AGLI

Recortes de Prensa   Jueves 18 Agosto 2011

 

El toro por los cuernos
Editorial La Razón 18 Agosto 2011

Al presidente del Gobierno no le ha quedado más remedio que cumplir la petición del líder del PP y adelantar a agosto el Pleno extraordinario del Congreso que pensaba convocar en septiembre. El orden del día se centrará en la convalidación del decreto con nuevas medidas económicas que aprobará mañana viernes el Consejo de Ministros, pero es evidente que la ocasión será aprovechada por Zapatero y Rajoy para un nuevo cuerpo a cuerpo que, de hecho, inaugurará el curso político en plena canícula agosteña.

El empeoramiento de las perspectivas económicas en Europa ha puesto patas arriba las agendas vacacionales de sus principales dirigentes, empezando por Berlusconi, que ha reaccionado con una propuesta radical de recortes, y terminando por Merkel y Sarkozy, que han tomado las riendas de la eurozona de forma inequívoca con un plan de varias medidas que cambian el gobierno europeo. En estas circunstancias, resultaba embarazoso que los dirigentes españoles siguieran de vacaciones y comentaran a distancia los pasos dados por sus colegas europeos. Así pues, el Gobierno ha decidido ponerse en marcha porque tarea no le falta para los dos meses escasos que le quedan de legislatura.

El paso inmediato es aprobar y tramitar las nuevas medidas anunciadas por Salgado para recaudar 5.000 millones adicionales y embridar el déficit. ¿Son suficientes? ¿Son fiables? Al respecto, la encuesta que hoy publicamos revela que la mayoría de los españoles apoya la adopción de reformas más rigurosas, pero no confía en que el actual Gobierno tenga capacidad o voluntad de llevarlas a cabo. Así, el 45,8% de los encuestados califica de «necesarios» los recortes anunciados por Berlusconi, y casi el mismo porcentaje, un 44,8%, estaría de acuerdo en que se aplicaran también en España.

Más en concreto, son mayoría (47,8%) los partidarios de fusionar municipios y adelgazar la estructura administrativa. Además, el 44,8% cree necesario reducir el número de funcionarios. Sin embargo, hay una clara oposición (45,3%) a recortar los sueldos de la función pública y a congelar las pensiones. En el capítulo fiscal, los favorables a subir los impuestos a las grandes fortunas son el 51,5%; y a incrementar el IVA y los tributos especiales, el 47,5%. En cuanto a las privatizaciones, el 49,5% es partidario de acelerarlas y de ampliarlas a otras empresas públicas. ¿Creen los españoles que el Gobierno de Zapatero y el PSOE son los más indicados para llevar a buen puerto todas estas propuestas? Pues no: el 53% de los encuestados confía más en el partido de Rajoy.

Si a todos estos datos les añadimos que el 49,8% aprueba la fórmula del gobierno económico europeo que han propuesto Merkel y Sarkozy, se confirma que los ciudadanos son conscientes de la gravedad del momento y que para superarlo no queda más remedio que tomar decisiones drásticas, algunas impopulares, que reduzcan el gasto público en burocracias. En suma, los españoles quieren un Gobierno que coja el toro por los cuernos, no maquillajes para matar el tiempo hasta el 20-N y para no perjudicar las expectativas electorales del candidato socialista.

Algo más que disciplina
EDITORIAL El Correo 18 Agosto 2011

Europa debe priorizar tanto la reducción del déficit como la solidaridad entre los socios

La propuesta remitida por Merkel y Sarkozy al presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, para que los países de la zona euro que no apliquen las recomendaciones comunes sobre el déficit público vean suspendidos los fondos estructurales y de cohesión constituye la última entrega de su encuentro del pasado martes. La idea presenta una coherencia aplastante. Dado que los citados fondos van destinados a la mejora de la competitividad y del crecimiento europeo, sería contradictorio que sus ventajas fueran dilapidadas por la persistencia de un déficit excesivo en los países beneficiarios.

La estabilidad presupuestaria de cada socio es la condición de partida sobre la que la Eurozona y el resto de los miembros de la Unión pueden tratar de mantener una posición compartida en el escenario global. Pero la aplicación de un riguroso control sobre el déficit de cada país, después de que Europa se encelara durante años en ampliarse para obtener una masa crítica de ciudadanos y mercados capaz de proyectar hacia el futuro un crecimiento que se vino abajo con la crisis financiera mundial, demanda algo más que un régimen disciplinario.

Exige también que las economías centrales asuman su parte de responsabilidad tanto por lo acontecido hasta ahora como, sobre todo, de cara a una Europa que se muestre solidaria internamente para poder recuperar autoridad en el concierto mundial. Hace tan solo unos días un mero rumor puso en entredicho la solvencia financiera de la Francia del mismo Sarkozy que anteayer recibió a Merkel para dictar los términos en los que debería conducirse «un verdadero gobierno económico» europeo.

Los Estados que, como en el caso español, arrastran dificultades para asegurar la reducción de su déficit público no pueden desentenderse de priorizar dicho objetivo respecto a cualquier otro. Pero de igual modo que la entereza del euro se pone en cuestión cada vez que los mercados encuentran alguna falla en la deuda soberana de alguno de los países que comparten la moneda, los demás europeos pueden sentirse injustamente postergados si cuaja la sensación de que las únicas salidas válidas a la crisis son aquellas que benefician directamente a Alemania y Francia.

Un pleno en plena canícula. Otra de Zapatero.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 18 Agosto 2011

Hasta el final de su mandato, Zapatero va a perseverar en la demagogia y en la "puesta en escena" de sus caóticas e improvisadas medidas anti crisis. De vuelta de sus mini vacaciones, por aquello del qué dirán, se lanza a convocar un consejo de Ministros y el Pleno del Congreso para, en primer lugar aprobar esas medidas en el Gabinete y posteriormente presentarlas ante la Cámara y pedir su aprobación consensuada.

Una vez más se niega a admitir que su mandato está finiquitado y que lo ético es dejar que el próximo Gobierno que salga de las urnas, sea el que adopte la política que considere oportuna. Lo urgente es la disolución del Congreso y el adelanto máximo de las elecciones. Sin embargo, lo que pretende este obnubilado y zombi Presidente es perpetuar la agonía de un Gobierno incapacitado e ilegitimado de facto para adoptar medidas que no hayan sido previamente consensuadas con el resto de las formaciones políticas.

Zapatero sigue sin querer aceptar su estatus y se aferra al cargo haciendo uso de unas facultades que , aunque legales, son inaceptables debido a su transitoriedad. Esperar a final de año para abandonar realmente su cargo es un acto de soberbia, de sectarismo y anti patriótico en el más amplio sentido de la palabra. Podría incluso apreciarse como un acto de Alta Traición y de especial gravedad contra los intereses de España y de sus ciudadanos. Una actitud que el Jefe del Estado no debería dejar pasar por alto y debería pronunciarse para que no se fuerce más una situación insostenible.

Pero si existe una responsabilidad ineludible en esta situación es la del Sr. Rajoy y el PP. Como posible alternativa de Gobierno, su deber es denunciar estas maniobras dilatorias y demagógicas de Zapatero. Lo que se debe denunciar es la actitud sectaria y partidista de quien antepone los intereses del Partido que mantiene al Gobierno, sobre los intereses de España. Lo que se debe exigir es terminar con esta farsa y si se convoca el pleno del Congreso que sea para anunciar su disolución, aunque para ello no hace falta que Sus Señorías acudan, basta con que sea Zapatero el que lo comunique al Rey.

Las medidas anunciadas solo serán efectivas cuando sea el Estado el que retome las competencias en Sanidad y de ese modo controle el gasto, sea en atenciones sanitarias o en farmacia. En cuanto a la subida del impuesto de sociedades, es algo que la Sra. Merkel y el Sr. Sarkozy parece que ya han acordado para unificar en sus países y que de un modo u otro terminarán por aplicar a toda la UE. Así que no hay nada de innovador, ni es urgente esta convocatoria del Pleno del Congreso, por mucha fanfarria que quiera darle el portavoz Sr. Blanco.

Exijamos el adelanto electoral al máximo posible y no permitamos que España pierda otro semestre por la conveniencia de un "candidato" y la obsesión y soberbia de Zapatero.

Eliminar diputaciones... y ayuntamientos
EDITORIAL Libertad Digital 18 Agosto 2011

Hay que reconocer a Rubalcaba la habilidad con que ha colocado la eliminación de las diputaciones en el centro del debate político. Es cierto que otros países europeos con problemas han comenzado a reformar y reducir su estructura administrativa. Pero cabe preguntarse si la socialista es la única propuesta posible o siquiera la mejor alternativa.

No nos cabe duda de que el PSOE ha optado por promover la supresión de las diputaciones porque, como ha recordado el PP, prácticamente se ha quedado sin ninguna tras las últimas elecciones. Es difícil tomarlo como una propuesta seria cuando el propio Rubalcaba apoyaba una simple reforma y no su eliminación hace poco más de un mes. Pero no es menos cierto que estas instituciones serían las que menos echarían en falta esas "quince millones de personas" que Ana Mato calculaba que se verían afectadas por su supresión. Primero porque no se elige directamente a nuestros representantes en ellas y, en segundo lugar, porque resulta difícil encontrarles competencias que no puedan asumir entre ayuntamientos y comunidades autónomas. De hecho, las regiones que cuentan con una sola provincia ya carecen de diputaciones, y nadie parece haberlas echado de menos.

La medida no estaría exenta de problemas. Para empezar, en el País Vasco las diputaciones forales sí que tienen bastante presupuesto y muchas competencias que en el resto de España corresponderían a las comunidades autónomas, y su eliminación sería constitucional y políticamente muy complicada. Otro tanto sucede, aunque en menor medida, con los cabildos y consejos insulares de Canarias y Baleares. Aunque siempre podría establecerse la supervivencia de estas instituciones, eliminando las demás diputaciones.

Por otro lado, siendo la Constitución tan explícita en su artículo 141.2, que regula el Gobierno de las provincias, es posible que su eliminación obligara a una reforma constitucional, de modo que sólo podría llevarse a cabo con el acuerdo de ambos partidos, salvo un descalabro del PSOE sin precedentes. Así que la propuesta de Rubalcaba no deja de ser un brindis al sol, como previsiblemente lo serán todas y cada una de las que haga en campaña.

Sin despreciar esta propuesta, posiblemente necesaria, cabe pensar que no es la única posible, ni siquiera la mejor forma de reducir duplicidades y gastos superfluos en nuestra estructura administrativa. Cuando tenemos 8.112 ayuntamientos, casi los mismos que Alemania con aproximadamente la mitad de su población, de los que el 80% gobiernan municipios de menos de 5.000 habitantes, parece claro que su reducción es un imperativo. Mientras que en España se han creado 32 nuevos consistorios desde el año 96, Gran Bretaña ha pasado de 1.500 a 400, Alemania de 25.000 a 8.4000, Bélgica de 2.359 a 596 y Grecia de 5.300 a poco más de mil.

Italia, que es el país que más recientemente ha presentado una reforma de su estructura administrativa, eliminará las provincias más pequeñas, sí, pero también obligará a fusionar casi 2.000 ayuntamientos de menos de mil habitantes de los 8.094 que hay en el país. De hecho, mientras que el PSOE no ha estimado cuánto se ahorraría por la supresión de las diputaciones, UPyD ya calculó en 16.000 millones de euros al año el gasto público que podría reducirse fusionando ayuntamientos pequeños. Es la diferencia entre una ocurrencia y una propuesta seria.

Las televisiones autonómicas, a examen
JOSÉ MARÍA ECHEVARRÍA La Opinión 18 Agosto 2011

Algo hay, porque pocos se atreven a prescindir de las televisiones autonómicas. Ni en épocas de recortes y ahorros como es el momento actual. Ya lo he dicho y lo pongo además por escrito: yo empezaría a examinar ese montaje a ver cuánto podemos ahorrarnos. Eso no lo dicen los políticos con mando en plaza, ni tampoco los que aspiran a conseguir los gobiernos autonómicos. Para muchos de ellos sus televisiones públicas son una plataforma de propaganda. Pero otros muchos más opinamos que son un despilfarro.

Aunque no se informa de cuál es el coste total de las televisiones autonómicas, los siguientes reveladores datos los saco de El País, donde leo que actualmente de las 17 autonomías de España, 12 cuentan con sus propios entes públicos de TV y que son 23 los canales televisivos autonómicos en las ondas; se informa además que en el pasado año todas ellas sólo obtuvieron 272 millones en publicidad, y necesitaron unas subvenciones alrededor de los 800 millones de euros para completar sus presupuestos.

Que las televisiones son caras y exigen unas instalaciones costosas, nadie lo duda. Tampoco que el personal de los entes públicos que las manejan no son funcionarios, sino contratados laborales, fijos unos y temporales otros. No hay nada contra ellos, pero unas cuentas claras nos dirían si optamos por las pérdidas o por el saneamiento económico de esas entidades a costa de eliminarlas, o privatizarlas. Pero las televisiones autonómicas no pueden seguir siendo un pozo sin fondo.

'Indignados' sin careta
*Juan Van-Halen www.gaceta.es 18 Agosto 2011

El autodenominado movimiento de los indignados o del 15-M ha sufrido un transformismo que ahora indigna a los demás.

Fue recibido con simpatía generalizada; resulta evidente la indignación de las gentes por la situación del país y sobre todo de los jóvenes, que padecen un 45% de paro. La visualización del descontento no podía extrañar a nadie. Los de la Puerta del Sol no eran los únicos indignados; la mayoría de los españoles lo están.

Pronto esos indignados empezaron a desvariar. Trataron de tomar el Congreso de los Diputados al grito de “No nos representan”, un atentado contra la legitimidad democrática; creyeron que vulnerar la Ley es un procedimiento válido para expresar ideas, sean las que sean; permanecieron en la Puerta del Sol sin respetar que la libertad de cada cual termina donde empieza la libertad de su vecino, perjudicando el comercio y, de hecho, creando más paro; en un nuevo reto a la Ley ampliaron sus acampadas al paseo del Prado, cortaron durante días la Carrera de San Jerónimo y llevaron el caos a todo el centro de Madrid. Cuando uno de nuestros únicos soportes económicos en pie es el turismo, la actitud de estos indignados es intolerable. Acaso no sepan el daño que hace a la imagen de España el reflejo de sus insensateces en los medios de comunicación internacionales.

Mientras, la Delegación del Gobierno en Madrid no movía ficha, los sindicatos policiales se quejaban de la impunidad que las autoridades imponían y declaraban que las fuerzas de seguridad tenían órdenes de no practicar detenciones. Los indignados pedían “democracia real”, pero muchos millones de españoles acudieron a las urnas el 22 de mayo, transformando el mapa político del país.

Cuando se ponen apellidos a la democracia me echo a temblar; me recuerda demasiado a la democracia orgánica o a la democracia socialista de más allá del caído Telón de Acero.

Tras la catástrofe electoral socialista del 22 de mayo, Rubalcaba dedicaba guiños de complicidad a los indignados y Tomás Gómez, que cosechó la mayor derrota del socialismo madrileño desde las primeras elecciones autonómicas, proclamaba que coincidía con ellos. El caso de Cayo Lara es patético: le increparon pero él siguió dándoles cariño. El oportunismo político es así. Y ha tenido éxito.

Fue cuando los indignados comenzaron a quitarse la careta. Se veía venir: atacaban al Partido Popular y en sus pancartas y griteríos no se criticaba al Gobierno ni al PSOE. Quienes lo hacían, siempre en minoría, estaban próximos a formaciones más a la izquierda que prohíjan abiertamente esa indignación por si caen votos en su cesta.

Pero la careta de esos indignados evolucionados y ya manejados por minorías extremistas, desde okupas a antisistemas, ha caído totalmente ante la visita del Papa. Una moción de Izquierda Unida presentada en numerosos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid contra la visita del Papa, que contiene notables aberraciones jurídicas, diplomáticas, históricas y constitucionales, fue presentada con la autoría de los indignados a los diferentes grupos municipales en aquellos ayuntamientos en los que Izquierda Unida no tiene presencia. La moción era, palabra a palabra, idéntica a la de Izquierda Unida. Los indignados se convertían en correa de transmisión de la coalición de izquierda.

En esa línea, los indignados, ya sin careta, han anunciado una manifestación contra la visita del Papa y ya hemos visto lo que ha dado de de sí, y como anticipo increparon a una marcha que recorría algunas calles de Madrid con la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud. Los gritos que más se escucharon fueron “Abajo la Iglesia” y “Arderéis como en el 36”, que se convirtieron en pintadas. Acaso este sea un curioso modo de servir a la Memoria Histórica y a la concordia entre españoles. Zapatero y Rubalcaba estarán encantados.

Lo que más me indigna de los indignados es que crean que la Ley no les obliga, y eso ocurre por la pasividad de las autoridades, que tienen el deber de hacerla cumplir. Sufren una empanada mental sobre conceptos como laicismo, aconfesionalidad, ateísmo y libertad religiosa. Y lo grave es que Izquierda Unida parece compartir esa melé; supongo que cuenta en sus filas con personas formadas capaces de pensar más allá del sectarismo.

Los indignados protestaron en cueros ante el Banco de España. Tras quedarse sin ropa se han quedado sin careta.
*Juan Van-Halen es académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.

EL EX MINISTRO JORDI SEVILLA RECUERDA QUE NO TUVO “NINGÚN APOYO” EN EL CONSEJO
Rubalcaba tumbó en 2006 la ley de reforma de las diputaciones y reducción de municipios
Alberto Pérez Giménez. El Confidencial 18 Agosto 2011

La última idea de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la necesidad de reformar las diputaciones ha puesto de manifiesto las contradicciones en el PSOE y en el propio candidato socialista. Mientras José Blanco, desde el Gobierno, o Elena Valenciano, desde su equipo electoral, salían rápidamente a secundar la iniciativa, “barones” regionales como José Antonio Griñán ponían el grito en el cielo. Y el colofón lo rubricaba el ex ministro Jordi Sevilla en su twitter, al recordar que él presentó al Gobierno un proyecto para reformarlas a finales de 2006 que fue rechazado por sus compañeros de un Ejecutivo del que formaba parte el propio Rubalcaba.

Rubalcaba sigue levantando ampollas en un PSOE donde la “bicefalia” nunca ha funcionado. Con el secretario general del partido encerrado en la Moncloa preparando con su equipo económico las nuevas medidas de recorte, el candidato sigue lanzando iniciativas de campaña que reciben el rechazo de un sector de sus propios compañeros o que ponen en entredicho su propia labor cuando formaba parte del Gobierno. La última, la necesidad de “revisar profundamente” el papel de las diputaciones provinciales.

En pleno revuelo por la “idea” de Rubalcaba, el ex ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla ponía el dedo en la llaga en su twitter. Sevilla dejaba en evidencia al candidato del PSOE al recordar que en 2006 presentó al Consejo de Ministros un proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local en el que proponía “reestructurar a fondo” las diputaciones provinciales y planteaba la conveniencia de reducir municipios. Un proyecto que fue desestimado por sus compañeros entre los que estaba, como ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. “Lamentablemente, no tuve apoyos”, dice Sevilla.

Efectivamente, Sevilla trabajó desde 2005 en una reforma de la ley de Bases para la cual creó incluso una comisión con la Federación de Municipios y Provincias que presidía el también socialista Francisco Vázquez. Esos trabajos desembocaron en un libro blanco sobre la reforma del Régimen Local que debía haber derivado en el proyecto de Ley. “Las diputaciones, en la nueva ley del Gobierno Local que estoy preparando, reforzarán su aspecto de ayuda a los ayuntamientos pequeños y medianos en el ámbito de sus competencias, sin invadir otras que les son ajenas”, decía Sevilla en una entrevista el 4 de diciembre de 2006. Sin embargo, el Consejo de Ministros, con Rubalcaba en él, se lo tumbó, y el fracaso de esa reforma fue determinante para que José Luis Rodríguez Zapatero cesara a Sevilla en julio de 2007.

Discrepancias entre los socialistas
Blanco, el mismo que insiste una y otra vez -saltándose los procedimientos establecidos- que Rubalcaba será el secretario general del PSOE pase lo que pase en las elecciones, apoya “claramente” la idea lanzada de suprimir esas “instituciones obsoletas”, eso sí, sin tocar las del País Vasco y Navarra “porque son forales”. En la misma línea se pronunciaban la jefa de campaña de Rubalcaba, Elena Valenciano, o uno de las viejas glorias del partido y padre de la Constitución, Gregorio Peces Barba, que respalda suprimir las diputaciones o, al menos, revisar su papel porque “basta” con una “administración local”.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Andalucía se ha opuesto frontalmente a la idea del candidato de su partido. Para José Antonio Griñán las diputaciones “son buenos instrumentos de aprovisionamiento de servicios a municipios que de otra manera no los tendrían". Y más tajante ha sido su consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, quien las ha defendido "a ultranza, se llamen como se llamen".

El PSOE lo rechazó en febrero

Pero las contradicciones en el PSOE van más allá, porque su viabilidad ha sido debatida en el Congreso en los últimos meses y ha sido el propio Grupo Socialista, con el apoyo del PP, el que ha rechazado varias iniciativas para que la gestión de muchas de sus competencias fueran asumidas por las Comunidades Autónomas. El propio diputado socialista Román Guerrero defendió en febrero de este año “el carácter histórico” y el “arraigo ciudadano y presencia sobre el terreno” de las diputaciones para echar abajo una proposición de Ley del BNG que quería disminuir sus competencias.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Aldeanismo
Martín PRIETO La Razón 18 Agosto 2011

En su lecho de muerte Pío Baroja admitió que se iba sin entender para qué servían dos cosas: las diputaciones provinciales y las mujeres. Descontando la sardónica misoginia de don Pío, al menos en lo de las diputaciones no le faltaba razón. Italia es un país sentimentalmente siervo de la gleba, tanto como nosotros, y los tremendos recortes municipales y provinciales de Berlusconi darán lugar a un resurgimiento del neorrealismo.

Lo de menoscabo de corte y alabanza de aldea es esencialmente latino y mediterráneo, y aunque España sea urbana, el ruralismo lo llevamos en la masa de la sangre y el nombre del pueblo está incorporado al apellido. La reforma territorial de 1833 está envejecida aunque viviéramos en la opulencia, y suprimir las diputaciones es lo más fácil, y lo más complicado por la falta de grandeza de los operadores políticos.

El candidato Rubalcaba descubre su obsolescencia porque se ha quedado sin ellas; Convergencia i Unió lo que pretende es sustituirlas por sus vaguerías, desvistiendo a un santo para vestir a otro: Bildu resistirá hasta la muerte la diputación general de Guipúzcoa; y el PP ni que sí ni que no, porque casi todas las diputaciones son una gaviota sobre fondo azul. Así las cosas, pretender agrupar municipios en comarcas es tarea de romanos y de antidisturbios. Creemos que se pueden suprimir pedanías cuando aún lucha La Moraleja por independizarse de Alcobendas. La Aldea Global aún es muy aldeana, y el poder hay que subdividirlo para dar satisfacción y empleo a los profesionales de la nada.

Reestructuración municipal, el tamaño no importa
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión 18 Agosto 2011

Casi ningún político se resiste a la tentación de opinar sobre la conveniencia de reducir la actual estructura municipal de Galicia. Todos coinciden en que trescientos quince ayuntamientos son demasiados y que no va a quedar más remedio que fusionar o integrar entre sí unos cuantos para que alcancen un tamaño mínimo que garantice su viabilidad. Habría que hacerlo de todos modos, antes o después, pero la galopante crisis económica convierte en inaplazable, por no decir urgente, esa reestructuración, que tendrá un indudable coste político, que por razones obvias nadie parece querer asumir en solitario.

Es difícil no encontrarse estos días en los periódicos con noticias que apuntan a la posibilidad de que en pocos meses unos cuantos alcaldes gallegos se las verán y se las desearán para poder pagar las nóminas de los funcionarios y del propio gobierno local. Más de uno ya tuvo serias dificultades este verano. Además, no deja de crecer la deuda con los proveedores, a quienes se pide una paciencia que en algún momento llegará a su límite. Por lo visto, y con las excepciones que no hacen si no confirmar la regla, en este país las arcas municipales están más vacías que el estómago de Carpanta. Pero si uno se molesta en bucear por los datos que se publican sobre los concellos de Galicia que pasan ahora mismo mayores apuros advertirá que, paradójicamente, por regla general, no son los pequeños ayuntamientos los que registran los mayores endeudamientos. Tampoco están peor los del interior que los de la costa, ni los del norte que los del sur. Y la bancarrota no tiene color: afecta casi por igual a los consistorios gobernados por la derecha que a los de la izquierda, los nacionalistas o los independientes.

Contrariamente a lo que se tiende a pensar, está visto que no son por principio los municipios con menor población los económicamente inviables. Es más bien un problema de gestión, o si se quiere, de prudencia a la hora confeccionar los presupuestos, de gastar e invertir, de cómo actúe cada equipo de gobierno ante la disyuntiva de atenerse a los ingresos reales o de acudir alegremente a la deuda, pensado aquello de que "el que venga detrás, que arree".

Es llamativo que muchas haciendas locales se endeudasen más allá de lo razonable en plenos momentos de bonanza, cuando aún no escaseaban los recursos porque todavía mantenían un aceptable nivel de ingresos, aunque ya se vislumbrase en el horizonte la llegada de las vacas flacas. Sus gestores actuaron de manera irresponsable. Faltó previsión. Hicieron con las cuentas públicas lo que nunca harían con las de su casa. Bastantes de ellos perdieron las alcaldías, desde luego no por gastar en exceso, sino, sobre todo en el caso del PSOE, por ser víctimas colaterales del desprestigio del partido o del desgaste electoral del Gobierno amigo.

Sería injusto que fuesen los vecinos de esos concellos asfixiados por las deudas los que pagasen el pato del desastre financiero local viendo desaparecer su municipio en un proceso de fusión forzosa, mientras los alcaldes y concejales que originaron la suspensión de pagos se van de rositas, tan tranquilos, a su casa, sin que nadie les pida responsabilidades.

fernandomacias@terra.es

Actualidad
Las diputaciones, nuevo caballo de batalla entre PP y PSOE
Para Rubalcaba "sobran", mientras que Ana Mato le recuerda que "15 millones de personas" dependen de ellas
 www.lavozlibre.com 18 Agosto 2011

Madrid.- Las diputaciones se han convertido en el tema central de la nueva guerra que ha estallado entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Mientras Alfredo Pérez Rubalcaba afirma que “sobran”, la ‘popular’ Ana Mato las defiende apoyándose que en 15 millones de personas dependen de ellas y que “aquellos que viven en los pequeños municipios se quedarían desatendidos”.

Según Mato, para los socialistas, “las diputaciones sobran porque el PSOE ha perdido las elecciones y sólo le quedan ocho frente a las 24 del PP. Quieren que no funcionen, sólo piensa en su interés político”. Mato respondía así a la propuesta de Rubalcaba de “revisar profundamente” el papel de estas administraciones que según el candidato a las elecciones, forman parte de “una estructura del siglo XIX”.

Las diputaciones dan trabajo a más de mil funcionarios que no son elegidos directamente por los ciudadanos. Su gran problema es la gigantesca deuda que aglutinan, cifrada en 6,358 millones de euros, y que creció en un 9,15% desde 2009, a pesar de las políticas de austeridad económica.

Las palabras de Rubalcaba han sido relativamente bien acogidas por los diferentes partidos políticos. UPyD e Izquierda Unida se han mostrado favorables a la desaparición de las diputaciones, argumentando para ello el solapamiento de sus funciones con las de las autonomías y con las mancomunidades.

Desde la Generalitat también ven con buenos ojos la propuesta de Rubalcaba. En palabras de su vicepresidenta, Joana Ortega: “Desde Cataluña hace tiempo que reivindicamos la falta de utilidad de las diputaciones y defendemos las ‘vegueries’ como administración para mancomunar los servicios del territorio”.

Madrid.- Las diputaciones se han convertido en el tema central de la nueva guerra que ha estallado entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Mientras Alfredo Pérez Rubalcaba afirma que “sobran”, la ‘popular’ Ana Mato las defiende apoyándose que en 15 millones de personas dependen de ellas y que “aquellos que viven en los pequeños municipios se quedarían desatendidos”.

Según Mato, para los socialistas, “las diputaciones sobran porque el PSOE ha perdido las elecciones y sólo le quedan ocho frente a las 24 del PP. Quieren que no funcionen, sólo piensa en su interés político”. Mato respondía así a la propuesta de Rubalcaba de “revisar profundamente” el papel de estas administraciones que según el candidato a las elecciones, forman parte de “una estructura del siglo XIX”.

Las diputaciones dan trabajo a más de mil funcionarios que no son elegidos directamente por los ciudadanos. Su gran problema es la gigantesca deuda que aglutinan, cifrada en 6,358 millones de euros, y que creció en un 9,15% desde 2009, a pesar de las políticas de austeridad económica.

Las palabras de Rubalcaba han sido relativamente bien acogidas por los diferentes partidos políticos. UPyD e Izquierda Unida se han mostrado favorables a la desaparición de las diputaciones, argumentando para ello el solapamiento de sus funciones con las de las autonomías y con las mancomunidades.

Desde la Generalitat también ven con buenos ojos la propuesta de Rubalcaba. En palabras de su vicepresidenta, Joana Ortega: “Desde Cataluña hace tiempo que reivindicamos la falta de utilidad de las diputaciones y defendemos las ‘vegueries’ como administración para mancomunar los servicios del territorio”.

Galicia / ayuntamientos en dificultades
Alcaldes en la cuesta de... agosto
La salida a la luz de la deuda oculta tras el 22-M, la crisis y un deficitario sistema de ingresos comprometen la ejecución de los presupuestos de los ayuntamientos. Las ciudades superan los 300 millones de deuda, y los pequeños municipios aún sufren más. Hacemos una radiografía
EVARISTO AMADO / santiago ABC Galicia 18 Agosto 2011

La Coruña modifica el presupuesto heredado, Ferrol saca a la luz facturas del cajón y en Vilagarcía el regidor no descarta verse obligado a negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante la precaria situación de las cuentas municipales. Diferentes auditorías internas realizadas en enclaves con un traspaso de poderes en el pasado 22-M revelan que la situación, ya de por sí oscura, es crítica.

Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Economía, fechados a 31 de diciembre, la deuda de Vigo, la ciudad más poblada de Galicia, era de 34,8 millones. Las cargas que la ciudad olívica afronta son las menores en la poblaciones gallegas de más de 50.000 habitantes, pero aumentaron en el último mandato de Caballero un 13,7%, (4,2 millones más) por la confluencia de una política de engorde de aceras en una etapa de merma de los ingresos. El Ayuntamiento destinará este 2011 un total de 13,5 millones en pagar intereses y amortizaciones.
Facturas sin pagar

El pasado viernes, el alcalde coruñés, Carlos Negreira, presidía un pleno extraordinario en La Coruña que tuvo como finalidad la aprobación de la contratación de un crédito por valor de 10,9 millones de euros, para pagar las facturas «pendientes» tras la salida del Palacio Municipal de María Pita del equipo bipartito encabezado por Javier Losada. Así, la Comisión de Asuntos Económicos procedió a la votación del dictamen de la Cuenta General de 2010, que certificó un panorama de endeudamiento feroz: una deuda de 77 millones de euros, derechos pendientes de cobro por 70 millones y facturas extrajudiciales con un importe de 14.000 euros al día. El PSOE se abstuvo en la votación de la Cuenta General sobre el último presupuesto del bipartito, que sí apoyaron el BNG e IU. Antes, Negreira ya había avanzado que el presupuesto herculino para el año 2012 sería «inferior» al de este ejercicio —sin recortes en servicios sociales, promoción del empleo y deporte de base—, por el lastre derivado de de la mala gestión y las complicaciones derivadas de sentencias urbanísticas en contra zonas como el Agra de San Amaro o Someso derivadas del gobierno anterior.

En Ferrol, la Junta de Gobierno decidió echar el cierre de la Oficina Presupuestaria municipal, que venía funcionando como un ente autónomo desde la etapa del ex alcalde Vicente Irisarri (PSOE), para agilizar los procesos y simplificar el papeleo de cara a recuperar la «transparencia» y el «rigor» en las cuentas locales.

La situación en la ciudad departamental es la que sigue: a la merma en la recaudación de 4,4 millones frente a los previsto por las cuentas del anterior gobierno, el equipo de José Manuel Rey deberá encarar la devolución al Estado de más de once millones de euros por los anticipos a cuenta (1,7 de 2008, 5,1 de 2009 y una cifra que será similar de 2010), el pago de 6,3 millones en facturas y un procedimiento extraordinario para hacer frente a recibos por valor de otros 3,4 millones. Además de lo anterior, empresas como Fenosa (2,1 millones), Rialsa (250.000 euros) y la compañía encargada del mantenimiento de la instalación eléctrica (345.000 euros) reclaman ser atendidos por las arcas municipales. El resto de empresas reclaman facturas no pagadas por 1 millones de euros.
«Sorpresas» en Santiago

La situación no es muy diferente a la de la capital gallega, donde Gerardo Conde Roa, sucesor del socialista Xosé Sánchez Bugallo, ha calculado en unos 80 millones de euros la deuda del Ayuntamiento: de ellos, 66,5 se adeudaban a entidades financieras, y otros diez a los proveedores del consistorio. Conde Roa denunció ya no facturas pendientes, sino «sin contabilizar». «No estaba todo aclarado», dijo sobre la realización de la auditoría en el Pazo de Raxoi.

A finales del pasado mes, el portavoz de la oposición en el Consistorio de Lugo cifraba en 80 millones la deuda real de la institución municipal: 45 millones a entidades financieras, 29 a Acuanorte por la construcción de la potabilizadora y colectores en la zona de O Ceao, más otros 19 millones que el Ayuntamiento deberá devolver al Gobierno al tratarse de impuestos ya trasvasados y ejecutados que el Estado finalmente no ingresó.
Vilagarcía, ¿con ERE?

En la novena localidad de Galicia por población (INE, 2010), Vilagarcía, la realización de una auditoría interna encargada por el popular Tomás Fole y el estudio de los informes de la Intervención municipal revelaron una deuda no conocida de siete millones de euros, entre los que se incluyen facturas sin pagar desde el año 2009.

Además, el equipo de Gobierno comprobó que en los cinco primeros meses del ejercicio se ejecutaron entre el 70 y el 80% de las partidas previstas para todo el año en un presupuesto que tuvo que ser prorrogado.

Los movimientos no se han hecho esperar: las fiestas de San Roque recibieron este año un 50% menos de asignación, el antiguo césped artificial del campo Manuel Jiménez se empleó en los laterales de otro terreno de juego y el alcalde asegura que quiere entablar negociaciones con los sindicatos para ver la viabilidad de una plantilla de empleados con sueldo municipal que alcanza los 400 trabajadores (de los que cien se firmaron en el último mandato, asegura Fole).

El nuevo gobierno culpa al bipartito (PSOE y BNG) que gobernó la localidad durante los últimos veinte años, de la situación heredada. Fole presentó a los demás grupos con representación en la cámara municipal los citados informes económicos, así como una plan de prioridad ante la delicada situación financiera. Los pagos a la plantilla municipal y el coste de los servicios básicos apenas le dejan margen de maniobra. La oposición, por su parte, acusa a los nuevos dirigentes locales de allanar el camino a una subida de impuestos y recortes de servicios.

El panorama no es negro en todas partes. El pasado mes de abril, el responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Ourense anunciaba un superávit presupuestario de 11,1 millones de euros al cierre del ejercicio 2010, y cifraba en 16,9 millones el remanente de tesorería del consistorio.

Según el último informe de deuda viva —indicador que recoge la suma de todas las deudas que existen en una determinada fecha, y que no equivale a déficit público— de las entidades locales del Ministerio de Hacienda, es Pontevedra la ciudad gallega que, en términos absolutos, tiene una menor carga contraída: 21,3 millones. De mayor a menor volumen de deuda, encabeza la lista La Coruña, que debía a los bancos 74,6 millones; Santiago, con 60,2; Ourense, con 44,2; Lugo, con 39.7; Vigo, con 34,8; y Ferrol, con 25,5 millones de euros.
Los pequeños

Vilariño de Conso, de acuerdo con los últimos datos del Consello de Contas, en 2008 era el municipio con mayor deuda por habitante: 1.251 euros por ciudadano. En cuanto a las ciudades, Santiago superaba en 2008 el 75,4% de sus ingresos corrientes. La deuda por compostelano era de 710 euros, por los 275 de media de los ciudadanos de las siete ciudades gallegas.

El actual alcalde de A Estrada, el popular José Jópez, desveló a medidados de julio que tiene en sus manos «más de mil facturas sin pagar». El último informe de la Intervención recoge una deuda de más de 2,9 millones. La oposición dice engloba partidas ya resueltas, y que la deuda real es de 200.000 euros. Mientras, el municipio de Vimianzo quiere saldar una deuda de 745.000 euros con un constructor dándole a cambio la nueva Casa de la Cultura. Cangas no ha dedicado un solo euro de su presupuesto a obras. A finaldes de julio devolvió cuatro vehículos que había adquirido a través de un sistema de leasing en julio del 2009 y que no estaba pagando.

Un informe de la Diputación de Pontevedra, que no especifica cuáles, cuantifica en 20 los municipios en serios problema financieros. Carral, en La Coruña, adeuda 3,2 millones, y ha implantado nuevas tasas municipales.
 



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