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Déficit
Maquillaje y realidad
Agapito Maestre Libertad Digital 24 Agosto 2011
La casta política ha vuelto a retratarse en la discusión sobre un
decreto que de puro obvio da vergüenza discutirlo: hay que limitar
el déficit del Presupuesto si no queremos que la economía española
se hunda en la miseria. Naturalmente, al final, este tipo de medidas
anticrisis acaba tocando la espina dorsal del sistema político, en
el caso español el Estado de las Autonomías y, por supuesto, del
resto de instituciones inservibles, porque sus competencias podrían
ser fácilmente asumibles por la Administración central. En estos
momentos, si algo ha puesto en evidencia la crisis económica y
financiera, es la inviabilidad del sistema autonómico. Ni que decir
tiene que la casta política no se hará cargo de este problema hasta
que no llegue una hambruna o algo parecido.
En cualquier caso, resulta cada vez más difícil mantener una
estructura política y administrativa tan demencial como la española.
Y este decreto, como las propuestas de Merkel para Alemania y el
resto de países de la UE, se dirigen sobre todo a controlar el gasto
de las comunidades autónomas. Por lo tanto, independientemente de
que sea o no efectivo el decreto convalidado ayer en el Congreso,
parece que la medida era necesaria. Sin embargo, algunos analistas
políticos creen, más movidos por sus vísceras "peperas" que por la
razón, que el decreto antidéficit aprobado ayer en el Parlamento es
un mero maquillaje para tapar la ruina en que el Gobierno de
Zapatero ha dejado a España. No comparto esa opinión; este decreto
era imprescindible, como otras medidas aprobadas en los últimos
meses, para detener la ruina de España. Además contribuye, y eso lo
ha reconocido Rajoy en su intervención en el debate del Congreso, a
aumentar el patrimonio de "gestos exquisitos de Zapatero a la hora
de abandonar el poder". Al final, sí, el peor gobernante de España
del último siglo se ha visto obligado a intentar dejar limpio y
aseado el patio económico.
Por supuesto, nada de eso impide que se siga criticando que Zapatero
se enteró muy tarde de la crisis y, por supuesto, no reaccionó a su
debido tiempo; pero, frente a mucho discurso electoralista y
oportunista, es menester resaltar que la crisis española, que tiene
por supuesto su propia singularidad, forma parte de la crisis
europea y mundial. Mientras esto no se reconozca seriamente, y no de
boquilla, diré que los argumentos de la oposición no sirven para
nada. Por eso, precisamente, no acabo de entender las razones
últimas de la abstención del PP a este decreto antidéficit; menos
aún entiendo esa actitud, si tenemos en cuenta que hace un año fue
el propio Rajoy quien propuso medidas similares. Tampoco comprendo
la abstención de CIU, excepto por mero oportunismo electoralista,
cuando las medidas adoptadas por Zapatero tienen su origen en las
recomendaciones de la señora Merkel, que es la jefa de la
Internacional a la que esa coalición política pertenece. Por
supuesto, las negativas de IU y EC están fuera de toda realidad, o
peor, son ridículas, porque estas fuerzas políticas aún funcionan,
por decir algo, como si aún existiera un sistema comunista
alternativa de capitalismo.
En fin, creo que la comparecencia de Zapatero en el Congreso a
petición propia, además de mostrar las contradicciones de su partido
que se opuso por boca de Rubalcaba hace un año a esa medida, ha
conseguido sacarle los colores al resto de grupos políticos. Ni se
han explicado bien ni han justificado con decencia intelectual la
abstención. Y, lo que es peor, no han discutido, en serio, si esta
limitación del déficit, ahora por la vía del decreto y en el futuro
por la reforma de la Constitución, será una medida efectiva para
salir de la crisis de la deuda soberana o, por el contrario, será un
corsé muy peligroso, según algunos analistas, que hundirá a la zona
euro durante una década con bajo crecimiento.
Bombero después de pirómano
Editorial www.gaceta.es 24 Agosto 2011
Genio y figura, Zapatero se ha autorretratado en el Congreso. Estaba
anunciado el decreto ley de los parches “inconexos y aislados” y el
presidente salió con una sorpresiva reforma constitucional para
garantizar la estabilidad presupuestaria. Lo cual demuestra que,
además de ser un fiasco, Zapatero es un oportunista, un impostor y
un administrador desleal. Oportunista, por adoptar ahora, con siete
años de retraso y en vísperas de unos comicios adversos,
una medida necesaria para cortar la hemorragia de gasto público.
Impostor, porque la idea la propuso Rajoy hace más de un año y el
Gobierno socialista no sólo la rechazó sino que el ahora candidato
Pérez se mofó de ella. Y un administrador desleal, porque si –como
asegura el propio Zapatero– el ahorro que supondría la medida es de
3.000 millones de euros, España se hubiera ahorrado la bonita cifra
de 21.000 millones si el techo de gasto se hubiera fijado hace siete
años cuando Zapatero llegó a La Moncloa.
Vaya por delante que la propuesta no tiene contraindicaciones
constitucionales, en contra de lo que la izquierda propala en
Twitter. Es ridículo hablar de “golpe de Estado” como dicen alegando
que la reforma constitucional precisa un referéndum. Puede
tramitarse como proposición de ley, sin necesidad de convocar
referéndum, salvo que lo pida el 10% de los diputados o senadores,
lo cual parece bastante improbable porque PSOE y PP suman abrumadora
mayoría en las Cámaras. Y la posibilidad de que el PSC se salga de
la tangente, rompiendo la disciplina de voto, resulta francamente
remota. Tampoco hay nada que objetar del contenido de la medida. Lo
malo es que presentarla justo en este momento deja en evidencia que
la ineptitud del zapaterismo discurre pareja con su caradura. Si
Zapatero ha dejado transcurrir siete años sin mover un dedo es
dudoso suponer que habría dado el paso si Merkel y Sarkozy no
hubieran propuesto la semana pasada que los 17 Estados miembros
adoptaran en sus respectivas constituciones, reglas para garantizar
el equilibrio presupuestario. La política española se mueve a
impulsos espasmódicos, siguiendo los dictados de Europa. Ocurrió el
año pasado cuando le obligaron a aplicar tijeretazos a la fuerza y
vuelve a ocurrir ahora cuando le imponen el techo de gasto.
Pero ZP hace de la necesidad virtud. No importa que implique una
desautorización a Rubalcaba, que ha tenido que tragarse las palabras
con las que se carcajeó de Rajoy cuando, en junio de 2010, este
propuso fijar constitucionalmente el techo de gasto. “Como todos
sabemos –dijo Rubalcaba en tono de burla–, la Constitución es una
ley que se cambia fácilmente y en un plis plas nos arregla la
crisis”. Pero un año después pasa por la tremenda vergüenza de
aceptar una reforma-relámpago de la Carta Magna, sólo porque
Zapatero “me convenció anoche” (es decir, en un plis plas). El
candidato socialista alude al consenso para justificar su forzada
caída del caballo: “Pensé que un gran acuerdo entre el PP, el PSOE y
el Gobierno para luchar contra el déficit podía ser muy importante”.
Lo cual tiene gracia viniendo de quienes han excluido al PP,
confinándolo en el cordón sanitario, o se han tomado a guasa sus
preguntas en las sesiones de control parlamentario.
A pesar de todo esto, el PP ha actuado de forma irreprochable al
secundar la iniciativa, por pura coherencia consigo mismo y porque
su contenido es beneficioso para la economía española, aunque
lamentablemente llegue tarde y aunque quien lo proponga sea un
pirómano disfrazado de bombero.
Una reforma necesaria
Editorial La Razón 24 Agosto 2011
La propuesta de reformar la Constitución para fijar el límite de
déficit y el techo de deuda de las cuentas públicas centró ayer el
Pleno extraordinario del Congreso y dejó en un segundo plano el
debate sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para recaudar
5.000 millones de euros adicionales. Casi al mismo tiempo que
Zapatero anunciaba su propósito y que Rajoy lo secundara, se abrió
una cierta polémica sobre la necesidad de que esa reforma sea
sometida a referéndum.
Que la Constitución nos inspire un gran respeto no significa que sea
intocable o que no se pueda modificar de manera ágil de acuerdo a
los procedimientos previstos en su propio texto. No es la primera
vez que, precisamente para incorporar mandatos de tratados
internacionales, se reforma, ni será la última. La construcción
europea exige la renuncia progresiva a cuotas de soberanía que debe
reflejarse en el texto constitucional. Éste es el caso que ayer
planteó el presidente: una reforma que se hará mediante
procedimiento ordinario y exige el apoyo de los 3/5 de las Cortes;
salvo que 35 diputados y 25 senadores lo soliciten, no será
necesario someterla a referéndum. No conviene, por tanto, dramatizar
unos cambios que vienen exigidos por los socios europeos, pero que
además son positivos para España. De hecho, el Gobierno debió
aceptar la propuesta que en este mismo sentido le hizo Mariano Rajoy
hace un año, en vez de despreciarla con tanta displicencia como
ignorancia.
Nuestras cuentas públicas, empezando por las autonómicas y las
municipales, no gozan de demasiado crédito en la UE desde que el
actual Gobierno suprimió los límites de gasto fijados por Aznar.
España necesita un plus de credibilidad y esta reforma
constitucional lo proporcionará, sobre todo porque permitirá una
política fiscal a salvo de las excepciones que los gobernantes
nacionalistas exigen cada dos por tres al Gobierno central. Queda
pendiente cómo se articulará de manera práctica la fijación del
déficit y de la deuda en cuanto a vigencia temporal, porcentaje y
excepciones (Alemania ha optado por un modelo, pero no es el único).
La cuestión no es menor porque de su acierto depende que la acción
de gobierno no quede demasiado encorsetada para reaccionar con
agilidad a los ciclos económicos.
Por lo demás, el debate de ayer sobre las nuevas medidas económicas
puso de relieve la soledad con la que el Gobierno afronta sus
últimos días, sin apoyos, sin credibilidad y sin fuelle. Que incluso
el PNV le negara su voto es de gran elocuencia. Se diría que los
grupos parlamentarios ponen ya más interés en las propuestas de
Rajoy que en las de Zapatero, de ahí que llamara la atención el
anuncio del primero de que si gana las elecciones del 20-N
prolongará un año la rebaja del IVA a la compra de la vivienda
nueva. Y tampoco pasó desapercibida su sugerencia al presidente
socialista de que si piensa seguir adoptando medidas que condicionen
al futuro Gobierno, debería consultarlas con los dos candidatos en
liza electoral, lo cual es muy razonable; si Rubalcaba no se ha
sumado a la petición es porque seguramente ya recibe puntual
información y porque su opinión es tenida en cuenta.
La Constitución y el código penal
Nota del Editor 24 Agosto 2011
Y vamos con otra chorrada. Ahora pretender limitar el déficit
público modificando la constitución que es el documento mas
inservible que hay en España
(en lo que queda). Con lo fácil que sería aplicar cualquier artículo
del código penal y procesar a los profesionales de la política por
sus irregularidades.
(quizás sea un optimista por pensar que la justicia es algo serio).
¡A sus ordenes! Reformas en marcha.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 24 Agosto 2011
La verdad es que creía que España estaba mal, muy mal, en la ruina.
Lo que no sabía es que ya hemos terminado por perder soberanía.
Zapatero y Rajoy se han puesto de acuerdo para la reforma sorpresiva
de la Constitución e incluir el límite del déficit del gasto de los
Presupuestos Generales del Estado. Esta medida es la que acordaron
la Sra. Merkel y el Sr. Sarkozy en el que es ya de hecho el nuevo
eje Franco Alemán de mando en la UE. Ahora solo cabe esperar las
ordenes para cada año adaptar el valor del déficit máximo que mande
el BCE.
Y es que los préstamos y rescates hay que avalarlos de algún modo y
dado que Zapatero ha demostrado su incapacidad para cumplir con los
compromisos y una tibieza y actitud remolona a la hora de acometer
los cambios, el mando de la UE, o sea, el eje, ha decidido que o se
ponía orden o hasta aquí habíamos llegado. Es claro que el rescate
del BCE comprando deuda española e italiana es una salida en falso y
un modo de intentar que el euro no desaparezca arrastrado por la
quiebra de países de la envergadura de Italia y España.
Parece ser que ya hay un movimiento en twitter donde la izquierda ha
enarbolado ahora la bandera del nacionalismo más beligerante y
sensible con la soberanía. ¡A buenas horas! Lástima que esa actitud
no haya sido secundada por los partidos políticos y sus brazos
sindicales CCOO y UGT, solo preocupados por no perder sus
subvenciones y su cuota de poder de decisión sobre el presupuesto.
Una excusa para mangonear en los pactos sociales entre empresas,
Administraciones del Estado y Autonómicas y los trabajadores.
Su rechazo a este cambio en la Constitución no deja de ser una
demagogia panfletaria, rechazando lo que no es sino una simple
medida razonable y tan obvia que su inclusión expresa en la
Cosntitución debería ser innecesaria. Pero el problema es que los
prestamistas no se fían de que se aplique y al menos quieren
garantizar que "la letra" esté en el Contrato. No obstante, no por
figurar en la Constitución se garantiza su aplicación. De hecho si
algo ha demostrado este Gobierno y el partido que lo sustenta, el
PSOE, es que son capaces de hacer caso omiso a lo escrito y dirigir
al Tribunal Constitucional para que dé validez a temas claramente
inconstitucionales.
Así que no entiendo tanto revuelo ni indignación por algo que
podemos afirmar con rotundidad que será tan papel mojado como el
resto de la Constitución. Pero las apariencias son a veces mucho más
convincentes que la dura realidad y supongo que, al menos, esta
medida será bien aceptada por "los mercados", esos maléficos
inversores que nos niegan el pan y la sal y se aprovechan de nuestra
debilidad para hundirnos. En cualquier caso, se ve que la orden
recibida ha sido tan contundente, una especie de ultimátum, que no
ha habido ni debate, se ha aceptado y se aprobará por la vía de
urgencia.
Y mientras, Rubalcaba recogiendo velas y donde dije digo digo Diego.
Va a ser verdad eso de que Zapatero le ha convencido....seguro.
Esperemos acontecimientos que se prometen muy interesantes.
Déficit
Agua de borrajas
Emilio J. González Libertad Digital 24 Agosto 2011
Zapatero acaba de realizar un nuevo ejercicio de cinismo al proponer
un límite constitucional al déficit público. Yo no es que esté en
contra de dicha medida, todo lo contrario. Soy de los que piensan
que el déficit no resuelve ningún problema y crea muchos y muy
importantes. Pero el hecho de que comparta el espíritu de semejante
propuesta –que procede, conviene recordarlo, del tándem
Merkel-Sarkozy y no de ninguna ilustre cabeza pensante de Moncloa–
no quiere decir que comparta los motivos que han llevado al
presidente del Gobierno a presentarla este martes en el Congreso ni
que, en la España de hoy, no me muestre escéptico en cuanto a la
eficacia de dicho corsé, por muy constitucional que sea éste. Me
explico.
En primer lugar, no deja de resultar irónico que el presidente que
hizo del gasto público su bandera para luchar contra la crisis, lo
que dio lugar en buena medida a los problemas presupuestarios y de
deuda que padecemos hoy, quiera presentarse ahora como el adalid del
saneamiento de las finanzas públicas con una propuesta de enmienda
constitucional que él no va a llegar a votar porque, de acuerdo con
los tiempos parlamentarios y electorales, dicha enmienda tendrá que
aprobarse, necesariamente, en la próxima legislatura, en la cual
Zapatero ya estará fuera de la política. Para él, por tanto, no
tiene coste alguno y con eso, a su entender, queda bien con Alemania
y Francia y da la impresión de que hace todo lo posible por combatir
la crisis fiscal que asola nuestro país. Pues si tanto le preocupan
estas cuestiones, ¿por qué no aprueba un nuevo recorte del gasto
público para lo que queda de año? ¿Por qué no lo ha hecho antes, en
lugar de jugar a subir los impuestos y de presentar un cuadro
macroeconómico imposible para 2011 que le permitía, al menos sobre
el papel, porque el papel todo lo aguanta, no llevar a cabo la poda
drástica en el gasto público que exigen las presentes
circunstancias? Eso es lo que tenía que hacer, y no proponer
enmiendas constitucionales que nadie le pide y trasladan a otros los
problemas que ha creado él.
Además, ¿qué credibilidad puede tener semejante limitación
constitucional cuando en este país llevamos ocho años dando patadas
y más patadas a la Carta Magna, a conveniencia del Gobierno y con el
respaldo de un más que politizado Tribunal Constitucional, hasta el
punto de que hoy está en la UVI? Para que dicha enmienda, si se
aprueba, pueda ser efectiva, lo primero que tendría que hacerse es
reformar el Constitucional, con el fin de que nadie se la pueda
saltar a la torera y, de paso, que tampoco se pase por el arco del
triunfo el resto de preceptos constitucionales.
Por último, esa enmienda no servirá de nada si en su contenido no se
obliga a todos los niveles de la Administración a cumplirla ni se
dota al Estado de los medios para forzar a las autonomías y los
ayuntamientos a hacerlo, les guste o no, lo cual requiere, en última
instancia, un nuevo modelo de Estado que implica más y más cambios
constitucionales. Sin ellos, esa enmienda no será más que agua de
borrajas.
Déficit
Zombie's Party
Pablo Molina Libertad Digital 24 Agosto 2011
Los espectáculos parlamentarios en las postrimerías del zapaterismo
son una sucesión de episodios destinados a mostrar a los españoles
el nivel de nuestra clase política. Inasequibles al desprestigio,
los futuros cesantes se empeñan en acreditar su insolvencia en
aquello que más preocupa a los españoles, la brutal crisis
económica, debatiendo sobre unas supuestas medidas que tienen más de
argucia electoral que de un sincero interés por mejorar nuestra
triste condición.
Zapatero está asfixiado por las demandas de una Europa que ya no
aguanta más su incompetencia y, en un intento de llegar al 20 de
noviembre sin suspender pagos, va a apropiarse de los ingresos
tributarios por el impuesto de sociedades correspondientes al
próximo ejercicio y a aligerar la bolsa bancaria de viviendas
embargadas con una rebaja temporal del IVA que, para acallar a los
que lo acusan de improvisar y de no legislar a medio y largo plazo,
el presidente del Gobierno ha fijado en nada menos que cuatro meses.
Al tiempo, Zapatero ha sido capaz de proponer hasta una reforma
constitucional exprés, siguiendo obedientemente las órdenes de la
bicefalia europea, que hipotecará todavía más el margen de maniobra
del próximo Gobierno, porque la prohibición de superar un límite de
déficit y de deuda pública los socialistas se lo saltarán a la
torera en su momento simplemente manipulando las cifras y las
previsiones macroeconómicas, pero los populares, los primeros que
van a tener que sujetarse a ese mandato, probablemente lo cumplirán
por el respeto al orden constitucional del que han hecho gala
siempre.
Y si el PSOE legisla a pescozones y el PP muestra su nervio político
recurriendo insistentemente a la abstención, el resto de la
izquierda parlamentaria y el nacionalismo en todas sus gradaciones
siguen apelando a la demagogia para intentar que el resultado final
de la legislatura esté a la altura de ambos. Como los "no muertos"
de las películas de Serie Z, que sólo obedecen a un instinto
enfermizo, los primeros acusan a Zapatero de traidor al socialismo
por no aplicar el recetario destructivo de los parásitos sociales y
los segundos, como martillos pilones sea cual sea el motivo del
debate, exigen más cuotas de poder para seguir mangoneando en sus
cortijos a despecho de la solidaridad nacional.
Y mientras sus señorías hacen propaganda electoral en el hemiciclo,
las cifras de paro siguen aumentando, las empresas tienen cada vez
menos probabilidades de sobrevivir y el futuro de los jóvenes
continúa superando todas las escalas del negro. No es que hayan
huido de la realidad, es que nunca han estado en ella.
Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.
Déficit
Como con el Pacto de Estabilidad
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 24 Agosto 2011
Se queja la izquierda de que establecer un límite constitucional al
déficit y a la deuda supone un corsé para la economía. Para la
economía. Perdonen, pero querrán decir que supone un corsé para el
endeudamiento del Estado, para esa insana costumbre de gastar, so
ruinoso pretexto keynesiano, más de lo que se ingresa en tiempos de
crisis. Pero que no se apuren nuestros estatólatras, pues incluso en
una sociedad donde los políticos acostumbraran a cumplir las leyes
(sus leyes), el tamaño del sector público podría seguir
expandiéndose subiendo los impuestos, y esta vez bajo imperativo
constitucional. Si todavía quedara alguien mínimamente liberal en
las Cortes, tal vez llegara a la conclusión de que como mínimo
habría que exigir un límite no sólo para el endeudamiento, sino
también para el gasto público.
Claro que en España la claca indignada no tiene de qué preocuparse.
No ya por la falta de liberales en la Carrera de San Jerónimo, sino
porque en nuestro país, como Estado de Derecho fallido que es,
nuestros mandatarios cumplirán con la norma cuando lo reputen
conveniente y la pisotearán cuando mejor les parezca. Al cabo, el
cesante que ha tenido a bien proponer la enmienda constitucional al
déficit fue el mismo que la rechazó un año antes y el mismo que
barrió con una ley, la de equilibrio presupuestario, que contenía
idéntica provisión.
No iremos a estas alturas a sorprendernos de que aquí ni el
Congreso, ni el Senado, ni el Supremo, ni el Constitucional, ni la
Fiscalía, ni el Tribunal de Cuentas, ni la Intervención General del
Estado fiscalizan, mucho menos sancionan, a un Gobierno que disponga
del suficiente alpiste como para comprar voluntades y pagar favores
en aras de la aritmética parlamentaria. En España nadie vigila a
quienes vigilan, en esencia, porque todos son los mismos o dependen
de los mismos.
Acaso la limitación constitucional quedará como uno de esos
rimbombantes y nada vinculantes principios de orientación política y
económica que, como mucho, supondrá el reconocimiento implícito de
que las recetas keynesianas han fracasado en nuestro país (en
realidad, en el nuestro y en todos). Fuimos una de las sociedades
cuyo sector público más se endeudó en 2009 y 2010 y somos también
una de las que más cerca se encuentra de la suspensión de pagos. Que
sí, que siempre podrán encontrarse razones para alabar o para
explicar el escaso éxito del keynesianismo; por ejemplo, que gracias
a él la tasa de paro no ha llegado al 75% de la población activa, o
que sin duda habría tenido mejores resultados de haber podido
mantener esos altísimos e insostenibles déficits públicos durante
más tiempo. Ah, qué antipatriotas esos especuladores que se niegan a
seguir prestándonos dinero cuando adivinan que no vamos a poder
devolvérselo; ah, qué cortedad de miras la de un Banco Central
Europeo que no monetiza con suficiente decisión nuestra deuda o la
de una Angela Merkel que se niega a pagar nuestras muy expansivas –a
la vista está– políticas económicas a través del eurobono.
Pero en fin, no vayamos a poner el grito en el cielo por el hecho de
que unos políticos que nos han llevado al borde de la bancarrota y a
quienes se les niega el acceso a los mercados de crédito saquen
ahora pecho diciendo que se comprometen a no endeudarse. Ya saben,
la zorra y las uvas de Samaniego: que no, que "los mercados" no
están maduros; no es que no nos quieran prestar, es que no queremos
pedirles prestado. Muy bien, ahora sólo falta que nos expliquen si
es que van a dejar de gastar 80.000 millones al año, si van a
sacarlos esquilmando todavía más a un recesivo sector privado o si,
como parece, la disposición es papel mojado antes incluso de haberla
aprobado. Veremos si los votantes alemanes, auténticos destinatarios
del conejo parlamentario, se creen la súbita conversión a la
ortodoxia de nuestra clase política y consienten que Merkel y
Trichet nos sigan prestando respiración asistida. Con todo, cinco
palabras deberían bastarles para caerse del guindo: Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Cómo nos gusta aprobar nuevas normas para
tapar el flagrante incumplimiento de otras.
Juan Ramón Rallo es doctor en Economía, jefe de opinión de Libertad
Digital y profesor en el centro de estudios Isead. Puede seguirlo en
Twitter o en su página web personal. Su último libro es Crónicas de
la Gran Recesión (2007-2009).
Crisis de confianza sin tope constitucional
Juan Varela Estrella Digital 24 Agosto 2011
Una descomunal desconfianza política, económica y democrática. Es lo
que anima el consenso de los dos grandes partidos –PSOE y PP- para
reformar con urgencia la Constitución e imponer un tope al déficit
público. En la génesis de este pacto que hurta a los ciudadanos la
discusión y el voto en referéndum sobre una decisión estructural tan
importante anida la desconfianza política en el compromiso y la
responsabilidad de los gobernantes, desconfianza en la capacidad
económica del país y para convencer a los mercados, y desconfianza
en la madurez democrática de la población. Desconfianza también en
convencer a la rica Europa –Alemania y Francia- del compromiso
español para superar la crisis sin hundir la economía del euro.
Sufrimos tres años de crisis económica, pero también un enorme
déficit de confianza en una política que no funciona y que ha sido
incapaz de afrontar los problemas económicos y sociales. Con
políticos que han gastado a manos llenas en tantos años de fondos
europeos y de burbuja, empresas más ocupadas en el corto plazo que
en la innovación y la sostenibilidad, y ciudadanos poco exigentes en
el control democrático.
Una crisis del consenso político y social básico cuando aparece la
necesidad de una nueva era de austeridad. Un nuevo contrato social,
político y económico que requiere debate, visión, compromiso y
responsabilidad. Difíciles de conseguir con un procedimiento de
urgencia y sin amplia participación ciudadana tras tantos años de
fundamentalismo constitucional que han frenado otras reformas como
las propuestas en su tiempo por el propio Zapatero. Ese es el
reclamo fundamental de los indignados o de quienes ya se han unido
contra la nueva propuesta del gobierno en #yoquierovotar.
Afrontamos la mayor reforma del estado del bienestar desde su
creación tras la II Guerra Mundial y en España desde la Transición.
Recortar servicios públicos y la red social no es la solución, sólo
posible con mejoras en la gestión, la inversión pública y la
redefinición de algunos servicios. Reequilibrar la responsabilidad
individual y de los poderes públicos, superar la crisis y
desarrollar nuevas fórmulas para una sociedad y una economía
sostenibles son un desafío demasiado arduo para ventilarlo en una
reforma constitucional urgente. Esquivar la participación y el voto
de los ciudadanos provocará un déficit democrático tan grande como
el que lastra a la Unión Europea.
Gobiernos como el español, de Aznar a Zapatero, surfearon la ola del
boom económico hasta que la caída les lanzó a una orilla áspera y
rocosa. El presidente Zapatero se negó a bajar de la tabla hasta que
el fondo de la crisis hubo corroído la quilla. De las vacaciones
económicas saltamos a una forzada austeridad con medidas sin rumbo
fijo y una oposición que se opone a todo mientras reclama
sacrificios que la mayoría de sus autonomías y ayuntamientos no han
realizado.
Sorprende el ultrarrápido consenso para imponer constitucionalmente
una medida que desarma al Estado, le hace perder herramientas e
impone una cuestionable política económica a los gobiernos y
administraciones. La democracia pierde poder frente a los mercados,
pero también autonomía política para decidir cómo gobernar.
Los pactos de estabilidad y del euro obligan a la austeridad
presupuestaria. El buen tino, la responsabilidad política y la
administración eficiente, también. ¿Por qué crear un corsé
constitucional? Nos arriesgamos a sumar una crisis constitucional a
una nueva urgencia económica.
El problema fundamental no es el tamaño de la deuda, sino cómo y en
qué se gasta. Cómo se aplican políticas anticíclicas –mayor
recaudación en tiempos de bonanza, más gasto público en las crisis-
para estimular la economía. Si se invierte en servicios públicos,
educación e innovación, motores de crecimiento; o se hinchan los
gastos corrientes, las obras y dispendios ostentosos, y una
burocracia que frena la agilidad social y económica.
La mayoría de los economistas no previeron la crisis ni saben cómo
remediarla. Pero en algo muchos se han puesto de acuerdo a pesar de
sus tendencias ideológicas: Estado, empresas y ciudadanos deben
empujar juntos.
Nouriel Roubini, uno de los pocos que predijo el tsunami económico,
alerta: “El equilibrio adecuado hoy en día exige la creación de
puestos de trabajo de manera parcial a través de estímulos fiscales
adicionales dirigidos a las inversiones en infraestructura
productiva. También requiere de impuestos más progresivos; más
cantidad de estímulos fiscales a corto plazo junto con disciplina
fiscal de mediano y largo plazo; de apoyo de préstamos de última
instancia por parte de las autoridades monetarias a fin de prevenir
corridas bancarias destructivas; de reducción de la carga crediticia
de los hogares insolventes y de otros agentes económicos que
atraviesan dificultades económicas; de supervisión y regulación más
estricta de un sistema financiero que está fuera de control; y de
fraccionamiento de los bancos que son demasiado grandes para quebrar
y de los fondos de inversión oligopolísticos”.
George Magnus, analiza las convulsiones de la política económica
para el banco de inversión UBS y subraya el peligro de la ruptura de
la credibilidad y la confianza entre gobiernos, mercados,
ciudadanos, Europa rica y países deudores. Y recuerda que la
sostenibilidad de la deuda a largo plazo es imprescindible para la
estabilidad económica, pero advierte de que “a largo plazo todos
estaremos muertos”. “Si no prestamos atención al crecimiento a corto
plazo no tendremos que preocuparnos la sostenibilidad a largo y
caeremos en la emergencia de una trampa de deuda”.
Incluso Jesús Fernández-Villaverde, de Fedea, a pesar de estar en
principio de acuerdo con la limitación del déficit, reclama una
regla con discrecionalidad suficiente para defender a la economía en
las crisis con gasto público y recuerda la receta de la
socialdemocracia sueca: impulsar el crecimiento y el pleno empleo
para reducir la desigualdad con “programas selectivos de empleo, una
restrictiva política fiscal y una política salarial de solidaridad”.
Demasiado para urgencias constitucionales. Recuperar la confianza y
crear un nuevo compromiso de responsabilidad política, económica y
social es la base de un pacto constitucional. Necesita participación
y debate democrático para lograr un compromiso amplio y duradero.
Creíble para Europa, los mercados, y sobre todo para la política y
los ciudadanos.
La reforma constitucional
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 24 Agosto 2011
Nuestra vigente Constitución cumplirá treinta y tres años a finales
de este año.
Durante estas tres décadas no ha experimentado ninguna revisión
salvo el mero ajuste técnico sobre el sufragio activo y pasivo en
las elecciones locales de los ciudadanos comunitarios residentes en
España. Sin embargo, en la práctica, nuestra Carta Magna ha sufrido
cambios sustanciales de naturaleza muy agresiva. A través de la vía
torticera de las reformas estatutarias, la Ley de leyes de 1978 ha
sido vaciada de contenido, desvirtuada y en cierto modo traicionada,
hasta convertir España en un Estado híbrido entre lo federal y lo
confederal.
Nuestra Norma Suprema contiene deficiencias muy graves que el tiempo
ha ido poniendo de relieve con resultados desastrosos para el
correcto funcionamiento de las instituciones y para la cohesión
nacional. Los puntos débiles de la Constitución actual son
básicamente tres: el carácter abierto de la estructura territorial
del Estado, los partidos y el poder judicial.
El desarrollo constitucional diseñado en la Transición se basaba en
la hipótesis de que los dos grandes partidos nacionales, de
centro-derecha y de centro-izquierda, demostrarían en todo momento
sensatez, altura de miras y patriotismo a la hora de ir llenando de
contenido las previsiones contenidas en la Constitución y
mantendrían a raya las reivindicaciones disgregadoras de los
nacionalistas.
La experiencia ha sido, por desgracia, muy otra. Las dos principales
fuerzas políticas no han dudado en aliarse con los separatistas para
neutralizar a su adversario y este proceso perverso ha sometido
cuestiones de Estado de enorme trascendencia a las coyunturas
electorales.
Hoy el Estado es inoperante e ineficiente, nuestro sistema político
es insostenible y nuestra democracia ha degenerado en una
partitocracia infestada de corrupción, clientelismo, localismo y
despilfarro. El acuerdo entre PP y PSOE para introducir en la
Constitución un techo de déficit es consecuencia de la presión
ejercida por la Unión Europea y revela que la reforma es posible si
ambos la impulsan al unísono.
Este asunto concreto, derivado de la necesidad de controlar la
irresponsabilidad de unos gobernantes proclives al endeudamiento
suicida, nos recuerda que la Constitución de 1978 está necesitada de
un replanteamiento profundo en diversos y decisivos frentes. El
Gobierno presidido por Mariano Rajoy que surja de las urnas el
próximo 20 de noviembre ha de tener como uno de sus objetivos
prioritarios la puesta a punto de la Constitución, sin adanismos ni
rupturas, con pleno respeto a su espíritu original, pero corrigiendo
sus numerosas fragilidades que nos han arrastrado a la ruina
material y a la descomposición moral.
La economía, en manos del TC
La reforma, sencilla desde el punto de vista jurídico, puede
plantear problemas de orden institucional
RAMÓN PUNSET BLANCO ABC 24 Agosto 2011
La propuesta de reforma de la Constitución que se ha anunciado por
el presidente del Gobierno, y a la que ha prestado su conformidad el
líder de la oposición, Mariano Rajoy, es una modificación del texto
constitucional que, en estrictos términos jurídicos, resulta muy
sencilla, pero que en términos institucionales plantea algún
problema digno de consideración.
En cuanto a lo primero, la reforma requiere una alteración acordada
por la mayoría de tres quintos de cada cámara de las Cortes y no
precisa, necesariamente, de referéndum, salvo que lo solicitara una
décima parte de los diputados o de los senadores.
El objeto de la reforma, establecer límites de déficit
presupuestario en todas las administraciones públicas, requeriría la
modificación, por de pronto, del artículo 134 de la Constitución y,
seguramente, la de otros preceptos constitucionales que regulan la
financiación autonómica.
Este objetivo, impuesto por Alemania y por Francia a los países de
la eurozona, no necesita, sin embargo, la revisión de la Ley
Fundamental. Bastaría, en efecto, con la reforma de la Ley General
Presupuestaria y con la modificación de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) sin necesidad de
acometer un empeño de tanto calibre como la reforma constitucional.
Más allá del capricho errático de los señores Merkel y Sarkozy,
¿tiene verdaderamente sentido la acción que se quiere emprender? A
mi juicio, ni la reforma es jurídicamente necesaria ni
institucionalmente ese es el camino que hay que seguir para afrontar
los desafíos económicos del presente. Lo que sí precisaríamos, y lo
que sería realmente difícil de conseguir, es una reforma de los
tratados de la UE para crear un gobierno económico europeo y
unificar las políticas presupuestaria, fiscal y monetaria, incluida
la relativa a la emisión de una deuda pública común. A esto, sin
embargo, se opone, por ahora, la República Federal de Alemania.
¿Qué consecuencias en el orden de la política económica se pueden
derivar de esta autolimitación constitucional? Sencillamente, la
imposibilidad de que España pueda reaccionar mediante políticas
económicas anticíclicas frente a la coyuntura económica. O sea, nos
vamos a dotar de un rígido corsé que, si es imperativo en orden a la
limitación de la capacidad de endeudamiento de las Comunidades
Autónomas y de las demás administraciones públicas, resultará
contraproducente referido al Estado en su conjunto; es decir, al
sector central del aparato del Estado, encarnado por el Gobierno y
las Cortes. Finalmente, todo esto va a conducir —y ello es
gravísimo— a dotar al Tribunal Constitucional de la potestad de
controlar en cada caso el uso que el Gobierno haga del instrumento
presupuestario. Lo cual es un disparate mayúsculo. Pero, eso sí, un
disparate muy alemán.
Actualidad
PP y PSOE pactan una reforma de la
Constitución urgente y sin referéndum
Rajoy y Zapatero llegaron a un acuerdo antes de la intervención de
este último en el Congreso
Héctor Salazar. www.lavozlibre.com 24 Agosto 2011
Madrid.- La segunda reforma en la historia de la Constitución. Casi
veinte años después de que el “y pasivo” fuese añadido al artículo
13.2 de la Carta Magna, Partido Popular y PSOE han decidido ponerse
de acuerdo en abordar una nueva modificación, urgente, ya solicitada
hace un año por los populares y sin referéndum consultivo.
Nuestra Constitución contempla dos tipos de reforma. La parcial,
contemplada en su artículo 167, que sería de aplicación para
introducir el límite de déficit público solicitado desde Francia y
Alemania y planteado ahora por José Luís Rodríguez Zapatero; y una
reforma que se denomina ‘total’, contemplada en el artículo 168 y
que se aplicaría en caso de renovar por completo el Texto o
preceptos de los títulos Preliminar, Corona o ‘Derechos y Deberes
Fundamentales’.
La reforma que ayer presentó el presidente del Gobierno puede
llevarse a cabo antes de que termine la actual legislatura. El
acuerdo ya confirmado entre el PP y el PSOE garantiza la mayoría de
tres quintos exigida por la Constitución tanto en el Congreso de los
Diputados como en el Senado. Precisamente por la urgencia y porque
no queda margen en el calendario, Zapatero se vio obligado a llamar
al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y al de su partido,
Alfredo Pérez Rubalcaba, antes de anunciar la propuesta en el Pleno
extraordinario que ayer se celebró en la Cámara Baja. Alfredo Pérez
Rubalcaba, contrario hace un año a la modificación, reconoció que el
presidente del Gobierno 'le convenció' la noche anterior al Pleno
del Congreso de los Diputados celebrado ayer.
La modificación constitucional, de la que no se conoce más detalle
que la inclusión de un techo de gasto para fijar un límite de
endeudamiento de las administraciones públicas, sólo verá la luz
antes de las elecciones generales del 20-N si se presenta esta misma
semana a través de un procedimiento de urgencia, mediante una
proposición de ley, en lectura única y sin necesidad de consulta a
la ciudadanía mediante un referéndum. La Constitución permite,
aunque no se trate de una reforma ‘total’ que la ciudadanía sea
consultada en el caso de que lo solicite una décima parte de los
diputados, en el caso del Congreso un total de treinta y cinco. No
hará falta, la aritmética de las Cámaras lo impide. También la
premura de la reforma.
Desde partidos políticos como Izquierda Unida (IU) o Unión Progreso
y Democracia (UPyD), y desde movimiento sociales como el 15M y
'Democracia Real Ya', se ha exigido que la modificación
constitucional sea presentada al pueblo mediante referendum. Durante
todo el día de ayer las redes sociales echaban humo y bajo el
hashtag #yoquierovotar los usuarios clamaban por el que el 20-N
también se pudiese votar sobre la modificación de la Carta Magna.
Esta iniciativa contó con el apoyo de una petición de firmas online
auspiciada por el catedrático de Ciencias Políticas de la
Universidad Pompeu Fabra, Vicenç Navarro, mediante cuentas de
Facebook, Twitter y correos electrónicos.
La que será la segunda reforma de la Constitución de 1978 puede ser
el comienzo de los grandes pactos de Estado que desde varios
sectores políticos y empresariales se vienen reclamando durante los
últimos años. Toda reforma constitucional, ya sea extensa o puntual,
necesita del acuerdo de los dos grandes partidos. PP y PSOE han
demostrado, aunque sea a última hora que pueden y deben entenderse.
Tras los comicios del próximo 20 de noviembre serán necesarios más y
más importantes acuerdos. No serán acordados por Mariano Rajoy y
Alfredo Pérez Rubalcaba. Uno de los dos será derrotado. Sí entre
socialistas y populares, sean cuales sean sus interlocutores.
Sembradores de minas
Editorial www.gaceta.es 24 Agosto 2011
Un pacto fiscal similar al vasco o navarro con Cataluña provocaría
la quiebra del Estado.
CiU considera fundamental preservar su influencia en los fogones del
poder capitalino, en vista de que Rajoy lleva camino de desembarcar
en La Moncloa con el respaldo de una mayoría ciudadana. De hecho,
hay nacionalistas catalanes incapaces ya de disimular sus nervios
ante tal coyuntura, sabedores de que su voto en el Congreso puede
dejar de reportar un valor inversamente proporcional a su escaso
peso electoral en España. Sus 10 escaños en la Carrera de San
Jerónimo pueden propiciar, a veces, excesos tan notorios como que,
con 779.000 votos, supediten el futuro de las pensiones de 46
millones de españoles, siempre claro está, a cambio de disposiciones
adicionales pagadas a precio de oro el kilo por José Luis Rodríguez
Zapatero.
La estrategia de los convergentes es siempre la misma: cada vez que
un proyecto de ley entra en la Cámara baja, lo siembran de todo tipo
de minas (esto es, de enmiendas) y, a partir de ahí, se limitan a
esperar la llamada del Gobierno de la nación para mercadear su
desactivación. Así, la negociación para ampliar a los 67 años la
edad de jubilación le reportó a la Generalitat de Cataluña la
titularidad de la propiedad de ocho hospitales. Tomando ese camino,
Artur Mas ha logrado en los seis meses que lleva en el poder aliviar
la deuda de su comunidad en 5.000 millones de euros salidos de los
bolsillos de todos los españoles. Es obvio que Zapatero ha incurrido
en graves irresponsabilidades al pensar no en el interés general,
sino en el suyo propio de estirar una legislatura agotada. El reto
de Rajoy, otro más, pasará por neutralizar a los sembradores de
minas, tan dados ellos a recurrir al folclorismo victimista de
reclamar a Madrit mayores porciones de la tarta común. En la
intención de los nacionalistas está ya condicionar el futuro
Gobierno del PP con un pacto fiscal similar al vasco o navarro. Eso
provocaría la quiebra del Estado… un detalle irrelevante para CiU.
Pero, ¿para la mayoría?
Denuncian por enaltecimiento del terrorismo
al catalanista que pidió la continuidad de la banda
El líder independentista del PSAN, partido miembro de la coalición
SI, abogó por la no disolución de la banda terrorista después de una
conferencia celebrada en Prada de Conflent, Francia.
Isabel Aparicio. www.gaceta.es 24 Agosto 2011
La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas
(ACVOT) presentó este lunes un escrito de denuncia ante la Fiscalía
de la Audiencia Nacional para que investigue si las declaraciones
realizadas el pasado viernes por Josep Guia pueden ser constitutivas
de un delito de enaltecimiento del terrorismo. El Ministerio Fiscal
debe responder en el plazo de 20 días si va a proceder o no a
investigar los hechos.
El líder independentista del PSAN, partido miembro de la coalición
SI, abogó por la no disolución de la banda terrorista en el marco
del coloquio posterior durante una conferencia celebrada en Prada de
Conflent, Francia. El dirigente catalán recalcó que “es muy
importante que ETA no se disuelva” y reclamó a la sociedad catalana
que “no pidan a la coalición abertzale que exija la disolución de la
banda terrorista”.
En declaraciones a LA GACETA, el presidente de ACVOT, José Vargas,
señaló que confía en que la Fiscalía actúe, ya que “estos
personajillos se escudan en lo que hacen los demás y utilizan a
Garitano como escudo para decir sandeces y no se pueden ir de
rositas”. Asimismo, Vargas reclamó que la Justicia intervenga para
que “sea juzgado como lo sería cualquier ciudadano ante esas
declaraciones”, sentenció.
Por otro lado, el presidente de la ACVOT llamó la atención sobre las
declaraciones realizadas por Martín Garitano el pasado viernes en
las que afirmaba que los atentados de ETA en Cataluña fueron un
error. Por ello, Vargas pide que “de manera democrática se lleve a
cabo una moción de censura contra Garitano”. Además, reivindicó que
es imprescindible “que se disculpe públicamente por sus palabras
ante todas las víctimas por los más de 50 años de daño y
sufrimiento”, subrayó Vargas. Sin embargo, tras la llegada de Bildu
a las instituciones “todos van juntos de la mano”, pero “no debemos
olvidar que ETA son ellos mismos”, recalcó Vargas.
El Gobierno premia al asesino de Buesa y le
traslada a la cárcel alavesa de Nanclares de Oca
El etarra Asier Carrera se encuentra cumpliendo una condena de cien
años y nueve meses de prisión
HSF www.lavozlibre.com 24 Agosto 2011
Madrid.- Nanclares de Oca: prisión alavesa destino de los presos de
ETA que se aparentan mostrarse críticos con la organización
criminal. Asier Carrera, asesino del dirigente del PSE Fernando
Buesa, ha sido trasladado a esta cárcel vitoriana en un tiempo
récord, menos de medio año.
Asier Carrera Arenzana fue condenado a cien años y nueve meses de
cárcel por el asesinato de Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge
Díaz Elorza, en el mes de junio del año 2002. Carrera apretó el
botón del mando a distancia que hacía explotar el coche bomba que
terminó con la vida del dirigente socialista y su escolta.
Carrera no ha sido el único de los aterras trasladado a cárceles
próximas al País Vasco. Otro de los asesinos de Fernando Buesa, Luis
Mariñelarena Garziandia, también ha recibido recientemente los
beneficios penitenciarios del Gobierno, al ser trasladado del penal
de Huelva a la cárcel de Villabona en Asturias.
El catedrático de economía, Mikel Buesa, ha calificado el
acercamiento a la cárcel de Nanclares de Oca del asesino de su
hermano de “injusticia” y “error”. Según Buesa, “el hecho de que
hayan metido en ese programa de arrepentidos a uno de los asesinos
de mi hermano me parece una mala noticia para mí personalmente y
para mi familia. Nosotros habíamos confiado en la Justicia, y esto
no es más que un paso que nos sitúa al borde de la injusticia. El
acercamiento de este etarra es una pésima noticia para las víctimas
del terrorismo”.
A día de hoy, en la prisión alavesa de Nanclares de Oca se
encuentran 25 presos de ETA. Muchos son históricos, como Carmen
Guisasola, Iñaki Recarte o Idoia López Riaño. Todos acumulan
condenas de más de 4.500 años de cárcel. El traslado a esta prisión
es el beneficio que el Gobierno concede a los terroristas que
muestran su arrepentimiento. Según fuentes antiterroristas, para
dividir a la banda terroristas. Según un sector del Partido Popular
encabezado por Mayor Oreja, como continuación de una negociación
nunca terminada.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
ETA en Cataluña: víctimas de primera
división
Roberto Blanco Valdés La Voz 24 Agosto 2011
D esde la entrada masiva de Bildu en las instituciones, la nueva
marca batasuna ha demostrado que su discurso sobre el terrorismo no
es otro que el que el partido ilegalizado había venido construyendo
para tratar de burlar la ley que lo dejó fuera de juego: un rechazo
genérico de la violencia, que le permitía no repudiar en concreto la
de ETA, no condenar sus crímenes, no exigir su disolución y no
solidarizarse con sus víctimas.
Pero ni siquiera los que denunciamos los gravísimos peligros que
suponía dar por buena una estrategia diseñada por los propios
terroristas para volver a la legalidad de la que habían sido
expulsados con tanta justicia podíamos suponer que Bildu iba a
atreverse no ya a desafiar a las leyes tan abiertamente
-manifestando, como lo hacía el presidente de la Diputación de
Guipúzcoa hace unas semanas, que ¡aún no había llegado el momento de
condenar los cientos de asesinatos cometidos por la banda
terrorista!-, sino a ofender la memoria de sus víctimas de una forma
tan sucia y repulsiva como acaba de hacerlo el propio Garitano.
Respondiendo el pasado viernes a una pregunta sobre varios atentados
de ETA en Cataluña (entre otros, el del Hipercor en Barcelona), el
primer cargo público de Bildu en importancia manifestó que esos
atentados en suelo catalán habían sido «más que un error». Las
palabras de Garitano no expresaban, por supuesto, su horror ante
crímenes terribles que produjeron la muerte de docenas de personas,
algunas de ellas niños (no diré víctimas inocentes, como se hace en
ocasiones, pues inocentes lo son por definición todas las de ETA),
sino -¿cómo expresarlo?- su solidaridad territorial con los muertos
catalanes, a los que alguna circunstancia debe hacer especiales, a
juicio de ese hombre despiadado. Tan especiales como para no merecer
lo que, sin embargo, habrían merecido, según Garitano, las restantes
víctimas de ETA: ser asesinadas.
Garitano tendría que explicar por qué tenía más derecho a no recibir
un tiro en la nuca Ernest Lluch (por quien fue expresamente
preguntado) que Miguel Ángel Blanco, Francisco Tomás y Valiente o
cualquiera de las víctimas de ETA fuera de las cuatro provincias
catalanas. ¿Cuál es, en opinión de Garitano, el motivo que justifica
esa macabra y repugnante geografía?
Para tan espeluznante pregunta no hay más que una respuesta:
Garitano se considera en posesión de una verdad omnipotente -la de
unas ideas que podría compartir con Hitler o Pol Pot- que le permite
decidir los que debían morir y los que no. Y también en eso es igual
que los etarras.
Quienes desde la política (los partidos nacionalistas y el PSOE) o
el derecho (el Tribunal Constitucional) han animado o permitido la
legalización de Bildu deben ahora a las víctimas de ETA, y nos deben
a todos, una urgente explicación.
'La solución Bildu'
Francisco Muro de Iscar Estrella Digital 24 Agosto 2011
Lejos todavía de cumplirse los cien días de la toma de posesión de
los nuevos alcaldes y de los órganos de gobierno locales, en muchos
lugares del País Vasco, las cosas van, como era de esperar, a peor.
'La solución Bildu', que algunos patrocinaron, defendieron o
toleraron y que, según ellos, iba a suponer la regeneración
democrática de la izquierda abertzale y el aislamiento y derrota
definitivos de ETA, sólo ha servido, especialmente en Guipúzcoa y
San Sebastián para que se haya paralizado la gestión de proyectos,
no haya actuaciones de cara a la ciudadanía y todo el protagonismo
lo hayan recuperado los más cercanos a ETA, entre ellos las familias
de los presos, hasta el punto de que algunos de los que no
impidieron su llegada al poder, empiecen ya a decir que hay que
hacer algo para evitar esta 'deriva'.
El presidente del Senado, Javier Rojo, no ha sido el primero pero sí
el más duro en condenar la actitud de Bildu y de un iluminado como
Martín Garitano, que rinde homenaje a los asesinos y desprecia a las
víctimas, y en sugerir su salida de las instituciones mediante un
voto de censura. El lehendakari Patxi López, en uno de los más bajos
momentos de popularidad, y con escasísimas posibilidades de repetir
victoria, a pesar de que ha introducido sensatez y moderación en el
gobierno de esta autonomía, dice que "hay que construir Euskadi
sobre la memoria de las víctimas", pero no puede ignorar que eso ni
era ni va a ser posible con Bildu en las instituciones. El PP sigue
en sus posiciones de siempre, en soledad, a pesar de estar
sosteniendo a López. Y el PNV espera. Sabe que en las próximas
elecciones tiene una oportunidad inmejorable de recuperar el poder y
ya ha propuesto como objetivo conseguir "un nuevo estatus" para
Euskadi. Está claro por dónde va. Hasta Nafarroa Bai se está
rompiendo por las diferencias ¿irreconciliables? de los partidarios
de ir con Bildu a las elecciones y los contrarios.
El problema es, si tras la aventura de Bildu, la posible
legalización por el Tribunal Constitucional de Sortu y el poder del
que disponen hoy los filoetarras en los ayuntamientos, en esas
autonómicas, con la caída previsible del PSOE, el PNV será la
primera... o la segunda fuerza política del País Vasco. Y qué pasará
en Navarra. Si Bildu fuera la primera, el escenario puede ser
realmente peligroso para la estabilidad social del País Vasco y de
España. Si el PNV necesita a Bildu para gobernar, tampoco tendremos
mimbres para un musical sino para un drama. Y si, poco antes, el PP
llega al Gobierno de la nación, ¿cuál será el escenario que nos
espera, cómo actuarán ETA y sus adláteres en este órdago que están
echando al sistema democrático, y qué papel jugarán el PSOE nacional
y el PSOE vasco? Algo importante se mueve en el País Vasco mientras
los políticos nacionales achican los agujeros de la crisis.
"Hay que respetar por igual a todas las víctimas”
Garitano equipara otra vez a las víctimas
de ETA con las del GAL
Batasuna sale al rescate del diputado general de Guipúzcoa y carga
contra PP y PSOE. Les acusa de “instrumentalizar” a los muertos. Los
proetarras acusan a los demócratas de “frívolos”.
A. L. G. www.gaceta.es 24 Agosto 2011
El diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, (Bildu) amagó
ayer con pedir perdón a las víctimas de ETA al asegurar que el
pasado fin de semana no quiso hacer distinciones cuando calificó
como “más que un error” los atentados perpetrados por la banda
asesina en Cataluña. Eso sí, con su discurso habitual, se refirió a
que hay que respetar por igual a “todas las víctimas”, en lo que
supone su enésima equiparación, aunque esta vez no fuera tan
explícito, entre los asesinados por ETA y por los GAL.
En concreto, el también portavoz de Bildu destacó, en declaraciones
a El Diario Vasco, que, durante su ponencia pronunciada el pasado
fin de semana, defendió las tesis del Acuerdo de Guernica, firmado
por la izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba, entre otros
colectivos, que habla de “la reparación de todas las víctimas” de la
violencia. Esa referencia a “todas las víctimas” es, ni más ni
menos, la misma que siempre ha utilizado el brazo político de ETA
para referirse a las víctimas de las dos partes del presunto
conflicto.
Prueba de ello es que poco después de que se conociera la presunta
rectificación de Garitano, Batasuna emitió un comunicado en el que
exigió a las formaciones constitucionalistas que “dejen fuera del
debate electoral” un tema “tan sensible” como el de las víctimas y
el sufrimiento “generado en décadas de conflicto político y armado”,
recogió Europa Press. Además, aseguraron que populares y socialistas
no están “en condiciones de pedir cuentas a nadie” porque “son
incapaces de reconocer a miles de víctimas causadas por el Estado”.
En un comunicado, los proetarras denunciaron “la utilización
política del sufrimiento y la consiguiente instrumentalización de
las víctimas que están realizando el PSOE y el PP”. Asimismo,
destacaron que ambas formaciones “se escudan en esa
instrumentalización de las víctimas para intentar ocultar su falta
de iniciativa política a la hora de dar pasos que acerquen a una
resolución democrática el conflicto político vivido en Euskal
Herria”. A su juicio, “son el PSOE y el PP quienes generan y
alimentan polémicas para intentar, mediante la crispación,
condicionar dicho escenario”.
Por ello, les pidió que “dejen de actuar con frivolidad y dejen
fuera del debate electoral y fuera del circo mediático una cuestión
tan sensible como es la de las víctimas y el sufrimiento generado en
décadas de conflicto político y armado”.
"NO APOYAREMOS POSES ELECTORALISTAS DEL PSE Y PP"
El PNV no apoyará mociones contra Bildu y
'colaborará' con los abertzales
EP. Bilbao. El Confidencial 24 Agosto 2011
El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha asegurado que
no habrá coalición entre el PNV y Bildu en las próximas elecciones
generales, aunque sí "colaboración, apoyos mutuos y actuación
conjunta" en los "asuntos relativos a los derechos de Euskal
Herria".
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Erkoreka ha manifestado
"que un vasco y un alto representante de las instituciones vascas,
que se vende como nacionalista vasco, pueda decir que las víctimas
no tienen la misma calidad en Cataluña o fuera de ella, o que un
asesinato cometido por una organización terrorista no es un crimen,
sino un error, si realmente es esto lo que ha dicho, nos parece muy
duro, y digno de la más acerada de las críticas", ha añadido. En
este sentido, ha afirmado que, desde su punto de vista, "qué más
quisieran Bildu y Garitano" que ver al PNV presentando una moción de
censura con el PSE-EE y el PP, "y que, además, la moción de censura
pudiera prosperar en Juntas Generales de Guipúzcoa", para privarse
"de la responsabilidad de gobernar, que están descubriendo ahora que
es mucho más dura que lo que ellos realmente pensaban". Además, ha
dicho que les convendría "poderse acoger al discurso victimista
habitual que les permitiría venderse a la sociedad vasca como
excluidos, marginados, gente que no puede ser reconocida en sociedad
y en las instituciones con normalidad". "Qué más quisieran ellos que
pudiéramos apoyar una iniciativa de ese tipo. Por otra parte,
tampoco estamos por la labor de apoyar o respaldar gratuitamente
poses electoralistas como la que procede del Partido Socialista que
ahora parece que apuesta por adoptar actitudes firmes", ha apuntado.
Colaboraciones de cara al 20-N
En esta misma entrevista el portavoz nacionalista en la Cámara vasca
ha precisado que la propuesta de los partidos que integran Bildu de
formar una coalición conjunta de cara a los comicios del 20 de
noviembre con Aralar y PNV "está formulada desde el desconocimiento
de lo que es la actividad parlamentaria en Madrid". "Si el único
punto en común que plantean para identificar la coalición electoral
que preconizan es la defensa del derecho a decidir, no hay ninguna
duda de que en esto vamos a colaborar todos los que estemos allá,
todos los nacionalistas vascos que estemos representados en el
Congreso de los Diputados, sin ningún inconveniente, sin ninguna
dificultad", ha señalado. Por ello, ha dicho que, "para eso, no hace
falta concurrir en coalición". "Y no veo yo ya que no puedan
establecerse criterios comunes con Bildu, sino internamente entre
Bildu, no veo yo con claridad que, entre el sector del Opus Dei de
EA y los 'maoistas' que predominan entre los independientes de
coalición, se puedan alcanzar acuerdos y sintonías muy fáciles en
estos asuntos", ha señalado, en alusión, por ejemplo, a una posible
reforma de matrimonios homosexuales, o del fin de la vida o de la
eutanasia. "No veo yo que sea fácil lograr consensos internamente
dentro de la propia coalición, con que imagínese si concurrimos
todos juntos en la misma coalición", ha apuntado.
No obstante, ha insistido que "en los asuntos relativos a los
derechos de Euskal Herria, que nadie se preocupe porque ahí habrá
colaboración, apoyos mutuos y actuación conjunta". "Ahí no habrá
ninguna dificultad para asentar planteamientos comunes", ha
reiterado.
Objetivo
Erkoreka ha afirmado que "el objetivo fundamental" de su partido en
los comicios es que, quien venza en las elecciones generales, "lo
haga sin mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados". "Ésas
son las circunstancias idóneas para que un grupo parlamentario como
el nuestro pueda desarrollar su actividad con libertad, con
capacidad de influencia real y haciéndose valer, haciendo valer sus
escaños, sean muchos o pocos, en una Cámara como la baja", ha
apuntado Asimismo, ha señalado que su intención "es obtener la
máxima representación posible". "Pero creemos que, con el programa
con el que vamos a concurrir, con el balance que podemos exhibir de
lo que ha sido la última legislatura y con nuestros planteamientos
programáticos, sintonizaremos con la sociedad vasca lo suficiente
como para que los resultados de las últimas elecciones se repitan en
lo esencial", ha indicado.
Según ha precisado, no les inquieta "de manera especial la presencia
de otras formaciones políticas o el concurso de otras coaliciones,
ni siquiera la bipolarización que se va a producir entre el PSOE y
el PP". "Creemos que tenemos mucho que vender, tenemos una
trayectoria de los últimos años espectacular, podemos ofrecer a la
sociedad vasca unos resultados importantísimos en defensa de sus
intereses en Madrid, y creemos que esto nos permite afrontar la fase
electoral con una razonable expectativa", ha concluido.
El Consell de Mallorca paga más por tener
un mayor nivel de catalán
Se otorgan al año 260.000 euros en suplementos para los trabajadores
con más nivel. El organismo tiene una deuda de 325 millones de euros
MBH. www.lavozlibre.com 24 Agosto 2011
Madrid.- Los trabajadores del Consell de Mallorca cobran más cuanto
mayor es su nivel de catalán. Si tienen un poco más del nivel medio
cobran un suplemento vitalicio de 33 euros y, si su conocimiento es
aun mayor perciben el doble, es decir, 66 euros. Estas pagas se
vienen recibiendo desde 2006, cuando la ex presidenta del Consell,
María Antònia Munar, antigua líder de UM, aprobó la medida para
fomentar el aprendizaje del catalán. Al parecer dio resultado, y el
20% de la plantilla, unos 450 trabajadores, ya cobra las dietas.
El coste mensual de esta medidas es de 18.635 euros y al año,
260.000 euros. Una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que
el organismo autonómico arrastra una deuda de 325 millones de euros.
No es la primera vez que se adoptan medidas para incentivar el
catalán, pero, hasta ahora, sin ofrecer un suplemento monetario. El
Ejecutivo presidido por Jaume Matas ya puso en marcha una iniciativa
similar, pero el incentivo eran cinco días libre por año al
presentarse el título que acreditaba el conocimiento de la lengua.
Si se superaba en dos niveles, los cinco días eran disfrutables dos
años.
Desde el Gobierno balear, comandado por Simón Gornés, consejero de
Administraciones Públicas, afirman que “No se ha valorado el tema ni
hay intención de hacerlo”. Pero deberán hacerlo pronto, ya que el
nuevo Gobierno ha redactado un borrador por el que se modifica la
Ley de Función Pública de 2007. Si sale adelante, el catalán dejará
de ser considerado un requisito indispensable para ser funcionario
en las Islas Baleares.
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