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Pirotecnia constitucional
RAMÓN PUNSET La Opinión 6 Septiembre 2011
CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL RAMÓN PUNSET
Cuando los apaños urdidos antes de las vacaciones agosteñas por los
ciegos aurigas de la Eurozona (nombre orwelliano donde los haya)
parecían suficientes para contener la voracidad de los mercados de
deuda soberana (aquí lo problemático es el adjetivo), resulta que ni
el presidente del Gobierno ni la ciudadanía que viene padeciendo su
irremediable ineptitud han podido relajarse lo más mínimo. Hasta la
compra de bonos españoles e italianos por el Banco Central Europeo
(BCE) no hubo modo de hacer descender la prima de riesgo de nuestra
deuda a niveles tolerables, preguntándonos cada mañana si ese sería
el día de la intervención de la economía nacional por la Unión
Europea (UE) o, deviniendo ello inviable, el del propio fin del
sistema de moneda única. Tal parecía que hubiésemos vuelto a la
época de la Santa Alianza y la invasión de los Cien Mil Hijos de San
Luis.
Durante tan azarosas jornadas leí la excelente edición de El
Príncipe de Nicolás Maquiavelo que acaba de publicar Tecnos en su
prestigiosa colección de clásicos del pensamiento. Vi entonces a un
Rodríguez Zapatero que, desnudo ante el mundo hobbesiano de los
mercados y de las agencias de calificación, era incapaz de ejercer
la política como arte de afrontar la contingencia; en suma, vi a un
gobernante negado para orientar a la "fortuna" por carencia de
"virtud", esto es, de las cualidades excepcionales que, en tanto que
innovador, El Príncipe maquiavélico debe poseer. Contrariamente a la
actitud de reluctancia del presidente Zapatero a aceptar y encarar a
tiempo la gravísima crisis económica, los romanos, escribe
Maquiavelo, sabedores de la inevitabilidad de la guerra, elegían
siempre combatir a sus enemigos antes de que se hiciera tarde. En
definitiva, Zapatero ha ignorado que es función de la virtud del
Príncipe imponer una forma a la fortuna. Ahora lo intenta a través
del órdago de la modificación constitucional.
Pero, además, en esta bella edición de El Príncipe me encontré con
dos lúcidas preguntas, contenidas en el admirable estudio de
contextualización de John G. Pocock y que vienen muy bien para
ilustrar los conflictos del presente. En sus Historias Florentinas,
Maquiavelo se preguntó qué sucedería si la República de Génova
hubiera sido fundada íntegramente sobre el Banco di San Giorgio; y
David Hume, en On Public Credit (1754), se interrogó acerca de lo
que sucedería en caso de que la autoridad política de un Estado
estuviera completamente hipotecada a un mecanismo internacional de
crédito. ¡Caramba con los clásicos: qué actuales son! Refiriéndose
al mundo contemporáneo, alude Pocock a "un estado de cosas en el que
el mercado y los medios de comunicación constituyen una tupida red
que escapa por completo al control de la comunidad política, y ellos
mismos se ofrecen como alternativa para sustituir a esa comunidad
como marco en que la vida humana adquiere significado".
Precisamente, el problema de la humanidad en el siglo XXI será, a
juicio de este ilustre historiador, el de la supervivencia de la
capacidad política (de los poderes públicos, se entiende) en tales
condiciones.
Pues bien: el Gobierno y el PSOE se esfuerzan por convencernos de
que la reforma de la Constitución que los dos grandes partidos
nacionales han pactado es el fruto de una situación de máximo
peligro que así se pretende conjurar. Se trataría, por tanto, de la
única manera de hacer frente al acoso incesante de unos mercados
financieros cuya soberanía no se discute, sino que simplemente se
teme y se acata. Sin embargo, niego la mayor: aun con reforma
constitucional, si el BCE deja de adquirir deuda española volverá a
crecer exponencialmente la prima de riesgo en relación con el bono
alemán. Y lo mismo si Grecia, o Irlanda, o Portugal... o Italia
incurren en suspensión de pagos (default), si empeora la situación
económica norteamericana o si continúa incrementándose nuestra
alarmante tasa de paro, entre otras eventualidades. Luego el
problema no está donde, siguiendo acríticamente la doctrina
Merkel-Sarkozy, se dice que está. No necesitamos, por consiguiente,
una reforma constitucional que encorsete rígidamente nuestra
capacidad de desarrollar políticas económicas anticíclicas. Además,
si quisiéramos hacer eso nos bastaría con la modificación de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria y otras disposiciones
infraconstitucionales (véase al respecto la STC 134/2011, de 20 de
julio, que reconoce las sobradas competencias estatales para
disciplinar el déficit autonómico y local). En cambio, lo que sí
precisamos cada vez más es un gobierno económico europeo que
unifique las políticas presupuestaria, fiscal y monetaria, incluida
la relativa a la emisión de una deuda pública común a toda la UE.
Para ello se requiere una reforma de los tratados, y puede que,
antes de dar nuestro consentimiento a ella, una modificación de la
Constitución que regule detalladamente este y otros aspectos de la
participación española en el proceso de integración europea.
Aparte de lo anterior, el texto del nuevo artículo 135 de la
Constitución merece reproches de orden político, técnico e
institucional. Entre los primeros se hallaría la crítica de la
previsión, verdaderamente tremenda, de que el pago de los intereses
y el capital de la deuda pública "gozará de prioridad absoluta", es
decir, aunque no haya recursos para nada más. ¡Eso equivale a
realizarse una ablación genital para preservar la castidad!
Entre los segundos estarían los que cabe dirigir a las referencias,
ciertamente torpes e innecesarias, al establecimiento por la UE de
los márgenes de déficit estructural y a la fijación en su Tratado de
Funcionamiento (TFUE) del tope de deuda pública de los Estados
miembros. No es únicamente que en el resto de los preceptos de la
Constitución no se contenga ninguna otra mención del proyecto
europeo, lo que a estas alturas resulta chocante, ni que la
referencia al TFUE quedará obsoleta cuando esta norma cambie como
consecuencia de la dinámica de modificación del derecho europeo
originario, sino que tales referencias parecen dar la impresión de
que renunciamos a nuestra facultad de retirarnos de la Unión si así
nos conviniese. ¿Ya no somos un Estado soberano?
Finalmente, entre los reproches de carácter institucional debe
figurar el relativo a la previsión, tomada de la Ley Fundamental
alemana, de que la superación de los límites de déficit estructural
y de volumen de deuda pública sólo podrá tener lugar "en caso de
catástrofes naturales, recesión económica o -nótese bien-
situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del
Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la
sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la
mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados".
Ello supone, inevitablemente, el enjuiciamiento por el Tribunal
Constitucional de la concurrencia o no de dichas situaciones, con
las presiones de altísimo voltaje que entonces es fácil imaginar
sobre el supremo intérprete de la Constitución, llamado a intervenir
en coyunturas traumáticas acerca de delicados asuntos de política
económica. Créanme, no todo lo alemán es bueno.
Un pan como unas tortas
*Maite Nolla Periodista Digital 6 Septiembre 2011
El PP hizo el mejor servicio a la libertad y a la igualdad
recurriendo el Estatuto catalán.
Por algo decía Jordi Pujol que el Estatuto de Cataluña no era
necesario. Él vivía en la alegalidad consentida y en la ilegalidad
tolerada. En los 23 años de pujolismo se prefirió ir robando tierra
al mar por la vía de los hechos y asegurar los diques. El estado de
cosas se mantenía por un equilibrio basado en los apoyos
parlamentarios, el complejo de la izquierda y la derecha, y una
presión social que iba moviendo poco a poco la línea de lo normal.
Cualquier cosa antes que poner por escrito algo que pudiera obligar
o comprometer. Todo era equívoco e interpretable en un sentido y su
contrario.
Pero cuatro alunados que querían pasar a la historia, dos
nacionalistas que pensaron que podían ganar las elecciones, y
Zapatero, que vio en el Estatuto la forma de reinventar la
transición al margen del PP, metieron la pata hasta el corvejón.
Hicieron un pan como unas tortas. Vale que la sentencia del
Constitucional sobre el Estatuto es una componenda, pero la simple
declaración de que ninguna lengua tiene carácter preferente lo
cambia todo.
De repente, la imposición por la vía de los hechos es ilegal. ¿Por
qué? Pues porque se empeñaron en ponerlo por escrito. Enhorabuena,
genios. Y ello arrastra no sólo a la inmersión lingüística sino a
cualquier cuestión que tenga que ver con la lengua: las multas por
rotular en castellano, el uso de las lenguas por parte de los
funcionarios o en los juzgados, o los reglamentos en ayuntamientos y
diputaciones; vamos, todo, incluida una ley del aranés que es
simplemente anormal. Pero todo eso se acabó; por haber querido
aprobar el Estatuto y por haber querido aprobarlo para marginar al
PP.
La reforma de facto de la Constitución que supuso el Estatuto
no se podía hacer sin el PP y menos en su contra. Tampoco hace falta
utilizar palabras muy gruesas, pero en el PP deben ser conscientes
de que el mejor servicio que han hecho a la libertad y a la igualdad
es haber presentado en su día el recurso contra el Estatuto. Y aquí
tienen la prueba.
*Maite Nolla es abogada.
Cambio, que no alternancia.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 6 Septiembre 2011
¿ Por qué Rajoy se niega a pedir el adelanto electoral al máximo
posible? Inexplicable, sobre todo si se tiene en cuenta que Zapatero
sigue en su plan de colar como sea sus leyes demagógicas y de apoyo
al candidato, como la del Impuesto sobre el patrimonio. No es que el
adelanto de unos días sea esencial dada la situación de coma
profundo de la economía, pero sí es una postura de firmeza y de
transmitir la determinación del cambio a los ciudadanos. Cambio, es
palabra que el PP esgrime en su propaganda electoral como arma de
ataque ante el inmovilismo del PSOE.
Los plazos electorales legales son los que son, pero el que siga
Zapatero en el Gobierno de España y aprovechando su cargo de
interinidad para sacar “in articulo mortis” leyes como esa, o que
desde otros Ministerios se continúe con el despilfarro y la
subvenciones sectarias a organizaciones tan variopintas con
asociaciones de gays, lesbianas, o mantener las “embajadas” de
Cataluña, es totalmente inaceptable.
El Gobierno de Zapatero debe atenerse hasta el día de la disolución
de las Cámaras a labores meramente burocráticas y sin contenido
político. Puede que su actuación sea legal, pero carece
absolutamente de legitimidad para ello. Zapatero usa su cargo de un
modo sectario y consciente de la inutilidad real de las medidas que
dicta en esta última etapa de su mandato. Pero nada parece detener a
quien no le ha importado en sus dos legislaturas de desastroso
gobierno llevar a España a la situación actual en la que su futuro
va a quedar hipotecado por décadas.
Creo que Rajoy tiene el deber de impedir a Zapatero que siga por
este rumbo, y cada día que siga en interinidad es un día perdido
para España y el “cambio” que pretende hacer el PP. De hecho, lo que
Rajoy debería plantear a Zapatero es la creación de un grupo de
seguimiento compuesto por personas designadas de todos los partidos
políticos con representación parlamentaria y que sean informadas de
modo directo de cualquier asunto de trascendencia que el Gobierno de
Zapatero piense aprobar en Consejo de Ministros o antes de la
disolución de las Cámaras prevista para final de septiembre.
Si el PP quiere el cambio, no puede permitir que Zapatero siga
actuando como si contase aún con el respaldo de los ciudadanos. Las
propuestas del candidato Rubalcaba son demagógicas y quieren ocultar
que su promotor ha estado durante los últimos ocho años cooperando
al desastre en el que nos encontramos. Además, su posible o más que
posible implicación en el caso Faisán, debe ser resaltada y puesta
en evidencia ante un electorado desinformado por unos medios
cómplices y sumisos con las tácticas de este Gobierno en la lucha
contra ETA.
El cambio debe empezar por el propio PP y limpiar su casa. El cambio
debe ser creíble y comenzar por generalizar las medidas en todas las
CCAA y Alcaldías donde el PP ha obtenido o refrendado su Gobierno.
No es admisible proponer el cambio cuando Gallardón sigue en el
municipio de Madrid subiendo impuestos y endeudándose sin control.
La última subida desmesurada e inaceptable del IBI es solo un
ejemplo de los modos en que nada cambia si existe “un verso suelto”
que hace caso omiso a la doctrina que predica su partido.
Es bueno el cambio. Es bueno el camino emprendido por Aguirre y
Cospedal. Lo que no es bueno es quedarse en eso, en meros hechos
aislados y no demostrar que el PP es un partido con un líder
indiscutido y que sabe imponer sus fórmulas de cambio a sus
compañeros de partido. Para convencer hay que actuar no basta con
predicar, hay que dar trigo. Por ahora solo tenemos buenas palabras
y eso no se diferencia de lo que proponía Zapatero en su día, ni lo
que propone Rubalcaba. Palabras y promesas que solo se apoyan en el
más absoluto vacío.
Queremos el cambio, pero para eso algo en el PP debe cambiar.
Sociedad bilingüe, escuela bilingüe
Daniel Perales www.vozbcn.com 6 Septiembre 2011
El bilingüismo y el respeto a la diferencia es la única esperanza
para la supervivencia de una sociedad plural y diversa como la
catalana, y la única vía para asegurar la cohesión social de todo el
país. Si permitimos que el sistema político que debería basarse,
para ser democrático, en la división de poderes, presione al sistema
judicial para dejar de acatar las leyes que ningún ciudadano a
título personal puede dejar de acatar aunque no le guste o
favorezca, estaremos firmando la sentencia de muerte a una
democracia maltrecha.
Es la hora de ser libres, la libertad empieza por el respeto a la
diferencia y no por intentar hacer de la sociedad algo uniforme a la
imagen y semejanza del visionario de turno. Y tenemos prisa, setenta
años de intentos uniformadores del franquismo y del nacionalismo
catalanista son demasiados. Ahora mismo en la escuela catalana el
10% de las horas se hacen en castellano, el 10% o más en inglés y el
restante 80% aproximado en catalán.
Algunos profesores somos presionados para no utilizar el castellano
ni siquiera en nuestras relaciones personales mientras estemos en la
escuela, presionados para efectuar todas las reuniones de padres
(colectivas o individuales) en catalán, aunque los padres nos hablen
en castellano, presionados para intentar cambiar la forma de hablar
de los niños en los patios, en sus actividades, en el comedor, en la
ludoteca, en las excursiones…
¿No habremos dejado en nombre de supuestas buenas intenciones como
la supervivencia de una lengua, que el fanantismo se haya apoderado
de la educación para convertirlo en una parte fundamental, en la
piedra angular del proyecto de ingeniería social necesario para
caminar hacia la secesión? ¿No es de justicia que en una sociedad
donde la mitad de la ciudadanía aproximadamente tiene como lengua
materna el catalán y la otra mitad el castellano se eduque en la
escuela en las dos lenguas? ¿No es una magnífica forma de educar en
valores a nuestros alumnos decirles que las dos lenguas son igual de
importantes?
Desliguemos la educación de la política y veremos que lo solidario,
lo justo, lo equitativo, lo racional, lo legal, lo ético, lo
pedagógico y en general, lo mejor para nuestros alumnos, es que en
una sociedad bilingüe tengamos una escuela bilingüe.
Daniel Perales es profesor de Primaria
Opinión
El catalán y la cohesión social
Nacho Corredor http://www.vozbcn.com 6 Septiembre 2011
Basta con escuchar al presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC), cuando se refiere a la reciente sentencia del
mismo tribunal en relación a la inmersión lingüística, para saber
que algo huele mal. Un día dice que, efectivamente, las sentencias
solo afectan a casos concretos (como apuntaba el ministro de
Justicia, Francisco Caamaño); y al día siguiente dice que se cargan
(como aquél que hace una siesta de 20 minutos o reforma una
Constitución en dos días) un modelo de inmersión lingüística alabado
por la propia Unión Europea, envidiado por otros países con
características similares a las de Cataluña y pactado por una amplia
mayoría del Parlamento autonómico.
Lamentablemente, es evidente, una vez más, que no estamos ante una
cuestión meramente judicial, sino ante un uso (cada vez más
descarado) de la condición de la Justicia para hacer política.
Paradojas de la vida… y en un perfecto castellano.
Nací en Santander, vine por aquí a los seis años, y hablo un
perfecto castellano. ¡Qué cosas! Y eso que he sido víctima de la
famosa inmersión. Quizá, si no fuera por todos los periódicos,
canales de televisión y libros que el mercado pone a mi disposición,
mi castellano sería pésimo. Y quizá, si el sistema educativo obviara
el contexto no favorable al uso del catalán, pese a que sorpresas
como las del grupo de música Manel demuestran que la cultura
catalana tiene mucho que hacer, pasaría lo mismo con el catalán.
Sinceramente, no me preocupa. Y no me preocupa porque me han educado
en un sistema cuyos resultados (y es a lo que hay que prestar
atención) dicen que las competencias lingüísticas en ambas lenguas
es similar. Paradojas de la vida.
¿Hacia un modelo que segregue?
Unas competencias (que no sé si buenas o malas) pero de
características similares y un país, o una región como le gustaría
remarcar a algún lector, cohesionado en las escuelas gracias a un
elemento común denominador que, lejos de tener un trasfondo
identitario, posee una de las mejores herramientas de cohesión e
integración social del mundo. ¿O es que acaso queremos repetir
situaciones como las del País Vasco? ¿O es que acaso queremos
separar a las personas en función de la lengua que hablen? ¿O es que
acaso queremos crear dos comunidades lingüísticas bien
diferenciadas? ¿O es que acaso hay elementos para pensar que el
actual modelo, bilingüe de facto, genera una sociedad fragmentada?
Las sentencias del Tribunal Supremo son una de las primeras
consecuencias de la sentencia que ya hace más de un año dicto el
Tribunal Constitucional en relación al Estatuto. ¿Acaso alguien cree
que el TC es un tribunal independiente? ¿Acaso alguien cree que esta
interpretación de la ley genera más soluciones que problemas?
El derecho a decidir
En cualquier caso, paradójico es también que aquellos que, con la
excusa del derecho a decidir la lengua en la que deben estudiar sus
hijos, niegan el derecho a decidir de las personas, o el de las
comunidades políticas, cuando se refiere al sistema institucional en
el que quieren convivir. No es una cuestión meramente identitaria;
se trata de garantizar una harmonía social y garantizar a su vez el
conocimiento de las dos lenguas oficiales de Cataluña. Y, de
momento, que yo sepa, se está garantizando. ¿O es que acaso hay
quién no quiere que sea así?
Nacho Corredor es presidente del centro de reflexión DEBA-T
Y dale con la hidra de infinitas cabezas.
Nota del Editor 6 Septiembre 2011
Para conservar un virus, después de aislarlo, hay dos métodos,
el primero consiste en congelarlo y conservarlo a temperaturas
subcero y descongelarlo cuando sea necesario recuperarlo.
Pero si es Vd nazionalista, empleará el segundo método: lo inoculará
a todo ser (humano a ser posible) viviente desprevenido que esté
sometido a este terrorismo.
Si yo quisiera conservar alguna lengua regional, en caso alguno se
me ocurriría inocularla en ser humano alguno, sino que, sin utilizar
el dinero de los demás, recogería todo el material posible y
lo guardaría en su correspondiente cajita (voz, visión, escritura,
hasta olores y sabores), y todos tan contentos.
Bilingüismo, inoculación, pederastia lingüística, hidra de tantas
cabezas como lenguas regionales y sus interconexiones.
Las lenguas latinas
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 6 Septiembre 2011
La utopía de esta última semana de verano -esto es un 'outlet' de
utopías, rebajas final de temporada- tratará de las diez (?) lenguas
hijas del latín. Son, por orden de cantidad de hablantes: español
(500 millones), portugués (240), francés (200), italiano (62),
rumano (23), catalán (10), sardo, occitano y romanche (4). Las
cifras incluyen a los hablantes como primera y como segunda lengua.
En francés, por ejemplo, los hablantes como segunda lengua son más
(120) que como lengua materna (80). En total, más de mil millones.
Lo que propongo es que haya un organismo común que fije y estimule
una política lingüística coordinada.
Lo primero que hay que aclarar es si son lenguas diferentes, o
variedades de la misma lengua. La entidad 'Ethnologue' fijó en un
85% de coincidencias léxicas la fronteras entre lengua y dialecto:
es decir, si dos variedades lingüísticas coinciden en el 85% o más,
no son lenguas diferentes. Pues según ese criterio, el
catalán-occitano no es diferente del francés (85%), el italiano
(87), el español (85) y el portugués (85). El italiano es semejante
al francés (89), al catalán (85), al español (85) y al sardo (85).
La mayor coincidencia se da entre portugués y español (89), y la
menor entre español y rumano (71). El rumano y el romanche son los
más divergentes, no llegan a un 80% de coincidencia con ninguna otra
lengua latina. El sardo también se aparta de todas las lenguas,
excepto del italiano. Conclusión: las lenguas latinas más habladas
-español, portugués, francés, italiano, catalán- forman una
constelación de parentesco grande, en el que cabe hablar de una
“macrolengua” más que de lenguas totalmente independientes. Otras
macrolenguas son el chino (1.200 millones de hablantes, 12
variedades ¡no comprensibles entre ellas!), el árabe (16 variedades,
220 millones), hindustaní (422 millones, el hindi con muchas
variedades en India y el urdu en Pakistán).
¿Por qué razón las lenguas latinas no se han coordinado, por qué no
han formado algo parecido a un trust, simplemente por la cuestión
elemental y práctica de unificar criterios y facilitarse mutuamente
la vida? Empezando por el nombre: mientras “chino” se aplica a doce
lenguas y “árabe” a dieciséis, no existe un término para las lenguas
latinas. ¿Latín? No, designa solo al latín clásico, la lengua muerta
de uso litúrgico en la Iglesia y académico en la Universidad hasta
hace siglo y medio. Propongo adoptar “romance”, que designaría a la
macrolengua de lenguas neolatinas. El español es “un” romance. Los
italianos y los franceses hablan romance, aunque no hablen del todo
igual. Debería haber una Academia del Romance, o Románica, que
coordinara a las (poco) diversas lenguas romances.
Pero volviendo a la pregunta, por qué nadie se lo ha planteado: muy
fácil, por política nacionalista. El sujeto político, las naciones,
utilizan la lengua como frontera. En consecuencia, la lengua se usa
no para comunicarse, o sea unirse, sino para diferenciarse frente a
los otros sujetos políticos. Las diversas Academias son “soberanas”
e “independientes”, y su función no es utilitaria, sino sobre todo
normativa, al servicio de la construcción nacional. En nacionalismo
ha conformado incluso la teoría de la enseñanza de las lenguas: al
tratarse de sistemas independientes, hay que aprenderlas desde cero,
“como hacen los niños”. Nunca traducir. Qué error: el niño aprende a
hablar al mismo tiempo que aprende su lengua. Pero el adulto ya sabe
hablar, su lengua y quizá otras, cuando aprende una lengua nueva, y
se aprende lo desconocido a través de lo conocido. Es decir,
traduciendo: evidente. Pongamos el gallego, que muchos consideran
lengua “independiente”. Se parece al castellano en un 95%. Si quiero
aprender gallego, ¿debo empezar de cero, olvidar ese 95% común, o
dedicarme e aprender el 5% que me falta?
Pero aún hay más. Los dialectos de una lengua no se aprenden a
hablar, se aprenden a entender. Si yo no entiendo el baturro, o el
cubano, debo aprender a entenderlos, pero nadie me va a pedir que
hable en baturro o en cubano. Si eso lo aplicamos a las lenguas
romances, normalmente el esfuerzo de aprenderlas debería ser solo
para entender la lengua hermana , no para hablarla. O sea, debería
ser normal que italianos y españoles se entendiesen hablando cada
uno en su lengua. Eso exigiría unos programas didácticos y unas
rutinas sociales que ahora no existen. Tras diez años de inglés en
la escuela, los alumnos no saben inglés. Si la mitad de esa energía
se dedicara a las lenguas romances, la comunicación entre
“romancehablantes” sería total. Les aseguro que, desde el español,
el italiano “pasivo” es perfectamente accesible en un mes. Y el
portugués, menos aún. Algo más el francés, pongamos un año. Pero el
resultado sería espléndido: una comunidad comunicativa de más de mil
millones de hablantes.
El fallo del TSJC, un éxito de Convivencia
Cívica Catalana
La asociación gana la batalla legal a la Generalitat de Cataluña
PEPE GIMÉNEZ www.lavozlibre.com 6 Septiembre 2011
Madrid.- Los héroes de la historia de hoy son los tres padres que
decidieron acabar con el trato discriminatorio que recibían sus
hijos en el colegio hace cinco años. Los chavales vivían en Cataluña
y sus edades oscilaban entre los tres años y los diecisiete. En la
escuela todas las asignaturas eran impartidas en catalán, excepto la
asignatura de Lengua Castellana. Esa situación representaba un
agravio comparativo importante, ya que sus hijos tenían una
dificultad añadida al aprendizaje que los hijos de las familias
catalanoparlantes no tenían. Además, los padres no podían compensar
el trato excluyente, ya que ni siquiera podían ayudarles a hacer los
deberes, puesto que los libros de texto también estaban escritos en
la lengua local. Muchos años han pasado desde entonces y la
situación es hoy peor, ya que las horas de enseñanza de la
asignatura de Lengua Castellana se han reducido drásticamente.
Los protagonistas de este relato se quejaron a los colegios, sin
conseguir ningún resultado. Es habitual en Cataluña que al pedir
igualdad de trato para los hijos, te llamen ‘facha’. Pero los
valientes progenitores no se dejaron atemorizar y se pusieron en
contacto con la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC) para
que les ayudase a dar la batalla legal. Primero pidieron a la
Generalidad que reconociera el derecho de sus hijos a ser
escolarizados parcialmente en castellano, sin ningún resultado.
Recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC), pero éste rechazó el recurso. Acto seguido, reclamaron sus
derechos ante el Tribunal Supremo (TS), que finalmente el pasado mes
de diciembre les dio la razón y exigió a la Generalitat que
estableciese los mecanismos necesarios para garantizar un sistema
educativo bilingüe. Pero no acaba aquí la odisea.
Irene Rigau, la consejera de Educación, interpreta las sentencias
del TS de una forma curiosa. Considera que sólo afecta a los padres
que interpusieron el recurso. Defiende que es la Generalitat la que
debe establecer la proporción entre el uso del castellano y el
catalán como lenguas vehiculares en la escuela, y que va a seguir
siendo el catalán la exclusiva lengua vehicular en la escuela.
Tras la desobediencia de la mandataria, los padres han vuelto a
recurrir al TSJC para conseguir una educación bilingüe para sus
hijos. Esta vez el TSJC ha dado la razón a las familias. Además, da
un plazo de dos meses a la Generalidad para llevar a cabo las
reformas necesarias. La consejera ha anunciado que presentará un
recurso contra el auto del Tribunal.
El abogado de CCC, Ángel Escolano, ha declarado que si Irene Rigau
no cumple estos autos, presentarán una querella criminal contra ella
por prevaricación y por desobediencia a los tribunales. Lo que
podría suponer la inhabilitación para cargo público. La responsable
de educación ha contestado: “Si he de salir de la política por el
tema de la lengua, evidentemente, saldré, porque entré por este
tema”.
Las reacciones de los políticos a la sentencia del TSJC no se han
hecho esperar. Por supuesto todos los nacionalistas se han llevado
las manos a la cabeza. Para ellos es inadmisible que no les dejen
imponer el catalán. Quico Sallés, periodista nacionalista, ha
llegado a afirmar “estamos en estado de guerra. Quien pacte con
nuestros enemigos [PP] será considerado un traidor; quien resista,
un héroe. Si quieren guerra, la tendrán”.
Por su parte, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha defendido el
actual sistema educativo catalán, mientras que la responsable del PP
en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, ha afirmado que “si Mas no
cumple la sentencia del catalán, actuaremos con firmeza”, insinuando
que romperán el pacto de gobierno que tienen con CIU en la
Generalitat.
Ana Mato presenta «Empieza el cambio» lema de la campaña para las
elecciones
El PP apuesta por compaginar catalán y
castellano al mismo nivel
La vicesecretaria general de Organización del PP, Ana Mato, apostó
hoy por compaginar la enseñanza del catalán y el castellano "al
tiempo" en el sistema educativo de Cataluña, especialmente tras la
sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a que el español
sea lengua vehicular.
Madrid - Servimedia/Efe La Razón 6 Septiembre 2011
Mato declaró en rueda de prensa que esta fórmula "no creo que sea
incompatible" y criticó que desde la Generalitat se esté planteando
un debate que pasa por incumplir las resoluciones de los tribunales.
A su juicio, las sentencias "no están para ser interpretadas"
conforme a los intereses políticos de cada formación política, sino
que están "para cumplirse".
Por eso, defendió la vigencia del catalán como la "máxima" lengua de
Cataluña pero indicó que "también el castellano" debe tener esa
consideración. "Las dos cosas al tiempo, no creo que sea
incompatible", sentenció.
En cuanto a las elecciones del 20 de noviembre, la dirección
nacional del Partido Popular anunció hoy que las listas electorales
con las que Mariano Rajoy se presentará a las generales estarán
marcadas por la "continuidad" de los candidatos, ya que considera
que los actuales grupos parlamentarios han trabajado "muy bien" en
esta legislatura.
Así lo anunció en rueda de prensa la vicesecretaria general de
Organización del PP, Ana Mato, quien presentó el lema "Empieza el
cambio", que los populares piensan utilizar durante toda la
precampaña.
Mato garantizó que "habrá continuidad en las listas" al Congreso de
los Diputados y al Senado, aunque señaló que todavía no se ha
empezado a trabajar en las candidaturas y no se piensa hacer hasta
el mes que viene, ya que tienen margen hasta el 17 de octubre.
Asimismo, rechazó la idea del candidato del PSOE a la Presidencia
del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, de no incluir a alcaldes en
las listas para las elecciones generales e indicó que la formación
que lidera Mariano Rajoy nombrará como candidatos "a los mejores".
Mato explicó que la legislación vigente "no prohibe que los alcaldes
sean parlamentarios" ni en el Congreso de los Diputados ni en el
Senado ni en los parlamentos regionales.
Por eso, criticó que en Andalucía el PSOE haya "roto las reglas de
juego" y haya realizado "algunas cacicadas" para modificar la ley
por iniciativa e impedir que los alcaldes puedan concurrir a las
elecciones autonómicas previstas para el año que viene.
Mato interpretó que Rubalcaba ahora sigue el mismo ejemplo en sus
listas electorales, aunque la ley no prohíba contar con alcaldes en
las candidaturas al Congreso y al Senado, quizá porque "como tiene
tantas fugas, ningún alcalde quiera ir en las listas" de Rubalcaba
para las generales.
"Nosotros vamos a presentar a los mejores y garantizo que todos los
candidatos del PP se dedicarán en exclusiva a defender los intereses
de los ciudadanos y que en España se vuelva a crear empleo", dijo.
Mato tuvo que responder, a preguntas de un periodista, si piensa ser
la 'número dos' de Mariano Rajoy en la lista al Congreso por Madrid,
al estilo de Elena Valenciano en la candidatura de Rubalcaba.
Alegó que no le importa el lugar que ocupe en la lista de Rajoy
porque lo importante es el "equipo" y seguir trabajando en su equipo
para llevar la alternativa del PP al conjunto de los españoles.
"Seré suficientemente feliz vaya en el puesto que vaya", apostilló.
La dirigente popular se refirió también a la participación del ex
vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y actual presidente de Caja
Madrid en los actos que el PP va a celebrar antes de la campaña,
como el foro por la economía y el empleo que tendrá lugar este fin
de semana en Canarias.
Señaló que Rato "es un militante de nuestro partido desde hace
montones de años" y por lo tanto considera lógico que participe, ya
que es un "experto" en materia económica. Por eso, anunció que tanto
él como otras personas próximas al partido colaborarán con la
campaña de Mariano Rajoy.
Mato también, se ha referido a esta iniciativa del presidente
asturiano, alentada por, han dicho dirigentes de Foro Asturias, la
aceptación que dicha formación tiene entre los madrileños que
veranean en el Principado y los asturianos empadronados en la
capital.
Fuentes del PP han señalado que no creen que la irrupción de Cascos
en las elecciones, con una lista propia por Madrid, e
independientemente de la entidad de quien sea su número uno, les
reste votos y escaños, pues si hay un partido ahora que tiende a
crecer de forma inexorable, ése es el Partido Popular.
Inciden estas mismas fuentes en que conseguir un escaño por Madrid
ahora mismo resulta "muy caro" por la polarización del electorado.
Aun así, Mato ha destacado que el PP trabajará para aunar a todos
los ciudadanos y que, por esa misma razón, estará abierto a negociar
con otros partidos posibles alianzas electorales, como con UPN en
Navarra o el PAR en Aragón.
La base de la negociación será siempre, y en todo caso, ha recalcado
Mato, el programa electoral de los populares.
Con el partido con el que de momento el PP no se plantea hablar es
con el FAC de Cascos. Tampoco, ha puntualizado, ha habido
conversaciones a instancias de los regionalistas del exministro.
La vicesecretaria de Organización ha asegurado al respecto que es
"extravagante que un partido regionalista creado para defender los
intereses de los asturianos se presente por Madrid".
Tras considerar "incomprensible" la actitud del actual presidente
del Principado cuando se propuso darse de baja del PP para montar un
nuevo partido, Mato ha añadido que el único que puede garantizar un
mejor futuro de los españoles es el partido de Mariano Rajoy, y no
otros del mismo espectro político.
El PP se pasa por el arco de triunfo la
C.E.
Nota del Editor 6 Septiembre 2011
Cada vez que un inútil del PP suelta alguna gilipollez
anticonstitucional me sube la adrenalina y tienen suerte de no estar
en mis cercanías.
Esta mañana, el tal G. Pons, elemento importante en la estructura
del PP (¿ querrá decir Partido Podrido ?) soltaba el disparate de
que las lenguas regionales
y el español deben estar en condiciones de igualdad, como si la C.E.
no estableciese claramente el deber de conocer el español y no las
lenguas regionales.
Por eso, de igualdad, nada, y por mucho que repitan el disparate, no
dejaremos de recordarles que son un atajo de inútiles que solo
buscan vivir como
profesionales de la política por encima de la C.E., del sentido
común y de cualquier principio ético.
Cataluña
Ángel Escolano, abogado de Convivencia
Cívica: “Tendrán que cumplir. No les queda otra”
“Una vez ha dicho el Supremo que la norma se interpreta de una
manera concreta, la Administración debe aplicarla como dicen los
tribunales. [...] Si Rigau no cumple será una desobediencia a los
tribunales, de manual, y encaja en el artículo 410 del Código Penal,
lo que supone una inhabilitación para cargo público y para empleo
público, que es funcionaria”.
Daniel Tercero http://www.vozbcn.com 6 Septiembre 2011
El abogado, Ángel Escolano, y el presidente de Convivencia Cívica
Catalana, Francisco Caja, entidad que ha representado a los padres
de las últimas sentencias del Supremo que pedían el cumplimiento de
la ley (foto: LVdB).
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1994 dejó
establecido que ni los padres ni la Administración autonómica pueden
eliminar una de las dos lenguas oficiales de Cataluña, español y
catalán, de las escuelas. Ni los padres pueden escoger la lengua de
escolarización para sus hijos ni la Generalidad puede eliminar el
español como lengua vehicular. La Administración autonómica nunca ha
aplicado la sentencia, nunca ha puesto en marcha el bilingüismo
escolar.
Desde entonces -y ya antes-, distintas entidades cívicas han acudido
a los tribunales para que la Consejería de Enseñanza cumpla con la
ley. Las últimas sentencias del Tribunal Supremo han recordado a la
Generalidad que lleva incumpliendo las normas en materia
lingüística. La sentencia del TC sobre el Estatuto de Autonomía de
2006, hecha pública en 2010, ha supuesto la puntilla para los
dirigentes políticos que insisten en no aplicar el bilingüismo
escolar o conjunción lingüística que ordenan los tribunales.
Convivencia Cívica Catalana (CCC) es la entidad responsable de las
últimas sentencias del Supremo, y de la interlocutoria del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que acota y da un plazo,
dos meses, a la Generalidad para que aplique el modelo lingüístico
legal en las escuelas. Francisco Caja es profesor de Filosofía en la
Universidad de Barcelona, licenciado en Derecho y presidente de CCC.
Ángel Escolano es uno de los abogados de la entidad, responsable del
tema legal y, sorprendentemente, joven -apenas 26 años-. Hemos
charlado con ellos de lo que puede ocurrir si la Administración
autonómica no aplica la ley en noviembre.
¿Son generalizables las sentencias del Supremo?
Ángel Escolano: Son generalizables. La Administración está obligada
a aplicarlas. Si no las aplican estarán prevaricando.
¿Y por qué la consejera de Enseñanza y la Generalidad dicen que no?
E: Así lo dice la ley… en el derecho administrativo, la
Administración está obligada por las sentencias. Es decir, una vez
ha dicho el Supremo que la norma se interpreta de una manera
concreta, la Administración debe aplicarla como dicen los
tribunales.
¿Y si la Consejería de Enseñanza no cumple con la ley?
E: Tenemos dos posibilidades diferentes. Si Irene Rigau [consejera
de Enseñanza] no cumple será una desobediencia a los tribunales, de
manual, y encaja en el artículo 410 del Código Penal, lo que supone
una inhabilitación para cargo público y para empleo público, que es
funcionaria. Y entiendo que si el Gobierno autonómico no rectifica y
continúa sin aplicar la ley estará prevaricando, porque a sabiendas
de que la Justicia ha dicho que deben aplicar una norma no la
aplican.
¿A cuántas sentencias del Supremo se refiere la interlocutoria del
TSJC?
Francisco Caja: A dos… pero vendrán más.
¿Cuántas?
C: Tres más, inmediatamente, en las que el Supremo dirá lo mismo.
Pero hay más de 500 instancias en la Consjería de Enseñanza, que en
el momento en que les nieguen el bilingüismo escolar se convertirán
en más de 500 demandas judiciales.
E: Para estas no habrá sentencias del Supremo porque el TSJC las
estimará, lógicamente. Y lo hará positivamente. Y suma y sigue…
¿Hay más padres de esos más de 500 que ya han solicitado el
bilingüismo en la escuela?
C: Hay más pero llegarán aún más, porque las vacaciones ha detenido
el flujo de peticiones.
La Generalidad ha dicho que en dos meses no se puede cambiar el
sistema de inmersión lingüística obligatoria que lleva casi 30 años
aplicándose…
C: ¿Por qué no? ¿Qué dificultades hay? Si no sabe, que nos contrate
y nosotros lo hacemos en dos meses y medio…
E: En menos, en una semana…
C: Solo tiene que dictar una resolución que regula la enseñanza que
se aprueba cada año. El problema sería si fuera un bilingüismo entre
el español y el inglés o entre el catalán y el inglés, porque no
habría profesores [que supieran inglés], pero supongo que todos los
profesores saben español, ¿no?
Un argumento de la Consejería de Enseñanza, para defender la
legalidad de la inmersión lingüística obligatoria, es que la Ley de
Educación de Cataluña (LEC) y el Estatuto de Autonomía determinan
que el catalán debe ser la única lengua vehicular en las escuelas…
C: No. Hay una sentencia del TC [sobre el Estatuto de Autonomía de
2006, dictada en 2010] que dice que no. El Estatuto debe ser
interpretado según la Constitución, es decir, no se puede exlcuir el
uso del español. No hay mucha vuelta que buscar.
¿La LEC queda derogada, entonces?
E: No, hay que intrepretarla tal cual lo ha dejado escrito el TC.
Cuando la LEC dice que el catalán es la única lengua vehicular se
debe interpretar que es sin la exclusión del español. Derecho
constitucional… es así.
Se habla de la sentencia del TC de 1994 que, según los defensores de
la inmersión lingüística obligatoria, avala el modelo lingüístico de
la Generalidad…
C: Mentira.
¿Por qué?
C: Porque la inmersión lingüística obligatoria excluye el uso del
español como lengua vehicular, y la sentencia del TC de 1994 dice,
explícitamente, que eso es inconstitucional. Lo dice explícitamente.
¿Qué hará Convivencia Cívica Catalana si en noviembre la Generalidad
no cumple con las sentencias del Supremo?
C: Si en dos meses no se adoptan las medidas oportunas, para adaptar
el sistema de enseñanza, el artículo 112 de la ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa es muy claro: multa [de
hasta 1.500 euros] por cada día que incumpla la ley y se le exige
responsabilidades penales. Pero será el fiscal el que requiera a la
consejera de Enseñanza, la ley le obliga al fiscal.
¿Estará obligado el TSJC a…?
E: Sí… en otros casos parecidos, el TSJC está un par de meses
poniendo la multa cada día y después actúa la Fiscalía.
C: Pero hay otra cosa muy importante que no dice la Generalidad. Muy
bien, Rigau dimite y el señor [Artur] Mas [presidente autonómico], u
otro consejero, asume el cargo y las competencias. El artículo 108
dice: ‘Si la sentencia condenare a la Administración a realizar una
determinada actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal podrá,
en caso de incumplimiento: a) Ejecutar la sentencia a través de sus
propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y
agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras
Administraciones públicas, con observancia de los procedimientos
establecidos al efecto’. Es decir, la sala suple y se constituye en
Consejería de Enseñanza, a estos efectos.
¿Y de todo esto qué dice la Alta Inspección de Educación,
dependiente del Gobierno?
C: Ni sabe ni contesta, pero en diez o doce días dirá algo. Tendrá
que contestar, necesariamente.
¿Por qué?
C: Vamos a desembarcar con un carrito con seis cajas de documentos
judiciales en los que se acredita inequívocamente la vulneración de
los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña. Esto es
competencia de la Alta Inspección. Lógicamente, el ministro tendrá
que intervenir porque sino cometerá también un delito de
prevaricación. Si en tres meses no abre un expediente a la
Generalidad habrá cometido prevaricación…
E: Y abrimos la puerta, otra vez, del Supremo. La competencia del
ministro va directa al Supremo.
¿Y si la Consejería solo aplica las sentencias del Supremo a los
padres del caso concreto?
C: Las sentencias del Supremo y el auto del TSJC son muy claritos.
Se adopten cuantas medidas sean precisas para que el castellano
también sea lengua vehicular. Es muy claro. Y a los niños no se les
puede separar por lengua. Los fallos del Supremo son tan
contundentes que se ha de cambiar el modelo escolar. El sistema de
inmersión lingüística obligatoria es contrario al espíritu y a la
letra de la Constitución, es un problema de orden público. No se
puede tolerar que el régimen lingüístico en las escuelas vulnere
derechos y libertades fundamentales. Esto es lo que no entiende el
señor ministro de Educación. Los ciudadanos tienen derecho a
utilizar el español.
¿Qué dirían a los padres que están en contra del bilingüismo y, por
lo tanto, a favor de la exclusión del español en las escuelas de
Cataluña por considerar que estas sentencias son un ataque al
catalán?
E: Viven en otra realidad que no es la de Cataluña.
C: Les diría que no se crean a los políticos ni a los propagandistas
del régimen nacionalista…
E: Sí. Es otra realidad. Este fin de semana, por ejemplo, Joan
Herrera (ICV-EUiA) hablaba en una ciudad del cinturón de Barcelona
asegurando que no quería dos ciudades, una en español y otra en
catalán, en referencia a las sentencias… Este señor, o no sabe leer
o es un manipulador. Las sentencias son muy claras, solo una… una
escuela en dos idiomas.
¿La inmersión lingüística obligatoria que se ha aplicado en
Cataluña, hasta ahora, es como el sistema escolar que se aplica en
el Quebec (Canadá)?
C: No, claro. Para nada. En el Quebec empezó como una experiencia en
un colegio privado. Los niños con el inglés como lengua materna,
voluntariamente, eran inmersionados en francés los tres primeros
años. A partir de este tercer año se introducía el inglés, junto al
francés, al 50%. Después, este sistema, se generalizó en las
escuelas públicas. Al poco, desde 1982, una reforma legal garantiza
en toda Canadá, no solo en el Quebec, que cualquier alumno tiene
derecho a educarse también en francés -si son un mínimo de alumnos-.
Tienen un bilingüismo perfecto. En Canadá tienen un Ministerio de
Bilingüismo. Su ministra vino a Cataluña y empezó a hacer
declaraciones… salió escopeteada. A mí me parece muy bien que en
cualquier parte de España los niños mantengan su lengua materna,
entre las oficiales. Es razonable. Pero aquí, en Cataluña, esto no
se quiere porque quieren excluir el español de las escuelas. Lo
consideran un virus.
Pero, ¿por qué pasa esto último? ¿Qué fin político tiene esto?
E: Muy claro, diferenciar Cataluña del resto de España… La inmersión
lingüística obligatoria es una herramienta política.
C: Fíjate con el nombre. La inmersión lingüística, técnicamente, es
un procedimiento para el aprendizaje de una segunda lengua, además
de la materna. Este es el nombre técnico en todos los manuales. Pero
en Cataluña es un fraude porque los únicos que son inmersionados son
los castellanoparlantes pero no los catalanoparlantes, que reciben
la enseñanza en su lengua materna. A los políticos nacionalistas les
gusta la palabra inmersión porque tiene connotaciones bíblicas… como
si los castellanoparlantes, o los charnegos, pudieran lavar su
pecado original inmersionándose…
Volvamos a la Consejería de Enseñanza. ¿Qué creen que va a ocurrir?
¿Cumplirán las sentencias?
C: Solo queremos que los niños tengan los mismos derechos. Y eso
solo puede darse si existe el bilingüismo en las escuelas. Nuestras
demandas se basan en la libertad lingüística y en ajustarlas a la
ley, y los tribunales han dejado claro que debe ser un bilingüismo
forzoso. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 337, dice una
cosa muy importante: el niño debe vivir el bilingüismo como un hecho
positivo; este es el asunto fundamental. Es muy diferente que una de
las dos lenguas sea considerada como una lengua extranjera y que los
niños vivan en el aula el bilingüismo como un hecho positivo. No nos
fiamos del PP y del PSOE, visto el pasado, porque han hecho dejación
de sus obligaciones, además, de una manera sangrante, como lo de
1998, cuando el PP permitió y no recurrió la ley de normalización
lingüística de CiU…
Pero, ¿la Generalidad cumplirá? No me han respondido…
E: Tensarán la cuerda al máximo… pero tendrán que cumplir. No les
queda otra. Se bajarán del burro…
C: Es muy importante que la sociedad catalana presione y arrime el
hombro. Y que el Gobierno no defraude ni negocie sobre los derechos
fundamentales de la Constitución.
Cataluña
‘”Pobres hijitos míos, quieren separarlos
por la lengua… ¡No lo permitiremos!” [...] La principal
actividad del nacionalismo catalán ha consistido, precisamente, en
separar a los niños y a los adultos de su lengua; siempre y cuando
esa lengua sea el castellano’
Redacción http://www.vozbcn.com 6 Septiembre 2011
Arcadi Espada, periodista y profesor universitario, este martes en
un artículo en El Mundo:
‘De joven yo también era sensible al argumento de los pobres niños
castellanos que iban a ser separados por la lengua, y que verían
paralizado su ascenso social. ¡Así iban a a quedarse siempre: pobres
y castellanos! Era el argumento principal de los nacionalistas de
izquierda y el más eficaz: enseguida los pobres castellanos pedían
el catalán, a fin de hacerse ricos. La verdad es que el argumento
tenía base empírica: durante el franquismo todos los ricos
interesantes hablaban en catalán. Los nacionalistas, ahora también
los de derechas, siguen con el argumento. Cada vez que ven la
inmersión amenazada lanzan unos gritos desgarradores: “Pobres
hijitos míos, quieren separarlos por la lengua… ¡No lo
permitiremos!”. [...] La principal actividad del nacionalismo
catalán ha consistido, precisamente, en separar a los niños y a los
adultos de su lengua; siempre y cuando, demás está decirlo, esa
lengua sea el castellano. La expresión escolar de tal actividad
principal ha sido la inmersión lingüística, cuya legalidad impugnan
ahora las últimas resoluciones judiciales.
El catalán se ha hecho fuerte en la escuela, en la televisión y en
la sociedad institucional: rige un monolingüismo práctico. Desde
esos tres ámbitos cardinales de la nación (en realidad la nación
misma) el mensaje que se lanza es nítido: “Si hay castellano en
Cataluña, no será por nosotros”. Basta sustituir la palabra
castellano por la palabra España para tener una idea ampliada y
precisa del conjunto de la situación. Es lógico que los partidos
contrarios a esta independencia fáctica reaccionen y hayan obligado
al sistema constitucional a pronunciarse.
La cuestión nada tiene que ver con problemas técnicos. Acabar con la
inmersión no supone separar a los escolares por las lenguas, entre
otras muchas razones, porque lo que debe separarse son las materias:
tantas en castellano y tantas en catalán. Y también la Generalitat
tiene razón cuando afirma que, con el sistema actual, los escolares
acaban su formación con un conocimiento similar de las dos lenguas.
No. La cuestión es simbólica. [...] La cuestión es si puede
separarse a alguien de su lengua cuando la lengua es la oficial del
Estado donde el alguien nace, muere y paga’.
Cataluña
Homs se confiesa sorprendido por descubrir,
ahora, que el Constitucional no ha avalado nunca la inmersión
“Me sorprendería que si hemos hecho la inmersión, digamos, fuera de
ley durante estos 25 ó 30 años, entonces eso realmente ahora sería
chocante”, asegura el portavoz de la Generalidad tras conocer que el
Tribunal Constitucional siempre ha sentenciado que el español debe
ser lengua vehicular escolar junto al catalán.
Redacción http://www.vozbcn.com 6 Septiembre 2011
El secretario general de la Presidencia de la Generalidad y portavoz
del Gobierno autonómico, Francesc Homs, ha mostrado este martes su
sorpresa por el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya
avalado nunca la inmersión lingüística escolar obligatoria
exclusivamente en catalán.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, Homs ha
confirmado que la Generalidad defenderá la inmersión obligatoria
presentando un recurso contra el auto del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña que da dos meses para ‘adaptar el sistema de
enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la
Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también
al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña
junto con el catalán‘.
Tres sentencias del TC establecen que el español ha de ser lengua
vehicular
El portavoz de la Generalidad ha insistido en que “la inmersión es
una línea roja insalvable” y que “el Gobierno [autonómico] no se
moverá ni un milímetro en la política de inmersión lingüística”,
“caiga quien caiga”, ya que “es uno de los tesoros de nuestro país
[Cataluña]“. “Tenemos la confianza suficiente como para afirmar que
la inmersión está garantizada como hasta ahora, y de aquí no nos
moveremos. Nos sentimos muy fuertes por estas razones. [...] Tras la
política de inmersión lingüística hay un aval del Tribunal
Constitucional“, ha asegurado.
Sin embargo, LA VOZ DE BARCELONA le ha recordado que la sentencia
del Tribunal Constitucional 337/1994 dice que ‘es legitimo que el
catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en
Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo,
siempre que ello no determine la exclusión del castellano como
lengua docente‘. La sentencia 6/1982 destaca que no solo es exigible
el aprendizaje del castellano ‘como materia curricular sino su
empleo como lengua docente’. Y en la sentencia 31/2010 se indica que
‘el catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje
en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición,
predicable con igual título del castellano en tanto que lengua
asimismo oficial en Cataluña’. E insiste en que ‘desde ahora hemos
de dejar sentado en nuestra argumentación que, como principio, el
castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de
aprendizaje en la enseñanza‘.
Homs califica las citas del TC como algo “chocante” y “sorprendente”
Habida cuenta de estas sentencias, y preguntado por cuándo ha
avalado el Tribunal Constitucional la inmersión lingüística escolar
obligatoria exclusivamente en catalán, Homs se ha confesado
sorprendido por las citas. “La poltica de inmersión, vaya, si no la
avalado [el TC], entonces yo me debo haber perdido una parte
importante de la historia de estos últimos 30 años, pongamos por
caso. Porque la política de inmersión se ha hecho desde el
restablecimiento de la Generalidad de Cataluña, de hecho, desde que
se hicieron los traspasos en materia educativa”, ha respondido.
“Desde entonces se ha hecho siempre esta política, que se ha llamado
de inmersión lingüística, que es un lenguaje coloquial. En cualquier
caso, me sorprendería que si lo hemos hecho, digamos, fuera de ley
durante estos 25 ó 30 años, entonces eso realmente ahora sería
chocante. [...] Si desde el año 94 tenemos esta sentencia y que daba
la sensación, por la forma en que usted lo interpretaba de que podía
cuestionar esta política de inmersión lingüística -lectura que yo no
comparto, es obvio-, entonces, entre el 94 y ahora, digamos que lo
que ha pasado sería muy sorprendente, ¿no?, porque de todos es
conocido que, incluso habiendo estado el Gobierno de la Generalidad
en manos de diversas fuerzas políticas, la política lingüística se
ha ido aplicando siempre”, ha reconocido.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Desacato intolerable
Editorial www.gaceta.es 6 Septiembre 2011
Los nacionalistas catalanes tienen una muy amplia capacidad para
convertir cuanto no les gusta en una agresión, en un imaginario
choque de trenes.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a una
serie de familias que recurrieron a la Justicia frente al hecho de
que las autoridades educativas les negasen su derecho a escolarizar
a sus hijos en español, en un auto que establece con claridad lo que
sólo alguien muy ofuscado por los prejuicios puede negar: que
cualquier español que resida en Cataluña tiene derecho a ser educado
en la que considere su lengua materna, sea el español, la lengua
común que todos tenemos el derecho de utilizar y el deber de
conocer, según establece la Constitución, o el catalán, que es la
lengua propia de esa comunidad autónoma. Este derecho esencial, cuyo
respeto debiera ser una exigencia elemental de cualquier autoridad
en una democracia, no puede ser pisoteado invocando razones
puramente políticas o aludiendo al respeto debido a la lengua
catalana, que nadie pone en duda.
Los nacionalistas catalanes, con la impagable ayuda de los
socialistas, han establecido un sistema que impone la inmersión
lingüística como norma general; pues bien, independientemente de lo
que se piense de dicho sistema, lo que establece el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña es que los alumnos que así lo
desearen siguen teniendo el derecho a ser escolarizados en su propia
lengua, de manera que no se puede imponer por razones puramente
políticas o administrativas una lengua distinta a la que el alumno y
sus padres prefieran, puesto que tienen un derecho previo a
cualquier ley o estatuto a ser educado en la lengua de su elección,
especialmente cuando esa lengua en la que exigen ser educados es la
lengua común de todos los españoles y que, además, goza de plena
vigencia y poderío en la sociedad catalana que acepta y usa el
bilingüismo de manera completamente natural como, por lo demás, se
viene haciendo desde época inmemorial.
Los nacionalistas catalanes tienen una muy amplia capacidad para
convertir cuanto no les gusta en una agresión, en un imaginario
choque de trenes. Dice mucho de su ideología que consideren una
agresión la defensa de un derecho tan esencial como es el que nos
ocupa. Los nacionalistas catalanes, y sus comparsas, aunque sean
ministros de Defensa, tienen que respetar los derechos y tienen que
cumplir las leyes como todo el mundo y, en caso de duda, someterse a
los tribunales y acatar lo que estos establecen de manera
incuestionable. El auto del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña es particularmente claro y sólo quienes estén moralmente
ciegos por su totalitarismo cultural y político pueden ver en él una
agresión a los derechos de nadie.
Por más que lo puedan desear, el nacionalismo no puede ser una
patente de corso para hacer lo que les plazca con el Estado de
derecho, con la ley y con los derechos de quienes no forman parte de
su comunidad imaginaria, del paraíso nacionalista en sus formas más
puras. La libertad, decía Hayek, consiste en que pueda haber quienes
hagan cosas que no nos gusten, y la libertad consiste en Cataluña en
que quienes lo deseen puedan ser educados en la lengua materna de su
elección, también cuando ésta sea el español, por mucho que les
moleste a los nacionalistas catalanes.
Los que se han mostrado supuestamente tan respetuosos del consenso
constitucional para rechazar la reforma reciente de la Constitución
no debieran ignorar que el consenso más básico de cualquier
democracia debe ser siempre el respeto a la ley y el acatamiento de
las sentencias firmes. Está claro que los nacionalistas catalanes, y
sus comparsas, creen que pueden sermonear a todo el mundo con una
supuesta superioridad política y consideran un abuso intolerable que
ellos tengan que cumplir con las exigencias básicas de cualquier
democracia.
El líder del PP, en contraste llamativo con el silencio aquiescente
y cobardía de los socialistas, ha advertido a Mas de lo dramático
que resultaría que la Generalidad se aprestase a aplicar a la
sentencia cualquier disculpa que llevase a su incumplimiento. Es
admisible que recurran, aunque seguramente volverán a perder, pero
sería intolerable que no cumpliesen desde ya mismo las exigencias
que se derivan de los derechos vulnerados a esas familias que han
acudido al amparo de los tribunales de Justicia, lo que permite ver
lo importante que es que estos conserven plena independencia y que
no hayan caído bajo las garras insaciables del poder político de los
nacionalistas. Cuando no se acata una sentencia se liquida el Estado
de derecho, y cuando se pretende liquidar el Estado de derecho, los
poderes constitucionales deben salir en su defensa haciendo uso de
los abundantes recursos de los que les provee la Constitución para
evitar excesos tan caprichosos como totalitarios y fuera de
cualquier razón.
El Estado de derecho debería ser una preocupación conjunta de todas
las fuerzas políticas: desgraciadamente no lo es, porque absurdos y
equívocos intereses electorales ayudan a los partidos a mirar para
otra parte cuando creen que no les conviene. Es hora ya de que
asumamos que el respeto a la ley no sólo es una exigencia ineludible
de la democracia, sino una clave maestra de la credibilidad de
nuestra economía, de nuestra supervivencia. Es de esperar que las
palabras de Rajoy no se queden en nada si, cosa que sería funesta,
los nacionalistas catalanes llevan a efecto sus baladronadas e
incumplen la sentencia. El desacato, de mantenerse, le podría
suponer al presidente de la Generalitat seis años de inhabilitación.
Desmigando ‘Mas’ el Estado de derecho
Los inquilinos de los despachos han cambiado pero no lo ha hecho su
desacato a la ley.
Pablo Yáñez Periodista Digital 6 Septiembre 2011
Los dos autos del TSJC que conocíamos el pasado viernes, y que
establecen un plazo de dos meses para que la Generalitat de Cataluña
adapte el sistema educativo al bilingüismo que establece la
sentencia del TC, pesan en el entorno nacionalista como lo que son,
un ultimátum que pone fin a la huida hacia adelante empezada por
Montilla y asumida como dogma por el presidente Mas.
Cuando el TC estableció el pasado verano en su sentencia sobre el
Estatut la necesidad de que el castellano también fuese lengua
vehicular en la educación pública, se lanzaron los primeros gritos
que en nombre de la defensa del catalán llamaban a la desobediencia
a la propia sentencia judicial.
Y, sorprendentemente, estos llamamientos a la insumisión no
procedían como tiempo atrás de las barricadas, sino que llegaban
desde el despacho y el coche oficial, provenientes de las corbatas
de los representantes políticos que en muchos casos ejercían de
representantes del propio Estado de derecho en esta comunidad,
encabezados por el presidente Montilla.
El cambio de Gobierno del pasado mes de noviembre en Cataluña no
hacía presagiar un cambio en el pulso contra la legalidad de sus
dirigentes, que en esta ocasión con las siglas de CiU dejaban claro
desde el principio que sus postulados nacionalistas los colocaban
por encima de cualquier otro ciudadano corriente cumplidor con la
Ley.
El cerco se ha ido estrechando y la respuesta de los “insumisos” se
ha mantenido firme. Ante el Constitucional, ante el Supremo y ante
el TSJC la cantinela ha sido la misma. La cruzada contra la lengua
oficial del Estado es sagrada en el programa de quienes anhelan una
cruzada mayor contra el propio Estado.
El anterior Gobierno socialista ya ignoró, en los meses en los que
convivió con ella desde el poder, la sentencia del Alto Tribunal. De
esta manera, las subvenciones en las que se discriminaba el empleo
del castellano y se remarcaba el “sólo en catalán” siguieron
adelante. Al igual que las multas a los empresarios que rotulaban en
castellano o las barreras lingüísticas en la sanidad y la educación
creadas por la exigencia del nivel C de catalán en la
Administración.
La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística que presido
remitió el pasado 5 de octubre de 2010 un informe a la Fiscalía
General del Estado enumerando las acciones del Gobierno tripartito
contrarias a la sentencia del Constitucional, a la vez que
solicitábamos que se estudiasen los presuntos delitos de
prevaricación y desobediencia en los que incurría Montilla como
presidente al frente de la insumisión.
Una Fiscalía politizada, al servicio como tantas otras veces del
proyecto suicida de Zapatero, desestimó nuestra petición y trasladó
al nacionalismo un mensaje tranquilizador: “Incumplir la Ley y las
sentencias judiciales en nombre del amiguismo de Zapatero y bajo su
complicidad, resultará impune”.
Mensaje en el que, junto al chantaje continuo que le permite su
sobrerrepresentación parlamentaria en Madrid, se ha apoyado Artur
Mas desde su primer día en el Gobierno de Cataluña. Un Gobierno
continuista del de Montilla en la construcción artificial de un
entorno monolingüe en catalán para una sociedad bilingüe que
demuestra en la calle que la convivencia de las dos lenguas no es un
problema, sino una riqueza cultural que sólo los políticos
nacionalistas se empeñan en convertir en arma de confrontación.
Los inquilinos de los despachos han cambiado, pero no lo ha hecho su
uso indecente de los mismos para el desacato a la Ley.
Mientras asistíamos a los discursos del Duran hombre de Estado en
Madrid, siempre acompañados de la cómplice abstención de CiU en las
ocurrencias socialistas para hundirnos aún más en la crisis, en
Barcelona, Zapatero desmigaba lo poco que queda de dignidad
constitucionalista y se la echaba a las palomas, en este caso los
convergentes, los de ERC y los amigos de Laporta como si fuese a
saciarlas en lugar de cebarlas y hacerlas engordar.
Un Rubalcaba vanagloriándose en TV3 de haber descubierto junto a
Pujol la fórmula de la inmersión, un presidente Mas crecido llamando
al no cumplimiento de las sentencias, una consejera de Educación
dispuesta a inmolarse con tal de que ni un solo niño estudie en
español en Cataluña, y Chacón y Caamaño, ministros del Gobierno de
la Nación, guiñando ojos a los desobedientes, son los actores que
terminan de dar forma a lo que en la comedia sería una perfecta
representación de una república bananera, pero que en la realidad no
deja de ser nuestro Estado de derecho, menos derecho que nunca.
Nosotros volveremos a la Fiscalía General del Estado el día después
de finalizar el plazo de los dos meses para denunciar a los
prevaricadores, a los desobedientes y a los insumisos del despacho
oficial, y para denunciar al ciudadano de a pie, que sin coche
oficial, deberá cumplir hoy, como cada día, con las leyes vigentes.
*Pablo Yáñez es presidente de la Asociación Nacional por la Libertad
Lingüística.
Bochornosa reforma constitucional
Javier Cortes Lucena www.elsemanaldigital.com 6 Septiembre
2011
La reforma del artículo 135 de la Constitución aprobada por el
Congreso de los Diputados la semana pasada sólo puede ser calificada
en el mejor de los casos de bochornosa. Primero porque no sirve
absolutamente para nada no siendo más que un lavado de imagen que
pretende recuperar parte del prestigio perdido en los mercados
financieros. Y segundo porque no ha sido más que un paripé
orquestado y definido desde lugares alejados de nuestras fronteras.
Tanto PP como PSOE nos toman por estúpidos si pretenden hacernos
creer que esta lamentable reforma ha sido liderada por los dos
principales partidos nacionales. Una sola llamada desde la UE ha
bastado para que se pongan de acuerdo en unas pocas horas ni más ni
menos que para reformar la Carta Magna. Una reforma que sería muy
necesaria pero en otros aspectos mucho más relevantes.
Este suceso ha supuesto la mayor muestra de pérdida de soberanía
nacional desde que somos un estado miembro y que viene motivada por
la incapacidad de nuestro gobierno para la toma de decisiones que
nos permitan respirar mejor dentro de las turbulencias
económico-financieras en las que nos encontramos inmersos. Mucho me
temo que no se nos cuenta todo lo que sucede a nuestro alrededor, ya
que este episodio hubiera sido motivo de enfrentamientos muy duros
entre nuestra clase política y más teniendo en cuenta que nos
encontramos en la antesala de unas elecciones el próximo 20-N.
Nos dicen que esta reforma es necesaria para asegurar la estabilidad
presupuestaria de las administraciones públicas, y ahora me pregunto
yo: ¿Cómo es posible que Alemania pueda decidir el futuro de los
españoles y nosotros sin embargo no seamos capaces de decidir el
futuro de nuestras Comunidades Autónomas?, ¿cómo es posible que
Merkel y Sarkozy puedan controlar desde Bruselas a Zapatero y
nosotros seamos incapaces de revisar la labor de Montilla, Mas o
Griñán desde Madrid?, ¿no será que necesitamos una reforma
constitucional de mucho mayor calado?
Al final la economía necesita certidumbre y esta patada hacia
delante provoca todo lo contrario, y si no que se lo pregunten estos
días a los inversores de renta variable en España. Esta medida
provoca recelo, inquietud y sospecha ya que nadie entiende lo que
está ocurriendo en los mercados simple y llanamente porque no se nos
explica todo.
Si los políticos quieren estabilidad presupuestaria, es decir no
seguir dilapidando el dinero que no les pertenece, lo que deberían
promover es una reforma de la Constitución Española para eliminar el
estado de las autonomías que tantos dolores de cabeza nos acarrean.
La estabilidad se consigue si en vez de quintuplicar cargos
administrativos en las instituciones públicas éstos se eliminan.
Estabilidad nos daría si cambiamos las leyes electorales que tanto
poder dan a los secesionistas y disgregadores que sólo piensan en
expoliar y debilitar el país.
Estabilidad se conseguiría eliminando como mínimo el cincuenta por
ciento de los ayuntamientos españoles que en la mayoría de los
municipios sólo han servido para el enchufismo y el mangoneo de los
nuevos señoritos de este país, la casta política.
Estabilidad se conseguiría si en vez de permitir la entrada de
ETA-Bildu de nuevo en las instituciones dejásemos de negociar
políticamente con los asesinos. Esto nos ahorraría fondos que ahora
irán destinados a ¡reorganizar una banda terrorista!
Estabilidad nos daría si dejásemos de derrochar millones de euros
todos los años en las radios y televisiones públicas. Pero claro
esto afecta a los dos propulsores de la magnífica reforma.
Estabilidad nos otorgaría dejar de financiar a los paniaguados
sindicatos y a los partidos políticos de la manera actual y empezar
a exigir que se financien con las cuotas de sus afiliados.
Estabilidad nos daría una reforma del mercado laboral que
incentivase la iniciativa empresarial que permitiese recaudar más
impuestos.
Para terminar quiero decir que comparto esta reforma pero no la
forma de llevarla a cabo. No ha surgido de nosotros y además es
insuficiente, ridícula y bochornosa. ¿Para cuándo un referéndum?
ETA consigue sembrar el desorden en sus
enemigos del 20N
Bildu y Aralar irán juntos a las elecciones. Pueden ganarlas, aunque
una gran mayoría de navarros rechaza las ideas abertzales de ETA. La
causa, las ambiciones y miopía en UPN, PP… y PSOE.
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 6 Septiembre 2011
Cuando esta historia se escriba dentro de unas décadas, los que
entonces se dediquen a ello y los políticos profesionales del
momento discutirán cómo y cuándo empezó. La verdad es que, si nos
ponemos estrictos, debió de empezar cuando alguien, por satisfacer
su vanidad o sus intereses, le rió indebidamente la gracia a Sabino
Arana, en lugar de condenar su invento al basurero. Pero la vorágine
actual sin dudar arranca del momento en el que los caprichos de los
separatistas, incluyendo a los asesinos abertzales, condicionaron la
redacción y la aplicación de nuestro vigente sistema constitucional.
Porque en ésas seguimos: a todos los problemas que se dirimen este
20N los nacionalistas vascos añaden su voluntad de sacar tajada y de
que de un modo u otro se reconozcan razones a los asesinos de la
ETA. Es verdad que deberíamos hablar de muchas otras cosas, pero una
vez más éstas anteponen su urgencia a la importancia de las otras.
Bildu, es decir el grupo político independentista y antiespañol que
reúne elementos venidos de Batasuna, de Eusko Alkartasuna y de unos
cuantos sitios más, ha sido gestionado con habilidad y a veces
brillantez. José Luis Rodríguez Zapatero favoreció su legalización,
después de haber jugueteado durante mucho tiempo él, su Gobierno y
su PSOE con ETA, sus treguas, sus paces y en definitiva la cesación
de la lucha sin concesiones contra la banda criminal. Bildu, sobre
esa base, con la estructura de Batasuna y el envoltorio de EA, hizo
un excelente trabajo el 22M y lanzó un órdago, primero, al anterior
proyecto abertzale de Nafarroa Bai, y después a todas las fuerzas
"constitucionalistas" y su unidad tan resquebrajada desde la crisis
navarra de 2008.
Una brillante gestión, la de Bildu. Y septiembre ha empezado con su
victoria arrolladora, al votar por mayoría la dirección de Aralar su
voluntad de ir juntos a las generales de noviembre. Bildu margina
así al PNV y el nacionalismo en Navarra vuelve donde solía, es decir
a una mayoría radical de izquierda extrema, bendito sea Dios, y con
Patxi Zabaleta dentro. Ese proyecto será mayoritario entre los
abertzales, puede planear ser la segunda fuerza de Navarra como ya
lo ha sido en otro momento, y en esta coyuntura puede incluso soñar
con convertirse en la primera fuerza electoral de Navarra… si se
suman muchas, pero que muchas coincidencias.
La cuestión es que una victoria de Bildu no es imposible, sólo muy
difícil. ¿Y por qué no es imposible, en una Navarra indudablemente
foral y española? Porque entre 1982 y 2007 UPN y AP-PP concurrieron
unidas a todas las elecciones generales, y tendieron a ganarlas en
Navarra salvo en momentos de esplendor del PSOE, que después de
Urralburu y de Zapatero no parecen demasiado cercanos. Vencer las
generales en una provincia significa adjudicarse tres de los cuatro
senadores y, en el caso de Navarra dos o tres de los diputados. Es
la posición natural del centroderecha, y más en las elecciones que
van a ser las del triunfo de Mariano Rajoy, donde una diferencia
nacional de 15 puntos va a llevarse por delante al PSOE. En Bildu, y
si es por eso también en el PNV, quieren que haya alguna excepción
en el País Vasco… y Navarra.
De aquellos polvos… bien se acuerdan en Génova
En el otoño de 2008, media docena de personas, entre otras,
protagonizaron el fin de la unión entre UPN y el PP en Navarra.
Echando la vista atrás, es difícil además de inútil decir quién tuvo
razón, pero el tiempo ha dado muy diferentes grados de razón a las
razones que fueron las de Miguel Sanz, Yolanda Barcina, Santiago
Cervera, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y José Ignacio
Palacios, y las de sus acompañantes en aquellos meses de discordia.
UPN consiguió su ´libertad´ en las Cortes de Madrid, pero fue al
precio de dar una victoria al PSOE, de echarse aún más en brazos de
éste, de romper una fructífera unidad de muchos años con el PP y de
dejar atónitos a muchos de sus votantes, simpatizantes y amigos.
En los tres años transcurridos, el resultado es el que es. El PSOE
gobierna en Navarra con UPN, el PP de Santiago Cervera no fue capaz
de ofrecer ni a la dirección nacional de su partido ni a sus
votantes navarros la alternativa que necesitaban. Navarra vive un
multipartidismo desbocado que camufla la decadencia del socialismo,
que favorece la unidad y los éxitos del nacionalismo, que disimula
el peso social del centroderecha españolista y que permite que
pequeños grupos de amigos y afines asuman su dirección sin que se
sepa el rumbo. UPN venció en mayo, pero no bastó, y el PP fue
derrotado en Navarra sin paliativos, y sin consecuencias… hasta las
generales.
La maraña de UPN
En el PP la derrota impune ha tenido como consecuencia un cambio de
opinión sin duda positivo: un diálogo, coalición o acercamiento
preelectoral a UPN, que era tabú y lesa majestad hace unos meses, es
hoy objeto de reflexión por la presidencia. Y a la vez en UPN la
unidad y cohesión que parecían nacer de la superación de la crisis
de 2008 y de la victoria de 2011 se han visto amenazadas por una
división de puntos de vista entre los 23 miembros de la Ejecutiva,
entre los 232 del Consejo Político… y entre Miguel Sanz y Yolanda
Barcina, sobre todo.
Ante la configuración de las listas para noviembre, hace tiempo que
Barcina dejó clara su preocupación por la victoria de los abertzales
y su disposición a dialogar de un modo u otro con el PP, para que de
las urnas salga reflejada la verdadera voluntad de los navarros. En
resumidas cuentas, una vez más y una vez más con razón, "¡que vienen
los vascos!". Miguel Sanz, al rechazar hace unas semanas su posible
candidatura a Madrid en noviembre, dejó demasiado claramente abierta
la posibilidad que ahora se confirma: el ex presidente aceptaría ser
cabeza de lista de UPN al Congreso de los Diputados, consciente de
que para muchos miembros y votantes de UPN es el mejor candidato
posible, y consciente también de que es difícil considerarlo un
candidato de unidad.
La sangre no llegará al río porque no estamos entre novatos, pero es
un pulso entre Sanz y Barcina que tiene que ver no sólo con las
listas, sino con su peso relativo dentro del partido, y sobre todo
con las políticas en la España de Rajoy: ¿cerca del PP o cerca del
PSOE? Esta compleja situación está teniendo como inesperadas
consecuencias un aparente crecimiento de la estatura política de
Roberto Jiménez, que ahora se permite hacer declaraciones como
hombre de Estado, y una relativa rehabilitación de Santiago Cervera,
que mostrándose dialogante y cercano, y llevándose la contraria a sí
mismo en lo relativo a la cercanía a UPN, puede compensar en parte
su derrota anterior y sacar partido de las tensiones entre los
regionalistas.
¿Solución o parche?
En manos de los abertzales estaba hasta ahora crear la amenaza, y lo
han hecho a pesar de las dificultades. Bien jugado. En manos de sus
enemigos (y el PSOE no figura entre ellos) está dar la respuesta más
adecuada. Vamos a ver.
El problema estructural es la división, pero para eso no parece
haber solución inmediata. La verdad es que UPN y AP concurrieron
entre 1982 y 1991 juntos al Congreso y al Senado siendo rivales en
las elecciones forales. No era un situación ideal (y por eso se
cambio), pero la idea de equiparar división a desperdicio de votos
no es nueva, ni de ahora, ni original de Barcina. Bien se lo puede
decir Miguel Sanz, que ya entonces estaba en UPN, y por cierto muy
implicado en sus corrientes y divisiones de entonces, más actuales
de lo que parece en muchos de los temas de fondo. A la espera de un
nuevo 1991, un nuevo 1982 devolvería la ilusión a toda la derecha
navarra, impediría una victoria abertzale y podría convertirse en el
cimiento de una verdadera solución definitiva.
Cervera, que conoce al dedillo y desde su primera juventud las
entrañas de UPN y que no en vano fue predilecto de Sanz antes de que
el amor se tornase odio, hace bien acercándose a Barcina en este
momento. Los votantes ya dejaron claro que lo contrario es poco
rentable para el PP navarro. Otra cosa es que, para gran parte del
centroderecha, Santiago Cervera es la imagen misma de la deslealtad,
la traición y el deshonor, junto a sus más fieles seguidores. Esta
política suya conviene al PP tanto a corto como a largo plazo, pero
él no es, una vez más, el más adecuado para encarnarla. Su ahora
enemistad con Miguel Sanz es sólo parte del problema, pero pese a la
indudable popularidad del ex presidente ninguno de los dos puede
figurar al frente de un proyecto unitario. Curiosamente, y no por
casualidad es la más atacada hoy por los abertzales, la mejor
colocada entre las gentes de las dos siglas es Yolanda Barcina, como
lo fue ya en 2008 junto a José Ignacio Palacios. Sólo que entonces
no se les dio la razón, y por eso hemos llegado aquí, a que nos
tenga que preocupar antes una posible victoria de la ETA (los
interlocutores de ZP y sus socios municipales) que el desastre
económico (responsabilidad de ZP y sus amigos).
Cataluña mantendrá la inmersión «caiga
quien caiga»
El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha asegurado hoy que el
ejecutivo mantendrá "caiga quien caiga" el modelo de inmersión
lingüística en las aulas catalanas, porque lo considera un "tesoro"
y una "línea roja" inviolable, pero ha rechazado descartar al PP
como socio para impulsar otros temas.
Barcelona - Efe La Razón 6 Septiembre 2011
Tras la reunión de hoy del Govern, Homs ha recalcado que, digan lo
que digan los tribunales, la Generalitat no piensa ceder "ni un
milímetro" en su defensa de un sistema educativo que cuenta con un
"inmenso" apoyo democrático, que favorece la "cohesión" de la
sociedad catalana y que ha demostrado su elevado "valor pedagógico".
Pese a los llamamientos de la izquierda catalana a que CiU rompa
relaciones con el PP, dada su beligerancia contra la inmersión, Homs
ha subrayado que el Govern no piensa actuar con "sectarismo",
cerrando la puerta a acuerdos puntuales con los populares para
aprobar, por ejemplo, los próximos presupuestos catalanes.
Aunque ha reprochado al PP que "ahora de repente" sitúe como
prioridad una cuestión como la inmersión lingüística, por encima de
la crisis y el paro, Homs ha evitado cargar excesivamente las tintas
contra los populares e incluso ha llegado a arremeter contra el PSOE
por promover el Real Decreto de la tercera hora de castellano.
En realidad, ha desvinculado la postura del PP en torno al modelo
educativo de los potenciales acuerdos que el Govern pueda alcanzar
sobre otros asuntos con los populares en el ámbito parlamentario:
"No ponemos vetos a nadie".
La posibilidad de que el Govern intente retrasar al máximo la
negociación de los presupuestos catalanes para 2012, para que no se
vea enturbiada por la batalla electoral del 20 de noviembre, permite
pensar en que el ejecutivo que preside Artur Mas volverá a jugar con
la geometría variable en busca de apoyos externos a sus cuentas.
Homs ha dejado claro que el ruido mediático que pueda generar el PP
en contra de la inmersión lingüística no será tenido en cuenta a la
hora de valorar si conviene aliarse nuevamente con los populares
para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat, ya que, a su
juicio, no conviene "mezclar una cosa con la otra".
Además, en las filas del gobierno catalán hay la convicción de que
los argumentos favorables al modelo de inmersión prevalecerán.
Entre esta tarde y mañana, el Govern presentará su recurso contra el
auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que da un
plazo de dos meses al Departamento de Enseñanza para que el
castellano sea lengua vehicular junto al catalán.
Homs no ha querido avanzar los contenidos del recurso, pero ha
asegurado que el Govern cuenta con "un plus de legitimidad" a la
hora de defender la inmersión: "Nos sentimos muy fuertes por todas
las razones democráticas, jurídicas y pedagógicas que avalan el
modelo".
Según el portavoz, la liquidación del modelo educativo vigente no se
justifica si se tienen en cuenta los resultados del examen que
realizó el Ministerio de Educación el pasado año a casi 30.000
estudiantes de ESO de toda España.
En la prueba de competencias lingüísticas, el sistema educativo
catalán ocupó la novena plaza de las 17 comunidades autónomas, con
503 puntos, ligeramente por encima del indicador utilizado como
nivel de suficiencia, una nota que demuestra, a su juicio, que los
alumnos cuentan con un nivel suficiente de catalán y castellano.
Por todos estos motivos, Homs ha llamado a comenzar el nuevo curso
escolar "con toda la normalidad", convencido de que el modelo de
inmersión volverá a ser avalado por la justicia.
Homs, que no ha aclarado si se solicitará una paralización del plazo
de dos meses fijado por el TSJC, ha afirmado que anteriores
sentencias del Tribunal Constitucional (TC) avalan la inmersión,
argumento que será esgrimido probablemente en su recurso.
En caso de no prosperar este recurso, el Govern podría elevar el
caso al Tribunal Supremo o incluso al TC, con el convencimiento de
que la jurisprudencia del Constitucional le acabaría dando la razón.
Los padres gallegos siguen el ejemplo
catalán y acudirán a la Justicia para denunciar la imposición
lingüística
Galicia Bilingüe considera que Alberto Núñez Feijóo ha incumplido su
promesa de elección de lengua
www.lavozlibre.com 6 Septiembre 2011
Madrid.- Galicia Bilingüe ha anunciado este martes que presentará un
recurso contencioso ante los tribunales ordinarios si en lo que
resta del mes de septiembre la Xunta no accede a la petición de un
grupo de padres de que se respete el derecho de sus hijos a recibir
la primera enseñanza en su lengua materna.
Galicia Bilingüe se ha dirigido al presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, para pedirle que recapacite, ya que recientes
sentencias del Tribunal Supremo (TS) en relación a padres de
Cataluña crean una jurisprudencia que permite pensar que las
posibilidades de que el recurso de los padres gallegos prospere son
grandes.
La Ley de Normalización Lingüística garantiza el derecho a que la
primera enseñanza ha de ser en lengua materna y, con una legislación
similar en Cataluña, el TS ha sentenciado que tal derecho existe y
que abarca el primer ciclo de Primaria. Recientemente y, confirmando
una sentencia anterior, tres sentencias del Alto Tribunal en
relación a la enseñanza en Cataluña, han respaldado todavía con más
solidez las demandas de los padres gallegos, ya que confirman y
aclaran la doctrina requiriendo, además, que por parte de la
Administración se proporcione a los padres un impreso de pre
matriculación en el que figure una casilla en la que los padres
consignen la lengua materna de sus hijos que cursan primer ciclo de
Primaria.
Galicia Bilingüe estima que, “en las democracias, los poderes
públicos han de actuar de buena fe procurando evitarles a los
ciudadanos procesos costosos y largos para reclamar sus derechos
cuando se prevé que la justicia vaya a darles la razón”. “Si en lo
que resta del mes de septiembre no se recibe una respuesta
favorable, los padres acudirán a los tribunales”, aseguran.
Galicia Bilingüe inició en su momento una campaña para recaudar los
fondos necesarios para costear el proceso, lo que ya se ha
conseguido. “Ya que el presidente Feijóo no ha cumplido su promesa
electoral de elección de lengua en las asignaturas troncales, la
asociación velará porque, al menos, la Xunta cumpla la legislación.
Lo logrado por estos padres beneficiaría a todos los alumnos
gallegos, ya que el actual Decreto habría de ser modificado”,
concluye la nota.
ENARBOLA EL SEPARATISMO POR LA SENTENCIA DEL CASTELLANO
CiU: “Como no nos dejan ser lo que
queremos, no cabemos en España”
A. Fernández. Barcelona. El Confidencial 6 Septiembre 2011
El nacionalismo catalán prepara una ofensiva a nivel estatal ante lo
que considera un ataque masivo a los intereses de Cataluña.Dos temas
son los que han prendido la mecha de este debate: la marginación
deCiU en la reforma de la Constitución pactada entre PSOE y PP; y la
reciente sentencia del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC), que
obliga a la Generalitat a utilizar también el castellano como lengua
vehicular en las escuelas, en lugar de sólo el catalán, como se
hacía hasta ahora.
“No nos quedaremos de brazos cruzados ni nosresignamos. Lo que hacen
estos ataques es darnos la razón cuando reclamábamos el derecho a
decidir de Cataluña. Porque lo que vienen a decirnos es que, como
somos [en un concepto amplio, una nación] y queremos ser [una nación
en un Estado plurinacional], no cabemos en España. Por tanto,
nosotros iremosa lo nuestro”, dice a El Confidencial Jordi Turull,
portavoz de CiU enel Parlamento catalán.
Los nacionalistas consideran que el primer ataque en profundidad
contra Cataluña fue la sentencia del Tribunal Constitucionalsobre el
Estatuto. “Y ahora la sentencia del TSJC es la guinda de todo ello.
Esun mensaje que nos envían. Y, como somos y queremos ser, pues nos
dicen: ‘no seréis’”. Por ello, añade, el único camino que queda a
los catalanes es “iniciar nuestra propia transición nacional de
Cataluña, hacia el derecho a decidir”.Turull asegura que esta
transición “no es improvisada, ya que de hecho la explicamos en la
última campaña de las autonómicas, porque preveíamos que el camino
iniciado por la sentencia del Constitucional nos llevaría aquí”.
CiU echa en cara al Gobierno la“recentralización” de las últimas
medidas tomadas por el Ejecutivo de Madrid.“Y ahora los dos grandes
partidos se han permitido el lujo de pactar una reforma
constitucional al margen de la sensibilidad de las naciones sin
Estado.No se nos ha tenido en cuenta para nada. Y si ya dábamos por
muerto elproceso constituyente, ahora lo damos por muerto y
enterrado. Se acabó”,subraya Jordi Turull.
Para los nacionalistas catalanes, la marginaciónde CiU de la reforma
constitucional y la sentencia contra el modelo deinmersión
lingüística “nos han venido a dar la razón”. Y ello refuerza
lalegitimación de las reivindicaciones identitarias de los
convergentes. Estaestrategia cobra más fuerza, si cabe, por el hecho
de que la Diada Nacional deCataluña será el próximo domingo. Y para
esa fecha, los sentimientos identitarios se hacen más patentes.
Además, se acerca el inicio de la campaña de las generales, lo que
acrecienta los postulados catalanistas para recoger lacosecha de
votos en esta comunidad.
Cambio de prioridades
Esta nueva coyuntura política afectará en alguna medida a la
estrategia de CiU y del Gobierno catalán ante Madrid. El
presidentede la Generalitat, Artur Mas, espera tener listo un
borrador de pacto fiscal para presentaral presidente de Gobierno que
salga elegido el 20 de noviembre. Su meta es lograr un estatus
similar al que tienen el País Vasco y Navarra, con larecaudación de
todos los impuestos por parte de la Generalitat y el pago del cupo
correspondiente al Estado, además de limitar la contribución
catalanaal Fondo de Solidaridad al 4% del PIB de Cataluña, lo mismo
que pagan al Estadocentral los länders alemanes.
E, inmediatamente, comenzará una ofensiva parareclamar el “derecho a
decidir de Cataluña”. O sea, que el Gobierno catalán pueda convocar
referéndums -incluido uno sobre la independencia- cuando lo
considere conveniente, sin tener que pedir permiso a Madrid. Esta
cuestión, que antes se apuntaba como la última del escalafón de
reivindicaciones del Gobierno catalán, cobra ahora más importancia
que nunca y es probable que seplantee paralelamente al pacto fiscal,
lo que da una idea del cambio de prioridades que ha tenido lugar en
la actual coyuntura política.
Jordi Turull es consciente de que “todas estas cuestiones tensarán
la situación política”. Pero los nacionalistas tienen claro que
plantearán batalla porque “se ha cruzado una línea roja que debería
haber sido respetada”. Además, el portavoz convergente admite que
“la complicidad conlos dos grandes partidos, PSOE y PP, no será la
misma de ahora en adelante”. Enotras palabras, comienza una nueva
etapa donde las reivindicaciones identitarias se situarán al mismo
nivel que las prioridades de la lucha contrala crisis económica.
Y, en este sentido, CiU considera que, como fuerza catalanista, ha
de defender contra viento y marea los intereses deCataluña y se
siente legitimada a todos los niveles para actuar como representante
de esta comunidad. Una actitud, por otra parte, que le echan encara
todos sus contrincantes.
Cataluña
Rigau: “Si he de salir de la política por
el tema de la lengua, evidentemente, saldré, porque entré por este
tema”
La consejera de Enseñanza insiste en que las sentencias que
reintroducen el bilingüismo escolar solo afectan a casos
particulares, sin embargo, diversos juristas consultados por LA VOZ
DE BARCELONA aseguran que, a diferencia de lo que ocurre en Derecho
Civil, en el ámbito Contencioso-Administrativo, como es el caso, una
resolución que afecta a la relación entre un particular y la
administración sí que es generalizable.
Redacción http://www.vozbcn.com/ 6 Septiembre 2011
La consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau, se ha
mostrado este lunes dispuesta a asumir toda la responsabilidad
derivada por mantener el actual sistema de inmersión lingüística
escolar obligatoria exclusivamente en catalán, a pesar de que el
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC) han ordenado adoptar ‘cuantas medidas estime precisas para
adaptar el sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la
declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que
considera también al castellano como lengua vehicular de la
enseñanza en Cataluña junto con el catalán’.
“Somos muchos los que entramos en política por el tema de la lengua.
Si he de salir de la política por el tema de la lengua,
evidentemente, saldré, porque entré por el tema de la lengua. Estaba
muy feliz siendo maestra, y me comprometí con la inmersión, con el
catalán en la escuela, con la normalización lingüística. Esta ha
sido mi motivación y la de muchas otras personas, para nosotros es
una cuestión mágica, una cuestión de fondo“, ha declarado la
consejera en una entrevista en RAC1.
Reconoce que “tendría graves problemas”, si los tribunales no ceden
Rigau ha defendido que, tal como han indicado los tribunales, es la
Generalidad la que debe establecer la proporción entre el uso del
castellano y el catalán como lenguas vehiculares en la escuela
-actualmente, el 0% para la primera y el 100% para la segunda-. Pero
ha olvidado añadir que, esos mismos tribunales, han matizado que eso
debe hacerse sin que el español deje de ser también lengua vehicular
escolar.
Así, ha considerado que la reciente interlocutoria del TSJC solo
afecta a tres casos particulares y ha pronosticado que podrán
“desactivar la consideración que afecta al carácter general”. Sin
embargo, también ha reconocido que, si eso no fuera posible, “la
consejera titular del departamento tendría graves problemas”, que
supondría “una multa o una inhabilitación para ejercer cargos
públicos, que es lo que el señor [Albert] Rivera [presidente de
Ciudadanos] está anunciando ampliamente”. “Pero, de momento, son
problemas de la consejera, no del sistema”, ha añadido.
“La lengua también da sentimiento de pertenencia al país”
La dirigente nacionalista ha asegurado que con la inmersión
lingüística, es decir, con la prohibición de usar el castellano como
lengua vehicular junto al catalán, “nuestros alumnos saben el mismo
castellano que los de Burgos”, y ha subrayado que “lo que molesta es
que la lengua también da sentimiento de pertenencia al país”.
También ha confesado sentirse “esperanzada” por las declaraciones
del ministro de Justica, Francisco Caamaño, y del presidente del
TSJC, Miguel Ángel Gimeno, apoyando la posición de que las
sentencias solo afectan a “unos casos particulares”. “Estoy
convencida de que un debate jurídico que se ha de producir a partir
del recurso nos dará la razón y la tranquilidad a la comunidad
educativa y al país [Cataluña]“, ha insistido. Sin embargo, diversos
juristas consultados por LA VOZ DE BARCELONA han asegurado que, a
diferencia de lo que ocurre en Derecho Civil, en el ámbito
Contencioso-Administrativo, como es el caso, una sentencia que
afecta a la relación entre un particular y la administración sí que
es generalizable.
“El gran temor es que pueda haber una ofensiva política”
Rigau ha querido desmarcarse del derecho a la educación en lengua
materna que desde el nacionalismo se reclamaba durante la
Transición. “El derecho a la lengua materna, lo teníamos que
reclamar [durante la Transición] porque se nos negaba
constantemente, [pero] cuanto tenemos el Estatuto y podemos
incorporar no solo la enseñanza del catalán sino también en catalán,
se lleva a cabo el diseño de la nueva escuela catalana en lengua y
en contenidos”, ha destacado.
Por último, ha señalado que en el resto de España “pesa mucho la
idea de que aquí hablamos catalán para que no nos entiendan”, y ha
lamentado que el PP se haya posicionado últimamente en contra de la
inmersión. “Lo que está amenazado, el gran temor, es que pueda haber
una ofensiva política en poco tiempo con una propuesta política que
vaya a romper este modelo con un discurso demagógico en plena
campaña electoral”, ha añadido.
Homs: “[La inmersión] es innegociable”
Por otra parte, el secretario general de la Presidencia de la
Generalidad y portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, ha
advertido al PP y a Ciudadanos que no reintroducirán el castellano
como lengua vehicular escolar mientras el Parlamento autonómico no
modifique las correspondientes leyes educativas y lingüísitcas. “La
posición del Gobierno [autonómico] es innegociable. En otras cosas
puede haber margen de negociación pero en esta no“, ha añadido.
Durante una entrevista en TV3, Homs ha justificado la prohibición
del castellano como lengua vehicular escolar porque “la cuestión
lingüística es uno de los valores más preciados y el nervio en torno
al cual se ha de contruir la convivencia y la cohesión en nuestra
sociedad”.
VÍDEO
La Asociación por la Tolerancia hace una parodia en defensa del
castellano
Modelo lingüístico, escuela y calvario en el 'Psiquiatrico Catalán'
En el corto, una madre es ingresada por escoger el castellano como
lengua vehicular
Periodista Digital 6 Septiembre 2011
El vídeo sería gracioso, si no tuviera como telón de fondo una
realidad desoladora. Ha sido realizado por la Asociación por la
Tolerancia y su objetivo, a pesar de la ola de furia que ha
despertado en medios nacionalistas, es simplemente denunciar el
modelo lingüístico catalán exagerandosu irracionalidad.
En el corto aparece una madre ingresada en un psiquiátrico tras
escoger el castellano como lengua vehicular.
Los médicos, en catalán, la tratan de "pàmfila", "beneita" y "boja":
"pánfila", "tonta" y "loca".
LO NORMAL ES ANORMAL
La asociación denuncia la situación catalana:
"Se ha agravado con la Ley de Política Lingüística aprobada en 1998
por el Parlamento catalán: monolingüismo institucional, el español
ha desaparecido de las instituciones públicas catalanas,
radicalización de la inmersión lingüística en los colegios e
institutos, alcanzando el español la categoría de lengua
extranjera".
"Lo que es normal no puede se definido en gabinetes de ingeniería
social, bajo una determinada ideología".
"Somos muchos los ciudadanos catalanes que no nos identificamos con
la imagen de catalán normal".
LAS AUTORIDAD INCOMPETENTE
El Govern, controlado por los nacionalistas 'moderados' de CiU y con
apoyo de fuerzaso como el PSC donde juega un relewvante papel la
ministra Chacón, redactó este 6 de septiembre de 2011 un texto de
recurso a la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya (TSJC), que da a la Generalitat dos meses para que el
castellano también sea lengua vehicular de la enseñanza.
En la tradicional reunión de los martes, la consellera Irene Rigau y
el resto de miembros del Govern aprobaron un texto para que el TSJC
tome en consideración el actual modelo de inmersión lingüística de
Cataluña, ya que el tribunal ha dado a la Generalitat cinco días
tras la notificación para interponer recurso de reposición.
Cuentan con ue desde Madrid, el ministro socialista Francisco
Caamaño ya les ha hecho llegar el mensaje de que les dará su apoyo.
LA ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA
La Asociación por la Tolerancia, dirigida por Eduardo López-Dórida,
nació en 1992 como un grupo de ciudadanos que aseguran sentirse
preocupados por lo que consideran el "recorte de sus derechos
originada por la política del nacionalismo excluyente".
La asociación afirma en su web que "irrumpen en el mundo del cine"
con "un corto que retrata una madre enloquecida por el choque entre
la realidad y la ficción".
FERNANDO SAVATER CONTRA LOS XENÓFOBOS
El filósofo Fernando Savater, en declaraciones a Servimedia, opinó
que es una muestra de "xenofobia" que el gobierno de Artur Mas no
quiera cumplir la sentencia que obliga a que el castellano pueda ser
una lengua vehicular de la enseñanza en esta comunidad autónoma.
Savater ha dicho que está "completamente de acuerdo con la
sentencia" y dijo que es "repugnante" que no se quiera cumplir esta
resolución y no se diga nada cuando se adoptan en Cataluña "medidas
discriminatorias" contra el castellano.
El pensador vasco relacionó la respuesta del Ejecutivo de Mas en
este asunto con el "incumplimiento generalizado de las leyes en
España", que supone que se vulnera las normas "con naturalidad".
Remarcó que impedir que el castellano sea lengua vehicular de la
enseñanza en Cataluña es "una muestra de discriminación, xenofobia y
ventajismo político".
En su opinión, esto resume "lo que son los nacionalistas".
Su presidente da marcha atrás tras defender
que el fallo sólo afectaba a tres familias
El TSJC rectifica y obliga a Mas a no marginar el castellano en la
escuela
Los defensores de que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) se refería en su fallo a tres familias, que
emprendieron un vía crucis legal para defender una educación
bilingüe para sus hijos, y no al conjunto de la educación catalana
se llevaron ayer un jarro de agua fría. El presidente del TSJC,
Miguel Ángel Gimeno, a través de un comunicado de este órgano
jurisdiccional, rectificaba meridianamente las palabras que había
lanzado un día antes.
«No quiero que se estigmatice a mis hijas en la escuela» Los
consistorios tampoco podrán imponer el catalán
Barcelona - S. Doménech La Razón 6 Septiembre 2011
Fue un varapalo para el Gobierno catalán porque las titulares de
Justicia, Pilar Fernández Bozal, y Educación, Irene Rigau, se habían
aferrado a este argumento para defender que Cataluña no tiene que
cambiar su modelo educativo, en el que la lengua vehicular es ahora
el catalán, como defenderá la Generalitat en el recurso que
presentará hoy.
Gimeno había dicho el domingo que el auto del TSJC no obliga a
cambiar el modelo de inmersión lingüística, sino que sólo afectaba a
las familias que recurrieron. El presidente del TSJC hacía una
interpretación similar a la del ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, y apuntaba que «esta resolución es la ejecución de una
sentencia que respondía a la demanda de unas personas concretas y
por ello interpretar que puede tener carácter general sería una
interpretación excesiva». Ayer mismo por la mañana volvía a insistir
en que «el auto tiene un carácter general, y, por tanto, se tiene
que interpretar sólo en los casos concretos», pero horas después
llegó una rectificación en toda regla.
El comunicado del TSJC, que no iba firmado por su presidente,
puntualiza que el auto se basa en sentencias del Tribunal Supremo
–ha dictado cinco en favor del bilingüismo en las aulas– que sí
pueden modificar el modelo de inmersión que Cataluña aplica desde
hace casi tres décadas. Añade que el fallo del TSJC insta a la
Generalitat a adoptar las medidas oportunas para cumplir en materia
lingüística las sentencias sobre la enseñanza en Cataluña «en los
términos resueltos» por el Supremo, lo que «podía significar su
aplicación de forma genérica a toda la enseñanza en Cataluña».
Concretamente, el TS dio el viernes a la Generalitat dos meses para
«adoptar cuantas medidas sean necesarias» para adaptar la educación
a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut que
«considera también al castellano como lengua vehicular de la
enseñanza en Cataluña junto al catalán». La sentencia del TC es
clave, ya que el Supremo en tres sentencias anteriores desestimaba
los recursos y defendía que el modelo de educación catalán era
constitucionalmente legítimo.
Educación debe ejecutar
Si se había cuestionado que el TSJC dictara una sentencia y después
su presidente dijera que el modelo educativo no estaba en cuestión,
el comunicado también recuerda que la ejecución de las sentencias
del Supremo corresponde «por imperativo legal» a la Sala
Contecioso-administrativa de Cataluña. Y puntualiza que el fallo no
especifica en su parte dispositiva que la decisión quedara limitada
a las familias recurrentes.
El TSJC recuerda a la Generalitat que puede recurrir y añade que no
le corresponde señalar cuáles deben ser las medidas a tomar, sino
que es la Consejería de Educación la que tiene que dictarlas en
función de «criterios pedagógicos, organizativos, económicos y de
todo tipo». También afirma que es consciente de que la inmersión
lingüística es un tema «especialmente delicado» y finaliza
recordando que su ámbito de actuación es «exclusivamente jurídico y
no político».
Un histórico del «progresismo» judicial
Miguel Ángel Gimeno es uno de los magistrados «históricos» de la
asociación Jueces para la Democracia. de la fue portavoz. A
principios de marzo del pasado año dimitió de ese cargo, de forma
inesperada, para optar a la presidencia del TSJ de Cataluña. Ni
siquiera esperó al congreso que la asociación celebraba en mayo y
donde se designarían los nuevos intergrantes de su dirección. Y es
que sabía de primera mano que era la opción prioritaria del «sector
progresista» del Consejo General del Poder Judicial. El 26 de
octubre era elegido con 13 votos a favor (el mínimo necesario),
dentro de un «pacto» que incluyó también a que el «sector
conservador» pudiese designar para el TSJ de Valencia a su
candidata. Gimeno ingresó en la carrera judicial en 1987 y siempre
ha ejercido en Cataluña.
Una de las tres familias que recurrió al Supremo cuenta su lucha
judicial
«No quiero que se estigmatice a mis hijas en la escuela»
Cuca Santos vive en Sabadell (Barcelona) y forma parte de una de las
familias a las que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en su
derecho constitucional a recibir una educación bilingüe, en catalán
y castellano. Más que contenta, está eufórica por el auto del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que dicta que el
español sea también lengua vehicular en las escuelas catalanas.
Barcelona - Joan Planes La Razón 6 Septiembre 2011
El periplo de Cuca empezó hace tres años, cuando su hija mayor, que
ahora tiene nueve, llegó a la escuela. Desde el primer momento, tuvo
muy claro que quería que sus pequeñas pudieran aprender en los dos
idiomas oficiales de Cataluña, no sólo en catalán. «Yo no quiero que
todo se enseñe en un único idioma, estoy a favor del bilingüismo»,
explica a LA RAZÓN. «Lo quiero todo al 50 por ciento», insiste.
La Generalitat ofrece a los padres que no quieran únicamente que sus
hijos reciban clases en catalán la posibilidad de que tengan una
atención «especializada», una medida éticamente discutible y que
Santos nunca ha querido para sus niñas. «No lo deseo por nada del
mundo, pienso que sus hijas no tienen que estar nunca en una aula
aparte de sus compañeros, no quiero que se las señale», dice.
Han sido años de lidiar con la justicia, pero Cuca recuerda que «en
diciembre de 2010 el Supremo nos dio la razón, lo que nos llenó de
orgullo, fuimos una de las familias demandantes». Esta sentencia del
TS sentó las bases para que, ocho meses después, el TSJC fallara en
la misma dirección y diera a la Generalitat un plazo de dos meses
para que el castellano también sea lengua vehicular en Cataluña.
Sobre la Generalitat, la opinión de Cuca coincide con todos los
padres que han sido consultados por este diario sobre este asunto.
«El Govern nunca nos ha dicho nada de nada, siempre nos ha
ignorado», lamenta. La Generalitat nunca se ha comunicado con estos
padres, y ha rechazado acatar todas las sentencias contrarias a su
modelo de inmersión lingüística, vigente desde 1983.
Las hijas de Cuca están matriculadas en una escuela concertada de
Sabadell, pero la madre no critica al colegio. «Siempre nos han
tratado bien, pero está claro que el sistema educativo de Cataluña
se rige por lo que diga la Generalitat». Cabe recordar que los
sucesivos gobiernos de CiU y del tripartito nunca han variado ni un
ápice un modelo educativo que impide la escolarización en
castellano. «A mí lo que me gustaría de verdad es que en las aulas
existiera el mismo bilingüismo que veo en la calle», apostilla.
Rajoy cree que se «liquidará el estado de derecho»
Después de que el jefe del Ejecutivo catalán, Artur Mas, criticara
duramente el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC) que obliga a que el castellano sea lengua vehicular en la
enseñanza junto al catalán, el PP le advirtió que sería «dramático»
que «manifiestamente» incumpliera esta decisión. Así lo aseguró ayer
el presidente popular, Mariano Rajoy, que recalcó que si no se
cumple la ley se «liquida» el Estado de Derecho. En una entrevista
en Onda Cero, Rajoy se mostró «firme» en la defensa de la identidad
catalana, al tiempo que insistió en que «un gobernante o quien
aspira a gobernar» debe tener claro que, en democracia, «no se puede
permitir incumplir la Ley». «Si nadie cumple la ley y si nadie
cumple las sentencias de los tribunales, tenemos un problema: nos
hemos liquidado el Estado de Derecho», añadió. Por eso, Rajoy
aseguró que su posición en esta cuestión es «que se cumpla la Ley» y
expresó que sería «dramático» que un dirigente político fuera
partidario de incumplirla «manifiestamente». En su opinión, del
mismo modo que castellano y catalán «conviven en libertad en la vida
de la gente», también pueden hacerlo «en todo lo que está
relacionado con las administraciones y también en la Educación».
Los consistorios tampoco podrán imponer el
catalán
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado un artículo
del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Sant Pol de
Mar que, contraviniendo la cooficialidad de las lenguas
salvaguardadas por la Constitución, excluía el castellano en favor
del catalán.
Barcelona - A. D. R. La Razón 6 Septiembre 2011
El precepto, el número 5.1 estipulaba concretamente que «toda la
documentación municipal será redactada en catalán». «Una cosa es que
el catalán sea la lengua de uso normal de las administraciones
públicas, en cuanto a la lengua propia de Cataluña, y otra muy
distinta que se excluya totalmente el uso de la otra lengua
cooficial», señala la sentencia, ya firme. La alcaldesa de Sant Pol
de Mar, Montserrat Garrido (CiU), se apresuró ayer a explicar que el
artículo fue eliminado el pasado 29 de julio a instancias del fallo
del TSJC durante el primer pleno del nuevo consistorio.
Por otro lado, el fallo puede entenderse como un nuevo aviso a los
municipios que pretendan imponer el catalán sobre el castellano. De
hecho, el reglamento lingüístico del consistorio barcelonés está
ahora en manos del Tribunal Supremo, después de que el TSJC
suspendiera cautelarmente siete artículos a petición del PP y el
gobierno municipal anterior, liderado por Jordi Hereu, recurriera la
decisión. Además, el TSJC apunta que la cuestión ya ha sido abordada
anteriormente y cita como ejemplo la sentencia de 2004 contra el
reglamento de uso del catalán en Sabadell.
La clave, el fallo del TC: artículo 6.1
El Estatut fijó el catalán como lengua de «uso normal de las
administraciones» y «la lengua normalmente utilizada como vehicular
y de aprendizaje en la enseñanza». No obstante, el TC fijó que «las
administraciones no pueden tener preferencia por ninguna de las dos
lenguas oficiales».
LIBERTAD LINGUÍSTICA
Defensores del castellano estudian
querellarse contra ministros por respaldar a la Generalitat
Minuto Digital 6 Septiembre 2011
La Asociación por la Tolerancia, que defiende en Cataluña la
igualdad de derechos del castellano, ha anunciado que está
estudiando querellarse contra miembros del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, puesto que están respaldando la posición de la
Generalitat de no cumplir la sentencia que obliga a que el español
sea también lengua vehicular de la enseñanza catalana.
Marita Rodríguez, portavoz de esta asociación, ha dicho a MD que, a
juicio de su colectivo, hay ministros que “están animando a la
Generalitat al desacato”, puesto que respaldar una actuación ilegal
es una medida “contraria al Estado de derecho”.
Rodríguez citó el caso del ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
No obstante, en los últimos días también han defendido el sistema
catalán de inmersión lingüística los titulares de Presidencia, Ramón
Jáuregui, y de Defensa, Carme Chacón.
A este respecto, esta portavoz cuestionó que Caamaño haya dicho que
lo que hay son casos puntuales en los que los jueces han defendido
la posibilidad de que unos niños utilicen en un colegio catalán el
español como lengua vehicular.
Según esta representante de la Asociación por la Tolerancia, una
cosa es la “opinión personal” de Caamaño y otra que este ministro
haga una “interpretación equivocada de una sentencia, a sabiendas de
que es equivocada”.
Por otra parte, Rodríguez también se refirió a que su colectivo está
dispuesto a recurrir a instancias internacionales, como la ONU, para
que la Generalitat cumpla la sentencia que obliga a que el
castellano también sea lengua vehicular de la lengua en esta
comunidad autónoma.
La Generalitat quiere seguir pactando con
el PP pese a discrepar sobre la inmersión lingüística
www.gaceta.es 6 Septiembre 2011
Homs ha dejado claro el compromiso innegocable del Ejecutivo
autonómico con la inmersión en catalán y que, si los populares
supeditan futuros pactos con una reforma en el modelo lingüístico
educativo, será el PP quien rompa con el gabinete de CiU tras cruzar
una "línea roja".
El Gobierno de Artur Mas ha asegurado este martes que quiere seguir
pactando con el PP pese a la oposición de los populares a la
inmersión lingüística y a su exigencia de que haya un nuevo modelo
educativo en las aulas, tras la interlocutoria del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC).
En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo en que se ha
aprobado recurrir la sentencia, Homs ha dejado claro el compromiso
innegocable del Ejecutivo autonómico con la inmersión en catalán y
que, si los populares supeditan futuros pactos con una reforma en el
modelo lingüístico educativo, será el PP quien rompa con el gabinete
de CiU tras cruzar una "línea roja".
"Ya sabrán ellos --el PP-- cómo deben situar sus prioridades", ha
asegurado Homs, quien ha evitado valorar el cambio de opinión del
presidente del TSJC, Miguel Angel Gimeno, en relación a la
interlocutoria que ha emitido sobre el catalán en las escuelas.
Bomberos catalanes vuelven a mostrar la
estelada y son abucheados
www.gaceta.es 6 Septiembre 2011
Durante los World Police & Fire Games 2011 que tienen lugar Nueva
York, los bomberos catalanes mostraron la estelada y fueron
abucheados por los españoles a gritos de España.
Después de que se les insultase por mostrar una estelada, los
bomberos catalanes han sido abucheados por sus compañeros españoles
durante el himno de los Segadors.
Mientras recogían la medalla de Oro ganada en una de las
competiciones sacaron una estelada, lo que provocó los gritos de
"España, España" y los silbidos de los españoles.
Dos de los bomberos catalanes preguntaron a la persona que tenía la
bandera y bajaron del pódium durante el himno catalán para coger una
española. Esto hizo que el público aplaudiese.
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