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Recortes de Prensa   Sábado 27 Agosto 2011

 

Reforma constitucional
La izquierda quiere hacerle la autocrítica a ZP
Pablo Molina Libertad Digital 27 Agosto 2011

Las peleas entre las distintas facciones de la izquierda son un espectáculo notable que sus víctimas presupuestarias deberíamos celebrar como se merece. Tras más de siete años sometidos al dictado de unos totalitarios vocacionales sin escrúpulos a la hora de esquilmar nuestro bolsillo, es realmente divertido verles destrozarse entre ellos a cuenta de una fingida promesa de no endeudar demasiado a un país que han dejado en ruinas, pero eso sí, a partir de 2020 y eso siempre que no haya una catástrofe por medio como, por ejemplo, otra victoria electoral del PSOE.

Zapatero se definió a sí mismo como un rojo, por otra parte una aclaración innecesaria, y ahora el resto del rojerío lo acusa de traidor a la causa proletaria y de haberse vendido al "capital especulativo".

Por supuesto los que así se manifiestan ni saben qué es en realidad eso que ellos llaman con infantil displicencia el capitalismo neoliberal, salvaje, especulador etc. etc. Tampoco es que tengan una idea clara de lo que supondrá la reforma constitucional en ciernes en materia presupuestaria, pero como se trata de grupos políticos que fagocitan el esfuerzo común para atender a su clientela, cualquier sintagma que les suene vagamente a recorte del gasto público los pone de los nervios. Pues que le pidan a Zapatero un tranquilizante, porque parece que la absurda reforma constitucional que PSOE y PP han urdido, solos o en compañía de Rubalcaba, va a transcurrir por la vía de los hechos consumados.

A Zapatero lo acusan de alta traición los que en 2004 y 2008 celebraron con kalimotxo sus victorias electorales, unos convencidos de que el tipo era un fenómeno de la política y el resto agradecido por haber cerrado el paso al poder de la derecha. Mientras hubo dinero para financiar todo tipo de majaderías la fiesta siguió su curso en las filas de la izquierda. Ahora que ya no queda dinero se rebelan contra el gran líder a causa de los peajes que ZP tiene que pagar después de tanta francachela, sencillamente para que España no entre en suspensión de pagos y el PSOE pase un par de décadas en el ostracismo.

José Luis Rodríguez Zapatero, siervo del capital, vendido al neoliberalismo, lacayo imperial, vasallo de los especuladores, mamporrero de los poderosos, quintacolumnista de la judería financiera, traidor de clase. Por aquí andan unos cuantos que quieren hacerte "la autocrítica". Que no te pase nada, chaval.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.

Reforma constitucional
Un fraude consensuado
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 27 Agosto 2011

Si alguna función podía tener una limitación constitucional al déficit era la de contener algo ese timo del tocomocho llamado keynesianismo, a saber, la idea de que lo único que necesitamos para salir de una crisis es un incremento del gasto, venga de donde venga y se destine a lo que se destine. El problema de las depresiones, sin embargo, no es que gastemos demasiado poco en general, sino que nuestros patrones de gasto, de producción y de financiación no son sostenibles; a saber, el crédito hipotecario en España no podía seguir creciendo al 20% anual y el sector de la construcción no podía continuar fabricando 800.000 viviendas al año. Y esto no se arregla empujando al Estado a que gaste en lo que sea, endeudándose todavía más y frenando los reajustes: si idénticas recetas las aplicáramos a una empresa que atravesara una crisis sectorial, rápidamente la abocaríamos a la quiebra.

Pero nada, que da igual. La reforma consensuada entre PP y PSOE no sólo deja al albur parlamentario la fijación del techo de deuda y de déficit (qué eficaz ha sido semejante norma en EEUU), sino que para más inri en el texto constitucional se exceptúan a las "recesiones económicas" como situaciones críticas en las que se pueden rebasar esos límites.

En teoría, PP y PSOE promueven esta reforma porque no quieren que se repita una situación tan desastrosa de las cuentas públicas como la actual, ¿no? Bueno, pues hagamos un un muy sencillo ejercicio de política ficción: supongamos que esta reforma ya hubiese estado vigente en 2004, cuando Zapatero llegó el poder. ¿Habría cambiado algo el devenir de nuestra crisis merced a la limitación constitucional del déficit? En absoluto; desde 2004 a 2007, momentos de aparente (y ficticia) prosperidad económica, el PSOE cuadró sus presupuestos con superávit. Llegó la recesión en 2008 y empezaron a aparecer los números rojos: más de 300.000 millones de euros de déficit en cuatro años que de nada han servido salvo para acercarnos a la suspensión de pagos (¡gran éxito de la estimulación keynesiana!). Todos y cada uno de esos déficits, por surgir en medio de una recesión, habrían contado con respaldo constitucional; y, además, los socialistas podrían haberlos convalidado en el parlamento de idéntico modo a cómo sacaron adelante en las Cortes todos los presupuestos que generaron esos déficits.

Moraleja: aprobaremos una norma que no sirve en absoluto para alcanzar su objetivo declarado. Vamos, un fraude en toda regla. Eso sí, un fraude consensuado. Albricias. Para que luego se nos diga que nuestros problemas proceden de que PP y PSOE no han arrimado el hombro. No, todo lo contrario: nuestros problemas vienen de que ambos partidos han estado de acuerdo en casi todo, de que no ha habido una oposición real a ninguna de las grandes políticas económicas que han arruinado a este país (ni al rescate de la banca, ni al simulacro de reforma del mercado laboral, ni al estímulo keynesiano del gasto, ni ahora a este timo de reforma constitucional). Consenso socialdemócrata, lo llaman.

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía, jefe de opinión de Libertad Digital y profesor en el centro de estudios Isead. Puede seguirlo en Twitter o en su página web personal. Su último libro es Crónicas de la Gran Recesión (2007-2009).

Reforma constitucional
Una oportunidad perdida
Emilio J. González Libertad Digital 27 Agosto 2011

El acuerdo PSOE-PP para limitar el déficit presupuestario a través de una enmienda constitucional supone una oportunidad perdida para empezar a poner orden en este tremendo disparate en que se ha convertido el Estado de las autonomías. Sobre el papel, que todo lo aguanta, ese límite teórico va a existir, pero no así en la práctica, no ya por ese concepto tortuoso de déficit estructural que se ha introducido en el texto de la enmienda, que también, sino porque ambos partidos han renunciado a dotar al Estado de mecanismos constitucionales para imponerse a los Ejecutivos regionales que opten por líneas de actuación en materia presupuestaria contrarias a las establecidas por el Gobierno central.

El texto del acuerdo habla de un futuro techo de déficit estructural del 0,4%, a regular mediante una ley orgánica, que se reparte entre el Estado (0,26%) y las autonomías (0,14%). Lo que no se dice es cómo se va a obligar a las comunidades autónomas a refrenar sus gastos para cumplir con semejante objetivo cuando la tendencia que están manifestando a lo largo de toda la crisis es a seguir con su propia dinámica de gasto público y que el coste del ajuste lo asuman en su totalidad los Presupuestos Generales del Estado. Es más, en cuanto el Gobierno de Zapatero empezó a apretar las clavijas a las administraciones regionales para que ellas también redujeran su déficit, Cataluña se negó y aprobó para este año unas cuentas públicas con un desequilibrio del doble del que tenía permitido. La Generalitat, simplemente, no quiere renunciar a sus objetivos político-nacionalistas que se tienen que financiar con dineros públicos y, como tampoco quiere cargar las tintas sobre los contribuyentes catalanes a base de más impuestos, ni tampoco aplicar medidas impopulares o antisociales de recorte del gasto, pues a pasar olímpicamente de lo que diga el Gobierno central. Y ni socialistas ni ‘populares’ han aprendido de esta experiencia.

La Constitución reconoce al Estado la capacidad para ordenar la actividad económica del país, lo que implica la aplicación de políticas económicas de carácter nacional, incluidas las necesarias para superar crisis. Esa capacidad se ha visto mermada una y otra vez tanto a golpe de sentencias del Tribunal Constitucional contrarias a la letra de la propia Carta Magna como de la realidad del Estado de las autonomías, manifestada en la forma en que las comunidades autónomas aprovechan las situaciones de debilidad del Gobierno central de turno para hacer de su capa un sayo hasta haber convertido a este país en un reino de taifas. La enmienda sobre los límites al déficit público constituía una ocasión ideal para empezar a recomponer la situación y que el Estado comenzara a recuperar poderes y capacidades que jamás debió perder. Pero entre que en el PSOE son federalistas y que el modelo de España del PP es un modelo acomodaticio según las circunstancias se ha dejado escapar una oportunidad de oro para poner orden en el creciente desmadre que es el Estado de las autonomías.

ANÁLISIS:
Galería de retratos austeros
Carlos RODRÍGUEZ BRAUN La Razón 27 Agosto 2011

- ¿Cuál es el objetivo del acuerdo PSOE/PP?
Esencialmente, brindar una imagen de seriedad, disciplina y austeridad. La crisis ha revelado la enorme irresponsabilidad de nuestras autoridades, que han hecho lo contrario de lo que había que hacer y lo contrario de lo que hicieron empresarios y trabajadores: expandieron el gasto. Dado el derrumbe de la recaudación, explotaron el déficit y la deuda en un ritmo tal que pone en cuestión su sostenibilidad. Había que hacer algo y lo que se ha hecho es el acuerdo, que permite al Gobierno presentarse como un gobierno responsable, y al PP como un sucesor también responsable.

- ¿Se trata, como dice la izquierda, de una rendición ante los mercados y una apuesta por el liberalismo?
La idea de que «los mercados» dominan la política es pura fantasía. Lo que sucede es que los políticos no pueden hacer cualquier cosa sin consecuencias; por ejemplo, no pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan sin que se ponga en duda su viabilidad financiera. La limitación del déficit y la deuda públicas por supremo mandato constitucional tiene una apariencia liberal, y entronca con las propuestas de la Escuela de la Elección Pública, del premio Nobel James Buchanan. Pero es pura apariencia, para la galería.

- ¿La prometida austeridad es papel mojado?
Esencialmente, sí. No hay límites estipulados a la subida del gasto público y los impuestos. El papel de las constituciones como limitadoras del poder político ha sido muy exagerado: no hay que olvidar que la espectacular subida de la presión fiscal en nuestro país ha sido plenamente constitucional: nuestra Carta Magna fue incapaz de proteger el derecho de los ciudadanos a la propiedad del fruto de su trabajo. Tampoco lo hará ahora, por tres razones. Primera, lo que se pretende limitar es el déficit, no el gasto ni la presión fiscal: de hecho, las autoridades podrán escudarse en esta nueva norma para subir los impuestos alegando que es necesario para controlar el déficit. Segunda, la propia definición del límite de déficit es «estructural», que descuenta el impacto del ciclo y admite importantes excepciones, como por ejemplo las recesiones, que son precisamente los momentos en que se dispara siempre el déficit. Y tercera, los estados son muy capaces de violar todas las limitaciones que se autoimponen: tal como sucedió en Europa con las condiciones de Maastricht, y después con las del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

- ¿Qué sacrificios habrá que hacer para cumplir con el límite de déficit?
Los ciudadanos deberán sacrificarse, porque las autoridades, como hemos dicho, les subirán los impuestos. Los políticos, por su parte, se embarcarán en batallas variopintas porque ningún partido quiere reducir el (mal) llamado Estado del Bienestar, y porque la organización territorial del Estado da pie a interminables conflictos de competencias, que se multiplicarán allí donde haya administraciones de partidos diferentes, y por supuesto en el caso de los nacionalismos, como ya está sucediendo.

- ¿Despeja este acuerdo el horizonte problemático de la economía española?
De por sí, el acuerdo no hace más que reforzar la imagen de seriedad de nuestros políticos. Si el crecimiento económico continúa como hasta ahora, sólo en una lenta recuperación, las autoridades pueden caer en la tentación de subir aún más los impuestos, con lo que la economía se frenará aún más y los problemas se acentuarán. En cambio, si la economía eleva su crecimiento, los desequilibrios presupuestarios mejorarán y los políticos se apuntarán una nueva medalla, que, como siempre, no merecerán.

Saludable receta... si se cumple
Editorial www.gaceta.es 27 Agosto 2011

La modificación del artículo 135 de la Constitución supone establecer una dieta saludable que podrá curar, a medio plazo, parte de nuestros males, siempre que el enfermo la siga.

De manera que en lugar de sentar radicalmente el principio del déficit cero lo introduce de manera decidida pero suave, como para forzar la aceptación de los indignados de todas las esquinas que se resisten a aceptarla. Lo que más convence de esta modificación es el coro de sus adversarios, porque significa el cese de sus prebendas con cargo al esfuerzo común.

La medicina es urgente y no se pueden aducir pejigueras cuando el riesgo que hay que conjurar es tan enorme. Por otra parte, que el aval de la reforma venga de las dos grandes fuerzas constitucionales y que su rechazo se reduzca a los antisistema y a quienes –nacionalistas y sindicatos– no viven de otra cosa que de la extorsión, no deja de ser una garantía de su idoneidad, su oportunidad y su estricta constitucionalidad.

Los equipos del PP y del PSOE han trabajado deprisa. El PSOE, como siempre, a remolque, sin darse cuenta de que este es un asunto en el que se juega por completo su credibilidad como uno de los pilares de la Constitución. Y el texto propuesto depara algunas sorpresas agradables, como que el artículo 3 establezca: “El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito”, lo que servirá para poner fin a este mercadillo incontrolable de emisiones que ha estado a punto de llevarnos a pique. También es importante que se constitucionalicen las limitaciones que ya están en el Tratado de la Unión Europea y que está claro que habrá que cumplir.

El problema que tiene la reforma del artículo 135 de la Carta Magna es que, al no concretar cifras y remitirse a una ley orgánica, abre el portillo para que los políticos burlen el límite de déficit. Es lo que ha hecho sistemáticamente Zapatero arruinando los esfuerzos logrados en tiempos de Aznar. Y es de temer que vuelva a ocurrir en el futuro. La reforma se limita al “déficit estructural” y, además, el techo se podrá suspender con base en numerosas excepciones.

La virtualidad de una ley fundamental como la Constitución es que genera un marco normativo amplio y factible y, por esa razón, sus artículos nunca pueden ser demasiado rígidos o cerrados. Y el inconveniente es que el resquicio interpretativo que abre se presta a la discrecionalidad interesada o partidista. Eso es lo que ha ocurrido frecuentemente con una Carta Magna que ha sido estirada hasta extremos obscenos de flexibilidad para dar cobijo a las aspiraciones soberanistas de los nacionalistas vascos o catalanes o para blanquear a los acólitos del terrorismo. Y no está del todo garantizado que la actual reforma para asegurar la estabilidad presupuestaria vaya a cumplirse.

En todo caso, no tienen razón quienes se escandalizan de una supuesta intromisión en nuestra soberanía. Es como si un enfermo se quejara de que el médico le impone restricciones que debiera haber asumido por mero buen sentido. Ni Alemania ni Francia tienen, sin embargo, derecho a escandalizarse, porque cuando nosotros cumplimos rigurosamente, ellos se saltaron las limitaciones que ahora exigen a todos. Lástima que no hubiesen dado mejor ejemplo entonces, porque quizás nadie se hubiera atrevido a hacer lo que Solbes y Zapatero.

Reforma constitucional
Podría haber sido un paso...
José T. Raga Libertad Digital 27 Agosto 2011

En el título reside mi preocupación. Entre "podría haber sido un paso" y "es un paso", hay una diferencia que supera la semántica de unas líneas que únicamente tratan de acercar a los lectores la opinión de quien no tiene otro atributo que su habitualidad en el medio en que se publican.

¿Por qué entonces ese escepticismo que subyace en el título? Las razones son varias. La primera, y me produce vergüenza mencionarla, es que la Constitución Española, como peso específico –entendiendo como tal, ese respeto pleno, en tanto esté vigente–, dista mucho de la Grundgesetz de Alemania Federal (1949), reformada en 2001; dista mucho también, al proteger a los individuos frente a los poderes públicos, de textos como la Magna Carta (1215) o la Bill of Rights (1689), ambas vigentes todavía hoy en el Reino Unido.

Para qué hablar de distancias con aquel Preámbulo de la Convención de 1787: "Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta... y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, promulgamos y sancionamos esta Constitución..." pueblo protagonista, sin intermediarios y por encima de quienes pudieran erigirse como tales.

Tan lejos estamos que, hoy, serán pocos los españoles que crean en la fuerza indiscutible de lo establecido en nuestra Constitución. Las muestras de la historia reciente son tan numerosas, que no es anecdótico el hecho de eludir su cumplimiento. Recordemos lo que algunos estatutos de comunidades autónomas han supuesto para quienes creían en la soberanía de la Constitución. Recordemos la premura con la que se reúnen el presidente de la Nación y el de una autonomía, para ver cómo hurtarse a la decisión del Tribunal Constitucional cuando admite la inconstitucionalidad parcial del Estatuto.

¿De qué sirve, pues, que la limitación del déficit y la deuda figuren en la Constitución? ¿Qué garantías tiene su cumplimiento? Esto no lo entienden los alemanes, ni los británicos, ni los americanos... aunque nosotros, sí; por eso me da vergüenza. Pero, además, ¿por qué estabilidad presupuestaria no significa estabilidad? ¿Por qué llamamos estabilidad al 0,4 % de déficit estructural más el que corresponda por causas coyunturales? ¿Por qué tenemos que esperar a que una ley orgánica nos desarrolle la metodología para el cálculo, la normativa para su aplicación, la forma y el plazo para las correcciones...? ¿Por qué en el límite a las comunidades autónomas hay que tener en cuenta sus estatutos?

En efecto, no se pretende repensar los excesos del sector público para que vuelva a sus funciones propias, eso sería tanto como el harakiri de quienes lo tiene que promover; así que aquella protección de la comunidad civil frente a los poderes públicos que veíamos en la Carta Magna, en momentos de monarquías absolutas, tendrá que esperar a otras democracias.

¿Ven porqué estoy pesimista? Y dice Rubalcaba que leamos el texto de la reforma para evitar nuestras reticencias. Pues si que...

Una simple declaración de buenas intenciones
EDITORIAL Libertad Digital 27 Agosto 2011

El parto de los Montes ha terminado dando a luz un ratón o, dicho de otra manera, las negociaciones entre PP y PSOE a propósito de la reforma constitucional han concluido en un nuevo artículo 135 vacío de contenido. Rubalcaba le ha terminado ganado la partida al PP –si no en la forma, sí en el fondo– y ha conseguido aguar lo que, con todas las cautelas, habría podido ser un paso en la buena dirección.

Al cabo, PP y PSOE quieren convencernos de que pretenden limitar el déficit en la Constitución sin especificar ningún límite. Por el contrario, nuestros mandatarios relegan ese dato, que es el básico para que podamos hablar de restricciones propiamente dichas, a una ley orgánica aprobada por las Cortes que, según nos adelantan, ubicará ese déficit máximo en el 0,4% para el conjunto de las Administraciones Públicas. Una situación que, en última instancia, en nada se diferencia a la que ya imperaba con la ley de equilibrio presupuestario de Aznar y que no impidió a Zapatero derogarla de facto y colocar nuestras cuentas públicas al borde del abismo.

Todo apunta a que, cuando sea menester, la historia se repetirá, especialmente si tenemos en cuenta que la nueva redacción del artículo 135 permitirá a las administraciones incurrir en déficits superiores al 0,4% en caso de catástrofes o recesiones económicas. Traducido al román paladino: no habrá restricciones constitucionales a aprobar ruinosos Planes E en momentos de crisis aun cuando el sector público ya acumule un enorme agujero presupuestario.

En definitiva, si PP y PSOE buscaban transmitir algún tipo de seguridad adicional en la solvencia del Reino de España mediante esta reforma constitucional, desde luego no lo han conseguido. Primero, porque retrasan su plena aplicación hasta 2020, momento en el que, esperemos, la crisis ya se haya superado y en el que ya no habrá problemas de solvencia (bien porque ya hayamos reestructurado nuestra deuda o porque hayamos logrado superar las dificultades). Y, segundo, porque la reforma sigue dejando manos libres a los políticos para hacer y deshacer a su gusto. Justamente aquello que no deberían ser las constituciones: una mera declaración de buenas intenciones.

La invasión constitucional
Francisco Pascual El Mundo 27 Agosto 2011

A estas alturas de la vida va ser muy difícil convencer al pueblo alemán de que no busque la raíz de la crisis europea en la fábula de la cigarra y la hormiga. Lo insinúa Angela Merkel, lo denuncia su prensa -sensacionalista y de prestigio- y lo razonan sus intelectuales (releer la espléndida entrevista de Ana Alonso a Josef Joffe): Alemania dejó entrar a los vagos manirrotos del sur en la moneda única y éstos se dedicaron a malgastar los fondos europeos cantando flamenco, engordando su administración y poniéndose por montera la disciplina fiscal.

Podrían consultar la hemeroteca, y recordar que fue Alemania la primera en saltarse el Pacto de Estabilidad (como les recuerda el honorable Helmut Kohl); podrían revisar las estadísticas laborales de la OCDE, y comprobar cómo en España se ha trabajado más que nunca durante la última década, o podrían rastrear en el Eurostat y certificar que, desde la entrada del euro, el endeudamiento y el déficit hispano ha sido históricamente bajos.

Pero para la canciller es mejor cubrir de tópicos a sus electores y relatarles cómo en el sur nos jubilamos pronto y tenemos muchas vacaciones. Sólo así, desde una postura tan racial y tan estrecha, se puede pensar que los problemas a la crisis periférica se resuelven cuadrando los presupuestos en las constituciones. Y sólo un dirigente tan débil y desvalido como Zapatero se lo puede consentir.

Cuando el presidente alemán, Cristian Wulff, entonó el miércoles la enésima retahíla de reproches a los holgazanes meridionales y a los que les ayudan (en este caso al BCE), el premio Nobel de Economía Josef Stiglitz le recordó, en su cara, que el problema de España no ha sido su disciplina fiscal (muy rígida hasta 2009), sino "el modelo macroeconómico", y que la imposición de políticas de austeridad sólo retrasará su vuelta al crecimiento. Antes del estallido de la crisis en 2008, España registró tres años de superávit y uno de déficit muy contenido (2,2%), mientras que el endeudamiento apenas rozó el 40% del PIB. La diferencia entre España y Alemania no se ha basado en cómo cuadrar ingresos y gastos, sino en la calidad de los ingresos (ladrillo frente a industria) y de los gastos (landers frente a autonomías).

Si nuestro problema es la deformación del modelo autonómico, ¿no sería más sensato abordar en un debate su rediseño constitucional a todos los niveles en lugar de anclar a salto de mata y por los siglos de los siglos el patrón de la política fiscal española?

Evidentemente, y no es poco, blindar el déficit en la Carta Magna nos previene de marcianadas tan absurdas como las perpetradas por Zapatero y Pedro Solbes en los últimos años de la época del auge económico, como la devolución de los 400 euros o la universalización de la ayuda a la natalidad (cheque-bebé). Incluso nos protegerá de monumentos a la estulticia fiscal como el Plan E, en el que se dilapidaron 8.000 millones que ahora tanto nos están costando ahorrar. Qué duro va a ser dentro de unas décadas leer los libros de historia económica de España.

La Carta Magna es la cúspide de nuestro régimen democrático y de nuestro ordenamiento jurídico, y como tal debería circunscribirse a la protección de nuestros derechos fundamentales. Es demasiado larga, incluye anacronismos inaceptables como la preeminencia de los varones en el acceso al trono o el privilegio hacia la Iglesia católica, y recoge artículos vacuos como el que consagra el derecho a la vivienda o al trabaja.

Ahora, el Gobierno y el PP pretenden que acumule otro déficit democrático todavía peor: la consagración de una política fiscal impuesta, en el mejor de los casos, por dirigentes políticos elegidos en otro país, y en el peor, por los consejeros de un banco central, a los que ningún ciudadano ha votado. ¿Deberíamos incorporar a Merkel, Sarkozy y Trichet al listado de padres de la Constitución? La política económica debe incluirse en los programas de los partidos que concurran a las elecciones y ser sancionados por los electores. O como mínimo someterla a debate y referéndum antes de aprobarla. Coser a la Constitución un manual de economía liberal (o intervencionista) es hurtar a los españoles el derecho a decidir qué es lo que quieren.

El PSOE ha muerto
Enrique de Diego www.gaceta.es 27 Agosto 2011

Rubalcaba está entregado a las salvajes hordas del 15-M y mendigando a ETA

El PSOE ha muerto, lo ha matado Zapatero en un mar de incompetencia despilfarradora y en una selva de exuberante estupidez. Rubalcaba tiene las trazas sombrías del enterrador. No se trata de profecía, ni tampoco de deseo. El óbito se produjo, por fallo multiorgánico, el 22 de mayo. La estructura territorial del PSOE está debilitada, cuarteada, cuando no es inexistente en media España o más. El PSOE no existe en la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León; apenas en La Rioja, Cantabria y Madrid; está noqueado en su antiguo feudo de Castilla-La Mancha. Esto quiere decir algo tan decisivo como que Rubalcaba carece de huestes para su campaña. Su precampaña es la propia de un partido desgastado y marginal, con reuniones de escasa asistencia en las que el mediocre Rubalcaba semeja personaje del Club de la Comedia.

Por si fuera poco, un PSC a la deriva, incapaz de asimilar las dimensiones de su derrota y sin rectificar ninguno de sus groseros errores (desde el separatismo al proislamismo), suelta amarras en franca sedición. El nefando servilismo socialista hacia la banda terrorista ha sumido al socialismo vasco en una intensa crisis que sólo el disfrute del poder disimula. En Andalucía, los socialistas se desangran en cainitas ajustes de cuentas.

Sin estilo y sin dignidad, las ratas, en estampida, abandonan el barco que se hunde. Renuncian a figurar en las listas Alfonso Guerra –la antigua casa común está hoy en ruinas–, José Bono, Manuel Chaves, Antonio Gutiérrez, Carmen Calvo, Elena Salgado, Miguel Sebastián, el bombillas.

Un Rubalcaba errático y patético –entregado a las salvajes hordas del 15-M y mendigando un detalle a los asesinos de ETA– anuncia que su primera ley al llegar a la presidencia del Gobierno que nunca alcanzará será la de la eutanasia. Pero la única muerte digna que practicará es la del PSOE. Muerte, sí, aunque con carretadas de indignidad.

Otrosí: la constitucionalización del techo de gasto o equilibrio presupuestario es el fin del socialismo para los restos porque socialismo es gasto y saqueo. Pero Merkel manda.

Delincuencia
Alfonso Ussía La Razón 27 Agosto 2011

Sus policías nacionales, los mismos que obedecían sus órdenes hasta trasanteayer, se han querellado contra usted. Entre sus policías, los agentes del orden, y sus perroflautas, usted no ha dudado con quiénes se queda. Con los segundos, contra los que no actuó cuando ocuparon ilegalmente los espacios públicos que a todos nos pertenecen. Con los segundos, los que insultan, amenazan, destrozan el mobiliario urbano y siembran de estiércoles y orina las plazas y calles de nuestras ciudades. Con los segundos, los que amenazan a unos policías cumplidores de unas órdenes inadmisibles. Usted, Rubalcaba, su sucesor y obediente Camacho y la Delegada de la Chusma en nombre del Gobierno han sido señalados ante la Justicia por una Policía harta y humillada. Hoy hemos sabido que el Ministerio del Interior ha dispuesto que la Policía dé un trato de favor a los llamados «indignados» indignantes. Usted está con ellos –con los perroflautas–, por un puñado de votos. Han prevaricado, han ordenado a la Policía que no actúe contra ellos, y cuando no tuvieron más remedio que repartir algún porrazo profesionalmente medido, usted, que era su jefe, se ha convertido en su acusador. No soy abogado, pero intuyo que tanto usted, como su obediente sucesor en el Ministerio del Interior, como la Delegada de la Chusma en nombre del Gobierno, están moviéndose a muy pocos centímetros de la delincuencia.

Jamás me figuré un deterioro tan acusado en los valores de una persona como el que ha experimentado la suya propia. Se está quedando solo con la mugre. Se le van los suyos como ratones asustados. Quien lo elevó hasta lo más alto, su Presidente del Gobierno en paro técnico, también le ha dado la espalda, hasta el gorro de sus deslealtades. Parece, Rubalcaba, que es usted un recién llegado sin responsabilidades pasadas, cuando su responsabilidad en el desastre es tan abrumadora como la del Presidente parado. También se le va Elena Salgado, su mano derecha, avergonzada de su deriva. Hasta su fiel Elena Valenciano principia a dar muestras de una desmoralización corrosiva. Y tan grave y desagradable es la desunión en su partido que hasta el Presidente ha decidido puentearlo y hablar con Rajoy de los pasos del futuro sin consultar con usted. ¿Para qué hacerlo con el seguro perdedor de las elecciones?

Todas sus demagogias, sus deslealtades, sus mentiras, sus fugas de la responsabilidad y sus trucos de baratillo pueden ser protagonistas del olvido en unos pocos años. Pero su inaceptable reacción contra la Policía que le ha obedecido a usted hasta trasanteayer, y muy a su pesar según se ha sabido, no tiene perdón. Usted no puede valorar un puñadito de votos más que los derechos de la ciudadanía. Usted no puede respetar más la orina de un perroflauta que el establecimiento honrado y legal de un comerciante instalado en la Puerta del Sol. Usted no puede acusar a un policía insultado, humillado y zarandeado de extralimitarse cuando la extralimitación se produjo en las filas airadas y groseras de sus favorecidos.

Le ha salido muy mal la jugada y ha quedado usted peor. Usted carece de talla moral y ética para ser candidato de nada, y empiezan a verlo y sentirlo en su propio partido. No sirve para nada la simulación. Los que opinaron en mayo que ese presumible movimiento de «indignados» era uno de sus inventos no se equivocaron. Se valió de unos tontos útiles y de unos obedientes perfectamente dirigidos. ¿Cómo iban a actuar los agentes del orden contra quienes estaban amparados por quien da las órdenes? La lección de los jóvenes en la JMJ le ha desencuadernado. El Papa y usted se han puesto de acuerdo para acabar con su futuro político.

Por la razón hacia la libertad
Enrique de Diego El Semanal Digital 27 Agosto 2011

El socialismo ha vuelto a llevar a las sociedades al atolladero, a la ruina y a los comedores sociales. Sin embargo, como siempre, en vez de reconocer su error, pretende eludir sus responsabilidades y transferirlas, mediante un socialismo emocional, en una nueva mutación, a los banqueros y a los ricos, recuperando la envidia igualitaria y reclamando las más bajas pulsiones de la condición humana. Es el movimiento del 15-M, los acampados, los llamados "indignados", con referencia a un endeble libro de un socialista francés.

He contestado a ese panfleto con otro directo, ¡Indignaos con razón! (Editorial Rambla), lleno de pasión por la libertad, que pretende movilizar a la sociedad civil y a los jóvenes en defensa de los valores fundamentales de nuestra civilización.

En ¡Indignados con razón! hago una reivindicación de la racionalidad perdida mediante el adoctrinamiento en consignas inconsistentes. Sólo con racionalidad y con una apuesta decidida por la libertad, que erradique el socialismo, no sólo políticamente, también intelectualmente, podremos salir de esta crisis de modelo.

Era preciso explicar cómo la crisis de las subprime norteamericana fue motivada por lo políticamente correcto, por Carter y Clinton obligando a dar créditos con criterios raciales, con el aval del Estado y como las democracias, bajo la impronta socialista de todos los partidos, han degenerado en estafas piramidales y en emisiones continuas de deuda.

Y también era imprescindible abrir el banderín de enganche para promover la división de poderes y la regeneración de nuestra democracia, yendo hacia el sistema mayoritario y no hacia mayores dosis de proporcionalidad, que es uno de los males actuales.

Porque el movimiento del 15-M no pretende más que, con los huérfanos del socialismo, con una juventud sin presente ni futuro por el estatismo socialista, mantener los privilegios de la casta socialista y salvar el núcleo duro de la idea, que funciona como una pseudoreligión, para generar conflictos sociales violentos en el futuro. Se trata de optar entre la libertad y la esclavitud. Es la hora de una apuesta del autor decidida y manifiesta por la libertad.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
La cintura de Alfredo
Opinión www.gaceta.es  27 Agosto 2011

Lo más autobiográfico de Zapatero no es “la libertad os hará verdaderos”, sino “la esencia de la democracia es la cintura”. La democracia no es un problema de leyes, sino de Pilates. Lo importante es tener la elasticidad del chicle para adaptarse a todo tipo de situaciones, por contradictorias que sean; y entrenar a diario para saltar el potro de la ley, sin dejarse la integridad en el empeño. Ejemplo: Rubalcaba, que primero dice que la Carta Magna no se podía cambiar alegremente en un plis plas, acto seguido acepta cambiarla en un plis plas y, finalmente, emula a Fernando VII (“Marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional”) mandando callar a los objetores con una fatwa que parece de Trento: “Lo dice la Constitución, no hace falta referéndum”.

Tiene gracia que invoque la Carta Magna como si fuera la Biblia, cuando el zapaterismo ha hecho con la Constitución lo mismo que Israel hace con las resoluciones de la ONU. El zapaterismo y los nacionalismos se la han tomado por el pito del sereno, adaptándola a necesidades tácticas o a intereses fenicios, dejándola más estirada que los labios de la señora de Alfonso Díez.

Zapatero y Rubalcaba no están solos. La Eva Nasarre del aerobic socialista es el Tribunal Constitucional. Los magistrados se ponen los calentadores de Cindy Crawford para reducir las mollas de los principios y eliminar con la liposucción de sus sentencias las grasas de la Carta Rellenita, digo de la Carta Magna. Ahí está el lifting prodigioso de Bildu. Todos sabemos que la esencia de la democracia es el Estado de derecho. Pero para ZP es la “cintura”. Por eso exhibe fibrosa anatomía, ni un gramo de escrúpulo, donde cabe una afirmación y su contraria, donde es posible dejar que los filoetarras se burlen de las víctimas desde poltronas de diputado general. ¿Para qué queremos el contrato social, el quinto mandamiento, la Convención de Ginebra… habiendo cintura?

Llamada a la responsabilidad
El Govern debería apoyar una reforma del Estatut que contemplara igualmente un techo de gasto autonómico
MIQUEL PORTA PERALES ABC Cataluña 27 Agosto 2011

Una prioridad para salir de la crisis: la reducción del déficit y la deuda públicos. Por ello, para ello, resulta imprescindible establecer un límite de gasto en la Administración. De hecho, ese límite ya lo establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por lo que respecta a las Comunidades Autónomas, viene señalado por el Consejo Económico de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué ocurre aquí? La ley no se cumple. Si es cierto que el Estado está empeñado en reducir el déficit según marca la Unión Europea, también lo es que las Comunidades Autónomas —Cataluña a la cabeza— muestran sus reticencias. Si el Estado pide que, en 2011, el déficit de las Comunidades Autónomas sea del 1,3 por ciento del PIB, la Generalitat dice que con el 2,6 por ciento ya es suficiente. De ahí —una de las claves del asunto— que el PSOE y el PP se hayan puesto de acuerdo para introducir el límite de gasto en la Constitución. La intención: recuperar la confianza de los inversores y conseguir que el estado y las Comunidades Autónomas cumplan la ley.

En Cataluña —la queja que no cesa—, la reforma constitucional ha sido vista —lo dice el Govern— como un ataque a la autonomía financiera de la Generalitat. Nada de eso. La reforma constitucional en curso se limita a establecer una cosa tan sencilla y fácil de entender como la siguiente: no se puede gastar lo que no se tiene, porque luego pasa lo que pasa. El Govern debería apoyar dicha reforma. Y, si me apuran, debería impulsar también una reforma del Estatut que contemplara igualmente un techo de gasto autonómico. Si ese techo existiese, CiU no hubiera recibido la desastrosa herencia económica del tripartito. Y, en consecuencia, el recorte sería ahora menor y menos traumático. Por lo demás, gracias al techo de gasto, la Generalitat se endeudará menos y a interés más bajo. De hecho, la reforma constitucional es una llamada a la responsabilidad.

El nacionalismo ominoso
X Carlos Caneiro La Voz 27 Agosto 2011

E n febrero del 2009 -la noticia pasó casi desapercibida-, el conseller Saura y la ministra Salgado pactaron en Barcelona aumentar en 800 millones de euros la inversión pública en Cataluña. Pero lo realmente relevante no era ese incremento del 20 % inversor, sino la argumentación ofrecida al respecto. Decían las autoridades socialistas y nacionalistas que el fundamento de esta dádiva era el «déficit acumulado» por Cataluña, cuyo Estatuto fija un porcentaje mínimo de inversión con respecto al PIB. En ningún otro territorio de España había sucedido situación similar.

Cataluña, estatutariamente, tiene más derechos que cualquier otra región o nacionalidad española. Así ha sido desde tiempos inmemoriales. Con el AVE, también. Y hoy no les voy a hablar de nuestros derechos y la marginación histórica de Galicia, pues ya los he comentado en numerosas ocasiones, sino de la opulencia del nacionalismo catalán: su insolidaridad codiciosa y profundamente ególatra (entendiendo por «ego» la nación catalana). El nacionalismo tiene sus cosas buenas, hasta que uno le da la vuelta a la moneda y contempla la realidad.

Y no les hablo de nacionalismos de resistencia, fundamentados en la sustentación cultural, sino del nacionalismo de poder: el catalán, por ejemplo. Hemos oído muchas veces que los gallegos teníamos que ser como ellos, y yo quiero negarlo. No deseo que de la boca de algún político gallego puedan salir palabras tan ofensivas como las que ya hemos escuchado, y ratificadas, de políticos nacionalistas catalanes. Cuánto desprecio, cuánta soberbia. No citaré sus nombres, solo las siglas de sus partidos: CiU, ERC. Sus miembros son repetidamente invitados por los nacionalistas gallegos a sus conmemoraciones. Y se han burlado de nosotros por la cuestión del AVE.

Cómo es posible que Galicia, y especialmente el nacionalismo gallego, no exija responsabilidades a los nacionalistas catalanes. Ellos, que siempre se han beneficiado de las prebendas estatales; ellos, que han recibido más de 15.000 millones en infraestructuras desde el socialista año 2004; ellos, que entre el 2004 y el 2010 gozaron de una media de 2.100 millones de euros anuales; ellos, con 2.700 millones en el 2008, 2.600 en el 2009... pretenden negarnos el AVE a Galicia. Representan el nacionalismo ominoso, insolidario y ruin. No decirlo sería injusto.

Garitano
Iñaki EZKERRA La Razón 27 Agosto 2011

En dos años he coincidido dos veces con Garitano en la Euskal Telebista. La primera fue en vísperas de las autonómicas del 2009 que desalojarían al PNV del poder. Recuerdo muy bien su tono y su aspecto, vitalmente bajos, sombríos, funerarios. Garitano tenía el típico tono y el típico aspecto de la Batasuna amargada, deprimida, jodida de la ilegalidad y la marginalidad. Dijo algo de los presos que no interesó a nadie y lo dijo, además, sin convicción, como por obligación, sintiéndose desplazado y en contra de la sintonía general, no ya de la tertulia, sino del propio país; en contra de la realidad. Todavía se respiraba en el ambiente el sentimiento de decepción, de prudencia y de pudor que había dejado en los socialistas el atentado de la T 4, el fracaso estrepitoso de la negociación, el ridículo de Zapatero… La segunda vez que me topé con Garitano en la tele oficial vasca fue después de las recientes municipales y forales que le llevaron a la presidencia de la Diputación guipuzcoana. Su aspecto era la antítesis del encuentro anterior. Era la estrella de la tertulia y se le veía radiante. Garitano bromista y dicharachero. Garitano concesivo. Garitano campechano, paternalista, perdonador. Garitano de buen rollito, y más majo que las pesetas mientras todos los tertulianos, salvo un servidor, le reían sus gracias sin gracia en los descansos del programa. Garitano tenía cara de Drácula vestido de Primera Comunión, de acémila ilusionada, de concursante televisivo al que le entregan las llaves del apartamento en Torrevieja.

Si queremos tener una idea de cómo se encuentra hoy ETA, y de lo que ha supuesto para ETA la tristemente famosa sentencia del Constitucional, no tenemos más que ver ese antes y ese después de Garitano, el tipo que ahora nos hace la generosa concesión de dosificar su lamento por los asesinatos: los de Cataluña sí, los otros, ya veremos… Es un gamberro institucionalizado, un pisaflores de la democracia, un bocazas con sueldo oficial. Y en su borrachera de éxito nos concede ahora que quizá Hannibal Lecter, su jefe, no sea perfecto. No entro en el diagnóstico clínico de la salud de ETA. Entro en lo anímico, que es tanto o más importante. ¿Es un logro político que merece un premio conseguir hacer felices a los terroristas? A mí esto de hacer a ETA «reina por un día» no me parece un paso democrático, sino una cursilada macabra más del zapaterismo. Quizá no la última.

La Generalitat gasta medio millón de euros para promover el catalán
La partida se destinará a proyectos de normalización lingüística en las universidades de la comunidad. Piden a los futuros profesores que acrediten el nivel C del idioma. Muchos extranjeros rehúyen estudiar en la región.
Ana Viladot. www.gaceta.es 27 Agosto 2011

En plena crisis económica, la Generalitat de Cataluña a través de la consejería de Economía y Conocimiento destinará el próximo curso escolar 560.000 euros para promover el catalán. Se otorgarán 370.000 euros a distintos proyectos de normalización lingüística en las universidades catalanas.

Entre estos proyectos se encuentran cursos y exámenes para que los profesores acrediten un nivel alto de catalán, como es el nivel C. Parte de la subvención, en concreto 130.000 euros, se revertirán a aulas de autoaprendizaje y a actividades para potenciar la acogida lingüística de los alumnos extranjeros. Y desde la Dirección de Política Lingüística se aportarán otros 60.000 para el mismo fin.

Esta medida afecta a muchos extranjeros que se están planteando venir a Barcelona a estudiar durante este curso. Lindsey Hollin de Boston aseguró a LA GACETA que “le gusta Barcelona y que tiene familiares aquí”, por eso quería venir a estudiar la carrera de Derecho, pero que su familia ya le ha advertido que “se están poniendo muy duros en Cataluña con el catalán”. De ahí que Lindsey finalmente haya decidió no venir. Como Lindsey son muchos los que se encuentran en esta misma situación, entre ellos muchos profesores que pueden decidir rechazar Barcelona por tener que acreditar el nivel C de catalán.

Decreto de 2010
El 14 de septiembre de 2010, el anterior Gobierno de José Montilla aprobó el decreto sobre la acreditación del conocimiento lingüístico del profesorado de las universidades de Cataluña, por el que estas pueden exigir a todos sus profesores, con algunas excepciones, el nivel C de catalán para poder acceder a plazas de funcionario. Por el momento, el actual Gobierno presidido por Artur Mas se ha mostrado partidario de este decreto y no está previsto que lo elimine.

Batasuna marcha en Bilbao con gritos a favor de los presos de ETA
Los proetarras aplauden a los “compañeros que se han quedado en el camino” en los “años de lucha”. Piden la legalización de Sortu. Atacan al PSOE y PP por “boicotear el proceso”.
L. Aranzábal. www.gaceta.es 27 Agosto 2011

Como cada año en estas fechas, el centro de Bilbao fue ayer el escenario del enésimo aquelarre de la vetusta factoría de Batasuna. Liderados por el amortizado dirigente proetarra Tasio Erkizia y Niko Moreno, uno de los portavoces habituales del brazo político de ETA, varios miles de personas marcharon por las calles de la capital vizcaína coreando gritos a favor de la “independencia” y del traslado “a casa” de los presos terroristas.

No podía faltar, por supuesto, una proclama final para exigir la “legalización de la izquierda abertzale”, es decir de Sortu, la formación sobre la que debe decidir el Tribunal Constitucional que amparó a Bildu. Y, como últimamente cacarean Martín Garitano y compañía, aprovecharon para recordar a víctimas asesinadas por los GAL, en un más que evidente intento por equiparar a unas y otras como las supuestas víctimas de las dos partes en el conflicto.

La marcha se inició pasadas las doce de la mañana y terminó una hora después en la plaza Elíptica, tras la típica intervención del bertsolari de turno. El mencionado Niko Moreno, alcalde de Elorrio (Vizcaya) por ANV, anterior máscara política de ETA, destacó que “el nuevo escenario que se ha abierto en Euskal Herria, fruto de la entrega de todas esas personas que a lo largo de duros años de lucha han trabajado mano a mano, con coherencia y honestidad, de la entrega de todos los compañeros que se nos han quedado en el camino”. ¿A quién se refería con esa mención a los “compañeros”? No quedó del todo claro.

“Sin violencia”
Con la tradicional ambigüedad de Batasuna, Moreno comentó desde la tribuna: “Euskal Herria necesita un futuro sin ningún tipo de violencia, de persecución, de presiones, de represión [...] cuya decisión resida en la voluntad popular”.

Para que no faltase de nada, censuró la “imposición” de la bandera española en las instituciones, la celebración de la Copa del Rey de Baloncesto, la “reiterada solicitud” de que la Selección española de fútbol juegue en suelo vasco y el próximo paso de la Vuelta Ciclista a España.

Aseguró que las elecciones del 20 de noviembre suponen “una gran oportunidad” en un momento político “importantísimo”. Después llegó el recuerdo, este sí explícito, a las víctimas de los GAL Josu Muguruza y Santi Brouard, que “lo dieron todo por nuestro pueblo” y de los que el 20 de noviembre se cumple el aniversario de su asesinato. Para acabar, los presentes entonaron el himno a los gudaris (soldados vascos).


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