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Recortes de Prensa   Jueves 28 Julio 2011

 

Urgencias autonómicas
El Editorial La Razón  28 Julio 2011

El Gobierno y las comunidades autónomas tienen hoy la oportunidad de enviar un mensaje a los mercados internacionales de compromiso con la austeridad. Mientras se mantiene la presión sobre nuestra deuda soberana y se fuerza al Tesoro a elevar sustancialmente el tipo de interés a pagar, los inversores y los organismos internacionales estarán hoy muy pendientes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de sus resultados. Hay una obligación de dar una respuesta favorable a los ajustes en línea con el objetivo del 6% de déficit para el conjunto de las administraciones del Plan de Estabilidad, pero también de atender a las exhaustas arcas autonómicas para no poner en peligro el funcionamiento de los servicios públicos y el pago a los proveedores. El cambio político del 22-M ha permitido conocer el estado crítico de algunas administraciones dirigidas por los socialistas. Los déficits ocultos, las facturas impagadas, serán también protagonistas en el encuentro de hoy, porque condicionan la capacidad de los nuevos gobiernos para afrontar su día a día. La propuesta de sancionar la estafa política que supone la ocultación de la deuda y el derroche debe ser tenida en cuenta. El vicepresidente Chaves respondió ayer que «no se pueden sacar presuntas deudas para justificar recortes». Su actitud es de un cinismo insólito. Fue su Gobierno y él mismo los que hicieron la vista gorda ante los dispendios del PSOE.

El Consejo, que en principio debatirá la regla de gasto que quiere implantar el Ejecutivo y la distribución de 8.000 millones adicionales de la financiación de 2012 para Sanidad, debe alcanzar un consenso por la estabilidad presupuestaria y lo que ello supone. En ese aspecto, Mariano Rajoy definió ayer un razonable marco de actuación que pasa por la ampliación del plazo para que los gobiernos devuelvan los anticipos de ingresos adelantados por el Estado –19.000 millones–, lo que resolvería los problemas de liquidez sin afectar a la deuda ni al déficit público, y una apuesta por el equilibrio presupuestario, el recorte de los gastos corrientes y la transparencia con la deuda. Esas pautas generan confianza y son límites exigentes a la gestión de lo público.

A estas alturas parece complicado que todas las comunidades puedan cumplir con los objetivos de déficit, porque el volumen de números rojos es apabullante. El nuevo Gobierno extremeño, por ejemplo, anunció ayer que el desequilibrio contable duplicaba a 30 de junio lo estipulado por el Gobierno, el 1,3%. La posibilidad de que se incumpla el Pacto de Estabilidad es un hecho y eso tendrá un coste en los mercados, pero es preciso descontarlo cuanto antes y replicar con medidas creíbles y exigentes que generen solvencia. Las comunidades tienen que cortar y cortar hasta quedarse con lo indispensable. No existen milagros y el crédito internacional está agotado.

El próximo Gobierno estará obligado a afrontar una redefinición y revisión del estado autonómico que no puede descartar la recuperación de competencias ni nuevos mecanismos de supervisión estatal. Bajo los parámetros actuales se ha levantado un gigante con los pies de barro que amenaza la recuperación económica. El futuro pasa por un cambio profundo y racional.

El Gobierno destina más de 236 millones a la ‘normalización lingüística’
www.vozbcn.com 28 Julio 2011

El Gobierno destina más de 236 millones de euros al año a la normalización lingüística del gallego, catalán y valenciano. Una partida de los impuestos de todos los ciudadanos españoles va destinada en exclusiva a las CCAA con lengua cooficial -excepto el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común de financiación- con el fin de normalizar el uso de estas lenguas autonómicas.

En contra de lo que se defiende habitualmente, desde partidos y entidades nacionalistas de Cataluña, el Gobierno sí financia el uso y promoción de la lengua catalana, así como el de la gallega y la valenciana.

Cualquier hecho diferencial, para exigir dinero
El complicado, complejo y discutido modelo de financiación autonómico da para todo tipo de partidas, defendidas por los distintos gobiernos autonómicos. Así, cualquier hecho diferencial es defendido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como un valor a proteger y, por lo tanto, necesitado de financiación pública. Desde la dispersión poblacional a la insularidad, pasando por la lengua autonómica o la edad de los habitantes. Todo vale para prorratear el fondo común.

El modelo de financiación autonómica, aprobado por el Gobierno y las CCAA en 2009 (en vigor), establece el pago de 236,85 millones de euros a las CCAA con lengua cooficial, además de la oficial en toda la nación, en concepto de ‘normalización lingüística’. Esta cantidad se la reparten la Generalidad de Cataluña (97,9 millones de euros), la Generalidad de la Comunidad Valenciana (61,6 millones de euros), la Junta de Galicia (45,9 millones de euros) y el Gobierno autonómico de las Islas Baleares (31,2 millones de euros).

Los más de 236 millones están dentro de la partida encuadrada como cantidades ‘adicionales’ en el fondo especial destinado a la sanidad, la educación y los servicios sociales. El cálculo no es exacto anual por lo que, según la fórmula, el próximo año (el modelo de financiación firmado en 2009 se alargará hasta 2013) puede variar la cantidad destinada a la ‘normalización lingüística’ en las CCAA con lengua autonómica.

El Gobierno, cumple
Uno de los argumentos utilizados por los partidos políticos y la entidades nacionalistas, a la hora de justificar el elevado gasto de la Generalidad en la promoción, uso e imposición del catalán -en determinados ámbitos-, es que desde el Gobierno no se destina dinero para la llamada normalización lingüística del catalán. Sin embargo, desde el actual modelo de financiación autonómica queda demostrado que el Gobierno sí dedica parte de los impuestos -recaudados, lógicamente, en toda España- para las CCAA con lengua cooficial.

Una cantidad que se ve superada por los casos concretos de financiación para temas lingüísticos, que no figuran en la partida autonómica. Sin ir muy lejos, en enero, el Gobierno financió cursos de catalán para inmigrantes en Salt (Gerona). Además, (con datos de 2008) la Generalidad destina más dinero a promocionar el catalán que el Gobierno destina al Instituto Cervantes (centro que, por otro lado, promociona el uso del resto de lenguas españolas). Y, según un informe elaborado por UPyD, la cantidad que la Generalidad dedica a la política lingüística -en todas sus áreas, solo para el catalán- ronda los 2.400 millones de euros.

Así las cosas, el Gobierno cumple con la promoción y uso de las lenguas de España. No solo con la común y oficial en toda la nación. Las críticas -de entidades cívicas y partidos políticos- han recaído sobre la Generalidad por promocionar el uso única y exclusivamente del catalán, pese a que no es la lengua única y exclusiva de Cataluña.

Las víctimas de ETA piden a Ben Ami que “se ocupe de su país” y “nos deje en paz”
David Martínez www.gaceta.es 28 Julio 2011

Unanimidad total entre las víctimas para rechazar la negociación que el diplomático israelí Shlomo Ben Ami está manteniendo con ETA para que la banda lleve a cabo un desarme parcial en Venezuela, y que ayer desveló en exclusiva LA GACETA.

Para la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, “es una vergüenza y una pantomima” el papel que está desempeñando Ben Ami, a quien pide que “primero resuelva los problemas que tiene en su país y a nosotros nos deje en paz”. Además, Pedraza adelantó en declaraciones a este diario que ese hipotético desarme parcial de los terroristas “no nos vale, lo único que aceptamos es la derrota total y sin contrapartidas de ETA”.

En la misma línea se pronunció el presidente de Voces Contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, quien aseguró a LA GACETA que la actitud de Ben Ami “es un insulto a las víctimas”, ya que “en España no hay nada que negociar, no tenemos un problema de paz, sino de libertad”. Alcaraz también se preguntó “qué legitimidad tiene este individuo para hablar en nombre de España” y le recomendó al ex ministro de Exteriores de Israel “que solucione lo que tiene que solucionar allí y que no dé lecciones”. Por último, Alcaraz se dirigió al Gobierno para pedirle que “desautorice cualquier tipo de negociación con ETA”, ya que, de no hacerlo, “será cómplice de esas conversaciones que, según parece, está manteniendo Ben Ami”.

El Foro de Ermua, por su parte, denunció a través de su presidenta, Inma Castilla de Cortázar, que “es el Gobierno quien está negociando” y que tanto Ben Ami como Brian Currin son “instrumentos” que el Ejecutivo utiliza para dar una apariencia de lejanía, de que “el proceso le es ajeno”, cuando en realidad es el principal promotor “de una negociación de tú a tú” con la banda.

Y Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ve en la negociación “parte del espectáculo de los que están alargando la agonía de ETA porque les supone una fuente de ingresos”, en referencia a los mediadores internacionales.

Desde el Partido Popular también reaccionaron a la información desvelada ayer por este diario. El europarlamentario Jaime Mayor Oreja afirmó que lo más normal es que ETA dé un paso de ese calibre, pues ahora “son ellos los que están en deuda con el Gobierno, que ha legalizado y legitimado a la banda”. Por último, el portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ignacio Cosidó, aseguró a LA GACETA que, de confirmarse, las negociaciones de Ben Ami constituirían “un doble error: reincidir en un proceso inútil e internacionalizar el conflicto”.

LA PRESIDENTA DE LA AVT, A ESRADIO
Pedraza, sobre el Faisán: "No vivamos otro 11-M, que los culpables paguen"
La presidenta de la AVT ha criticado con dureza al juez Gómez Bermúdez por sus medidas en el caso Faisán y teme que "vivamos otro 11M".
LIBERTAD DIGITAL  28 Julio 2011

Ángeles Pedraza ha hablado con esRadio tras las maniobras del juez Gómez Bermúdez en el caso Faisán y ha visto evidentes paralelismos con otro gran caso en el que el magistrado fue el protagonista: "Espero que no vivamos otro 11M, que en el Faisán paguen los culpables".

La presidenta de la asociación de víctimas ha recalcado que el asunto servirá para que Bermúdez "se retrate" y para ver si sufre un difícilmente justificable cambio de opinión, ya que en la propia sentencia del 11-M argumentaba, de acuerdo con toda la jurisprudencia, que para caer en el delito de colaboración con banda armada no es necesario que se compartan ni la ideología ni los fines de los terroristas. Pueden leer los párrafos de la sentencia en los que desarrolla este argumento.

Precisamente, Pedraza ha criticado con dureza la instrucción de Gómez Bermúdez en el juicio del 11M: "Las víctimas sufrimos mucho y Bermúdez fue el juez que mejor lo llevó, pero hasta un momento determinado, entonces le dio vuelta a todo y al final nos quedamos solamente en un acusado. Eso me hizo dejar de creer en la justicia", ha dicho.

Además, la presidenta de la AVT ve con claridad las motivaciones políticas tras la decisión de Gómez Bermúdez: "Sé que es maniobra de Rubalcaba, de Camacho y de toda la gente que ha estado supuestamente implicados y que no quieren que se llegue al final", ha asegurado, "espero que no hayan hecho este movimiento para ayudarles".

Gómez de Liaño, sorprendido
También en declaraciones a esRadio, el exmagistrado Javier Gómez de Liaño se ha mostrado extrañado por la decisión de Gómez Bermúdez, que ha calificado "cuanto menos de sorprendente desde el punto de vista jurídico".

Además, no ha dudado en señalar que el auto del juez Ruz es "técnicamente perfecto" y ha explicado que "reclamar para un pleno" un asunto que "puede llevarse a una sección es llamativo" dentro de los usos habituales en la Audiencia Nacional.

Salvar al candidato Rubalcaba
EDITORIAL Libertad Digital 28 Julio 2011

No, no nos referimos al fantástico y propagandístico barómetro del CIS que asegura que el PSOE ha recortado en 3,3 puntos la distancia que le separa del PP desde que Rubalcaba ha sido designado candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Estamos hablando de algo infinitamente más grave como es el posible intento de un juez condecorado por Rubalcaba de evitarle las responsabilidades políticas, y en el futuro tal vez penales, del candidato socialista por un delito de colaboración con banda armada que perpetraron presuntamente sus más directos subordinados en el bar Faisán. Nos referimos a Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, y a su injustificada decisión de convocar el pleno de la Audiencia para debatir a estas alturas si los tres acusados que estaban a las órdenes de Rubalcaba tienen que ser juzgados por colaboración con banda armada o por encubrimiento.

Minutos antes de que Bermúdez, sin necesidad legal alguna, tomara esta decisión, el juez instructor Pablo Ruz había desestimado un recurso de los tres procesados, ratificando que debían ser juzgados por colaboración con banda armada puesto que para la comisión de este delito no era ni es necesaria "la adhesión ideológica ni la prosecución de determinados objetivos políticos".

Por mucho que Bermúdez haya basado su personal decisión de elevar esta cuestión al pleno en su supuesta "complejidad e importancia jurídica", basta leer lo que el propio Bermúdez afirmó en su sentencia del 11-M para que el asunto quede meridianamente claro: "El delito de colaboración con banda armada ni siquiera exige que el colaborador comparta los fines políticos e ideológicos de los terroristas, sino que basta con saber que se pone a disposición de esos criminales un bien o servicio, que se les está ayudando o facilitando su ilícita actividad".

Si Bermúdez, que tendría que ser, pues, el primero en reconocer que dar un soplo a ETA para evitar la detención de los cabecillas de su red de extorsión es claramente un delito de colaboración con banda armada, eleva, sin embargo, la cuestión al pleno, es porque sabe, como sabemos todos, que allí son mayoría los magistrados de "tendencia progresista", muchos de los cuales pueden considerar, como consideró Garzón en su día, que "por la paz hay que hablar hasta con el diablo". Téngase en cuenta, además, que si García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros son acusados de un mero delito de encubrimiento se sentarían en el banquillo de un juzgado de Irún y la pena máxima no podría superar los tres años de prisión. Si, por el contrario, se les acusa de un delito de colaboración con banda armada, los entonces subordinados del actual candidato socialista y del actual ministro del Interior serían juzgados por la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, cuyos magistrados han venido confirmando hasta la fecha todas las decisiones del juez Ruz, y se enfrentarían a una condena que podría ascender a los 10 años de cárcel. Mucho tiempo como para pensar que no fueran a tirar de la manta y decir que lo que hicieron no fue por motu proprio, sino, como apunta la lógica más elemental, siguiendo órdenes de sus entonces superiores.


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Fin de curso, fin de ciclo
Editorial www.gaceta.es 28 Julio 2011

Fue el diputado de CiU Sánchez Llibre quien resumió lo absurdo de la situación al poner de relieve que en la agenda de Zapatero no hay nada que justifique extender su Gobierno.

Los diputados, Gobierno y oposición, se van de vacaciones conociendo las notas: todos suspensos, según el CIS. Aunque no hacía falta una nueva entrega de ese barómetro político para reprobar este curso del desastre, un periodo en el que han crecido a la vez –desmesuradamente– el desempleo y el desánimo. De los pasados nueve meses sólo se puede sacar en claro la exigencia de un cambio profundo, reclamado en la calle y en las urnas por la sociedad española, algo que el Gobierno agónico de Rodríguez Zapatero se empeña en ignorar, olvidando los discursos que –entre otras cosas– le llevaron a La Moncloa en ese lejano 2004, cuando repitió hasta el extremo que no se puede gobernar en contra de la opinión pública, que es precisamente lo que ha hecho este Ejecutivo, tal y como se ha evidenciado en el mes de mayo, en el descalabro histórico del socialismo en las elecciones municipales y autonómicas.

En la última sesión parlamentaria se constató –otra vez– la soledad de un presidente que casi parece interino, y del que nadie se explica por qué alarga tan estérilmente el traspaso de poder. Incluso antiguos aliados como los nacionalistas catalanes constatan el agotamiento de la legislatura. Fue el diputado de CiU Sánchez Llibre quien resumió lo absurdo de la situación al poner de relieve que en la agenda de Zapatero no hay nada que justifique extender su Gobierno. Y tampoco se puede encontrar un sentido limpio al empeño del PSOE en diseñar unos presupuestos que, con toda seguridad, no van a gestionar.

El prietas las filas que ha sonado en el socialismo para evitar un destino como el de UCD –la renuncia de Chacón, el ungimiento de Alfredo–, sólo ha conseguido maquillar la distancia que les separa del mayoritario apoyo que recibe el Partido Popular. El efecto Rubalcaba ha resultado menor de lo que esperaban en Ferraz, y ni siquiera la excelente cocina que se puede suponer en el barómetro político ha podido disimular esa evidencia. Al contrario, es bastante probable que el leve repunte del PSOE en las encuestas se acabe diluyendo en la dureza de la realidad cuando se constate que nada nuevo puede ofrecer el que hasta hace poco ha sido vicepresidente del peor Gobierno de la democracia. También hay que señalar que los datos del CIS no recogen el importante efecto que ha podido producir la dimisión de Francisco Camps, el punto más débil de la alternativa popular, que al desaparecer de la escena política desarma una de las principales líneas de batalla de la estrategia de Rubalcaba. Ahora es el candidato socialista el único político de talla nacional sobre el que se extiende una grave sospecha, que nada tiene que ver con unos trajes de calidad mediocre, sino con la traición más infame que pueda imaginar un país golpeado durante décadas por el terrorismo. Parece difícil pensar que sólo por pasar a llamarse Alfredo consiga disipar esa sombra judicial, la que ha imputado colaboración con banda armada a la cúpula del Ministerio del Interior que él dirigía.

En cualquier caso, lo que sí está claro es que Rodríguez Zapatero no aparece en el futuro político de España –a lo sumo en el judicial, si se siguen extendiendo las responsabilidades del Faisán– y no hay motivo para que el fin de ciclo que hace tiempo ha constatado la sociedad española no se refleje en un nuevo Gobierno, capaz de hacer frente a la grave situación en la que nos han sumido tanta irresponsabilidad y negligencia.

ETA marca el «timing»
Martín PRIETO La Razón  28 Julio 2011

Como de los tabloides ingleses puede esperarse cualquier disparate, el mundo quedaría estupefacto si especularan con la posibilidad que la reina Isabel II estuviera financiando de su peculio el nacimiento de una enésima facción del IRA. Lo que no «pué» ser, no «pué» ser, y además es imposible, como sentenciaba Rafael «el Gallo». Los españoles llevamos casi ocho años tan macerados que sólo nos quedamos absortos, ensimismados, ante cualquier salvajada política excretada de un caletre. Manuel Azaña también lo sentenciaba en sus diarios: «Hay que tener mucho cuidado en poner en circulación una tontería en Madrid porque arraiga mejor que las acacias».

La tesis de que ETA marcará el «timing» electoral si emite un comunicado de paz infinita, tendría que movernos al llanto y a la desesperación, pero estamos anestesiados y el desmoronamiento institucional no nos espanta. A ETA le da igual la fecha electoral en la que ingresará al Congreso como Bildu, Sortu o una nueva franquicia que avale el Tribunal que constitucionaliza las pesadillas de Zapatero.

Contra lo que repite el candidato, ETA nunca ha estado mejor, más sólida, más cerca de sus objetivos, y, en función de sus intereses separatistas y anexionistas en España y Francia, puede que asegure su mutación en mansos corderos, aunque las armas, los explosivos, el dinero y los zulos los entregue «ad calendas graecas» o cuando se enfríe el infierno. Para llegar a marzo, a Zapatero le basta con aceptar las condiciones etarras a cambio de una displicente palmada en el hombro que le permita mentir en televisión que ETA se ha disuelto. Los bárbaros del norte sí que saben hacer política.

El mal no previsto en el guión
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 28 Julio 2011

Las democracias liberales europeas están orgullosas de su sistema de derechos y libertades y de sus humanitarios códigos penales. La pena de muerte está abolida y los ciudadanos gozan de una amplia protección legal frente a posibles abusos del poder político. La policía no puede entrar en un domicilio o grabar una conversación telefónica sin una orden judicial e incluso los peores criminales comparecen ante tribunales imparciales y disfrutan de asistencia letrada para su defensa. La máxima pena de cárcel excluye la cadena perpetua y hay Estados Miembros de la Unión Europea en los que un condenado por atrocidades inenarrables puede salir de prisión al cabo de quince o veinte años después de haber sido alimentado, alojado y cuidado razonablemente por el Estado. Se parte del supuesto de que todo ser humano es portador de dignidad intrínseca y que esta verdad moral le es aplicable con independencia de cuál sea su nivel de maldad, de crueldad o de perversión. Un etarra con una docena de asesinatos a su espalda puede acabar de vecino de la madre o la esposa de una de sus víctimas que se ven obligadas, tres o cuatro lustros después de la comisión del horrible delito que las privó de su hijo o de su marido, a cruzarse con el monstruo todos los días perpetuando así su sufrimiento salvo que elijan trasladarse de barrio o incluso de ciudad para huir del horror renovado que la legalidad les impone.

Nos hemos acostumbrado a estas dolorosas paradojas, a controlar nuestra indignación y a aceptar que la superioridad excelsa de nuestras exigencias éticas compensa el dolor y la rabia que experimentamos al asistir a este tipo de situaciones lacerantes. Sin embargo, hay episodios dantescos en los que el mal se sale del guión de la obra que estamos habituados a representar y nos sume en una perplejidad que rebasa nuestros esquemas. El 11-S en Nueva York fue una de esas ocasiones, la matanza de la isla de Utoya ha sido otra. Al contemplar las alfombras de flores, leer los carteles con frases conmovedoras en las manifestaciones y escuchar las declaraciones políticamente correctas de gobernantes impotentes, es imposible no pensar en la expresión utilizada por Anders Breivik para referirse a los que percibe como débiles y entregados ante la ofensiva islamista: “comadrejas” es el término empleado por el matarife noruego con el fin de extremar su desprecio.

Una vez localizadas las comadrejas, lo lógico en su mente enferma y sanguinaria es acabar con ellas. Un individuo que planea cuidadosamente los detalles de una masacre de este calibre y es capaz de matar fríamente a ochenta personas, una a una, sin parar, rematándolas concienzudamente, pertenece a una categoría en el terreno de la maldad que requiere una seria reflexión. Cabe intuir que la afirmación temblorosa de que la respuesta ha de ser más democracia no aporta una respuesta completa. En primer lugar, no somos comadrejas, en segundo, entre el ojo por ojo y comportarse como un mustélido huidizo, debe haber un punto de equilibrio. Quizá ha sonado la hora de darse cuenta que las hienas liquidadoras de imaginarias comadrejas van dejando pistas antes de sacar los colmillos, pululan por la red, pertenecen a organizaciones, hablan aquí y allá, y bastaría observar con un cierto ánimo preventivo para detectarlas y actuar. Admitido que no somos comadrejas, tampoco es imprescindible ser mártires.

Un rumbo preocupante
El Editorial La Razón  28 Julio 2011

La posibilidad de un cercano comunicado de ETA ha provocado en la clase política reacciones de distinta índole sobre el siguiente paso de la banda. El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, aclaró ayer que no se espera la disolución de la banda. En términos muy parecidos se expresó el fiscal coordinador de Terrorismo de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, que confirmó que «ETA mantiene su entramado militar, logístico y político». Nuestro periódico publica hoy en exclusiva que la banda y personas con acceso al Gobierno intercambian mensajes a través de la fundación suiza Henry Dunant, que ya actuó como intermediaria en la negociación de 2006-2007.

A través de este «buzón», ambas partes logran información para confeccionar su estrategia a corto y medio plazo, tomar las decisiones correspondientes y reaccionar ante distintas coyunturas. Inevitablemente el funcionamiento de este «buzón» debe ser enmarcado en una secuencia de acontecimientos que configura una escenografía alarmante: la legalización de Bildu y la más que probable de Sortu, las decisiones de Interior con determinados presos terroristas, las interpretaciones laxas de la Ley que están permitiendo homenajes a los reclusos etarras, los fallos favorables a Arnaldo Otegi, que está a un paso de recuperar la libertad, y las maniobras del Ejecutivo para desactivar el escándalo del chivatazo a ETA, entre otros. Hablar de situaciones circunstanciales en la lucha contra el terrorismo es posible, pero poco probable.

Como publica hoy LA RAZÓN, en el Partido Popular sopesan además la posibilidad de que el Gobierno blinde un falso escenario de alto el fuego con actuaciones políticas y jurídicas de rectificación compleja. Los populares están obligados a actuar con prudencia, como siempre lo han hecho en esta materia, pero no pueden ni deben asumir una política de hechos consumados nociva para el Estado de Derecho como la que pueden heredar. El PP tiene que estar especialmente atento a lo que se mueve entre bastidores y mantener a toda costa su decisión de expulsar a Bildu de las instituciones y de reactivar el cerco contra el entramado de ETA.

Los episodios de estas últimas semanas nos evocan la etapa del mal llamado proceso de paz, en el que se sobrepasaron varias líneas rojas de la democracia. Se buscaron atajos a costa de acabar con la unidad de los demócratas y se cayó de bruces en la tregua-trampa de ETA. Aquello tuvo un desenlace trágico. Esperemos que no se cometan los mismos errores y que no se busque como sea un escenario artificial para amortizarlo electoralmente. Sería un error histórico que pagaríamos todos. La dignidad del Estado de Derecho, la superioridad moral de las víctimas y la memoria de los muertos sólo hacen aceptable un final con vencedores y vencidos, con resarcimiento del daño causado a los inocentes, el arrepentimiento público de los asesinos y el cumplimiento de las penas. Si el final no se atiene a estas condiciones, ETA podrá entender con razón que los más de 800 asesinatos fueron necesarios y la democracia asumir que podría haberse ahorrado tanto dolor para acabar así.

La lengua propia de la Val d'Aran
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 28 Julio 2011

Nuestro Govern se ha metido en un buen lío, con la Ley del aranés. Para quien no lo sepa, que no son pocos los que lo ignoran, el aranés es una de las “lenguas españolas” a que se refiere la Constitución en su artículo 3, junto al catalán, gallego, vasco, bable (Asturias), fabla (Aragón) y portugués (Olivenza, Badajoz). El catalán recibe otros nombres: valencià, balear, fragatí, xapurriau (en el Este de Aragón). Aún hay quien propugna como lengua el lleonés, cuya influencia llega hasta Cáceres: pero en su estado actual creo que debe considerarse un dialecto castellano, como el andaluz, el canario o el panocho de Murcia.

Pero el aranés es un caso aparte. El Valle de Arán pertenece a España por una carambola histórica, claramente anómala. La frontera con Francia va siguiendo la cresta del Pirineo, que divide las cuencas fluviales: las aguas que van al Atlántico son francesas, y las que van al Mediterráneo son españolas. Eso es la norma, pero no se cumple en varios casos, de los que el Valle de Arán es el más notorio. Arán es un valle atlántico: su río es el Garona, que desemboca en Burdeos. Por eso, antes de abrirse el túnel de Viella, en invierno no podía comunicarse con España. Y por eso también Maciá, y luego el Partido Comunista de España, intentaron invadirlo militarmente, con poca fortuna en ambos casos. Consecuencia: el aranés pertenece a una lengua que continúa por todo el sur de Francia, de Burdeos a Niza, y que en la Edad Media fue lengua hegemónica en el Occidente cristiano, el occitano o provenzal. En esa lengua compusieron los trovadores de Aragón y Cataluña, e incluso de Italia. Y dicen que es la hermana gemela del catalán. De hecho, hasta entrado el siglo XX el catalán era considerado el provenzal del sur en ambientes académicos (o sea alemanes: Das Katalanische). Igual que el portugués es la hermana gemela del castellano, según Coromines. Es decir, que la proximidad entre ambas lenguas hace que sean muy fácilmente inteligibles, y que la separación entre ellas resulte arbitraria: como el caso del antiguo checoeslovaco, hoy dos lenguas, el checo y el eslovaco. O el servocroata, lo mismo. Hoy ya la unión entre catalán y occitano es impensable, sobre todo porque ha desaparecido el occitano: el francés lo ha borrado del mapa. Prácticamente el occitano solo sigue vivo en Arán. Y que dure.

La Generalitat, en uso de sus competencias lingüísticas, decretó la Ley del Aranés, donde se reproducía en miniatura el estatus del catalán en España: lengua propia de la Val d'Aran y por eso de uso preferente y exclusivo de la adminstración y la enseñanza. Hay que recordar que el aranés es la décima lengua materna de los catalanes: la tercera, el árabe, es hablada cincuenta o sesenta veces más. Y el castellano, primera lengua catalana, no tiene el título de lengua propia, pero es lengua materna de mil veces más catalanes que el aranés. En este marco, la Ley del aranés resulta, como mínimo, pomposa y desproporcionada. En realidad es un clavo más para remachar el estatus del catalán, lengua territorial, frente al castellano, lengua “sobrevenida”.

Y ahí interviene la doctrina del Constitucional: ser lengua propia es condición para ser cooficial, no es un título del que se desprenda ninguna prioridad, por lo que no es lícita ninguna preferencia por parte de los poderes públicos. Las lenguas propias son cooficiales con el castellano: igualmente cooficiales. Lo cual tiene una consecuencia chusca: el catalán no es lengua propia de Arán, y por lo tanto no puede ser oficial allí. En Arán la cooficialidad se da entre aranés y castellano, no como en el resto, entre catalán y castellano. O sea que el catalán no es exigible a ningún aranés. Claro que los araneses suelen saber catalán. Pero sería tan extranjero como el francés, que también es conocido por todos. Curioso, ¿no? Y pensar que si el catalán fuese una variante del occitano, el aranés sería un dialecto más, como el leridano, pongamos por caso, con lo que la Ley del aranés sobraría. ¡Hay que ver cómo nos complicamos la vida los humanos!

La fundación suiza está sienda utilizada como «buzón» para hacer llegar sus propuestas
El centro ya actuó como intermediario en el «proceso de paz» de 2006-2007
ETA usa al centro Henry Dunant para envíar mensajes al Gobierno
ETA y personas que pueden tener acceso al Gobierno, mantienen una vía abierta, a través de la Fundación suiza Henry Dunant, que ya actuó como intermediaria durante el mal llamado «proceso de paz» de 2006-2007, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.
27 Julio 11 - Madrid - J. M. Zuloaga La Razón 28 Julio 2011

Esta vía no puede ser calificada de negociación, según los mismos medios, que aseguran no tener noticias de que existan contactos entre la banda y el Ejecutivo en Venezuela o en otros lugares.

De hecho, los responsables de las unidades antiterroristas tienen orden de continuar con su actividad contra ETA, tanto en Francia como en España.
La fundación estaría, según las mismas fuentes, haciendo el papel de «buzón», para que unos y otros puedan dejar allí sus mensajes u otro tipo de asuntos.
De esta manera, tanto la banda, que lo ha repetido en sus últimos comunicados, como el Ejecutivo, pueden negar, sin temor a ser pillados en mentira, que existan negociaciones, contactos o «tomas de temperatura», término utilizado por los gobiernos de Felipe González en la década de los ochenta.

Desde marzo de 2010
La Fundación Henry Dunant, que ha mediado a lo largo de su historia en varios «conflictos», es conocida por su privacidad y hermetismo. Por ello, es muy difícil determinar el alcance de la vía que está abierta, aunque hay datos que hacen pensar que algún resultado sí ha dado, todo ello relacionado con el alto el fuego que en la actualidad mantiene la banda.

Por ejemplo, el Gobierno supo, con mucha antelación a que se hiciera público (en septiembre de 2010), que ETA había decidido suspender los atentados («acciones ofensivas», dijo la banda) en marzo de ese año. Así lo confirmó un miembro del Ejecutivo a LA RAZÓN, sin dar detalles de cómo había conocido un hecho tan importante.

Como ETA no da nada si no es a cambio de algo, es de suponer que los terroristas habrían obtenido alguna garantía, bien por esta vía o por otra, de que las candidaturas de su entramado estarían presentes sin problemas en las elecciones municipales del pasado 22 de mayo, como, de hecho, ocurrió con Bildu.

A los expertos no les ha pillado por sorpresa el papel de la Fundación Henry Dunant como «buzón». Cuando se rompieron las negociaciones del anterior «proceso», en mayo de 2007, se acordó que «ninguna de las dos partes cerraba la opción del mantenimiento de los contactos, aunque se admitiera que su continuidad resulta lógicamente más peliaguda en un contexto de enfrentamiento reabierto», según publicó el diario «Gara», en el que ETA inserta siempre sus comunicados, el 24 de junio de 2007.

No es infrecuente, según los mismos expertos, que en procesos de negociación que sufren un fracaso o se estancan, queden vías de comunicación abiertas por si un cambio de circunstancias o de actitudes de las partes, permite retomar los contactos.

Exigencia cumplida
Uno de los grandes escollos que se plantearon entre el Gobierno y la banda en mayo de 2007, fue el de las listas de ANV, que no fueron convalidadas en su totalidad por la Justicia. Se trataba de una exigencia de la banda, que ahora, cuatro años después, se ha cumplido con Bildu.
En el centro Henry Dunant se conservan, en una caja fuerte, las actas que se levantaron de las reuniones celebradas, en 2006 y 2007, por representantes del Gobierno y el PSE, con ETA y Batasuna.

Se sabe, porque lo contó «Gara», que Arnaldo Otegi estuvo presente.
En su último comunicado, que con tanto anhelo (como desilusión después) aguardaban socialistas y nacionalistas, ETA exigía una nueva negociación para «levantar un escenario de paz y libertad». No se puede descartar que, si se abre un nuevo proceso de conversaciones, la Fundación Henry Dunant tenga algún tipo de protagonismo.

La convocatoria anticipada de las elecciones generales, o su celebración al término de la legislatura, en marzo del año que viene, se han convertido en una baza para ETA. Los terroristas pretenden «amarrar» que el Ejecutivo que salga de las urnas negocie con ellos, por las buenas o por las malas. Los expertos que ha consultado LA RAZÓN subrayan que cada paso que den, de aquí a la celebración de los comicios, será medido y siempre en beneficio propio. Una de las decisiones que deben tomar los cabecillas es la de si Bildu, o Sortu, si fuera legalizado a tiempo, presenta candidaturas en estas elecciones.

Guardián de las actas de ETA
No es la primera vez que la fundación Henry Dunant, ubicada en Suiza, es utilizada para mediar entre ETA y el Gobierno. En una caja fuerte de la entidad aún se conservan las actas de las reuniones mantenidas en 2006-2007 entre representantes del Ejecutivo socialista y el PSE con ETA y Batasuna. Sin embargo, lo que se desconoce es si la fundación cobró algún dinero por dicho papel mediador.

Misteriosa simbiosis
Es como si CiU y PP hubieran llegado a una simbiosis perfecta mediante la cual cada una de las partes se alimenta de los excesos de la otra
maría antonia prieto ABC Cataluña  28 Julio 2011

Se veía venir. Con la aprobación de los presupuestos para 2011, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha quitado un gran peso de encima y, para celebrarlo, ha autorizado el primer desmelene de la temporada en Convergència. Como si los recortes sanitarios, las cifras del paro y la situación de las pequeñas y medianas empresas fueran ya cosa del pasado, CiU ha decidido tomarse unos días de relajo y liberación para reencontrarse consigo misma antes de que los presupuestos de 2012 llamen a la puerta, antes de que la Generalitat tenga que empezar a devolver al Estado los ingresos extra recibidos por el cálculo erróneo del sistema de financiación —nada más ni nada menos que 2.492 millones de euros— y, por supuesto, antes de concentrar todas las energías en doblegar (si la aritmética parlamentaria se lo permite) la voluntad del próximo presidente del Gobierno. Un presidente que dirigirá el destino de los españoles a cambio de que Cataluña pueda recaudar y gestionar el dinero que producen los catalanes.

A lo que íbamos. Cuando la federación nacionalista —garante incomprendida (o tal vez incomprensible) de la gobernabilidad de España— se desmelena, lo hace a lo grande. No crean, no, que es habitual tropezar con gobiernos capaces de llamar públicamente a la insumisión. El portavoz del Govern, Francesc Homs, y el consejero de Interior (o sea, de seguridad), Felip Puig, lo han hecho. Y no se han conformado con pedir a los catalanes que pongan el CAT en las matrículas de sus vehículos, sino que explicaron cómo ejecutar la hazaña —«jurídicamente es posible», insistía Homs; «yo no necesité que ningún gobierno me dijera lo que tengo que hacer para llevar una matrícula de mi país», presumía Puig— para que la pegatina sólo oculte el distintivo de España. De inmediato el PP catalán salió en defensa de la E con una batería de iniciativas parlamentarias, pero hay algo inquietantemente extraño y premeditado en la tibieza con que CiU acoge los arrebatos constitucionalistas de la formación popular. Es como si CiU y PP hubieran llegado a una simbiosis perfecta mediante la cual cada una de las partes se alimenta de los excesos de la otra. Lo malo de este tipo de relaciones es que, a la larga, la dependencia, por consentida y equilibrada que pueda parecer, resulta agotadora.

Los nacionalistas de Baleares, al lado de los agresores de Jorge Campos (FNCB)
El presidente de Fundación denunció agresiones durante una manifestación contra la corrupción el pasado mes de marzo
 www.lavozlibre.com 28 Julio 2011

Palma.- Este viernes 29 de Julio a las 10:00 horas se celebra el juicio contra los catalanistas que amenazaron e intentaron agredir al presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear (FNCB), Jorge Campos, cuando varias organizaciones nacionalistas intentaron evitar el derecho a manifestarse a los integrantes de la fundación balear en la movilización contra la corrupción que se llevó a cabo en marzo del año pasado en la localidad de Palma.

Jorge Campos denunció los hechos y se querelló contra nueve miembros del colectivo violento 'Maulets', colaborador de la entidad pancatalanista multisubvencionada Obra Cultural Balear (OCB), que fueron identificados por la Policía Nacional, entre los que se encuentra el presidente del partido nacionalista PSM de Calvià (Mallorca) e integrante de la OCB, Rafel Sedano.

La respuesta de las organizaciones y partidos nacionalistas a estas acciones abiertamente antidemocráticas ha sido iniciar una campaña similar a las emprendidas en estos casos por la izquierda abertzale y convocar concentraciones con el objeto de acosar al querellante, Jorge Campos, e intentar influir en la decisión del juez de instrucción número ocho de Palma, Antoni Rotger.

Los pancatalanistas, quienes han creado una página web al efecto, han convocado una concentración para apoyar a los agresores media hora antes del inicio del juicio, a las 9:30h, a las puertas de los Juzgados de Instrucción ubicados en la Vía Alemania de Palma.

Partidos como 'Iniciativa Verds', grupos feministas como el 'Lobby de Dones', asociaciones como 'Memoria Historica de Mallorca', junto a grupos antisistema como 'ATTAC', han decidido apoyar esta convocatoria..

Desde la FNCB creen que "Jorge Campos, con su iniciativa, no sólo está defendiendo un derecho personal, sino que presta a la sociedad un impagable servicio marcando el camino para librarnos de los violentos que viven de la subvención pública, que no respetan ni la sede de la Justicia, ni las bases de nuestra democracia". "La querella fue motivada por intentar vulnerar el derecho a la libre expresión, y ahora no respetan la independencia judicial", aseveran en un comunicado.

Cataluña recorta servicios mientras da un millón para fines superfluos
Hereda compromisos de financiación del tripartito. Proyectos de difusión del catalán e iglesias evangélicas, entre los agraciados.
Juan E. Pflüger. Madrid www.gaceta.es 28 Julio 2011

El Gobierno catalán tiene muy difícil aplicar las políticas de contención de gasto que está reclamando el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El ímpetu subvencionador que desplegó el tripartito obliga al actual Ejecutivo presidido por Artur Mas a hacer frente a diferentes ayudas aprobadas en tiempos de Montilla.

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicaba, en su edición de ayer, un conjunto de subvenciones que ascienden a 1,25 millones de euros.

Llama la atención el empleo de dinero público en la promoción del catalán. Del mismo modo que no se han cerrado las embajadas de la Generalitat que están distribuidas por medio mundo, un dinero que podría solucionar parte del problema económico del Ejecutivo de Artur Mas, se han utilizado más de 25.000 euros en el fomento de la lengua regional.

De esta manera, la Casa de la Cultura Catalana en Mallorca obtiene 12.124 euros para “actividades de difusión de la cultura catalana”. La Asociación Romanesa de Cataluña (Asocrom) ha sido agraciada con 10.000 euros para sufragar los gastos de la “edición de un libro sobre historia de Cataluña dirigido a la comunidad rumana” y la Universidad Autónoma de Barcelona recibirá 3.000 euros para la financiación de un máster “de enseñanza de catalán para la acogida lingüística”.

Diferentes confesiones religiosas también disfrutarán de la generosidad del Gobierno de Cataluña. El Centro Cristiano Fe, Esperanza y Amor, de la denominada Iglesia de Dios, dispondrá de 25.000 euros para arreglar su centro de culto. La mezquita Annour de Mataró tendrá 10.000 euros para realizar una ampliación y diferentes grupos evangélicos suman ayudas de 70.000 euros.

De estos, la Iglesia Evangélica de Filadelfia (que tiene sede en la ciudad americana pero delegaciones por otras urbes) se reparte 15.300 euros para sus locales.

Conflicto
Un miembro del IESE de Navarra cierra su blog tras ser denunciado por fomentar la violencia
Lluís Feliú calificaba el español como "la lengua de Franco"
 www.lavozlibre.com 28 Julio 2011

Madrid.- Un miembro de la escuela de negocios IESE de la Universidad de Navarra, perteneciente al Opus Dei, se ve obligado a cerrar un blog personal en el que tachaba de "inadaptados" a los catalanes que apoyaban la enseñanza en español en los colegios de Cataluña. Lluís Feliú se refería a la lengua española como "la lengua de Franco". Una denuncia del colaborador de 'La Voz Libre', Pepe Giménez, ha servido para que el empleado de la IESE haya decidio cerrar su bitácora.

Pepe Giménez, colaborador de este periódico, es además un activista político, dedicado a defender a los castellanohablantes en las zonas en las que no tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. “Hay personas fanáticas en Cataluña empeñadas en marginar a los inmigrantes de Andalucía, Extremadura y demás zonas de España”, afirma.

Lluís Feliu llama inadaptados a los que piden que se enseñe alguna asignatura en español en los colegios públicos catalanes. “Algunos nacionalistas consideran que los inmigrantes que no hablan catalán son unos inadaptados. La mayoría de las personas que vinieron a Cataluña en los sesenta y setenta no aprendieron catalán, y no son unos criminales por ello”, dice Pepe Giménez.

El señor Feliu afirma también que “los españoles que no quieren ser catalanes no han entendido que el camino a seguir no es respetar la Constitución española sino romperla”. Giménez considera que la utilización del término ‘españoles que no quieren ser catalanes’ “es un exabrupto dirigido a estigmatizar a aquellas personas que no hablan catalán, que son en su mayoría de clase trabajadora”.

Lluís Feliu trabaja en la escuela de negocios IESE, que pertenece al Opus Dei. El colaborador de 'La Voz Libre' ha pedido al IESE el despido de Feliu por infundir el odio: "Si tuviese un blog dedicado a ensalzar el aborto, ya estaría fuera del centro educativo. No me vale el argumento de que un empleado del IESE puede expresar cualquier opinión en un blog personal, porque no es cierto, si Lluís Feliu criticase a la Obra hace tiempo que estaría en el paro”, ha dicho.

Pepe Giménez no cree probable que el IESE acceda a sus peticiones, ya que apoyó en el año 2006 el Estatuto de Autonomía de manera pública. Un Estatuto que Giménez califica de "infame" ya que recorta las libertades de los castellanohablantes”. El colaborador ha afirmado que no va a parar hasta conseguir que la actitud “ofensiva, anticristiana y posiblemente delincuente de Lluís Feliu sea castigada”.

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