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Recortes de Prensa   Viernes 2 Septiembre 2011

 

Reforma constitucional
La izquierda y su corsé
Cristina Losada Libertad Digital 2 Septiembre 201

Nuestra izquierda ha topado con el déficit y, francamente, no estaba preparada. La súbita inmersión en la realidad le ha provocado una rabieta. Zapatero ha tenido que ceder de nuevo ante los hechos, puesto entre la espada de la deuda y la pared de Merkel. Pero le ha salido un molesto sarpullido en su propio flanco, en el más querido. Es la consecuencia imprevista de hacer señuelo y bandera de la ideología. Cómo extrañarse de que sus fieles juzguen ahora sus decisiones por el rasero ideológico y las declaren, ¡horror!, de la más rancia derecha. Aunque la parte divertida del caso es la desorientación de la izquierda respecto a qué es de izquierdas, cuestión ontológica que tanto ocupa a sus gentes.

Voces airadas braman contra el principio de equilibrio presupuestario porque despide, aseguran, un detestable tufo ideológico. A fundamentalismo conservador, a neoliberalismo salvaje o a derechismo fanático, dicho sea en su rico vocabulario. Y, por supuesto, denuncian su inclusión, aun de aquella manera, en la Constitución, como una intolerable imposición de los mercados. Vale. Entonces, gastar más de lo que se ingresa, endeudarse y lastrar con esa deuda el presente y el futuro de los españoles, es un dogma inscrito en el libro sagrado de la izquierda. Así, cuanto más déficit y más deuda contraiga un gobierno y, por tanto, cuanto más dependa de los mercados, más de izquierdas será y todos felices. Con tan pintoresco criterio, han de canonizar a Berlusconi los de IU, UGT y Comisiones. Sin olvidar a Reagan, que hizo el célebre chiste cuando le preguntaron por el déficit: "Ya es lo suficientemente grande para cuidar de sí mismo".

De izquierdas, de izquierdas, es subir los impuestos, pero he aquí que Zapatero sentenció lo contrario. Por obvias razones electorales. Metido en tal callejón, el PSOE ha pergeñado un cuento fantástico para encajar la reforma en el lecho de Procusto ideológico y contentar a sus huestes. Y es que nos acechaban dos malhechores, el "déficit cero" y los "manirrotos", hasta que ambos fueron detenidos en briosa operación por Supermán Rubalcaba. Incluso González, Felipe terció para determinar que lo de derechas era el "déficit cero", al que propinó el sopapo de "sectario". Cómo puede ser sectario un balance de ingresos y gastos es un misterio que, me temo, no va a desentrañarse. Por lo demás, no hay enigma. Nuestra izquierda no quiere un corsé presupuestario, pero es prisionera del suyo.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Izquierda
Crisis y democracia
Agapito Maestre Libertad Digital 2 Septiembre 201

Independientemente de que sean o no efectivas para relanzar la economía, las medidas que están tomando los nuevos mesogobiernos autonómicos del PP, por ejemplo, las que ha anunciado De Cospedal para Castilla-La Mancha, dejan claro que asistimos al inicio de otra forma de hacer política que, sin duda alguna, también tendrá consecuencias en el futuro de la socialdemocracia española. La autonomía de la política en el metafórico pacto socialdemócrata, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, entre mercado y Estado estaba asegurada siempre que la deuda y el consiguiente déficit fueran razonables, es decir, pudieran satisfacerse sin poner en peligro el mercado, o mejor, la sociedad. Este catón de la socialdemocracia, en verdad, de la izquierda y la derecha democráticas europeas ha saltado hecho añicos por las políticas populistas, es decir, de gasto sin medida, llevada a cabo por nuestros gobernantes. Aquí todos son culpables, aunque reconozcamos que el PSOE de Zapatero se ha pasado.

Una parte de la izquierda no quiere enterarse de ese asunto y culpa a los mercados de imposición, o peor, de querer subyugar a la democracia. Eso es falso. Al contrario, han sido las "políticas" populistas de la izquierda y de la derecha, que sin ninguna autolimitación han gastado sin control alguno las causas fundamentales de la crisis, que ha puesto al borde del abismo el sistema democrático surgido después de la Segunda Gran Guerra. Se impone, pues, otra política y, sobre todo, otro estilo político que antes que mimar al votante, como si fuera un niño mal criado, lo trate como un ciudadano consciente de los límites del sistema político. Ha llegado, pues, la hora de los políticos serios que expliquen con rigor que el actual déficit no sólo es insostenible, sino que pone en cuestión la autonomía de la política: la democracia.

La crisis económica trae, pues, una nueva forma de ejercer la política. No trato de hacer de la necesidad, como se dice vulgarmente, virtud, sino de resaltar que asistiremos al final de un tipo de político populista, entre los que destacan los nacionalistas, porque la crisis económica le impide mantenerse en el poder a base de deuda y déficit. No se trata sólo de que haya llegado la hora de los recortes para mostrar que podemos pagar la deuda, sino que es imposible ya esa forma de político que se mantiene en el poder en función de darle más a su votante que lo ofrecido por el adversario. Eso se ha terminado.

La crisis es de tal envergadura que ha arrasado a la izquierda dogmática, que aún sigue pensando como si la Unión Soviética no hubiera desaparecido, al sindicalismo, que trata de compaginar la revolución, con la verticalidad del franquismo, y a gentes que todavía creen en la revolución. En fin, la vieja izquierda y, por supuesto, la derecha intervencionista no quieren enterarse de que la rehabilitación del pacto socialdemócrata, es decir, la vía genuinamente política es la salvación de la democracia. En síntesis, si logramos poner frenos al déficit, entonces no habrá deuda. Es la única manera de no depender de los mercados. O se acepta "esto" o a la calle hacer la revolución. Aunque habrás posiciones aún más enloquecidas, por ejemplo, la de aquellos socialistas serios y demócratas que serán obligados por sus torpes dirigentes a estar en los dos sitios. Tendremos ocasión, antes de lo que piensan algunos, de levantar acta de esa locura.

La rabieta de CiU
MIQUEL PORTA PERALES ABC Cataluña 2 Septiembre 201

La corrección política catalanista asegura que la introducción del control del déficit en la Carta Magna implica la ruptura del pacto constitucional y la continuación del proceso de recentralización del Estado iniciado con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto. No es cierto. El pacto constitucional no se rompe, porque la reforma se hace de acuerdo a lo que establece la Constitución. ¿Dónde estaría el problema? Según dicen, en el siguiente hecho: los partidos que impulsan la reforma —PSOE y PP— no habrían consensuado previamente el texto con una CiU que participó en la redacción de la Constitución. ¿Ello supone la ruptura del pacto constitucional? Insisto: el pacto sólo se rompe si la reforma se hace de espaldas a la Constitución. No es el caso. Y si CiU está tan preocupada por el pacto constitucional, podría sumarse a los partidos que impulsan la reforma aportando ideas. Prosigamos —segundo elemento de la corrección política catalanista— con la recentralización del Estado. Dejando a un lado que el nuevo Estatuto —más autonomía y competencias para la Generalitat— no es recentralizador, ¿acaso el control del déficit —no gastar lo que no se tiene— supone una recentralización? No. El control del déficit es un asunto de sentido común para evitar males como los que ahora padecemos por culpa de la crisis.

El catalanismo, con la crítica a la reforma, cultiva el victimismo que tan buenos resultados le ha dado, marca perfil ante las próximas generales, y busca un cambio de cromos —reforma por límite de la solidaridad interterritorial— en beneficio propio. ¿De dónde viene la rabieta en el Congreso? De la pérdida —ellos, que se creían decisivos en Madrid— de poder. Pero, aquí no acaba la cosa. Cuando se discuta la ley orgánica que dará cuerpo a la reforma constitucional, CiU —que, en el fondo, está de acuerdo en la reducción del déficit— pactará aquello que más le convenga. Ese es otro elemento de la corrección política catalanista.

El miedo de Rajoy
Ha ordenado a Soraya redoblar esfuerzos con CiU porque el PSOE aún puede hacer daño.
Ketty Garat www.gaceta.es  2 Septiembre 201

Parece que hubiera que marcharse a otro planeta para sorprenderse por las insólitas amenazas nacionalistas ante el primer gran acuerdo PP/PSOE. El “choque de trenes” de Duran; Llamazares y Ridao llamando a la rebelión; y Erkoreka pidiendo la independencia… ¿Es que nos hemos vuelto locos? Quienes hoy patalean porque se les excluye no llegan al 10% de la representación y han aislado durante ocho años al PP, que, junto con el PSOE, suma el 90% de los escaños.

Dicen algunos que “están mal acostumbrados” porque los minoritarios de CiU, PNV, BNG, CC y ERC han gobernado para todos los españoles a través de esa técnica de partido ‘llave’ consistente en aislar al PP beneficiándose económicamente de la venta de su voto. Enseñan su pen-drive presupuestario repleto de millones, se van a la Tierra con las maletas llenas y encima chulean de no haber conseguido “nunca tanto por tan poco”, (Erkoreka dixit). Ahora, escenifican un “me enfado y no respiro”, que en realidad revela un “¡qué hay de lo mío!”.

Personalmente, no defiendo que la reforma más compleja del ordenamiento jurídico se haga en 48 horas, sin trámite parlamentario, a un mes de la disolución de las Cortes y con serias dudas de su eficacia. Pero, aunque refleje una actitud maniquea, la indignación nacionalista me hace estar un poco más a favor. “Duran echa humo. Ha sido un éxito”, dijo un diputado a Soraya en un sms. Pero Rajoy se fue preocupado. “Tenía la cara desencajada”.

Su miedo radica en que la letra pequeña la tendrá que aprobar él mientras Rubalcaba ya se hace la foto con Durán. Alfredo no es ajeno a la porra del PSOE sobre su suelo electoral: “¡90 diputados!”. Eso explica que su tarea sea sembrar de minas el campo legislativo. Rajoy ha ordenado a Soraya redoblar esfuerzos con CiU porque, aunque el Congreso esté para hacer política nacional, y no nacionalista, percibe un PSOE que puede hacerle aún mucho daño despertando, de nuevo, el cordón sanitario pactado en Perpiñán.

*Ketty Garat es periodista.

La manta del indio
Martín PRIETO La Razón  2 Septiembre 201

Felipe González ha comenzado a escribir artículos cantiflescos en el periódico al que tanto debe y tanto le adeuda. Como es inteligente acierta en los pronósticos pero se pierde en la neblina de los análisis. Considera el déficit cero como un disparate propio del radicalismo ideológico y del Partido Popular, alumno aventajado del Tea Party. El sectarismo socialista no ceja ni cuando pactan con el enemigo, porque adversarios no tienen.

El déficit cero es una abstracción, como el cero absoluto al que nunca se llega. También el pleno empleo no existió ni bajo el socialismo real y sólo es un convencionalismo por el que según un tanto por ciento de la población activa en desempleo se considera, no obstante, que las cosas van bien si las prestaciones sustitutorias son adecuadas.

Demonizando el inexistente déficit los socialistas indignados y cabreados quieren que el techo de la deuda no se calcule por años fiscales sino por ciclos económicos. Está bien, pero no siendo la economía una ciencia exacta nunca se sabe cuando vienen las vacas gordas o llegan las reses flacas.

Pero el mayor peligro reside en que la socialdemocracia europea ha ideologizado el gasto, el imperativo y el fraudulento, como única propuesta política y se ve impelida a endeudarse en bonanza o en tormenta, como ha demostrado Zapatero en esta legislatura. Si no pedalean con el erario se caen de la bicicleta. Un indio teniendo frío en la cabeza cortó su manta por abajo consiguiendo calentarse las orejas y enfriarse los pies. La lección que aprendió el indio es elemental: hay que tejer una manta más larga aunque sea más estrecha.

Cuando los partidos pactan ¡cumplir la ley!
Roberto Blanco Valdés La Voz  2 Septiembre 201

¿Se imaginan a un policía pactando con los mandos no golpear a un detenido? ¿O a un empresario acordando con sus trabajadores pagarles el salario fijado por la ley? ¿O a un profesor concertar con sus alumnos no calificarlos a lo loco? Los ejemplos podrían, claro está, multiplicarse al infinito, pero ello resulta innecesario para argumentar lo que ahora me interesa: que el respeto a la ley no puede ser objeto de negociación por parte de quienes están obligados a cumplirla.

Demostrando una vez más lo que todos ya sabemos -que los partidos consideran que, en el fondo, no están sujetos a las reglas que rigen para el resto de los sujetos individuales o colectivos que participan en la vida de nuestra sociedad-, el PSOE y el PP acaban de cerrar un pacto tan insólito como cualquiera de los citados en el encabezamiento de este artículo: realizar la precampaña del próximo 20-N sin publicidad electoral.

¿Y por qué tal acuerdo será insólito?, se preguntarán, quizá, muchos lectores. De hecho, que los dos grandes partidos españoles convengan no tirar con un dinero que sale en su inmensa mayoría del bolsillo de los contribuyentes y solo en una parte ridícula de los de sus propios militantes, parece la cosa más razonable del mundo en cualquier situación, pero más en una coyuntura tan terrible como la que el país está pasando.

No, lo increíble y bochornoso del acuerdo entre el PSOE y el PP para no hacer publicidad electoral antes de que se inicie oficialmente la campaña es que tal cosa está prohibida taxativamente por la ley, pues así lo establece desde hace años el artículo 53 de la ley electoral.

Todo el mundo sabe, por supuesto, que esa prohibición ha sido incumplida de forma sistemática por todos los partidos, que hacían campaña, limitándose solo a no pedir el voto. Por eso los mismo partidos que, con una cara dura impresionante, pactan ahora no hacer lo que la ley ya les prohibía, acordaron modificar la ley electoral a principios de este año, para dejar más clara aún tal prohibición: «Desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos».

Lo peor y más escandaloso del asunto no es solo que PP y PSOE hayan convenido ¡cumplir lo que las leyes determinan!, sino que, antes o después, encontrarán un modo de vulnerar tanto su pacto -cuyo objetivo no es otro que engañar a una ciudadanía escandalizada por los vergonzosos dispendios del gasto electoral- como la ley que convierte a aquel en un escarnio. Estén atentos y podrán verlo en cuanto comience la jarana.

España
El tijeretazo autonómico se convierte en valor electoral
El recorte del gasto ya no se ve como un ataque a los derechos sociales sino como ejemplo de gestión
P M / MADRID ABC 2 Septiembre 201

«El recorte del gasto es un ataque al estado del bienestar». Hasta hace muy poco, incluso cuando la crisis económica era ya evidente, el axioma circulaba con cierto éxito entre los círculos de la izquierda. Hoy, con una reforma constitucional en marcha para fijar un techo de déficit público sugerida por Francia, Alemania y el Banco Central Europeo; una tasa de paro superior al 20 por ciento y una prima de riesgo que ayer superaba los 290 puntos básicos, la percepción ha cambiado de forma radical. Lo que antes era una agresión a los derechos sociales es hoy ejemplo de gestión eficaz y, por tanto, un sólido valor electoral. Y lo es tanto para el PP como para el PSOE, pasando por los nacionalistas.

La prueba del nueve de este cambio es la reacción del Gobierno ante el plan de austeridad para Castilla-La Mancha anunciado el miércoles por su presidenta, María Dolores de Cospedal, que supone una reducción del 20 por ciento del presupuesto regional, que supondrá un ahorro de más de 1.800 millones para una comunidad que cuenta con poco más de un 1.100.000 habitantes. Pues bien, la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, se apresuró por la tarde a afirmar que «es lo que debe hacerse», y añadía que «cumpliendo ese plan de equilibrio financiero podrá recibir autorizaciones de endeudamiento a largo plazo que en este momento le están vedadas».

Castilla-La Mancha, pues, marca el camino y ahora le seguirán otras comunidades arrebatadas por los populares a los socialistas como son Aragón, Baleares, Extremadura o Cantabria. Asimismo, los feudos tradicionales del PP —Madrid, Valencia, Galicia, Castilla y León, Murcia y La Rioja—ya habían comenzado antes sus planes de ajuste, a los que se sumó también CiU en Cataluña, con una reducción del 10 por ciento en el presupuesto. El País Vasco, con Patxi López, también ha emprendido esa senda. Queda Andalucía, pero es seguro que las tras las próximas elecciones seguriá el mismo camino. El gasto público ya no es progresista. Y todos son conscientes de ello.

Comunidad de Madrid
Más de 500 millones de ahorro

En Madrid, Esperanza Aguirre afrontó el toro de la crisis hace ya dos años, con una serie de medidas de ajuste en sus presupuestos que le han permitido ahorrar en torno a 542 millones de euros entre 2008 y 2010. Entre estas medidas, las principales han sido la reducción de altos cargos, que han pasado de 139 a 73; así como la eliminación de siete carteras en su Gobierno regional en tres años: de 15 han pasado a las actuales 8.

Además, ha eliminado 102 entes y organismos públicos, y ha renegociado los alquileres de los edificios donde tiene sus sedes oficiales. Por último, ha emprendido un plan de ahorro en coches oficiales: ahora sólo cuentan con coche particular para sus desplazamientos la presidenta, el vicepresidente y los consejeros. El resto de altos funcionarios se reparten los 77 coches de incidencia (antes eran 125).

Comunidad Valenciana
El gasto disminuye 1.800 millones
El Gobierno valenciano recortará este año gastos por un importe superior a los 1.800 millones de euros respecto a 2010. La medida fue aprobada por el Ejecutivo que preside Alberto Fabra el pasado 29 de julio e incluye la reducción de liberados sindicales, la amortización de plazas de funcionarios que no se renovarán y un plan de reducción del gasto farmacéutico. La Generalitat anunció ayer la reducción del 20% del sistema público valenciano, que supondrá un ahorro adicional de 400 millones de euros. En los últimos años, la principal causa del elevado déficit público ha sido el desfase entre la financiación estatal y el coste de los servicios. Además, la apuesta por los grandes proyectos, como la finalización de la Ciudad de las Artes y las Ciencias o del parque temático Terra Mítica, engordó la deuda, informa Alberto Caparrós.

Cataluña
Tres mil millones menos de presupuesto
Tras ganar la presidencia de la Generalitat en noviembre, Artur Mas se aplicó en el diseño de un severo plan de recortes que impacta en campos sensibles como la educación o la sanidad, ámbitos en los que los recursos han disminuido un 7,4 y un 10% respectivamente, informa Alex Gubern. El presupuesto de la Generalitat para 2011 —pactado con el PP en el Parlament— asciende a 32.354 millones de euros, lo que ha implicado una reducción global del 10% sobre el del ejercicio anterior. El déficit previsto es del 2,66% sobre el PIB (sobre los 5.400 millones), lejos del 1,3% que exige el pacto de estabilidad presupuestaria pero lo máximo que, según la Generalitat, puede asumir el primer año de legislatura. La consejería de Economía ha diseñado un plan a tres años vista, que prevé alcanzar el 1% de déficit en 2014.

Galicia
Dos mil millones menos al año
Alberto Núñez Feijóo inauguró en Galicia la senda de la austeridad. Desde su llegada en 2009, la Xunta ha reducido su presupuesto anual en alrededor de 2.000 millones de euros. Nada más tomar posesión, redujo un 47% los altos cargos de la Xunta y sus respectivos centros de dirección, fruto esencialmente de la reducción de 13 a 10 consejerías. También se contrajo un 30% el personal de confianza y gabinete. Apenas tres meses más tarde aprobaba una rebaja del 3% al salario de los directivos, que se sumaría al posterior «tijeretazo» de Rodríguez Zapatero de mayo de 2010. El recorte también se ha hecho extensivo a la administración paralela, informa José Luis Jiménez.

Aragón
Un 22 por ciento menos de altos cargos
Veintidós millones de euros es lo que tiene previsto ahorrar el Gobierno de Aragón, presidido por la popular Luisa Fernanda Rudi, en los próximos cuatro años recortando altos cargos y gastos protocolarios en la administración autonómica. De ese dinero, 18 millones este mismo año. Y es que el nuevo Ejecutivo ya ha aprobado el recorte de plantilla. Se reduce en un 22 por ciento el número altos cargos y asesores, lo que supone un ahorro de 17,9 millones de euros esta legislatura. Además, disminuyen en un 30 por ciento el gasto en atenciones protocolarias y representativas para este ejercicio. En euros, 244.000. Estas cantidades se destinarán a gasto social.

Sin embargo, la mayor reestructuración vendrá de la mano del sector público. Los populares están a la espera de recibir la auditoría sobre el estado de las empresas públicas, un trámite necesario para buscar la reordenación del sector, informa Yolanda Aznar.

Baleares
Plan de ahorro a cuatro años
José Ramón Bauzá, ya ha eliminado siete consejerías y 35 direcciones generales, lo que supondrá un ahorro de 26,6 millones de euros en cuatro años. Además, prevé ahorrar 380 millones hasta finales de este año. El plan prevé la eliminación de empresas públicas, la reducción de los gastos ordinarios y la disminución de las subvenciones, informa Josep Maria Aguiló.

Castilla y León
La prioridad, racionalizar el gasto
La Comunidad garantiza que el ajuste que sufrirán los presupuestos para 2011 no afectará a las prestaciones públicas «esenciales», informa María Gajate. Todo lo contrario, ya que se estudia la fórmula para asegurar el «blindaje» de la Educación, la Sanidad y los servicios sociales. No obstante, y a falta de concretar el Plan de Racionalización del Gasto, hasta final de año se va a ahorrar 217 millones de euros.

Extremadura
Recorte de hasta el 70 por ciento
José Antonio Monago ya anunció que su objetivo era conseguir un recorte del 70 por ciento del gasto en Extremadura. Para lograrlo, su compromiso es eliminar altos cargos, coches oficiales y empresas públicas. Ayer mismo, llamó a los extremeños a «un esfuerzo colectivo de enorme envergadura, ya que el reto no tiene precedentes». Se enfrenta a un déficit público del 6,81% del PIB.

Canarias
Rivero apunta, pero no dispara
Paulino Rivero ha asumido ya la necesidad de recortar gastos. Sin embargo, parece tener claro el qué pero no el cómo. No en vano su insistencia en reanunciar una y otra vez lo vital de emprender la senda de la austeridad no termina de concretarse y la acción queda circunscrita por el momento a medidas de menor eficiencia, informa M. Á. Montero.

Murcia
Disminuye el gasto un 15 por ciento
El Gobierno murciano ha anunciado que los presupuestos de la Región para 2012 disminuirán entre un 15 y un 18 por ciento, pero ha asegurado que este recorte no afectará a las partidas de sanidad, educación y políticas sociales. El Ejecutivo autonómico prevé que los presupuestos regionales bajarán unos 800 millones de euros, si bien ha señalado que se trata de un dato «aproximado».

Navarra
Primeros pasos, pero aún tímidos
El Gobierno navarro también ha optado por meter la tijera en la cuenta de gastos. Aunque todavía con timidez. Y ha empezado por los cargos. El número de consejerías ha pasado de 12 a 8 y se ha reducido una media del 23 % el número de altos cargos y personal de libre designación. Además, se han revisado las ayudas y subvenciones y eliminado de algunos órganos, informa Pablo Ojer.

Cantabria
Reducción de gasto, bajada de impuestos
Ignacio Diogo, presidente cántabro, reducirá los presupuestos en 125 millones de euros. ero lejos de subir los impuestos, el presidente cántabro ha anunciado todo lo contrario, y ha asegurado que los bajará. Diego aseguró que en Cantabria solo hay dos opciones: hacer sacrificios o la «bancarrota absoluta», que está «muy cerca», informa Rocío Fernández Ortiz.

Asturias
Comprometido con el ahorro
Francisco Álvarez Cascos promerió reducir el gasto público no productivo y elaborar un plan de austeridad para el gobierno y el sector público, con reducción de asesores y puestos de libre designación, coches oficiales, atenciones protocolarias, edición de publicaciones y publicidad. También habrá una drástica reducción de los órganos de apoyo a la presidencia.

La Rioja
Un tercio menos de altos cargos
El Gobierno riojano ha reducido su estructura en 42 personas, entre altos cargos, y personal eventual y de libre designación. Implica un recorte del 33% para ahorrar 2.571.998 euros al año por el coste de los salarios brutos de quienes ya no forman parte del Ejecutivo. Así, para esta legislatura habrá 10 millones de euros más para las arcas regionales, informa Sonia Barrado.

Aguirre y Cospedal marcan el camino a seguir.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 2 Septiembre 201

Tras la estela de Esperanza Aguirre, Mª Dolores de Cospedal ha realizado la que es hasta ahora la mayor reducción del gasto público que se ha hecho en España a nivel autonómico. Nada menos que un recorte del 20% del gasto. Y lo mejor es que el lema es impecable, "para mantener los servicios sociales". ¡Vaya!, parece que la fórmula de ahorro no era tan difícil después de todo. Ha bastado con ir quitando los excesos, prebendas y el infinito mercado del enchufismo administrativo, para lograr el milagro.

Solo con recuperar la mano de obra (es un decir) de los "liberados" sindicales y dejarles en el número estricto que permite la Ley, para que el ahorro sea más que sustancioso. En Madrid, ya han empezado hoy primero de septiembre a incorporarse a sus antiguos destinos, algunos llevan años sin aparecer por allí y en su servicio ni se les conoce. Una medida a la que los sindicatos ni pueden ni se atreven a oponerse, aunque mucho me temo que harán lo imposible por crear un mal ambiente laboral o buscarán la forma de darse de baja por enfermedad. Ya saben, la alergia al trabajo.

Otras medidas pasan por limitar al mínimo imprescindible el número de empresas públicas y de altos cargos. Cospedal ha eliminado el 90% de las empresas públicas, lo que quiere decir que su creación y dotación de personal debe analizarse con lupa, por si se ha incurrido en alguna acción tipificada como delito. La verdad es que tras la destrucción de papeles y archivos informáticos por su antecesor en el cargo, se puede esperar cualquier cosa. De hecho, espero que los jueces lleguen a establecer todas las responsabilidades penales y enjuiciar a los culpables.

No menor ha sido el tema del ahorro en temas de representación y movilidad, como los teléfonos móviles y los coches oficiales. Alguien dirá que es el chocolate del loro, pero mucho me temo que este loro es muy grande y ha consumido kilos de chocolate hasta engordar como un pavo de Navidad. Y como no, el tema de las subvenciones. Se han analizado con lupa y se ha resuelto eliminarlas al completo, empezando por las aportaciones a sindicatos y patronal, eliminación de cargos repetidos con la Administración del Estado y otras pequeñeces.

En resumen, solo por esta decisión, Castilla la Mancha va a ahorrarse 1.800 millones de euros. Y si este proceder lo extrapoláramos a toda España, el ahorro rondaría los 100.000 millones de euros. No está nada mal, teniendo en cuenta que Zapatero y sus famosas medidas, tenían un objetivo de 15.000 millones de euros. Cualquier comparación sería simplemente bochornosa y evidenciaría que lo que ha habido es incompetencia o peor aún, desgana en aplicar medidas reales de control del gasto público, haciendo creer que no era posible salvo que se incrementaran los impuestos.

Lejos de haber abandonado esa idea, Rubalcaba y el PSOE siguen insistiendo en querer subir los impuestos a las clases medias, a las que llaman "ricos". Todos sabemos que cualquiera que cobre más de 25.000 euros no tiene derecho a desgravación por compra de piso y cualquiera que gane por encima de 50.000 euros brutos se le considera rico en España. Eso dicho por el genio de las finanzas, Blanco.

Existe solución a la crisis y es simple, gastar menos de lo que se ingresa o lograr el equilibrio de las cuentas. Otra cosa es un suicidio y diferir una deuda que como ahora termina por asfixiar a la Economía y hundir en la miseria a los ciudadanos.

Hay que seguir el camino que el PP ha marcado. El otro nos lleva directamente al precipicio.

Gato encerrado
Nota del Editor 2 Septiembre 201

Tanta reducción del gasto autonosuyo y no se ve el aumento del paro ni manifestaciones de los "despedidos" por parte alguna. Aquí hay gato encerrado.

Cospedal
La leñadora
Manuel Llamas Libertad Digital 2 Septiembre 201

Al fin algo de cordura política y, por tanto, de esperanza. El recorte anunciado por María Dolores de Cospedal en el presupuesto castellanomanchego supone un ejemplo a seguir para el resto de comunidades autónoma deficitarias. Y es que una reducción interanual del 20% en el gasto público es, sin duda, un auténtico plan de choque que avanza en la buena dirección para alcanzar el ansiado objetivo de estabilidad presupuestaria. Y ello, sin necesidad de subir impuestos.

De este modo, Cospedal se ha convertido en la leñadora que precisaba su región para empezar a despejar el enorme bosque de despilfarro que tanto se empeñó en extender el anterior Ejecutivo socialista de Bono-Barreda. Eso, y no otra cosa, es lo que precisa el conjunto del sector público español. Austeridad pura y dura, ya que de ésta, y no al contrario, se deriva la necesaria credibilidad y confianza que tanto demandan los inversores internacionales. Tan sólo un plan de estas características logrará poner las cuentas en orden, condición sine qua non para emprender una sólida salida de la crisis.

El resto son simples falacias, desde la subida de impuestos, pasando por los afamados tijeretazos de orden menor, hasta los furibundos discursos en contra de los mercados y la especulación tan propios de los socialistas. Cospedal está haciendo lo correcto para construir un porvenir provechoso a sus contribuyentes. Y es que, dada la situación, no le quedaba otra opción: o corregir a tiempo mediante un giro presupuestario de 180 grados o continuar una suicida huida hacia adelante de terribles consecuencias.

En este sentido, la presidenta ha demostrado una gran convicción para hacer lo que debía sin que le temblara lo más mínimo el pulso. Cospedal sigue así los buenos pasos emprendidos en esta materia por Aguirre en la Comunidad de Madrid, si bien ésta última no se vio obligada a adoptar un plan tan llamativo y urgente gracias a que en su momento ya adoptó las decisiones adecuadas para evitar el previsible descuadre de sus cuentas públicas. Pese a ello, a Cospedal aún le queda un arduo trabajo por delante para poner la casa en orden, ya que la imprescindible austeridad ha de acompañarse de profundas reformas económicas tendentes a potenciar el crecimiento a fin de que la receta de la salvación dé sus frutos al completo. En esta última tarea, por cierto, también Aguirre destaca como alumna aventajada sobre el resto de sus colegas regionales.

Además, y esto es lo más importante, el hecho de que sea precisamente Cospedal la primera en empuñar la motosierra con las dos manos es un muy buen indicio de lo que puede deparar la futura gestión presupuestaria de Rajoy al frente del Gobierno central. Y es que, tal y como advertíamos en estas mismas páginas en 2009...

Lo que necesita Zapatero no es, pues, una chequera sino unas tijeras de tamaño jardín para aplicar un recorte drástico en los Presupuestos Generales del Estado, al igual que todos los presidentes autonómicos y autoridades locales de este país. Y después, bajar impuestos para fomentar el ahorro y aliviar la carga fiscal de familias y empresas.

Este precedente de Cospedal inspira, como mínimo, algo de confianza en nuestra clase política. Esperemos, pues, que cunda el ejemplo. España necesita más políticos metidos a leñadores o, dicho de otro modo, más hormigas y muchas menos cigarras.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Constitución
El valor simbólico de una reforma
Antonio Robles Libertad Digital 2 Septiembre 201

A veces, sólo los detalles dan cuenta de la dimensión de las cosas. En otras ocasiones, por el contrario, es su reducción a un concepto general lo que define tal sentido. Como es el caso del pacto PP-PSOE para reformar la Constitución. Con este último me quedo.

Que hayan tenido que reaccionar los dos partidos nacionales al unísono para garantizar constitucionalmente el límite de déficit (que no de gasto) es una gran noticia; no por el contenido de la reforma, sino por su carácter simbólico.

Fijar el techo de déficit al Estado lo podía hacer el Gobierno sin más, y hacer cumplir esas mismas reglas a las comunidades autónomas, también. Hay normativa nacional y europea para fijarlo y hacerlo cumplir. Pero, por la experiencia pasada, el Gobierno español no ha tenido autoridad política, ni arrestos para actuar como un verdadero Gobierno de Estado. Su inclusión en la Constitución demuestra la debilidad de los gobiernos nacionales frente a los feudos nacionalistas. Los Gobiernos de PP y PSOE han estado más preocupados por pactar sus cuotas de poder con los nacionalistas que defender los intereses generales de todos los españoles.

El que por fin logren ponerse de acuerdo y saquen adelante una reforma express sin mayor problema, demuestra la inconsistencia de dos tabúes: el pacto es muy sencillo si los dos partidos nacionales anteponen el interés general al partidista; y el poder nacionalista no es tal, si tal interés general transciende la alternancia en el poder de uno y otro.

Siendo la financiación de la deuda soberana, sin duda, la causa de esa necesidad, es su valor simbólico lo más relevante del acuerdo. Los gestores del separatismo lo han dejado bien claro cuando Duran i Lleida les reprochaba a PP y PSOE que sólo se pongan de acuerdo para "ir en contra" de los nacionalistas.

Efectivamente, todo lo que se haga por el interés general de España, necesariamente irá en contra de los privilegios particulares. Sean de los nacionalistas o de cualquier otra fórmula política para blindar privilegios. Reparen en sus enmiendas.

Inquieta, no obstante, la facilidad para cambiar los fundamentos del Estado sin el sosiego del debate parlamentario y la válvula de seguridad de un referéndum. Ni ha sido la reforma más urgente ni la más imprescindible; tampoco ha sido la fórmula elegida la más pedagógica, ni agosto el mejor mes para llevarla a cabo, pero ha sido. Es democrática, se ajusta a derecho y lanza a los mercados internacionales que España es un Estado solvente y a los mercadillos nacionalistas que España existe. A su pesar.

¿Por qué habríamos de claudicar ante una casta política tan ruin como los caciques del siglo XIX, si toda su participación en la gobernabilidad del Estado está siempre condicionada a obtener privilegios y socavar sus cimientos? ¿Por qué habríamos de aceptar sus propuestas si sus actos incumplen sentencias constitucionales y tienen por fin la construcción de un Estado propio a costa del Estado de todos?

Está bien que los economistas nos impongan sensatez; estaría mejor que nuestros gobernantes ejercieran autoridad nacional para que los forofos del derecho a decidir dejaran de mangonear nuestros intereses. Y reservaran las reformas constitucionales para garantizar una España de ciudadanos y no de tribus.

Crisis
Reforma del artículo 135 y ¿cuantos más?
Jaime de Piniés Libertad Digital 2 Septiembre 201

La reforma del artículo 135 tiene detractores y defensores. Ambos tienen razón. Quienes exigen un referéndum para reformar nuestra Carta Magna aciertan en que la medida, aunque legal, carece de legitimidad al no involucrar a la ciudadanía. El modo no acompaña a las formas en esta reforma constitucional. Por otro lado, aquellos que argumentan que no hay más remedio y que se ha tenido que hacer ineludiblemente, también aciertan. A día de hoy, España es un país intervenido y no tiene otra que implementar lo que nuestros banqueros nos exigen, léase Sr. Trichet y la Sra. Merkel.

La postura del principal partido de la oposición es favorable a la reforma y viene defendiendo la idea de un límite al déficit público en la CE desde hace años. Pero, ¿se ha percatado del matiz de cómo se ha conseguido? La reforma nace como el resultado de la pinza entre el BCE y el principal partido de la oposición. Avancemos hacia un futuro: ¿qué va a pasar si ese partido que hoy es oposición, gobierna y se encuentra con las mismas necesidades financieras que el actual Gobierno? ¿Es imposible que se dé esa situación? Me temo que en las condiciones en que se encuentra España esta situación es más que plausible. La época del dinero fácil se ha acabado para España, independientemente al partido en el Gobierno. No es difícil recrear situaciones donde el regidor alemán de turno puede sacar provecho de una España financieramente dependiente ofreciendo ayuda al partido gobernante en contrapartida a una reforma a su medida. Incluso repudiable desde las propias filas del conservadurismo español, llegado el caso en que gobernara la derecha a partir de las próximas elecciones. Imagínense, por ejemplo, si se reclamase (exigiese) un incremento en la tasa del Impuesto de Sociedades equivalente al alemán. Medida que, en principio, gustaría a la izquierda española, pero que removería profundamente a la derecha. En el escenario actual, la medida se adoptaría sin rechistar o de lo contrario la espada de Damocles en forma de financiación caería inexorablemente.

Estas situaciones de precariedad legislativa y constitucional son el resultado directo de nuestra extrema vulnerabilidad financiera. Dependemos del ahorro exterior para cuadrar las cuentas y si éste falta todo se viene abajo. La reforma constitucional para limitar el déficit público en todos los niveles administrativos podría ayudar a reducir esa dependencia de llegar a ser eficaz. Es cierto. Pero, las cosas claras, ni es una medida necesaria ni mucho menos suficiente para garantizar nuestra independencia financiera. Para eso necesitamos trabajar nuestra competitividad y lograr como mínimo un equilibrio en nuestra cuenta corriente de la balanza de pagos o bien salir del euro. En mi opinión a España le conviene seguir en el área del euro por un sinfín de razones. Ahora bien, es evidente que conseguir dinero fácil ya no es factible y dentro de la Unión Monetaria a Italia, España y Francia no les queda más remedio que seguir la estela de Alemania. En contrapartida, será alentador observar a pequeños Estados como Finlandia, Holanda y Austria, todos ellos con superávits en sus cuentas corrientes, son capaces de plantarle cara a Alemania y decirle "no" cuando vean que sus intereses nacionales se ven comprometidos.

En democracia, hay que contar con la ciudadanía y para ello hay que razonar las medidas y con ello instruir al ciudadano. Puede resultar complicado para nuestros gobernantes explicar situaciones comprometidas. Pero embarcarse en una reforma constitucional sin haber explicado el por qué, es decir sin dejar absolutamente claro que la situación de España es extrema y que no admite otra salida, pasará una enorme factura al PSOE. Mientras, la alegría del PP solo estará justificada si consigue impulsar la competitividad española lo suficiente para romper la dependencia financiera del BCE y de los alemanes. Si no se logra, la historia se repetirá y los de fuera volverán a decidir nuestro futuro como lo están haciendo ahora.ç

El consenso constitucional
Alberto de la Hera Estrella Digital 2 Septiembre 201

El diputado por CiU, señor Durán Lleida, acaba de asegurar en sede parlamentaria que la votación que ha dado paso en el Congreso a una reforma de la Constitución ha roto el consenso constitucional. Se refiere por supuesto al consenso prácticamente unánime que respaldó en 1978 la Constitución que desde entonces está vigente en España. De inmediato, otras voces se le han unido para afirmar lo mismo. Entre todos, entre la CIU catalana y el resto de los que consideran roto aquel consenso, no llegan a treinta diputados, mientras sobrepasan los trescientos los que no opinan así. Es decir, un número insignificante de ciudadanos apoyan, si es que piensan igual que sus representantes, lo que el Sr. Durán afirma, mientras que la inmensa mayoría de los españoles no parece moverse en esa línea.

No soy experto en temas económicos, y no debo por tanto pronunciarme sobre el fondo de la reforma en curso. Incluso el momento elegido y la precipitación adoptada pueden merecerme alguna crítica. Pero no voy a entrar en ese aspecto de la cuestión, en el que no me considero competente. Me referiré en cambio, estrictamente, a la afirmación de Durán Lleida: la votación del Congreso -más de 300 diputados a favor, menos de 30 en contra- rompe el consenso constitucional. Esto realmente me parece muy grave. No que se rompa, sino que se diga. Y que se piense.

Desde 1978 -treinta y tres años ya-, en el Parlamento español se han tramitado un enorme conjunto de leyes. Muchas de ellas se aprobaron por media docena de votos, o menos, de diferencia; muchas merecieron grandes críticas de quienes no iban a votarlas; y sobre las mismas se elaboraron innúmeras enmiendas, se mantuvieron profundas discusiones, y se dio lugar a momentos de graves rupturas consensuales. Pero no se rompió -nadie dijo que así ocurriera- el “consenso constitucional”; nadie afirmó que aquel enfrentamiento, tan frecuente, de unos ciento setenta contra unos ciento sesenta diputados -una auténtica ruptura en dos del Parlamento-, rompía la unidad constitucional alcanzada como glorioso remate de la transición en 1978. Nadie aseguró que la división en dos bloques, bastante similares en número, de los españoles, cerraba el ciclo histórico del consenso. Nadie repudió el conjunto de la Constitución porque unos grupos políticos la interpretaran en línea a) y otros en línea b).

Y no se olvide cómo se han conseguido en los últimos años las exiguas mayorías que sacaron adelante nuestra legislación hoy vigente: como dicen los italianos, “io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me”. Bastantes veces, los pocos votos necesarios para suplir la falta de mayoría absoluta del Gobierno se han logrado, hay que decirlo con toda claridad, literalmente comprándolos. Todos los lectores saben a lo que me refiero.

Pero eso no rompía el consenso constitucional. Seamos de nuevo claros: no lo rompía porque una minoría muy sólida y muy amplia, una oposición muy responsable, aún consciente de tantas irregularidades, no quiso pese a todo romperlo. Les valía más el consenso constitucional que el logro de sus programas.

Al Sr. Durán Lleida, no. En nombre de unas exiguas minorías, frente a un acuerdo de una inmensa mayoría, cree que el consenso constitucional se ha roto. O sea: la Constitución, que apoyan los representantes de tantísimos ciudadanos, ya no, porque contradice a los intereses de poquísimos. He aquí, pues, la democracia, versión Durán Lleida.

Pertenezco desde el inicio al grupo -hoy en claro crecimiento- de quienes no estamos conformes con la existencia del régimen autonómico en sí mismo, y mucho menos con cómo ha sido entendido, desarrollado y llevado a su dramática situación actual. Sé lo que es una “monarquía compuesta”: varios reinos, cada uno con sus propias estructuras políticas y sociales, unidos en una misma Corona. Sé lo que es una República Federal. Sé lo que es un sistema centralista. Pero este invento español de las diecisiete Autonomías me parece una creación artificial, edificada sobre falsos presupuestos históricos, sin verdaderas raíces, y gravemente perjudicial tanto para el conjunto de la Nación como para buena parte de las propias Comunidades. Ah, pero que no se toquen sus privilegios, sus derechos, pues hacerlo es tan grave que rompe el consenso constitucional, ese que no se ha roto cuando, incluso con el voto autonomista, se han lesionado otros muchos derechos, bastante más verdaderos o más sólidos o más justos.

¿Qué hay de lo mío?, pregunta el Sr. Durán Lleida. Parece que es lo único que les importa. Y lo siento, porque habla muy bien, da muy buena figura en el Congreso y me merece todo el respeto. No tanto así los que, con mucha menos autoridad, se han apresurado a copiarle.

Reforma constitucional
La insoportable levedad de los partidos
Jorge Vilches Libertad Digital 2 Septiembre 201

El anuncio de la reforma constitucional ha puesto al descubierto, una vez más, la pobreza de nuestro sistema de partidos y de las asociaciones que se abrogan la representatividad social. El episodio entero es lamentable con independencia de si la reforma será eficaz o no, de si existían ya normas para evitar el déficit, o si hay una limitación de la soberanía nacional por parte de las instituciones europeas, que la hay.

La Unión Europea ha obligado al gobierno de Zapatero y al PSOE de Rubalcaba a tomar medidas para que los españoles no nos convirtamos en griegos. El PP de Rajoy vivía, y vive, la contradicción de saber la necesidad de los recortes al tiempo que tiene pesadillas pensando en la conflictividad social y política que se va a encontrar; sobre todo con una calle "caliente" por lo que queda de los "indignados" y una izquierda que desea cerrar filas con estos para resucitar.

La izquierda radical ha hecho un discurso apocalíptico sobre la "ruptura del consenso constitucional", como si la Constitución de 1978 hubiera sido su bandera alguna vez. Ver a Llamazares y a Cayo Lara rasgarse las vestiduras denunciando el "golpe a la Constitución" y al "Estado social", y el "secuestro de la voluntad popular", aun siendo tremendamente exagerado, no sorprende. IU es una formación que se ha convertido en la portavoz, o inductora, de lo más extremo de los movimientos sociales, ganándose a pulso la marginalidad y la equiparación con la izquierda más extravagante de Occidente. A pesar de todo, abierta la reforma IU sugiere que se amplíe con un sistema federal, los derechos sociales y el cambio de la monarquía por la república.

En la misma cuerda, CCOO y la UGT denuncian que con "nocturnidad y alevosía" se va a "introducir ideología" en la Constitución. Esto supone decir lo que sospechábamos, que el déficit y la deuda son cosas de izquierdas y que, por tanto, ha sido la izquierda la que nos ha metido en esta crisis que ha forzado a que la Unión Europea tenga que prácticamente intervenir en España. Es una buena confesión; inconsciente, pero buena.

El nacionalismo también se ha opuesto a la reforma porque sin irresponsabilidad presupuestaria; esto es, déficit, no pueden vivir. Sería "mortal de necesidad" según Joan Ridao, de ERC. En el caso de los nacionalistas, ya sean estos o el PNV, ERC, CC, BNG o CiU, no es tanto una supuesta defensa de la Constitución, porque poco les importó con el Estatuto de Cataluña, como el obtener "lo suyo". Así, una vez que se ha abierto la reforma exigen un cambio constitucional que "reconozca" la pluralidad nacional del Estado –como si ya no lo hiciera–. Pero los nacionalistas vascos y catalanes quieren ir más allá: piden que la "nueva" Constitución introduzca el "derecho" de autodeterminación; en el caso catalán, además, el concierto económico, y en el canario, la "especificidad insular" –vamos, más pasta–.

A todo esto, algunos medios, como Público, exageran la indignación social ante el anuncio de la reforma y caldean el ambiente preparando la previsible victoria del PP el 20-N. Hablan de que la democracia no resiste, o que no existe, o que la secuestran los "poderes económicos", al tiempo que elogian a los antisistema que desprecian la democracia liberal.

El resultado es espectacular: más inestabilidad y menos credibilidad exterior. Bravo.

Islamismo
Yihadismo salafista en casa
GEES Libertad Digital 2 Septiembre 201

En momentos en los que cabe preocuparse, y mucho, por el reforzamiento de la amenaza terrorista que los yihadistas salafistas representan en nuestro vecindario –atentados suicidas en Argelia y eclosión de los yihadistas semiocultos entre los rebeldes libios– no está de más que nos preocupemos también de los yihadistas de casa. Lo cual es importante porque no hemos de olvidar nunca que para estos terroristas no hay campo de batalla prioritario, sino sólo un campo de batalla global, y las formas de lucha difieren según el lugar y las circunstancias pero la motivación es la misma para actuar en él.

En pleno mes de agosto, en medio del sopor del verano y semiocultas entre los titulares internacionales que se ocupaban sobre todo de Libia o de Siria, se han producido dos detenciones en nuestro suelo: una en Andalucía y otra en Cataluña, que por el momento son sólo eso –no ha habido juicios y por tanto no hay sentencias– pero que sí nos sirven para extraer algunas lecciones en términos de situación en nuestro país.

El marroquí Abdellatif Aoulad Chiba era detenido por la Guardia Civil el 17 de agosto en La Línea de la Concepción, en Cádiz. En prisión provisional por orden del juez, lo que ha trascendido de él es que fue expulsado de Jordania por actividades de apoyo al terrorismo. Se le considera vinculado a Al Qaeda en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI), y administraba una página web yihadista dedicada al adoctrinamiento y al reclutamiento. También se le vincula con reflexiones sobre cómo envenenar redes de distribución de agua de campings y otros centros turísticos para producir muchos muertos. Esto último nos recuerda las abyectas enseñanzas del hispano-sirio Mustafá Setmarian Al Suri, quien en su sesudo manual yihadista que fuera publicado en internet hace más de una década, se recreaba en explicar en detalle diversas formas de producir muerte y destrucción en masa. Aunque habrá que esperar al juicio, es significativo que el juez Fernando Grande-Marlaska decretara tres días de prisión después de su encarcelamiento provisional y sin fianza.

La otra detención se producía el 23 de agosto en la localidad barcelonesa de Rubí. Se trató también de un marroquí y, en esta ocasión, la operación fue realizada por el Cuerpo Nacional de Policía. En este caso el juez Fernando Andreu decretó también prisión provisional a la espera de que Marruecos cumplimente los trámites para su extradición. Sobre el detenido, del que no ha trascendido el nombre, pesa una orden internacional de arresto. En momentos en los que Marruecos no parece figurar en una posición preferente en lo que a la evaluación de la amenaza yihadista salafista representa –y a pesar de que aún está reciente el atentado de Marrakech–, estas dos detenciones no deben pasar desapercibidas. Y ello por un doble motivo. Ponen de manifiesto, en primer lugar, que la amenaza que el yihadismo salafista representa es global; y segundo y derivado de lo anterior, que no hay países a salvo por mucho que sus autoridades y los aliados de estas se esfuercen por darnos tal imagen.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

TERRORISTA EN LISTAS INTERNACIONALES
La Libia que viene: el jefe militar de Trípoli es un emir vinculado a Al Qaida
 Minuto Digital 2 Septiembre 201

Las autoridades rebeldes han confiado a Abdelhakim Belhadj el mando militar de la capital del país. Belhadj es el antiguo emir del Grupo Islámico Libio de Lucha (LIFG, por sus siglas en inglés), incluido en la lista de organizaciones terroristas tras los atentados del 11-S en Nueva York.

Formado en los años noventa por libios que regresaban de la yihad contra la Unión Soviética en Afganistán, esta organización nacida con el objetivo de combatir al régimen de Gadafi —incluso intentaron atentar contra Muamar Gadafi y mataron a decenas de miembros de las fuerzas de seguridad en sus primeros años de actividad— fue liderada en sus comienzos por Abu Laith al-Libi, «responsable de campos de entrenamiento de terroristas y enlace entre Al Qaeda y el movimiento talibán», según el diario «Asharq Alawsat».

Conocido en los círculos islamistas como «Abu Abdullah Assadaq», en los últimos años ha pasado de convertirse en un fiero islamistas a héroe de una revolución a la que su organización se unió nada más estallar en Bengasi a mediados de febrero. Los responsables del Consejo Nacional Transitorio (CNT) consultados sobre el nombramiento han asegurado que «no importa su pasado, lo que importa es el trabajo que está haciendo y de momento lo está haciendo bien porque Trípoli está bajo control rebelde». Belhadj vive días de reuniones constantes a las que acude rodeado de su seguridad personal.

EL CONGRESO VETA 6 DE LAS 24
Las enmiendas de IU y los nacionalistas, una burla a la Constitución
Han aprovechado la reforma del artículo 135 de la Carta Magna para presentar unas enmiendas antisistema y satisfacer así a sus bases más radicales.
O. Moya Libertad Digital 2 Septiembre 201

Los grupo minoritarios, que rechazaban de plano la reforma de la Constitución y exigían un referéndum para consultar a los ciudadanos sobre este respecto, han enseñado finalmente sus cartas. Cartas que, por otra parte, eran totalmente previsibles. Los que acusaban al PSOE y al PP de romper el consenso constitucional han presentado unas enmiendas, que de tenerse en consideración, dinamitarían la Constitución en sí misma.

La mañana ha sido frenética en el Congreso de los Diputados. Y es que hoy, jueves, a las 14.00 horas, concluía el plazo para presentar dichas enmiendas al proyecto de reforma. IU y los nacionalistas han optado por situarse, con su discurso y sus propuestas, fuera del sistema y satisfacer así a sus bases más radicales.

IU: Monarquía o República
IU-ICV ha tachado de "fraudulento" el procedimiento para llevar a cabo la modificación de la Carta Magna, por lo que ha impugnado ante la Mesa del Congreso su tramitación por vía de urgencia. El órgano de gobierno de la Cámara Baja ha rechazado su escrito, por lo que Llamazares recurrirá al Tribunal Constitucional para pedir su paralización, según ha anunciado él mismo.

Además, Gaspar Llamazares y Nuria Buenaventura (ICV) han preparado un documento para pedir formalmente la celebración de un referéndum. Esta solicitud se pasará a sus señorías para que la firmen. Se necesita que lo suscriba la décima parte de la Cámara, esto es 35 diputados.

Pero, no obstante, IU ha aprovechado que se ha abierto el melón de la reforma constitucional para incluir, entre sus enmiendas, la idoneidad de la República en España. Pretende que se aborde una reforma política del Estado que incluya una consulta sobre Monarquía o República y la transformación de España en un Estado federal. El diputado ha asegurado que "si hay una medida que provoque la huelga general, esa es el golpe a la Constitución".

CiU, a lo suyo, por la autonomía fiscal
Por su parte, el grupo parlamentario catalán ha presentado en el Registro del Congreso ocho enmiendas en las que principalmente se aboga por respetar la autonomía financiera de las comunidades y que cada una de ellas pueda fijar el límite máximo de déficit. Este partido es el único con el que el PSOE y el PP continúan manteniendo conversaciones para intentar sumar, mañana, su voto a la proposición de reforma.

Poco antes de que expirara el plazo, el secretario general de CiU y portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha señalado que la "línea roja" en las negociaciones con los dos grandes partidos radica en que "no se limite la capacidad financiera de Cataluña".

ERC pide el derecho de autodeterminación
ERC propone tres enmiendas, a través de una de las cuales pretendería salvaguardar la autonomía financiera de esa comunidad. Además, aprovechan para pedir que se incluya el derecho a la autodeterminación y el concierto económico, según ha señalado su portavoz en el Congreso, Joan Ridao.

Si ahora "se abre el melón constitucional, algo que hasta ahora era imposible porque era una vaca sagrada", los dos partidos mayoritarios no deberían tener problema en que se abordaran estos asuntos, en opinión de Ridao. La alusión del derecho a la autodeterminación la proponen en su enmienda con el PNV y que han hecho extensiva a CiU.

No sólo hacen extensivo a CiU esta petición de autodeterminación sino que la instan a que se sumen al plante que tanto su partido como IU piensan realizar mañana viernes cuado se vaya a votar la reforma de la Constitución. Los diputados de ambas formaciones se ausentarán del hemiciclo e instan al resto a que les siga.

PNV: derecho de autodeterminación y territorios forales vascos
Por último el PNV, aprovecha la reforma para presentar dos enmiendas al articulado para que se cite expresamente a los territorios forales vascos y para que se reconozca el derecho del pueblo vasco a la independencia.

Bono: "Hemos tratado las enmiendas con la máxima flexibilidad"
Ya por la tarde, como era previsible, la Mesa del Congreso ha rechazado tramitar seis de las 24 enmiendas presentadas, entre ellas las del PNV y Esquerra Republicana para reconocer el derecho de autodeterminación; el texto alternativo que había planteado IU-ICV y que incluye una mención a la República y la propuesta de UPyD para abordar una reforma constitucional a fondo que afectara al sistema electoral y el reparto de competencias, según han informado fuentes parlamentarias.

Con carácter general, el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha entendido que no debía aceptar la tramitación de aquellas enmiendas que afectaran al Título Preliminar y al resto de partes de la Carta Magna cuya modificación requiere poner en marcha el procedimiento de reforma constitucional por la vía del artículo 168, la que exige anuncio de reforma con apoyo de dos tercios de la Cámara, disolución inmediata de las Cortes para que un nuevo Parlamento la redactase y un referéndum posterior de ratificación para culminar el proceso.

La Mesa del Congreso ha rechazado también las distintas enmiendas que, como UPyD o Nafarroa Bai, pretendían obligar a someter la reforma constitucional de PSOE y PP a la celebración de un referéndum. Tras la reunión de la Mesa de la Cámara, el presidente del Congreso, José Bono, ha presumido de haber tratado estas enmiendas con "la máxima flexibilidad".


******************* Sección "bilingüe" ***********************

CiU y la monserga del choque de trenes España-Cataluña
José L. Lobo. El Confidencial 2 Septiembre 201

Las metáforas, a fuerza de usarlas, retorcerlas y manosearlas, pierden su belleza, su efectividad y, sobre todo, su capacidad para sorprender. Esa máxima, que aprendí de un admirado profesor universitario, es lo primero que me vino a la cabeza el pasado martes cuando vi al habitualmente comedido Josep Antoni Duran Lleida despojarse de su seny y amenazar airado desde la tribuna del Congreso con un "choque de trenes" entre España y Cataluña, dos locomotoras que, a juicio del portavoz de CiU, circulan por la misma vía -no sabemos a qué velocidad- pero en direcciones opuestas.

Esa agria observación, con la que Duran Lleida pretendía advertir de las nefastas consecuencias para el encaje de Cataluña en la arquitectura del Estado de una reforma constitucional que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se guisaron y comieron en una noche -sin más comensales que un Alfredo Pérez Rubalcaba obligado a tragar entre arcadas la espesa papilla-, sonó a metáfora gastada. Porque si la memoria -y la hemeroteca- no me falla, era la tercera vez en lo que va de año que el portavoz nacionalista blandía en público la admonición, casi apocalíptica, de un divorcio -porque la separación, a juzgar por las soflamas incendiarias de los fanáticos de uno y otro lado, hace tiempo que se consumó- entre Cataluña y el resto de España.

Veamos. El pasado 2 de febrero, Duran Lleida aseguraba que "si en Cataluña se va alimentando el sentimiento independentista, el choque de trenes será inevitable". El portavoz de CiU salía así al paso de unas declaraciones del ex presidente del Gobierno José María Aznar en las que éste advertía que España no puede competir en el mundo "con unas comunidades autónomas aspirando a convertirse en miniestados". Más allá de que resulte muy discutible que una sola persona, por pésimo que sea -que lo es- su cartel en Cataluña, se baste y se sobre para exacerbar todo tipo de pasiones, incluida la muy noble de separarse de España, lo cierto es que a Duran Lleida se le veía el plumero.

Doy por hecho que a cualquier político nacionalista que se precie le va en el sueldo maldecir de cuando en cuando el centralismo de Madrid. Pero utilizar la supuesta ofensa de Aznar para agitar el independentismo, como hizo entonces Duran Lleida, tenía mucho más de estrategia electoral, en plena precampaña del 22-M, que de legítima defensa ante una agresión.

Apenas cuatro semanas después, el 25 de marzo, el líder de Unió Democràtica de Catalunya volvía a desempolvar la manida metáfora, esta vez por el rechazo del PP -y del PSOE, por cierto- a que el castellano pierda su condición de lengua única y común en el Congreso. Tras argumentar que los populares "van a remolque de las posiciones más extremas que en esta materia [el uso de los idiomas cooficiales] se expresan en Madrid", Duran Lleida avisaba de que si Rajoy gana las elecciones generales con mayoría absoluta "el choque de trenes entre la sociedad catalana y la española será inevitable". El 22-M estaba ya a la vuelta de la esquina.

Es muy probable que la ira mostrada esta semana por el líder nacionalista, a propósito de la marginación de CiU en las negociaciones entre Zapatero y Rajoy para sujetar el déficit público con el corsé de la Constitución, no sea del todo impostada. Pero, con los antecedentes citados, no resulta descabellado concluir que la cercanía del 20-N tiene mucho que ver en la escenificación de ese desencuentro. Y la jugada tal vez le salga redonda a Duran Lleida.

Si CiU, como parece probable, se abstiene hoy en la votación del proyecto de ley de reforma constitucional, habrá matado dos pájaros de un tiro. Primero, porque volverá a representar con éxito el papel de formación política responsable, constructiva desde la profunda discrepancia y con sentido de Estado. Pero sobre todo porque, si el proyecto de ley sale adelante con los únicos apoyos del PSOE y el PP, a los nacionalistas catalanes les habrán servido en bandeja el argumento perfecto para excitar a su electorado menos moderado: España -o sea, socialistas y populares- desprecia a Cataluña. Y no sólo eso: habrán logrado que la aún renqueante locomotora del independentismo, empujada por la torpeza de Zapatero y Rajoy, adquiera más velocidad.

Choque de trenes
Alguien debería aprender que no hay dinero para comprar el afecto de los demás.
Diego Armario www.gaceta.es 2 Septiembre 201

Algunos utilizamos las metáforas como recurso literario, pero los políticos las emplean como amenaza porque entienden que son más fuertes cuanto más peligrosos parecen, aunque no es cierto porque la exhibición desproporcionada del que amaga y no da, acaba por devenir en flatulencia estéril.

Duran i Lleida –que, como se dice de los argentinos, “si se le comprase por lo que vale y se le vendiese por lo que afirma que cuesta, se haría un excelente negocio”– ha amenazado con un choque de trenes con el PSOE y el PP a causa de la reforma constitucional, y alguien debería recordarle que no es más que el representante de un partido que lleva muchos años viviendo del cuento. Los lunes, miércoles y viernes hablan de centralidad, de responsabilidad y de ayuda a la gobernabilidad del Estado, y los martes, jueves, sábados y domingos preguntan que qué hay de lo suyo y no renuncian al chantaje de que, o se les hace caso, o rompen la baraja. Es probable que hayan leído el Arte de la guerra de Tzun Tzu, en el que este antiguo general chino explicó las estrategias militares aplicadas a la política y a la empresa, y en ellas habló del choque de trenes, pero si los dos partidos nacionales han aprendido algo deberían estar curados de espanto y no dejarse impresionar. La condición que ponen PNV y CiU para apoyar esta reforma es que se les reconozca el derecho de autodeterminación o que puedan limitar el compromiso de solidaridad interregional.

Alguien debería aprender que no hay dinero suficiente para comprar el afecto de los demás, y que después de cerca de 40 años cediendo para que se encuentren a gusto en España, no vale seguir bajándose los pantalones y pidiéndoles disculpas. Yo me alegro de que el PSOE y el PP se hayan puesto por fin de acuerdo en algo que es necesario, aunque haya grupos y organizaciones sindicales que, sin renunciar a sus privilegios, pidan que sigamos gastando el dinero que no tenemos y arriesgándonos a que nos expulsen del euro.

Para Rubalcaba, en ETA no hay asesinos sino soldados.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 2 Septiembre 201

Según Rubalcaba ETA ha ganado, ETA y España estaban en guerra según Rubalcaba. Alfredo Pe Punto le reconoce a ETA lo que ETA siempre ha querido, el estatus de beligerante en una guerra. Con eso, Rubalcaba deja de considerar criminales asesinos a los terroristas etarras y trasmite el mensaje de que solo son soldados que han combatido en una guerra, y lógicamente los soldados no son responsables de las muertes que causan en una guerra.

Por tanto Rubalcaba, al decir “Hay que ver lo rápido que nos acostumbramos a la paz” está diciendo todo eso y más, pero sobre todo que los abyectos asesinos etarras son unos soldados y sus crímenes deberían quedar impunes. No contento con eso, nos cuenta la milonga de que si no hay violencia ni asesinatos, ni kale borroka es gracias a él y a su firmeza democrática, cuando sabemos que no hay violencia como resultado de una componenda entre ZP, él y ETA.

Lo de Rubalcaba es deleznable. Pero no se contentó con eso, dijo más, “dentro de muy poco trataremos de no recordar lo que nos pasó”. Tan simple como eso, pasar página, pelillos a la mar, los soldados de ETA cobrando pensiones del estado, sus crímenes, que no han sido crímenes, olvidados, y quienes nos opongamos al compadreo seremos unos crispadores que solo deseamos que ETA siga matando.

Nos mienten al decir que ETA está acabada cuando es falso. Nos mienten cuando dicen que la actividad de ETA no es terrorismo sino una guerra. Nos mienten al decir que el hecho de que en estos momentos no haya violencia “No ha sido por una concesión graciosa de la izquierda abertzale, sino porque lo hemos ganado nosotros”.

En lo único que no nos mienten es cuando atribuyen a Rubalcaba el mérito por esa falta de violencia etarra, ahí Patxi López no miente, porque es cierto, Rubalcaba, junto con Zapatero, han negociado con ETA y esto es solo una concesión temporal de ETA para que Rubalcaba le saque rédito electoral, porque a ETA, no lo olvidemos, le interesa que esté Rubalcaba al frente del gobierno y le están echando una mano.
 

ANÁLISIS:
¿Intereses electorales?

Santiago ABASCAL La Razón  2 Septiembre 201

- ¿Abre una vía para actuar contra otros alcaldes de Bildu?
–La clave son las próximas elecciones generales. La Fiscalía está en campaña electoral y está considerando asuntos que antes no miraba. Este tipo de actos serán considerados enaltecimiento del terrorismo en la medida en que alguien esté interesado en que esto sea así. Otros actos similares han pasado voluntariamente desapercibidos y la Fiscalía General del Estado ha sido convertida en una burda herramienta del poder ejecutivo. La vía no la abre esta actuación, la vía la abrió la legislación cuando delimitó el delito de enaltecimiento. Lo que ocurre es que la Fiscalía sólo se detiene en esa ilegalidad en la medida de los intereses electorales del Gobierno. Confío en que un cambio electoral dé la vuelta a este retroceso en la lucha antiterrorista y que ETA y los poseedores de sus escaños sean perseguidos sin descanso, sin altibajos, sin titubeos y que la Ley sea por fin aplicada de manera estricta y no en función de los pactos ocultos con una organización criminal y separatista que merece ser desarticulada, sus métodos, impedidos y sus fines, derrotados. Y esto último es lo más importante.

–¿Qué otras vías de actuación judicial o de qué otros delitos se les podría acusar?
– Creo que no hay otros delitos que se les puedan imputar, más allá del enaltecimiento y la humillación a las víctimas. Al margen de que consideremos que Bildu, en contra de la decisión política del TC, no es más que un instrumento de ETA. Por tanto, sus miembros actúan al dictado de la misma. Pero los delitos están claros, ni son menos ni son más, lo que no significa que los delincuentes sean mejores. Son terroristas y cada uno desempeña su función.

- ¿Cree que prosperará o dependerá de la voluntad política?
–Sin ninguna duda, dependerá de la voluntad política. En los últimos años hemos visto cómo en España, el cumplimiento de la legalidad, ha sido objeto de capricho o conveniencia política. Las instituciones judiciales o el Ministerio Público se encuentran dañadas y desprestigiadas ante los ojos de la mayoría de los españoles y ante el análisis de los grandes conocedores del Estado de Derecho.

Cataluña
EL TSJC da dos meses a la Generalitat para implantar el castellano en las escuelas
El alto tribunal catalán establece un plazo máximo para que el Departamento de Enseñanza cumpla la sentencia que el Tribunal Supremo dictó el pasado año para el castellano sea también lengua vehicular
EFE / BARCELONA ABC  2 Septiembre 201

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un plazo máximo de dos meses al Departamento de Enseñanza para que adapte el sistema educativo con el fin de implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, junto al catalán.

De esa forma, el alto tribunal catalán establece un plazo máximo para que la Generalitat cumpla la sentencia que el Tribunal Supremo dictó el pasado año para que el sistema educativo catalán tenga también el castellano como lengua vehicular.

El auto, del que ha informado hoy el TSJC, puede ser recurrible ante la sala contencioso administrativa de este tribunal, pero la impugnación no suspendería de forma automática la ejecución de la sentencia a no ser que el propio TSJC lo acordara así, a instancia de alguna de las partes.

El fallo del Supremo apremiaba a la Generalitat a adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, junto al catalán.

Audiencia Nacional
La Fiscalía reclama por primera vez la imputación de un alcalde de Bildu
Acusa al regidor de Leitza y a otras dos personas de enaltecimiento de ETA por los actos de apoyo a los presos durante las fiestas locales
MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID. El Correo 2 Septiembre 201

La Policía foral no ha podido identificar a los cinco enmascarados que participaron en la protesta
La Fiscalía solicitó ayer, por primera vez, la imputación de un cargo electo de Bildu. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, presentó en el registro del tribunal un escrito en el que reclama al juez que corresponda que interrogue en condición de imputado al alcalde de la localidad navarra de Leitza, Oier Eizmendi Astibia, elegido en los comicios del pasado 22 de mayo, y a otras dos personas más, a las que acusa de enaltecimiento de ETA por los actos de apoyo a los presos de la banda que tuvieron lugar el pasado 10 de agosto en el municipio durante el inicio de las fiestas patronales de San Tiburcio.

La acusación contra Eizmendi se basa en la «elaboración y distribución» del programa para las fiestas patronales, en el que se citaba expresamente entre los actos la celebración un brindis a favor de los reclusos etarras y una manifestación bajo el lema 'Euskal Preso eta Iheslariak Etxera' (Presos y refugiados vascos a casa).
En el informe, elaborado por la Policía foral a petición del Gobierno de Navarra y remitido a Zaragoza, también se identifica a las otras dos personas cuya imputación reclama el Ministerio Público: Lourdes Juantorena Baleztena y Saioa Iraola Urkiola. La primera -asegura la Policía- tomó parte en los actos de apoyo a los reclusos portando una camiseta con la foto de la presa etarra Jone Lozano, mientras que la segunda, luciendo idéntica prenda, hizo un discurso desde el balcón del consistorio a favor de Lozano.

La Policía foral reconoce en su atestado no haber podido identificar a las otras cinco personas que, enmascaradas y vestidas de blanco, irrumpieron en la plaza mostraron carteles a favor de los reclusos y que desplegaron dos grandes pancartas con las fotografías de seis presos de ETA y en las que se reclamaba su acercamiento a centros del País Vasco.

Esta actuación provocó las airadas protestas de UPN y de los socialistas y populares navarros, al punto que estos últimos pidieron la intervención de la Delegación del Gobierno para que no se repitieran hechos semejantes en otros municipios. El secretario general del PSN y vicepresidente del Ejecutivo navarro, Roberto Jiménez, acusó por su parte a la formación soberanista de «manchar el nombre de Leitza» al permitir «una manipulación política del peor gusto en un acto que solo debía de ser festivo».

Según sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la diligencia tramitada ante el juez a la luz de la documentación recabada, lo ocurrido en el ayuntamiento navarro no fue más que un acto de «apoyo y ensalzamiento en público de individuos cuyo único hecho por el que son conocidos es su relación con una banda terrorista y la comisión de acciones criminales de naturaleza terrorista».

Una puesta en escena que, en opinión de Javier Zaragoza, «implica, de facto, tanto la justificación de sus acciones terroristas como el aplauso de quienes las cometen». El jefe de la Fiscalía del tribunal de la calle Génova cita, además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Corte de Estrasburgo, que dictaminaron que la exhibición de imágenes de terroristas son parte del «discurso del odio».

«Agradecimiento» de UPN
UPN, que hizo hincapié en su día en la especial gravedad de un acto de estas características en un municipio como Leitza, donde tres personas han sido asesinadas por ETA, trasladó ayer su «felicitación y agradecimiento» a la Policía foral y a la Fiscalía por las medidas adoptadas. «Este es el camino correcto para acabar con la impunidad con la que a veces se producen estos hechos de carácter terrorista», sostiene la formación foralista en un comunicado.

A juicio de los regionalistas, Bildu «debe estar fuera de las instituciones» por comportamientos como el de Leitza, donde «una vez más, permitió que ETA campara a sus anchas». Asimismo, exigieron que «se dejen de utilizar plazas y fachadas municipales como soportes de propaganda vinculada al terrorismo» y pidieron al conjunto de administraciones públicas que «no bajen la guardia en la lucha contra el enaltecimiento y la justificación del terrorismo de ETA».

Tres históricos de ETA huyen de Cuba y alcanzan Venezuela tras encallar su barco

Finalizada su espectacular fuga, que era seguida por el CNI, han comenzado los trámites para pedir asilo político al régimen de Chávez
MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID. El Correo 2 Septiembre 201

LAS CLAVES
LOS PROTAGONISTAS
Iñaki Etxarte, Elena Bárcenas y Javier Pérez Lekue, activistas en los años 80
SU SITUACIÓN
Dos de los huidos protestaron de manera pública porque no se les dejaba abandonar la isla
EL DATO MÁS RECIENTE
Etxarte fue procesado en 2010 en España por los cursillos conjuntos de ETA y las FARC
ANTECEDENTES
Etxarte y Bárcenas tardaron cuatro meses en 1987 en huir en barco de Cabo Verde a Cuba

Las autoridades venezolanas rescataron el pasado miércoles a tres miembros históricos de ETA que pretendían entrar ilegalmente por mar en el país tras huir de Cuba, donde residían desde hace más de veinte años y tenían restringidos sus movimientos. Los activistas fueron interceptados cuando la embarcación de recreo en la que viajaban encalló contra una roca en las Antillas Menores, en el turístico archipiélago de Los Roques, a unos 160 kilómetros al norte del continente.
 Técnicamente se encuentran desde ese momento en situación de arrestados, aunque ya han iniciado los trámites para pedir asilo político al régimen de Hugo Chávez.

Junto a ellos tres fue capturado el supuesto patrón de la barca, un ciudadano haitiano, quien según las primeras impresiones había pilotado durante más de una semana la embarcación por un Caribe en época de huracanes y a través de los más de 1.200 kilómetros que separan Cuba de Los Roques.

Cuba había informado al CNI -los servicios secretos españoles- de la huida de los tres históricos de ETA a principios del pasado mes de agosto, por lo que las fuentes consultadas por este periódico consideran que probablemente hicieron una prolongada escala en Haití antes de emprender su definitiva huida hacia Venezuela que les llevó a encallar en el archipiélago de Los Roques.

Años ochenta
Según los mandos de la lucha antiterrorista españoles, los tres históricos de ETA protagonistas de esta espectacular huida son Iñaki Etxarte Urbieta, 'Rizos' y 'María Antonia'; Elena Bárcenas Argüelles, 'Tigresa'; y Javier Pérez Lekue, 'Niko'. Todos ellos residían hace más de una veintena de años en la isla.

Etxarte fue miembro de la Octava Asamblea de ETA Político-Militar. Fue deportado en enero de 1986 por las autoridades francesas a Cabo Verde. 'Rizos' es uno de los seis procesados en marzo de 2010 por el juez Eloy Velasco en el sumario sobre los cursillos conjuntos de ETA y las FARC en la selva venezolana.

Como Etxarte, Bárcenas, también miembro de la Octava Asamblea, fue deportada en 1986 a Cabo Verde. 'Tigresa', esposa del también activista Ignacio Rodríguez Muñoa, 'Zippo', entre otras causas, está acusada de colocar seis bombas en edificios oficiales del País Vasco entre 1980 y 1982 y del intento de secuestro del cónsul de Portugal en San Sebastián.

Tanto Bárcenas como Etxarte, al igual que una tercera etarra (Amaia Egiguren), llegaron en 1987 a Cuba, después de otra accidentada huida en barco desde el archipiélago africano a la isla caribeña. Aquella travesía les llevó más de cuatro meses de navegación, varios días a la deriva y a punto estuvo de costarles la vida durante el extenuante periplo.

Pérez, por su parte, excolaborador del 'comando Donosti' en los setenta y exmiembro del 'comando Madrid' en la década de los ochenta, tras su paso por Nicaragua, vivía en la isla caribeña con documentación falsa desde principios de los noventa, tras la caída del régimen sandinista. Todos ellos tenían restringidos los movimientos dentro de Cuba, que se negaba a facilitarles pasaportes.

Desavenencias con Castro
Los tres eran «viejos conocidos» de los servicios de información españoles, que desde hace años siguen sus movimientos y que sabían desde finales de 2010 sus desavenencias con el régimen de los hermanos Castro y su intención de abandonar la isla. De hecho, el pasado 8 de febrero Bárcenas y Pérez hicieron pública una carta dirigida «al pueblo de Euskal Herria» en la que calificaban de «carceleros» a las autoridades cubanas por no facilitarles documentación para abandonar la isla.

Los tres activistas tienen intención ahora de pedir asilo político al régimen de Hugo Chávez, mucho más benevolente que La Habana con la colonia etarra, según precisaron mandos antiterroristas españoles. Estas mismas fuentes explicaron que desde la llegada al poder de Raúl Castro en 2008, el régimen cubano, tal y como le solicitó España, viene sometiendo a estrictos controles de movimiento a los 'refugiados' de ETA, «deseoso de no perjudicar sus relaciones con Madrid, principal valedor del régimen de La Habana ante la Unión Europea».

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