AGLI

Recortes de Prensa   Domingo 17 Julio 2011

 

Montesquieu ha muerto, Keynes también
Roberto Blanco Valdés La Voz 17 Julio 2011

No sé si han caído ustedes en la cuenta, pero las únicas reformas acometidas desde que la crisis nos puso ante los ojos que somos más pobres de lo que, como un espejismo, la pasada -y muy desigualitaria- bonanza nos hizo suponer, se han cargado sobre la espalda de la ciudadanía. Ninguna ha ido dirigida, curiosamente, a remodelar y reducir la mastodóntica estructura de poder que debemos soportar.

Aquí se ha reformado el mercado de trabajo y la negociación colectiva para abaratar el despido y contener las subidas salariales, aumentado el IVA, congelado las pensiones y rebajado los salarios de los funcionarios, reducido prestaciones sociales y suprimido privilegios injustificables (como el de la matrícula gratuita), y todo ello ha tenido el efecto que era de esperar: contener el gasto público, pero también el consumo, con lo que la receta para salir de la pasada recesión y la actual brutal contracción de nuestra economía consiste en desincentivar la demanda, cuyo crecimiento resulta, sin embargo, indispensable para la salida de la crisis. Lo sabemos desde que Keynes lo demostró con su influencia en las políticas del New Deal desarrolladas tras la crisis de 1929, pero las autoridades que controlan Europa y los dirigentes de los bancos franceses y alemanes, todos a lo suyo, nos llevan al desastre caminado sobre el cadáver del gran economista.

Es decir, en España, hemos realizado un ajuste del gasto público que se traduce directamente en la caída del consumo, pero ninguno de los dirigentes de los dos partidos que pueden gobernar se ha propuesto en serio -es decir, más allá de la propaganda electoral- impulsar una política de reformas que afecte a las delirantes dimensiones de la estructura de poder de la que viven las fuerzas que dirigen.

Una estructura formidable formada por más de 8.000 ayuntamientos (muchos prescindibles); casi medio centenar de diputaciones o instituciones similares (todas suprimibles); 17 comunidades autónomas que han reproducido, sin pararse en gastos, la ya disfuncional estructura estatal; y, en fin, un Estado central cuyo aparato administrativo no se ha reacomodado al nuevo sistema autonómico español. De todo ello cuelgan, además, entes públicos, consejos e instituciones muy diversas que hacen de nuestras administraciones una maraña dominada por los vicios de la duplicidad, la ineficiencia y, con mucha frecuencia, el despilfarro.

¿Por qué son tan valientes los dirigentes de partido para meterse con lo nuestro y no hacerlo con lo suyo? Es fácil, porque saben que sus partidos -instituciones, según Sartori, que compiten entre ellos por colocar a sus miembros en cargos públicos- tienen su gran pesebre en esa absurda e infinanciable estructura de poder. ¿Se imaginan lo que podríamos hacer si tuviésemos menos gasto corriente en nuestras administraciones y más fondos disponibles para dependencia, guarderías o necesarias obras públicas?

La grandes reformas -la recuperación de lo que simbolizan Keynes (la justicia en las salidas de la crisis) y Montesquieu (la división de poderes)- son las que España necesita urgentemente. Pero aquí estamos en otra cosa: en ver quién controla este bochinche finalmente para mantenerlo exactamente como está.

El calvario personal de Zapatero (y de todos los españoles)
Francisco Rubiales Periodista Digital 17 Julio 2011

La política está siendo para Zapatero un verdadero Calvario, un camino durísimo de desgaste y sufrimiento en el que lucha con uñas y dientes para impedir que los españoles asuman su triste realidad: la de un país pésimamente gobernado, que sigue hundiéndose y fabricando desempleo y pobreza Pero el drama tiende a crecer, del mismo modo que crecen el desgaste del gobierno, el rechazo de los ciudadanos al zapaterismo y los deseos de cambio..

Para evitar que los españoles asuman la verdad de que Zapatero es el peor gobernante de España desde los tiempos nefastos del rey traidor Fernando VII, el presidente parece dispuesto a hacer muchas barbaridades, incluso seguir mintiendo y ocultando la realidad para impedir, por todos los medios, que el Partido Popular arrase en las elecciones del año 2012.

Zapatero sabe que la política será para él un Calvario en lo que queda de legislatura, pero quiere que para el PP lo sea todavía más. Con Rubalcaba de candidato, los expertos y observadores esperan un despliegue de poder televisivo para desacreditar al PP y convencer a los españoles de que la derecha es por lo menos tan corrupta e inepta como la izquierda. Las televisiones sometidas al gobierno ofrecerán, probablemente, con creciente frecuencia detenciones de cargos corruptos del PP, con cuidado despliegue mediático, mientras que los comentaristas al servicio del socialismo renovarán su batería de argumentos y críticas para desprestigiar a la derecha.

Zapatero y Rubalcaba creen que todavía podría producirse el milagro si se dan las condiciones necesarias. Lo que nadie sabe es en que condiciones piensan cuando vaticinan una posible victoria socialista, a pesar de que el PSOE está casi desahuciado por los votantes españoles.

Los analistas especulan con escenarios que favorezcan al PSOE y que le ayuden a vencer y descubren, sobre todo, dos: el primero de ellos es la rendición de ETA, convenientemente magnificada y escenificada desde el poder como una victoria memorable de España contra la violencia; la segunda es una situación de tensión prebélica con Marruecos, tan intensa que provocaría la unidad de los españoles en torno a su gobierno.

La mayoría de los expertos y centros de análisis creen que la rendición de ETA no será suficiente argumento para cambiar el voto de castigo al socialismo, pero piensan que un escenario prebélico con Marruecos lleno de dramatismo y bien explotado por la propaganda, quizás pudiera conseguir el cambio de tendencia, aunque advierten que el desgaste socialista es tan profundo que cualquier escenario, incluso los teóricamente más favorables, podrían volvérseles en contra.

La resistencia tenaz del PSOE a dejar del poder está sorprendiendo a propios y extraños, y reforzando el criterio ciudadano de que el socialismo ha cambiado sus ideales por reparto de poder y de privilegios entre los suyos, único objetivo que parece moverles.

Si la estrategia de resistencia extrema en el poder llega a cuajar y a ponerse en práctica, la democracia y la sociedad española serían las primeras víctimas de ese juego demencial, temerario e inmoral.

Mucho más razonable, digno y democrático sería reconocer la verdad, explicar a los españoles que se han cometido errores, que la crisis es especialmente severa para nosotros y que la única forma de salir del foso de la destrucción de empleo y del avance hacia la pobreza, ante la imposibilidad de un pacto entre los dos grandes partidos y la sociedad civil española que consagre el esfuerzo, el sacrificio y la unidad, es a través de unas elecciones anticipadas que devuelva la voz a los ciudadanos y que genere un cambio.

Zapatero ha demostrado hasta la saciedad ser un soberbio peligroso que antepone su interés y su programa a cualquier otra causa o meta. Su retirada como candidato no fue voluntaria sino forzada por el rechazo ciudadano, que si seguía creciendo llevaría a su partido hasta una derrota humillante en 2012.

La mayoría de los españoles desean que el PSOE pase a la oposición y se regenere allí, alejado del clientelismo que ha minado sus entrañas, convirtiéndolo en un partido que en lugar de repartir ideas, ilusiones y servicio, reparte beneficios entre los suyos, convertidos, ante los ojos de los ciudadanos, en una legión de aprovechados incapaces de vivir al margen de unos fondos públicos que han dejado agotados.

Voto en Blanco

Un proyecto para España: las propuestas (V)
La reconstrucción de la Nación (1ª parte)
Alfredo Dagnino www.gaceta.es 17 Julio 2011

La única vía legal para restaurar la Nación es una reforma constitucional. Una reforma que cierre la estructura de organización territorial del Estado. Hay que recuperar y regenerar una conciencia nacional en los españoles. Ha llegado el momento de evitar una amenaza de desintegración.

Un segundo aspecto –y no menor– a considerar dentro de un programa de acción social y política para la regeneración de España pasa por abordar lo que podríamos denominar la “cuestión nacional” (que no cuestión territorial). No cabe ignorar por más tiempo las dificultades en este orden. Tales dificultades derivan de la creciente influencia política de unos nacionalismos, esencialmente desleales hacia España y hacia el orden constitucional, originada y alimentada por ciertas servidumbres difíciles de justificar, por no pocos complejos de los que aún no nos hemos desprendido, y en buena medida también por un perverso sistema electoral que hace que las mayorías nacionales acaben doblegadas ante las minorías nacionalistas, que se convierten así en árbitros de la situación y actúan condicionando las mayorías en las que se apoya el Gobierno de España.

Esta creciente influencia de los nacionalismos se ha transmutado en una auténtica ofensiva que no puede ocultar el hecho básico de que, el impulso que le anima, es la revisión de la titularidad del poder constituyente; que la pretensión de quienes incitan su puesta en marcha es netamente “soberanista”, acaso independentista, aunque a veces se vea enmascarada bajo alambicadas formulaciones jurídico políticas que no aspiren, por lo menos en apariencia, y en todo caso a corto plazo, a una ruptura total y formal con España.

Pero tan inquietante como la estrategia política seguida por el nacionalismo para la consecución de los objetivos perseguidos, no es ya la falta de firmeza y determinación, sino la actitud de condescendencia y hasta de claudicación desde los sucesivos Gobierno de la Nación y desde las instituciones del Estado, frente a la ofensiva de unas fuerzas nacionalistas instaladas ya en la deslealtad institucional y hasta en la desobediencia civil hacia el Estado. Y también, por qué no decirlo, la actitud mimética desde otras Comunidades Autónomas, gobernadas por distintas fuerza políticas, promoviendo propuestas de nuevos Estatutos, que rebasan notablemente los límites de la Constitución, incidiendo sobre competencias reservadas al Estado, con grave perjuicio para los principios de unidad, igualdad y solidaridad.

Así las cosas, ante el escenario razonablemente previsible de que la ola de reformas estatutaria se consolide, aunque sea con ciertas rebajas, y dado que estos Estatutos no podrán modificarse sin contar con la iniciativa de las propias Comunidades Autónomas afectadas, tenemos el convencimiento de que la única solución, la única vía legal, pacífica y democráticamente viable para restaurar la Nación y también el Estado español, es la de acometer una reforma constitucional “positiva”, esto es:

1 Una reforma que restaure y fortalezca los principios sobre los que debe cimentarse nuestra convivencia política.

2 Una reforma que cierre definitivamente la estructura de organización territorial del Estado, que cierre el camino y ponga fin a la escalada en la que nos encontramos y desactive las pretensiones políticas del nacionalismo.

3 Pero además, una reforma que configure el poder del Estado, respecto a las Comunidades Autónomas, con el peso específico que debe tener y tiene en cualquier sistema comparado.

Dicho en otros términos: en el punto en que nos encontramos, frente a quienes, desde hace ya algunos años, pretenden –lenta y paulatinamente, pero de manera inmisericorde– liquidar la Nación española y con ella toda una historia y un patrimonio cultural y espiritual común; frente a la candidez, la desorientación y el buenismo de unos, la tibieza y la equidistancia de otros, y frente a quienes ahora y siempre aparecen dispuestos a ser cercanos a la sensibilidad nacionalista, creo imprescindible reivindicar que se cumpla la Constitución y, en su caso, acometer la reforma de la misma. Una propuesta que debe a su vez ir acompañada de una tarea, no menos prioritaria, una labor de pedagogía cívica que, de manera sostenida y continuada en el tiempo, contribuya a recuperar y a regenerar una conciencia nacional entre los españoles, y por qué no decirlo también, a un sentimiento de amor y de orgullo de pertenencia a España, como patria común e indivisible de los españoles.

La identificación con este sentimiento que las generaciones de nuestros antepasados fueron construyendo, no sólo no puede ser despreciado, sino que debe ser propuesto y propuesto explícitamente, en términos políticos, sin duda, pero también a través de órdenes de actuación, tales como la educación y de la acción cultural, como base de la indispensable primacía del bien común y la solidaridad frente al egoísmo, el odio, la exclusión, la desigualdad y el individualismo que el nacionalismo exacerbado engendra.
No sabemos por qué todos los factores parecen estar confluyendo en una conjura de circunstancias adversas para favorecer los peores designios y situar a España de nuevo ante una encrucijada histórica que lleva a preguntarnos qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y de nuevo frente a su determinación, nuestra duda; frente a su unidad, nuestra división; frente a su audacia, nuestra debilidad.

Pues bien, ya hemos demostrado todo lo que teníamos que demostrar desde que nos reconcilió el pacto constitucional de 1978. Hemos procurado abonar todas las facturas de los errores históricos cometidos, y lo hemos cumplido con creces. Hemos hecho todos los ejercicios de generosidad que cabía hacer. Ahora, ha llegado el momento de evitar que una amenaza de desintegración arrebate nuestra alma colectiva y nos sumerja de nuevo en una crisis de identidad.

en este momento de la historia nos toca actuar con firmeza y no ceder un ápice más. Porque si consentimos que la ofensiva nacionalista secuestre la Constitución, España como Nación será historia; pero que nadie se lleva a engaño, el riesgo no sólo será para el futuro de España, sino para la democracia constitucional y para la propia libertad.

Este es el contexto desde el que, a mi modo de ver, debe enfocarse el debate y la reflexión sobre las medidas y las iniciativas que pueden y deben plantearse para hacer frente a una situación tan inquietante para el bien común de España y que puede, objetivamente, constituir la última vuelta de tuerca en el proceso de ruptura y desintegración de España. De ahí que en las próximas tribunas nos propongamos esbozar una serie de propuestas en orden a la restauración de la Nación, la recomposición jurídico-política del Estado, así como al reforzamiento de la conciencia nacional de los españoles.

Alfredo Dagnino, Consejo editorial de Intereconomía.

Faisanes, perdices y otras gal(l)ináceas
Editorial www.gaceta.es 17 Julio 2011

Hay similitudes entre el GAL y el Faisán: tanto tras Amedo como tras Ballesteros está el Gobierno. González incumplió las promesas hechas a Amedo; Ballesteros quizá viva ese futuro desolador. La tipología penal está por encima del pedigrí de García Hidalgo y demás circunstancias. En el bar Faisán, los policías ayudaron a escapar a etarras con un botín de 54.000 euros.

Cuando en 1659 las coronas de España y Francia sellaron la Paz de los Pirineos en la Isla de los Faisanes, cerca de la desembocadura del río Bidasoa, para poner fin a la Guerra de los Treinta Años, los firmantes jamás podían esperar que el nombre de aquel islote de menos de siete mil metros cuadrados desencadenaría, cuatro siglos después, un grave conflicto de Estado. Joseba Elosúa decidió poner el nombre de bar Faisán a un establecimiento cercano al puesto fronterizo de Behovia que, en 2006, se convirtió en el protagonista del chivatazo a ETA, una de las más graves indignidades de nuestra democracia, pues su bar era el punto de encuentro de la red de extorsión de la banda terrorista. El mundo al revés: un Gobierno avisando a través de policías a los terroristas para que pusieran los pies en polvorosa y desaparecieran con un botín de 54.000 euros.

El juez ha procesado a los tres servidores de Interior por los delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos, pero ¿qué pasa con todo ese dinero que nunca fue recuperado? Si se hubiera efectuado la redada todo habría ido a parar a las arcas del Estado. Por tanto, ¿se podría hablar de malversación de caudales públicos? Y lo más grave: ¿qué pudo hacer ETA después con todo el dinero? Espero que algún día podamos enterarnos de tal latrocinio porque los faisanes son aves gallináceas de vuelo corto.

El abogado del policía Ballesteros, uno de los procesados, se queja de que a su cliente los periodistas lo comparan con el subcomisario Amedo. Pero si al letrado le cuesta entender dónde están los puntos concomitantes entre el policía del chivatazo a ETA y el subcomisario de los GAL, se los puedo enumerar yo, uno a uno. A Amedo sus superiores le pidieron que se apuntara a los GAL, siglas tras las que se escondían el Ministerio del Interior y el Gobierno; a Ballesteros, sus superiores le encargaron que entregara en mano un móvil a Elosúa porque esa era la instrucción de Interior y del Gobierno. A Amedo le dijeron que los GAL eran un montaje de La Moncloa y que respondía a la razón de Estado con el único fin de acabar con ETA utilizando sus mismos métodos; a Ballesteros le razonaron que el chivatazo era necesario para evitar una ruptura en la negociación entre el Gobierno y ETA. A Amedo, cuando fue procesado, desde las filas de González le dijeron que no tenía más remedio que comerse el marrón de la guerra sucia, pero le prometieron que contaría con todo el apoyo del Gobierno, de la Fiscalía y, si ingresaba en prisión, su familia recibiría una compensación económica y, más tarde, le concederían el indulto; a Ballesteros desconozco lo que le han podido prometer, pero el caso presenta los mismos derroteros: el fiscal general del Estado ya ha intentado tomar cartas en el asunto. A Amedo, finalmente, cuando estalló el escándalo mediático, judicial y político y el Gobierno de González se quedó con sus glúteos al aire, lo amortizaron a beneficio de inventario: incumplieron todas las promesas y lo dejaron tirado en una prisión. Al menos, se salvó de la cuneta, porque algunos propusieron ese método de limpieza tan expeditivo cuando decidió colaborar con la Justicia. A Ballesteros no le deseo un futuro tan negro y desolador pero sólo le recordaré una de las frases más célebres de Napoleón III: “Quien sirve al Estado, sirve a un ingrato”.

Como he asistido numerosas veces a ese tipo de situaciones y he vivido en mis propias carnes el fenómeno de la ingratitud, sugiero al funcionario policial de la Seguridad del Estado –no del Gobierno ni del Ministerio del Interior– que haga un esfuerzo y sitúe su punto de mira a tres, cuatro o cinco años vista, cuando se celebre el juicio del caso Faisán. Entonces ni Camacho ni Rubalcaba ni Zapatero se le pondrán al teléfono, mirarán hacia otro lado, lo llamarán delincuente, como sucedió con Amedo, otro partido político gobernará España, el fiscal general ya no se llamará Conde-Pumpido, los magistrados aplicarán ciegamente las leyes al margen de atenuantes políticos y, posiblemente –ojalá me equivoque– ETA seguirá dando la lata. Propongo que el abogado de Ballesteros, el que dice no entender las comparaciones, llame al subcomisario Amedo y le pregunte cómo vivió él todo ese calvario, algo que le sigue persiguiendo. Por lo pronto, la Justicia sigue sin darle contestación a las denuncias que ha interpuesto contra Felipe González, a quien acusa de ser la X de los GAL, y contra Rubalcaba por injurias. Al ex ministro del Interior, que llamó a Amedo delincuente, le contestó que lo fue por seguir las órdenes de un Gobierno del que él formaba parte. La Audiencia Nacional, asimismo, sigue sin pronunciarse sobre la querella que el sindicato Manos Limpias presentó contra Felipe González y los GAL.

Trazabilidad: palabro de moda que ejemplifica perfectamente las similitudes entre los casos de Ballesteros, García Hidalgo y Pamiés con el de los policías de los GAL. Ambos presentan el mismo recorrido, y los abogados de Pamiés o Ballesteros pueden llamar para comprobarlo estos símiles a Amedo, Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, Julio Hierro, Francisco Sáiz Oceja, Michel Domínguez... A ellos, el Gobierno de González también les pidió que llevaran un móvil a Elosúa por el bien de España y acabaron entre rejas. El ejecutivo de Felipe no sólo los dejó tirados, sino que, además, los investigó y los metió en la cárcel. Rubalcaba era entonces su profeta. A Michel Domínguez, que acababa de ingresar en la Policía y que su tarea se limitaba a redactar los comunicados reivindicativos de los GAL porque sabía francés, le cayeron 53 años de condena.
Es cierto que GAL y Faisán, en cuanto a la naturaleza del delito, nada tienen en común, pero, en cuanto a su desenlace, son como dos gotas de agua. Los funcionarios implicados en el Faisán, que actuaron tras recibir las órdenes de sus superiores, instrucciones de corte político, como al principio de la línea de la trazabilidad del caso Amedo, se sumergen en la ley de la omertá y se meten en un verdadero atolladero. Pasado el tiempo, se quedan solos, sin oficio, inhabilitados y sin honor.

El caso de García Hidalgo merece una mención especial. El dirigente de los socialistas vascos y ex director de la Policía se vio metido de bruces en el caso Faisán porque pretendía, a toda costa y siguiendo las instrucciones políticas de Rubalcaba y Zapatero, que las detenciones de Elosúa, Aguirre y Madariaga no afectaran al proceso de negociaciones con ETA, en el que él estaba metido hasta las cejas. Víctor García Hidalgo, que ha sido procesado por colaboración con organización terrorista y revelación de secretos, tiene una difícil defensa en el caso del chivatazo, pero su caso presenta una serie de paradojas. Hijo de guardia civil, nació en una Casa Cuartel de Extremadura. Además, tiene tres hermanos en el instituto armado y va acompañado día y noche por los escoltas porque está amenazado por ETA. Con ese pedigrí parece excesivo que pretendiera colaborar con la banda terrorista, pero la tipología penal está por encima de todas esas consideraciones. Está claro que García Hidalgo también sucumbió a directrices políticas pero, si es así, que lo diga en sede judicial.

Entre tanto, ETA, la más beneficiada por el chivatazo, sigue mareando la perdiz con la publicación de comunicados que ya no interesan a nadie. Continúa con la misma sordina del siglo pasado: “Trabajar en favor de la solución y abrir , entre todos, espacios para el diálogo y la negociación”. Desconozco al autor del escrito, pero más que un terrorista parece un moñas. La banda insiste en su lenguaje trasnochado denunciando la “estrategia represiva y de bloqueo” de Francia y España. ¿Pero en qué país, en qué agujero, vive esa gente? ¿Y en qué país habitan quienes en el otro lado todavía piensan que se puede negociar con tanto descerebrado? Si el Gobierno mantenía alguna esperanza de presentarse a las próximas elecciones con una ETA desmantelada, los terroristas constatan que siguen igual de altivos y provocadores. No parece que sus tambores sean de paz. Para la banda, la victoria de Bildu ha sido un avance en la “batalla política e ideológica de la ilegalización”. Que saquen lectura el Gobierno y el Tribunal Constitucional. Si pensaban que, legalizando a Bildu, los etarras iban a enternecerse y abandonar las armas les ha salido el tiro por la culata. Basta leer sus palabras: “Estamos dispuestos a profundizar en el camino emprendido”. O sea, que de abandono de las armas, nada de nada. Tenemos faisanes, perdices y otras gallináceas para rato.

Cataluña
Sánchez-Camacho renuncia a su promesa electoral en materia lingüística y no exigirá a CiU cumplir la ley
La líder del PP de Cataluña incumplirá uno de los ‘leitmotiv’ de su campaña electoral de las pasadas autonómicas: solo pactaría con CiU si dejaban de imponer “una sola sanción en materia lingüística” y permitían elegir “la lengua vehicular [escolar] que los padres catalanes queramos para nuestros hijos”.
Redacción www.voxbcn.com  17 Julio 2011

Alicia Sánchez-Camacho no se plantea exigir a CiU lo que los populares prometieron, durante la campaña electoral del pasado 28 de noviembre. En concreto, el PP aseguró, entonces, que exigiría a los nacionalistas para pactar que se acabasen con las multas lingüísticas a los comerciantes y la inmersión lingüística obligatoria. El PP, ahora, recula.

La líder, diputada autonómica y senadora del PP así lo ha reconocido en una entrevista en la que, preguntada por un posible acuerdo PP-CiU para los presupuestos autonómicos de 2012 -tras cerrar un acuerdo por los presupuestos de 2011-, responde: “Intento llegar a acuerdos en los que podemos entendernos”.

CiU ha manifestado su posición en contra de adaptar las sentencias del Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) por lo que el PP de Cataluña, según las palabras de su líder, no optará por exigirle a los nacionalistas, en el Gobierno de la Generalidad, la eliminación de la inmersión lingüística obligatoria, tal y como marcan los tribunales.

Leitmotiv electoral
Sánchez-Camacho incumplirá, de esta manera, uno de los leitmotiv de su campaña electoral de las pasadas autonómicas. La líder del PP de Cataluña defendía, entonces, que el PP solo pactaría con CiU si dejaban de imponer “una sola sanción en materia lingüística” y permitían elegir “la lengua vehicular [escolar] que los padres catalanes queramos para nuestros hijos”.

Sin embargo, la dirigente popular ha sido muy clara, este domingo, en una entrevista para El País. ¿Exigirá enterrar el modelo de inmersión lingüística obligatoria para pactar los presupuestos de 2012 con CiU? “Todavía no nos hemos sentado a negociar. Lo apoyaremos si es bueno para la economía catalana y la creación de empleo“. Es decir, ¿no lo van a exigir como contrapartida? “Lo que intento es llegar a acuerdos en los que podemos entendernos, y ahora lo que toca es superar la crisis”.

Eso sí, la líder del PP de Cataluña no ha dudado en capitalizar la propuesta e iniciativa de Convivencia Cívica Catalana en matería lingüística, fotografiándose a las puertas de la Consejería de Enseñanza de la Generalidad con los padres que exigen que la Administración autonómica cumpla la ley en las escuelas de la Comunidad. ¿Por qué no lo exige a CiU?

¿Con CiU, sí; con ERC, no?
En esta línea, Sánchez-Camacho considera que apoyar a CiU es actuar “con responsabilidad”, pese a que los nacionalistas defiendan un referendo de secesión para Cataluña, al margen de la ley. Un argumento, otro, que fue utilizado por el PP para criticar el pacto del PSC (e ICV-EUiA) con ERC. “No es lo mismo. Nosotros no gobernamos con CiU, como sí hicieron PSC y ERC”, se ha defendido la líder popular.

Finalmente, la diputada autonómica y senadora ha asegurado que no tiene “ningún interés” en formar un gobierno de coalición con CiU en la Generalidad, como tampoco se ha planteado ser ministra en un futuro Gobierno de Mariano Rajoy (PP), en caso de que el PP gane las próximas elecciones nacionales, previstas para marzo de 2012.

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Ermua
Rodríguez y Rubalcaba se despeñaron por el precipicio de las negociacionescon los terroristas
JON JUARISTI ABC 17 Julio 2011

HAN pasado catorce años desde las grandes movilizaciones de julio de 1997, un movimiento que se inició espontáneamente en Ermua, al conocerse el secuestro de su vecino y concejal, Miguel Ángel Blanco, y se extendió en pocas horas a toda España, sin blogs ni redes sociales. No fue cuestión de consignas, sino de fina intuición democrática. Además de la liberación de Miguel Ángel, los manifestantes exigían que se terminara de una vez con la chulería y el matonismo de la ETA legal, Herri Batasuna, y se expulsase de los ayuntamientos vascos a los soplones de la banda.

Nadie pensó en montar acampadas permanentes, ni en perpetuarse como un partido por encima de los partidos. Las plataformas cívicas —el Foro de Ermua y ¡Basta ya!— surgieron un año después, cuando el PNV, Ezker Batua (la IU del País Vasco) y Eusko Alkartasuna se aliaron con la izquierda abertzale para excluir de la política vasca a las fuerzas constitucionalistas. El gobierno de Aznar respondió como se debía al desafío del nacionalismo, sellando con la oposición un acuerdo antiterrorista e iniciando el proceso de ilegalización de Batasuna.

El gobierno de Rodríguez podría haberse ahorrado la impugnación masiva por parte de las asociaciones de víctimas, con sus amplias y constantes manifestaciones, si hubiera mantenido los compromisos contra ETA que asumió el PSOE, desde la oposición, con el gobierno del PP. Si los hubiera respetado, es dudoso que todo el abigarrado paquete de sandeces políticas que desplegó para hostigar a la derecha y a la Iglesia católica hubiera mermado su crédito político en la medida en que lo ha hecho desde que la crisis económica puso de manifiesto la escalofriante falta de sustancia del Presidente y de sus equipos. El antiterrorismo era, en 2004, el significante de los consensos básicos y de las libertades constitucionales amenazadas por ETA. Ni Rodríguez ni Rubalcaba lo vieron así. Se despeñaron alegremente por el precipicio de las negociaciones con los terroristas, conchabándose de paso con el nacionalismo estúpido de ERC y con el nacionalismo gorrón del PNV. Fracturaron la nación, ni más ni menos. Deshicieron la urdimbre de las solidaridades políticas necesarias para que el pacto nacional funcionara, y los resultados están a la vista, con la izquierda abertzale en las instituciones vascas y ETA más contenta que nunca, atribuyéndose la mayor humillación que el secesionismo haya infligido en la Historia al Estado español. Ante esta evidencia, palidecen los méritos de las numerosas detenciones de etarras y descubrimientos de zulos. Aun olvidando el caso Faisán(que no se va a olvidar), lo que sería en otras circunstancias un brillante balance ministerial se ve fatalmente oscurecido por la incapacidad colegiada del gobierno para evitar la conversión de la derrota policial de ETA en una victoria política de la banda.

El último error del zapaterismo (o del post-zapaterismo) consiste en la interpretación de las movilizaciones del 15-M en clave de protesta democrática. Con independencia de lo que los indignados piensen de sí mismos, es obvio que el fenómeno de la indignación primaveral de 2011 tiene un parentesco directo con el acoso a las sedes del PP en la tarde del 13 de marzo de 2004, y ninguno con el movimiento que se inició en Ermua, aquel mes de julio de hace catorce años.

El ensañamiento de Murphy
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 17 Julio 2011

“Si algo puede salir mal, saldrá mal”. Eso dicen que reza la famosa Ley de Murphy de 1949 aunque, en realidad, esa expresión sea una destilación libre de la teorización del ingeniero Edward Murphy, según la cual el error tiene más posibilidades que el acierto. O en otras palabras: si la tostada se cae al suelo, lo hará siempre por el lado de la mantequilla. Pues bien: esta ley de sumo pesimismo se ha ensañado con un Gobierno que esta semana ha quedado desencuadernado y su candidato en las próximas elecciones cuestionado desde el punto de vista político.

Tanto en el Gobierno como en el PSOE había una cierta complacencia sobre la “extraordinaria” gestión antiterrorista. El “proceso de paz” emprendido en 2006 por Rodríguez Zapatero habría sido una “jugada maestra” que debilitó a ETA de manera irreversible. En línea con esta versión, los etarras eran poco menos que una pandilla de desarrapados en huida abierta por el norte de Europa y algunos países latinoamericanos.

Esta tesis dejó de ser creíble cuando Bildu franqueó la ley de partidos y, en palabras de la propia ETA, la izquierda abertzale ganó con la coalición la “batalla política e ideológica de la ilegalización”. Efectivamente: el deseo indisimulado del presidente del Gobierno de que las listas de Bildu fuesen legalizadas, la connivencia del PNV, la falta de criterio del lehendakari López y el exceso de jurisdicción del Tribunal Constitucional, ofrecieron a ETA la victoria que por vía terrorista no podía ya obtener. Hace mucho tiempo que los pistoleros se sabían derrotados en el terreno “operativo”, pero aspiraban a un triunfo político que los partidos nacionales evitaron, impulsados en 2001 por el Gobierno de Aznar, prohibiendo la legalidad institucional del entorno civil de ETA.

¿Alguien puede dudar de la concurrencia de responsabilidad política?, ¿alguien estaría en condiciones de afirmar que el candidato del PSOE, Pérez Rubalcaba, no queda erosionado con esta decisión judicial?

Ahora Bildu -un clon de Batasuna- está, no sólo en la legalidad, sino también en el poder de las dos principales instituciones de Guipúzcoa (Ayuntamiento de San Sebastián y Diputación Foral), siendo Donostia “premiada” con la capitalidad cultural europea en una de las decisiones más desatinadas que se conocen, y que será investigada, no tanto por su designación, como por la motivación que la justifica y la rentabilización política que permite a la coalición abertzale. Que ETA se jacte de todo ello en el comunicado publicado íntegramente por el diario Gara el pasado miércoles, echa por tierra las supuestas virtualidades del “proceso de paz” de 2006.

Por si fuera poco, el tal proceso se ha sumido, no ya en el descrédito, sino en la peor de las sospechas con el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Ruz -zarandeado por Jáuregui y Rubalcaba- contra el ex director general de la Policía, el jefe superior del País Vasco y un inspector por la posible comisión de un delito de colaboración con banda armada o encubrimiento de ésta y otro de revelación de secretos. Atribuye a los tres, en grados diferentes, la alerta a Joseba Elosúa en el bar Faisán de Irún sobre una inminente acción policial que daría con él y otros responsables del aparato de extorsión de ETA en la cárcel.

El chivatazo se perpetró el 4 de mayo de 2006, en pleno “proceso de paz”, y aunque el magistrado no se pronuncia sobre el móvil de semejante comportamiento, no hace falta especular demasiado para considerarlo como una connivencia con los etarras para no dificultar el curso de las negociaciones. Y como a este Gobierno si algo le puede salir mal, le sale mal indefectiblemente, en ejemplo evidente de cómo la ley de Murphy se cumple de forma sañuda, el auto de procesamiento y el comunicado de ETA (que mantiene su existencia y sigue reclamando la negociación para llegar a la independencia de Euskadi) se producen simultáneamente a la renuncia al cargo de ministro del Interior por el candidato Rubalcaba y la toma de posesión como nuevo ministro del que el 4 de mayo de 2006 era Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

Ni contra uno ni contra otro hay, ni indiciariamente, reproche penal. Pero, ¿alguien puede dudar de la concurrencia de responsabilidad política?, ¿alguien estaría en condiciones de afirmar que el candidato del PSOE, Pérez Rubalcaba, no queda erosionado con esta decisión judicial? Ni siquiera los más acreditados hooligans del socialismo podrían no interiorizar estas noticias como durísimos reveses para un Gobierno que se ha refugiado en la lucha antiterrorista como un nicho –quizás el único-- de su excelencia política. Si alguien llegó a pensar tal cosa, este pequeño crédito se ha convertido esta semana en un saldo por completo negativo.

Ni el enjuiciamiento de Camps ayuda al Gobierno.
Todos los demás, también lo son. Porque el rebrote de la crisis económica para el que el presidente del Gobierno, ante el mismísimo Herman van Rompuy en la escalinata de la Moncloa, no encontraba explicación, sí la tenía: en la comunidad castellano-manchega el Gobierno del PP anunciaba que el déficit superaba el 4% (más de dos puntos del reconocido por el ex presidente Barreda) y que estaban pendientes de pago facturas por importe de 1.700 millones de euros; por otra parte, varias de nuestras entidades financieras no han superado los test de estrés conocidos la tarde de ayer, al margen de que la metodología aplicada por la EBA pueda ser discutible. Pero como Murphy es implacable y Zapatero parece abonado a su estricto cumplimiento, el presidente se permitió el lujo de amonestar a Alemania, sin cuestionarse ni por un momento que todas sus reformas –con la excepción parcial de la de las pensiones—son insuficientes (las laborales) o equivocadas (la de cajas de ahorro) y que sus medidas de recorte resultan meramente coyunturales y no estructurales.

A mayor abundamiento, el pasado martes, después de lograr por los pelos la aprobación del techo de gasto (-3,8% respecto de los presupuestos de 2011), la vicepresidenta primera, Elena Salgado, anunciaba que habría que revisarlo en el mismo proyecto de Presupuestos. Falta ahora que los nuevos gobernantes populares en Aragón, Extremadura o Baleares confirmen o desmientan los déficits declarados por sus predecesores. Sin olvidarse de lo que pueda decir al respecto el desde ayer nuevo presidente de la Junta asturiana, Francisco Álvarez Cascos.

La comprobación de que la gestión de la crisis ha resultado ineficaz; el testimonio aplastante de la desafección del electorado al PSOE (22-M) y la bofetada que representa para la política antiterrorista del Gobierno la declaración de ETA que se perpetua y se proyecta en Bildu y la confirmación de indicios racionales de criminalidad en dos funcionarios policiales y un cargo político que entraron en presunta connivencia con los terroristas el 4 de mayo de 2006, son todas circunstancias que erigen a este Gobierno en víctima del ensañamiento de la ley de Murphy porque todo cuanto podía salirle mal le ha salido. Debido, claro es, a una irresponsabilidad política sólo pareja a la técnica y, en determinados casos, a un analfabetismo ético indignante. Del que no le rescata ni la apertura de juicio oral a un torpe y marrullero Francisco Camps, y tres más, acusado de un delito de cohecho impropio que juzgará un jurado popular, asunto que podría ofrecer un poco de combustible para un deprimido PSOE. Algún peaje deberá pagar el Partido Popular por haber permitido que el presidente valenciano y otros imputados, con grave desconsideración a la ciudanía y a la estima al servicio público, se presentasen a las elecciones el 22-M.

Dada la situación, debe ser un mínimo consuelo para el PSOE que su candidato se declare preparado “urbi et orbi” para acudir a la cita electoral en cualquier momento, que seguramente será en Noviembre. Y sería lo mejor que pudiera ocurrir una vez la semana que viene se apruebe la reforma de las pensiones y ya convalidado el Decreto ley de regla de gasto y amparo a los hipotecados. Se sabe que cuando rige la vigencia de la ley de Murphy es inútil recurrir a aplazamientos porque todo aquello que el Gobierno intente que no sea la decisión de hacer mutis por el foro, le saldrá mal. Que se lo cuente, sino, al nuevo y flamante portavoz del Gobierno, José Blanco, que confundió al jugador Ibaka por la multinacional Ikea. ¡Es Murphy!

CAT de cateto. La guerra de los símbolos.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 17 Julio 2011

El nacionalismo catalán, ahora de vuelta en el poder de la Comunidad Autónoma a la que llama "País", sigue cayendo en la más patética y ridícula actitud cateta y provinciana de acomplejados. Así que lo que dice el actual Consejero de Interior, el Sr. Puig fomentando sustituir en las matrículas de los vehículos la sigla oficial E de España por la de CAT que dice que representa a su país, no es sino otra más de las patochadas propias de políticos cuya misión es el enfrentamiento y la crispación de la sociedad.

No hay que recordarle al actual jefe de los Mossos de Escuadra, policía autonómica a su mando que ha sustituido a la Guardia Civil en el control del tráfico, entre otras funciones, que si es detenido e inspeccionado, se le debe aplicar una sanción por alterar la identificación legal y aplicable a sus vehículos e incluso obligarle a retirarlas o inmovilizarlos. La Ley no admite ninguna interpretación y lo que afirma este sujeto ultra nacionalista que ostenta un cargo de alta responsabilidad en la Autonomía de Cataluña, es lisa y llanamente falso y censurable por incitar a otros a cometer una infracción.

Es verdad que el Gobierno de España no ha hecho nada para cortar de raíz el uso ilegal de otros medios donde la sigla CAT aparece con la misma categoría que la de España. Me refiero a Internet, esa red de comunicación que es como el antiguo oeste americano, un lugar sin ley, sin control y donde cohabitan desde pederastas, mafias, negocios de todo tipo, páginas webs que directamente soportan contenidos con derechos de autor de vídeo, música o libros, y un largo etcétera de actividades delictivas como el spam, los virus y troyanos para extracción de datos personales, estafas bancarias.

Por mucho que se empeñen estos ultra nacionalistas, Cataluña es solo una más de las Comunidades Autónomas de España y carece de la legitimidad para imponer una identidad en plan de igualdad con España, sea en el foro que sea. Por supuesto que eso incluye a las ridículas "embajadas" en otros países y que son financiadas con los impuestos de todos los españoles. Otra ilegalidad que el Gobierno de España consiente. Claro que ha sido este Gobierno de Zapatero el principal impulsor de un Estatuto que hubiera sido declarado inconstitucional de no mediar un Tribunal Constitucional obediente a las instrucciones del poder, y que sigue actuando como brazo político jurídico devolviendo a etarras a las Instituciones.

La dependencia del Gobierno y su debilidad , le hace ser cómplice de estas actitudes ilegales y omitir su responsabilidad para hacer respetar la Ley. Claro que poco podemos esperar de una oposición que ha hecho también bandera de la diferenciación, de la imposición de su provincianismo con asuntos como la "inmersión lingüística", la persecución o aislamiento de lo que es y significa ser español, así como la insolidaridad inter territorial. Galicia, Valencia, son dos claros ejemplos donde el PP enseña su cara más hipócrita respecto a su mensaje a nivel nacional.

Es obligación del Gobierno y de la actual oposición, hacer respetar la Ley. Es un deber inexcusable exigir al Gobierno de la Autonomía del Sr. Más la inmediata destitución de quien promueve la comisión de una infracción en asuntos que dependen de su cargo. Es una responsabilidad de quienes tienen el poder perseguir este tipo de actitudes y pararlas de raíz. Es inaplazable acabar con la impunidad de Internet como base de operaciones donde la libertad de expresión y de comunicación se ha confundido con un universo sin ley y sin reglas donde reina el caos.

Carta a los parlamentarios del PSOE
Asociación por la Tolerancia 17 Julio 2011

Apreciados Sres. y Sras. Diputados del Partido Socialista Obrero Español:

La Asociación por la Tolerancia es una entidad sin ánimo de lucro que se nutre exclusivamente de las cuotas y del esfuerzo voluntario de sus asociados. Desde hace dieciocho años, denuncia los abusos de los distintos gobiernos de la Generalitat en la imposición de un régimen lingüístico que vulnera los derechos de los ciudadanos hispanohablantes en Cataluña ante la pasividad, cuando no la aquiescencia, del gobierno central.

Hemos constatado con asombro y consternación cómo, en fecha reciente, el partido que Vds. representan ha votado favorablemente una moción de ERC que supone un respaldo parlamentario implícito a la política catalana de inmersión lingüística, contraria -como no se les escapará- a las recientes sentencias del TC y al sentido común.

Por ello, valiéndonos de la pluma de nuestro socio Jesús Royo Arpón (autor -entre otras obras- de Una llengua és un mercat y Argumentos para el bilingüismo) queremos hacerles llegar las siguientes reflexiones:

Al grupo parlamentario del PSOE

Esquerra Republicana en el debate sobre el estado de la nación propuso censurar los cambios legislativos previstos en la escuela valenciana y balear. El PSOE se sumó, contra sus propios intereses y sus principios. Pero con ello se daba un gustazo doble: darle una colleja al PP en sus autonomías, y a la vez llevarse una baza en el mus del Congreso, que a veces parece un congreso de mus, y perdonen el chiste fácil. ¿Pero nadie les dijo a los del PSOE que ese gustazo les podía salir muy caro, que pretender entrar en Valencia y Palma a lomos de ERC es suicida, y que la moción de marras es un brindis al sol, que lo único que va a servir es para perder votos a espuertas? ¿Desde cuándo el PSOE juega a ser inconstitucional y extraparlamentario, el juego preferido de ERC?

Los hechos. El nuevo gobierno de Camps prepara un cambio de modelo lingüístico en la escuela. Hasta ahora hay un modelo a la vasca: los padres escogen escuela en valenciano o castellano. Solo un 30 por ciento escogen valenciano. El nuevo modelo propone una escuela única, con las dos lenguas oficiales equiparadas, y la incorporación del inglés como lengua vehicular: el catalán y el castellano tendrían cada uno un mínimo del 30 por ciento de materias, y el inglés un máximo del 40 por ciento, porcentajes a determinar por los consejos escolares. Pues bien, a los nacionalistas, con ERC a la cabeza –y el PSOE a la cola- no les gusta. ¿Por qué? Es incomprensible. ¡Los que deberían protestar son los partidarios de la escuela en castellano, que pasan del 70 por ciento actual a la mitad o menos! El valenciano consolida por ley el nivel mínimo del 30 por ciento: es decir que el máximo actual pasa a ser el mínimo del futuro. ¿De qué se quejan? Además, se garantiza que el cien por cien de la población tendrá un conocimiento cabal del valenciano, como lengua normal y formal, rompiendo el proceso de marginalización actual. ¿Y no se han llenado la boca los jerarcas del PSC –y nos la han tapado a los discrepantes- con el cuento de "no separar a los alumnos por razón de lengua", con el que justificaban la inmersión obligatoria? El nacionalismo es así, una cosa puede ser buenísima en Valencia y horrenda, vade retro, unos kilómetros más al norte. ¡Oh misterios insondables de las patrias!

Y para liarla, en Baleares también habrá cambios, pero en la dirección contraria: que los padres decidan la lengua escolar de sus hijos. La escuela balear –que hasta hace poco era territorio MEC- caminaba rápidamente hacia la catalanización total, siguiendo los pasos de Cataluña. Y no me extrañaría que esa política escolar tenga algo que ver con el reciente vuelco electoral. Pues bien, la moción de ERC rechaza a la vez los dos modelos contrarios, el de libertad de elección de centro (Baleares) y el de escuela única (País Valenciano). ¿Lo entienden ustedes? Yo tampoco.

Hay que recordar que ambos modelos son legales y válidos, según la jurisprudencia del TC. Y que los gobiernos autónomos son competentes en la fijación del modelo escolar, de acuerdo con las leyes. Por eso, que el Congreso censure a dos Comunidades por determinar algo que es de su competencia, es inaudito: solo puede tomarse como una injerencia, un abuso. O sea, carnaza para el victimismo local, que será hábilmente utilizada por los gobiernos peperos, con el consiguiente quebranto sociata. Al tiempo.

Y hay que recordar otra cosa: que el único modelo ilegal es el catalán, por sentencia del TC y del TS, al alimón esta vez. Es el único que no respeta la cooficialidad lingüística, la paridad entre el catalán y el castellano. Es legal dejar la elección a los padres, o privarles de ella siempre que la oferta sea paritaria. No es legal imponer un modelo no paritario: todo en catalán. Como lo sería también todo en castellano, pero eso no hay nadie que lo proponga. Contra el actual modelo catalán, por ilegal, sí que hubiera sido pertinente una moción parlamentaria, o mejor aún, una acción coercitiva del gobierno. Las leyes deben cumplirse. ¿O no?

Animándoles a seguir adelante con su difícil tarea legislativa, se despide de Vds.

Eduardo López Dóriga, presidente de la Asociación por la Tolerancia

Òmnium Cultural: 50 años de independentismo subvencionado
La entidad ha promovido las principales campañas contra España. Exige un referéndum “oficial y vinculante”. El tripartito les otorgó 8 millones en siete años.
M. Maristany. Barcelona www.gaceta.es 17 Julio 2011

Cinco ilustres catalanes fundaban Òmnium Cultural en el año 1961 para promocionar la cultura catalana. Félix Millet Maristany fue el gran impulsor. Mecenas, activista católico y catalanista, presidió el Banco Popular. Otros cuatro importantes empresarios le acompañaron: Lluís Carulla Canals (Agrolimen), Joan B. Cendrós Carbonell (Banca Catalana), el empresario textil Pau Riera Sala y Joan Vallvé Creus (Metales Ribera, SA).

Antes de poner en marcha la institución a principios de los sesenta, habían creado ya el premio de novela catalana Sant Jordi para hacer la competencia al Nadal. Una noche de 1963, la Brigada Político-social irrumpió en la sede de Òmnium requisando toda la documentación por las más de 10.000 instancias solicitando la enseñanza en catalán que sus miembros enviaron al general Muñoz Grandes. En 1967, se reemprendió la actividad, convirtiéndose en la punta de lanza del nacionalismo cultural hasta nuestros días, con la presidenta Muriel Casals.

Tras las primeras elecciones a la Generalitat en 1980, en las que vence Jordi Pujol, la institución se convierte en un potente grupo de opinión independentista. En 1997, Òmnium entrega al Parlamento catalán varios documentos para “dar un nuevo impulso a la normalización lingüística” y, dos años más tarde, un grupo de socios pide al Gobierno central que se reduzca el déficit de la balanza fiscal de Cataluña respecto al conjunto de España. En el año 2000 promueven la campaña DesmarCA’T, que reivindica las matrículas catalanas, y el 10 de julio 2010 convocan la manifestación en protesta por la sentencia del TC que recorta el Estatuto catalán.

Este pasado lunes, en la celebración del 50 aniversario, la actual presidenta instó a los catalanes a la objeción fiscal si no se logra el concierto económico. Exigió a los políticos que “se comprometan a convocar un referéndum para la independencia de Cataluña “de forma oficial y vinculante”.

La entidad recibió subvenciones millonarias durante los sucesivos Gobiernos de Jordi Pujol, pero el tripartito (PSC, ERC e ICV) también les mimó al otorgarles casi 8 millones de euros en apenas siete años. El 31 de marzo de 2009 la entidad fue declarada de utilidad pública mediante un decreto de la consejería de Justicia de la Generalitat, accediendo así a beneficios fiscales y nuevas subvenciones asociadas a esa condición.

Controversias
En 2005 inician –desde su delegación de Anoia, tierra del cava– la campaña contra los productos catalanes etiquetados en castellano. En octubre de 2009, un ex candidato a la presidencia de Òmnium denuncia a la entidad ante la Oficina Antifraude por haber recibido de la Generalitat una herencia de 601.000 euros que cobró la fundación privada.

Tras la reciente llamada a la insumisión por parte de la presidenta, el PP denunció que Òmnium “ya no es cultural, sino política y con un marcado acento independentista y excluyente”, y advirtió de que la entidad hace el “trabajo sucio” de los partidos nacionalistas. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tachó de “casi delictivas” las palabras de la presidenta, quien calificó de maltratadores a los padres que reclaman una educación bilingüe.

Ilustres
Uno de los mayores triunfos de Òmnium ha sido el de rodearse desde siempre de la adinerada farándula nacionalista. Por supuesto, Jordi Pujol y Artur Mas, pero también, entre otros muchos, el ex vocal del CGPJ Alfons López-Tena; el entrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, y el presidente de la misma entidad, Sandro Rosell; el sacerdote y escritor Josep Maria Ballarín; el conocido cocinero –estrella Michelin– Nando Jubany; o el veterano político Miquel Sellarès.



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