AGLI

Recortes de Prensa   Domingo 7 Agosto 2011

 

La Torre de Babel
Luis del Pino Libertad Digital 7 Agosto 2011

Editorial del programa Sin Complejos del domingo 8/7/2011

"Toda la Tierra tenía una misma lengua y usaba las mismas palabras. Los hombres, en su emigración hacia oriente, hallaron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: «Hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego». Se sirvieron de los ladrillos en lugar de piedras y de betún en lugar de argamasa. Luego dijeron: «Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos así famosos y dejemos de estar dispersos sobre la faz de la Tierra».

Pero Yahveh descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo: «He aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua, siendo este el principio de sus empresas. Nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan los unos con los otros». Y así, Yahveh los dispersó sobre toda la faz de la Tierra y cesaron en la construcción de la ciudad."

Esta es, como ya habrán adivinado ustedes, la historia de la famosa Torre de Babel, narrada en el Libro del Génesis. Básicamente, el mensaje que traslada esa historia es que la unidad de idioma confería a la Humanidad un inmenso poder. Para destruir ese poder, y evitar que los hombres llevaran a cabo su plan de construir una torre que llegara hasta el Cielo, Dios acabó con esa unidad de idioma que permitía a los hombres entenderse. Privados de la capacidad de comunicarse, debido a que ahora hablaban lenguas distintas, los hombres se vieron así obligados a abandonar su proyecto y terminaron dispersándose.

El mito tiene, posiblemente, un origen muy antiguo. Existe, en concreto, una leyenda sumeria, "Enmerkar y el señor de Aratta", compuesta 1500 años antes que el Libro del Génesis y que contiene ya dos de los elementos principales de la historia de la Torre de Babel: la construcción de una torre (que en el caso de la leyenda sumeria es un zigurat) y la referencia a la pérdida de la unidad de idioma.

El punto central del mito es precisamente éste: el poder que confiere a los hombres el hablar el mismo lenguaje y la utilización de las divisiones lingüísticas como manera de acabar con ese poder. Se trata de un mito con una enorme fuerza simbólica, como demuestra el hecho de que esa misma idea está presente en la mitología de muchas otras culturas primitivas. En concreto, ese mito de la intervención de los dioses para dividir a los hombres por medio del lenguaje aparece también en la mitología de tribus de Kenia, de California, de Australia, de Alaska, de Guatemala y de la India.

A lo largo de las últimas décadas, en España estamos viviendo un proceso de desintegración lingüística a gran escala. Desde la Transición, administraciones públicas de todos los partidos han dedicado ingentes esfuerzos y recursos económicos al fomento de las divisiones lingüísticas en todos los frentes: desde la educación hasta los medios de comunicación, pasando por los mecanismos de ingreso en la función pública y el trato de los ciudadanos con la administración.

A pesar, por ejemplo, de las encuestas que indican una preferencia mayoritaria de los padres por la educación en castellano, en muchas regiones españolas se ha conculcado sistemáticamente el derecho de elección de idioma, en un intento consciente de fomentar lenguas para las que no existía demanda social.

Se trata de una planificada fragmentación lingüística que choca de lleno con las previsiones existentes para el idioma español. El español es, en estos momentos, la segunda lengua mundial por número de hablantes nativos, por detrás solo del chino, y el número de hispanohablantes crece a razón de un millón por mes. Estados Unidos ha adelantado ya a España en número de hispanohablantes y antes de que termine el siglo el idioma más hablado en la primera superpotencia mundial será, no el inglés, sino el español.

Por tanto, los intentos por destruir el español como idioma común de nuestro país no tienen ningún sentido, ni desde el punto de vista de la capacidad de comunicarnos con el resto del mundo, ni en términos económicos, ni tampoco desde la perspectiva de los intereses estratégicos de nuestro país.

Aunque no son las consideraciones económicas o estratégicas las más importantes a la hora de analizar el efecto que esa fragmentación lingüística tiene.

En realidad, todo está escrito desde hace mucho tiempo. Y es el mito de la Torre de Babel, junto con esos otros mitos similares presentes en otras culturas, el que mejor explica el efecto deletéreo de esa fragmentación: la división idiomática sirve, principalmente, para destruir el poder que la unidad de idioma confiere a quienes la disfrutan.

En nuestro caso, la fragmentación lingüística disminuye el poder de los ciudadanos frente a quienes nos gobiernan, y disminuye también nuestro poder como país frente a otros países de nuestro entorno.

Los españoles deberíamos, en ese sentido, comenzar a hacer caballo de batalla de la recuperación del español como idioma común. Deberíamos empezar a ser abiertamente beligerantes contra los intentos de imponernos una fragmentación lingüística artificial. No sólo porque la defensa de los derechos individuales así lo exige, sino también como simple medio de autodefensa: autodefensa de los ciudadanos frente al Estado, autodefensa de los españoles en un contexto internacional que se prevé duro y difícil .

La fragmentación lingüística tan sólo resulta útil para aquellos que quieren manipularnos, desde dentro o desde fuera de nuestras fronteras.

Y ya es hora de que aprendamos a defendernos y recuperemos el poder que hemos perdido. Es hora de volver a Babel y construir entre todos la torre de nuestro futuro.

Rebaja EEUU
Obama se merienda la triple A
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 7 Agosto 2011

Dos mitos se derrumban con la rebaja de la calidad de la deuda de EEUU por la agencia de rating Standard & Poor’s (S&P). El primero, que existe una conspiración entre las agencias yanquis para degradar solamente la deuda europea y enterrar al euro como divisa rival en la dominación monetaria internacional; como mucho, del hecho de que la francesa (Fitch) le haya ratificado la triple A y una de las estadounidenses (S&P) no se haya bajado los pantalones, podremos colegir una mayor laxitud o cobardía, por decirlo suavemente, de nuestros pares, pero poco más. ¿Por qué se degradaba a la solvente España y no al insolvente EEUU? Fin de la milonga.

Segundo mito que cae: que los problemas de sostenibilidad fiscal del país no son una invención racista del Tea Party, ese movimiento ultraderechista que lleva por nombre un término tan reaccionario como el de una revuelta organizada contra la monarquía absoluta. El problema es real o al menos lo es para estratos crecientes de la sociedad y del mundo financiero. Toca revisar los dogmas de keynesianos, socialistas, izquierdistas y demás ralea del Gran Gobierno: no se puede gastar y asumir deuda ilimitadamente sin que haya consecuencias. Porque no, la rebaja no se debe a las refriegas entre republicanos y demócratas a propósito del techo de deuda sino, como por aquí mismo expusimos, a lo decepcionante del acuerdo alcanzado. Lean si no a la propia S&P:

A pesar del amplio debate que se ha abierto este año, desde nuestro punto de vista las diferencias entre las formaciones políticas se han mostrado extraordinariamente difíciles de reducir y, al final, el acuerdo resultante se ha quedado corto al no adoptar el programa fiscal integral que algunos analistas habían anticipado recientemente. Republicanos y demócratas sólo han sido capaces de acordar recortes del gasto discrecional muy modestos, delegando a un comité aparte la posibilidad de adoptar medidas de mayor calado. Por ahora, parece que los nuevos ingresos se han venido abajo y que sólo se han introducido cambios meramente cosméticos al Medicare y a otros programas sociales cuya contención nosotros y muchos otros analistas consideramos clave para la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Acaso lo sorprendente de la izquierda fue que durante tanto tiempo mantuviera a la vez dos proposiciones tan contradictorias: que EEUU merecía una rebaja del rating por su delicada situación financiera y que esa delicada situación financiera era pura invención del Tea Party para desprestigiar a Obama. Todo, claro, con el espíritu servil de justificar que el gasto público no tenía que tocarse ni allí ni aquí: allí, porque en verdad Estados Unidos era solvente; aquí, porque estábamos siendo injustamente penalizados por una agencia que no otorgaba la misma medicina al Impero.

Pero precisamente por derrumbar dos mitos muy de la conveniencia de la izquierda, es de esperar que asistamos, primero, a una negación sistemática de los cargos y, segundo, a una ofensiva sin cuartel, basada fundamentalmente en la propaganda, contra S&P. Porque ni un solo socialista se atreverá a poner en solfa los problemas reales de las agencias de rating: las enormes barreras de entrada que imponen las regulaciones estadounidenses y europeas; al contrario, lo que se les cuestionará es que todavía sigan guardando alguna independencia, rigor y vergüenza con respecto a los Estados que les dan de comer. Al tiempo, tampoco se tomarán en serio el certero mensaje de fondo de S&P y, si acaso, lo entenderán como una justificación no para recortar el gasto con la intensidad debida, sino para subir aún más los impuestos y lastrar con ello las posibilidades de crecimiento del país.

Y después de esto, ¿qué? Es difícil de decir; la mayoría de analistas y el sentido común sostienen que, tras un cierto pánico bursátil, un leve debilitamiento del dólar y una revalorización del oro, habrá escasas consecuencias adicionales. Al cabo, de momento no se ha puesto ni mucho menos en duda la solvencia de un país que, a pesar de los pesares, sigue siendo, en su escala, el entorno institucional y económico más seguro y fiable del mundo. En momentos de tensión y depresión, los agentes suelen refugiarse en los activos más seguros para al menos conservar su capital; y el activo más seguro de todos sigue siendo la deuda estadounidense.

Sin embargo, no despreciemos las consecuencias que la rebaja del rating pueda tener en unos mercados ya muy revueltos por los acontecimientos de la última semana (estancamiento de EEUU e insolvencia de la Eurozona) ni, sobre todo, los riesgos a largo plazo de la progresiva insolvencia yanqui. Que de momento no peligre su posición no significa que el Gobierno estadounidense disponga de barra libre para seguir emitiendo deuda. Al final, es el mercado, cada inversor individual, quien decide qué activos son los idóneos para no descapitalizarse, y si el despilfarro obamita continúa por sus fueros, bien podría terminar descartando a los bonos USA como activo de reserva, del mismo modo que ha descartado a los bonos España. Algunos llevamos diciendo años que Europa y Estados Unidos, con su adicción al gasto y al endeudamiento desbocado, están jugando con fuego. Si la progresiva erosión de la solvencia de la economía más importante del mundo condujera a la desmonetización de su deuda pública, sólo nos quedaría el oro como activo de reserva. Pero una huida generalizada y masiva hacia el metal amarillo supondría el colapso del sistema financiero y la mayor de las crisis imaginables. Estamos todavía muy lejos de ese escenario, pero la irresponsabilidad del Zapatero estadounidense y de la prensa cómplice nos van acercando sin necesidad alguna hacia él.

Por una vez, y sin que sirva de precedente, la izquierda debería controlar su impulso natural de matar al mensajero y, más bien, acusar el recibo. No lo harán y por eso la recuperación mundial seguirá en vilo, al menos, hasta 2012. Por desgracia, con Obama en el poder, Estados Unidos no levantará cabeza, pues una crisis de mala deuda no puede combatirse con más y peor deuda. Y eso, más gasto y más deuda, es lo único que Obama puede ofrecer. Standard and Poor's no se equivoca por hacer lo que debe, sino por haberlo hecho con mucho retraso.

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía, jefe de opinión de Libertad Digital y profesor en el centro de estudios Isead. Puede seguirlo en Twitter o en su página web personal. Su último libro es Crónicas de la Gran Recesión (2007-2009).

Elecciones, sí; oportunistas, no
Editorial www.gaceta.es 7 Agosto 2011

Tras sostener a ZP, CiU pide hipócritamente el readelanto electoral

Si algo han dejado bien claro los acontecimientos de esta última semana es que Zapatero se ha equivocado incluso en la manera de abandonar el poder. A las puertas de la mayor crisis de deuda mundial desde la quiebra de Lehman Brothers –con Italia y España a punto de superar la línea roja de la intervención y con los bonos estadounidenses degradados por primera vez en la historia–, el presidente anunció la convocatoria de elecciones a cuatro meses vista: cuatro meses, por tanto, de absoluta parálisis política en los que, para más inri, habría que aprobar la ley económica más importante del año, los Presupuestos Generales del Estado.

Maniatados y sin capacidad de reacción ante las dudas que razonablemente despierta nuestra economía en el exterior, los inversores extranjeros nos han ido cortando y encareciendo el crédito que necesitamos para seguir funcionando. Ante esto, habría sido necesario un contundente revulsivo; esto es, habría sido necesario ahondar en los recortes del gasto y en las reformas estructurales. Mas nada se ha hecho, en esencia porque Zapatero no quiere perjudicar las expectativas electorales de Rubalcaba: como siempre, el partido por encima de la Nación. Pero, así las cosas, al menos habrá que exigirle al cesante Zapatero que vuelva a adelantar las generales para acelerar la formación de un nuevo Ejecutivo que sí pueda tomar las decisiones que con urgencia necesitamos. Y en ello está en su retiro de Doñana.

Al parecer, no sólo Zapatero, sino incluso el propio ministro del Faisán vería con buenos ojos un readelanto electoral, siempre que siguiera contando con el suficiente tiempo para desplegar su estrategia de intoxicación electoral. Y es que Rubalcaba sí entiende que, en caso de no volver a adelantar las elecciones y de no acometer reformas, España corre el muy serio riesgo de ser intervenida o de suspender pagos, en cuyo caso su debacle en los próximos comicios sería absoluta. Ya que no toman las decisiones correctas por el bien del país, esperemos que al menos las adopten para minimizar el hundimiento del partido.

Obviamente, en medio de esta situación desesperada, no tardan en emerger oportunistas de todos los colores que tratan de arrimar el ascua a su sardina. Así, José Bono reclama ahora un Gobierno de unidad nacional: viendo a su formación a punto de desaparecer, el sectario ministro que utilizó los muertos del Yak 42 como arma arrojadiza contra el PP pide un Ejecutivo de emergencia que, claro está, no va destinado a salvar al país, sino a su partido. El PSOE lleva cuatro años obstaculizando las reformas que necesitamos, ¿qué sentido tiene integrarlo en un Gobierno cuya principal misión sería sacarlas adelante en el menor tiempo posible? El otro oportunista que ha intentado sacar tajada de las dificultades es José Antonio Duran i Lleida, inmerecidamente el político mejor valorado por los españoles. Viendo próximo el final del PSOE, y buscando un sillón ministerial, el nacionalista catalán trata de congraciarse con el PP sumándose a la iniciativa del readelanto electoral. El único problema es que Duran y el grupo parlamentario de CiU han actuado en numerosísimas ocasiones de sustento del Gobierno socialista del que ahora reniegan. ¿No habría sido mejor dejarlo caer al principio de la legislatura en lugar de contribuir a prolongar este estéril calvario?

España necesita soluciones inmediatas. Pero no todos los políticos están igual de legitimados para proporcionárselas. Anticipemos las elecciones todo lo posible, que el pueblo soberano sabrá discriminar entre los oportunistas y los gestores eficaces.


Para Bono
Alfonso Ussía La Razón 7 Agosto 2011

Que José Bono es un político hábil e inteligente nadie lo puede poner en duda. Ni los que abominan de él, una considerable masa compuesta principalmente por militantes y votantes de su propio partido. Bono, más que socialista, es un socialdemócrata amable y ponderado, y sus últimas recomendaciones son absolutamente respetables, pero extemporáneas. No obstante, aunque tardías y fuera de su tiempo oportuno, merecen ser valoradas con generosidad. José Bono plantea la necesidad de que el PP y el PSOE gobiernen juntos por el bien de España. Podría ser una solución con tintes patrióticos, como él apunta, pero habría que preguntarse qué sector del PSOE estaría dispuesto a gobernar con el Partido Popular.

El abanico –y perdonen la cursilería– ideológico del PSOE es amplio y multicolor. Desde el rosa pálido de la socialdemocracia de Bono al social-comunismo de Zapatero, pasando por el guerrismo , el socialismo-nacionalista periférico, y demás familias. Zapatero y los suyos se han visto obligados a rectificar cuando ya habían hecho a España el daño previsto y perfectamente programado. Con ese sector del PSOE, un partido que reúne a los liberales y conservadores que hoy están establecidos en el poder europeo, la colaboración es imposible. El zapaterismo está en los años treinta del pasado siglo, y Bono lo sabe. Con el sector socialista que Bono representa, no existirían problemas, y las diferencias de criterio se salvarían mutuamente si ello significara la consolidación de España, entendiendo por España la Patria de todos, la que se advierte en el actual mapa. Zapatero ha hecho lo posible por mutilar ese mapa, porque sus fines originales coincidían plenamente con los del comunismo español, que sigue siendo estalinista.

«Es patriótico entenderse», ha dicho Bono. Lo es. Pero habrá de reconocer el Presidente del Congreso de los Diputados que, con Zapatero, el patriotismo no tenía cabida en sus proyectos. No me suenan las manifestaciones de Bono a oportunismo para seguir en la cumbre de los poderes públicos. Pero su actitud y sus palabras hubieran tenido una repercusión y un valor muchos más altos con un Zapatero en plenitud de desvaríos y de influencia en el PSOE. Hoy, ese personaje errante, atemorizado y en el fondo, triunfador en su propósito –la destrucción de España–, no puede poner a Bono en su sitio, porque Bono lo mantiene y el suyo se ha echado a volar. Europa vería con agrado la unión eventual de los dos grandes partidos de España para superar lo que ya parece imposible de llevar a cabo. Pero el PSOE tendría que renunciar a un considerable porcentaje de sus gilipolleces legislativas y ejecutivas para que la deseada colaboración fuera viable.

Algo tienen las palabras de Bono que me recuerdan a las de «Paz, piedad y perdón» de Manuel Azaña. Pronunciadas en su momento, el mensaje azañista sería históricamente admirable. Sucede que esas tres palabras las pronunció cuando todo lo tenía perdido. En sus momentos de mayor poder y gloria, a Azaña no se le pasó por la cabeza ni la paz, ni la piedad –que no la tuvo–, ni el perdón –que no quiso conceder–. Lo narraba un gran humorista inglés de principios del siglo XX. «El Gobernador, enterado de la derrota de sus tropas ante los zulúes en Natal, con todos sus oficiales y soldados muertos sobre la planicie de Ulundi, cerró la carpeta de cuero que tenía sobre la mesa de su despacho con energía, y con gran serenidad comentó: “Creo que ha llegado la hora de entrar en negociaciones con el pueblo zulú”».

Respeto y valoro como español la recomendación de Bono. Sólo lamento que la haya manifestado con cuatro años de retraso.

¿Qué oculta la "ética del esfuerzo"?
Eduardo Arroyo El Semanal Digital 7 Agosto 2011

El "esfuerzo" es un tema recurrente de la propaganda neoliberal. Sin embargo, los partidos "progresistas" no insisten mucho en el tema y prefieren hablar de "derechos sociales".

Lo peor es que cuando el "esfuerzo" se esgrime como alternativa a los "derechos sociales", uno está tentado de pensar que España es un país de vagos en el que nadie trabaja. La verdad es, no obstante, muy distinta.

Para los liberales, el "esfuerzo" supone incluso una ética y acaban hablando de "ética del esfuerzo". Sin duda, puede haber alguna justificación del término cuando se aduce a causa de la proliferación incontrolada de cargos funcionariales. Mucho peor, y esto ya no lo discute tanto la clase política española, es la proliferación de cargos políticos: direcciones generales con director, subdirector, gabinete, asesores, dependencias, canales de radio y televisión, chófer, etc. La diferencia es esencial: mientras que el funcionario, en la mayoría de los casos, estudia temarios áridos y verdaderamente disuasorios para oposiciones interminables, a veces hipotecando varios años de su vida y con el riesgo de ser destinado a 500 kilómetros de su casa, el cargo político no tiene casi nunca más bagaje que el ser un habitual del partido y caer lo suficientemente simpático como para ser incluido en unas listas.

Además, el funcionario estándar, salvo excepciones, cuenta con salarios que caen dentro de lo normal; el cargo político con mucha frecuencia no solo es que tenga salarios muy por encima del común de los mortales, sino que goza de una serie de prebendas adicionales para los que el ciudadano normal tendría que trabajar toda su vida. La cosa adquiere tono de burla cuando el político, a veces de muy alto rango, es una persona de escasas luces y con formación muy limitada.

Pese a todas estas consideraciones, la propaganda neoliberal, llevada por su odio ciego a todo lo que procede del Estado y sin considerar excepciones ni matices, centra en el funcionario todas sus iras. Los funcionarios proliferan, es cierto, pero, ¿de quién depende? Desde luego la multiplicación de los funcionarios en España ha sido una decisión política que nace, en primer lugar, del Estado de las Autonomías. Como era de prever, 17 gobiernos dan para 17 administraciones aparte de la central. En este contexto no era de esperar que hubiera menos sino más funcionarios. En segundo lugar, dicha multiplicación depende también del clientelismo de los partidos políticos. El afán de asentar su poder si no en el gobierno central, en las comunidades autónomas, ha creado, no gobiernos regionales pequeños y eficaces, sino maquinarias enormes con las que gestionar las competencias que han ido sustrayendo al Estado. Ambas situaciones han nacido gracias a la clase política.

Desgraciadamente, la cantidad de funcionarios de carrera que ha generado toda esa burocracia es, por su misma naturaleza, más numerosa que la de los cargos políticos, de manera que cuando hay que imponer "austeridad", son esos funcionarios los que ven reducidos de manera significativa sus salarios "terrícolas", en vez de reducir los salarios "estratosféricos" de los políticos.

Lógicamente, en este clima de agravio comparativo no es de extrañar que haya quien considere que está haciendo el tonto por trabajar y cumplir con el esfuerzo. Si a esto añadimos la epidemia de crisis de valores que se vive en toda la sociedad, el individualismo desenfrenado y el egoísmo creciente, tendremos que el colectivo de funcionarios -con un puesto de trabajo blindado- juega con ventaja respecto de otros colectivos, cuya situación laboral está mas en precario. El odio de éstos hacia los otros, acrecienta, además, la división popular.

¿Cabe entonces predicar la "ética del esfuerzo"?Primero habría que decir que la ética con apellido es siempre sospechosa. Sin duda, el esfuerzo es algo deseable pero ¿qué pasa cuando a pesar del esfuerzo uno solo consigue perpetuar un estado de semiesclavitud? Cuando los liberales claman por la "cultura del esfuerzo" deberían pensar muy bien a quién están hablando.

Para el ciudadano, los puestos de funcionario son apetecibles por dos razones: la primera porque, sin exagerar, suelen implicar salarios dignos. En segundo lugar, porque son puestos no precarios que permiten algo esencial para construir una vida: estabilidad. ¿Significa esto que todos debemos ser funcionarios? La respuesta es no. Debe haber los funcionarios que hagan realmente falta.

Pero si lo que queda fuera -lo que queda librado a la "iniciativa privada"- implica salarios de miseria o, en el mejor de los casos, mileuristas, total falta de previsión, disponibilidad absoluta para la empresa que puede enviarte a Brasil o a Arabia Saudí durante dos años so pena de despido, amén de una pensión ridícula o muy modesta, entonces es de sentido común que todos anhelarán una plaza de funcionario. Pero todo esto, no olvidemos, es y ha sido una situación generada por los políticos de uno y otro signo. ¿Significa que nuestros compatriotas tienen que "esforzarse" más, en nombre de esa denominada "ética del esfuerzo"? Pues no necesariamente. Por lo que yo veo, aquellos que eluden su responsabilidad son en general minoritarios, y la inmensa mayoría de españoles se limita a cumplir, a veces llenos de escepticismo, con su deber lo mejor que saben y pueden. Para todos ellos, esos que hablan del "esfuerzo" deben parecerles capataces de una plantación bananera que, ante el peón verdaderamente desriñonado, prefieren esgrimir el látigo.

Y es que en realidad, la "cultura del esfuerzo" oculta una falta total de sentido crítico con el sistema, con un orden social que genera ricos cada vez más ricos, destruye la clase media y empobrece a las clases más desfavorecidas. Esto es la consecuencia directa de un orden en el que lo importante es que el mercado funcione y no cómo funcione ese mercado. El ardid para evitar este debate consiste en decir que quienes cuestionan este ordenamiento están "contra la iniciativa privada" o contra "el mercado".

Últimamente se ha puesto de moda entre economistas "católicos" –por lo general, norteamericanos- escribir plúmbeos mamotretos contra el Estado que acaban haciendo una apología ciega del capitalismo de mercado. Merece la pena detenerse en ellos ya que reclaman para el cristianismo, casi la única instancia de legitimación moral que queda en Occidente, el orden liberal capitalista como único sistema "cristiano". Aunque llenen páginas y páginas de datos y cifras siempre fallan en lo mismo: en el fundamento y en el sentido del orden social resultante. Su problema es en realidad filosófico y antropológico. Pero ellos eluden, deliberadamente o por ignorancia, el debate en ese plano, mientras se les llena la boca con la falacia de la "ciencia económica".

Creer que un mero aparato técnico tiene que ser abandonado a su propia mecánica con la esperanza de que de ahí salga un sistema, ya no el más justo, sino simplemente justo, es como para morirse de risa. Es como quitar al conductor del autobús, sentarlo en el asiento de atrás y esperar que el autobús, por si solo, nos lleve a destino. Ninguno de esos autores se han parado a pensar que la primacía del orden moral en la sociedad es un pilar de la "ciudad de Dios" cristiana y que esto no puede abandonarse en manos de la eficiencia productiva. Por eso la moral debe limitar el mercado. He leído incluso a un fundamentalista liberal decir la estupidez de que la Iglesia deja libertad de creencias en estos temas. Si algún autor católico -en realidad de casi cualquier otra religión- dijera algo semejante sería contraviniendo 2000 años de doctrina.

Y es que, en realidad, esgrimir los errores y sinsentidos de la economía planificada soviética para acabar alabando los logros del capitalismo sin control no es más que la vieja estrategia de caricaturizar al adversario para poder derrotarle mejor. Todo eso oculta un fanatismo en favor de un sistema que prima el lucro y el beneficio económico caiga quién caiga y se hunda lo que se hunda. Venirnos ahora con asuntos como el "esfuerzo" -cuando son millones los que trabajan más para obtener cada vez menos frutos, al revés que la clase política- implica un cinismo de notable calado. En esto, como en tantas otras cosas, habría que repensar el asunto desde el principio, al margen de errores que no por hallarse plenamente establecidos dejan de ser errores.

Un proyecto para España: las propuestas (VIII). La reconstrucción de la Nación (4ª parte)
Alfredo Dagnino, Consejo editorial de Intereconomía. www.gaceta.es  7 Agosto 2011

Continuamos exponiendo las pautas que habrían de inspirar una tarea de recomposición jurídico-política del modelo de organización territorial del Estado:

4. El reforzamiento de los principios generales de relación de las Comunidades Autónomas con el Estado: solidaridad e igualdad.

Principio de solidaridad
Con arreglo al espíritu que anima la Constitución, las distintas regiones y nacionalidades están integradas en la Nación (española), cuya unidad es indivisible, y las Comunidades Autónomas constituyen parte inseparable del Estado (español), vinculadas con este y entre sí por el principio de solidaridad.

Es este un principio esencial de la Constitución, que constituye jurídicamente el reverso del principio de autonomía. Tal principio no se utiliza para expresar sentimientos subjetivos, individuales o colectivos, sino para configurar un principio objetivo del que dimanan deberes concretos, cuya observancia puede ser exigida y asegurada en los términos y con los medios previstos en el ordenamiento jurídico. No debe olvidarse que el principio de solidaridad es un principio general informador de las relaciones entre las Comunidades Autónomas y, particularmente, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y que su virtualidad permite que sea invocado como presupuesto para adoptar las medidas excepcionales que prevé el artículo 155 de la Constitución para el supuesto de que una Comunidad Autónoma no cumpla las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan o actúe de forma que atentare gravemente contra el interés general de España, y también aplicado por el Estado cuando ejerza las competencias que le conciernen en todo caso según la Constitución.

Supuesta la relevancia política y jurídica que el principio de solidaridad tiene en el modelo de organización territorial del Estado, como factor de equilibrio entre los de unidad y autonomía, parece evidente que las referencias que al mismo se hacen en la Constitución distan mucho de corresponder a esa importancia, lo que impone, como consecuencia, la necesidad de que, cuando menos, se determine con alguna precisión quienes son los sujetos obligados por él, qué poder o autoridad está facultada para definir los deberes que de él dimanan y, eventualmente, cuáles son las consecuencias que origina su infracción.

Muy en particular, lo que debería formular la Constitución es que el Estado, lo que ha de garantizar no es la solidaridad, sino su “realización efectiva”, de lo que derivan, al propio tiempo, títulos competenciales en favor del Estado para fomentar y garantizar la solidaridad interterritorial de las Comunidades Autónomas y combatir los comportamientos o actitudes que no se compadezcan con dicho principio. Y como quiera que tales planteamientos no están expresamente formulados, ni cabe fácilmente extraerlos mediante una interpretación de los preceptos constitucionales vigentes, parece aconsejable que la Constitución se modifique en orden a establecer con claridad el deber de solidaridad de las Comunidades Autónomas en cuanto tales y los mecanismos a través de los cuales el Estado asegura su realización efectiva.

Principio de igualdad
En segundo lugar, está el principio de igualdad. Sabido es que un sistema de organización territorial del Estado como el que deriva de la Constitución implica una distribución territorial del poder político entre entes dotados de autonomía política, y no meramente administrativa, lo que implica el reconocimiento de potestades normativas (no sólo reglamentarias, sino legislativas) y a su vez y necesariamente a un ordenamiento jurídico complejo. De esta complejidad resulta inevitablemente una diferenciación en el régimen jurídico de situaciones o relaciones del mismo género y, por consiguiente, una cierta diversidad de derechos y obligaciones de los españoles en las distintas partes del territorio nacional. Esta diversidad intrínseca del sistema sólo es tolerable dentro de ciertos límites, más allá de los cuales se rompería la unidad del sistema mismo.

Por ello, el principio general de igualdad de los españoles consagrado en el artículo 14 de la Constitución, del que son consecuencia tanto la previsión contenida en el artículo 139.1, según la cual “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”, como también el título competencial en favor del Estado previsto en el artículo 149.1.1ª para “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimento de los deberes constitucionales”, ha de ser completado con normas y previsiones que sirvan para prevenir los eventuales excesos, como pueden ser el reconocimiento expreso o tácito de privilegios económicos o sociales, prohibidos en la Constitución (artículo 138.2), o también el reconocimiento a los habitantes de una Comunidad de derechos de los que no gozan los habitantes de otras.

5. La redefinición y racionalización del esquema constitucional de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Dentro de la línea de actuación inspirada en la necesidad de superar la apertura e indeterminación inicial del sistema de organización territorial, para evitar una situación tanto de confusión e incertidumbre como de permanente reivindicación, resulta prioritario redefinir y racionalizar un esquema constitucional de reparto de competencias en el que se conjuguen sabiamente las medidas de reforzamiento y rearme competencial del Estado, la asunción limitada de competencias por parte de las Comunidades Autónomas y la facultad de avocación de competencias propias del Estado que fueron cedidas en el pasado y de armonización de competencias propias de las Comunidades Autónomas, y los términos en que debiera producirse una auténtica descentralización local profundizando en una cultura de la subsidiariedad que favorezca la difusión del poder y la participación, pero sin que el Estado se diluya en un camino hacia ninguna parte.

En este contexto, cabría plantear al menos las siguientes propuestas e iniciativas, a saber:
a) La determinación expresa de las competencias del Estado que no son susceptibles de transferencia ni delegación.
b) La modificación o derogación del artículo 150.2 de la Constitución.
c) El reforzamiento de la unidad jurisdiccional, fiscal y de mercado.

La cuadratura del círculo o la imposibilidad del tinglado autonómico
Nota del Editor  7 Agosto 2011

Por muchas vueltas que se le dé, el tinglado autonómico no tiene otra solución que su desaparición. Cuando más nos hunden en la miseria, más claro aparece que cualquier retoque del tinglado no lo arregla, al contrario, lo empeora. La constitución española es un bodrio total desde el punto de vista lógico, no se puede decir que hay deber de conocer la lengua española y luego hacer cooficiales las lenguas regionales  que les convenga a los profesionales de la política. No se puede decir que todos los españoles son iguales  ante la ley y luego tener una monarquía, unos políticos aforados y millones de ciudadanos de cuarta clase obligados ellos y sus hijos a ser inoculados con las lenguas regionales y a ser excluídos de todas las actividades públicas y políticas. Y encima tener que aguantar a miles de inútiles (al menos)  de profesión políticos durante decenas de años hasta que la flagrante corrupción los explulsa a otros menesteres también políticos pero menos expuestos a la vista.

La política no funciona
Juan Varela. Estrella Digital 7 Agosto 2011

Los políticos están asediados. Y confusos. No hay respuesta política a las dos grandes fuerzas que están cambiando el mundo: los mercados y los ciudadanos. Ambos tienen en común su evolución hacia un funcionamiento al margen de la democracia formal y del poder del estado gracias a un nuevo sistema operativo público donde se desarrollan nuevas herramientas económicas, sociales y tecnológicas. La partitocracia y los poderes públicos son cada vez menos eficaces para responder a los desafíos y demandas de los gobernados.

Vivimos una crisis de liderazgo y de eficacia de la política frente a un supercapitalismo –el poder de las grandes empresas denunciado por Robert Reich- que instaura sus propias reglas y a unos ciudadanos unidos por tecnologías e intereses concretos –las nuevas tribus- y hastiados de no encontrar en la democracia la respuesta a sus demandas e ilusiones.

La protesta de los indignados, la crisis financiera y la tímida respuesta europea o la rebaja de solidez crediticia de Estados Unidos son ejemplos de la crisis de la democracia actual. Los tres muestran la falta de apertura y transparencia de la política, su incapacidad para detectar y actuar contra los problemas antes de su estallido y la manipulación ideológica que deteriora la propia realidad y empaña su percepción pública.

Los políticos han prometido escuchar. A los indignados del 15M y a los muchísimos ciudadanos críticos con su gestión. Rubalcaba y Rajoy lanzan iniciativas electorales para oír a la gente. Pero llegan demasiado tarde y sus promesas contrastan con el comportamiento del gobierno del PSOE o con las autonomías y ayuntamientos del PP.

El paso de la permisividad con #acampadasol a la violencia de los últimos días con el intento de #tomalaplaza es una muestra de la sordera política y de la inutilidad de su monopolio legal de la violencia. La respuesta constante, pacífica y de movilización de los indignados derrota la estrategia represiva como ya había ocurrido con los incidentes de Barcelona.

Lo mismo ocurre con los mercados. La falta de decisión política, en Europa con un rescate más consistente de las economías en peligro y la falta de una política económica y fiscal común, o en Estados Unidos con el paroxismo demagógico del Tea Party y la incapacidad de Obama para una firme respuesta política ha convertido la negociación del déficit en una sátira castigada por los poderes económicos.

China, ejemplo de lo que el economista Ian Bremmer llama capitalismo de estado, sin libertad democrática ni económica, levanta su voz iracunda y sus enormes reservas de dólares contra la histeria política norteamericana. La semana pasada lo hicieron los mercados contra Europa tras el enésimo tímido intento político de atajar la crisis de la deuda. Una debilidad criticada por portavoces del capitalismo financiero como el diario Financial Times. Otro medio de referencia, The Economist, se ha atrevido a pedir el fin del euro y se ha encontrado con una contundente oposición de sus lectores.

La respuesta a una posible división del euro es otro ejemplo de la raíz de la crisis: ciudadanos y mercados protestan contra un sistema del que dependen. Todos atrapados en los cabellos de la medusa de un sistema en crisis pero todavía sin alternativa.

El capitalismo se olvidó de la economía productiva en los años noventa del siglo XX. La revolución tecnológica de la última década y la ausencia de otros modelos económicos le permitió extenderse y aprovechar la exuberancia irracional para crear productos con los que multiplicar la rentabilidad apoyada en los algoritmos de las finanzas cuantitativas y sus algoritmos de inversión manejados por ordenadores.

Los ciudadanos encuentran en internet y las redes sociales un nuevo espacio público donde informarse, compartir, debatir, organizarse y movilizarse sin liderazgos políticos o sindicales tradicionales, sin sus ideas filtradas por los medios de comunicación. Y, sobre todo, acceden a información y la ponen en común mucho más rápido que los gobiernos y la burocracia.

La revuelta de los indignados en España y otros países, los estudiantes en Chile o las revoluciones árabes son ejemplos del poder de los ciberciudadanos a pesar de la censura y la represión, incluso de regímenes totalitarios o de democracia limitada.

La política se ha quedado atrás. Superada la tradicional división derecha/izquierda, sólo se mantiene una diferenciación progresista/conservadora en lo social y la división es entre política abierta o cerrada. Entre una política permeable a los ciudadanos, transparente, flexible y de respuesta rápida frente a una partitocracia sorda, lenta, insegura, sin ideas ni modelos para responder a los desafíos de un mundo acelerado y plural, cuajado de poderes y fuerzas económicas, tecnológicas, militares y violentas, étnicas, religiosas, etc., ese nuevo feudalismo analizado por Parag Khanna.

Los ciudadanos y las fuerzas críticas –incluso las que se aprovechan de las crisis- han escogido las políticas de la resistencia para plantear demandas imposibles o bombardear a los gobiernos con demandas concretas y tan posibles –la propuesta de Slavoj Zizek- que no responder ante ellas es la mayor deslegitimación. Ese ha sido el triunfo del 15M entre los progresistas o de los mercados que cuestionan el estado del bienestar entre los neoliberales.

Todos piden eficacia a la política cuando se está reequilibrando el poder público y la responsabilidad individual. Desde los conservadores lo pide David Cameron con su Big Society y los progresistas con una refundación de la socialdemocracia responsable como la defendida por Tony Judt o Paul Krugman.

El Estado no ha sido capaz de encarar los riesgos sistémicos ni de establecer nuevos contratos sociales para sostener el estado del bienestar en la época de las vacas gordas, como recuerda Daniel Innerarity. Los ciudadanos y los mercados, tampoco.

La demanda de apertura, transparencia, responsabilidad y control de la gestión (pública, social, familiar o individual) afecta a todos. Hace falta refundar los contratos sociales y los propios conceptos de democracia y ciudadanía. Y ahí es donde la política es muda además de sorda y falta de liderazgo.

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Agitadores altivos

Pilar Ferrer La Razón 7 Agosto 2011

El coraje de Antonio Basagoiti define muy bien la situación. Instalados en las instituciones que siempre combatieron, altaneros con suculentos presupuestos, dueños de la calle y señores de la independencia, manejan sus objetivos. Así, no se puede saludar a quienes ni siquiera condenan el terrorismo.

Los «batasunos» de Bildu cumplen a la perfección el guión esablecido. Su irrupción en las fiestas veraniegas será una constante triste en el País Vasco. En Vitoria, Guecho o las admiradas Semanas Grandes de Bilbao y San Sebastián, no cejarán en su empeño. Proclamas a favor de los presos y la principal exigencia: una única candidatura soberanista que llegue hasta el Congreso de los Diputados en pro del Estado vasco, tradicional reclamación de ETA.

¿Quién evitará semejante dislate? Dice ahora el ministro Jauregui que si Bildu no cumple la Ley podrá actuarse contra ellos. Habría sido bueno pensarlo antes de facilitarles el camino, bajo una deleznable sentencia del Tribunal Constitucional. Resulta repudiable ver a Martín Garitano, con su rostro altanero, bastón de mando en mano, despreciar la más pura tradición en memoria de San Ignacio de Loyola. Hacer oídos sordos a la conciliación que egrimió el obispo Munilla en el hermoso templo de Azpeitia. Bildu hace lo previsto.

Nunca tuvo Batasuna tanto poder legal sin atenerse a las leyes. Se les ha dado una oportunidad de oro, pero como bien dice el PP, ahí están los jueces y la Fiscalia para actuar. Mientras nadie lo haga, los activistas de Bildu irrumpen en festejos y «chupinazos». Son lo que son: agitadores altivos, sin temor a ningún freno.

LO QUE NOS FALTABA POR VER...
¿Pactos entre PP y Bildu?
 Minuto Digital  7 Agosto 2011

Los populares tienen en Álava dos nuevas referencias de su giro renovador y su vocación de pacto. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, y el diputado general, Javier de Andrés, han dado muestras de su disposición a llegar a acuerdos «institucionales» con Bildu, aunque no políticos, en una apuesta con la que van a marcar un perfil propio en su gestión. De hecho, Maroto acaba de desmarcarse de la línea oficial de su partido para expresar sin ambages su rechazo «con todas las consecuencias» a la central nuclear de Garoña.

Los batasunos han decidido aprovechar el escenario abierto en el País Vasco por su apuesta por las vías exclusivamente políticas y la tregua permanente de ETA para iniciar una discreta maniobra de acercamiento al Partido Popular.

La antigua Batasuna busca tomar la temperatura a la dirección del PP vasco, con el fin de abrir una vía de comunicación entre ambas fuerzas, según fuentes de absoluta solvencia. Tras haber mantenido contactos privados y públicos con el resto de formaciones, la izquierda abertzale intenta sondear a través de intermediarios autorizados a los populares de Antonio Basagoiti, en un momento en el que éstos tratan de resituar su discurso sobre el fin del terrorismo.

Sin renunciar a sus medidas de exigencia democrática, la cúpula autonómica del PP aspira a presentarse como una solución para la paz en un intento por contrarrestar de algún modo el mensaje que lanza el nacionalismo, especialmente el PNV. Su presidente, Iñigo Urkullu, insiste en que un eventual Gobierno en manos de Mariano Rajoy después de las próximas elecciones generales supondría un «freno» al proceso de pacificación. Una advertencia que los populares consideran que pasa desapercibida para los votantes de fuera de Euskadi en un contexto de fuerte crisis económica, pero que les puede hacer daño electoralmente en el País Vasco.

Según publica El Correo, la apuesta promovida por dirigentes de la izquierda abertzale tradicional para explorar una línea de comunicación con el Partido Popular de Euskadi fue gestada al margen de los periódicos cruces de descalificaciones entre ambas fuerzas, cuya ultima expresión se ha vivido esta semana a cuenta de la presencia de familiares de presos de ETA invitados por Bildu en el arranque de las fiestas de Vitoria. Históricos de Batasuna tienen la firme convicción de que el PP constituye una de las «cuatro grandes sensibilidades del país», junto a la izquierda abertzale, ahora en la coalición soberanista, el PNV y el PSE.

La búsqueda del único contacto que le falta a la izquierda abertzale en el arco político vasco se ha producido en coincidencia con la constitución de los nuevos ayuntamientos y diputaciones, en un mapa que refleja la pluralidad del país: el PNV gobierna la Diputación de Bizkaia y Bilbao; Bildu hace lo propio en Gipuzkoa y San Sebastián; y el PP, el último en consumar su acceso al poder, Álava y Vitoria. Finalmente, las fuerzas más votadas han acabado por liderar las instituciones.

Tras dos años sin atentados mortales en España, la izquierda abertzale ha enviado ya a sus primeros emisarios afines como punta de lanza de su intento por sondear a la dirección del PP vasco, cuyos líderes han compartido instituciones con el mundo de Batasuna en su actividad política y pública. No sólo en Álava, donde los populares gobiernan en minoría y son conscientes de que se tendrán que apoyar en Bildu. Sin ir más lejos, Basagoiti se inicio como concejal hace más de quince años en el Ayuntamiento de Bilbao, en el que tuvo enfrente a corporativos de HB y de Euskal Herritarrok durante dos mandatos.

En Gipuzkoa, los populares están más acostumbrados al ‘roce’ con la izquierda abertzale. Su presidente, Borja Sémper, acaba de declarar que Rajoy «será todo lo hábil que hay que ser» para buscar con «eficacia» el fin definitivo de ETA, en un guiño implícito a ese mundo y a quienes dudan de su capacidad para impulsar con garantías la pacificación y normalización. En las filas del PP guipuzcoano se aboga incluso por no rehuir el debate en público con la formación soberanista y la izquierda abertzale, su principal socio.

Los populares que preside Sémper ya dieron un paso significativo al acudir a la sede del PNV tras su nombramiento. En sus filas son partidarios incluso de la discusión cara a cara con la izquierda abertzale tras la llegada de Bildu al poder. A favor de esta tesis recuerdan la trayectoria de su concejal donostiarra Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, quien no ocultaba sus refriegas con HB. «Hay que debatir y hacerlo cada vez más porque es la manera de desmontar sus argumentos», señala un alto cargo del PP, proclive a «jugar el partido, con una ETA abocada a su fin».

«Tenemos que hacer entendible nuestro mensaje», insiste el mismo responsable, que pone como ejemplo la actitud del PP guipuzcoano en la crisis por los escoltas de Andoain, cuando fueron vetados para entrar en el Ayuntamiento. En vez de recurrir al «lío» y las críticas gruesas, optó por denunciar «la falta de sensibilidad» de la alcaldesa, de Bildu, con los concejales amenazados. Y se llegó a un acuerdo. «Es que, además, nosotros no competimos electoralmente con ellos. Por eso el debate para el PP es más fácil que para el PNV, que se disputa el mismo terreno con la izquierda abertzale», explican las mismas fuentes.

Aunque el PP sigue en fase de renovación de su discurso, el terreno no está aún lo suficientemente abonado como para que prospere la vía de contactos que impulsa la izquierda abertzale histórica, representada por Rufi Etxeberria y Rafa Díez Usabiaga, entre otros. No se ha producido un portazo, pero los primeros movimientos para formalizar un canal de comunicación han sido recibidos con todas las cautelas por la dirección de los populares vascos. La cúpula del partido se inclinaría por abrir esa línea si la izquierda abertzale o Bildu plantean con claridad el final de ETA y se deciden a reconocer de forma efectiva a las víctimas del terrorismo. Con gestos de ese calado, se allanaría el camino. Sobra decir que un comunicado de la banda anunciando su cese definitivo también ayudaría de manera decisiva a establecer esa relación política entre ambas fuerzas.

La izquierda abertzale encara con cierto sosiego la nueva etapa que se abre en el País Vasco. Oficialmente, no teme una victoria electoral del PP que le lleve a La Moncloa, convencida de que el proceso de paz está suficientemente «encarrilado». Según esta lectura, un Gobierno de Rajoy no constituiría una obstáculo por sí solo para consolidar la paz. Tampoco para alterar su hoja de ruta, sostenida en los tribunales en la legalización de Sortu y en la petición al Gobierno para que haga gestos hacia el mundo de los presos, como la derogación de la ‘doctrina Parot’ y la concesión de beneficios penitenciarios a reclusos enfermos de gravedad. Todo esto siempre que ETA no lo enturbie.

Son expectativas que van en línea con la tesis del abogado sudafricano Brian Currin, cabeza visible del grupo de mediadores que asesora a la antigua Batasuna para hacer irreversible la desaparición de la violencia. «Confío en que, con independencia de quién gane, la izquierda abertzale continuará con su proyecto y Sortu podría ser legalizado. Si el alto el fuego se mantiene y ETA termina como organización, se abre un escenario en el que no tendría por qué haber dificultades políticas para que el PP pudiera dirigir y facilitar un proceso de paz», declaró Currin en una reciente entrevista con este periódico.

La izquierda independentista no es ajena al giro renovador del partido de Basagoiti, pese a algún aspaviento. En un manifiesto, los procesados por intentar reflotar Batasuna en el ‘caso Bateragune’, encabezados por Arnaldo Otegi y Díez Usabiaga, mencionan al ‘número dos’ del PP, Iñaki Oyarzábal, por haber sido uno de los políticos vascos que «ha reconocido la nueva realidad y el impulso que en la misma han tenido las decisiones adoptadas por la izquierda abertzale».
Los populares están decididos a atajar el discurso del miedo y presentarse como una oportunidad para alcanzar la pacificación y no ser un freno. «Queremos la paz más que nadie», asegura un alto cargo. Para ello, insistirán en reivindicar la eficacia de la exigencia democrática a ETA y su entorno político. «Si hemos llegado a esta situación ha sido porque no hemos cedido», subrayan en la dirección del PP vasco.

Pero también son conscientes de que tendrán que reconocer «avances» en ese mundo. Y no sólo en privado. Por ejemplo, las declaraciones de los presos disidentes de ETA serían pasos a destacar. Los de Basagoiti caminan más seguros sobre este terreno que les sigue siendo resbaladizo porque ahora comparten con el PNV que «la paz no tiene precio político».

Conflicto
En Gandía incitan a los jóvenes a no hablar nunca en castellano
"Habla siempre valenciano, a todo el mundo y en todas partes", señala un folleto redactado por Acció Cultural del Pais Valencià
PEPE GIMÉNEZ www.lavozlibre.com 7 Agosto 2011

Madrid.- La ciudad de Gandía (Valencia) ha decidido fomentar el catalán entre los jóvenes de entre 12 y 35 años. El municipio ha creado una tarjeta joven con la que poder obtener descuentos en el autobús, el polideportivo y la mayoría de los comercios. Cuando los muchachos van a solicitar la tarjeta de los descuentos les entregan un folleto redactado por la asociación Acció Cultural del País Valencià en el que se les anima a hablar exclusivamente el valenciano, incitándoles a no hablar nunca el español. La ACPV es una asociación cuya misión principal es la imposición del catalán en la Comunidad de Valencia.

En el citado panfleto que se reparte a los jóvenes de la ciudad de Gandía se les dice “habla siempre valenciano a todo el mundo y en todas partes”. La guía contiene 14 puntos en los que se analiza los casos en los que el interlocutor puede encontrarse, comentando que si no les responden en valenciano, que mantengan la conversación bilingüe, pero que nunca cambien al idioma castellano. Asimismo les explican a los chavales que las administraciones tienen la obligación de dirigirse a ellos en catalán, para afirmar seguidamente que “no hay ningún deber legal de hablar en castellano”. La guía continúa diciendo a los chicos que hablen catalán en el colegio, el trabajo y que lo exijan en todas las circunstancias.

Es importante constatar que en las primeras frases de la guía se utiliza el término ‘valenciano’ para referirse a la lengua hablada en Gandía, para pasar a usar el término ‘catalán’ más tarde. Es una táctica manipulativa en la que se introduce el nuevo término progresivamente, para que el joven no se dé cuenta de que le han cambiado el nombre y le parezca natural llamar a la lengua hablada en Valencia, catalán. En el ayuntamiento de Gandía tiene mayoría absoluta el PP.

Y con tanta imposición lingüística, no es de extrañar que haya gente que se canse como es caso de la actriz catalana Mar Regueras. La intérprete ha trabajado en varias series para la televisión autonómica TV3. La actriz, que es catalanohablante, ha llegado a afirmar que no vive en Cataluña porque se prohíbe el castellano. También ha dicho que le “duele que los mismos que se quejaban de que no les dejaban hablar catalán, son los que ahora prohíben que se hable castellano”. Aunque lo que no le perdonarán jamás en Cataluña es que dijese que se siente catalana, pero sobre todo se siente española.

Y como era de esperar, esa última frase ha provocado la ira de algunos blogueros, ya que en Cataluña usar la palabra España o cualquiera de sus derivados es casi un delito. El blog ‘Lo negre de Terrassa’ ha titulado su última entrada: “Si no quieres vivir en Cataluña, mejor para nosotros, una cabrona menos”. El autor del blog se desahoga y comenta que “el lugar de nacimiento no determina la nacionalidad, sino la voluntad de ser y la forma de construir vínculos de pertenencia a una comunidad. Gil de Biedma, Loquillo o el Último de la Fila son españoles, hayan nacido en Barcelona, en Folgueroles o Kuala Lumpur. No pueden evitarlo. Y no son catalanes: es imposible ser catalán y español a la vez”.


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