en Endesa para alegría de los mismos y, al fin y a la postre, desastre de los españoles o el impulso a un inconstitucional Estatuto de Cataluña que ha dejado baldado a nuestro sistema democrático.

En paralelo, el ZP que engañaba y se jactaba de sus embustes aniquilaba décadas de diplomacia española, renunciaba a nuestro lugar en la Unión Europea y se abrazaba complacido con los dictadores más asquerosos del globo. A todo ello hay que añadir el cinismo incomparable y chulesco de ocultar datos sobre la crisis, de fanfarronear descaradamente sobre la situación de nuestro sistema financiero y de hundir en la miseria a una economía próspera. Hay quien dice que ZP ha pactado con el Diablo. Tengo para mí que, de convenirle, habría llegado a un acuerdo con el mismísimo cardenal Rouco.

Después de ser el responsable directo de más de cinco millones de parados, se hubiera esperado que dimitiera tras el varapalo electoral del 22-M. Sin embargo, sigue aferrado al sillón monclovita mientras la economía nacional agoniza. ¿Honor? No. ZP pasará a la Historia marcado indeleblemente por la deshonra de, entre otras desgracias, haber dejado como un erial a una nación que se encontraba entre las primeras de la UE y que ahora necesitará no menos de una década para volver a los niveles de empleo que él encontró en 2004. Quizá algunos opinen que para que se piense que su alma zapateril abriga un átomo de honor la única salida que tendría sería la de comportarse como un samurái deshonrado aplicándose el harakiri. Tampoco hay que exagerar. Yo me conformo con que convoque elecciones anticipadas.

Indignados
Sembrar vientos
José García Domínguez Libertad Digital 16 Junio 2011

Por razones de economía de espacio, considere el lector enunciada la obvia repulsa moral que a todo ser sumariamente civilizado ha de merecerle lo acontecido en Barcelona. Dicho eso, permítaseme que glose una forma de barbarie que, con el tiempo, ha ido ganando la solera propia de las tradiciones locales. Recuérdese al respecto el asedio padecido por la diputada Rosa Díez en el interior de una dependencia pública, la Universidad Autónoma de Barcelona por más señas. O los precedentes parejos sufridos por Fernando Savater, Jon Juaristi, Francisco Caja, Aleix Vidal Quadras o José María Aznar, entre muchos otros. En ningún caso inopinadas excepciones sino, bien al contrario, rutinaria confirmación de una norma consuetudinaria en la plaza. Ésa que prescribe acallar, de grado o por la fuerza, a quien no asienta sumiso a la vulgata identitaria.

Muy patriótica violencia cerril ante la que las cotorras oficiosas de TV3, esas desoladas plañideras que ahora tanto se desgañitan en su pesar, siempre saben guardar cómplice silencio. Connivencia que igual les empuja a jalear los alardes insurreccionales del mismo establishment que hoy huye del Parlamento oculto en helicópteros y furgones blindados. Ora presumiendo de pasarse por el forro de su soberana voluntad las sentencias firmes de la Justicia, tal como el insumiso Mas frente al mandato de reinstaurar el bilingüismo. Ora recreándose en el gamberrismo institucional, al modo de la ínclita Montserrat Tura cuando, aún consejera de Justicia, alardeaba de vetar la lengua común en becas y expedientes.

Ora propalando el abierto repudio a la Ley, así el pobre Montilla ante el dictamen del Constitucional sobre el Estatut. Et caetera. Por no mentar la cómica ristra de alcaldes de pueblo que se dicen "desvinculados" de la Carta Magna. Y es que, de un cuarto de siglo a esta parte, no hay rincón de la Generalidad donde falte un Cromwell presto a proclamarse lord protector de Cataluña para pisotear las normas todas del Reino. Al tiempo, en cada presidencia de consejo comarcal mora un Che Guevara dado a echarse al monte trabuco en ristre. Nada más omnipresente que su olímpico desprecio hacia el Estado de Derecho. Cada día, una lección magistral. La más eficaz pedagogía del vandalismo antisistema que quepa imaginar. Sembraron vientos. Ahí tienen la cosecha.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Indignados
¡No es esto, no es esto!
Cristina Losada Libertad Digital 16 Junio 2011

Cuatro semanas después de la aparición de un novedoso e interesante fenómeno, incluso su claque más entusiasta está a punto de exclamar aquello de Ortega: "¡No es esto, no es esto!" Vale. Pero antes de darles la bienvenida al club, digamos que era "esto" desde el minuto cero. Ni siquiera tienen el mérito de haberse quitado la venda de los ojos. Se la han quitado a hostias. Así cualquiera ve las estrellas. Los propios implicados, los fundadores, los padres que incubaron a la criatura, se desvinculan de los actos más agresivos y feos. Hablan de una perversión, de una desviación de los principios del principio. Ay, la salvación por los principios, tan vieja y achacosa ella, otra vez en danza. Lean a Revel los que aún leen. La causa era buena, la teoría, fantástica, sólo ha fallado un poquito la praxis. Y así se acaba por endosar el muerto a esa minoría que no representa. Nunca ha sido nadie.

¿Y qué esperaban? La calle tiene su propia ley. La calle, como la asamblea, es tierra abonada para el totalitario, razón por la que se ha de acudir allí con especial cuidado. En tales ecosistemas siempre ganan las especies más radicales. Ya el propio carácter de movilización permanente apuntaba. Mantener a la sociedad movilizada es la meta de los ismos políticos más nefastos. Identifican a la calle con el pueblo y al parlamento con los enemigos del pueblo. Y el pobre Gómez aún propone entrar en diálogo. Pero es que ha jugado la izquierda, en extraña compañía de alguna derecha, la astuta doble carta. Desde el sistema, pero qué bien nos vienen los antisistema. Y ahí está el soy-uno-más Cayo Lara, que da pena y no da crédito tras recibir el bautismo de sus ahijados coléricos. Pues sí, el que era un movimiento transversal ejerce una transversal violencia. Igualitario.

Ahora, a ver qué dice la sociedad que, al parecer, concedía un aura de legitimidad al espectáculo. Y puede que así fuera. No en vano España, que saltó de golpe de la tradición encorsetada a la desregularización manos libres, ha tenido dificultades de juicio durante décadas. No sabía si era lícito o ilícito que se cercaran sedes de partidos, se atizara a los contrarios a una huelga, se sabotearan actos de no nacionalistas. Aún hoy no saben algunos si es bueno o malo poner bombas y asesinar al adversario. ¿Dónde están los límites? Pocos se atreverán a pronunciarse. Así, sólo rige un criterio infalible: estar con lo que diga la mayoría.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Indignaciones, esperpentos y pronósticos
Luis del Pino Libertad Digital 16 Junio 2011

Ayer, las concentraciones convocadas por Democracia Real Ya terminaron degenerando en un espectáculo bochornoso, que demuestra que en estos momentos el timón de la nave española carece de mano que lo empuñe.

Permítanme que haga un breve resumen de lo sucedido ayer, que realice una evaluación de esos sucesos y que trate de efectuar unas cuantas predicciones sobre lo que nos vamos a encontrar en el próximo futuro.

Ayer, lo que debía haber sido una protesta pacífica terminó degenerando en una coacción antidemocrática contra todo un parlamento autonómico, igual que en días anteriores se habían coaccionado antidemocráticamente las sesiones de constitución de numerosos consistorios municipales. El día nos dejó infinidad de imágenes, a cual más esperpéntica: a un diputado socialista le tiñeron el pelo de rojo con pintura; a Joan Herrera, de ICV, le llamaron "chorizo" y le tiraron cáscaras de plátano; a un diputado ciego de Convergencia y Unión trataron de robarle el perro guía; al diputado independentista Alfons López Tena le abroncaron y escupieron; al presidente autonómico, Artur Mas, le abollaron el coche a golpes...

La imagen más desoladora fue la de ver a medio gobierno catalán teniendo que recurrir al helicóptero para acceder al Parlamento, y contemplar la estampa de numerosos diputados autonómicos siendo transportados hasta el interior del recinto en furgón policial, como vulgares delincuentes.

El día terminó en Barcelona con los manifestantes gritando consignas contra los sindicatos ante la sede de Comisiones Obreras de Barcelona.

No fueron los únicos incidentes. En Madrid, durante una concentración contra un desahucio hipotecario, Cayo Lara fue zarandeado y abroncado cuando trató de sumarse a los manifestantes. "Aprovechado, no nos representas", le gritaban.

Esa es, a grandes rasgos, la crónica de un día negro. Vamos ahora con la evaluación de lo sucedido.

Los hechos de ayer demuestran cuál es la verdadera naturaleza del movimiento 15M. Durante semanas, muchas personas han tenido la sospecha de que el 15M era un movimiento orquestado desde los aledaños del Partido Socialista y dirigido contra ese Partido Popular que se ha situado, con su inapelable victoria en las municipales, en condiciones de gobernar España a corto plazo.

Sin embargo, la cruda realidad es aún más peligrosa. Porque si los hilos del 15M estuvieran manejados por un Rubalcaba, al menos nos quedaría el consuelo de que se trata de un movimiento controlable, y que por tanto se podría desactivar a voluntad. Pero no es el caso. Lo que hace verdaderamente peligroso al movimiento 15M es, precisamente, que nadie lo controla: se trata de un movimiento descontrolado y que irá descontrolándose más a medida que pasen las semanas. Y se trata un movimiento dirigido, como pudimos ver ayer, no contra ningún partido concreto, sino contra todo el sistema en su conjunto y contra toda la clase política.

Es verdad que Democracia Real Ya se ha desmarcado de los episodios violentos vividos ayer, que ha condenado las agresiones a representantes públicos y que ha hecho un llamamiento a que las protestas se realicen de manera pacífica.

Pero eso no es suficiente. Admito que pueda ser una minoría violenta la responsable directa de los episodios vergonzosos vividos ayer, pero si el grueso de los simpatizantes de Democracia Real Ya no es capaz de controlar a esa minoría violenta, se estará haciendo corresponsable de lo que esa minoría violenta haga. Si no puedes garantizar que no se producen coacciones injustificables a los representantes políticos, no convoques tus protestas a las puertas de los consistorios, ni de los parlamentos. Si no eres capaz de evitar el peligro, evita entonces la ocasión. Y si no lo haces, entonces es que buscas conscientemente el peligro.

Permítanme que trate de entrar, por último, en el resbaladizo terreno de las predicciones: ¿Qué va a pasar ahora?

No tengo el don, desde luego, de la presciencia. Pero sí que estoy siguiendo este tema con atención desde muchas semanas antes del 15M y hasta el momento no me he equivocado a la hora de anticipar desarrollos. Dije antes de las elecciones municipales que este no era un movimiento destinado a reventar la jornada de reflexión y no me equivoqué. Dije que no era un movimiento contra el Partido Popular, sino contra toda la clase política, y así se ha demostrado. Dije que lo importante no eran las acampadas, sino las protestas contra los recortes presupuestarios que se iban a vivir después del 22M, y las imágenes del Parlamento catalán secuestrado ayer lo confirman.

Con la escasa y discutible autoridad que me confiere el no haberme equivocado hasta el momento, déjenme que les haga unas cuantas predicciones:

1) Dentro del movimiento 15M hay una minoría violenta tratando de hacerse con las riendas de las protestas. Por su parte, los poderes públicos podrían sentir la tentación de dejar que el movimiento se radicalice a placer, para así restarle apoyo social y poder desarticularlo más fácilmente. Pero no caigan ustedes en el error de suponer que la repetición de episodios violentos como los vividos ayer representaría necesariamente el fin de las protestas. El fenómeno de la violencia, y de su influencia en la sociedad, es demasiado complejo como para poder anticipar cuál será la reacción de la opinión pública ante episodios de violencia puntuales o repetidos.

Por ejemplo, la experiencia en el País Vasco demuestra, para escándalo de quienes queremos creer en el ser humano, que las sociedades pueden llegar a veces a criminalizar a la víctima, antes que al criminal. Y la experiencia de mayo del pasado año con los "indignados" griegos ha dejado claro que incluso episodios de violencia extrema pueden servir tan solo para aplazar las protestas durante muy pocos meses, resurgiendo la indignación mucho más intensamente pasado ese tiempo.

Por tanto, si alguien se dedica a seguir jugando con fuego, podríamos encontrarnos todos con la sorpresa de que la violencia, lejos de desactivar el movimiento 15M, contribuya a hacerlo más fuerte. Y como creo que nuestros servicios de información no son idiotas, tengo la sensación de que mucha gente va a poner un especial empeño en tratar de evitar episodios violentos en el futuro. Aunque reconozco que ésta es una predicción muy arriesgada: al fin y al cabo, ya decía Eurípides que "cuando los dioses quieren destruir a alguien, primero le vuelven ciego".

2) En segundo lugar, el día de ayer ha representado un auténtico shock para nuestra clase política, precisamente porque ha quedado claro que ningún partido político está en condiciones de controlar este movimiento que nadie sabe cómo clasificar. Lo que implica que no hay nadie con quién "negociar" para desactivar el movimiento. En consecuencia, me atrevo a pronosticar que vamos a ver, a no muy largo plazo, algún gesto de la clase política, tendente a contentar al menos a una parte (la menos exaltada) del movimiento 15M y a reducir el número de indignados potenciales. E intuyo que esa reacción se producirá según las líneas marcadas hace un par de días por Esperanza Aguirre (que vuelve a demostrar que es la persona con mayor cintura política de este país): resolución del espinoso tema de la dación en pago en las hipotecas y reformas tendentes a cambiar el marco electoral, dentro de lo que la Constitución permite.

3) Que eso sea suficiente para aplacar a los integrantes del movimiento 15M dependerá de la fuerza real que el movimiento tenga en estos momentos. Un buen test lo constituirán las manifestaciones previstas para este domingo. Mi intuición es que la asistencia a esas marchas va a ser mucho más numerosa que el pasado 15 de mayo. Pero, en cualquier caso, lo cierto es que después del domingo podremos evaluar mucho mejor el "músculo" de la protesta y calibrar si las reformas a las que hacía referencia en el apartado anterior van a ser suficientes o si, por el contrario, España se encamina a una situación de contestación social cada vez más fuerte, que sólo podría terminar en un nuevo proceso constituyente.

Sea como sea, lo que está claro es que el Gobierno ha perdido toda capacidad de control de los acontecimientos. España se encuentra, en la práctica, sin gobierno. Y nos esperan nueve largos meses de agonía antes de las siguientes elecciones generales.

Así que a las tres predicciones anteriores voy a añadir una última consideración, aunque en este caso no me atrevo a predecir nada, porque los intereses en juego son enormes y no tengo ni idea de quién se terminará llevando el gato al agua. Me refiero a la posibilidad de que se convoquen elecciones anticipadas.

A lo largo de las próximas semanas se irán incrementando las presiones de todo tipo de instancias para la convocatoria de elecciones a la vuelta del verano. Esas presiones no tienen por qué tener necesariamente éxito, porque ni a la cúpula del PSOE ni a la del PP les conviene afrontar ahora una cita electoral, y porque las instancias internacionales están a su vez presionando para que el PSOE acometa una serie de reformas económicas antes de dejar el poder.

Pero la cuestión es si PSOE y PP van a poder resistirse a la presión de quienes se están preguntando si estamos aún a tiempo de salvar, al menos, algunos de los muebles institucionales. Y quienes se hacen esa pregunta están comenzando a estar más preocupados por el posible estallido institucional que por una quiebra económica que creen ya segura.

¿Quién se terminará imponiendo en esa lucha? Pues va a depender de cuál de las dos presiones sea más fuerte: si la externa, la de los mercados de deuda, o la interna, la presión en la calle.

Parece mentira, pero el movimiento 15M va a marcar el futuro del país mucho más de lo que el propio movimiento se imagina.

Alegato a favor de la libertad
JUAN VELARDE FUERTES ABC 16 Junio 2011

Es posible que estemos contemplando las últimas decisiones de una Administración socialista en España. Pero, de pronto ha mostrado con claridad un aspecto muy desagradable de oposición a la libertad, dejando aparte sus planteamientos en el terreno de la economía que, desde 2004, al no intentar siquiera modificar el modelo de desarrollo económico que heredaba, han llevado a España —dejando aparte las herencias bélicas— a la situación económica más grave que nunca ha tenido este país.

Como bien señala Laura Peraita en su nota «Tijeretazo a la libertad», aparecida en el ABC Familia, el 3 de junio de 2011, esto es lo que sucede, además a costa de la eficacia educativa, esencial para el progreso económico, cuando «impulsado por Leire Pajín, a Zapatero le han entrado las prisas por retirar, antes de que acabe la legislatura, la subvención pública a casi un centenar de colegios de educación diferenciada, tal y como recoge la Ley Integral para la Igualdad de Trato y de no Discriminación». Una equivocación pedagógica colosal, como se demuestra en ese ejemplar de ABC Familia, pero, sobre todo, un ataque directo a la libertad de las familias.

Inmediatamente ha aparecido la presión sobre la Real Academia de la Historia para que altere el contenido de algunos aspectos de esa aportación espléndida que es su «Diccionario Biográfico Español». Una persona, que en tiempo de Franco tanto le combatió, como es el escritor Ignacio Gracia Noriega, el autor de esa gran novela que es «El paso de Faes», quien señalaba en «La Nueva España» el 3 de junio de 2010, que «la intervención de la propia ministra de Cultura» y el ambiente creado por multitud de personas que, como dice Gracia, «es posible que no hayan abierto un diccionario en su vida», es algo que «no solo implica una enormidad en la concepción de la Historia (en la que sólo cabe una única interpretación, la de «esa gente»), sino algo muchísimo más grave: la vuelta a la censura». Y Gracia Noriega añade: «Ya no se trata de que se cometan crímenes en nombre de la libertad; es que invocándola, por parte de personas que temo que crean poco en ella, se plantean verdaderas burradas». En este caso concreto, que sean las discrepancias políticas y no los debates científicos, que son las que pueden, y deben, ser muy duros, los que prevalezcan, pero sin supresión de los lugares de expresión de los posibles argumentos contrapuestos. Los economistas siempre hemos tenido que estudiar la violentísima «batalla del método», con argumentos durísimos entre la escuela de Berlín y la de Viena, y con consecuencias, para la política económica, considerables. Pero, ¿pensó alguien, en aquellos momentos, cerrar la Verein für Sozialpolitik, suprimir el «Schomllers Jahrbuch» o, enfrente, liquidar al «Jahrbucher für Nationalökomie» o impedir la difusión del «Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschften und der Politischen Ökonomie insbesondere» de Menger?

Lo muy grave que subyace es que, en España, se acaba, con estas dos cosas, por dar la razón a Hayek. Cuando leí su obra, a su vez muy polémica y da la impresión que profética, «The Road to Serfdom», o sea «El camino hacia la servidumbre» (Routledge, 1944), tras la crítica que le hizo Valentín Andrés Álvarez en «Moneda y Crédito», prácticamente desde el punto de vista de la Escuela de Friburgo, me pareció que Hayek exageraba, y que la socialdemocracia había aprendido de lo que había supuesto el sendero de bolcheviques, espartaquistas, maoístas y demás desviaciones de Marx hacia la izquierda, para no ser respetuosa con la libertad. Pensaba yo entonces que los mensajes que emanaban de la Fabian Society pasaban a constituir la base de un socialismo moderno. Por ahí camina actualmente el libro de cierta fama de Gidden, o las observaciones de Ignacio Sotelo o el ensayo de Elizabeth Durbin, «New Jerusalem. The Economics of Democratic Socialism» (Routledge, 1985). Pero he aquí que nuestro PSOE se ha deslizado hacia el largocaballerismo, como si renaciese ahora Álvarez del Vayo. Y ratifica lo que señalaba Hayek: que el socialismo es un camino hacia la pérdida de la libertad, o sea hacia la servidumbre.

Estos dos síntomas recientes tienen una gravedad extraordinaria, porque coartan, en un caso la libertad de los padres, y en el otro, la de un académico tan prestigioso como Luis Suárez y la de todos los académicos de la Historia. ¿O es que con él y su artículo «Francisco Franco Bahamonde» vamos a crear una situación análoga a lo sucedido con el artículo «El rasgo», de Emilio Castelar? ¿Es que ahora la ministra de Cultura, González-Sinde, toma lecciones del marqués de Orovio?

Bloquear la libertad es muy grave desde el punto de vista de la convivencia, pero también desde la búsqueda de una salida a la crisis actual. La autoridad de los Friedman (Milton y Rosa), en su «Free to choose. A personal statement» lo señala de modo claro cuando indica en las págs. 200-201 de su traducción española (Ciro Ediciones, 2011), que «una sociedad libre desata las energías y capacidades de las personas en busca de sus propios objetivos. Esto impide que algunas personas puedan arbitrariamente aplastar a otros». Luego, si el objetivo es buscar ese aplastamiento, y con ello liquidar la libertad, las energías y capacidades, se esfumarán. He ahí posiblemente la raíz, jugando un poco con un título famoso de Karl Popper, de «la pobreza del socialismo».

JUAN VELARDE FUERTES
ECONOMISTA

Carta a un amigo periodista indignado con los indignados
Juan Julio Alfaya http://la-democracia-nunca-es-perfecta.blogspot.com 16 Junio 2011

Muy estimado Manuel:

Me siento muy orgulloso de participar en Acampadatui. ¿Por qué estoy en esto a mis 66 años? Porque hace tiempo tengo muy claro que lo que llamamos democracia española es en realidad una dictadura democrática o una democracia blindada que privilegia a una élite política y financiera que nos está llevando a los más a la ruina mientras unos pocos se enriquecen.

Se habla de la violencia de los indignados, pero no de la violencia institucional de quienes defienden con uñas y dientes sus privilegios y le hacen pagar la factura de la crisis provocada por ellos mismos a los ciudadanos de a pie, a los jóvenes, a los jubilados, a padres y madres con hijos, a los ancianos, a los dependientes, a los que no pueden operarse en la clínica Ruber y aguardan con callada resignación en las listas de espera de la Seguridad Social y, en general, a los más desfavorecidos.

Tú dices que esto se nos ha ido de las manos. Yo creo que a quienes se les fue "esto" de las manos fue a políticos y banqueros. Estos sí que se han pasado tres pueblos y ahora nos quieren hacer pagar a nosotros la factura del desastre que ellos mismos provocaron. Y, claro, no comulgar con semejantes ruedas de molino es, a tu modo de ver, dar "un golpe de estado pequeñín".

Lo grave sería que con la que nos está cayendo a los de abajo la gente no se movilizara y permaneciese de brazos cruzados abducidos por el televisor. Eso sí que sería preocupante.

No hay tal golpe de estado, ni pequeño ni grande, ni ganas de llevarlo a cabo. Hay, eso sí, la urgente necesidad de un cambio profundo de unas estructuras y unas leyes que sirvieron para hacer la Transición, pero que ya no dan más de sí. Hay una llamada a la cordura a una clase neofeudal ciega y sorda que no quiere renunciar por nada del mundo a sus privilegios.

Pero nosotros vamos a seguir adelante, le pese a quien le pese. No le tenemos miedo a las campañas de deslegitimación del movimiento 15-M, ni a las estrategias neonazis de algunos "cargos electos" como Felip Puig cuyo historial está plagado de "graves irregularidades" por decirlo de forma suave. Entérate: http://es.wikipedia.org/wiki/Felip_Puig . Tampoco le tememos a los oportunistas ni a los reventadores. Vamos a continuar reuniéndonos, debatiendo, estudiando, analizando, pensando (¡horror!), concentrándonos, protestando y cortando poco a poco los hilos de esta telaraña de mentiras en las que algunos creen ingenuamente habernos atrapado.

Es cierto que, a veces, durante las tormentas, los ríos se desbordan y causan daños. Es inevitable. Peor sería que estuviesen secos.

Un abrazo. Juan Julio Alfaya

Presuntos indignados
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 16 Junio 2011

El voto no es el final de la democracia, pero sí su principio, su piedra angular y el cimiento del edificio democrático. Nada más cierto que tras la urna hay vida, que es imprescindible que haya participación y que la sociedad ha de tener cauces para esa posterior intervención en la vida pública y política tras depositar su papeleta y elegir a sus representantes. Pero la aberración de pretender suplantar ese origen de legitimidad, el del voto, el de un hombre-un voto, por fórmulas coactivas, apellidadas de la manera que se quiera, es el preludio del totalitarismo y la negación misma de la democracia.

El Movimiento 15-M tuvo su origen en el descontento con la casta política, con sus hábitos y su primera exigencia de cambiarlos, de mayor participación, de mayor democracia en suma despertó simpatías generalizadas. Situado esencialmente en el campo de la izquierda supuso y ha de suponer una reflexión y acción posterior en lo que ha de ser un muy diferente mensaje a los ciudadanos y sobre todo a sus propios votantes, perplejos “indignados” ante la asunción de postulados que chocan frontalmente con sus principios esenciales.

Hasta ahí bien. Nada que objetar y mucho que aplaudir a esa toma de conciencia y ese protagonismo en buena parte joven en el debate y en la acción. Pero algo muy grave se ha torcido y amenaza hoy a todos y a los primeros a quienes los iniciaron.
La primera cuestión de fondo y forma es que no cabe pretender suplantar la voluntad del pueblo soberano depositada en una urna por una asamblea de manos alzadas por unos cuantos en una plaza. Los de la plaza se representan únicamente a sí mismos aunque no se sientan por los otros representados. La segunda es que confundir la crítica al ejercicio de la política con negar la legitimidad de unos cargos electos que sí representan a miles y millones de personas que los ha elegido.

Y de ello se ha pasado, casi inevitablemente, a la actual situación donde ese origen del movimiento ha sido violentado, deformado y luego secuestrado por algo muy diferente y profundamente negativo. Los derechos de manifestación no son los de coacción, ni ocupar cuando a cada uno nos venga en gana el espacio público, ni incumplir las leyes que nos obligan a todos. Eso no es Mas Democacia, eso es antidemocrático. Los derechos y las libertades acaban donde empiezan los de los demás.

La alarmas se fueron poco a poco encendiendo y cada vez han ido parpadeando con mayor fuerza. La pretensión de cercar el Congreso, el acoso y persecución a los concejales que iban tomar posesión de sus cargos y ahora la violencia, porque es violencia contra las personas y contra sus representados lo que ha perpetrado en Barcelona. La coacción y amenazas al alcalde de Madrid, a su mujer y sus tres hijos en la puerta de su casa, de la que nadie asume paternidad pero que es hija de este clima creado, concreta en una imagen la gravedad y calado de lo que sucede y de lo que puede acaecer mañana. La borrokización y batasunización de España, porque por mucho que se clame que no existe parangón la imagen de esos bildus proetarras persiguiendo al concejal de Elorrio tiene un hilo de conducta directo y exacto con estas amenazas y acorralamiento a un alcalde a un concejal o a un diputado. El algo con lo que el 15-M ha de cortar , denunciar y erradicar sin excusa alguna de su seno.

Pero hay otras responsabilidades en esta preocupante deriva que no son del 15-M. La primera es del ministro Rubalcaba. Dejo aparte el asunto de la jornada de reflexión donde ya la situación, que tuvo un antes previsible, se le había desbordado. Su inacción, pues esta ha sido su única política ante lo que era una continua conculcación de leyes, derechos de los demás ciudadanos, preservar el normal desenvolvimiento de la actividad ciudadana, ha derivado en una impunidad absoluta, en un ciscarse completo en toda norma y ley, en una barra libre para la algarada y el acoso. El ministro ha hecho dejación total de sus funciones. Por cobardía política y por calculo. Y todo finalmente se le ha vuelto en contra. Ahora tiene una complicadísima situación de incivismo y desprecio a las leyes.

En su cálculo y en el de otros de sus correligionarios ha estado y está el aprovechamiento de las inercias desatadas, una quimera que denota irrealidad y cierta desesperación ante la perdida del apoyo popular. Dirigir esas iras contra la “perversa” derecha es la tentación. Sin percatarse que en esa diana están ellos también. Y, como ha probado en propias carnes, hasta Cayo Lara. Porque los grupúsculos que copan ahora las protestas están en otra cosa, en el antisistema, en la negación de la democracia.

Corresponsables, y no en pequeña medida han sido también determinados medios de comunicación, que han jaleado de manera insensata algunas derivas que ahora muestran su peor cara. Las teles “progres”, El Pais, el Mundo, sobre todo en su versión digital cuya línea editorial es cada vez más no solo diferente sino exactamente contraria a la del diario impreso y “Publico”, que parece creer que hay está el manantial que salvará al zapaterismo moribundo, han desorbitado el acontecimiento, los han sobredimensionado y han permanecido ciegos voluntariamente ante sus excesos, su deriva cada vez más intolerante y extremista, sus hechos coactivos y han justificado acciones y hechos intolerables en un Estado de Derecho y en una Democracia. Han alentado y aplaudido lo que era un directo ataque a las personas, a la representatividad popular y a los votantes. Según sus más arrebatados voceros, el ser insultado, acosado, amenazado, perseguido, marcado y zarandeado, “va en el sueldo”. A tal irresponsabilidad se ha llegado. Quizás, ante la escalda en la gravedad de los hechos, algunos entiendan cuales son las líneas que jamás deben traspasarse y que han traspasado.

La hoja de ruta de los hijos de ...
Vicente A. C. M. Periodista Digital 16 Junio 2011

Creo que fue mi paisano y portavoz de Justicia del PP, D. Federico Trillo quien dijo allá por abril que "mientras el Gobierno cumpla lo acordado en el Pacto anti Terrorista, los populares le apoyarán". Pues mucho me temo que esas palabras ahora parecen huecas y que retratan al PP como un subordinado a lo que haga Rubalcaba. La última es la excarcelación de siete etarras en régimen de libertad total, aunque eso sí "controlados" por pulseras como si fueran aves de paso migratorias, cuando en realidad son pajarracos carroñeros. Por si fuera poco, se le ha concedido a la etarra asesina de cuatro personas, Carmen Guisasola, un periodo vacacional en libertad de tres días, para que los disfrute cuando ella quiera.

Por otro lado y siguiendo al pie de la letra lo reflejado en las actas de las reuniones de ETA y el Gobierno, se continua con el progresivo acercamiento de presos etarras a cárceles próximas o situadas en el mismo País Vasco, como la de Nanclares de Oca. Es decir, la hoja de ruta se va cumpliendo de una forma inexorable y encaminada a una traca final cuyo momento podemos adivinar como inmediatamente anterior a las elecciones generales. Una vez más, Rubalcaba, con la inestimable ayuda de los magistrados de cuota del PSOE del Tribunal Constitucional y de Instituciones Penitenciarias dependientes de su Ministerio, maniobra para conseguir el golpe de efecto que le haga reducir o dar un vuelco a las encuestas.

Y por si eso falla, ahí está el movimiento anexo a los del 15M, para mantener el ambiente de crispación, coacción y reivindicaciones variopintas que harán incómodos los gobiernos de Alcaldías y Comunidades donde el PP ha obtenido la mayoría y les ha echado de décadas de absolutismo. Todo un plan que, en conjunto, lo único que pretende es que el PP no llegue al poder para así poder seguir avanzando en la descomposición de España y que las secesiones de El País Vasco y Cataluña sean más que una aspiración, una cruda y vergonzosa realidad.

Y me pregunto ¿Querrá el PP seguir mirando hacia otro lado y mantener un Pacto que el PSOE y este Gobierno en funciones lleva incumpliendo durante años? ¿Qué más pruebas necesita el Sr. Trillo y el Sr. Rajoy para convencerse de que su actitud está siendo cómplice de esta estrategia del PSOE, o eso ya lo saben? Creo que cuando el Sr. Rubalcaba dice siempre que el PP mantiene un doble discurso, va en el sentido de que sabe positivamente que el PP conoce cada uno de los pasos que él da, porque él mismo se encarga de comunicárselo, quizás directamente a Rajoy o a través de su intermediario Trillo.

Es inadmisible el que el PP permanezca callado y ni siquiera haya comentado este goteo de excarcelaciones, acercamientos y privilegios que Rubalcaba está dando a los presos de ETA. Ya es una vergüenza para España el que la formación etarra BILDU haya conseguido instalarse en el País Vasco y Navarra. Ya es una vergüenza el que hayamos vuelto a la época de la coacción, el amedrentamiento y la persecución de los no nacionalistas. Ya es una vergüenza el que la bandera de España vuelva a ser ocultada, cuando no ultrajada y quemada como en otras épocas.

Pues a toda esa vergüenza, espero que no tengamos que sumar la de ver al PP huir de la pelea y dejar que estos traidores a España consigan completamente su objetivo. Quisiera tener una mínima esperanza de que esa traición no llegue a consumarse, pero me temo que una vez más mi confianza se verá frustrada, como la de tantos millones de españoles.

Frente a Rubalcaba, mas España y menos socialismo
Ricardo Chamorro www.elsemanaldigital.com 16 Junio 2011

El señor Rubalcaba ha llegado al poder del PSOE gracias a su propio dedazo que planea en la política española desde hace décadas.

Su actividad política juvenil comienza en el Partido Socialista en 1974, siendo un militante muy activo en la época del tardo franquismo. En esa época ETA se movía como un ente revolucionario afín y justificado en sus asesinatos por la izquierda global, a la que ETA pertenece. Rubalcaba participo activamente en el PSOE posterior a 1979 que les daría la posibilidad de coquetear con el poder económico más corrupto y amoral, transitar por las cloacas del estado, así como poner en práctica las técnicas de ingeniería social de la izquierda progre desde el punto de vista de la educación, los valores y la sociedad.

Manipulador hasta el tuétano, conocedor y dominador de las técnicas propagandistas totalitarias, controlador de las cloacas del estado, colaborador asiduo del poder económico más antisocial y antiespañol, así como infiltrado permanente en los grupúsculos antisistema, ultraderecha "Torrente", separatistas o simplemente de izquierda.

Hoy con el poder omnímodo, prepara la vuelta al control social y político apoyándose en la hoja de ruta con ETA, en los posos de la indignación del 15 M azuzando un sentimiento antisistema absolutamente encauzado frente a la derecha y diseñando mensajes subliminales y de consigna como decía el otro día en Sevilla "Aznar es el culpable de la crisis con la Ley del Suelo, ¡decídselo a todos!". Algunos no olvidamos los asaltos a las sedes del Partido Popular en el 2004, con la voz de Rubalcaba de fondo en los aparatos de radio y televisión.

Por mucho que se empeñe la izquierda en general, la política de libre mercado, respetuosa escrupulosamente con la propiedad y la libertad de los ciudadanos, así como libre en la competencia, es la única viable y posible para sacar a España de la crisis. La unidad de mercado en España, desburocratización de la administración estatal y autonómica, el ahorro sostenible con los derechos sociales, la trasparencia, la justicia, la consciencia y ensalzamiento de España como valor histórico, social, cultural y comunitario ante la globalización, la libertad y el respeto de cada uno de los ciudadanos españoles fuera de masas anónimas y manipulables, son algunas recetas para salir del fango en el que han metido nuestra nación los socialistas, advenedizos de la derecha económica y adláteres del separatismo multicolor.

Es cierto que, como en todo, hay una parte del capitalismo que es corrupta, amoral, especuladora y canalla pero precisamente gran parte de la aristocracia del dinero está muy a gusto con gentes como Rubalcaba que les guarda el redil a pequeño alcance y controla por medio del socialismo progre y el adoctrinamiento, cualquier revuelta contra sus intereses, aprovechando el río revuelto en beneficio propio.

El fracaso de la izquierda lo podemos ver en donde han sufrido el socialismo real. Cuba, China, Rusia o Venezuela son países donde se ha aplicado o se aplica el socialismo real y hoy son sociedades perfectamente controladas por mafias económicas de la cúpula de sus respectivas partidocracias totalitarias que se entienden perfectamente con el capitalismo mas deshumanizado y canalla, que hacen su negocio global en beneficio de sus propios intereses a costa de la explotación de los respectivos pueblos, a base de mucha retórica y del opio llamado socialismo.

Rubalcaba es muy peligroso porque representa el perfil de los llamados por Lenin "excitadores de clase" que crearon e instigaron problemas sociales en Pro del alcance del poder. Lenin ya refuto claramente el carácter espontáneo de los movimientos revolucionarios proletarios de su época, explicando su verdadera vocación de consecución de los intereses del partido. Hoy con Rubalcaba en el poder es terrorífico ver cómo crece y se alimenta una izquierda violenta y callejera que desde el 13 M de 2004 es amamantada y tolerada por el "Rasputín" de la Moncloa, en un ambiente salpimentado por la entrada de ETA-Bildu en las instituciones. Desde la Cadena Ser ya tratan de acercar a Rubalcaba al movimiento 15 M propagando las simpatías del candidato del PSOE hacia esta nueva "movida".

Ante la manipulación de la izquierda y del mensaje claro que están emitiendo al unísono de que la derecha es culpable de la crisis, es fundamental extender el mensaje de que la ruina de España es la de los valores políticos y económicos de la izquierda progresista y caviar que inunda todos los ámbitos de la vida española desde el punto de vista social, económico, cultural, laboral, moral…Como dijo Aznar la solución de la crisis se resume en más España y menos socialismo, si el Partido Popular consigue transmitir este mensaje y llevarlo a efecto podremos salir de la crisis y estaremos vacunados ante revueltas teledirigidas por las cloacas estatales que piden más del mismo brebaje ruinoso del que estamos empachados en España por obra y gracia de ZP.

¿Magistrados vitalicios?
Francesc de Carreras La Vanguardia  16 Junio 2011

Catedrático de Derecho Constitucional de la UB

A los partidos políticos les salen indignados por todas partes, no sólo en las plazas. También, incluso, en el Tribunal Constitucional. Como es sabido, tres magistrados cuyo mandato expiró en noviembre pero seguían en funciones, dimitieron de su cargo aunque el presidente del tribunal, el señor Pascual Sala, decidió no aceptar su renuncia.

Las razones alegadas por Sala no son del todo convincentes. Es cierto, como esgrime, que los procesos constitucionales pendientes son muchos y que se requieren ocho magistrados para que se constituya el pleno. Sin embargo, caso de haber aceptado las tres dimisiones, el pleno se hubiera podido constituir válidamente con un tribunal compuesto, precisamente, por ocho magistrados. Y tal anomalía quizás hubiera acelerado la renovación. No obstante, el aldabonazo ya se ha producido y es de esperar que los partidos responsables, emplazados oportunamente por el presidente del Congreso, José Bono, para el 30 de junio, cumplan en esta fecha el mandato constitucional. Aunque escaldados como estamos, hasta que no lo veamos no lo creeremos.

Sin embargo, aun cuando se produzca de inmediato la renovación, el problema de fondo seguirá pendiente. Y este problema de fondo es la independencia de los magistrados del tribunal. “La mujer de César no sólo tiene que ser honesta sino también parecerlo”, relata Plutarco en Vidas Paralelas. Es decir, la apariencia es tan importante como la realidad. Y la apariencia –quizás también la realidad– es que en las sentencias políticamente relevantes el tribunal no da la apariencia de ser neutral, objetivo e imparcial. Y algo que ver con todo ello tiene el procedimiento de designación de magistrados.

Dicho procedimiento, cuyos principios están en la Constitución, está dotado de importantes garantías que permiten asegurar la independencia: los magistrados son designados por tercios, por órganos distintos y mayorías reforzadas entre reconocidos especialistas sometidos a un severo régimen de incompatibilidades. Sin embargo, la mejor ley puede ser desvirtuada por el mal uso que de ella se haga en la práctica. En este caso, estas garantías han sido desnaturalizadas porque nuestro sistema político es una partitocracia. Brevemente: en la realidad los magistrados no son designados por los órganos que figuran en la Constitución (Congreso, Senado, Gobierno y Consejo General del Poder Judicial) sino por los dos partidos políticos mayoritarios mediante un sistema perverso: el sistema de cuotas.

Ello significa que cada uno de estos dos partidos tiene asignado un determinado número de plazas que cubre sin consultar con el otro. Ahora el Congreso debe designar a cuatro magistrados. Pues bien, tocan a dos al PSOE y dos al PP, cada uno escogerá a los suyos sin deliberación alguna sobre la idoneidad del conjunto. Los escogidos saben, por supuesto, que el cargo se lo deben a quien les ha propuesto. Y como la vida es larga y quizás hay posibilidades de tener más cargos –son magistrados del actual Tribunal Constitucional, por ejemplo, tres antiguos presidentes del Tribunal Supremo–, no es prudente, desde el punto de vista de los intereses estrictamente personales, desairar a quien te ha nombrado. Ni siquiera es necesario que te hagan indicación concreta alguna: tú ya sabes cuál es el interés del partido en cada caso, a él adaptas tu posición.

Así van las cosas y, naturalmente, deberían cambiar. Como la independencia de los magistrados, tanto su apariencia como su realidad, depende mucho de quién los designa, y el principal defecto del procedimiento es el sistema de cuotas, quizás haya llegado el momento de escoger un nuevo procedimiento que impida, o dificulte más, utilizar dichas cuotas. Si ahora el mandato de los magistrados dura nueve años, quizás debería transformarse en vitalicio o, cuando menos, alargarse hasta la edad de jubilación. En edad tan provecta, ninguna dádiva podría esperar ya el magistrado saliente de quienes le designaron; además, desaparecen los nombramientos por tercios de cuatro magistrados y los nuevos son escogidos de forma individual a medida que se van jubilando los antiguos. Así se garantizaría mejor la independencia y las designaciones serían más limpias.

Hasta hace muy poco, nadie, o casi nadie, planteaba una solución de este tipo. Últimamente han aparecido algunas voces que no la descartan, aun sabiendo que requiere reforma constitucional. En el plano doctrinal, el profesor Víctor Ferreres, gran experto en la materia, ha planteado sus ventajas y desventajas en un magnífico libro (Una defensa del modelo europeo de control de constitucionalidad, Marcial Pons, Madrid, 2011) y se inclina por considerar tal opción cara al futuro, dadas las malas prácticas españolas, en una ponencia presentada en octubre del año pasado (véase en VVAA, Jurisdicción constitucional y democracia, CEPC, Madrid, 2011). Hace pocos días, un relevante cargo del PP proponía que el mandato fuera vitalicio. Veremos que resultará de todo ello. En cualquier caso, el problema está sobre el tapete y por ahí empiezan siempre las reformas. Los indignados somos muchos.

Educación en la que exista un trato “equilibrado y proporcional” de nuestras dos lenguas oficiales.
Convivencia Cívica Catalana   16 Junio 2011

Estimado/a amigo/a,

Desde Convivencia Cívica Catalana tenemos el placer de comunicarte que MAÑANA VIERNES 17 DE JUNIO entregaremos las solicitudes de 500 padres de toda Cataluña que desean que sus hijos reciban una educación respetuosa con el bilingüismo, es decir, una educación en la que exista un trato “equilibrado y proporcional” de nuestras dos lenguas oficiales.

El acto contará con la presencia de medios de comunicación y la asistencia de personajes conocidos.
 
Y, por supuesto, ESTÁS INVITADO a venir a esta entrega y nos encantaría contar con tu presencia. Será un acto corto de apenas media hora y tendrá lugar mañana viernes 17 de junio a las 11:00 de la mañana frente a la
Consejería de Educación situada en la Vía Augusta, 226, de Barcelona (muy cerca de las paradas de FGC Bonanova o Muntaner).

En Convivencia Cívica Catalana queremos agradecer el esfuerzo de todos aquellos que han contribuido a difundir el respeto al bilingüismo en la
escuela catalana y este impreso de educación bilingüe.

También queremos remarcar que esta entrega no marca un punto final, sino el comienzo de una etapa, si cabe, de mayor impulso y entusiasmo. Contamos con
un aumento de colaboradores, vamos a fortalecer nuestras acciones, nuestra presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales tanto en
Facebook como en Twitter.

Y desde el punto de vista legal, no vamos a cejar en nuestro empeño de que se cumplan las leyes y las sentencias que nos han dado la razón. Exigimos al
gobierno catalán llana y simplemente respeto por el Estado de Derecho.

Por último, añadir que después de esta primera entrega de 500 firmas, se seguirán haciendo más entregas. Por tanto, se pueden seguir haciendo llegar
más impresos firmados y se irán entregando. Cuántos más seamos, mucho mejor.

Toda la información sobre los impresos y cómo rellenarlos se puede encontrar en nuestra página web, www.convivenciacivica.org y, en todo caso, para
cualquier duda o comentario, asesores de Convivencia Cívica Catalana están de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la tarde en los teléfonos
606276326 o 659055939.

Confiando en verte en el acto de mañana y en futuras ocasiones, recibe un cordial saludo.

Atentamente
Convivencia Cívica Catalana. www.convivenciacivica.org

Cataluña
Castellano «para párvulos» en la Selectividad catalana
La prueba de lengua española fue, un año más, «mucho más fácil» que la de catalán
E. ARMORA / BARCELONA ABC Cataluña 16 Junio 2011

«Tirado, super fácil». Así ha resultado un año más el examen de castellano para la mayoría de los 30.000 alumnos que ayer arrancaron las pruebas de Selectividad en Cataluña. Que el ejercicio de Lengua y Literatura Castellana es más sencillo que el de Lengua y Literatura Catalana no es una falacia. Si alguien lo duda sólo tiene que pasarse por alguno de los tribunales y preguntar a los examinados. A algunos de los que ayer se enfrentaron al temido «filtro universitario» como Joan P. (prefiere que no aparezcan sus apellidos) determinadas preguntas del examen de castellano le parecieron «de vergüenza», «dignas de párvulos».

«Es evidente que siempre es más sencillo que el de catalán», apunta el joven, quien recuerda el caso de su hermano que hace sólo un año experimentó la misma sensación. A él y a los más de 30.000 aspirantes a universitarios que ayer estrenaron la tanda de exámenes con la prueba de castellano se les dio dos opciones: analizar un fragmento de «Nada» de Carmen Laforet —que ya apareció en 2008— o comentar un texto sobre las diferencias entre el castellano común y el científico. También debían interpretar un apartado de la novela de Eduardo Mendoza «Sin noticias de Gurb». La mayoría de los concurrentes se decantó por Laforet, aunque la opción del análisis lingüístico tampoco les pareció complicada. «Ha sido muy fácil en general. Esperábamos a Laforet», dijo Bernat C. La misma opinión compartía Joana L. «Es increíble que intenten colarnos un “expléndido” en una frase para que detectemos la falta. Lo ve hasta un niño», indicó.

«Es casi una tradición» Todos los alumnos consultados, y algunos profesores, coincidieron en que el examen de catalán fue de nuevo más complicado. «Empieza a ser una tradición, aunque es así», apunta Sandra G. La estudiante recuerda que el relax que le produjo la facilidad de los textos de castellano desapareció cuando se enfrentó a los enunciados de la prueba de catalán. Las opciones que se dieron a los alumnos fueron algo más «farragosas». Podían elegir entre un fragmento de «La Bogería» de Narcís Oller —la misma obra sobre la que se les preguntó el año pasado— o una disertación del articulista Joan-Lluís Lluís sobre Àngel Guimerà y el Premio Nobel de Literatura. Los rostros de los examinados al salir de la prueba despejaban cualquier duda sobre su dificultad. «Ha sido muy rebuscado», apuntó Carlos C. Algunos docentes como Miguel Olmos creen, no obstante, que las pruebas eran «adecuadas».

Los exámenes de ayer abonan la teoría de que hay una diferencia sostenida de nivel entre las pruebas de castellano y catalán que, lejos de resultar casual, se repite invariablemente año tras año por el empeño, no confesado, de la Generalitat de bajar el listón en la prueba de castellano con el fin de demostrar que los estudiantes catalanes están al mismo o incluso a un nivel superior que los del resto de España en castellano y que, por lo tanto, no existe «conflicto lingüístico». Las pruebas seguirán hoy con los exámenes de Historia y Lengua Extranjera, entre otras materias. La Asociación de Jóvenes Estudiantes de Cataluña, por su parte, calificó la nueva normativa de la Selectividad del Ministerio de «injusta y caótica».

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Manifiesto del Foro contra la Impunidad en el País Vasco
http://www.forocontralaimpunidad.com 16 Junio 2011

La Vergüenza

Quienes firmamos este texto hemos vivido la mayor parte de nuestra vida siendo víctimas del terrorismo. Han pasado varias décadas desde el momento funesto en el que los asesinos de ETA nos arrebataron a nuestros padres o a nuestros maridos y, durante todo este tiempo, nos hemos visto obligadas a entender nuestro presente y a diseñar nuestro futuro bajo el dolor que padecemos quienes sabemos que, hagamos lo que hagamos, nuestra forma de observar lo que nos rodea, de acercarnos a los demás, de contemplar a nuestros hijos y de pensar el mundo, se encuentra marcada por un hecho bárbaro y cruel, cometido con premeditación por uno o varios responsables, que contó con la connivencia de algunos, la aquiescencia de muchos y el silencio cómplice de la mayor parte de los ciudadanos vascos.

Nosotras hemos visto cómo, a lo largo de los años, ha ido cambiando la mirada de Euskadi hacia las víctimas del terrorismo. Durante mucho tiempo se mantuvo a nuestro alrededor un cerco político-social obsceno que, en el mejor de los casos, dejaba entrever un halo de lastimosa conmiseración y que, en la peor de sus versiones, se construía con los modos propios de la exclusión y del escarnio. Hablamos de oscuros periodos de nuestra reciente historia en los que lo que primaba a nuestro alrededor era el punto de vista de los verdugos, que llegó a su grado máximo de expresión en 1998 con la firma del Pacto de Estella entre nacionalistas y terroristas, y que solamente comenzó a declinar cuando en junio de 2002 se aprobó la Ley de Partidos, que facilitó la ilegalización del entorno proetarra y que, por primera vez desde la Transición, permitió que, acallados los portavoces de los criminales y expulsados éstos de las instituciones, las víctimas del terrorismo pudiéramos aparecer ante la opinión pública como lo que realmente somos: el único gran referente colectivo sobre el que será posible construir una paz que se levante sobre el recuerdo fiel de lo ocurrido y nunca sobre el olvido o la impunidad.

La ejemplaridad civil que hemos dado las víctimas del terrorismo ha querido ser correspondida por las instituciones gestionando nuestras reclamaciones materiales, proporcionándonos apoyo psicológico y, en el mejor de los casos, ofreciéndonos cierto protagonismo colectivo, siempre más testimonial y decorativo que realmente efectivo. Después de esto, desde diferentes estamentos políticos, sociales, culturales y mediáticos, generalmente ligados al Gobierno socialista y a las maquinarias de poder dirigidas desde los sectores más radicales de los nacionalismos periféricos, se ha ido alentando un clima de aversión hacia las víctimas del terrorismo, manipulándonos, desvirtuando nuestro discurso mayoritario, ultrajándonos y denigrando nuestros mensajes, con un único fin: convertir en invisible, insignificante e irrelevante nuestro testimonio ético para que éste no moleste en el plan impulsado por socialistas y nacionalistas para, a cambio de una pretendida autodisolución de ETA, permitir que quienes ayer lideraron el totalitarismo terrorista sean los mismos que van a convertirse ahora en los referentes sobre los que levantar nuestro futuro.

Las recientes elecciones municipales han revelado cómo en la sociedad vasca, sobre todo, pero también en una parte importante del resto de la sociedad española, se está alentando un empeño tan claro como avieso por pasar página, por olvidar nuestra más reciente historia, por recibir con palmas a los asesinos descarriados que presuntamente regresan a la civilidad y por hacer surgir un nuevo escenario en el que las permanentes reclamaciones de memoria, verdad, justicia y reparación lideradas por la gran mayoría de las víctimas del terrorismo se transmutan en peticiones vacuas y éticamente indecentes que hablan de perdonar a los asesinos, que apelan a “sumar esfuerzos” entre quienes matan y quienes mueren y que exigen “olvidar” a quienes más han padecido la lacra terrorista. Nuevamente, está surgiendo un discurso en el que la desmemoria, la mentira como herramienta de construcción de los consensos colectivos y la equidistancia fatua, tratan de convertir el pasado reciente del País Vasco en un escenario irreal en el que "ha habido sufrimiento por ambas partes”, en el que “todos tenemos que ceder” y en el que hay que ofrecer espacios para “la reconciliación”.

Ante esta situación, y de un modo urgente, las víctimas del terrorismo debemos liderar, nuevamente, la defensa de todos aquellos valores por los que nuestros familiares han sido asesinados y que, sin lugar a dudas, constituyen los cimientos de nuestra democracia y nuestra única esperanza de civilidad. Nuestro gran reto ha de centrarse en seguir manteniendo vivas las reclamaciones de firmeza policial, eficacia jurídica y aislamiento político contra los muchos terroristas que aún son y frente a quienes se empeñan en considerar a éstos como un puñado de hijos descarriados a los que hay que acoger de nuevo en la casa de todos. Nuestra tarea ha de consistir en recordar incansablemente que nuestro sistema de libertades se impone como moralmente superior a los planteamientos totalitarios e integristas de quienes presentan como único mérito el haber dejado, sospechosamente, de apoyar políticamente a los psicópatas que mataron a nuestros familiares.

Que no se equivoquen quienes, amparándose en una falsaria “segunda Transición”, nos prometen ahora un futuro cimentado sobre excarcelaciones de criminales, sobre el obligado olvido de todo lo padecido hasta el momento, sobre una tabula rasa impuesta entre víctimas y verdugos o sobre un liderazgo compartido con quienes tantas veces han jaleado el asesinato de ciudadanos inocentes. Siempre nos tendrán enfrente. Porque las víctimas de ayer, que lo somos ya para siempre, no vamos a consentir de ningún modo que nuestros hijos vayan a ser mañana también víctimas de una paz tan falsa como moralmente indecente.

(*) El Foro contra la Impunidad es un movimiento de ciudadanos vascos liderado por un grupo de víctimas del terrorismo: Teresa y Lola Díaz Bada son hijas de Carlos Díaz Arcocha, asesinado por la banda terrorista ETA el 7 de marzo de 1985; Marimar Negro es hija de Alberto Negro, asesinado por la banda terrorista ETA el día 17 de marzo de 1978; Maite Mollinedo es esposa de Txema Aguirre, asesinado por la banda terrorista ETA el 14 de octubre de 1997; y Ana Uriarte Garay es hija de Luis María Uriarte, asesinado por la banda terrorista ETA el 29 de septiembre de 1979.
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La pinza
La pasividad tolerante de Interior permite que la deriva radical del 15-M esté batasunizando la calle
IGNACIO CAMACHO ABC 16 Junio 2011

DESPUÉS de haber permitido que Batasuna se instale en el poder, el Gobierno ha empezado a tolerar la batasunización de la calle a cargo de las excrecencias radicales del movimiento 15-M. La pasividad policial ante las algaradas antidemocráticas de los extremistas sólo se explica si alguien está pensando en utilizarlos como fuerza de presión y de choque. En los primeros días, cuando la revuelta de «indignados» era un fenómeno multitudinario y heterogéneo, la aplicación de la doctrina del mal menor ante la ocupación callejera podía tener cierto sentido, pero frente a esta crecida deriva de acoso, matonismo y borrokano hay excusas para la no intervención. Alterar bajo presión el funcionamiento de las instituciones es delito, y no digamos hostigar a las autoridades en la puerta de su domicilio. El ministro del Interior está obligado a preservar el orden, y si se lo desaconseja (?) su condición de candidato socialista tiene que dejar el cargo en manos de quien esté dispuesto a ejercerlo con responsabilidad.

El desdoblamiento de Rubalcaba apunta indicios de una esquizofrenia gubernamental, un giro del Gabinete hacia una actitud contradictoria con sus obligaciones de Estado. Arrinconado Zapatero hacia una posición residual, el ministro-candidato ha tomado el poder con ánimo de convertirlo en oposición de la oposición. El discurso oficial está virando hacia un populismo izquierdista que se muestra complaciente con las asonadas callejeras a los parlamentarios y los alcaldes y arremete contra la banca, como Valeriano Gómez, acusándola de provocar la crisis con los créditos fáciles que nadie impidió, por cierto, durante el primer mandato zapaterista. El PSOE fragua un mensaje de radicalismo incompatible con su actual posición de Gobierno, y actúa como si ya hubiese perdido las elecciones. Está buscando la complicidad de los extremistas para acorralar al PP y crearle un clima de hostilidad social. No se puede interpretar como casualidad que las protestas estén dirigidas sólo contra instituciones controladas por los populares y CiU; ayer le tocó incluso a un perplejo Cayo Lara. Nadie se ha concentrado hasta ahora, siquiera por disimular, a la puerta de un Ministerio. Y el mismo presidente, interpelado de forma directa, se despreocupó del cariz coactivo de la revuelta. Luego tuvo que rectificar la respuesta que le surgió a bote pronto. Sus preocupaciones actuales deben de estar orientadas a revolver los huesos de Franco.

El asunto tendría menos importancia si obedeciese sólo al desconcierto propio de los mareos políticos que sobrevienen tras un descalabro electoral. Lo que sucede es que se atisba el comienzo de una estrategia, de una especie de pinzautilitarista y oportunista entre un partido con responsabilidad de poder y de un difuso colectivo de alborotadores antisistema. Si no lo es, lo parece. Y no hay más que un modo de que deje de parecerlo.

Dolorosamente hartos

Javier G. FERRARI La Razón 16 Junio 2011

Al final ETA ha vuelto a los ayuntamientos y puede seguir amedrentando a la gente de bien. Seguramente este es el mayor colectivo de ciudadanos de este país. Los que se sienten, nos sentimos, dolorosamente hartos de que al final ETA haya vuelto a los ayuntamientos del Pais Vasco y pueda seguir amedrentando a tanta gente de bien con los cientos de millones de euros que saldrán de los bolsillos los contribuyentes españoles. Si, los españoles a los que tanto odian estos chicos de Bildu que el pasado sábado dejaron en casa la piel de cordero con la que se nos presentaron antes de las elecciones. Para llevárselo crudo no importa la procedencia de los billetes.

Me imagino que el Presidente del Constitucional y los otros cinco magistrados que no vieron ninguna razón para evitar que esta nueva marca de Batasuna, y por lo tanto de ETA, habrán evitado ver los telediarios, escuchar los informativos de las radios y leer los periódicos. Seguro que el pasado domingo don Pascual Sala se limitó a la página de pasatiempos y los espacios de entretenimiento. De lo contrario sería tremendo pensar que, al menos, no sintiera un mínimo de sonrojo. Bildu y su vientre de alquiler fallecido en el parto, Eusko Alkartasuna, se quitaron la careta en el mismo momento en que se vieron recompensados con bastones de mando y concejalías.

Ninguno de ellos tuvo la decencia de pedirle a ETA que se disuelva y entregue las armas, con el nuevo alcalde de San Sebastián a la cabeza. Ha sido volver a pisar moqueta y tener la llave de la caja y quitarse la careta con la que no habían engañado a nadie, salvo a los seis del Constitucional, si es que optamos por la versión más benévola. Insultos, amenazas, exigencias sobre los presos de la banda, claro esta, la bandera de España fuera del balcón de aquellos consistorios en los que se han puesto a mandar.

Entre tanta ignominia que no es otra cosa que un «déjà vu», la figura del joven concejal del PP en Elorrio, Carlos García, quedará para siempre como un ejemplo de dignidad. Voto al PNV para evitar que allí también los bildus se hicieran con la alcaldía. Su imagen era la de Gary Cooper en «Solo ante el peligro». Los independentistas indignados le silbaron y abuchearon cuando recordó a dos de los asesinados, uno de ellos de la forma más cruel e ignominiosa que se recuerda, como fue el caso de Miguel Ángel Blanco.

Carlos García no esta sólo porque la inmensa mayoría de los españoles están con él, pero lo que necesita es que el Ministerio del Interior garantice su vida. Su vida en libertad. La suya y la de todos los vascos que no piensan como los de Bilbu-ANV-Batasuna o como coño quieran llamar ustedes a estos mismos perros que ni siquiera han tenido el mínimo pudor de no volverse a poner los mismos collares. Rubalcaba tiene la obligación de garantizar la integridad física de Carlos García y de tantos otros que como él han vuelto a dar la cara frente a quienes actúan por la espalda.

Alfredo, que el pasado domingo se lamentaba de que no se hubiesen producido más acuerdos para evitar que tantas alcaldías cayeran en manos de estos chicos que condenan toda la violencia como si fuera lo mismo el tiro en la nunca que la detención de un delincuente, debería aclarar cual es la verdadera intención del PSOE con respecto al futuro político y social de Euskadi. Porque mientras Rubalcaba es ministro del Interior, Alfredo es ya el líder in pectore de su partido tras ganar las primarias por incomparecencia del rival.

Solo los violentos, no indignados
Editoriales ABC 16 Junio 2011

Quienes se presentan como regeneracionistas de una política estancada practican una auténtica «kale borroka» contra las instituciones que representan a los españoles

EL movimiento que surgió el 15 de mayo ha degenerado de tal manera que llamar «indignados» a los violentos que amenazaron y agredieron ayer a los parlamentarios catalanes es un eufemismo que no merecen. Lo que sucedió ayer a las puertas del Parlamento de Cataluña es un delito, por supuesto, pero, al margen de su calificación jurídica, es la revelación auténtica de que si en España hay que preocuparse por algún extremismo, este será el de la izquierda. Quienes se presentan como regeneracionistas de una política estancada llevan varios días comportándose como bandas violentas, practicando una auténtica «kale borroka» contra las instituciones que, con todas las imperfecciones que se quieran, pero también con toda la legitimidad que otorga el sufragio universal, representan a los españoles. Por ahora, los violentos «indignados» no han demostrado que representen a nadie más que a sí mismos, rompiendo cualquier vínculo con las respetables motivaciones que en un primer momento impulsaron las protestas espontáneas del 15-M. Nada hay de respetable en coaccionar a los representantes democráticos de Cataluña, o a los alcaldes y concejales de los ayuntamientos acosados en la jornada de constitución de los nuevos gobiernos municipales.

Es hora de aplicar la ley y de hacer respetar los derechos y las libertades. Mirar con simpatía o simplemente dejar hacer las andanzas de jóvenes violentos es la fórmula más eficaz para que haya más violencia. Ayer se cometieron varios delitos ante el Parlamento catalán. Hoy tienen que empezar a funcionar el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Estado democrático está indefenso sin el Estado de Derecho. La actual versión violenta del 15-M ya se ha revelado como lo que es, y no hay que esperar a más decisiones de autogestión por parte de sus integrantes para saber si se disuelven o si les apetece trasladar su campaña de acoso e intimidación a otras instituciones.

Claro está que si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, contesta con un lacónico «no» a la pregunta de si le preocupa la deriva de los acontecimientos, mientras había parlamentarios catalanes refugiados en una comisaría y otros eran rociados con espray, la explicación de la situación general de España es evidente. Tan evidente como el naufragio político del presidente del Gobierno, incapaz de una reacción responsable y coherente con su cargo ante un atentado en toda regla contra el sistema democrático.

Víctimas con voz
EDITORIAL El Correo 16 Junio 2011

La negativa de la AVT, de Covite y de otras organizaciones representativas de las víctimas del terrorismo a participar en el homenaje previsto en el Congreso para el 27 de junio -mostrando así su discrepancia respecto a la legalización de Bildu y su queja porque no se les permita manifestar su parecer en dicho acto- vuelve a plantear dos asuntos cruciales. En primer lugar, el hecho de que las víctimas de ETA y los deudos de los asesinados no puedan establecer las condiciones para el final del terrorismo en nombre de la democracia, dado que esta se basa en procedimientos institucionalizados, no debe significar que su razón moral se vea excluida de la toma de decisiones. En segundo lugar, cuando no está claro que la entrada de Bildu en las instituciones acelere la desaparición de ETA resulta evidente que su discurso no pretende atenuar el dolor que padecen las víctimas del terrorismo, sino que propicia la desmemoria y la ofensa mediante la equiparación entre tan extrema injusticia y el encarcelamiento de los culpables con arreglo al Estado de derecho. El respeto que merece la sentencia del Tribunal Constitucional, también por parte de las asociaciones de víctimas, no exime a las instituciones y a los partidos de enfrentarse políticamente al desafío democrático que comporta la legalización de una izquierda abertzale que se niega a emitir la más mínima autocrítica respecto a su pasado.

El Tribunal Constitucional debería legalizar Batasuna
Gonzalo Sichar http://www.elconfidencialdigital.com 16 Junio 2011

Que el Tribunal Constitucional debiera legalizar a Batasuna, lejos de todo deseo, sería la explicación más apropiada al fallo que pronunció sobre Bildu, con premeditación y nocturnidad para darle el tiempo exacto para que se pudiera presentar a las Elecciones Municipales del 22 de mayo, a la vez que no dejaban margen de maniobra a las asociaciones de víctimas –el Gobierno ni intención tenía– para recurrir a Estrasburgo.

Y sería la explicación más lógica porque el Tribunal Constitucional sólo tiene competencias para decidir si una decisión de otro tribunal es o no constitucional. Si para el Tribunal Supremo Bildu no debería presentarse a las Elecciones y el Constitucional decide que sí, en realidad el máximo órgano judicial español no está corrigiendo la decisión del Supremo sino que está advirtiendo que éste ha adoptado una decisión que va contra la Constitución. Esto quiere decir, en definitiva, que la Ley de Partidos Políticos y el Pacto por las Libertades es anticonstitucional, y por tanto debiera ser anulada, y en cambio legalizarse todas las organizaciones que pasaron a la clandestinidad por aplicación de esta ley que nunca debió ser aprobada.

Además cabría preguntarse si no debieran dimitir todos los jueces del Tribunal Supremo por aplicar leyes que van contra el espíritu de la Constitución.

Pero no ocurrirá nada de ello. No es que el Tribunal Supremo interprete mal la Constitución y que el Constitucional en un Estado de derecho corrija esas desviaciones. Es que todo esto forma parte de un juego muy planificado por quienes dominan el status quo, y no me refiero únicamente al Partido Socialista aunque sea su máximo valedor. Ocurrió con el PCTV, que primero ilegalizaron a Aukera Gustiak y luego permitieron que ese partido diera cobijo a ETA en las instituciones; pasó después con ANV, ilegalizando primero a Democracia Tres Millones.

Para aparentar independencia de los jueces y que cada uno tiene su propio criterio, primero ilegalizan el plan A, y después cuelan el plan B in extremis y por estrecho margen. Siempre ha pasado, salvo en las últimas Elecciones Vascas. Pero los ciudadanos no somos ignorantes, y sabemos que todo ello forma parte de una jugada preestablecida por quienes controlan el poder judicial en este estado que de separación de poderes cada vez entiende menos.

Los doce miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, a propuesta de las Cámaras que integran las Cortes Generales (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado), del Gobierno (dos) y del Consejo General del Poder Judicial (dos). A su vez los miembros del CGPJ son nombrados por el Congreso de los Diputados, dominado lógicamente por el partido del Gobierno, es más que evidente que la separación de poderes en España está muy deficiente.

Y si mientras los jueces deliberaban qué hacer con Bildu, destacados socialistas como Elorza, Eguiguren y hasta Patxi López esperaban un fallo a favor de que ETA continuase en las instituciones –porque no es volver, como suele decir la prensa, ETA no se ha ido, pues lleva desde 2007 hasta 2011 a través de ANV–, los ciudadanos sabíamos que los jueces «progresistas», es decir los que nombra el Partido Socialista, votarían a favor de esta lamentable decisión.

Ahora que no se contradigan, y que los jueces del TC decidan entonces si Batasuna debiera ser legal. Pero claro, se me olvidaba, los jueces puestos por los políticos tienen que disimular, parecer que estamos en un Estado de derecho con división de poderes y por tanto hay decisiones que no se toman por unanimidad aunque el resultado final, la legalización de los terroristas, fuera el resultado deseado por el Ejecutivo y por la mayoría del Legislativo.

 

ETA S.A.: economía 
de la empresa terrorista
Luis M. Linde www.revistadelibros.com 16 Junio 2011

Economista
nº 174 · junio 2011 Mikel Buesa
ETA S.A. el dinero que mueve el terrorismo y  los costes que genera
Planeta, Barcelona
284 pp. 20,50 €

Cómo es posible que ETA haya durado tanto –va para más de cincuenta años– y haya podido hacer tanto daño? La respuesta puede ser muy detallada y compleja, o breve y sencilla, pero pasa necesariamente por tres cuestiones: las ideas de los terroristas y de su entorno; los medios económicos que han permitido sostener la empresa terrorista; y la calidad de la respuesta –política, policíaca, judicial, penal, cultural– dada por el sistema político y por toda la sociedad española a los crímenes de la banda y a los apoyos que ha recibido de su entorno y de parte del nacionalismo vasco nominalmente democrático.

Si empezamos por esta última cuestión, aunque está presente, sin duda, de una forma o de otra, en gran parte de la extensa bibliografía que ha ido acumulándose sobre ETA, hay que decir que no tenemos ningún libro dedicado específicamente a contar y analizar la respuesta dada, a lo largo de esos cincuenta años, por el sistema político español y la sociedad española al terrorismo etarra, sus colaboradores, sus amigos y sus «beneficiarios» (los que «recogen las nueces», según la famosa distinción del líder del PNV, Xabier Arzalluz).

Sin embargo, sí disponemos de estudios sobre las ideas de los militantes y simpatizantes de ETA. Entre ellos, destaca Patriotas de la muerte: por qué han militado en ETA y cuándo abandonan de Fernando Reinares, publicado recientemente1, reedición, corregida y complementada, de Patriotas de la muerte. Quienes han militado en ETA y por qué, que apareció en 2001. Ahora, ETA S.A., de Mikel Buesa, cubre el hueco que teníamos en cuanto a la primera cuestión: es, en efecto, el primer libro que se ocupa, con detalle y una visión de conjunto, de lo que podemos llamar «la economía de la empresa terrorista» y del impacto del terrorismo en la economía del País Vasco y de toda España.

LAS FINANZAS DE ETA
El libro de Buesa responde a tres preguntas: ¿Cómo se ha sostenido económicamente la empresa ETA? ¿Cuál ha sido el impacto de la actividad de ETA en la economía del País Vasco y en el conjunto de la economía española, es decir, cuánto ha costado ETA tanto en sentido directo como en sentido indirecto: menor crecimiento económico y menor empleo? Y, en tercer lugar, ¿cómo ha afectado la actividad de ETA y sus crímenes –de toda intensidad– a la vida política, social y moral de los vascos y de todos los españoles?

La empresa terrorista produce terror: ese es el objeto de su existencia. Los productos de esa empresa son asesinatos, secuestros, bombas, extorsión, violencia callejera, amenazas, aunque también puede manifestarse de forma menos brutal, si bien no menos amenazante, en el mundo de la información y la cultura. Por ello, Buesa empieza haciendo un resumen de lo que ha sido la «producción terrorista» de ETA.

ETA nace en 1959 como escisión de un grupo juvenil del PNV. Su primer atentado fue la colocación de una bomba en San Sebastián, en 1960, con una víctima mortal, una niña que aún no había cumplido los dos años. No cometió ningún otro atentado hasta 1968; en junio de ese año, en un control de carretera, en una acción improvisada, asesinó a un guardia civil de Tráfico, José Pardines. El asesino -–-su nombre era Javier Echevarrieta y su alias, «Txabi»– fue localizado a las pocas horas por la Guardia Civil y en el tiroteo resultó muy gravemente herido, muriendo poco después en el hospital. Unas semanas más tarde, en agosto, fue asesinado al comisario de policía de Irún, Melitón Manzanas; ETA presentó este asesinato como una represalia o respuesta por la muerte de Echevarrieta, pero, en realidad, lo había preparado y planeado con antelación.

Los asesinatos de Pardines y Manzanas fueron las primeras acciones criminales en una historia que ha costado, hasta el momento en que esto se escribe, unas ochocientas cincuenta personas asesinadas, alrededor de mil personas mutiladas o afectadas por diferentes secuelas o minusvalías, ochenta y cuatro secuestros (de ellos, nueve terminados en asesinato y otros doce con el secuestrado «castigado» con disparos en rodillas o piernas), unos tres mil atentados diversos y cerca de diez mil acciones de terrorismo callejero. En total, se estima que unas treinta y una mil personas han sido víctimas directas o han resultado damnificadas por las acciones de ETA2.

La actividad criminal de ETA, señala Buesa, ha pasado por diferentes fases. En los primeros diez años, 1968-1977, llevó a cabo setenta y cinco asesinatos, sesenta y cinco de ellos en 1974-1977: fue la etapa, podríamos decir, de preparación y tanteo en los años finales del régimen de Franco y de los cambios políticos en la transición a la democracia.

En 1978 se inicia una segunda fase, en la que, al parecer, la banda cree que puede «vencer» al Estado y obligarle a aceptar sus reivindicaciones fundamentales, que pasan por la autodeterminación y la incorporación de Navarra al País Vasco. Es la etapa más terrible y sanguinaria de la historia de ETA y se prolonga hasta 1992: costó 649 asesinatos, de ellos, 179 en sólo dos años, 1979-1980. Según la interpretación de Buesa, esta etapa termina con el fracaso de las negociaciones de Argel (1986 y 1989) –la banda tenía expectativas más bien delirantes y lo consideró un grave fracaso en su estrategia–, la detención en Francia (Bidart) de la cúpula dirigente (1992) y una amplia reorganización del entramado económico de ETA a través del llamado «Proyecto -Udalbetxe», que intentaba coordinar y mejorar el rendimiento económico de una serie de instituciones y empresas controladas por la banda.

La tercera fase, 1993-1999, termina con el secuestro y asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco (1997), el acuerdo firmado por PNV, EA y HB (1998) en respuesta a la gran movilización popular, en el País Vasco y en toda España, ante este asesinato, y la tregua declarada por ETA en 1998, rota a finales de 1999, primer año desde 1971 sin víctimas mortales del terrorismo etarra. En esos años decae la actividad criminal de la banda, pero, aun así, entre 1993 y 1998, ETA comete sesenta y seis asesinatos.

La cuarta etapa se inicia en 1999, y podemos considerar que llega hasta el presente, 2011. Como también indica Buesa, el hecho decisivo de esta etapa fue la ilegalización en 2002 del brazo político de ETA, Herri Batasuna, que debilitó de forma significativa a la banda terrorista, sin olvidar la aprobación, en 2003, de una serie de reformas penales que endurecieron las condenas por actos terroristas y aseguraron mejor el cumplimiento de las penas. Entre 2000 y 2010, ETA cometió cincuenta y ocho asesinatos, el último de ellos, en Francia, contra un miembro de la Gendarmería, en marzo de 2010.

Para mantener su actividad a lo largo de estas cuatro décadas, ETA ha dispuesto de una base económica apoyada en un complejo y flexible entramado de actividades e instituciones legales, alegales e ilegales3 , que ha ido cambiando al compás de las necesidades y de la presión policial y judicial, recurriendo a todos los medios, desde los secuestros y la extorsión (el llamado «impuesto revolucionario») a las rifas y sorteos, pasando por –como veremos, lo más importante– el dinero público.

 Los secuestros, que entre 1978 y 2004 dejaron a ETA un rendimiento acumulado de más de ochenta millones de euros, con máximos en 1988 (14,5 millones), 1983 (12,5 millones) y 1997 (10,5 millones), y las cartas de extorsión, con un rendimiento entre 1980 y 2008 de casi treinta y cinco millones4 , han sido importantes en la financiación de ETA, sobre todo algunos años. Además del secuestro y la extorsión, ETA ha desarrollado otras actividades lucrativas ilegales –como el tráfico de drogas, contrabando de tabaco, armas, explosivos5 – o el entrenamiento de terroristas en Colombia y otros países de Centroamérica, a cambio, probablemente, de droga o de alguna participación en ese negocio. Pero en el total de su historia, y esta es una de las más interesantes precisiones que hace Buesa, la fuente más importante –naturalmente, indirecta– de financiación de ETA han sido las subvenciones y ayudas públicas ajustadas a la legalidad o, al menos, no abiertamente ilegales.

El dinero público –las subvenciones y subsidios de toda clase– le ha llegado a ETA y a sus entidades colaboradoras y simpatizantes desde todas las Administraciones, en primer lugar, desde la comunidad autónoma del País Vasco, controlada por el PNV, EA o por la misma HB, pero también desde la Administración Central y ¡desde la Unión Europea!

Entre 1992 y 2008, el total de subvenciones recibidas por los partidos políticos vinculados a ETA, tanto para el funcionamiento ordinario de tales partidos, como subvenciones electorales, sumaron cerca de cuarenta y cinco millones de euros6; a esto hay que sumar una serie de partidas que es difícil conocer bien en su totalidad, entre ellas: 1) los fondos desviados a ETA por la Asamblea de Municipios y Electos Municipales Vascos/Udalbiltza-Kursaal (la escisión proetarra de la Udalbiltza nacionalista constituida en 1999), unos veintiséis millones de euros entre 2001 y 2002, en parte muy importante fondos procedentes de la Unión Europea y de varias instituciones oficiales francesas7; 2) la financiación pública de la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización (AEK), una terminal proetarra dedicada al adoctrinamiento nacionalista radical y violento, unos veinte millones de euros entre 1991 y 1998, la mayor parte procedente del Gobierno vasco8 ; 3) las subvenciones al grupo Egunkaria, que empezó a constituirse en 1990, unos veintisiete millones de euros entre 1994 y 2002, también procedentes en su mayor parte del Gobierno vasco; 4) las subvenciones recibidas del Gobierno vasco y de diferentes ayuntamientos por las llamadas «gestoras pro-Amnistía» y por las asociaciones de familiares de presos etarras, en torno a un millón y medio de euros entre 2001 y 2008. Ni que decir tiene que todas las cifras que se indican son parciales, incompletas y que, de pecar de algo, pecan, con seguridad, de quedarse cortas.

Finalmente, estarían las actividades mercantiles legales de empresas o personas controladas por ETA, las más conocidas de las cuales son las herriko tabernas (141 locales distribuidos por el País Vasco en 2002, cuando se ilegalizó Herri Batasuna) que, además de hacer negocio, han cumplido una importante función en la organización terrorista, en especial, en la organización de la violencia callejera. Además, ETA ha creado una red de empresas orientada a establecer terminales o filiales en diferentes países de Iberoamérica: México, Cuba, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Argentina, principalmente. Esta red ha llevado a cabo la doble función de proporcionar ingresos a la banda y refugio a sus militantes huidos (es posible que varios centenares de antiguos terroristas o colaboradores de ETA hayan encontrado acomodo económico y hayan rehecho sus vidas mediante esa red empresarial y de negocios iberoamericana).

Según el resumen9 que presenta Buesa, entre 1993 y 2002 (fecha de la ilegalización de HB) el entramado ETA recibió, por todos los conceptos –incluidos la extorsión y el robo– unos veintiocho millones de euros en media anual, mientras que en 2003-2008 los ingresos bajaron a siete millones y medio; en esta segunda etapa los conceptos más importantes han sido las cuotas de afiliación, la extorsión y los ingresos por actividades mercantiles (legales, alegales o ilegales). Estas estimaciones dejan fuera –Buesa no lo especifica, pero es obvio– los rendimientos de las inversiones que ETA ha debido de hacer a lo largo de los años a través de diferentes intermediarios, hombres de paja y empresas-pantalla, en activos financieros –depósitos bancarios, títulos de renta fija, acciones–, cuestión sobre la que, parece, no sabemos nada.

La escandalosa realidad que hacen ver los datos recopilados en ETA S.A. es que la fortaleza y la resistencia de la banda terrorista en los años ochenta y noventa estuvo ligada, sin la menor duda, a la financiación pública, fundamentalmente, a la financiación recibida de los sucesivos gobiernos del PNV, con la ayuda o la comprensión de Eusko Alkartasuna y, en realidad, de los dirigentes de todos los grupos del nacionalismo vasco considerado «democrático».

LOS COSTES DE ETA
Cuando se intenta calcular «lo que ha costado ETA», lo primero que hay que decir es que en ese cálculo dejamos a un lado lo más importante, porque podemos nombrarlo, pero no calcularlo. Por un lado, la degradación y corrupción moral y política de la sociedad vasca y, hasta cierto punto, de toda la sociedad española; por otro, el enorme sufrimiento impuesto por el terrorismo a miles de personas y a miles de familias.

Estos dos «costes» son, evidentemente, incalculables. Lo único que podemos precisar son los costes económicos que ha impuesto el terror de ETA a la sociedad, tanto los directos y, digamos, microeconómicos –que se han materializado en indemnizaciones de todas clases, pensiones, seguros, coste de la seguridad pública o privada utilizada por los amenazados, etc.– como los indirectos y, digamos, macroeconómicos: impacto del terrorismo en las inversiones, el empleo, el crecimiento económico en el País Vasco y en toda España.

Según el recuento de Buesa10, el total de costes directos ocasionados por el terrorismo etarra (incluyendo los costes en seguridad, escoltas y la amortización del coste del abandono de la central nuclear de Lemóniz11, que quedó a medio construir, tras el secuestro y asesinato del ingeniero José María Ryan) fue, en el período 1993-2002, de 697 millones de euros anuales, bajando a 682 millones anuales en el período 2003-2008.

Bastante más difícil es, claro está, calcular los costes indirectos o implícitos del terrorismo para la economía del País Vasco. Hay que tener en cuenta los flujos de emigración hacia otras zonas de España12y el impacto en las inversiones, el turismo, el crecimiento económico y el empleo. La estimación de Buesa es que, entre 1993 y 2008, el terrorismo hizo disminuir el PIB del País Vasco en, aproximadamente, el 20% de su valor potencial13 . Esta pérdida se refleja también, como es lógico, en la pérdida de peso de la economía del País Vasco en el conjunto de la economía española, que puede estimarse en 1,4 puntos del PIB español: es decir, en la actualidad el PIB vasco representa el 6,2% del PIB español, mientras que era el 7,6% a comienzo de los años ochenta.

LA «ESPIRAL DEL SILENCIO»
Los costes económicos directos e indi-rectos que podemos identificar y evaluar son, sin duda, importantes, han afectado al bienestar y a los niveles de renta en el País Vasco y, aunque sea en medida poco significativa –porque la economía española sin el País Vasco equivale a unas dieciséis veces la economía del País Vasco– a la economía española en su conjunto.

Pero con ser estos costes y estas pérdidas importantes, no son la consecuencia más grave, profunda o más difícilmente superable del terror impuesto para ETA: lo más grave, menos fácilmente remediable y, finalmente, de peores consecuencias para los vascos, todos los españoles y su futuro es el triunfo del miedo, el debilitamiento del Estado democrático y de sus instituciones, la puesta en sordina de las libertades: «El ejercicio continuado de la violencia por parte de ETA y de las organizaciones que forman parte del entramado terrorista, unido al debilitamiento de las estructuras políticas y, muy especialmente, de los aparatos del Estado cuya función es preservar la seguridad de los ciudadanos, ha conducido en el País Vasco a una generalización del miedo entre sus habitantes y, a partir de este último, a una espiral del silencio»14.

El libro de Mikel Buesa sugiere varias conclusiones. La primera, que en el período 1978-2002, es decir, en el cuarto de siglo en que se desarrollaron las etapas más duras y sanguinarias de la banda, hasta la ilegalización de Herri Batasuna, el principal alimento económico de ETA –mucho más importante en el conjunto del período que los secuestros, las extorsiones y otras actividades delictivas– fue el dinero público, las subvenciones públicas, que procedían, fundamentalmente, de fondos bajo el control de gobiernos autonómicos o autoridades municipales del nacionalismo vasco nominalmente democrático.

La segunda, que el impacto negativo del terrorismo en la evolución de la economía y la población del País Vasco ha sido apreciable: es posible que el PIB vasco sea en la actualidad el 20% inferior al que correspondería a una evolución sin terrorismo; también en ausencia de terrorismo, la población del País Vasco podría ser, hoy, en torno al 15% superior a la actual.

En tercer lugar, que, siendo importante ese impacto económico negativo, aún más importante para el futuro es la «espiral del silencio» que ha generado el terror y la colaboración, por activa o por pasiva, con el terror por parte de nacionalistas –personas e instituciones– nominalmente demócratas. Aquí, sin duda, el gran responsable es el Estado, que no ha sabido defender su presencia en el territorio vasco y, con su presencia, la de las instituciones del Estado de derecho que son la garantía de las libertades. La historia de esta claudicación, de esta incompetencia del Estado y, con él, de toda la sociedad española, está por hacer, como señalábamos al principio.

Mikel Buesa termina su libro (quinto capítulo) con una penetrante y conmovedora reflexión sobre aquello que ningún cálculo puede darnos: el sufrimiento de las víctimas de ETA. Sin grave pérdida de legitimidad por parte del Estado democrático, las víctimas no pueden dejar de ser referencia moral fundamental en cualquier política que trate de enfrentarse y vencer a ETA. Esto quiere decir que el Estado debe asumir y tener en cuenta la posición de las víctimas tanto en el juicio sobre si hay, o no, arrepentimiento de los criminales, como, en su caso, en la administración del perdón.
 
1. Barcelona, Planeta, 2011.
2. Se manejan diferentes cifras para los diversos tipos de crímenes y atentados llevados a cabo por ETA en estos cuarenta y dos años debido, principalmente, a que hay dudas sobre la autoría de cierto número de ellos (algunos que, a veces, se atribuyen a ETA, fueron cometidos realmente, al parecer, por los denominados «Comandos Autónomos Anti-Capitalistas» u otros grupos, incluso, se afirma, de extrema derecha o parapoliciales).
3. Mikel Buesa, ETA S.A., Tabla 2.1, pp. 75-76.
4. Ídem, Tabla 2.2, p. 82. Todos los importes mencionados por Buesa son euros constantes del año 2000; de este modo, son posibles las comparaciones reales a lo largo de un período tan largo.
5. Ídem, pp. 95-99 y 122.
6. Ídem, Tabla 2.4, p. 104.
7. Ídem, pp. 106-108.
8. Ídem, pp. 108-110.
9. Ídem, Tabla 2.10, p. 131.
10. Ídem, Tabla 3.9, p. 162.
11. Este coste se estima, a precios de 2002, en 5.600 millones de euros.
12. Se calcula que, entre 1975 y 2001, abandonaron el País Vasco unas trescientas setenta y cuatro mil personas, de ellas, unas ciento veinticinco mil (entre veinticinco mil y treinta mil familias) por motivos políticos o relacionados con las amenazas de ETA: Mikel Buesa, ETA S.A., p. 167: «La “diáspora democrática” vasca». Estas cifras significan el casi estancamiento durante los últimos treinta años de la población vasca, y que el 10-12% de los nacidos en el País Vasco lo han abandonado para vivir en otras regiones de España o en el -extranjero.
13. Ídem, Tabla 3.10, p. 170.
14. Idem, p. 210. Buesa explica esta expresión de la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann. «En las sociedades amenazadas por el terrorismo en las que, como en el País Vasco, la anomia, la carencia de reglas jurídicas y, sobre todo, del poder para defenderlas e imponerlas, deja a los ciudadanos inermes frente a quienes ejercen la violencia, el sigilo se impone como una estrategia para sobrevivir y, de esta manera, la espiral del silencio oculta las verdaderas opiniones y sentimientos de gran parte de ellos» (p. 212).


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