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Recortes de Prensa   Martes 2 Agosto 2011

 

Déficit autonómico
ZP no es excusa para el despilfarro del PP
Guillermo Dupuy Libertad Digital  2 Agosto 2011

Tras la esperpéntica reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada, no han faltado quienes han buscado excusas para los manirrotos gobernantes autonómicos del PP que, simplemente, no son de recibo: me refiero a los déficits ocultos que ha dejado el PSOE en las autonomías que los populares pasan ahora a gobernar, así como al hecho de que haya sido el Ejecutivo de Zapatero el que infló las previsiones de ingresos de 2008 y 2009 que permitieron abonar a las autonomías unos anticipos a cuenta que eran a todas luces excesivos.

Evidentemente, los populares no son responsables de las facturas que el PSOE ha dejado impagadas, tanto encima de la mesa como debajo de las alfombras; pero este es un hecho con el que el partido de Rajoy tendrá, no obstante, que lidiar y que, desde luego, no excusa el enorme déficit y endeudamiento de otras regiones que ya estaban en manos del PP antes de las últimas elecciones autonómicas, como Castilla y León, Murcia o la Comunidad Valenciana. Precisamente han sido a estas tres comunidades gobernadas desde hace muchos años por el PP a las que la agencia Moody's acaba de bajar nuevamente su rating de solvencia, junto a Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía.

Más absurda es aun la excusa que pone de relieve el hecho de que fue el Gobierno de Zapatero el que hizo la fantástica previsión de ingresos por la que se abonaron a las autonomías unos anticipos de 23.000 millones de euros de más y que ahora los gobiernos regionales no pueden devolver. Pues bien: si los gobernantes del PP consideraban realistas esas fantásticas previsiones de Zapatero es que eran tan irresponsables como él. Cosa que también ocurre si, considerando infladas esas previsiones de recaudación, no sólo se pulieron esos anticipos "a todas luces excesivos" sin dejar por ello, además, de incurrir, todos ellos, en déficits presupuestarios. No se olvide, por otra parte, que esos 23.000 millones que tan urgentemente reclama Salgado son pecata minuta comparado con los más de 120.000 millones a los que asciende el endeudamiento autonómico total.

A nadie se le oculta –a mí tampoco– que la rigidez con la que el Gobierno pide que le devuelvan lo que ha entregado de más sólo busca forzar en época preelectoral impopulares medidas de austeridad en unos Ejecutivos regionales mayoritariamente gobernados por el PP. Pero es que el PP debía haber llevado a cabo esas medidas de austeridad desde hace años en todas las autonomías en las que ha estado gobernando. Y eso, por no hablar de los ayuntamientos –con el de Madrid a la cabeza–, ante cuyo despilfarro la dirección nacional del partido respaldó la desvergonzada protesta liderada por la manirrota Rita Barberá ante los timidísimos topes de endeudamiento que les había impuesto el Ejecutivo socialista.

Entiéndaseme bien. No pretendo rebajar un ápice la responsabilidad que Zapatero tiene en el desbarajuste de las cuentas, ni pedírselas anticipadamente a Rajoy. Se trata, simplemente, de señalar corresponsabilidades que los gobernantes autonómicos y municipales del PP tienen desde hace años en este desbarajuste y de advertir que no son ejemplo de la "revolución en el recorte del gasto público" que tiene que acometerse para que el cambio de Gobierno no sea un mero cambio de siglas. Y es que, en esto del exigible equilibrio presupuestario, no debe existir en el PP ningún "verso suelto", y el hecho es que hay bastantes.

España autonómica: ¿a la vez culpable y solución?
Pascual Tamburri El Semanal Digital  2 Agosto 2011

El modelo territorial "que nos hemos dado" es causa directa de la descomposición territorial y de la ruina financiera. Es una contradicción severa señalar ese problema y defender ese modelo.

Tanto la campaña electoral en curso como todos los debates políticos que vivimos y las elecciones generales de noviembre van a centrarse en tres debates que la política española del siglo XXI no ha resuelto adecuadamente. Territorialmente, España aún no ha resuelto la cuestión de su centralización o no, y vive las muchas consecuencias de un determinado experimento descentralizador hecho en el siglo XX con ideas del XIX. Políticamente, la selección de las elites regionales y nacionales lleva cuarenta años y en algunos casos más haciéndose más para satisfacer a grupos bien caracterizados en unos y otros lugares que para servir con los mejores hombres y mujeres a la nación y al Estado. Fiscalmente, el modelo progresivamente adoptado en las últimas décadas se ha demostrado ineficaz y ruinoso para todos, aunque más para unos que para otros.

Si alguien está satisfecho con la España autonómica y sus consecuencias, tendrá que pedir que se avance más por el mismo camino, puesto que la propia lógica de la descentralización y el establecimiento de órganos periféricos de gestión excluye la idea de que nos detengamos en un punto intermedio, éste por ejemplo. Los grandes partidarios de la autonomización son ahora federalistas e incluso independistas, y creen que las regiones estarán mejor servidas si se convierten en depositarias no ya de parte de poder sino de toda la autoridad, algo que se excluyó expresamente cuando empezó este carrusel pero que ya se admite con mucha alegría.

Puede suceder, se me ocurre, que unos cuantos españoles hayan visto en cambio que muchas consecuencias de la autonomización del país han sido negativas, en lo financiero por supuesto y también en lo territorial y en lo político. Considerando lo que estamos viviendo no creo ser el único que hace esa valoración del proceso y de sus derivas. Una cosa me parece de pura lógica: la alternativa ahora está entre la evolución indepentista y la contracción centralizadora. Si el camino recorrido es negativo y de consecuencias negativas no se puede dar por bueno; si el Estado debe recuperar su eficacia, su sobriedad y su equidad, no puede más que hacerlo abandonando al menos en gran parte el modelo autonómico.

A la inversa, defender el actual modelo, visto su modo de funcionar, implica dar por buena su deriva y asumir como probable la descomposición y la ruina a las que ahora mismo parecemos encaminarnos. Lo que carece de lógica es un "sí pero no" en el que critiquemos duramente el punto al que nos ha llevado este modelo autonómico (aunque no sea más, a la casi suspensión de pagos en varias regiones), y luego nos proclamemos máximos defensores del mismo modelo. No es posible: o se defiende a todos los efectos o estamos dispuestos a invertir el rumbo.

Lo mejor de este razonamiento es que para seguir uno puede ser indistintamente de izquierdas o de derechas: es suficiente amar a España sin prejuicios. Ahora necesitamos una generación de políticos que lo haga. Sólo eso.

Elogio de los funcionarios
José Luis Requero La Razón  2 Agosto 2011

Entre los tópicos más oídos a cuenta de la crisis están los que dicen que hay exceso de funcionarios, que no producen y sólo generan gasto. Como estas críticas no admiten respuestas tajantes hay que matizarlas, por lo pronto aclarar qué es un funcionario. Si lo es todo el que cobra una retribución de los presupuestos, su número crece espectacularmente, pues habría que añadir a los que perciben prestaciones de jubilación o desempleo, los que trabajan en empresas que viven de las subvenciones o de las contratas. Así visto, hasta los directivos de ACS, Ferrovial o FCC son funcionarios.

Más bien, funcionario es el que presta un servicio profesional en una administración pública. Pero un concepto tan elemental no es concluyente, de ahí que se hable de empleados públicos lo que engloba a los de carrera, más interinos y contratados laborales. Además, hay quienes ejercen un Poder del Estado sujetos a un estatuto funcionarializado –los jueces– o no, caso de parlamentarios y altos cargos del Ejecutivo. Aclarado, más o menos, qué es un funcionario, queda por saber si sobran y si son una casta gastona e improductiva.

En cuanto a lo primero, habría que diferenciar entre los que realizan una tarea exclusiva y excluyente de las administraciones, ligada a cometidos que le dan sentido. Es el caso del personal sanitario, militares, fuerzas de seguridad, funcionarios de Hacienda, fiscales, jueces, profesorado, etc. Frente a ellos, más que en cuerpos funcionariales, pienso en servicios y actividades prescindibles que han crecido al calor de unas administraciones expansivas, de un Estado intervencionista, de unas autonomías que han precisado rodearse de órganos y servicios –luego de empleados públicos– para ejercer su poder.

Reducir empleados públicos es deseable, pero ¿de quién se prescindiría? No de aquellos que desempeñan funciones esenciales y sí de esa masa de cargos de confianza y asesores o de puestos ideados para colocar al amigo, al correligionario, al familiar o de todos esos contratados que antes de que el partido benefactor pierda el poder son hechos fijos. Y los funcionarios ¿sólo son gasto?, ¿nada producen? Pues no: hay muchos ejemplos de Cuerpos de gran prestigio que han sido un activo y un funcionariado de calidad como un buen servicio sanitario, de Policía, de enseñanza, de Justicia, etc. no es una carga, sino lo que genera una paz y un orden institucional que permiten que el sector privado cree riqueza.

Con todo, el funcionario tiene mal cartel, a lo que han contribuido dos enemigos antagónicos, pero que coinciden en dañar al funcionariado necesario y de prestigio. La izquierda, en principio proclive a lo público, ha dañado la función pública al hacer bandera de la mediocridad, del todo vale, del afán de colocar a amigos, de rebajar la exigencia y aprovecharlo para colocarse, de ver en el mérito y la capacidad o en las oposiciones un coto de la derechona e identificar lo igualitario con regalar –o autorregalarse– lo que a otros les ha costado mucho. Ha multiplicado el número de cargos y puestos, ha entendido que lo público es un cortijo, que llegados al Poder hay que darse el atracón y postergar a los competentes.

Y la derecha, dada al liberalismo cañí, se apunta al tópico de «menos Administración», no se entera ni de lo que aporta un buen funcionario ni una buena Administración, con los funcionarios justos, motivados y reconocidos; ignora que es una inversión que marca la diferencia entre los estados saneados y los corruptos o fallidos. Un ejemplo reciente. Los nuevos gobiernos municipales y autonómicos anuncian auditorías –lo que supondrá más gasto– y las auditoras se frotan las manos. Ha tenido que decirles el Tribunal de Cuentas que para tal cometido ya está él, a lo que añado que hay interventores, secretarios, funcionarios y, si los hay que llegaron a dedo, mecanismos hay para tirar de verdaderos profesionales integrados en cuerpos de prestigio.

El FMI aconseja otra rebaja de salarios públicos. De nuevo pagarán justos por pecadores, los verdaderos y necesarios funcionarios serán víctimas, por un lado, de una superpoblación de cargos prescindibles, de creación política y, por otro, de gastos electoralistas o con interés ideológico que se mantienen si es que no crecen.

INMIGRACIÓN
Marruecos controla a los hijos de sus inmigrantes en los colegios españoles
 Minuto Digital  2 Agosto 2011

La “principal herramienta de control” que emplea Rabat es, según el CNI, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, cuyo presidente, Mohamed Ali, es un español ceutí que propugna la “devolución” de la ciudad a Marruecos.

Marruecos ha elaborado “una estrategia de gran magnitud” en España. “Diseñada y desarrollada por el régimen, su objetivo es extender su influencia e incrementar el control sobre las colonias marroquíes utilizando la excusa de la religión”, subraya el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un informe secreto remitido en mayo por su director, el general Félix Sanz Roldán, a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa.

Los ministerios del Interior y de Justicia comparten esta opinión del servicio secreto. Rabat “tiene como objetivos prioritarios el control de su colonia [unas 760.000 personas, a las que hay que añadir otras 70.000 que adquirieron la nacionalidad] para detectar movimientos opositores al régimen y evitar la aparición de corrientes islamistas ajenas a la dominante” en Marruecos, señalan en otro informe confidencial elaborado conjuntamente en 2009.

Según publica El País, la Federación distribuye sus fondos “no solo entre sus miembros, sino entre aquellas asociaciones que se muestran dispuestas a seguir las directrices de Rabat”. En Cataluña, sin embargo, el principal destinatario de las subvenciones marroquíes es el Consell Islàmic Cultural de Catalunya.

El CNI alerta de que seis países musulmanes financian al islamismo EE UU ve a España un lugar clave del islamismo radical OPINIÓN: Antisemitismo e islamofobia Al dinero público se añade el de los particulares. “Empresarios marroquíes afines al régimen y afincados en España” hacen también sus contribuciones. “Las aportaciones de Marruecos a las comunidades musulmanas alcanzan cantidades sumamente importantes”, concluye el servicio secreto, sin dar estimaciones globales.

En Marruecos se practica el Islam malekita, considerado moderado en relación al wahabita o salafista que rige en Arabia Saudí. Interior y Justicia señalan que Rabat controla centenares de las 998 mezquitas registradas en España, a las que se añaden cientos de oratorios cuyo rito es siempre el malekita.

Pero no ejerce tanto esa supervisión a través de la Federación, como sostiene el CNI, sino “a través de su Embajada y consulados (…), personal afín y de la Fundación Hassan II” que preside la princesa Lalla Meryem, hermana del rey Mohamed VI, y cuyo presupuesto no se somete al control del Parlamento marroquí.

En su informe de mayo sobre La financiación del islamismo en España, el CNI brinda otro ejemplo de la utilización del islam con fines políticos. En noviembre 2008, recuerda, “el Ministerio de Asuntos Islámicos de Marruecos convocó y financió íntegramente una reunión, en Marraquech, a la que asistió un gran número de imanes y responsables de comunidades islámicas en España”.

Allí se les prometió “financiación para sus asociaciones y mezquitas a cambio de someterse al control del régimen y adherirse a sus postulados”. La estrella de aquel encuentro fue Yassin Mansouri, jefe del principal servicio secreto exterior marroquí (DGED), que dio incluso una charla al clero.

“El carácter periférico de las clases (fuera del horario lectivo y con un alumnado compuesto solo por hijos de inmigrantes marroquíes), un profesorado exclusivamente marroquí y la utilización de materiales y pedagogías habituales en Marruecos, pero muy diferentes a las utilizadas en España, son elementos que contribuyen a que estos jóvenes interioricen profundamente la diferencia” con los españoles, constatan ambos ministerios.

“En definitiva, al Estado marroquí se le permite seguir manteniendo el control sobre sus ciudadanos en el exterior”, prosigue el informe. “Control que, con respecto a los niños, se ejerce a partir del aprendizaje de la lengua y cultura oficial del Estado”.

Pero esas clases llevan aparejada “la enseñanza religiosa musulmana”. Para Interior y Justicia, ese añadido es “difícil de aceptar desde el punto de vista de la configuración de la enseñanza de la religión en nuestro sistema educativo”.

Si Marruecos imparte subrepticiamente clases de islam es en parte debido a que ninguna de las comunidades autónomas que tienen la educación religiosa transferida cumplen con su deber, según el informe ministerial.

No lo hace ni siquiera Cataluña, donde están escolarizados decenas de miles de musulmanes pese a que la legislación estipula que basta con que haya diez solicitudes en un centro para que se proporcione a esos alumnos un profesor de religión.

Allí donde esa competencia no está transferida (Andalucía, Aragón, País Vasco, Canarias, Cantabria, Ceuta y Melilla), el Estado sí tiene en su nómina a medio centenar de profesores de islam que no dan abasto.

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Hay que desactivar a Bildu
El Editorial La Razón  2 Agosto 2011

El comportamiento ayer de Martin Garitano, en calidad de diputado general de Guipúzcoa y en el marco de la festividad de San Ignacio, no sorprende. Sin embargo, justo por ello debe provocar la indignación de todos los demócratas, ante una actitud sectaria, claramente alineada con la violencia ejercida por ETA, y en la que demostró un absoluto desprecio a la institución y a los guipuzcoanos que representa. No puede utilizar el altavoz que le facilita su condición de diputado general de Guipúzcoa, es decir, de representante de todos los guipuzcoanos, para pedir en su nombre la derogación de la «doctrina Parot», que supone la «cadena perpetua» para los presos de ETA, el fin de la dispersión de los presos etarras y la legalización de Sortu, es decir, el mismo discurso que repite la banda terrorista persistentemente.

¿Hasta cuándo vamos a soportar las burlas de Garitano y de Bildu? Desde los sindicatos policiales se espera que, tras las elecciones, se actúe. Ya hay suficientes argumentos legales para hacerlo. Desde que se les abrió las puertas de las instituciones, se ha comprobado hasta qué punto están instrumentalizando los ayuntamientos y las instituciones en las que están presentes para volver a plantear un escenario que ya creíamos desterrado: la retirada de la fotografía del Rey del ayuntamiento de San Sebastián, el manifiesto desprecio a la bandera española, y el acoso a los constitucionalistas. Con todos estos hechos, la Fiscalía y la Abogacía del Estado pueden reunir las pruebas que permitan evitar tanto escarnio y aportarlas a los tribunales. Tan cierto es que ETA no comete atentados como que el brazo político de los etarras, con su presencia cada vez más activa en las calles, está violentando de nuevo la convivencia en la sociedad vasca, con sus estrategias del miedo y la intimidación que tan bien le funcionaron en el pasado.

En este contexto, es pertinente recordar la posición activa del Partido Popular, cuyos dirigentes en el País Vasco han presentado varias iniciativas para acotar los movimientos de Bildu, como las mociones en distintos ayuntamientos para que los proetarras condenen a ETA, las cuales, por cierto, han sido objeto de críticas por parte de los socialistas vascos, que mantienen una posición más condescendiente. Y en LA RAZÓN, María Dolores de Cospedal ya anunció que el PP incluiría en su programa echar a Bildu de las instituciones. Ése es el camino para aislarles y desactivarles, una vez consumada su presencia en las instituciones. Lástima que no encuentren la complicidad del resto de fuerzas políticas, que mantienen unas posiciones mucho más tibias, esperando algo que sólo los más ingenuos creen que puede pasar: que Bildu condene los pretéritos atentados de ETA.

Lástima que Martin Garitano, en su penúltimo desprecio a la institución que representa, no asistiese ayer a la misa celebrada en la basílica de San Ignacio de Loyola, en Azpeitia. Si hubiese estado presente en representación de todos los guipuzcoanos, podría haber tomado nota de las palabras del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, que afirmó que «la verdadera paz no puede nacer de meros cálculos políticos, sino de un auténtico arrepentimiento». Evidentemente, Garitano no contempla esa posibilidad, como demuestra con insistencia.

valencia
Camps reclama a la Generalitat su derecho a contar con chófer, secretaria y escoltas
AGENCIAS | VALENCIA. El Correo  2 Agosto 2011

El caminar político de Francisco Camps sigue unido a la polémica. Cuando todavía ni siquiera se han cumplido dos semanas desde que el expresidente de la Generalitat se viera obligado a dimitir por su procesamiento por un presunto delito de cohecho en la llamada 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel', su nombre volvió ayer a la actualidad después de solicitar al Ejecutivo que su sucesor, Alberto Fabra, rubricara el visto bueno para que el Gobierno valenciano le adjudicara el servicio de dos escoltas, una secretaria y un chófer. Asimismo, desde la oposición se criticó ayer de forma paralela que Camps haya reclamado su ingreso en el Consejo Jurídico Consultivo de la comunidad autónoma, cargo que pretende compatibilizar con el escaño de diputado en el Parlamento.

Mientras el PSOE afirma que estos hechos son «inaceptables en términos políticos y democráticos» porque el expresidente «no puede estar en el órgano que asesora para hacer las leyes y en la Cámara que las aprueba» y Compromis considera «muy poco ético que se dé tanta prisa en reclamar privilegios», el PP declaró ayer que Camps «no incurre en ninguna incompatibilidad» al mantener ambos puestos y además «tiene derecho» a contar con personal para su asesoramiento y asistencia «porque la ley así lo establece», según señaló Esteban González Pons.

Los socialistas, por boca de su portavoz en la Cortes valencianas, Jorge Alarte, consideran que la intención de Camps es «controlar a Fabra en las Corts y vigilar a su grupo parlamentario para que su lamentable y triste legado no se modifique», además de mantenerse en la Cámara para «seguir siendo aforado, ya que tiene miedo a los tribunales».

Camps es el primer expresidente valenciano que reclama incorporarse al Consejo Jurídico. Todos sus antecesores -el socialista Joan Lerma y los populares Eduardo Zaplana y José Luis Olivas- decidieron renunciar a esa posibilidad que les otorgaba la ley.

La creación de empleo del PP
Nota del Editor  2 Agosto 2011

Es estupendo, el PP de Valencia ha conseguido crear 4 empleos de la nada, uno de consejero jurídico, otro de chófer, otro de secretaria, y dos de escoltas.
Y eso solo en tiempos normales, pues durante las vacaciones, tendrá que contratar los servicios de otros profesionales en las ETT mientras los titulares
disfrutan de las suyas o tienen mala salud y enferman.

El PP de Madrid, es aún mejor, pues de la nada ha conseguido crear miles de empleos de esquilmadores de automovilistas, a base de apropiarse de
las plazas de estacionamiento que los ciudadanos pagaron como sobrecoste al adquirir sus viviendas, pues tanto los terrenos como su urbanización formaron parte del precio (además de otras mandangas y convolutos). Y no podemos quejarnos en alto, pues en Agosto, para evitar crean empleo temporal, no hay ERE (Exacción Regulada por Estacionar) por las tardes

No sé porque nos preocupamos, con estos políticos del PP, que según dicen son la solución a todos nuestros problemas, quizás nos den la oportunidad de presentar nuestra dimisión como trabajadores, pensionistas o simplemente desempleados, podamos prescindir de nuestros magros salarios o pensiones y pasar a cobrar del sabroso pastel de los grandes enchufados y profesionales de la política; además eso del chófer (claro, y el coche) y la secretaria y los escoltas, debe ser tremendo, poder ir por la vida haciendo declaraciones de sentido común pero políticamente incorrectas sin tener miedo a que un descerebrado (generalmente en nómina de otros profesionales de la política) nos parta la cara, mientras dictamos nuestras memorias y la lista de la compra a la secretaria

PD: critico al PP porque a veces sueño que alguno de ellos pegará un puñetazo en la mesa y harán algo razonable. A los del PSOE no los critico porque no tienen remedio, su única salida es la disolución del partido previa devolución de lo afanado, confesión de parte, y autoinculpación y purga en la cárcel.

SINDICATOS POLICIALES AVISAN
El SUP afirma que veremos a una ETA rearmada y reforzada
 Minuto Digital  2 Agosto 2011

La mesa de Batasuna-ETA sigue manteniendo su actividad ilegal, porque a primeros de julio se reunieron de forma clandestina sin que desde Madrid se actuase contra el partido ilegalizado.

Esto mismo es lo que ha confirmado el portavoz del SUP esta noche, indicando que llevan “diciendo al Ministerio de Interior cómo se están rearmando, cómo roban coches, que siguen haciendo zulos, es un parón temporal, pero veremos una ETA rearmada y reforzada”. “Estamos actuando, pero quien tiene que actuar ahora es quien tiene el poder de decidir de ilegalizar a Bildu”, ha remarcado Benito.

Los principales sindicatos policiales han vuelto a pedir a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que actúen después de que el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, de Bildu, haya pedido la libertad de los presos de ETA en la celebración del patrono San Ignacio de Loyola. Esta acción ha dado pié a que la policía vuelva a recordar que “no dudamos de que es la misma marca Batasuna, pero con un nombre diferente” y que “Sortu es el hermano mayor de Bildu”. Son palabras de José Mª Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ofrecidas en La Linterna.

En declaracione a la COPE, Los sindicatos de policía ya había avisado de que “están sucediendo situaciones antidemocráticas que ponen en riesgo la integridad de personas, decisiones como la de no entrar con escoltas se producen cada día y hace que la vida de los ciudadanos no se desarrolle con la libertad que debería desarrollarse”. Como concreta Benito, “ETA que sigue rearmándose, que sigue con su actos terroristas es evidente, y esta tregua es una estrategia para estar en las instituciones, y ahora es presionar al Gobierno para conseguir sus objetivos políticos, y si no lo consigue volverán a las mismas”.

Por este motivo, José Mª Benito ha destacado que “no esperamos nada nuevo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo actuó según nuestros informes y fue tirado por el TC, y no nos extraña que al estar tan politizado haga que Sortu se presente a ala elecciones del 20-N”.

Cataluña
El PP reitera que no cierra la puerta al concierto económico propuesto por CiU ni a incluir el CAT en las matrículas
El ex dirigente de Unió Democràtica de Catalunya y actual diputado autonómico del PP, asegura que si Rajoy llega a la Moncloa “habrá ministros catalanes”, como si fuera una cuota de origen imprescindible, y como ocurre actualmente y ha pasado en todos los gobiernos previos.
Redacción www.vozbcn.com  2 Agosto 2011

El 'número dos' del PP en el Parlamento autonómico ha manifestado la intención de los 'populares' de negociar el concierto económico para la Generalidad e incluir el CAT en las matrículas de los vehículos, reivindicaciones nacionalistas (foto: PPC).

La posición oficial del PP es decir un sí ponderado a las propuestas de sus posibles socios de gobierno, tras las elecciones del 20N. O, dicho de otra manera, no cerrar la puerta a las exigencias de CiU para que Mariano Rajoy (PP) sea el próximo presidente del Gobierno.

Enric Millo, número dos de los populares en el Parlamento autonómico, lo ha dejado claro en dos de los temas más importantes para los nacionalistas: el PP está abierto a hablar del concierto económico para la Generalidad y de cambiar la ley para que las matrículas de los vehículos incorporen el CAT.

En una entrevista, publicada este martes en El Punt Avui, Millo ha asegurado que en el PP “estamos abiertos a hablar del concierto económico”, tal y como manifestó Rajoy, nuevamente hace unas semanas. El número dos de Alicia Sánchez-Camacho en la Cámara autonómica, sin embargo, considera que “probablemente este no es el modelo que más conviene a Cataluña”. Un modelo insostenible para el país al que no cierran la puerta los dirigentes populares.

Ministros catalanes
Por otro lado, Millo también se ha posicionado a favor de hablar sobre la posibilidad de que las matrículas de los vehículos lleven el CAT. Una decisión que choca frontalmente con lo manifestado por el propio Millo hace solo unas semanas, que exigió por carta incluso a la presidenta del Parlamento autonómico que los vehículos que de ella dependen cumplan la norma que impide modificar las matrículas con pegatinas. Todo, concierto económico y CAT en las matrículas condicionado a que Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno.

Finalmente, el ex dirigente de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y actual diputado autonómico del PP, ha asegurado que si Rajoy llega a la Moncloa “habrá ministros catalanes”, como si fuera una cuota de origen imprescindible, y como ocurre actualmente y ha pasado en todos los gobiernos previos. No ha confirmado si Sánchez-Camacho, presidenta del PP de Cataluña y diputada autonómica, será la cabeza de lista de los populares el próximo 20N.



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