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Recortes de Prensa   Viernes 26 Agosto 2011

 

Otro parche, ahora fiscal
El Editorial La Razón  26 Agosto 2011

El carrusel de improvisaciones de la política económica socialista vivirá hoy un nuevo episodio. Aunque el oscurantismo ha caracterizado las nuevas decisiones de Economía, el Consejo de Ministros puede recuperar hoy el Impuesto de Patrimonio, algo que ya fue sugerido por la vicepresidenta Elena Salgado y el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. La reactivación del Impuesto de Patrimonio es otra prueba de la política errática del Gobierno, pero, sobre todo, constituye un fenomenal error motivado por la desesperación de un Ejecutivo que es incapaz de cumplir con el objetivo de déficit del 6% pactado con Europa debido a su renuncia a cortar por lo sano en el gasto superfluo del Estado y su incapacidad para contener los excesos autonómicos.

Tras la renuncia a la austeridad en el control de las cuentas de las administraciones, la solución para templar los números rojos pasa por estrujar a las economías particulares y las empresariales. El Ejecutivo lo hizo con las segundas hace una semana, con las modificaciones en el Impuesto de Sociedades, un aumento de la presión fiscal que mermará su liquidez y su capacidad de financiación. El Impuesto de Patrimonio hará lo propio con las primeras. El Gobierno acude a una figura que él mismo eliminó en 2008 como un compromiso electoral establecido en el programa del PSOE. El argumento fue entonces que se había convertido en un impuesto para las clases medias, obsoleto y que adolecía de equidad. Y nada de eso ha cambiado en estos tres años salvo la asfixia financiera del propio Gobierno. Los 2.000 millones que se recaudaron con este instrumento en su último ejercicio de vigencia han sido definitivos para dar el enésimo volantazo.

El Impuesto de Patrimonio es fundamentalmente injusto por gravar rentas y activos que han sido afectados por otros instrumentos como el IVA y el IRPF, y como casi todo incremento impositivo resulta también un freno para la recuperación al penalizar el ahorro y la inversión. La medida tiene además tintes populistas que el candidato socialista se ha encargado de explotar. Lejos del discurso demagógico de la izquierda, no es un impuesto para los ricos porque las grandes fortunas disponen de sofisticadas soluciones para esquivar el pago.

Europa no ha sugerido ni requerido un aumento de la presión fiscal, sino la máxima disciplina presupuestaria, saneamiento y reformas profundas y no superficiales. Justamente lo que el Ejecutivo no ha hecho. Las nuevas modalidades de contratos para la formación y el aprendizaje y el fomento de la contratación temporal, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, suponen reconocer el fracaso de una reforma del mercado de trabajo limitada, así como un bandazo más, como hace siete días lo fue la rebaja del IVA para la compra de vivienda nueva trece meses después de haberlo subido. Los parches y las contradicciones han mermado el crédito y la confianza en una economía que demanda intervenciones estructurales profundas que alcancen hasta donde el Gobierno no se ha atrevido. Más rigor, en definitiva, y menos electoralismo.

Chantaje de los parásitos
Editorial www.gaceta.es  26 Agosto 2011

Josu Erkoreka, portavoz del PNV en el Congreso, ha anunciado que su partido apoyará la introducción del techo de gasto en la Constitución, pero no quiere que se quede en eso la reforma y está estudiando plantear una enmienda que recoja “el derecho a decidir”, uno de los eufemismos que utilizan para hablar de referéndum de independencia. Por su parte, el diputado de CiU en el Congreso, Pere Macias, afirma que Convergencia apoyará la reforma constitucional si “la soberanía sobre el límite de déficit público” recae en el Parlament catalán. Faltaban los nacionalistas en este imprevisto e improvisado debate con el que va a acabar el verano, la legislatura y el zapaterismo, todo a la vez. Por supuesto, ellos han hecho su aportación en el mismo sentido en el que llevan remando 30 años: el de la insolidaridad y el oportunismo político, siempre dispuestos a sacar provecho de cualquier circunstancia, incluidas catástrofes, crisis económicas o atentados terroristas. Da igual cuál sea el escenario o el guión, CiU y PNV siempre dicen las mismas frases, convencidos de ser los protagonistas y extrañados de que el resto del reparto –onubenses, madrileños o riojano– no se deshaga en aplausos y reverencias.

Los nacionalistas vascos y catalanes han sido los verdaderos niños mimados del sistema constitucional del 78, por eso no puede sorprender a nadie que pretendan perpetuar su condición privilegiada, y que por supuesto no admitan cesiones en la soberanía que han conquistado paso a paso, es decir, chantaje a chantaje. Entre el calamitoso legado del zapaterismo ocupa un destacado lugar la sumisión del Gobierno central a los nacionalismos periféricos, algo que ha desgastado al Estado políticamente –porque su autoridad se cuestiona en las autonomías y se pone en duda en Bruselas– y que lo ha arruinado económicamente, a través del permanente chantaje que han hecho PNV y CiU vía financiación autonómica: ya nadie duda de que una de las causas principales de la incapacidad de España para superar la crisis es el colapso de su sistema territorial, un esquema que se ha sacado de quicio por la fuerza desproporcionada e insaciable de las minorías nacionalistas.

Al final Zapatero ha conseguido su deseada Segunda Transición, aunque –como les suele suceder a los iluminados– no tendrá el cariz que él soñaba, sino otro bien distinto. La Constitución se cambia al dictado de las potencias europeas –entre las que nos encontrábamos hace apenas siete años–, y en contra de toda la política económica del propio ZP. Y también en esta ocasión, como en aquella de los setenta, estará presente la sombra del terrorismo. Entonces amenazaban con una continuidad de la violencia. Ahora advierten de que se puede romper el proceso de paz, y en cualquier caso siguen influyendo en las decisiones políticas. Por eso resulta siniestramente coherente que un líder independentista catalán –de Solidaridad– haya pedido a ETA que no se disuelva.Y por eso, también, hay quien se alegra de esta injerencia extranjera en nuestra Carta Magna, porque son muchos los que dan por imposible una derrota política del chantaje nacionalista y pretenden que París o Berlín quien meta en cintura a los niños consentidos de la Democracia española.

Es la hora de los insolidarios. Tiene gracia que en este momento crítico para la economía, cuando más urgente es hacer agujeros en el cinturón, salgan protestando quienes han vivido del parasitismo: como esos sindicatos absolutamente desprestigiados amenazando con una huelga o los nacionalistas tratando de sacar tajada.

Rubalcaba, guiño al nacionalismo
Ricardo Martín www.gaceta.es  26 Agosto 2011

El candidato Rubalcaba había logrado colarse en la agenda política del verano 2011 con su iniciativa de fulminar las diputaciones como fórmula para reducir el desbocado gasto de las administraciones territoriales. Hasta que a su presidente se le ocurrió, para anticiparse al nuevo ataque de los mercados a la vuelta de vacaciones, proponer la reforma constitucional que topará el déficit público a partir de 2018. Las presiones de los Bono, Chaves, Guerra, Calvo… para mantenerse en las listas de cara a las generales del 20-N han devuelto a Rubalcaba a la realidad de un escenario de muy difícil gestión para sus intereses electorales.

Con todo, el debate abierto sobre el futuro de las diputaciones sigue vivo, y han corrido ríos de tinta sobre las fórmulas que podrían implementarse para reconducir el inasumible coste económico de las distintas administraciones territoriales, más evidente en la actual situación de crisis internacional. El candidato ha tomado la iniciativa en el debate del “ahorro”, proponiendo la eliminación de la estructura provincial en un guiño a las fuerzas nacionalistas, que acusan a estas instituciones de interponerse entre la organización municipal y la autonómica.

Rubalcaba, atribuyendo la mayor parte de las competencias de las diputaciones a las administraciones autonómicas, habrá ganado enorme popularidad en Cataluña, donde la organización territorial que propugna el nacionalismo –las veguerías– choca con la configuración provincial nacida de la Constitución de 1812. También el BNG en Galicia vería con buenos ojos la autonomización de las provincias, aunque es en determinadas organizaciones de su propio partido en las que Rubalcaba ha encontrado tanta oposición, o más, que en el Partido Popular. Mientras los socialistas valencianos celebran que Rubalcaba les haya comprado su propuesta de transformar las diputaciones, Andalucía, la federación clave para las aspiraciones de Rubalcaba de hacerse con los mandos de Ferraz, ha desautorizado la propuesta, anticipando una dura oposición en la conferencia política de septiembre, en la que habrá de aprobarse el programa del PSOE para el 20-N.

Poniendo las luces largas sobre la propuesta electoralista de Rubalcaba, lo cierto es que la reforma de la administración local, en un contexto de obligado ahorro, es la única sobre la que parece existir consenso de las fuerzas políticas. Así, tanto PP como PSOE, más CiU, IU o UPyD, coinciden en la agrupación de municipios para reducir ese número sin parangón en Europa de más de 8.000 administraciones locales, con sus correspondientes aparatos. Volviendo por un momento a las diputaciones, recordemos que el pasado mes de julio, el PP aprobó un documento en el que se reconocía la necesidad de modernizar estas instituciones y dotarlas de mayor transparencia.

Rubalcaba, con su propuesta, se arropa con la bandera del autonomismo, pero no sólo eso. Su eslogan, escuchado hace pocas semanas, de que es preferible eliminar diputados provinciales que médicos o maestros anticipa las líneas rojas sobre las que va a jugar el PSOE desde la oposición: evitar ajustes presupuestarios en educación, sanidad o dependencia, precisamente los servicios que prestan las autonomías.

A nadie se le oculta que es precisamente en la reforma de las administraciones autonómicas donde está el nudo gordiano del ajuste español, y quizás por ello surgen propuestas tan irreflexivas como la devolución de competencias, la no aceptación de otras aún por transferir o la recentralización de competencias como la sanidad o el urbanismo. Las protestas del 15-M, con su exigencia de supresión del Senado (una muestra más de su analfabetismo constitucional), nos recuerdan que dentro de las reformas pendientes para la reordenación de la España autonómica figura la inaplazable transformación del Senado en cámara territorial.

El problema es cómo se reforma una estructura autonómica que se pretendía cuasi-federal en 1978 y ha derivado en la práctica en una estructura cuasi-confederal. Pues en el improbable supuesto de que PP y PSOE acordaran una armonización competencial, fiscal, financiera y de mercado para el entramado autonómico, estos acuerdos tendrían zonas de sombra: País Vasco y Navarra, por sus peculiaridades constitucionales, y Cataluña, porque el nacional-secesionismo –representado por CiU– exigiría que cualquier modificación de las actuales reglas respetara el pacto España-Cataluña, o, dicho de otro modo, lo que sería válido para Murcia o Galicia, en función de los criterios pactados entre las principales fuerzas políticas españolas, no sería válido para Cataluña. O sí lo sería, pero como resultado de una negociación bilateral Cataluña-Estado.

En definitiva, que si la próxima legislatura pretende ser la de la reforma administrativa –con mayúsculas– lo mejor sería empezar por lo más fácil, y –de lo oído en los últimos meses– parece que el ajuste que más acerca al conjunto de fuerzas políticas es el adelgazamiento y la reorganización de los entes locales.

*Ricardo Martín es periodista.

Zapatero, el destrozón
Roberto Blanco Valdés La Voz  26 Agosto 2011

C omo elefante en cacharrería: esa es la imagen que mejor expresa la insólita forma de actuar de Zapatero en todos los asuntos que tienen que ver con el equilibrio de poderes y las cuestiones constitucionales.

Y es que el mismo presidente que, tan pancho, decidió quién sería el actual presidente del Tribunal Supremo (haciendo uso de un poder que no le pertenece), impulsó un Estatuto catalán plagado de previsiones inconstitucionales y declaró un estado de alarma ilegal y una militarización aparejada que suponía una flagrante violación de nuestra ley fundamental, anuncia ahora una reforma constitucional, que, además de ser improcedente, rompe con las más elementales exigencias que cualquier cambio de una carta magna debiera respetar.

Una reforma tramitada a uña de caballo (¡a través de lectura única!) y por un Parlamento políticamente acabado constituye una total anomalía. Anomalía que se convierte en un trágala cuando se lleva a cabo sin haberla negociado con todos los grupos de las Cortes y -dado a lo que afecta en este caso: el techo de gasto de las Administraciones- sin tratarla con las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con los ayuntamientos a través de la Federación de Municipios.

Por lo demás, aunque no seré yo quien ponga en duda la necesidad de fijar un techo al gasto de nuestras Administraciones para acabar con el despiporre en que aquel ha entrado desde el año 2007 -Zapatero se encontró en el 2004 con una deuda que estaba en torno al 46 % del PIB y deja una que llega al 64 %-, no veo necesidad alguna de que la limitación tenga rango constitucional.

De un lado, porque la Constitución, que no fija más que principios generales, jamás podrá regular esa materia con el detalle necesario. Además, porque una eventual legislación pormenorizada no exige habilitación constitucional. Y, finalmente, por si ello no bastara, porque las constituciones deben contener normas que se cumplan, cuando es sabido que los techos de gasto tenderán a superarse digan lo que digan las leyes o la Constitución.

Tal es el lío en el que ha metido Zapatero a su partido -que quiere aprobar ahora con rango constitucional lo que rechazó aprobar con rango legal, a propuesta del PP, en varias ocasiones- que esta vez no le ha servido al presidente una autoridad que ya no tiene para evitar que relevantes dirigentes socialistas hayan manifestado su rechazo frontal a tan extemporánea iniciativa de reforma. El exministro socialista López Aguilar lo expresaba con insuperable claridad: «Suscita perplejidad que en el tramo final de la legislatura cuya fecha de caducidad está ya anunciada se proponga algo de tanto calado como una reforma de la Constitución». Zapatero no podría hacerlo mejor si su intención fuese que el PSOE marchara directo hacia el abismo.

Sí a la reforma
José Antonio VERA La Razón  26 Agosto 2011

Zapatero llegó de listo al Gobierno y se dedicó desde el primer momento a ir tumbando, una por una, todas las decisiones adoptadas con anterioridad por los gobiernos de Aznar, desde la ley de Calidad en la Educación al Plan Hidrológico pasando por la contención del déficit y la limitación de la deuda en las administraciones públicas. Lo hizo con altanería y desdén, despreciando los anteriores ocho años de prosperidad de España y saltándose a la torera el talante del que presumía.

Ya hemos visto que el resultado no ha podido ser más que desastre, pues la evolución del país ha ido de mal en peor desde que los socialistas entraron de nuevo en La Moncloa. Y no es sólo por la crisis internacional. La recesión global importa y mucho, por supuesto, pero otros gobiernos (Alemania y Holanda, por ejemplo) han conseguido sacar rentas a base de austeridad. Justo lo contrario que aquí. Zapatero cogió el país con dos millones de parados y lo deja con cinco, con una deuda pública del 1,7 por ciento, y la ha subido al 13,8, y con una prima de riesgo cero, que ha llegado a subir por encima de los 400 puntos.

Tal ha sido el despropósito que el Gobierno del «gasto social» se ha convertido en el gobierno del paro, lo más antisocial que hay, y hemos tenido que rectificar una tras otra todas las decisiones alocadas tomadas con gran irresponsabilidad, entre ellas los 400 euros, el cheque bebé, el plan E de aceras y farolas, las subvenciones a cineastas y sindicatos, y la tendencia suicida a crear unas administraciones públicas inmensas, saturadas de empresas públicas y cargos, hinchadas de funcionarios.

Todo eso no podía continuar y primero Bruselas nos dio un hachazo obligando a un giro radical en la política económica, y ahora a esta reforma urgente de la Constitución para plasmar en ella justamente lo que los gobiernos socialistas aniquilaron: el déficit equilibrado y el techo de deuda para las administraciones. Lo pidió Rajoy en reiteradas ocasiones, pero la respuesta del trío Zapatero-Salgado-Rubalcaba fue siempre la chanza y la ofensa hacia el jefe de la oposición. Ahora han tenido que recurrir a él para que apoye una reforma que nos vuelve a imponer Europa como consecuencia de la compra masiva de deuda española por parte del BCE. Es el precio a pagar. Algo razonable y necesario, sobre todo para meter en vereda a unas autonomías que transitan por la vía del despilfarro. No puede ser que el Gobierno catalán haya triplicado sus organismos públicos desde 2003. Ni que Mas tenga unos gastos de representación más altos que los de Zapatero. Ni que las televisiones autonómicas contraten a más funcionarios que las privadas.

ZP se va obligando por vía de urgencia a implantar el objetivo de déficit cero que el mismo liquidó. Es una reforma necesaria que hay que apoyar. PP y PSOE representan a más del 80 por ciento de los votantes y tienen legitimidad para hacerlo, aunque no estaría mal que contarán también con el apoyo de CiU. Pero conviene recordar, en cualquier caso, por qué se ha llegado a la actual situación.

La inútil Reforma constitucional revela las carencias del sistema
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital  26 Agosto 2011

He hablado aquí de "Las trampas de la anunciada reforma constitucional" cuando aún no se conocía el texto propuesto. Ya conocemos el texto que se propone. Y ese texto confirma los temores que aquí expresé. Lo que creo que se puede decir es que esta reforma es inútil, pero es reveladora de las profundas carencias que tiene la UE y nuestro sistema constitucional.

El PSOE y el PP han alcanzado en la madrugada de hoy viernes dos acuerdos:
- un acuerdo sobre la reforma del artículo 135 de la Constitución; y
- un acuerdo político sobre la ley orgánica que debe desarrollar ese artículo.

Un examen de ambos textos nos lleva a sostener que la reforma constitucional proyectada es inútil pero deja al descubierto las graves carencias de nuestro sistema constitucional y de la UE. Veamos por qué.

1. Una reforma que no entrará en vigor hasta 2020.
El primer y más importante dato que debemos tener en cuenta es éste: el establecimiento de un déficit estructural máximo no entrará en vigor hasta 2020.
En efecto, el proyectado nuevo artículo 135 de la Constitución dice que

2. (...) Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto.

Ahora bien, el "acuerdo político" del PSOE y el PP establece que:
Esta Ley Orgánica fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las Administraciones Públicas a partir de 2020

La pregunta que se plantea es muy sencilla:
- ¿para qué tantas prisas en aprobar algo... que debe entrar en vigor dentro de diez años?

Y nos permite obtener una primera conclusión:
Esta reforma constitucional no ataja el problema de la crisis que AHORA padececemos.

2. Una reforma que ni siquiera da seguridad sobre los objetivos para 2020.
El "acuerdo político" entre el PSOE y el PP para aprobar la futura ley orgánica de desarrollo del artículo 135 de la Constitución dice:

Los límites referidos al déficit estructural, así como la senda para la consecución del objetivo de deuda en 2020, podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018, a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben este acuerdo.

La pregunta es:
¿para qué se fijan unas cifras sobre el límite del déficit estructural "a partir de 2020".. si ni siquiera se las da por seguras ya que se establece que, antes, en 2015 y en 2018, pueden ser revisadas?

3. Una reforma constitucional que revela el fracaso de la Unión Europea.
El proyectado artículo 135 de la Constitución dice:

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. (...)

Ahora bien, si la Unión Europea fuera una verdadera "Unión" tendría mecanismos para garantizar que los Estados miembros cumplieran las normas de la misma.
El proyectado artículo 135 de la Constitución no hace sino constatar un hecho: Desde que se aprobó el Tratado de la Unión Europea de 1992, se incluyeron preceptos fijando un máximo para el déficit estructural. Esos preceptos se han incumplido DECENAS DE VECES y NINGUNO de esos incumplimientos ha sido sancionado y corregido por la Unión Europea.

Por consiguiente, la conclusión que se extrae es que, en ciertas materias importantes, como ésta, la "comunitarización" es sólo aparente. O lo que es lo mismo, que en aspectos tan importantes como éste los Tratados europeos no son más que una ilusión.

La pregunta que se impone es:
¿para qué incluir en los farragosos tratados europeos cláusulas... cuyo cumplimiento no se puede garantizar?

4. Una reforma constitucional que deja abierta la puerta a la rebelión autonómica.
El proyectado nuevo artículo 135 de la Constitución dice:

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Las preguntas que uno debe hacerse son:
- ¿y qué ocurre si una, o varias, Comunidades Autónomas se niegan a aprobar la ley que fije ese límite al déficit estructural?
La pregunta es tanto más pertinente cuanto que el Tribunal Constitucional, en su tarea de demolición del Estado, ha vaciado de contenido el principio de supletoriedad de las normas del Estado (véanse: la sentencia del Tribunal Constitucional 118/96,de 27 de junio de 1996, cuyo ponente fue el magistrado Tomás Vives Antón, propuesto por el PSOE; la sentencia 61/1997, de 20 de marzo de 1997, cuyos ponentes fueron Enrique Ruiz Vadillo y Pablo García Manzano). Y sin que la más matizada Sentencia 195/1998 (cuyo ponente fue el nacionalista catalán Viver Pi i Sunyer) pueda a mi juicio servir como doctrina que pueda solucionar el eventual problema de que una Comunidad Autónoma no quiera aprobar una ley fijando el límite máximo de déficit estructural.

- y, en caso de que hayan aprobado esas leyes sobre tope máximo de déficit estructural: ¿qué ocurre si aprueban presupuestos u otras leyes violándolo?
Porque la cuestión, a la que ya aludía aquí, es ésta, que se puede modificar un precepto sustantivo de la Constitución, pero no se pueden cerrar a los ojos a un hecho que es éste: el sistema de control de la constitucionalidad en España está quebrado. El espectáculo ofrecido en el enjuiciamiento constitucional del nuevo Estatuto catalán está ahí. Cuatro años para anular lo que era evidentemente inconstitucional. Y mientras, otros normas legislativas que llevan 7 o más años esperando que el TC se digne pronunciarse. Y todo ello, claro, sin entrar en la lamentable situación de que una vacante lleva años sin ser cubierta y otros tres miembros se hallen con su puesto prorrogado y, como se vio hace apenas tres meses, contra su voluntad de seguir en el mismo.

CONCLUSIONES:
- La reforma constitucional anunciada es inútil. Sólo desplegará sus efectos, si los despliega, en el año 2020, fecha en la que ni siquiera sabemos si seguirá existiendo el euro.
- La reforma constitucional anunciada en lugar de dar "seguridad" a los mercados ante la crisis del euro, no hace sino poner, aún más crudamente, de manifiesto la inoperancia de la Unión Europea para garantizar sus reglas de funcionamiento.
- La reforma constitucional anunciada no ofrece garantías de que la Constitución se vaya a cumplir en este punto, pues ignora que el mecanismo de control de la constitucionalidad en España está quebrado.

Reforma constitucional
Los límites de la limitación del gasto
Agapito Maestre Libertad Digital  26 Agosto 2011

Soy de los que piensan que el despilfarro de nuestros políticos con los dineros públicos hay que ponerle límites, e incluso habría que habilitar todo un apartado del Código Penal para perseguirlos de oficio y que paguen con su propio patrimonio todos los desmanes que hayan perpetrado. Aplaudo, pues, la limitación del gasto público a través de la Constitución, porque trata de frenar los abusos de la casta política; sin embargo, nadie se engañe, eso no significa que esta medida sea la panacea que cure el principal mal de España, a saber, el actual sistema político y administrativo es inviable en un país tan relativamente pequeño, desde el punto de vista económico, como el nuestro. Tampoco creo que esta cláusula constitucional consiga reactivar de manera contundente y definitiva, si tengo que hacer caso a ciertos economistas de prestigio, la gran crisis económica que atraviesa la economía española en el contexto de la crisis mundial.

En otras palabras, el llamado Estado de las Autonomías por un lado, y cientos de instituciones y empresas públicas ineficaces e inservibles, repárese en órganos de carácter estatal, como el Senado, o provinciales, como las Diputaciones, o locales, como Ayuntamientos que podrían agruparse con otros de igual entidad, por otro lado, no pueden ser soportados por una economía nacional, reitero, tan escuálida como la española. El sistema político es insostenible en términos económicos. Naturalmente, los primeros en negar este problema es el grupo más beneficiado del tinglado político y administrativo. Esta crítica a la casta política le suena a sueños celestiales. Cree que sólo una hambruna, o algo parecido a un terremoto de carácter social, la desalojaría del poder. Puede que estos malos políticos no corran peligro inmediato; pero, hasta donde yo sé, cada vez este personal está más desprestigiado... Se les mueve la silla.

Y, luego, vienen quienes creen que la limitación del gasto por ley puede llevar a un colapso de la economía. Esta es la principal objeción de los economistas de corte neokeynesiano a la propuesta de Merkel de controlar el equilibrio presupuestario por vía Constitucional. La objeción, desde luego, no es para tomársela a bromas. Tiene fundamentos serios. Keynes sigue dando la principal baza a los críticos de la medida; su principal tesis, a saber, desmontar el tópico de que gastar lo que no se tiene y disponer de lo que aún no se produce está lejos, como los economistas clásicos creyeron, de ser una locura ilusoria para el buen funcionamiento de la economía. En otras palabras, la austeridad puede ser destructiva y, por el contrario, el endeudamiento creador. Eso es lo que dicen, casi literalmente, los que se oponen a las medidas de Merkel: "La noma constitucional que impone el equilibrio de los presupuestos es una medida de fuerza muy peligrosa para que crezca la economía".

Quizá tengan algo de razón los socialistas españoles que se resisten a controlar el gasto por la Constitución, pero, en mi opinión, para que su argumentación tenga alguna validez no deberían de ocultar que el razonamiento keynesiano valía sólo "en determinadas circunstancias", es decir, las afirmaciones keynesianas de que la austeridad puede ser destructiva y el endeudamiento creador sólo tiene validez, en estricta lógica keynesiana, en ciertos casos. Para España y Europa, en estos momentos, es más razonable, diría Keynes, la austeridad y el ahorro. Algo, sí, que le cuesta ver y comprender a la casta política, especialmente la centrada en gastar y no ahorrar en las comunidades autónomas.

Reforma constitucional
¿Cómo limitar el déficit?
Manuel Llamas Libertad Digital  26 Agosto 2011

Si algo ha demostrado fehacientemente la historia es la cuasi ilimitada capacidad del poder político para endeudar y arruinar a sus súbditos bajo el difuso argumento del "bien general" cuando, en realidad, el único interés en juego es el suyo propio. Así aconteció en la antigua Grecia, cuyos "ciudadanos" se entregaban por entero a la polis (vida pública) al tiempo que el 90% de la población era esclava; en los tiempos del Imperio Romano, en donde las eternas campañas bélicas y el crecimiento del Estado acabaron colapsando la incipiente civilización occidental; durante la Edad Media las monarquías fueron ganando cuotas de poder hasta la culminación del Absolutismo; el siglo XX nos deparó el horror del fascismo y el comunismo; y en la actualidad, tras dos Guerras Mundiales y una Guerra Fría de por medio, se estudia, una vez más, cómo limitar de forma efectiva los excesos del sobredimensionado Estado del Bienestar.

El control del poder político es, sin duda, una de las grandes cuestiones de las ciencias humanas y, por ello, se repite de forma recurrente en el tiempo bajo diversas formas e intensidad. La crisis de deuda pública ha vuelto a poner hoy sobre el tapete este particular debate. En esta ocasión, el problema consiste en cómo asegurar el equilibrio presupuestario para no incurrir en los mismos errores recién cometidos.

La receta propuesta por Bruselas, que no por Zapatero, consiste en reformar la Constitución para fijar un límite máximo de déficit y deuda. Y, sin embargo, se equivocan de plano. Se trata de una medida infructuosa, cuya buena voluntad es equiparable a su ineficiencia. Este tipo de límites constitucionales, simplemente, no sirven de nada. En primer lugar, porque su cumplimiento dependerá siempre en última instancia de la misma clase política que los ha instaurado. En segundo lugar, porque la clave del problema no radica tanto en el déficit como en el peso del gasto público. Y, en tercer lugar, dadas las premisas previas, porque la historia así lo demuestra.

La supervivencia del euro depende de una regla de oro denominada Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que impone a los estados miembros un déficit máximo del 3% y una deuda límite del 60% del PIB. Pues bien, dicha norma –de cumplimiento obligado, en teoría– nunca se llegó a respetar: hasta 2010, en la UE se registraron 97 casos (país/año) de déficits por encima del 3%; apenas un tercio (29) coincidieron con una gran recesión, con lo que se podían justificar sobre la base del mismo Pacto; es decir, no había base alguna para justificar los 68 casos restantes y, sin embargo, nunca se impusieron las sanciones pertinentes; los estados reinterpretaron y redefinieron el Pacto, una y otra vez, para suavizar cada vez más sus condiciones... En definitiva, la restricción que se habían impuesto entre ellos nunca funcionó.

Algo similar acontece en EEUU. Washington introdujo por primera vez un techo de deuda pública en 1917. Desde entonces, este límite legal se ha aumentado de forma constante –casi 80 veces sólo desde 1960–. La última ampliación se produjo este mismo mes de agosto. La excepción se ha convertido en norma. "Tan seguro como que el Sol saldrá mañana es que subirá el techo de la deuda", reza un dicho estadounidense. Y ello, en base a diversas excusas: al principio, el argumento esgrimido era la guerra, pero desde hace décadas es el creciente gasto corriente para sostener su enorme Estado.

Un ejemplo más cercano es el de España, donde las cuentas públicas se regían por una Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por Aznar, que Zapatero se encargó de tumbar tras llegar al poder. Así pues, ¿han servido de algo todos estos límites? La respuesta es no.

De hecho, la reforma propuesta ahora por PP y PSOE amenaza con convertirse en una broma de mal gusto en caso de que prospere la "flexibilidad" que pretende imponer Rubalcaba. Y es que, si el límite no incluye cifras no hay límite y, por lo tanto, los políticos ni siquiera tendrán que molestarse en cambiar de nuevo la Constitución o aprobar una Ley Extraordinaria de Déficit para saltarse a la torera su compromiso. Visto lo visto, de poco o nada va a servir el laureado techo. Y ello, básicamente, porque la clave no es el déficit sino el gasto público.

El peso del Estado español ronda el 45% de la riqueza nacional. La única solución radica en reducir su tamaño para que los siempre indeseados, pero habituales, abusos tengan el menor impacto posible sobre la economía productiva. Una buena receta sería, pues, la aplicada por Georgia. Sus políticos introdujeron un límite constitucional, bajo el nombre "Ley de Libertad", para prohibir que el gasto público supere, en ningún caso, el 30% del PIB. Así, el Gobierno que quiera gastar más se verá obligado a subir impuestos, y para ello tendrá que convocar un referéndum para contar con el visto bueno de los contribuyentes. Esto, al menos, sí es una reforma en la buena dirección. Lo demás son meras promesas incumplidas o, dicho de forma más llana, simples milongas.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

las claves ocultas de la reforma
Los políticos tendrán manga ancha para disparar el déficit público
La reforma constitucional sólo limita el déficit que se puede registrar en caso de pleno empleo. Además, este máximo -del 0,4%- se puede elevar.
M. Llamas Libertad Digital  26 Agosto 2011

La reforma constitucional pactada entre PSOE y PP para limitar el déficit y la deuda modifica el artículo 135 de la carta Magna, introduciendo ciertos criterios y principios a fin de garantizar la ansiada estabilidad presupuestaria (déficit cero, es decir, que los ingresos igualen a los gastos). Los responsables de ambos partidos han alabado las ventajas de dicho cambio normativo, insistiendo en que la reforma evitará los errores presupuestarios cometidos estos últimos años, y cuyo resultado es la actual crisis de deuda en la zona euro.

La pregunta consiste, pues, en saber si realmente funcionará. Sin embargo, el articulado del texto muestra que dicho objetivo no se cumplirá. El Estado podrá seguir disparando el déficit público hasta tasas similares a las alcanzadas en la presente crisis económica si así lo considera, con lo que el laureado límite, simplemente, no existe.

Y ello, debido a dos puntos muy concretos de la reforma: por un lado, tan sólo limita el "déficit estructural" y, por otro, tal techo se podrá suspender en base a numerosas excepciones. A continuación, las principales claves que introduce la reforma y su significado en la práctica:

1. Ya existe un límite
El primer punto a tener en cuenta es que España ya cuenta con un límite legal en materia de déficit y deuda llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, un tratado internacional de obligado cumplimiento y plenamente integrado en el ordenamiento jurídico español. Este techo, aplicable a todos los países de la zona euro, impone un déficit máximo del 3% y una deuda máxima del 60% del PIB.

Sin embargo, este techo se ha incumplido reiteradamente desde el nacimiento del euro, no sólo en épocas de recesión -donde se permite sobrepasarlo- sino, incluso, en etapas de crecimiento.

2. No incluye ninguna cifra
La reforma constitucional no incluye ninguna cifra concreta, y alude al desarrollo de una futura Ley Orgánica que deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012, tal y como marcaron Merkel Y Sarkozy.

Según el pacto político alcanzado, esta Ley Orgánica fijará en un 0,4% del PIB el "déficit estructural" global máximo del conjunto de las Administraciones Públicas, y sólo a partir de 2020: el déficit estructural del Estado no podrá superar el 0,26% del PIB; el de cada comunidad autónoma no podrá superar el 0,14% de su PIB; las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario (déficit cero).

3. Sólo se refiere al "déficit estructural"
Ésta es una de las grandes claves de la reforma. En ningún caso afecta al déficit público total, como sí establece el citado Pacto europeo. El único límite constitucional se impone sobre el "déficit estructural", es decir, descontando el impacto del ciclo económico en el gasto y los ingresos públicos.

De este modo, el déficit "estructural" no tiene en cuenta el efecto de los denominados "estabilizadores automáticos" sobre las cuentas públicas. Cuando el PIB crece, los ingresos suben y el gasto cae; cuando el PIB decrece (recesión), los ingresos caen y el gasto público crece. Y ello, sin que el Gobierno de turno modifique la política fiscal o presupuestaria.

Tal y como señala el texto:
A los efectos del contenido de la citada ley orgánica, se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales.

Esta definición tiene enormes implicaciones, ya que convierte la reforma en un mero papel mojado, sin efecto alguno en la práctica.

Así, por ejemplo, España pasó de tener un superávit del 1,9% en 2007 a un déficit del 11,1% del PIB en 2009, una diferencia de 13 puntos porcentuales. Casi la mitad de este descuadre se debió al desplome de la recaudación de impuestos, y la otra mitad al incremento de gasto público en esos años. Por el lado del gasto destaca, sobre todo, el incremento de las prestaciones por desempleo, con un incremento de 2,9 puntos porcentuales.

¿Resultado? De esos 13 puntos, 9 puntos fueron causados por los "estabilizadores automáticos" y tan sólo 4 por las decisiones discrecionales de las administraciones -planes de "estímulo" como el Plan E, por ejemplo-. Esto significa que si la reforma pactada por PP y PSOE ya hubiera estado vigente durante la actual crisis, el déficit público en 2009 rondaría el 7% del PIB.

Otro ejemplo. España registró un déficit total del 9,2% del PIB. Según los datos oficiales de la OCDE, 4,9 puntos son "déficit estructural" y 4,3% se deben a los estabilizadores automáticos. Según la reforma, España habría podido registrar en 2010 un déficit total del 4,7% del PIB: el 4,3% de estabilizadores más el 0,4% de déficit estructural máximo que impone ahora la reforma.

4. Muchas excepciones
Pero la situación aún es más grave si se analiza el punto 4 del texto acordado:

Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Es decir, el Gobierno de turno podrá elevar el límite del 0,4% de "déficit estructural" en caso de recesión si logra el respaldo del Congreso por mayoría absoluta, abriendo así las puertas de par en par a la aprobación de planes de estímulo y gasto discrecional, como ha sucedido estos años, para tratar de impulsar la economía.

Además, bajo "situaciones de emergencia extraordinaria" se podría incluir todo tipo de casos, desde el rescate público de bancos y empresas, hasta la aplicación de nuevos subsidios, ayudas o rentas públicas.

¿Conclusión? Esta reforma permitiría registrar nuevamente un déficit público de dos dígitos, superior al 10%, como en 2009, ya que no tiene en cuenta el gran impacto de los "estabilizadores automáticos" en las cuentas públicas y permite, además, elevar el límite del 0,4% de "déficit estructural".

5. Otros aspectos
Salvando las excepciones anteriores, el límite de "déficit estructural" del 0,4% inicial podrá ser modificado si así lo establece Bruselas. El volumen de deuda pública del conjunto de las administraciones públicas no podrá superar el 60% del PIB que marca la UE.

Por último, la futura ley orgánica regulará la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas administraciones públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. Igualmente, regulará la metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural y la responsabilidad de cada administración en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Así pues, los detalles, el reglamento de la reforma dependerá de una Ley Orgánica, cuya modificación se podrá aprobar por mayoría absoluta del Congreso.

Rubalcaba desactiva la reforma constitucional
EDITORIAL Libertad Digital  26 Agosto 2011

Tras el anuncio de Zapatero de reformar la Constitución para limitar el déficit público, no era difícil encontrarle bastantes puntos oscuros a la medida: todavía no conocíamos en qué consistiría, a qué administraciones públicas afectaría o las sanciones que llevaría aparejadas en caso de incumplimiento. Con todo, el gran problema de fondo de esta buena idea era que todo apuntaba a que se trataba de un nuevo gesto de cara a la galería que los socialistas no tenían ninguna intención de cumplir. A la postre, el PSOE ha acreditado a lo largo de su historia un nulo respeto hacia nuestra Carta Magna en todos los campos imaginables; no había motivos para pensar que fuera a ser distinto en el área económica.

Mas si ya cabían pocas esperanzas de que los socialistas se fueran a someter a una rígida limitación del déficit el pasado martes, ninguna cabrá en caso de que prospere la idea de Rubalcaba de no especificar en la Constitución la cifra a la que debe quedar restringido ese déficit. Precisamente, las constituciones sirven para crear normas muy estables que no sean disponibles por mayorías políticas transitorias; si, como propone el candidato socialista y parece aceptar el Partido Popular, la limitación del desequilibrio presupuestario se especifica en una ley orgánica, bastará con que una eventual mayoría del PSOE y de sus aliados nacionalistas la modifique para que vuelvan a las andadas.

A la postre, no otra cosa hizo Zapatero nada más llegar al poder: enterrar la ley de equilibrio presupuestario que con tanto sentido común sacó adelante el Gobierno de José María Aznar. ¿Hay motivos para pensar que el futuro será distinto del pasado? Por desgracia no. En cuanto superemos la crisis, nuestros gobernantes olvidarán las valiosas lecciones que deberían haber aprendido y volverán a endeudarse sin control y sin ninguna limitación constitucional. No sabemos si con este simulacro de reforma lograrán engañar a algún votante, pero desde luego a los mercados, no. El buen estado de nuestras cuentas públicas seguirá dependiendo, como hasta el momento, de la diligencia del gobernante de turno. La reforma constitucional no evitará que los Zapateros del futuro nos sigan arruinando.

La partitocracia niega la voz al pueblo.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  26 Agosto 2011

Quedan menos de 24 horas para que se cumpla uno de los atentados más miserables contra la Soberanía nacional. PSOE y PP se han embarcado en una reforma de la Constitución sin explicaciones a los ciudadanos, con precipitación y con todas las posibilidades de que lo que resulte sea una chapuza inmunda. Porque una cosa es gobernar y hacer que las leyes se cumplan, pero otra cosa es que hasta lo obvio y sensato tenga que aparecer en la Carta Magna. Y eso suponiendo que, como dije ayer y anteayer, la Constitución tenga algún valor.

Ya se oyen voces discrepantes incluso antes de que se apruebe. Por un lado los catalanes, siempre tan sensibles con los temas monetarios, sobre todo si les afecta, ya indican que ellos se pondrán sus propios límites de gasto. Es decir que ni pajolero caso a lo que acuerden PSOE y PP. Es bien sabido que los nacionalistas catalanes se caracterizan por pasarse por el arco del triunfo a la Constitución de España. Ello son otra Nación con sus propia Constitución y esa es la única que piensan cumplir.

En cuanto a Navarra y El País Vasco, debido a sus Fueros y especial relación, en los temas económicos no se sienten aludidos y esto de España les viene al pairo. Así que como mucho lo que intentarán es que su actual estatus que la Constitución recoge como singularidad, nunca sea revisada ni anulada. Así que lo del techo del gasto va a ser para el resto de los ciudadanos que no tenemos la suerte de ser residentes en esas comunidades. Sin embargo, si se hiciera el referéndum, tanto vascos, navarros y catalanes tendrían el derecho a votar.

Pero aún así, es un acto de traición el que un tema de este alcance y gravedad para el futuro y bienestar de los españoles no sea sometido a referéndum. La cobardía de estos politicastros les lleva como en las dictaduras a decidir "lo mejor para el pueblo pero sin el pueblo". Bastardos que se creen legitimados para adoptar este tipo de medidas despreciando la opinión y decisión del pueblo. Porque lo que no saben explicar es que si hemos llegado a esta situación de intervención y de pérdida de Soberanía ha sido por la mala gestión, el despilfarro continuado y la incompetencia de Zapatero.

Ahora, Rajoy, un hombre de Estado, no duda en auxiliar a su enemigo político y sumarse a este sin sentido que ni es urgente, ni merece ser incluido en la Constitución. Tan solo basta una buena gestión económica con auditorías del gasto y un seguimiento férreo de las desviaciones. Lo que sí que sería conveniente es la exigencia de responsabilidades más allá de las políticas sobre la mala gestión y el despilfarro consciente, tal y como se ha descubierto en Castilla la Mancha y el Sr. Barreda, o los diferentes ayuntamientos heredados por el PP, o lo que puede haber bajo las alfombras de la Junta de Andalucía del Sr. Griñán.

Espero aunque no confío en que prospere la iniciativa de IU y sea secundada por los diputados con conciencia que no se plieguen a la fidelidad del voto al Partido. Solo se necesitan 35 votos en contra y solicitar el referéndum. ¿No hay 35 hombres decentes en el Congreso? La respuesta es tan obvia como que nunca debe incluirse esta modificación.

Exijamos que se dé la palabra a los ciudadanos.

Pacto de estabilidad
Solución total: abolir lo público
Jorge Valín Libertad Digital  26 Agosto 2011

Todo ha empezado con una carta del Banco Central Europeo al Gobierno de España. Más o menos la misiva dice: o elimináis el déficit, o dejo de comprar vuestra deuda. Trichet no quiere gastar toda la munición para nada y pide algún tipo de garantía. Si el Gobierno y oposición son capaces de engañar legislatura tras legislatura a más de 40 millones de ciudadanos, ¿por qué no al Banco Central Europeo? Ya existía un pacto de estabilidad (a nivel europeo) que nadie ha cumplido. Si por constitución reducen el déficit a cero, y el Gobierno de turno no lo cumple, ¿qué harán? ¿Meterán en la cárcel al presidente del Gobierno o a sus ministros? No se puede ser juez y parte. Evidentemente, los inversores lo saben y se han tomado la medida de Zapatero y Rajoy como otro discurso vacío sin consecuencias reales. Más aún, cuando Salgado ha dicho que no veremos tal resultado hasta el 2018.

Después de leer la noticia sobre el "déficit cero constitucional" (y haberme reído un rato), veo en la prensa estas otras noticias del mismo día:

Aena mantiene el aeropuerto de Huesca pese a que sólo acogió a 15 viajeros en julio. Austeridad pura, oiga.
El aeropuerto 'fantasma' de Castellón se gasta 5,5 millones en seguridad. ¿Más austeridad?
Trabajo subvenciona los "desayunos" de la Federación de Mujeres Progresistas. Más austeridad
Cada español aporta 6.300 euros para rescatar a Grecia, Irlanda y Portugal. Como país en problemas, ¿no tendría Salgado que haber rebajado, o eliminado eso? ¿No podemos ni aguantarnos nosotros mismos que hemos de estar regalando el dinero a otros?
Cinco autonomías se declaran ya incapaces de cumplir el déficit. En realidad, de lo que son incapaces es de recortar gastos, por eso suben el IBI, ponen más multas, o disparan al doble la "plusvalía" (tributo local sobre el suelo urbanizado).

¿Nos creemos realmente que los responsables de estos desastres y locuras se van a volver, por arte de magia, austeros y comprometidos con sus ciudadanos? Los políticos serán unos inútiles, ladrones y caraduras, pero la ingenuidad del ciudadano se ha convertido es un delito mayor aún.

El Estado del Bienestar no solo es la mejor excusa del Estado Omnipotente para justificar el robo a gran escala, sino que es totalmente ruinoso e insalvable. Las medidas "pragmáticas" son las que nos han llevado a esto. El cáncer no se cura con aspirinas ni conjuros mágicos, sino que requiere de acciones agresivas.

La política es no la solución. Es que no es culpa de los políticos. Ni tampoco del "mercado", ni de los inversores, ni de la partitocrácia, ni del estado de las autonomías, del déficit privado y público... El problema es el sistema: consume más recursos de los que puede generar a la vez que ha vuelto al ciudadano en un rentista estatal enganchado a la droga gubernamental de las subvenciones y ayudas. El Estado del Bienestar nació muerto y ahora se pudre. Un 20% de desempleo no es bienestar. Políticos que regalan nuestro dinero por votos de otros ciudadanos es corrupción. Estados que se gastan lo que no tienen, sin control ético alguno, y ponen como avalistas al pobre obrero, abogado, kiosquero, vendedor... Es decir, al ciudadano, es un sistema corrupto y viciado; es éticamente intolerable y económicamente ruinoso.

Si el problema es el sistema, que se basa en el poder del Estado para "ayudar", rescatar, controlar y fiscalizar a la sociedad "por su bien", es que ha de ser reinventado. La solución solo pasa por eliminar el robo, es decir, las "ayudas" o los rescates (a países, bancos, sectores estratégicos...), y otorgar más libertad a la sociedad, tanto es su vertiente civil como económica. Dicho de otra forma: abolir lo público. Y no para el 2018, sino de inmediato. De lo contrario, si elegimos ser pragmáticos, el Estado del Bienestar se destruirá igualmente, porque ya no existe en realidad y solo haremos que alargar la agonía y miseria durante más tiempo.
Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

PP y PSOE cierran en falso la reforma del artículo 135 de la Constitución
El texto constitucional no reflejará cifra alguna de déficit, que quedará para una posterior Ley Orgánica
Héctor Salazar www.lavozlibre.com  26 Agosto 2011

Madrid.- La segunda reforma de la Constitución ya ha sido acordada por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Para los populares, “un éxito”. Para los socialistas, “una buena noticia para la economía y los ciudadanos”. Una vez cumplido el trámite parlamentario, previsiblemente sin referéndum consultivo, el artículo 135 de la Carta Magna tendrá una nueva redacción.

La negociación sobre la modificación de la Constitución se ha cerrado en falso. La Norma Suprema, tal y como clamaba el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, no contendrá cifra de techo de gasto ni de déficit. No habrá cifras concretas. Los números se han dejado para una Ley Orgánica posterior. También se han sentado las bases sobre esta futura norma.

Una Ley Orgánica que será aprobada antes del día 20 de junio del año 2012. Dicha Ley, englobada en nuestro ordenamiento jurídico justo por debajo de la Constitución, fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir del año 2020. Este límite se distribuirá de la siguiente manera: el déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, mientras que las Comunidades Autónomas no podrán superar el 0,14 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB). Por su parte, las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

Desde las filas socialistas aseguran que Rubalcaba ha sido el que “ha trabajado para llegar a un acuerdo con el Partido Popular”. El candidato socialista ha tenido como obsesión que en la Constitución no hubiese una cifra concreta de déficit. Tras conocer el resultado, se puede decir que los socialistas se han apuntado el premio de consolación. Los dirigentes del Partido Popular han pasado por encima de Rubalcaba, y han negociado con el presidente del Gobierno a partes iguales. Desde el PSOE niegan este extremo. Su candidato quedaría en mal lugar.

Los Grupos Parlamentarios popular y socialista registrarán esta mañana en el Congreso de los Diputados la propuesta de reforma constitucional.

TEXTO FINAL DEL ARTÍCULO
El artículo 135 de la Constitución Española queda redactado como sigue:

"1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Disposición adicional única
1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012.
2. Dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3.
3. Los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020.

Disposición final única
La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España".

Mas bazofia anticonstitucional
Nota del Editor  26 Agosto 2011

Lo más inadmisible de esta bazofia sin sentido, pues se puede interpretar como a los profesionales de la politica les convenga, además, si no quieren hablar a través de las marionetas del TC pueden crear las empresas "públicas" que les de la gana para maquillar cualquier resultado contable que les interese, es el párrafo final, "Se publicará también en las demás lenguas de España", cuando este tinglado de las lenguas de España es la primera causa del desastre.

La gran culpa de los padres de Iker, y otros errores imperdonables
Pascual Tamburri El Semanal Digital  26 Agosto 2011

Iker Casillas es sólo un ejemplo reciente de cómo están cambiando los nombres propios en España. La revolución cultural, en la que la manipulación lingüística es sólo una parte, avanza.

Hace unos pocos días, un lector habitual comentaba para nosotros el libro más reciente de Jesús Laínz, Desde Santurce a Bizancio: "vivo en Galicia y me he dado cuenta que desde hace unos pocos años, los letrados, la Academia o no se quién, está INVENTANDO o sacándose de la manga nuevas palabras en gallego, ya que tratan de que cada palabra en castellano tenga su símil en gallego... Y no hablemos de la FUERZA que está haciendo el Sindicato de la Enseñanza en las escuelas. Los gallegos no saben el daño que se están haciendo a ellos mismos y a sus hijos…".

La importancia de los cambios en los nombres
Un gran conjunto de verdades, que Laínz nos ha mostrado en los diversos campos de la manipulación lingüística. Coincidiendo con el profesor José Enrique Ruiz-Domènec, el caso de nuestro lector gallego se suma a un movimiento general de nuestra sociedad, en proceso de autodestrucción que habitualmente nos contentamos con llamar de cambio. "La magia de poner un nombre a un territorio, una persona, un animal o una planta es una manera de imitar a la divinidad". El cambio de nombres se asocia a todo cambio, y por tanto también al de destrucción y construcción nacional, "la cristianización de los nombres fue una prueba de la integración de los pueblos bárbaros en la sociedad", pues "cambiar de nombre es un emisor de significados". Si los nacionalistas cambian los nombres de las cosas, de los lugares y de las personas es para destruir una identidad, la español, y construir o imponer las suyas. Una cuestión adicional es que los nacionalismos no están solos en esa destrucción. Pero vamos por pasos.

El primer gran inventor de una nueva onomástica, con el fin explícito de des-españolizar una parte de España, fue Sabino Arana en su obra póstuma Deun Ixendegi Euzkotarra, un santoral publicado por su colaborador Koldo (Luis) Elizalde. Lo que Arana empezó para su soñado Euskadi otros nacionalistas ya lo habían hecho en "naciones" de más envergadura, y otros lo imitaron después en movimientos menores o más tardíos. Los vascos de siempre se llamaban con nombres cristianos castellanos, tipo José María, o versiones con variantes ortográficas. Los que han hecho algunos nacionalistas es vasquizar sus nombres (Francisco José = Patxi Zabaleta) en el uso pero no en el Registro Civil, otros en cambio han utilizado los nombres sabinianos y los han convertido en moda social.

Algunos nombres eran traducciones imaginativas de nombres ya en uso; otros son nombres completamente nuevos, alusivos a fenómenos naturales o a viejas divinidades precristianas. Así, tenemos niños y jóvenes llamados Ugaitz, "Río torrencial", nombre sin tradición histórica pero ahora mismo muy arraigado. Aitor, de origen literario, es totalmente moderno, pero sus usuarios no lo creen así. Asier es un personaje literario de Francisco Navarro Villoslada, como lo es Amaia. Y Urko es el nombre de un monte, por más que yo recuerdo a las criaturas al servicio de Saruman y Sauron cuando trato con Urkos. Iker, en cambio, es una versión euskalduna de un nombre cristiano, una advocación de la Virgen, pues Ikerne fue inventado por Arana como traducción de María Visitación, e Iker es su masculino.

Otros proyectos de nación están recorriendo el mismo camino, lo que motivaba el lamento de nuestro lector, de manera que por ejemplo Galicia se está llenando de nombres real o supuestamente gallegos, como Brais (Blas), Breogán, Breixo, Brandán, Tareixa (Teresa), Xisela, o traducciones militantes y tardías como la de un Ángel Manuel Quintana González que pasó a ser Anxo Quintana. Todo sea con tal de cortar la raíz cultural común, o de romper la identidad.

Pero no son sólo los nacionalistas
Si este proceso de cambio onomástico fuese sólo nacionalista se estaría limitando a las regiones periféricas afectadas, pero el cambio cultural destructivo tiene en España, como decíamos más arriba, más versiones que la abertzale y sus similares. En cualquier centro educativo, y ya en edades de trabajo, uno se encuentra habitualmente con Yéssicas, Vanes(s)as, Kévines y Brandons, y yo ya he conocido un Stalin y una Alaska, y variantes de lo más dispar, con la común voluntad de alejarse cuanto más posible de la tradición española y cristiana y de su natural evolución. Es la moda, no sólo nacionalista sino en general desarraigada de lo español y con fundamentos tan etéreos como una serie de televisión, un grupo de moda, un deportista de éxito o simplemente una voluntad de ser innovadores expresando a través de los nombres una revolución cultural, nacional o no.

Así es la cultura dominante, no nos engañemos. Las familias que por lo que sea quieren integrarse en la identidad del lugar en el que están, aunque sea renegando de la suya, imitan lo que ven y se convierten en los mayores usuarios de la nueva onomástica, como hacen los hijos y nietos de inmigrantes de otras regiones y países. Pregunten ustedes a los Gorkas, a los Jordis y a los Xurxos García López de dónde provienen, como los Georges… Y la imitación, multiplicada por los medios de comunicación y por los fenómenos de masas, no es sólo el nacionalismo.

Un ejemplo nos ahorra más explicaciones: Iker Casillas Fernández es madrileño, o si se prefiere de Móstoles, y de origen abulense. En 1981 los Casillas-Fernández tomaron una decisión renovadora, de cambio, e impusieron un nombre sabiniano al recién nacido. Cada año miles de españoles de todas las regiones, inspirados por su vástago, usan un nombre de tradición abertzale aunque la crean vasca. Los padres de Iker, gracias a la brillantez de su hijo, han servido de modelo a muchos otros que querían romper con el pasado o que en cualquier caso lo han hecho. Los Casillas no han hecho el mal, desde luego, pero su caso está sirviendo para que podamos ver la extensión del mismo en toda España.

¿Libertad, moda, revolución o cursilería?
Qué duda cabe, vivimos en un país libérrimo, donde uno puede imponer a su prole o usar en primera persona el nombre que le parezca y por la razón que quiera. Pero eso no nos excluye del deber de saber de dónde viene cada uno y del derecho a denunciar las causas y las consecuencias de un fenómeno onomástico muy poco inocente. Conste que deseo lo mejor para la Selección (la que ZP y sus perroflautas llaman ahora, interesadamente, Roja) y espero que Iker nos dure muchos años, pero cuando me toca dar clase a un Stalin, a una Iraultza o a una Progreso, o cuando veo un Iker recién nacido en Cáceres o con raíces en Ecuador, no puedo no pensar en qué desorden social y cultural estamos creando inconscientemente. Lo cual es una falsa libertad, y una victoria de quien nos quiere así.

Lección catalana
El nacionalismo catalán, como casi siempre, pretende desviar esa inversión hacia estructuras propias
alfredo aycart ABC Galicia  26 Agosto 2011

UNA vez más llegan desde la bien comunicada Cataluña voces críticas hacia la construcción del AVE que unirá Galicia con Madrid y, por ende, enlazará la Comunidad con la red de alta velocidad ferroviaria. En esta ocasión se trata del presidente de los ferrocarriles de la Generalitat, que se limita a repetir los ya conocidos argumentos de sus jefes nacionalistas sobre el despilfarro que supone la dotación de infraestructuras para el finisterre peninsular.

Es el problema de dotar de capacidad decisoria a los dogmatismos excluyentes, entre los que se cuenta el de CiU, heredero en este sentido de ERC y similar al que practica el minoritario BNG. La atención exclusiva a intereses primarios les inhabilita para realizar llamamientos al interés general. Por más que el alto cargo nacionalista catalán disfrace su discurso con una apelación a la importancia que para el litoral gallego tienen sus puertos de mar, su argumentario carece de credibilidad desde el momento en que pasa por el tamiz del egoísmo particularista.

Pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o el directivo nacionalista catalán. Galicia, como recuerda el guardagujas de CiU, es una de las pocas regiones europeas que cuenta con instalaciones portuarias capaces de asumir el tráfico de los grandes buques que atravesarán el Canal de Panamá una vez concluida la ampliación que allí realizan dos consorcios encabezados por empresas españolas.

Desaprovechar esa ventaja competitiva sería una imperdonable traición a los intereses de la Comunidad y de España, de la misma manera que sería un despropósito inasumible mantener el aislamiento ferroviario. Los puertos son perfectamente complementarios con el AVE, mal que le pese al nacionalismo catalán que, como casi siempre, lo único que pretende es desviar esa inversión hacia estructuras propias.

Nadie hace más daño al catalán que quien pretende imponerlo
La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL) ha recordado el presidente de la Diputación de Lérida, Joan Reñé, que "nadie hace más daño al catalán que quien pretende imponerlo" y ha calificado de "lamentables" las declaraciones en las que calificaba como "ataques de la España profunda" todas aquellas iniciativas que no casan con su proyecto de "imposición totalitaria" del catalán.
www.20minutos.es  26 Agosto 2011

La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL) ha recordado el presidente de la Diputación de Lérida, Joan Reñé, que "nadie hace más daño al catalán que quien pretende imponerlo" y ha calificado de "lamentables" las declaraciones en las que calificaba como "ataques de la España profunda" todas aquellas iniciativas que no casan con su proyecto de "imposición totalitaria" del catalán.

Desde la ANLL han señalado que el responsable de la Diputación "cargó" este sábado contra la decisión del Gobierno de España de recurrir al Tribunal Constitucional la Ley del Aranés, así como de forma especial contra el nuevo Gobierno de Aragón, cuya Presidenta, Luisa Fernanda Rudi, ha afirmado su intención de modificar la actual Ley de Lenguas que "pretendía imponer el catalán en Aragón".

La ANLL reitera el apoyo que "ya mostramos en su día a la decisión del nuevo Gobierno de Aragón de poner freno a la imposición del catalán en la Comunidad y deseamos que la nueva realidad legal se aleje de los planes marcados por el PSOE y los nacionalistas catalanes que pretendían trasladar a Aragón un problema lingüístico inexistente".

Así mismo, han tildado de "mal gusto" que el presidente de la Diputación de Lérida emplee ese lenguaje "de tintes agresivos y despectivos hacia otras instituciones públicas por el mero hecho de no compartir sus postulados".

El presidente de la ANLL, Pablo Yáñez, ha reiterado que "el señor Joan Reñé debería comprender que nadie hace más daño al catalán que quienes como él pretenden imponerlo a la ciudadanía. Su intolerancia demuestra que no comprende que las lenguas son elementos de comunicación al servicio de la sociedad, y que no es esta quien debe estar al servicio de las lenguas".

******************* Sección "bilingüe" ***********************



De la catalanización valenciana y mallorquina a la imposición del gallego de Feijóo

Nacionalismo por España
PEPE GIMÉNEZ www.lavozlibre.com  26 Agosto 2011

Madrid.- La misión de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) es la catalanización de Valencia a través de la difusión del idioma tal y como lo normalizó Pompeu Fabra. La asociación se financia con el dinero de los contribuyentes catalanes. En los últimos diez años, la Generalitat de Cataluña ha aportado 18 millones a esta institución, pero no va a pagar el último desmán.

El pasado mes de diciembre se modificó la ley que regula el sector audiovisual en la Comunidad Valenciana. A partir de entonces, no se puede emitir la señal de la televisión pública catalana. La ACPV era la entidad responsable de los repetidores de TV3 en esta comunidad. La asociación siguió emitiendo la señal ilegalmente en su afán por catalanizar Valencia. La administración autonómica multó a la institución con 800.000 euros -incluyendo intereses por no pagar a tiempo-. Todavía faltan por abonar 500.000.

Artur Mas se ha negado a pagar dicha cantidad por dos razones. Por una parte ha querido evitar malas compañías, ya que el presidente de ACPV, Eliseu Climent, está involucrado en el 'caso Pretoria'. Un oscuro asunto de corrupción urbanística, centrado en la población catalana de Santa Coloma. También ha contribuido en la decisión del presidente catalán, la mala situación económica y los drásticos recortes en el presupuesto.

La ACPV puede verse obligada a desaparecer y de ser así, quedarían pocas posibilidades de catalanizar Valencia. Podrían hacer lo que se hace en Mallorca, donde los trabajadores del Consell de Mallorca cobran primas por tener un buen conocimiento de catalán. Si tienen un nivel medio, cobran un suplemento vitalicio de 33 euros, si el nivel es más elevado la cantidad asciende a 66 euros. No hay complementos equivalentes en la lengua española, o sea que un funcionario puede cobrar la máxima cantidad aunque escriba en castellano con faltas de ortografía. El coste anual de esta medida es de 260.000 euros. Una suma considerable, teniendo en cuenta que el organismo tiene una deuda de 325 millones de euros.

Hay que reconocer que por lo menos en Mallorca la discriminación lingüística solo se produce entre el funcionariado. Mucho más retorcido es lo que está urdiendo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP). Representantes del gobierno autonómico se han reunido con delegados sindicales para promover el gallego en el entorno laboral. La intención es imponer el gallego tanto en la actividad interna de las empresas, como en su relación con la ciudadanía. La Secretaría General de Política Lingüística ha reafirmado su colaboración a través de los convenios con las principales entidades de representación de los trabajadores. La Xunta afirma que gracias a esta colaboración, los sindicatos están impulsando múltiples iniciativas para la difusión de la lengua gallega.

Sorprende que los sindicatos gallegos solo representen a los trabajadores de habla gallega.

La situación de Euskadi
El 'follón' vasco
En la forma como se produzca el final de ETA nos jugamos el futuro; no hay que cometer errores
Joseba Arregi El Periódico  26 Agosto 2011

PRESIDENTE DE ALDAKETA (CAMBIO PARA EUSKADI)
Cuando el debate sobre la legalización de Bildu estaba más candente, los que apoyaban una sentencia judicial favorable a la misma recurrieron a un argumento
jurídico sólido: las reformas que habían aprobado en el Congreso el PSOE y el PP en la ley de partidos políticos, que permitían dejar sin acta a los electos
de dicha formación que mostrasen alguna connivencia con el terrorismo de ETA, eran una salvaguarda en el caso de que el rechazo de la violencia fuera un
engaño.

Lo malo del argumento es que cuando parece que va llegando la hora de ponerlo a prueba muchos de quienes lo defendían dicen que es impracticable. A pesar de
que miembros del Gobierno central y del PSOE lancen avisos a los cargos electos de Bildu, a pesar de que muchos de los que eran favorables a la sentencia de
legalización muestren ahora su desencanto por el comportamiento de esos cargos electos, y a pesar de que desde el PP se comience a pedir la aplicación de las
reformas, estoy seguro de que estas no van a ser puestas en práctica nunca. Porque significaría dar pábulo al follón vasco.

Claro que sigue siendo necesario hacerse algunas preguntas. ¿Lo que hasta ahora era llamado conflicto ha pasado a otra categoría por el simple hecho de ser
denominado follón? ¿El follón es menos follón cuando quienes lo organizan son cargos institucionales y no manifestantes? ¿O es al revés: es más grave porque
los cargos institucionales en democracia se deben a todos los ciudadanos y no solo a los suyos?

Sea como sea, en la cuestión del final de ETA, de las reflexiones de la izquierda nacionalista radical, en lo que puede suponer su presencia institucional
gracias a la legalización de Bildu para seguir presionando sobre ETA y conseguir que esta anuncie su disolución, es preciso no perder de vista algunas
cuestiones importantes. Y la primera es no confundir el fin de ETA como organización terrorista con el fin de todo lo que su presencia en la historia vasca y
española de los últimos 50 años ha supuesto.

A partir de esa diferenciación es preciso no olvidar que es ahora, en el momento en que el fin de ETA parece más cercano y posible que nunca, cuando no hay
que cometer errores y tener muy claras las ideas. La primera es que nos jugamos el relato del terror de ETA, nos jugamos, como sociedad en su conjunto,
quién, cómo y desde qué perspectiva se va a escribir la historia de terror de ETA. Casi todos los gestos y palabras de los representantes institucionales de
Bildu han ido dirigidas a diluir la responsabilidad de ETA en sus asesinatos, a legitimar la historia de terror de ETA, a borrar la frontera que separa a las
víctimas de los verdugos. Y todo esto no es simplemente un follón. Nos jugando el futuro y la libertad.

En segundo lugar, todo el esfuerzo de la izquierda nacionalista radical, el de ETA por supuesto y el de buena parte del nacionalismo vasco en su conjunto
está dirigido a evitar que la derrota de ETA signifique algo para el proyecto nacionalista ¿común? en el futuro. ETA ha matado en nombre del pueblo vasco.
ETA ha matado para conseguir materializar su proyecto político nacionalista radical y revolucionario. Cada asesinado es un grito en el mayor de los
silencios, en el de la muerte impuesta, contra la posibilidad de que la razón de ese asesinato sea el eje sobre el que se construya el futuro político de la
sociedad vasca en libertad y en paz.

Es comprensible que en estos momentos en los que parece que se puede tocar con las manos el fin de ETA muchos crean que plantear estas cuestiones no ayude
nada a ese final, que lo que importa ahora es producir desde todas las instancias los gestos -y el que más esperan ETA y Batasuna es algún gesto dirigido a
los presos de ETA, algún gesto de buena voluntad o alguna promesa de que serán tenidos en cuenta favorablemente a cambio de la declaración del fin de ETA-
que pudieran acelerar o consolidar la decisión que nadie sabe si ETA ha tomado o no.

Pero no es de recibo que quienes plantean las cuestiones que formulo en este momento del fin de ETA sean ubicados en el rincón de quienes solo quieren azuzar
el follón vasco, de quienes, al parecer, no quieren que ETA acabe. Lo cierto es que en Euskadi no existe follón alguno, sino conflictos bien serios, todos
ellos provocados por la existencia de ETA y su terror. Lo cierto es que esos conflictos no desaparecen por arte de magia ni aunque ETA declare su disolución,
ni en el momento en que lo haga, si lo hace. Lo cierto es que, estando como ha estado y sigue estando en juego la libertad de todos los vascos, no da igual
cómo termina ETA, cómo se gestiona el fin de ETA, quién y cómo da cuenta de lo que ETA ha supuesto y qué consecuencias es preciso extraer de su historial de
terror justificado en su nacionalismo revolucionario para el futuro en libertad de la sociedad vasca y del conjunto de España.

Hoy más que nunca necesita la sociedad vasca voces críticas que no se dejen engatusar por soluciones fáciles ni por ansias de olvidar lo pasado, porque el
pasado que se olvida vuelve normalmente por sus fueros, con mayor fuerza y brutalidad que la que tuvo en su día.

Presidente de Aldaketa (Cambio para Euskadi).

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