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Recortes de Prensa   Miércoles 3 Agosto 2011

 

Prima de riesgo
Melancolía española
Agapito Maestre Libertad Digital 3 Agosto 2011

Zapatero ha suspendido sus vacaciones, aunque sólo sea por unas horas, porque la prima de riesgo del bono español respecto del alemán supera ya los 400 puntos. Además, según informan diferentes agencias, ha llamado a Mariano Rajoy para informarle de los pasos que dará el Gobierno para solventar este penúltimo capítulo de la crisis financiera de nuestro país. Supongo que Rajoy le habrá sugerido alguna otra medida y, seguramente, habrán llegado a ciertos acuerdos por el bien de España. De los españoles. Esa acción, quiero pensar, tendría un carácter nacional. Estaríamos ante una decisión consensuada: una medida concreta a favor de un Estado-nación moderno. Si todo fuera como yo doy a entender, estaríamos ante una prueba sencilla, casi natural, de política democrática, independientemente de quien gobierne, para resolver el principal problema de España, a saber su desnacionalización o la carencia absoluta de grandes consensos políticos a favor del Estado-nación.

Cuento todo esto para dar respuesta a un lector, que me afea mi pensamiento contra el proceso de desnacionalización de España que abrió la Constitución de 1978, y que ahora aparece como uno de los principales problemas para la recuperación económica y, sobre todo, moral de nuestro país. Mi crítico lector, que desprecia tanto mis análisis como mis propuestas, me exige un poco más de concreción para salir del marasmo del llamado Estado de las Autonomías. Le agradezco sus críticas y, por supuesto, espero que mis columnas le sigan estimulando para ejercer su libre pensamiento. Y aunque yo no soy muy partidario de ese lenguaje que separa el pensamiento de la acción política, la teoría de la famosa "práctica" o pragmatismo, creo que en la llamada de Zapatero a Rajoy, y el consiguiente acuerdo que yo presumo entre los dos, podría ser un buen ejemplo, una medida en el lenguaje de mi crítico lector, para hacer política nacional y no partidista o "autonomista".

Dicho en lenguaje muy sencillo, y desde la posición de un teórico radical de la democracia, la política es básicamente conflicto; pero si de vez en cuando esa situación conflictiva, reitero, no se resuelve en consensos de carácter nacional, entonces la política democrática es inviable, o peor, corre el riesgo de convertirse en su contrario bárbaro. Eso es lo que ha pasado, por desgracia, desde el primer –y, quizá último si descartamos los Pactos de La Moncloa– pacto nacional: el consenso constitucional que, al margen de triunfalismo baratos, derivó muy pronto en un cambalache a favor de una Constitución inviable. En ello estamos. Precisamente, por eso, aunque yo me haya atrevido a poner como ejemplo de consenso la llamada de Zapatero a Rajoy, nadie tiene confianza en ese acuerdo. Es pura retórica, incluso al borde del abismo económico.

Así las cosas, si persiste mi crítico lector en que le ofrezca alguna medida concreta de mi modesto magín, aquí tiene una sencilla: discutan y debatan los partidos sobre medidas concretas y no sobre vagas promesas de pre-campaña, pero, sobre todo, acuerden un modelo de Estado donde todos los españoles seamos libre e iguales ante la ley. Sencillo. Pero no fácil de llevar a cabo. Ya lo dijo Baltasar Gracián, en su famoso opúsculo El político Don Fernando, al hablar de las diferencias entre Francia y España. Mantiene que en Francia casi todo concurre para que la gobernación sea fácil, en tanto que en España muchas cosas la hacen difícil: "Los mismos mares, los montes y los ríos, le son a Francia término connatural y muralla para su conservación. Pero en la monarquía de España, donde las provincias son muchas; las ´naciones`, diferentes; las lenguas, varias; las inclinaciones, opuestas; los climas, encontrados; así como es menester gran capacidad para conservar, así mucha para unir".

Cada vez más cerca del abismo
Álvaro Anchuelo. El Confidencial 3 Agosto 2011

El respiro que la cumbre del eurogrupo iba a proporcionarnos no ha podido ser más breve. En ningún caso podía ser muy largo. Los acuerdos han superado las expectativas sin llegar a ser los que se necesitaban. Evaluemos esas decisiones europeas, antes de mostrar como lo sucedido estos días en España ya las ha inutilizado. Se pueden agrupar en tres apartados:

- El primero pretende aliviar la insostenible situación de Grecia. Para ello, se concede a este país un nuevo rescate, en forma de préstamos, por valor de 109 000 millones de euros. Tales préstamos se otorgarán a un tipo de interés menor que los anteriores (3´5% frente a 5´5%) y a plazos más largos (de 15 a 30 años, frente a los 7´5 de media actuales). Esto ayudará a Grecia, pero lo que se le da siguen siendo préstamos que tendrá que devolver.

De nuevo se busca ganar tiempo. Una aproximación al problema más novedosa subyace a la propuesta de asignar a Grecia fondos estructurales europeos que permitan relanzar su crecimiento. Para pagar, un país tiene que crecer, y Grecia ahora sufre una fuerte recesión (la producción cae un 4´1%). Este aproximación más generosa al problema griego concedería ayudas en forma de transferencias en vez de préstamos, pero apenas se concreta todavía.

- El segundo apartado de los acuerdos europeos busca que el sector privado (los bancos que prestaron a Grecia) participen en el rescate, como quería Alemania. Eso sí, “voluntariamente”. Es justo que participen, pues sabían que incurrían en un riesgo al prestar. Se ofrecen diferentes vías para esa participación voluntaria: el canje de la deuda viva a plazos cortos por nueva deuda a plazos más largos, la refinanciación de la deuda que venza con otra nueva a largo plazo o la recompra de deuda en el mercado secundario a precios inferiores al valor nominal.

Las pérdidas que van a sufrir los acreedores con estas medidas equivalen a un 21% de lo prestado. Aunque se afirma que la participación privada sólo se exigirá en este caso y nunca más, de momento el impago griego sienta un precedente hasta hace poco impensable. Además, entre nuevos préstamos y pérdidas privadas, la situación de Grecia mejora, pero no de forma dramática. Su deuda pública actual (del 160% del PIB) se reduce en unos 12 puntos.

- En el tercer apartado de los acuerdos europeos, se incrementa la flexibilidad en el uso del FEEF. Podrá dar préstamos preventivos a países todavía no rescatados y para recapitalizar bancos. Podrá comprar deuda en el mercado secundario (pero con bastante rigidez en este caso, pues tendrá que analizarlo el BCE y aprobarlo unánimemente los países). Lo que no se ha hecho es aumentar el tamaño del Fondo, así que tendrá la misma munición que antes.

Una solución definitiva de la crisis de la deuda soberana europea requeriría medidas de mayor calado, con más visión estratégica y altura de miras. Para que la unión monetaria funcione, ha de complementarse con una política fiscal supranacional. Sin embargo, los pasos en esa dirección han sido muy tímidos. La creación de eurobonos ni se ha planteado, por ejemplo.

Unas medidas tan poco ambiciosas, en el mejor de los casos podían calmar provisionalmente a los mercados y darnos otro respiro, que esta vez era preciso aprovechar. No obstante, me temo que la acumulación de noticias desastrosas posterior a los acuerdos ha dilapidado ya esa (¿última?) oportunidad. Veamos lo sucedido en España recientemente desde la perspectiva de un inversor extranjero, que se plantease comprar deuda pública de nuestro país animado por los acuerdos europeos.

Ese inversor está preocupado por la situación de las cajas de ahorro españolas. Teme que acumulen en sus balances más activos dañados de lo que reconocen oficialmente, en vista del tamaño descomunal de la burbuja inmobiliaria española. Esto haría que la recapitalización con dinero público requiriese mayores cantidades de lo previsto, elevando repentinamente la deuda pública. También provocaría que el período de estancamiento del crédito y la producción durase más. Otros motivos de preocupación tienen que ver con la gestión poco profesional de estas entidades, sujetas a las interferencias de las comunidades autónomas.

Lo que acaba de suceder en la CAM tiene que haber sido un golpe demoledor para la ya escasa confianza de ese inversor extranjero. Se interviene esa caja recién publicados los tests de stress europeos, cuando el gobernador del Banco de España acababa de asegurar que las entidades españolas eran sólidas y no necesitaban más capital. Es necesario inyectar 2 800 millones de euros en capital y 3 000 para liquidez. La caja se subastará y se venderá a quien pida menos dinero por quedársela, aumentando el coste público.

De nuevo una caja es intervenida sin haber dejado de dar beneficios de acuerdo con la contabilidad oficial. Salen a la luz prácticas como los préstamos a proyectos regionales no rentables (Terra Mítica), los 161 millones de préstamos a bajo o nulo interés a los dirigentes de la entidad… Todo esto sucede en la cuarta caja por importancia, volviendo a situar al sector financiero español en el ojo del huracán. Por cierto, esta vez se trata de una caja gestionada por el PP, demostrando la responsabilidad que comparte con el PSOE y los partidos nacionalistas.

Déficit y duplicidades de las CCAA
Al inversor extranjero le asalta otro temor respecto a España. El diseño del Estado autonómico hace difícil reducir el gasto público, por las duplicidades y la descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno que provoca. Ni siquiera se fía de que las cifras de deuda autonómica sean las que se dicen. Seguro que, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no duerme más tranquilo. En ese encuentro clave, se adoptó la postura suicida de no acordar nada relevante. Lo que se decidió fue permutar la deuda de las comunidades con el Estado en deuda de las comunidades con un banco estatal, el ICO. Es como hacerse trampas al solitario. Lo de acordar reglas de gasto, pero cada cual la que quiera, tampoco está mal como disparate.

Entre tanto, la presidenta de Castilla-La Mancha afirma que el déficit real cuadruplica el reconocido. El presidente de Galicia avisa de que numerosas comunidades tendrán problemas para pagar incluso los salarios antes de fin de año. Se publican las actas de la anterior reunión, celebrada el 27 de abril (“por amor de Dios, den alguna solución”). Uno casi puede notar como sube la presión arterial del hipotético inversor extranjero. De nuevo PP, PSOE y nacionalistas comparten la culpa de lo sucedido.

Todavía el inversor extranjero, en su inocencia, podía aferrarse hasta hace poco a las reiteradas promesas del actual presidente del gobierno. Afirmaba éste que agotaría su mandato y se sacrificaría heroicamente, tomando las medidas impopulares que fuesen necesarias. De repente, ha convocado las elecciones para el 20 de noviembre. El anuncio tiene una vertiente positiva: pone una fecha límite a esta legislatura indescriptible. Pero esto debió hacerse antes, o al menos abreviando los plazos. Pasará casi medio año hasta que haya un nuevo gobierno plenamente operativo.

¡Ojalá que la economía española aguante tanto tiempo! Nuestros dirigentes, en su ceguera, parecen empeñados en que no sea así.

¿Fin de la ‘doctrina Parot’?
Editorial www.gaceta.es 3 Agosto 2011

No faltará en el TC quien considere esta doctrina una cadena perpetua encubierta.

El Constitucional, el mismo que fue capaz de tumbar de forma vergonzosa un veredicto del Supremo y autorizar a Bildu presentarse a las elecciones del 22-M, puede volver a embarrar el campo de juego. El Alto Tribunal presidido por Pascual Sala revisa, a la vuelta de las vacaciones estivales, la denominada doctrina Parot. Según la misma, los beneficios penitenciarios han de aplicarse sobre cada una de las condenas que tenga un delincuente y no sobre una única pena refundida. Lleva el nombre de Henri Parot porque fue el escándalo suscitado por el anuncio de que este sanguinario etarra condenado por 82 asesinatos podría salir en libertad tras cumplir apenas 20 años, lo que llevó al Supremo a cambiar las reglas de juego. Fue, a todas luces, una acción legítima y justa en defensa del Estado de derecho frente al terrorismo. Toca al Constitucional pronunciarse respecto a numerosos recursos de amparo de presos de ETA y hacerlo al borde de unas decisivas elecciones generales.

¿Estarán dispuestos los magistrados a añadir un nuevo motivo de discordancia y enfrentamiento con el TS? No faltará entre sus miembros –me temo– quienes consideren la citada doctrina una suerte de cadena perpetua encubierta. Puede haber sorpresas pues, en general, el TC muestra siempre una mayor predisposición a las presiones bajo el ropaje de una particularísima sensibilidad hacia las garantías de derechos y libertades. Quizá por ello Zapatero encuentra en una exigua –aunque suficiente– mayoría “progresista” una útil red de seguridad para sus planes. El Gobierno, que cree que haber dejado a la izquierda abertzale sumarse a la fiesta de la Democracia acelera de manera irreversible el final de la banda asesina, puede ver en la doctrina Parot un escollo a dejar sin efecto. Sería una afrenta más a las víctimas del terrorismo y a la ciudadanía en general. Eso es lo que debería poner la carne de gallina a Pascual Sala.

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Presidente de la Asociación Dignidad y Justicia
El falso buenismo de Bildu
Daniel Portero La Razón 3 Agosto 2011

ETA y Bildu. Bildu y ETA. Ambos son lo mismo pero todavía algunos no lo quieren ver. El chantaje que supone que Bildu esté en las instituciones no es más que ETA, que ha vuelto a engañar al Gobierno y, sobre todo, al Tribunal Constitucional para hacer ver que Bildu es el futuro político que hará posible la disolución de la organización terrorista. Ésta es la base política sobre la que se cimenta el famoso comunicado que nunca llega y en el que supuestamente ETA anunciará su disolución. ¡Todo mentira! Así, ETA va ganando tiempo, se rearma y recluta nuevos militantes que actuarán en el futuro.

Bildu no sólo ha demostrado más que continúa siendo la correa de transmisión de ETA-Batasuna, ya que cuenta con asesores en ayuntamientos y en la Diputación Foral de Guipúzcoa que ya fueron integrantes de Batasuna, ANV o PCTV en anteriores corporaciones. Desde que comenzaron las fiestas veraniegas en el País Vasco se llevan contabilizados 15 actos de homenaje a los presos y huidos de ETA, siempre organizados por Bildu, al igual que hizo ANV o Batasuna anteriormente.

Bildu ha dicho públicamente que la Policía y Guardia Civil deben irse del País Vasco, al igual que propugnaba ETA a principios de los años 70 con la denominada «Alternativa KAS». Han querido simular un falso acercamiento a las víctimas del terrorismo, porque su objetivo no es otro que equiparar a los asesinados por ETA con los muertos integrantes de ETA en enfrentamientos policiales, siempre con el objetivo de querer hacer ver a la comunidad internacional que existe un conflicto con el Gobierno español. Al igual que ahora Bildu, hay que recordar que ETA siempre ha buscado equiparar las víctimas del terrorismo con sus muertos en enfrentamientos policiales y siempre se ha tratado como eje central del discurso etarra. También Bildu ha recuperado el discurso de ETA de exigir el acercamiento de los presos terroristas al País Vasco, tal y como recientemente el Diputado general de Guipúzcoa Martín Garitano ha expresado públicamente.

Ni va a haber comunicado de ETA ni Bildu es Caperucita Roja. Sin embargo, sí que habrá rearme etarra y un lobo debajo de la caperuza roja. Es cuestión de tiempo. La solución: ilegalizar Bildu y acabar con ETA por la vía policial y por la judicial.

Tras los «gestos chulescos y desafiantes» de Garitano, diputado general de Guipúzcoa
Las víctimas del terrorismo exigen «aplicar la ley» para ilegalizar Bildu
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) han denunciado los gestos "chulescos" y "desafiantes" de Bildu hacia las víctimas de ETA y han afirmado que la actuación del diputado general de Guipúzcoa, Martin Garitano, supone "una prueba más" para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado "tomen cartas en el asunto definitivamente" y soliciten la ilegalización de la coalición.
2 Agosto 11 - Madrid - Ep La Razón 3 Agosto 2011

Martin Garitano aprovechó este lunes la festividad de San Ignacio de Loyola, en Azpeitia, para saludar a un grupo de familiares de reclusos de ETA y reclamar la derogación de la 'doctrina Parot', el fin de la dispersión y la legalización de Sortu.

El vicepresidente de la AVT, José Marco, ha destacado que la actitud del diputado general guipuzcoano se une a todos los actos realizados por la coalición en los últimos tiempos, entre los que ha recordado la retirada de la bandera española y el retrato del Rey en el Ayuntamiento de San Sebastián que conllevan "una ilegalidad aparente y evidente". "Todos los gestos son de valentones, chulescos y de ir avasallando", ha agregado.

"Sin embargo, la impresión que tenemos es que no se está haciendo el trabajo que se tenía que hacer en la lucha contra el entorno que apoya a los presos terroristas", ha indicado el vicepresidente de la AVT, que ha considerado "deprimente" para las víctimas que no se aplique la legislación a los concejales de la coalición. "Se prometió que a la mínima, serían expulsados y se aplicaría la Ley y estamos viendo que no es así".

En concreto, ha afeado a Garitano que no estuviera "a la altura de las expectativas" puesto que acudió a un acto institucional en calidad de diputado general y en representación de todos los electores, "no sólo de los simpatizantes de su partido" y de sus "amigos que piden la excarcelación de los presos" de la banda terrorista. "Estamos viendo que Bildu es Batasuna", ha apostillado.

La actitud de Garitano se une a "decenas de indicios"
El presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, ha reprobado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es "incapaz" de impulsar la ilegalización de la coalición abertzale y ha confiado en que la "primera medida" que realice el próximo Ejecutivo sea dejar a Bildu fuera de las instituciones.

"Es un partido que se ha caracterizado por ser la sucesión de Batasuna y no sólo por los hechos de ayer, sino por la acumulación de todos ellos", ha sostenido Portero, para advertir de que la "estrategia" de la formación se basa en "equiparar a las víctimas del terrorismo con los muertos en enfrentamientos que han sido miembros de ETA" y en mostrar "al mundo entero que existe un conflicto entre dos bandos, que realmente no existe". "Es un pulso y un desafío a las familias y a los asesinados por ETA", ha agregado.

En este punto, ha recordado que las Fuerzas de Seguridad tenían la orden judicial de vigilar las fiestas de la localidad guipuzcoana de Azpeitia y ha concluido que la actuación de Garitano "es un indicio más de las decenas de indicios para ilegalizar Bildu".

El pasado viernes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco permitió un acto festivo previsto el sábado en Azpeitia para "denunciar la política penitenciaria vigente y construir una marea humana en pro de los derechos". No obstante, el magistrado ordenó a las Fuerzas de Seguridad vigilar la manifestación para evitar que se produjeran homenajes a etarras.

Velasco adoptó esta decisión después de que Dignidad y Justicia presentara un escrito al juzgado de guardia en el que solicitaba la prohibición de un acto previsto para las 11.30 horas del sábado en el recinto de las fiestas de Azpeitia que fue convocado por 'Egin Dezagun Bidea', "una organización que ha asumido los roles hasta la fecha desarrollados por Etxerat sobre presos de ETA", según el auto.

La banda recupera con Bildu su «Frente Institucional», tan importante como los «comandos» / Mientras, reorganiza su «aparato logístico» en Francia
El cuento del fin de ETA
«Estamos ante el final del terrorismo». «Si no nos equivocamos, lo lograremos». «Hay que actuar con habilidad». Los españoles asistimos en los últimos meses a la repetición machacona de unos mensajes que, si se analizan con detenimiento, no se ajustan a la realidad.
Jesús María Zuloaga La Razón 3 Agosto 2011

La legalización de Bildu por el Tribunal Constitucional y su participación en las elecciones municipales y forales ha supuesto para ETA la recuperación de su «Frente Institucional». Lo ha hecho con una fuerza, y en unas condiciones favorables, no conocidas hasta ahora.

Más importante
Ese «Frente», como advierten desde hace años expertos antiterroristas en sus informes, es tan importante en la banda como los «comandos» o las fábricas de explosivos; pero de mayor relevancia para que pueda alcanzar sus fines: la independencia del País Vasco, con la anexión de Navarra. Y, por supuesto, la excarcelación de sus presos.

«ETA no es simplemente un grupo de delincuentes que, mediante el exclusivo uso de la violencia, pretende conseguir» esos objetivos. «Aceptar esta tesis no sólo sería cerrar los ojos a la realidad evidenciada a lo largo de muchos años, sino caer en un error de graves e imprevisibles consecuencias», subrayaba uno de estos informes.

Mientras las cosas le vayan bien a ETA y a su entramado, con Bildu y, si es legalizado, con Sortu, no tiene por qué haber atentados. Pero si, se les pone, como parece lógico, freno a sus pretensiones, ¿qué ocurrirá?, ¿alguien ha recibido la garantía de que nunca más habrá terrorismo?

De momento, la realidad, la que palpan los vascos y el resto de los españoles, se llama Bildu. Probablemente, los que propiciaron la convalidación de sus listas de candidatos confiaban en que las cosas se iban a desarrollar de otra manera; y que la banda y su entramado se iban a conformar con un pago tan importante a cambio del alto el fuego. Parece que se equivocaban.

Más Batasuna
La coalición es, cada día que pasa, más Batasuna; y Batasuna, como dicen las sentencias de los Tribunales, es ETA. Están envalentonados y han puesto en marcha todas sus campañas: a favor de los presos; la salida de las Fuerzas de Seguridad y Armadas del País Vasco y Navarra; la independencia; la «euskaldunización» (imposición del euskera), etcétera. Sin olvidar el factor miedo que supone, para los que no piensan como ellos, la presencia «institucional» de los proetarras, sobre todo en localidades medianas y pequeñas.

Según expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN, la actuación de Bildu en los ayuntamientos y otras instituciones, está caracterizada por el sometimiento a una «jerarquía superior», a la que se consulta cualquier decisión importante. Cuando en las comisiones municipales se ponen sobre la mesa asuntos que pueden tener una cierta relevancia, la respuesta de los representantes de Bildu es siempre la misma: no pueden adoptar una postura en ese momento. ¿A quién consultan? La respuesta parece clara si se revisa la lista de «asesores» (cabecillas de Batasuna o de grupos similares) que han sido contratados. Existe una «dirección única», todavía no identificada, para todo lo que concierne al trabajo municipal de la coalición.

Otras de las consecuencias, según las citadas fuentes, es que Batasuna ha «fagocitado» a las otras organizaciones que forman Bildu: Eusko Alkartasuna y Alternatiba, que, al ser legales, contribuyeron a que la coalición pasara el corte del Tribunal Constitucional. El siguiente objetivo que se han marcado, tal y como reveló LA RAZÓN en su día, es Aralar, a la que tratan de convencer para que forme candidaturas conjuntas para las Elecciones Generales.

Los «gestos»
¿Cómo se puede hablar del fin del terrorismo de ETA si la banda ha logrado, tras muchos años de ilegalización, reimplantar su «Frente Institucional» en el País Vasco y Navarra? ¿Qué han dado los pistoleros a cambio? ¿Un alto el fuego que, en la práctica, se convierte en ausencia de atentados y extorsión, para que quienes propugnan la nueva estrategia se puedan presentar en las Elecciones Generales con semejante «éxito»?.

Cada vez que Bildu hace un «gesto», como la reparación del monolito de una víctima o anuncia la asistencia a homenajes de personas asesinadas por la banda (de momento, eso: un anuncio), se apresuran a blasonar la importancia del paso que se ha dado.

La realidad, la de todos los días, es otra: ETA sigue existiendo; reorganiza en Francia sus estructuras criminales (ya no lo niegan ni los expertos más crédulos del primer momento); Bildu no la condena, ni por activa ni por pasiva, ni le pide que desaparezca; y el lendakari de todos los vascos, el socialista Patxi López, acaba de mostrarse a favor de la legalización de Sortu, el partido de la «izquierda abertzale», de ETA, como ayer publicaba «Gara» de forma destacada.

El partido que pueda formar gobierno tras las elecciones del 20 de noviembre tendrá la responsabilidad de gestionar una situación que, cada día que pasa, es más compleja. La cesión ante ETA y su entramado, no es la solución. De haberlo sido –comentan víctimas de la banda criminal en privado–, se podía haber adoptado hace años y se habría evitado mucho dolor y sufrimiento.

La Guardia Civil alega contra Bildu el apoyo de Garitano a presos de ETA
Las Fuerzas de Seguridad también aportan como pruebas la recepción a Segi y los discursos a favor de la negociación, plagiados de Otegi
N. COLLI / J. PAGOLA / MADRID ABC 3 Agosto 2011

Las Fuerzas de Seguridad incorporarán, como pruebas contra Bildu, el apoyo que el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, mostró el lunes a los presos de ETA, así como el cordial recibimiento que ofreció, en la institución foral, a varios activistas de Segi que acaban de ser juzgados en la Audiencia Nacional por actos de «kale borroka».

La «frustración» que el Tribunal Constitucional provocó entre los agentes, tras colar a Bildu en las pasadas elecciones municipales, no ha impedido que sigan trabajando para recabar más pistas. Entre otros motivos, porque la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General abre la puerta a una segunda oportunidad con vistas a presentar nuevas demandas de ilegalización. No obstante, las fuentes consultadas por ABC reconocen las complicaciones, ya que por válidas que sean las pruebas que ahora se están recabando, es difícil que puedan superar en contundencia a las aportadas antes de los comicios municipales, que sí fueron consideradas suficientes por el Tribunal Supremo, pero se toparon con el Constitucional. Además, añaden estos medios, el nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho, es cuanto menos reticente a la ilegalización de las marcas de la «izquierda abertzale» en el actual escenario de presunta apuesta por las vías exclusivamente políticas.

En cualquier caso, desde que los cargos bildutarras tomaran el poder en instituciones como la Diputación Foral de Guipúzcoa o los ayuntamientos de San Sebastián, Andoain..., las pruebas se acumulan. Además del recibimiento a activistas de Segi y, por tanto, potenciales canteranos de ETA, así como del apoyo a los presos —no arrepentidos— de la banda en las puertas de la Basílica de Loyola, las Fuerzas de Seguridad han tomado nota de otra serie de hechos que demuestran las vinculaciones de Bildu con ETA-Batasuna. Por ejemplo, el calor con el que representantes de la «vieja guardia» batasunkide, como Rufino Etxeberria y Joseba Permach, arroparon a Garitano en su toma de posesión; el discurso del nuevo diputado general, plagiado de los de Otegi y compañía, a favor del «proceso democrático», esto es, la negociación; la designación de los «duros» de ANV Maite Betialarrangoitia e Iñaki Errazkin, ex alcaldes de Hernani y Azpeitia, respectivamente, como «lugartenientes» del propio Garitano y del regidor de San Sebastián, Juan Carlos Izagirre; la retirada del retrato de Su Majestad el Rey y de la bandera española de sendos salones del Consistorio donostiarra.

El veto a escoltas en ayuntamientos como el de Andoain; Y, lo que se presenta como prueba concluyente, el último comunicado de ETA en el que se felicitaba por el éxito que alcanzó la «izquierda abertzale» en las elecciones municipales, pese a la ausencia en las urnas de las siglas tradicionales. En este sentido, las fuentes consultadas recuerdan que en comicios anteriores, cuando Batasuna no ha podido presentarse, la banda, lejos de elogiar los resultados de otras formaciones nacionalistas, acusó al PNV y EA de usurpar alcaldías y concejalías y de haberse aprovechado de la ausencia de la «izquierda abertzale».

Precisamente, a principios de julio miembros de la Abogacía del Estado se reunieron en el País Vasco con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Cabieces, para analizar los indicios reunidos hasta entonces. Las pruebas serán incluidas en un informe.

POR PERSONARSE EN UN RECURSO CONTRA LA EXIGENCIA DEL CATALÁN
Acusan a Omnium Cultural de ser “el ariete político de CiU a cambio de subvenciones”
A. Fernández (Barcelona). El Confidencial 3 Agosto 2011

La personación de òmnium Cultural --la entidad cívica de Cataluña más potente, con mayor poder de presión y más peso específico en los ámbitos culturales y políticos de la Comunidad—en el recurso de Convivencia Cívica Catalana (CCC) contra la exigencia de que los profesores universitarios acrediten un nivel C de catalán ha motivado la indignación de los partidos no nacionalistas, que acusan a su presidenta, Muriel Casals, de utilizar la entidad como ariete político del Gobierno de Artur Mas.

La postura de òmnium recibió los primeros dardos del presidente de CCC, Francisco Caja, para quien la actitud de la entidad catalanista es “intransigente, talibanista y, además, subvencionada por la Generalitat”. Fuentes cercanas a òmnium, sin embargo, señalaron a El Confidencial que esta entidad “tiene todo el derecho a personarse en un proceso porque defiende determinados valores que pueden ser vulnerados con el recurso interpuesto. De la misma manera que respetamos que otros interpongan un recurso contra una norma que defiende el catalán (aprobada en febrero por el Ejecutivo de Artur Mas), esperamos que esos otros respeten nuestro derecho a nuestra iniciativa para defender nuestra lengua”.

El portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Enric Millo, tuvo también duras palabras contra Casals. Señaló que “òmnium Cultural había de ser una entidad cultural, pero cada vez es menos cultural y más política partidista. Su presidenta le hace un flaco favor a sus 50 años de historia, ya que lo que hace es convertirse en maltratadora de la pluralidad catalana, de la diversidad de pensamiento en Cataluña, defendiendo un pensamiento único que no todos comparten y, por tanto, convirtiéndose en mascarón de proa de la intransigencia, de la intolerancia”.

Más crítico aún fue el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que subrayó que òmnium “es la caverna nacionalista, el brazo político de CiU, que hace el trabajo sucio a cambio de subvenciones”. El líder de C’s pidió que la organización catalanista “deje de jugar a ser un partido político y deje de hacerlo con nuestro dinero” y demandó que se le retiren las subvenciones. En este sentido, el presidente de Ciudadanos coincide con Francisco Caja al pedir “que el hecho de saber catalán debe ser un mérito y no una barrera”. Por ello, este partido ya pidió en el Parlamento la derogación del decreto del gobierno sobre los profesores universitarios, pero todos los partidos, excepto el PP, votaron en contra. “òmnium ha recibido en los últimos 6 años ocho millones de euros en subvenciones por parte de la Administración con la excusa de la cultura”, enfatizó Rivera, quien no olvida que fue precisamente òmnium la entidad que propuso, a principios de julio, la insumisión fiscal de Cataluña para con España hasta que el Estado no pague los atrasos que debe a la comunidad y hasta que no se firme un nuevo pacto fiscal. A esta idea se sumó inmediatamente el presidente del grupo de CiU en el Parlamento catalán, Oriol Pujol.

Prepara el manifiesto de la Diada
Ahora, òmnium está ya inmersa en los preparativos de la celebración del 11 de septiembre, la Diada Nacional de Cataluña. Y ya tiene listo un manifiesto que deja entrever por dónde irán los tiros políticos los próximos meses. “Cataluña está inmersa en una especie de segunda transición en la que la sociedad civil ha de tener más protagonismo en la toma de decisiones en un contexto de profundización democrática. El país necesita respuesta en un momento en que las relaciones con España están en un punto de no retorno, estamos padeciendo sumamente la crisis económica, que afecta especialmente a las generaciones más jóvenes, estamos afrontando nuevos desafíos a nuestra lengua, que creíamos superados”, dice el manifiesto.

Para el 11 de septiembre -y, por extensión, para los próximos años-, òmnium pone sobre la mesa tres cuestiones fundamentales. La primera es una defensa a ultranza del modelo de inmersión lingüística. “Es preciso defender el modelo de inmersión lingüística como modelo viable de cohesión y construcción social y es preciso impulsar un gran acuerdo social, político y económico para hacer del catalán la lengua común de todos los que vivimos en nuestro país”. El segundo punto es lograr, en los próximos cuatro años, que Cataluña “recaude sus impuestos y determine su política económica”.

Y señala el manifiesto que “no aceptaremos ninguna rebaja ni rendición y, si el Estado español se opone, nos comprometemos a estudiar fórmulas de objeción fiscal como paso firme hacia la independencia económica”. El tercer punto es reclamar el “derecho a decidir. Es preciso que la acción pública y la de la sociedad civil confluyan en un camino irrenunciable y efectivo del derecho a la autodeterminación. Este camino sólo puede llegar a su destino cuando se convoque un referéndum de manera oficial y vinculante en todo el país”.
 



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