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Recortes de Prensa   Lunes 29 Agosto 2011

 

El secuestro de la democracia en España
Manuel Muela. El Confidencial  29 Agosto 2011

Si alguien tenía la esperanza de que la democracia se recuperase en España de la mano de estos políticos y de estos partidos habrá quedado chasqueado: la reforma constitucional anunciada por los dos partidos dominantes es una operación de imagen, probablemente baldía, para defender ante propios y extraños la capacidad de un sistema político, carcomido por la partitocracia, que desprecia a los ciudadanos y que utiliza sus tribulaciones para venderles elixires curalotodo. Por eso, no es extraño el desapego y la irritación creciente de parte de la sociedad ante tal estafa.

Quienes proponen esta reforma constitucional, cuyo contenido no es más que un breve recordatorio de algunos principios de buen gobierno, saben de su inutilidad, si no se hacen los cambios constitucionales necesarios para ordenar seriamente el Estado y para vigorizar el poder público. Es como trazar una raya en el agua de la tormenta económica. También lo saben, y si no lo averiguarán pronto, los inversores y los llamados mercados, para los que la crisis española es una pieza de caza mayor en la cacería del euro y de la unión monetaria europea, sobre cuya ruptura o desaparición se cruzan ya apuestas. Tampoco parecen ajenos a este enjuague los capitanes de la Unión Monetaria y del Banco Central Europeo, los de la carta-ukase secreta, atrapados en el laberinto de la crisis financiera, producto de la expansión crediticia que estimularon con entusiasmo. Por ello, parece justificado huir de los consejos turbios y de las amalgamas imposibles y enfrentarse a los problemas con energía, claridad de ideas y autenticidad democrática.

La crisis española es política y económica y trasciende a la internacional, aunque es verdad que ésta ha creado una situación crítica en Europa. Pero en tanto no se reconozca así, seguiremos condenados a ser rehenes de la estulticia y del instinto de supervivencia de un sistema cuyo único objetivo es resistir.

Creo que para abordarlos, y no eludirlos con meras campañas de imagen como la que nos ocupa, conviene insistir en que la crisis española, salvo demostración en contrario, es política y económica y trasciende a la internacional, aunque es verdad que ésta ha creado una situación crítica en Europa que agrava nuestros males. Pero en tanto no se reconozca así, seguiremos condenados a ser rehenes de la estulticia y del instinto de supervivencia de un sistema cuyo único objetivo es resistir. La meta ahora es procurar la sustitución del gobierno en las elecciones anunciadas y ya se verá. Aunque todos saben que el problema es de mayor enjundia, nadie quiere asumir el fracaso de un modelo político y económico que ha agostado para largo tiempo las ilusiones de los españoles.

Un Estado hipertrófico
En lo político tenemos los españoles un Estado hipertrófico, producto y cosecha de la Constitución otorgada en 1978, que ha engordado a lomos de la bonanza económica y del esfuerzo fiscal de sucesivas generaciones, y que ahora se nos muestra incapaz de responder a las necesidades de sus ciudadanos: las múltiples y variadas administraciones públicas, ansiosas otrora de competencias y presupuestos, se desgañitan sobre sus penurias actuales y su incapacidad para atender los compromisos; pero, eso sí, la estructura política existente es sagrada y ninguno plantea su cambio o simple abrogación.

En lo económico, sufrimos el desmoronamiento de un modelo excesivamente especulativo, que tiene malherido al sistema crediticio y que ha devastado el tejido empresarial. La recuperación tardará porque nuestras capacidades financieras y educativas están muy mermadas, aunque si se insuflase algo de seriedad y ejemplaridad por parte de las clases dirigentes, la sociedad conseguirá salir del pesimismo y de la desesperanza, sobre todo si no se ve tratada como una menor de edad, con espectáculos como el de esta proyectada reforma constitucional y otros parecidos que pueden venir en los meses próximos. Parece que nos aguardan grandes tardes de gloria.

Lo sucedido y anunciado en estos días es tan burdo y tan poco democrático que hasta algunos componentes del sistema de partidos y de sindicatos han elevado sus protestas, incluso los del partido del gobierno, que patrocina la reforma. Bien es verdad que protestan contra tal reforma, pero no hacen ni la menor mención a los cambios constitucionales que sí podrían oxigenar la vida pública. De todas maneras, las protestas no pasarán de un pequeño lío de familia y todo el mundo votará sumiso la propuesta de reforma constitucional, porque la han fabricado en una noche los señores que hacen las listas electorales. Y, de momento, no hay más.

Después de año y medio de gobernar por decreto-ley, ahora se propone una reforma constitucional con métodos análogos. Lo que venga después no lo sabemos, desde luego nada bueno, porque con elecciones o sin ellas, si se persiste en el fraude democrático y en el embalsamiento de la crisis española, la incertidumbre seguirá dueña de nuestros destinos. Por eso, la democracia en España tiene primero que ser rescatada y luego reconstruida.

*Manuel Muela es economista

La Constitución es suya
Opinión www.gaceta.es  29 Agosto 2011

Los votantes aceptan que los electos hagan con nuestros votos lo que mejor les plazca.

Técnicamente es discutible. Algunos confrontan la decisión de reducir el déficit público a ultranza con la opción de crecimiento económico. Déficit cero antes que crecimiento o crecimiento con flexibilidad en el déficit.

Opciones. Se trata de un debate en el que hay inteligencias poderosas al servicio de una y otra. Y, claro, como casi todo en esta vida es relativo, no es lo mismo reclamar déficit cero en un país con todas sus infraestructuras concluidas –financiadas con déficit en su día– que en otro en fase de remate de esas inversiones. Mis ideas las tengo claras, pero no es el tema ahora.

Nos decían que reformar la Constitución de 1978 es un asunto muy serio. Que un país no debe andar con cambios de ese tipo. Y lo decían frente a quienes estamos totalmente convencidos de que esa Constitución de 1978, que en parte nació vieja, reclama a gritos cambios para mejorar la convivencia. Pero algunos parecían elevarla a una categoría cuasi divina, y es sólo humana, muy humana. Pues ahora, de repente, en agosto, casi a escondidas, envuelto en una crisis financiera, deciden dos partidos modificar la Constitución para introducir una norma técnica, una opción de política económica en un texto constitucional. ¿Cuál es la sanción si se incumple? ¿El Constitucional? Pues ya sabemos cómo funciona esa instancia política. ¿Condenaría al Gobierno de turno o le obedecería?

Lo de menos es que la reforma la dicten Alemania y Francia. Transferimos soberanía monetaria. Ahora toca la fiscal. Me importa que la reforma se haga al margen de la sociedad civil, como si la Constitución fuera algo suyo que manejan según conveniencias. Modifico si conviene. Si no, argumento que es intocable. ¿Referéndum? No se lo plantean. Creo que para los que defendemos a la sociedad civil esta modificación, en su modo y manera, al margen de su contenido, ilustra acerca de nuestra condición real: votantes de opciones cerradas, que aceptan que los electos hagan con nuestros votos lo que mejor les plazca.

El PP se suma a la demagogia fiscal del PSOE
EDITORIAL Libertad Digital 29 Agosto 2011

Siguiendo el dictado demagógico de los socialistas en materia fiscal, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, también ha animado a los "ricos" españoles a hacer un gesto similar al de los 16 dueños de grandes fortunas de Francia, que públicamente han pedido a su Gobierno pagar más impuestos. A juicio de González Pons, sería un detalle muy de agradecer, puesto que la clase media y los trabajadores ya llevan mucho tiempo haciendo un gran esfuerzo para "sacar al país adelante".

En efecto, la clase media y los trabajadores españoles llevan ya muchos años, demasiados, soportando un régimen fiscal que les priva de una parte importante de la riqueza que producen, no para levantar a ningún país, sino para que su clase política, a la que pertenece el siempre sonriente González Pons, dilapide todo ese esfuerzo conjunto con una gestión hipertrofiada que ha llevado a España al borde del precipicio. Esa clase media y trabajadora jamás ha pedido a sus gobernantes que la esquilmen y, sin embargo, esa es la realidad con que tienen que convivir, así que ¿por qué ha de esperar la casta política a que los ricos otorguen su permiso para hacer con ellos lo mismo?

La respuesta es que "los ricos" cuentan con las más diversas vías para evitar el pago de impuestos, tales como la creación de sociedades en lugares a salvo del fisco de sus países, la donación de grandes cantidades a fundaciones que suponen la correspondiente desgravación y un tratamiento fiscal generoso para las rentas distintas del trabajo; aspectos todos ellos que los gobiernos no van a modificar entre otras cosas por su evidente inutilidad, puesto que quien tiene los recursos suficientes siempre va a tener a su alcance métodos legales para evitar ser despojado en demasía.

La propuesta de esas grandes fortunas "progresistas" a uno y otro lado del Atlántico es gravar aún más pero sólo las rentas personales, olvidando añadir que a ellos no les afectaría en realidad puesto que perciben la mayor parte de sus ingresos de otras fuentes. En cambio, el aumento de la presión fiscal que solicitan con aparente "generosidad" la padecerían aquellos que con su esfuerzo, talento y disciplina ahorradora están en el camino de ingresar en tan selecto club.

Si los ricos tienen tanto interés en contribuir en mayor medida a "sacar al país adelante", sólo deben presentarse en la ventanilla de cualquier delegación de Hacienda y realizar un pago voluntario por la cantidad que estimen conveniente. Pero como la política española se ha convertido en un reflejo suicida de las propuestas de los "indignados", a los que hay que lisonjear ahora que se acercan fechas electorales, el español medio tiene que asistir con asombro a este festival demagógico al que alegremente se ha sumado también el PP.

Como siempre, las consecuencias las pagarán los trabajadores y modestos propietarios que forman nuestra clase media. La misma que el PP dijo un día estar dispuesto a defender.

Democracia y responsabilidad
 www.gaceta.es 29 Agosto 2011

Rafael L. Bardají nos habla sobre la responsabilidad y la democracia en la reforma de la Constitución que se está planteando.

A la izquierda, los medios, cualquier medio, siempre le ha parecido legítimo si les acercaba a sus fines. A los conservadores y liberales, no, apegados al tradicional y ético “el fin no justifica los medios”. Con el asunto de la reforma constitucional, dictada por correspondencia desde Berlín, y asumida automáticamente por nuestros líderes, la cosa ya no está tan clara. Fijar un techo de déficit es una buena cosa. ¿Pero es esta reforma constitucional la mejor forma?

Para empezar, parecería que hemos caído en la ingenuidad de Frau Merkel, quien de verdad cree que las leyes están para cumplirlas. En España sobran leyes. El problema no es la ausencia de un ya cargado marco legal, sino que no se cumplen. Y no se cumplen por falta de voluntad política. Posiblemente nos merezcamos una nueva constitución, pero antes que eso, pues no se debe poner el carro antes que los bueyes, lo que los españoles necesitan es un Gobierno honesto, que no engañe y que no se engañe a sí mismo. De lo contrario, con o sin reforma, volveríamos a hacer trampas.

En cuanto a las formas no sería tan grave si no se enmarcara en una creciente tendencia a la perversión de la democracia: la soberanía popular se está viendo suplantada por la acción de grupúsculos de todo tipo que imponen sus criterios impunemente al margen de cualquier cauce democrático. Ahí están los indignados, los anti-Papa y los de la kale borroka. Pero también los sindicatos, la partitocracia, las minorías varias y la UE.

La sociedad occidental ha basado su éxito histórico en los valores que la sustentaban. Valores sobre los que se edificaban instituciones y que se plasmaban, a su vez, en leyes. No al revés. Y en última instancia se basaba en la asunción por todos y cada uno de la responsabilidad individual y la colectiva. Sin decisión, es impensable la responsabilidad. Sin participación no hay complicidad. Y sin complicidad ni responsabilidad, no habrá compromiso. Poco importa lo acertado del fin.

La reforma constitucional: ¿operación de diversión?
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 29 Agosto 2011

¿Es o no es la reforma constitucional una "sugerencia" del Banco Central Europeo? Se ha hablado mucho (yo lo he hecho aquí) acerca de si la reforma constitucional es o no es una imposición (perdón, "sugerencia") de Merkel y Sarkozy. A este respecto se ha especulado sobre una misteriosa carta del BCE al presidente del Gobierno español (o a la ministra de Hacienda) y sobre su eventual contenido. Algún miembro del gobierno ha negado que ESTA reforma constitucional tenga relación con el BCE. Si esto fuera cierto, la pregunga sería: ¿por qué entonces se pone en marcha esta inútil reforma?

I. LA CRISIS DE LA DEUDA PÚBLICA
Es sabido que este mes de agosto los gobiernos de Italia y España estuvieron contra las cuerdas por causa del déficit que aqueja sus economías. Este déficit provoca que tengan que emitir bonos de deuda pública para cubrirlo. Y ahí está el problema.

La deuda de los países fiables se compra a un interés bajo porque su cobro es seguro. No hay riesgo en comprar deuda de Alemania porque todos saben que van a cobrar. Son los inversores los que se pelean por invertir en deuda alemana, no es Alemania quien busca desesperada compradores a su deuda. Es como dejar el dinero en un banco suizo: el banco no ofrece mucho interés, pero da una enorme seguridad de que ese dinero se cobrará.

Pero hay países que no son fiables y cuando, para financiar su déficit, emiten deuda, la situación es diferente. Quienes tienen dinero, precisamente porque consideran arriesgada, o muy arriesgada, la compra de la deuda pública de estos países, exigen un alto interés a cambio. Y el hecho de tener que pagar altos intereses a quienes compran la deuda pública supone, a medio y largo plazo hipotecar la economía del país. ¿Por qué? Pues porque dentro de unos años el presupuesto de ese país tendrá que dedicarse más a pagar a los prestamistas que a ayudas sociales o infraestructuras.

La quiebra se produce cuando no hay esperanza fundada en que el país deudor pueda pagar el dinero que se le ha prestado. Ante este riesgo el prestamista exige intereses cada vez más altos para intentar compensar con el pago de intereses el riesgo de dejar de cobrar del principal de la deuda. Es el caso de Grecia.

El "diferencial de deuda" del que se habla es la diferencia entre el interés que se paga por comprar deuda alemana (que se considera de cobro muy seguro) y el interés que se paga por comprar deuda de otro país. En consecuencia, cuanto mayor es el "diferencial de deuda" de un país con Alemania menor es la seguridad que tienen los prestamistas en cobrar la deuda de ese país. El diferencia de la deuda española respecto a la alemana no ha dejado de crecer con el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Si la causa de la crisis es el tremendo coste que supone tener que pagar altos tipos de interés por la deuda pública que emiten los países en dificultades, parece lógico que se piense que una posible forma de atajar el problema es hacer que estos países tengan que recurrir menos a la deuda. Y para ello, nada mejor que no tener déficit o tenerlo muy pequeño. ¿Cómo? Pues o con más productividad o con menos gasto o con ambas cosas a la vez.

II. LA CARTAS DEL BCE A ITALIA
Este es el contexto de la carta que el actual (Trichet) y el futuro (Draghi) directores del Banco Central Europeo enviaron al primer ministro italiano a principios de agosto. Recordemos que ese mes el "diferencial de la deuda" italiana respecto a la alemana aumentó de forma muy acelerada. La crisis se sorteó cuando el BCE decidió comprar la deuda pública italiana. Pero ¿con qué dinero compra el BCE esa deuda? No con su dinero propio... sino con el dinero de los países que dentro del euro tienen más recursos: Alemania y Francia.

En Italia se publicó, y se confirmó, que el BCE había enviado una carta al primer ministro italiano con una serie de "sugerencias", muy detalladas, sobre los cambios que deberían realizarse en Italia en el sistema económico.

III. LA POSIBLE CARTA DEL BCE A ESPAÑA Y SU EVENTUAL CONTENIDO
Dado que en las mismas fechas en las que el BCE compró deuda pública de Italia, también compró deuda pública de España, no resulta, por tanto, aventurado, afirmar que el BCE haya enviado otra carta al presidente del Gobierno español o a su ministra de Economía y Hacienda.
 
Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en Italia, en España, nadie ha confirmado la existencia de esa carta ni se ha filtrado su contenido.
El vicepresidente del Gobierno José Blanco ha dicho "yo no tengo constancia de que haya existido una carta del BCE" a España. Obsérvese que dice que "él" no tiene "constancia", pero no niega que la misma exista. Si no existiera sería lógico que negara su existencia. Pero no lo ha negado. De ahí cabe deducir, con una alta probabilidad que la carta existe.

Ahora bien, esa carta que parece muy probable que exista: ¿ha "sugerido" la actual reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución?
Aquí en su momento pensé en esa posibilidad, una posibilidad que también fue sugerida por el Partido Popular.
Sin embargo, el vicepresidente Blanco ha tenido una contundencia respecto a la reforma constitucional que no ha mostrado respecto a la existencia de la carta del BCE. Blanco ha dicho:

Lo quiero negar tajantemente; nunca el BCE ha planteado una exigencia de reforma de la Constitución

IV. REFORMA CONSTITUCIONAL: ¿MANIOBRA DE DISTRACCIÓN? ¿RESPECTO A QUÉ?
Si aceptamos las contundentes palabras de Blanco, la reforma constitucional no ha sido "sugerida" por el BCE.
Pero entonces nos encontramos dos hechos:
1. Es altamente probable que SÍ haya existido carta del BCE.
2. El contenido de esa carta muy probablemente puede ser diferente del de la carta enviada a Italia.

Y la primera pregunta entonces es: ¿qué ha sugerido el BCE?
A mi juicio, puede ser razonable pensar que el BCE haya sugerido un control del gasto autonómico, que es uno de los más graves problemas de nuestro sistema. Si la carta es tan "detallada" como la enviada a Italia no es descartable que haya podido sugerir, entre otras cosas, la supresión de los numerosísimos defensores del pueblo, consejos consultivos, cámaras de cuentas, consejos económicos y sociales, que pululan por la geografía autonómica.

Si esta hipótesis fuera cierta, la reforma constitucional planteada por el gobierno Rodríguez efectivamente no sería una "sugerencia" del BCE, sin una trampa como aquí se sugirió:
- una trampa a Rubalcaba;
- una trampa al PP que ha colaborado, no sé si calculando bien las consecuencias que ello tiene, en liquidar a Rubalcaba garantizando así que el PSOE volverá al zapaterismo tras la derrota de éste en las elecciones;
- una trampa a Merkel y al BCE, para intenta desviar la atención del BCE de sus "sugerencias", haciendo creer con esta finta que, sin cortar el gasto corriente de las autonomías (sobre todo el gasto de políticos) se puede mejorar la situación.

Los interrogantes son muchos.
Y sólo se pueden solucionar si el presidente del Gobierno de España y la ministra de Economía y Hacienda, en una declaración oficial:
- niegan, insisto, oficialmente que ha existido carta del BCE a España
- caso de que reconozcan la existencia de tal carta, hacen público su contenido a la opinión pública.

para moody's es positivo
S&P: "Cambiar la Constitución no resolverá los problemas de España"
Las calificadoras muestran opiniones dispares ante la reforma constitucional.
Libre mercado Libertad Digital 29 Agosto 2011

El director ejecutivo global de los ratings de la agencia de calificación Standard & Poor's (S&P), Paul Coughlin, ha analizado la actualidad económica española y los posibles cambios anunciados por el Gobierno en una entrevista concedida al diario El Mundo.

Coughlin asegura que "cambiar la Constitución no resolverá los problemas" del país. "Ese nunca ha sido el problema de España", afirma, sino que "los problemas fundamentales son el déficit por cuenta corriente, la falta de competitividad o la burbuja inmobiliaria, y como en Italia, la falta de flexibilidad del mercado laboral".

"Lo que hemos visto son más dificultades con los Gobiernos regionales. Algunos son más entusiastas en la financiación del déficit que el Gobierno central, pero esto no se resuelve fácilmente porque depende de problemas fundamentales en la política española", prosigue

Por otro lado, Moody's considera "positiva" para el perfil de crédito de España la propuesta del Gobierno y asegura que lo tendrá en cuenta en su análisis del rating soberano (Aa2), aunque advierte de que establecer una regla fiscal no resolverá por sí misma los desafíos fiscales del país.

"Aunque hubiera sido preferible incluir la cifra máxima permitida de déficit en la propia Constitución e introducir mecanismos claros de corrección y sanción en caso de desviaciones, el anuncio es positivo para el crédito de España a nivel soberano y subsoberano", explica la agencia.

La calificadora de riesgos colocó el pasado 29 de julio la nota de solvencia "Aa2" de España en revisión para una posible rebaja ante las dificultades del Gobierno para cumplir sus objetivos fiscales y por las persistentes presiones en la financiación.

En este sentido, Moody's precisó que la propuesta de esta constitucionalización del equilibrio presupuestario "será un factor a tomar en cuenta en la revisión".

La agencia destaca que dicha proposición, que se aplicará a todos los niveles de la Administración, incluidas las regiones, representará una "importante mejora" respecto al acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y las autonomías a finales de julio, ya que, a su juicio, un techo voluntario de endeudamiento "habría sido inefectivo" dado el historial de muchas regiones. Asimismo, Moody's subraya que el apoyo del principal partido de la oposición a la medida señala un amplio consenso y compromiso entre los partidos para lograr la consolidación fiscal.

No obstante, la agencia advierte de que "una regla fiscal no solucionará los actuales desafíos fiscales de España, ya que este año y el siguiente son más necesarios recortes del gasto que límites al incremento del mismo".

******************* Sección "bilingüe" ***********************
¿Suprimir municipios en España? ¿Quién se atreve?
Luis Miguez Macho El Semanal Digital 29 Agosto 2011

Con ocasión del anuncio de que el Gobierno italiano del estigmatizado Silvio Berlusconi va a suprimir municipios y provincias insostenibles por su insuficiente número de habitantes, se ha planteado también en nuestro país la cuestión de la reforma de la organización territorial en el nivel local. Me temo, sin embargo, que no sea más que una "serpiente de verano", porque ¿quién se atreve en España a ponerle el cascabel al gato de la cuestión territorial en cualquiera de sus múltiples vertientes?

Un breve apunte histórico
La culpa la tuvieron los revolucionarios franceses. Los jacobinos implantaron en Francia una organización territorial uniforme y racionalizada y, para ello, hicieron tabla rasa de las divisiones históricas, creando departamentos de similar extensión y denominaciones puramente geográficas. Sin embargo, en el nivel municipal no se les ocurrió mejor idea que poner ayuntamiento en cada pueblo y aldea. Así salieron los más de treinta y seis mil municipios del país vecino; si la cosa no derivó en el caos fue gracias a que la descentralización territorial y la autonomía municipal eran blasfemias incompatibles con la soberanía nacional única e indivisible y los alcaldes eran representantes del poder central tanto como de la comunidad local.

En España, como de costumbre, copiamos a medias. Las provincias de 1833, que con pequeñas diferencias son las actuales, se crearon con un criterio racionalizador similar al que inspiró los departamentos franceses, pero con una diferencia esencial: respetan los límites de las grandes demarcaciones del Antiguo Régimen. Por ejemplo, no se tocaron las provincias forales (las provincias por excelencia, por más que en el País Vasco los nacionalistas, tan respetuosos de la realidad histórica como de costumbre, les hayan cambiado el nombre por el de "territorios históricos") y en reinos y territorios como Aragón, Cataluña, Galicia o Valencia la división provincial se trazó como subdivisión interna de las demarcaciones históricas.

En cuanto a los municipios, no se llegó a la proliferación francesa porque, aunque la Constitución de 1812 mandó que se pusiese ayuntamiento en los pueblos que no lo tuviesen, añadió prudentemente que siempre que conviniese que lo hubiese, dejando la cuestión a la discreción de las autoridades políticas centrales, con el único límite de que no podría dejar de haberlo en los pueblos que por sí o con su comarca llegasen a las mil almas. Aun así, a día de hoy tenemos 8.116 municipios, de los cuales no llegan a la mitad los que superan las mil almas que proponían los constituyentes gaditados y tan sólo unos mil trescientos exceden de cinco mil habitantes.

Hay demasiados municipios, pero también fuertes obstáculos para reducir su número
Que los municipios con pocos habitantes casi siempre tienen graves dificultades para subsistir es evidente. Pocos habitantes significan poca recaudación fiscal y, por lo tanto, escasa financiación, con lo que nos hallamos ante estructuras político-administrativas que muchas veces no pueden prestar a los vecinos ni siquiera los servicios mínimos que la ley exige. Y si un municipio no tiene capacidad para prestar servicios a sus vecinos, ya me dirán para qué sirve y qué sentido tiene su existencia (y lo mismo se podría aplicar a otros niveles de la organización territorial).

Por ese motivo, en los países del centro y el norte de Europa a mediados del siglo XX se emprendieron procesos de radical reestructuración del mapa municipal, que llevaron a un fuerte recorte del número de estas entidades. En cambio, el mapa municipal decimonónico se mantiene con meras alteraciones puntuales en los países del sur de Europa, como Francia, Italia o España (Portugal es caso aparte, porque ya desde el siglo XIX cuenta con una división en municipios bastante racional).

Por lo que a nuestro país se refiere, hay quien sostiene que los partidos políticos mayoritarios, que ya se han apresurado a declarar que no están por la reducción del número de municipios, se oponen a esta medida porque supondría perder cargos públicos que repartir entre sus adeptos. Sin embargo, tampoco durante el Régimen de Franco, en el que, como es sabido, no había partidos políticos que tuviesen que distribuir cargos entre los suyos, se hizo nada efectivo por reestructurar en profundidad el mapa municipal, cuando era justamente el momento en el que este proceso se estaba llevando a cabo en otros países.

Sea como sea, no cabe duda de que la división municipal decimonónica ha generado una suerte de "patriotismo municipal", o, si se quiere ver de otra forma, de localismo más o menos exacerbado, que en España haría muy difícil para los políticos tomar la decisión de suprimir municipios. Y es que suprimir municipios supone, en realidad, fusionarlos por las buenas o por las malas y convertir a uno de entre varios en la cabecera de un nuevo supermunicipio. Imagínese el lector, mirando simplemente a su alrededor, los conflictos que provocaría tener que decidir quién se fusiona con quién y dónde estaría la capitalidad de cada nuevo municipio comarcal, salvo en el caso de las grandes ciudades y sus respectivas zonas de influencia.

Las diputaciones provinciales, ¿problema o solución?
Volvamos al caso francés. Hoy en Francia existe autonomía municipal, se mantiene un elevadísimo número de municipios y, sin embargo, se las van arreglando bastante bien. ¿Dónde está el secreto? Pues en una vigorosa intermunicipalidad. Los municipios que no pueden prestar servicios por sí solos lo hacen asociados a otros municipios y con la colaboración de los departamentos.

En España también tenemos intermunicipalidad, cuyo ejemplo principal son las mancomunidades, pero, por lo general, no funciona tan bien como en Francia. Entre nosotros, que una mancomunidad dure suele depender de que los alcaldes de los ayuntamientos asociados sean del mismo partido o se lleven bien, y esas circunstancias, como es evidente, son aleatorias y varían con el paso del tiempo.

Ah, pero contamos con una institución cuya función principal en la actualidad es justamente la de suplir las carencias de los municipios de poca población: la diputación provincial (salvo en las comunidades autónomas uniprovinciales, donde su función la ha asumido la Administración autonómica, y en los archipiélagos balear y canarios, donde son los consejos y cabildos insulares los que desempeñan el papel de las diputaciones). Sin embargo, día sí y día no su existencia se cuestiona con las más peregrinas excusas, en vez de discutirse seriamente la manera de mejorar su funcionamiento y competencias.

En todos los países de una cierta extensión territorial hay entidades intermedias entre los municipios y las regiones: departamentos en Francia, provincias en Italia (donde se plantea reducir su número, no eliminar la institución), círculos en Alemania, condados en la Gran Bretaña (como en los Estados Unidos). Por consiguiente, no hagan ningún caso de lo que dice el candidato Alfredo P. Rubalcaba sobre el supuesto ahorro que supondría sustituir las diputaciones por "consejos de alcaldes" o vaya usted a saber qué otro invento raro; más ahorro sería acabar con las comunidades autónomas y no propone que se haga.

Si se cuestionan las diputaciones es fundamentalmente porque les tienen manía algunos nacionalistas
Ciertos nacionalistas, como los catalanes, odian visceralmente las provincias y las diputaciones provinciales por dos motivos principales. El primero es que las consideran un símbolo del centralismo, por su origen decimonónico, a pesar de que, como decía en el apunte histórico del principio, las provincias españolas, a diferencia de los departamentos franceses, no hicieron tabla rasa de las grandes divisiones históricas, sino que respetaron sustancialmente sus límites. El segundo motivo, y más importante, es que las ven como un obstáculo para su proceso de "construcción nacional", debido a que son Administraciones territoriales autónomas de una extensión territorial considerable que podrían llegar a hacer sombra al poder autonómico.

Como es evidente, ninguno de esos dos motivos puede tener mucho peso para quien no comparta los dogmas ni la mística de los nacionalistas. De hecho, lo sucedido en Cataluña con la organización local en estas últimas décadas es la mejor demostración de la carencia de todo fundamento serio de las propuestas nacionalistas en el ámbito que nos ocupa: después de dejar casi sin competencias a las diputaciones, crearon comarcas para tratar de suplantar las aborrecidas provincias, pero esto ha resultado un fracaso; en vez de rectificar sabiamente, en el nuevo Estatuto de Autonomía, erre que erre, han diseñado cinco "veguerías" que vendrían a sustituir las cuatro provincias decimonónicas.

Ya me dirán qué diferencia puede haber, aparte del capricho seudohistoricista del nombre, entre tener cinco "veguerías" o cuatro provincias. El caso es que el Tribunal Constitucional ya le ha dicho a la oligarquía política catalana que, si las tales "veguerías" son las provincias con otra denominación y diferentes límites, la comunidad autónoma carece de competencias para crearlas, porque se estarían alterando las circunscripciones electorales de las Cortes Generales. Por consiguiente, sin el concurso del Estado sólo se podrían constituir como otro nivel más de la Administración local, con lo que Cataluña conseguiría batir todas las marcas mundiales de despilfarro e irracionalidad organizativa, al superponer municipios, comarcas, veguerías, provincias y la comunidad autónoma.

En definitiva, vale más que nos olvidemos de las ocurrencias de los nacionalistas y de sus corifeos como el candidato Alfredo P.. Bien está que se debata la reforma del mapa municipal, pero si se llega a la conclusión, como se llegará, de que políticamente no hay quien se atreva en España a abordar la fusión forzosa de municipios para reducir su número, la única vía que quedaría para racionalizar la Administración local sería la de reforzar la intermunicipalidad y mejorar el funcionamiento y las competencias de las diputaciones provinciales allí donde siguen existiendo.

¿Prohibimos o toleramos?
AURELIO ARTETA El País  29 Agosto 2011

Tras la feroz matanza de Noruega, la pregunta brota inevitable: ¿debemos permitir o prohibir la difusión de las ideologías que alientan conductas criminales
como esta? Ya es un paso adelante caer en la cuenta de que las ideas suscitan o modelan nuestras emociones y deseos y, por tanto, guían nuestra conducta.
Porque se sigue diciendo como si tal cosa que cada cual piense como quiera, y eso solo puede proclamarse si se supone erróneamente que nada de lo que el otro
haga tendrá que ver con lo que piensa o que no afectará a nuestros derechos. Es otra variante tonta del tópico de que una cosa es la teoría y otra la
práctica. La observación más común se encarga a cada instante de desmentir ambos supuestos, pero ni aun así nos aprestamos a revisar las ideas que nos
parecen nefastas. Pues entonces tropezaríamos con un nuevo prejuicio, el nihilismo arraigado en la mentalidad ambiental: que nadie puede arrogarse juzgar el
pensamiento de nadie ni coartar su libertad de expresión, porque todos los códigos morales son relativos a las respetables creencias de sus sujetos...

Dejemos en paz esas ideas, como las científicas o las referidas a gustos culinarios, que ni orientan nuestra existencia ni suelen enfrentarnos a muerte al
prójimo. Pero adviértase que las otras ideas, las morales y políticas, no son repudiables tan solo cuando incitan al asesinato. Son malas también si
justifican la explotación laboral o sexual, los abusos de poder, los tribalismos identitarios, el conformismo frente a la injusticia..., tantas cosas cuya
lista sería interminable. Ya es hora de abandonar ese perezoso simplismo de que lo único malo en la vida pública es la violencia y que todo lo demás debe ser
permitido. "Sin violencia todas las concepciones son legítimas", se ha repetido a coro en nuestro país ante el terrorismo. Pues no: aunque él mismo no
hubiera disparado un solo tiro en su vida, la concepción política del señor Breivic desbordaría ilegitimidad por todos lados.

Es decir, solo comprendemos la maldad de ciertas ideologías cuando palpamos, a posteriori, sus efectos más virulentos y sanguinarios. Solo entonces empezamos
a asustarnos, nunca antes. Al parecer no importa ni el veneno previo que han ido inoculando en la sociedad en sus sectores más sensibles, ni el desarme
intelectual y moral que traen consigo. Y estos últimos son estragos incluso peores que los crímenes, no solo por ser mucho más extensos y ordinarios, sino
también porque pasan sin réplica y acaban propiciando aquellos mismos crímenes.

La atmósfera prenazi (y pronazi) se formó gracias a la difusión de su ideología y al conformismo de esos pasivos "espectadores" que fueron los alemanes en su
mayor parte. Las mentes más lúcidas de aquel momento han reconocido que desdeñaron a Hitler, ni siquiera se tomaron la molestia de leer Mein Kampf y, en
consecuencia, no sabían después hacer frente al ideario nacionalsocialista.

La atmósfera abertzale vasca se ha gestado durante 50 años de siembra sistemática de dogmas etnicistas, de tergiversación de la Historia, de sumisión por
parte de una izquierda confusa... y de silencio. Todo se callaba, salvo (y eso ya en épocas tar

-días) el atentado mortal; solo se condenaban los medios brutales, mientras los fines y sus dogmas básicos permanecían intocables. La mayoría aún no ha
entendido que el mal causado en esa sociedad por ETA no acababa en sus asesinatos ni acabará con la desaparición de la banda. ¿O es que no lo estamos viendo
en sus últimos herederos?

Podremos dudar entre tolerar y prohibir la exhibición pública de ideas tóxicas. Lo que no podemos es aplaudirlas ni desentendernos de ellas; pero entre
nosotros han sobrado aplausos y prudencias harto interesadas. En casos extremos no cabe descartar la prohibición de una doctrina, programa o agrupación
políticas que vomitan abiertamente contra los valores democráticos primarios y, por tanto, contra la libertad e igualdad de los ciudadanos o de un grupo
particular de estos.

Ni el derecho a la vida es el único del catálogo ni el "prohibido prohibir" deja de ser un lema tan enfermizo como incoherente. Nada más estúpido que invocar
el pluralismo para permitir decálogos o partidos que pregonan sin tapujos su intención de acabar con ese pluralismo. El pluralismo no tiene por qué acoger
todo lo plural, por lo mismo que no todas las diferencias son valiosas. De manera que será un hipócrita quien se rasgue las vestiduras ante la menor
sugerencia de censura en esta materia..., al tiempo que se despreocupa de la calidad de la conciencia ciudadana. Habrá que proponerse más bien reforzar esta
conciencia si la queremos capaz de defenderse de aquellas soflamas.

Mientras no se traspasen esos límites de lo intolerable -del respeto de los derechos-, en cambio, lo habitual será la tolerancia hacia lo que nos molesta e
incluso desafía. Ahora bien, tolerar no es solo reconocer el derecho de los otros a profesar una creencia o mantener una conducta contrarias a las comunes.
Sería un dudoso tolerante, próximo a la mera indiferencia, quien por principio renunciara a mostrar su desacuerdo con el otro y, llegado el caso, a invitarle
a discutir las discrepancias. Y es que el desacuerdo entre las gentes, claro está, exige mucho más que si entre ellas reinara la unanimidad.

El derecho del otro a ser tolerado demanda un deber legal de tolerar, pero no menos la obligación moral de afinar nuestro juicio acerca de lo que toleramos y
por qué. Tampoco puede uno contentarse con reclamar el derecho a la libertad de expresión como este no venga con el deber de apoyar en argumentos las
opiniones que expresa, al menos en lo que atañe a nuestra vida común. Nadie deberá pedirme cuentas de mis comentarios deportivos, pero cualquiera tiene
derecho a exigirme responsabilidad por mis juicios políticos.

¿Me dejarán una coda final? De poco sirve que unos profesores exquisitos tengamos a John Rawls como pensador de cabecera, mientras no transmitamos su
enseñanza a la opinión pública. Para este pensador, si en una sociedad se cultivaran ciertas doctrinas incompatibles con el ideal democrático, tarea de la
razón pública sería "impedir que obtengan la suficiente difusión" como para comprometer la justicia política básica.

Y a todo esto, ¿qué responden nuestra escuela y universidad? Pues verá usted: casi nada la primera y todavía menos la segunda. Una Ética escolar que se
propone la vaguedad de "educar en valores" y de hacerlo al modo de una "asignatura transversal", como si careciera de contenido propio, acepta de antemano el
sambenito de maría. Aquella Educación para la Ciudadanía ya salió malparada de su batalla con los obispos, que no admiten otro adoctrinamiento que el suyo. Y
en las aulas universitarias, la teoría de la democracia y materias afines se enseñan hoy a todo lo más en un par de asignaturas y facultades: para la mer-
cantilización del conocimiento que busca el proceso de Bolonia ya es demasiado.

Al paso que vamos, los Breivic del futuro tal vez ya no necesiten perseguir a tiros a estudiantes, porque sus ideologías no hallarán muchos estudiantes que
sepan resistirlas.

Aurelio Arteta es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasc

Bildu y el PSOE se quitan la careta

EDITORIAL Libertad Digital 29 Agosto 2011

Después de una negociación que ha durado prácticamente dos legislaturas y que, de momento, ha concluido con la rehabilitación política y económica de la ETA, parece que el PP se está cayendo del guindo y comienza a admitir la existencia de un proceso de rendición del Estado de Derecho ante la banda terrorista.

Ha sido necesario que el Constitucional, por culpa de los magistrados socialistas, legalizara una formación política que ya desde sus inicios era un apéndice de la ETA, según todos los informes policiales, y que desde las instituciones no ha hecho más que ratificarlo insultando a las víctimas, para que los del PP se empiecen a cuestionar la permanente deslealtad de Zapatero hacia España.

Y es que, pese a todas las notorias evidencias que se han acumulado desde que el Constitucional decretara que Bildu no era el brazo político de ETA, los dirigentes socialistas siguen dándose cabezazos contra la realidad. Recientemente, el socialista vasco Rodolfo Ares y el vicepresidente segundo del Gobierno, Manuel Chaves, se han pronunciado en contra de promover la ilegalización de Bildu e incluso de plantear una moción de censura contra el diputado general por Guipúzcoa, Martín Garitano. La ceguera del PSOE no se debe a su incapacidad para realizar el más elemental análisis político de la situación, sino más bien a las condiciones impuestas por ETA para que los contactos entre ambas partes continúen y lleguen a buen puerto antes del 20-N.

Aunque muy tarde, hace bien el PP en poner el grito en el cielo. Pero no olvidemos que en menos de tres meses habrá elecciones generales y previsiblemente el partido de Rajoy se hará con el Gobierno. Ésa será la auténtica prueba de fuego para saber si la oposición blanda que en materia antiterrorista ha mantenido el PP hasta la fecha era fruto de un engaño del Gobierno o, en cambio, de la complicidad con éste. Esperemos que, no sólo en economía sino también en materia antiterrorista, el PP sea alternativa y no alternancia.

El Gobierno de Patxi López busca manipular la memoria de las víctimas del terrorismo
El Gobierno de Patxi López busca manipular la memoria de las víctimas del terrorismo para construir un relato histórico que difumine la responsabilidad de
los asesinos etarras y de quienes justifican a los criminales
Euskadi Información Global. Redacción. Bilbao.  29 Agosto 2011

¿Se imaginan que el gran Memorial de homenaje a las más de 3.000 víctimas de los atentados islamistas del 11 de septiembre de 2001 que se levanta en el Worl
Trade Center de Nueva York homenajerara, además de a los hombres y mujeres asesinados en las Torres Gemelas, a, por ejemplo, los damnificados por el racismo
en la reciente historia de la ciudad norteamericana, a los afectados por los abusos policiales a lo largo de las últimas décadas, a los neoyorquinos
perjudicados por las prácticas mafiosas en los años veinte del pasado siglo o a los miles de hombres y mujeres emocionalmente damnificados por el crimen
contra John Lennon?.

Pues bien, algo similar a esto es lo que, al parecer, pretende hacer el Gobierno de Patxi López para recuperar la memoria de lo recientemente padecido en
Euskadi, según se desprende de las palabras de Txema Urkijo, el director adjunto a la Dirección de Víctimas del País Vasco, que, una vez más, no ha dudado en
minusvalorar el papel referencial de los afectados por la violencia terrorista con el fin de difuminar la inmensa distancia ética que separa a las víctimas
de sus verdugos y con el objetivo de transmitir la idea perversa de que en la reciente historia del País Vasco ha existido un conflicto alimentado por
múltiples causas.

"La memoria no puede ser exclusiva de los afectados por ETA y debe abarcar todo lo sucedido en este país en los últimos cicuenta años, diferenciando lo que
es distinto, pero abarcando todo", ha explica Urkijo, quien, con el grado de ininteligibilidad propio de los que tienen las ideas poco claras o de quienes no
tienen nada coherente que decir, ha añadido, además, que "la memoria no puede olvidar nada (...) Memoria es hacer memoria de lo que ha sucedido, que tiene
dos aspectos: la violencia y las víctimas. Pero no es exactamente lo mismo".

Estas palabras del adjunto a la Dirección de Víctimas del Terrorismo que dirige Maixabel Lasa se enmarcan dentro del intento impulsado por el Gobierno de
Vitoria, con el apoyo y la aquiescencia del PNV, de poner en marcha una iniciativa permanente de reconocimiento histórico a las víctimas del terrorismo que
transmita, al mismo tiempo, la idea falsaria defendida por el nacionalismo vasco, y por una parte importante de los socialistas vascos, de que en los “nuevos
tiempos políticos” que se viven “no hay ni vencedores ni vencidos” y que es preciso homenajear a las víctimas de “todas las violencias”.

De hecho, esta apuesta por la multiplicidad de la memoria y por la pluralidad de los argumentos a recordar colectivamente, se recoge perfectamente en la
propuesta que maneja el PNV para esta cuestión. En este sentido, Iñigo Iturrate, en representación de este partido, ha propuesto crear un Instituto de la
Memoria que recoja los diferentes centros y monumentos que se pongan en marcha alrededor de los diferentes grupos de víctimas y que mantenga "una memoria
inclusiva para no dejar en la cuneta a nadie". De este modo, y según explica Iturrate, bajo este paraguas, “se podría incorporar al Instituto de la Memoria
centros ya existentes como el Museo de la Paz de Gernika o el monumento a la batalla de Machichaco.”


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