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La chulería de la Generalidad
EDITORIAL Libertad Digital 8 Septiembre 2011
El empecinamiento de la Generalidad catalana en contra del
cumplimiento de las sentencias y los autos a favor del castellano en
las escuelas debería haber provocado actuaciones legales hace ya
mucho tiempo, desde la ya lejana época en la que Pujol implantó el
tortuoso experimento de ingeniería social conocido como "inmersión
lingüística". Sin embargo, la ausencia absoluta de reacciones más
allá de las declarativas ante los constantes desafíos al Estado de
Pujol primero, del tripartito después y ahora de Artur Mas, ha
generado un ambiente de impunidad absoluta que, al parecer, exime a
las autoridades catalanas del acatamiento judicial e incluso
presentarse ante la sociedad como víctimas de un supuesto acoso
centralista a sus elementos identitarios
El desprecio de los dirigentes nacionalistas al Estado, a los jueces
y, lo que es aún más sustantivo, al derecho de los padres y de los
escolares a recibir una educación que incluya el español en sus
estudios es la verdadera seña de identidad de esa clase política,
cuya ostentación del desacato evidencia su escasa, por no decir
nula, altura moral. La Generalidad se ha situado notoriamente al
margen de la ley, pero no es previsible que ni el PSOE, cómplice del
intento de eliminación de todo lo que suene a España en Cataluña, ni
el PP puedan forzar la reintroducción del castellano en la educación
pública catalana. Como es sabido, la mayoría de los políticos de esa
región y con especial intensidad quienes más defienden dicha
inmersión, llevan a sus hijos a colegios privados, donde pueden
estudiar también en el idioma común de los españoles sin que ello
menoscabe sus competencias en catalán. El resto de niños es objeto
de una discriminación intolerable, pero que se prolonga ya por
espacio de tres décadas al calor de un sistema electoral que hace de
los nacionalistas una fuerza imprescindible para la gobernación de
España.
Sólo una mayoría absoluta del PP o un pacto de este partido con
fuerzas declaradamente antinacionalistas como la formación de Rosa
Díez o Ciutadans en Cataluña podría subvertir una situación que ha
llevado a la enseñanza en Cataluña a un estado comatoso, con
valoraciones escalofriantes en los informes Pisa, incluso por debajo
de la media española. Sin embargo, eso es lo de menos para la
mayoría de los políticos catalanes y para un gran porcentaje de
profesores, cuya función lejos de preservar el catalán consiste en
frenar cualquier conato de reintroducción del castellano. Ya el año
pasado se negaron a aplicar la tercera hora en español que exigió el
Supremo. Y ahora, se chotean de un auto cuya única finalidad es que
quien así lo desee pueda procurar a sus hijos una educación pública
de una cierta calidad o, al menos, que no desprecie el idioma que
hablan más de cuatrocientos millones de personas en todo el mundo.
Caiga quien caiga
Román Cendoya www.gaceta.es 8 Septiembre 2011
¿Quién es Artur Mas para usurpar el español a los jóvenes en
Cataluña?
La actitud antidemocrática del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Cataluña debería obtener la respuesta legal y penal que se merece.
Tantos años de pésima práctica política en España, con la cesión
continuada a las exigencias nacionalistas, que ya sólo saben actuar
con el matonismo y chulería que están demostrando en las últimas
fechas. Se sienten impunes. Están al margen de las leyes y del
cumplimiento de las sentencias, pero obligan y someten a los demás
al estricto cumplimiento de lo que ellos dictan. Su soberanía está
por encima de la de los demás. Así es Mas. Así es Duran. Así son los
nazionalistas. La ideología intelectualmente más pobre. La que
convierte un sentimiento en ideología. Si España fuera un Estado de
derecho, el incumplimiento de la sentencia debería suponer las penas
oportunas de inhabilitación, además de la repulsa de la sociedad
ante la que se cree superior y diferente al resto de los ciudadanos.
El nazionalismo utiliza la lengua como un arma con la que sentirse
diferente. La lengua es un instrumento para la comunicación, para el
encuentro y no para la separación. Nadie “toca las narices” con el
idioma excepto ellos que lo imponen excluyendo al otro. ¿Quién es
Artur Mas para usurpar un instrumento propio, como es el español, a
todos los jóvenes que estudian en Cataluña –España– impidiéndoles
relacionarse con 500 millones de ciudadanos? El idioma, como lo
entiende Mas, es una forma de esclavitud que encadena al esclavo al
entorno reducido de su uso. Artur Mas, el líder nazionalista, es el
amo de la educación de los hijos de los demás. Él decide qué idioma
tienen que saber y usurpa el español a los demás mientras que sus
hijos lo aprenden, al igual que el inglés, en un colegio privado.
Que no le extrañe que en el futuro algunos ciudadanos le increpen
por la calle por haberles robado su futuro. Ya es hora de que se
terminen la impunidad y el Heil Artur. Caiga quien caiga, que se
ejecute la sentencia.
Logomaquia
Hablar castellano en Cataluña es normal
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 8 Septiembre 2011
Que al nacionalismo no le gusta, no le ha gustado nunca, que se
hable castellano en Cataluña no es nada nuevo. Que no le hace
ninguna gracia que en Cataluña haya castellanohablantes y que seamos
ya demográficamente mayoritarios, es evidente. La estrategia
nacionalista a seguir es: a) culpabilizar al castellanohablante de
los males de Cataluña, hacerle responsable de su inminente
desaparición, hasta que sienta vergüenza de sí mismo; b) dedicar
todo el esfuerzo que haga falta a catalanizar a los niños
castellanohablantes para que se sientan catalanes como el que más, y
se liberen de la condición infamante de charnego (para lo cual es
crucial que “charnego” siga siendo un insulto), y c) nunca jamás
conceder ni las mínima opción a considerar el castellano como lengua
normal: presentarla siempre asociada a la pobreza, a lo cutre, al
fracaso social y al franquismo jurásico.
Esta estrategia, expuesta crudamente, es impresentable. Pero se
suele servir cocinada con otras justificaciones teóricas, a las que
se han sumado las izquierdas vergonzosamente (y en muchos casos,
gozosamente): que si no hay que separar a los niños por lengua
(entonces, ya estábamos bien con todo en castellano, que encima es
más práctico, ¿no?), que si el catalán es el ascensor social (esto
es una típica cláusula discriminatoria: selecciona a la gente, más
allá de su utilidad comunicativa), que si de esta forma los niños
castellanohablantes pueden llegar a ser catalanes, catalanes
“normales” (con lo que se da por supuesto que un catalán
castellanohablante no es normal). Lo más patético es la defensa que
se hace del sistema de inmersión a partir de datos que todos sabemos
que son falsos, pero que repetidos muchas veces se incrustan como
verdades evidentes. Se dice que los niños aprenden las dos lenguas
por igual: pero las pruebas de castellano están trucadas, son cada
vez más elementales, por decisión política. No se ha hecho todavía
una evaluación solvente, y el deterioro del castellano en Cataluña,
incluso a nivel periodístico, es evidente. El argumento de nuestros
“nacionalpedagogos” (el castellano no hace falta estudiarlo, porque
los niños ya lo hablan en casa y lo oyen en la tele) es delictivo:
entonces, si los ingleses ya saben inglés, ¿para qué estudian
inglés?. Y finalmente se dice que la inmersión tiene todos los
avales pedagógicos y científicos. Falso. En Finlandia, la mejor
escuela del mundo, la minoría suecohablante (12 por ciento) tiene
garantizada la formación íntegramente en sueco. Y en Quebec, en cuya
teoría se basa supuestamente el modelo catalán, la inmersión en
francés de la minoría angloparlante (20 por ciento) es voluntaria.
El modelo catalán, por mucho que se desgañite el nacionalismo
felizmente reinante, es antisocial, antidemocrático, antipedagógico
y falto de toda solvencia científica.
Ahora parece que nos atacan. Suenan los tambores. Otra vez. Y van
tantas, que ya aburre, la verdad. Llamada a somatén (palabra
catalana, quizá de “sotmetent”, la milicia que somete, o de “som
atent”, “estoy presto”, el “¡presente!” con que responde el soldado
cuando le nombran). Con un Once de Septiembre a la vista, la bronca
es previsible, es el ritual obligado de la tribu. Pero sobre todo la
bronca es el método mejor para evitar el debate pausado, sensato,
“assenyat”, que es lo que ahora mismo nos convendría. Es más que
sensato que la lengua oficial sea vehicular de la enseñanza, eso
aquí y en todas las naciones del mundo. Más aún si esa lengua es la
lengua materna de la mayoría de la población. Es más que sensato que
en un país bilingüe, o hay doble red de escuelas monolingües, o la
escuela debe ser bilingüe: toda la enseñanza en todas las escuelas
en una sola lengua, aparte de injusto, es muy peligroso. Y encima es
ilegal, según la sentencia del TSJC. Entonces, me pregunto, ¿por qué
no se oyen en Cataluña las voces solventes de la gente sensata?
Dentro del PSC, dentro de CIU, incluso en la propia ERC hay gente
sensata, que nunca han visto clara la exclusión del castellano de la
escuela. ¿Por qué no salen a la palestra, por qué no dan libremente
su opinión? Se lo voy a decir: por miedo. MIEDO.
Montilla
Por narices
José García Domínguez Libertad Digital 8 Septiembre 2011
A semejanza de esos vodeviles chuscos y de libreto previsible que al
final se salvan por el buen oficio de los secundarios, en la comedia
de la inmersión lingüística, un clásico de cada temporada llegadas
estas fechas, solo brilla un figurante, en apariencia marginal: el
pobre José Montilla. El resto del cuadro de actores, desde el airado
Artur Mas hasta los nietos putativos del Cid, apenas representa otro
cansino déjà vu, mera rutina escénica sin mayor interés. Así, al
modo de la liturgia circense propia de la lucha libre americana,
cuanto más se increpan y desafían los furibundos contendientes, más
evidente se revela la ficción y el tongo.
El español, que lleva treinta años proscrito en todas las aulas
catalanas, por supuesto, continuará prohibido en la plaza después
del 20-N, cuando Madrit vuelva a mirar hacia otro lado igual que
siempre ha hecho. Pero, mientras tanto, procede mantener entretenido
al respetable público con autos, sentencias, muy compungidas
proclamas patrióticas y no menos sentidas promesas gramáticas. Ya se
sabe, exigencias del guión. Aunque únicamente don José, decía,
consigue darle alguna brizna de interés a la función. Montilla. Toda
su vida ha encarnado el hombre un arquetipo más trágico que cómico,
el del charnego agradecido, esa figura tan patética, si bien en el
fondo enternecedora. Un personaje ridículo y conmovedor al tiempo
que asienta su fundamento psicológico en el definitivo
autodesprecio.
Coherente con ese cuadro clínico y a imagen de aquellos capataces
meridionales que jamás dejaban de sacarse la gorra en presencia de
sus señoritos, el líder del PSC ha aplaudido la insubordinación de
la Generalidad al mandato de los tribunales. Sin duda, le angustia
la mera posibilidad de no poder perseguirse a sí mismo. Cómo
entender, por lo demás, que el tío Tom fuera inmortalizado en una
novela y, en cambio, Montilla aún a día de hoy sea un personaje en
busca de autor. Lluís Aracil, el filólogo que inspiró la inmersión
antes de pasarse él mismo a la disidencia, ha augurado que pronto
llegará el hastío frente a la religión catalanista. Pero cuando ese
instante arribe, asegura, la acción subliminal sobre el inconsciente
de toda una generación habrá supuesto una devastación irreparable,
al haber interiorizado sus víctimas el lazo sagrado entre lengua,
terruño e identidad. Por narices.
José García Domínguez es uno de los autores del blog
Heterodoxias.net.
Rubalcaba no tiene el faisán. Tiene el
pavo.
Alfredo Casquero ESD 8 Septiembre 2011
No es un santo, no es un mártir. Es él, Rubalcaba, Alfredo P. Punto,
RbCb, en lenguaje juvenil y cibernético.
Lo de este chico es formidable. Es un fenómeno de la naturaleza, un
huracán de ideas, un joven y apuesto y prometedor político
desprovisto por completo de doble lenguaje, segundas intenciones, y
oscuro pasado. Es el hombre de Estado que España necesita en estos
momentos. España necesita un político que no mienta. Y como
atendiendo a una petición, a un ruego, a una oración sustentada en
millones de inquietudes, el cielo nos regala esta bendición
alopécica, y toda su cohorte inmaculada de angelotes imberbes. A
parte del beneficio espiritual y económico de la Jornada Mundial de
la Juventud, nos ha sido concedido también esta bendición material,
sostén futuro de la economía española, garantía de su unidad, espada
final contra la serpiente, maná infinito para el estado del
bienestar. No es un santo, no es un mártir. Es él, Rubalcaba,
Alfredo P. Punto, RbCb, en lenguaje juvenil y cibernético.
Tiene todas las soluciones para la grave crisis que azota España.
Sabe cómo acabar con el paro, cómo reducir la deuda, cómo animar al
inversor español e invitar al extranjero, cómo aumentar nuestras
exportaciones, cómo dulcificar la ira vertical de nuestros
sindicatos, cómo amansar la indignación casposa de lo que queda del
15M, cómo acallar el griterío rupturista del nacionalismo radical,
cómo convertir en pavo al faisán, para alimentar a la serpiente,
cómo acabar con la extrema derecha, la mediática y la política, la
social y la religiosa, para que nunca más vuelvan a interrumpir el
progreso y la avanzada que el socialismo procura.
Tiene todas esas recetas, y más, muchas más, pero no las hará
públicas hasta que su mayor enemigo, este infame y zote ZP, se vaya
a León, con las niñas y Sonsoles, a hundir el barrio en el que viva,
o a, según sus servicios secretos, levantar la mezquita más grande
de Europa, sede futura de la Alianza de Civilizaciones entre él y
Erdogán. No lo hará hasta ver dimitido o cesado o fulminado al
imperturbable Rajoy, maestro de la permanencia, cariátide política
de lo platónicamente inmutable, espejo sin igual de la constancia en
la derrota. No lo hará, porque él, Rubalcaba, es el Único. El que
tiene la receta. La solución. La palabra justa. La decisión
correcta.
Rubalcaba lo cree. Así se lo ha hecho saber a Elena Valenciano. Y a
Pepiño Blanco, apóstol reconvertido, a quien acompaña siempre el
tintineo bíblico de treinta monedas. Y ha logrado el sí de los
niños. De las otras promesas de la política. Jóvenes también, de
brillante currículo, e intocada vida pública. El pimpollo Alfonso y
el púber Manuel. Todo un logro, si se tiene en cuenta las ofertas
llovidas desde el mundo empresarial a ambos ases.
A nuestro héroe sólo le hace falta un pequeño detalle. O más bien,
varios millones de detalles. Y es que no voten ni los cinco millones
de parados ni sus familiares, que no acudan a las urnas los pequeños
y medianos empresarios, los autónomos, los funcionarios a quienes
él, junto a su Gobierno, les ha congelado el sueldo, los jubilados a
quienes él y su Gobierno, les ha tocado las pensiones, y a todos
aquellos afectados, (seguramente de extrema derecha), que se han
visto pisoteados por el mayor recorte en derechos sociales que
nunca, ningún partido político se ha atrevido a realizar en todo lo
que llevamos de democracia (sic) y que él, y su Gobierno, ha llevado
a cabo.
Y le falta una cosa más. Una minucia para arribar al Parnaso, a su
Dorado particular. Que se haga realidad un íntimo convencimiento
suyo: y es que el español sea definitivamente tonto.
Artur Mas actúa como un golpista y un nazi
Enrique de Diego Periodista Digital 8 Septiembre 2011
Artur Mas se ha situado en la posición de desacato. Es un gravísimo
pulso al Estado de Derecho al que no está respondiendo un Gobierno
débil y en derribo, cuyo partido sostén en Cataluña, el PSC, ha
cerrado filas con los separatistas y los golpistas.
Aunque en esta España que Zapatero y Rubalcaba han deteriorado hasta
hacerla irreconocible, actuando incluso de lacayos de los
terroristas, la verdad se ha hecho hiriente, el aliñado Artur Mas
está actuando como un golpista, rechazando la jurisdicción de los
tribunales y saltándose a la torera las sentencias.
El Estado de Derecho es lo que diferencia la democracia del
totalitarismo, la civilización de la barbarie, y Artur Mas está
apostando por el totalitarismo y la barbarie, está cruzando, con
notoria irresponsabilidad, las líneas que conducen a esos cenagales.
No se trata de una cuestión de catalán versus español, pues el
castellano lo han enriquecido todos los españoles y se ha utilizado
siempre en Cataluña, como denuncia el protototalitario Prat de la
Riba en "La nación catalana".
Se trata de dos cuestiones básicas, nucleares: de la libertad
personal, que implica la capacidad de elección, y del Estado de
Derecho, que obliga a respetar los derechos personales, tutelados
por los tribunales.
Es notorio que Artur Mas continúa una trayectoria de lesiones a los
derechos personales que están en la entraña del nacionalismo
catalán, que bebe en las mismas fuentes de las que surgió el
nazismo, y actúa con terrible coherencia.
La principal fuente de la que bebe el nacionalismo catalán es de
Fichte con su "Discurso a la nación alemana", libro en el que
identifica nación con lengua. Libro y tesis que también inspiraron
al nazismo que identificaba nación con raza y lengua (el
nacionalismo catalán primigenio también reivindicó la raza, como ha
señalado ese gran hombre de la libertad que es Francisco Caja) y que
llevó a delirios como prohibir la literatura de Heine o que los
judíos utilizarán el alemán.
El nacionalismo catalán pisotea la libertad personal y los derechos
personales con impronta y obsesión totalitaria, porque teme que
dejando elegir el catalán no tuviera respaldo y porque en su delirio
y ensoñación separatista cree que persiguiendo a los
castellano-parlantes reforzará la identidad catalana, hasta hacer la
ruptura con España inevitable.
Por eso llega a desafueros patéticos como cerrar urgencias y
ambulatorios mientras mantiene embajadas y todo el entramado de
imposición lingüística. Nada importan las personas porque el
nacionalismo de estado nacional pertenece a la reaccionaria y
regresiva mentalidad del orden tribal y piensa en colectivos a los
que concede carácter antropomórfico.
Lamentable es también la deriva separatista que está sufriendo de
manera muy acentuada en su patente declive el PSC y que ha llegado a
que José Montilla y -lo que me parece mucho más grave e insultante-
la ministra de Defensa del Gobierno de España, Carme Chacón hayan
respaldado el desacato golpista. Este odio a España y a la libertad
lo pagarán muy caro el PSC y el PSOE en las urnas.
El totalitarismo corrompe las mentes. Ya decía Prat de la Riba que
el sentimiento nacionalista es el odio. Odio a la libertad personal,
odio al Estado de Derecho, odio a España porque, aquí y ahora,
España y libertad son sinónimos.
¡República ya!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 8 Septiembre 2011
¿Por qué tenemos una Monarquía en España? La respuesta es sencilla,
porque fue incluida en el paquete de la Constitución de 1978. Una
Constitución que fue sometida a referéndum y aprobada por una amplia
mayoría de españoles y aquí no incluyo a los nacionalistas. Pero lo
patético de esta situación anómala es que se da por supuesto que la
democracia basada en este sistema es incuestionable y no está en el
ánimo de los dos principales partidos a nivel nacional plantear otro
tipo de alternativa, como es un Estado Federal con un Presidente de
la República.
República, una palabra maldita excluida del vocabulario y a la que
se le han atribuido tales connotaciones negativas que su sola
enunciación produce rechazo inconsciente en la mayoría de
ciudadanos. Si derecha se ha querido asociar de un modo mezquino por
el PSOE a extrema derecha, República se ha relacionado a los excesos
de una ultra izquierda anti clerical y totalitaria y a los recuerdos
de un periodo dramático de España y una guerra civil. Todo es fruto
de una premeditada y eficiente estrategia de vendernos a la
Monarquía y los beneficios de su labor aglutinadora y de equilibrio
en la Unidad de España. Una idea cuya falsedad y cinismo es patente
y pretende atemorizar sobre una decisión que se roba a los
ciudadanos libres.
Las últimas afecciones del Rey D. Juan Carlos y su avanzada edad,
hacen cada vez más probable que los Príncipes de Asturias deban
asumir de un modo casi total las labores de representación de esta
anquilosada Monarquía. Una Monarquía que se nos vende como cercana
al Pueblo, pero que en realidad goza de unos privilegios de los que
no dudan en hacer ostentación. Y la verdad es que lo tienen fácil si
tan pesada les resulta la carga, que dejen sus funciones y de
depender de los Presupuestos Generales del Estado. Que sean los
españoles quienes decidan en libertad la continuidad de un sistema
de por sí injusto y anti democrático.
Hoy he leído que los Príncipes de Asturias han preferido pasar sus
“vacaciones” en un crucero privado por las islas griegas. Justo en
un momento en que España atraviesa la mayor depresión económica
desde las posguerra y cinco millones de ciudadanos están en paro.
Parece que veranear en España en el lujoso y elitista Palacio de
Marivent de Palma de Mallorca, con un yate de superlujo a
disposición, no han sido suficientes alicientes, ante el temor de
ser captados en escenas familiares por los “paparazzi” de la prensa
rosa. Sin embargo, al final las fotos que se evitaban que
aparecieran, han sido publicadas, supongo que ante el enfado de sus
protagonistas involuntarios.
Personalmente siempre me he declarado republicano y liberal. Estoy
en contra de los derechos dinásticos como únicos avales para ejercer
un cargo de responsabilidad como es el de representar a España en
diversos foros internacionales. La legitimidad de la Monarquía es
cuestionable y desde luego, tras más de 33 años, debería ser
replanteada y proponer a los españoles el tipo de Estado que
prefieren. ¡Basta ya de que otros decidan qué es lo mejor para
nosotros! La libertad es un derecho que no puede ser controlado y
custodiado por los que se arrogan la potestad de decidir.
¡República ya! Exijamos decidir nuestro futuro como País y una nueva
Constitución. No consintamos que se modifique solo lo que a unos
pocos les interesa. No más “padres de la Patria” ni “salvadores”.
Los españoles tenemos la mayoría de edad democrática y la soberanía
que no debemos dejarnos usurpar ni secuestrar.
Cataluña
Mas apuesta abiertamente por desacatar las
sentencias para evitar aplicar el bilingüismo escolar
“Hay mil formas de defenderse. ¿Quién dirige la enseñanza en este
país [Cataluña]? ¿La dirige el ministerio de Educación o la dirige
el departamento de Enseñanza de la Generalidad? ¿De quién depende la
inspección [educativa]? Del departamento de Enseñanza de la
Generalidad. ¿Quién pone los maestros? La Generalidad de Cataluña.
¿Quién marca los currículos básicos? La Generalidad de Cataluña”,
amenaza el presidente autonómico.
Redacción www.vozbcn.com 8 Septiembre 2011
El presidente de la Generalidad, Artur Mas, ha asegurado este
miércoles que su Gobierno autonómico no piensa acatar las sentencias
que obligan a reintroducir el castellano como lengua vehicular
escolar junto con el catalán. “No cambiará el sistema de
normalización lingüística en Cataluña ni el sistema de inmersión
lingüística en catalán en nuestra enseñanza. No cambiará. [...] Con
el tema de la lengua no se juega”, ha declarado en una entrevista en
RAC1.
“Llámelo como quiera, pero yo no quiero plantear las cosas como una
insumisión porque, hoy por hoy, no tenemos un marco jurídico
definitivo que nos haya roto esto. Es al revés, el marco jurídico
que tenemos en este momento, que es la Ley de Educación de Cataluña,
ampara lo que estamos haciendo. Y está vigente y no está recurrida.
Y esta ley, ampliamente votada en el Parlamento [autonómico] de
Cataluña, está en vigor y ampara y protege la inmersión lingüística
[obligatoria] en catalán y el uso del catalán como [única] lengua
vehicular. Ahora, es verdad que hay algunos tribunales, por ejemplo
el Tribunal Supremo, que a través de alguna resolución en estos
últimos tiempos intenta crear, digamos, algunas grietas en este
punto”, ha añadido.
“¿De quién depende la inspección [educativa]? De la Generalidad”
El presidente autonómico se ha atrevido a ir un paso más allá en sus
amenazas: “Yo la única cosa que advierto, y no es una amenaza sino
una reflexión, pero que ha de quedar clara, es que el tema del
idioma para Cataluña es una línea roja que no se puede atravesar. [Y
si eso ocurre], nos defenderemos, porque eso no se pierde. Hay mil
formas de defenderse. ¿Quién dirige la enseñanza en este país
[Cataluña]? ¿La dirige el ministerio de Educación o la dirige el
departamento de Enseñanza de la Generalidad? ¿De quién depende la
inspección [educativa]? Del departamento de Enseñanza de la
Generalidad. ¿Quién pone los maestros? La Generalidad de Cataluña.
¿Quién marca los currículos básicos? La Generalidad de Cataluña”.
Mas ha insistido en que se mantendrá firme en el incumplimiento de
las sentencias “caiga quien caiga”, ya que el catalán es, en su
opinión, “la esencia y el alma del país [Cataluña], la identidad y
la personalidad colectiva forjada a lo largo de los siglos”, por lo
que la inmersión obligatoria “es irrenunciable”. “Hay cosas que no
se pueden negociar y líneas rojas que no se pueden atravesar”, ha
subrayado. Además, aunque ha reconocido que hay una “falta de
calidad lingüística” en los alumnos catalanes, ha considerado que
“eso no es culpa de la inmersión en catalán”.
“Llevan muchos siglos tocándonos las narices con el catalán”
El líder nacionalista ha indicado que “un juez, hoy en día, no puede
cargarse la Ley de Educación de Cataluña”. “Ya sabemos que nos
tocarán las narices, por decirlo así, llevan muchos siglos
tocándonos las narices con el catalán. Esto no es nuevo, no es del
2011, no se les ha ocurrido tocarnos las narices con el catalán en
el 2011, llevan siglos tocándonos las narices con el tema del
catalán e intentando que esto del catalán vaya a menos porque ellos
saben, y cuando hablo de ellos no hablo de toda España porque no se
puede generalizar, pero los grandes actores de la política española,
del poder español, ya saben que el tema del catalán es lo que
configura nuestra identidad colectiva y lo que nos hace ser como
somos desde muchos puntos de vista, ya lo saben, ya lo han intentado
desde hace muchos años, muchas décadas e incluso muchos siglos. Y en
condiciones peores que las que tenemos ahora, Cataluña ha salido
adelante”, ha señalado.
Por otra parte, Mas ha advertido al PP de que su apoyo al
bilingüismo escolar es “un gravísimo error” que genera “un conflicto
innecesario desde el punto de vista lingüístico”, ya que la
“prioridad” es la lucha contra el paro. “Aún están a tiempo de
corregirlo, de dar un paso atrás y de no convertir algo que no
existe en la calle en un problema estrictamente político”, ha
concluido.
Cataluña
La Generalidad basará su defensa de la
inmersión obligatoria en que la LEC prohíbe que el español sea
vehicular
La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, considera que la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto no afecta a la Ley de
Educación de Cataluña, que prohíbe el bilingüismo escolar. Fuentes
jurídicas consultadas por LA VOZ DE BARCELONA aseguran lo contrario.
Redacción www.vozbcn.com 8 Septiembre 2011
La consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau, ha
asegurado este miércoles que no habrá ningún cambio en el modelo
lingüístico de las escuelas públicas y que el curso escolar -que
empezará el próximo lunes día 12- mantendrá el sistema de inmersión
lingüística obligatoria exclusivamente en catalán, a pesar de que el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un plazo de
dos meses a la Generalidad para reintroducir el bilingüismo en las
escuelas, tal y como dictaminó el Tribunal Supremo en diciembre de
2010 en base a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto.
En este sentido, Rigau también ha advertido de que, “cuando se
empieza un curso, las reglas de juego no se cambian durante el
curso”. Y ha anunciado que “todas” las familias -más de 500- que han
reclamado educación bilingüe para sus hijos “tendrán la respuesta
[de la Consejería] al inicio del curso”.
La sentencia del TC sobre el Estatuto afecta a la LEC
Por otra parte, la consejera ha avanzado que el recurso de la
Generalidad contra el auto del TSJC basará sus argumentaciones en
que la Ley de Educación de Cataluña (LEC), aprobada en julio de
2009, establece en su artículo 11 que la única lengua vehicular en
la educación pública en Cataluña debe ser el catalán, excepto para
las materias lingüísticas, y que los alumnos no pueden ser separados
en clases o colegios distintos por razón de su lengua. “El recurso
clarificará quién puede modificar el contenido de la LEC”, ha
subrayado.
Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por LA VOZ DE BARCELONA
han señalado que, a pesar de que el PP no recurrió el artículo 11 de
la LEC, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto,
de junio de 2010, afecta automáticamente a todas las leyes en vigor,
o a las que se aprueben en el futuro, que tengan relación con la
materia juzgada, como es el caso, sin necesidad de que se recurran
de forma específica.
Esta sentencia de 2010 recuerda que ‘el catalán debe ser, por tanto,
lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única
que goce de tal condición, predicable con igual título del
castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña’, e
insiste en que ‘desde ahora hemos de dejar sentado en nuestra
argumentación que, como principio, el castellano no puede dejar de
ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza’.
Cataluña
La inmersión lingüística obligatoria ‘tiene
fecha de caducidad’
Impulso Ciudadano le recuerda a Mas que la Generalidad ‘no está por
encima de los tribunales’ y le insta a adecuar el sistema.
Redacción www.vozbcn.com 8 Septiembre 2011
La inmersión lingüística obligatoria en las aulas de Cataluña ‘tiene
ya fecha de caducidad’. Así lo considera Impulso Ciudadano, entidad
cívica presidida por el ex diputado autonómico José Domingo, que en
un comunicado remitido a la prensa valorando la decisión del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que da un plazo de
dos meses a la Consejería de Enseñanza para que cumpla las
sentencias del Tribunal Supremo, y aplique el bilingüismo en las
escuelas, insta a la Administración autonómica a que reforme el
modelo escolar.
Para Impulso Ciudadano, ‘el modelo de inmersión lingüística
obligatoria es inviable por inconstitucional’ y, desde la
asociación, se recuerda que ‘las sentencias del Tribunal Supremo, en
sí, ni benefician ni perjudican a los idiomas oficiales, sino que
obligan a adaptar el sistema de enseñanza a un modelo de conjunción
lingüística que garantiza los derechos de los alumnos a ser
escolarizados en los dos idiomas oficiales’ de Cataluña.
La Generalidad no interpreta leyes, las acata
De la misma manera, en el escrito se cita la carta que Domingo
remitió el pasado mes de enero a Artur Mas, presidente autonómico,
en la que le recordaba que el artículo 118 de la Constitución
‘dispone que es obligatorio cumplir las sentencias y resoluciones
firmes de los jueces y de los tribunales por lo que no cabe ignorar
o desvirtuar, alterando su fallo y fundamentos jurídicos, las
decisiones de los tribunales’. Misiva que fue respondida por el
presidente de la Generalidad reconociendo que no acataría las
sentencias del Tribunal Supremo, que recientemente se habían hecho
públicas. Adelantando así lo que este mismo miércoles ha indicado:
que no modificará el sistema escolar catalán.
La entidad cívica considera a la Generalidad, en manos de CiU, como
si actuara al estilo de ‘un régimen calvinista ortodoxo’ y le
recuerda que la Administración autonómica no puede autoconvertirse
en ‘el único intérprete de la ley educativa, su poder no está por
encima de los tribunales‘. Además, desde Impulso Ciudadano se acusa
a la Generalidad de incumplir ‘de forma deliberada durante muchos
años’ las normas que no considera apropiadas. Ahora, sin embargo, el
plazo está establecido por los tribunales: dos meses, ‘un plazo más
que suficiente’.
‘Muestran los dientes’
Finalmente, Domingo, en un artículo publicado este martes en El
Mundo, recuerda que ‘el padre del invento de la inmersión
lingüística’ fue Joaquim Arenas y que, ya desde los inicios, a los
que discrepaban de su ‘invento’ se les acusó de ser ‘malos
catalanes’. El ex diputado autonómico resume de esta manera la
situación de presión que sufren los padres en Cataluña que quieren
que la Generalidad aplique las normas sobre un derecho que tienen
reconocido en la Constitución, y avalado por las sentencias del
Supremo y el Tribunal Constitucional:
Muestran los dientes, amenazan a las formaciones que defienden el
bilingüismo y recuerdan a las asociaciones subvencionadas y a los
empresarios del sector que no muestren flaqueza con quien les da de
comer. Y mienten, mienten sin pudor, con la impunidad que da el
fanatismo y con el descaro que permite el cinismo. La “abominable
educación bilingüe”, que es la que prefieren los padres y madres que
pueden pagarla para la mayoría de sus hijos, se convierte en el gran
pandemónium. Los valedores de la única lengua son conscientes de que
el proyecto no es pedagógico, sino político: “En Cataluña, en
catalán”. Cuando se les recuerda la debilidad del argumento -ni
sociológica, ni jurídica, ni históricamente ha sido así- sacan a
relucir las reglas de la nueva religión.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
La güija catalanista
El sistema lingüístico que rige en las escuelas es la mejor garantía
para la desigualdad social.
Francisco Caja www.gaceta.es 8 Septiembre 2011
El Tribunal Supremo se ha pronunciado de forma taxativa: el sistema
de inmersión lingüística, que está en vigor desde el año 1993 en
Cataluña y que supone la exclusión del castellano como lengua
vehicular o de docencia, es “contrario al espíritu y la letra de la
Constitución”. Ya no hay discusión posible.
Para decirlo de forma castiza, se pronunció el Tribunal Supremo…
punto redondo. ¿No hay más que hablar? Evidentemente no, a juzgar
por lo que están largando (el lector me perdonará por la nueva
licencia castiza) los ilustres miembros (y hasta las miembras) del
Gobierno catalán. A burro muerto… cebada al rabo, podríamos decir;
pero este burro, sin duda, se comunica desde el más allá a los
ilustres miembros y miembras.
La güija catalanista no cesa de hablar estos días para convencernos
de que el sistema de inmersión lingüística (esto es, la exclusión
del castellano como lengua de docencia y su reducción a una mera
asignatura como el francés o el inglés, lenguas extranjeras) es un
sistema inmejorable para que los niños aprendan no sólo el catalán,
sino el castellano “al mismo nivel que los niños de Salamanca”
(sic); que el Tribunal Supremo forma parte de una conjura
judeo-masónica contra Cataluña y el catalán, y, en colmo del estro
catalanista, la consejera de Educación de la Generalitat nos dice
que pasarán por encima de su cadáver antes de que se imparta una
sola asignatura en castellano en sus escuelas.
De lo que no habla la güija nacionalista es de las consecuencias
reales, acreditadas, de ese milagroso sistema lingüístico. Dos
informes elaborados por dos entidades nada sospechosas de
proclividad hacia el españolismo lo han confirmado. Tanto el informe
Equidad, excelencia y eficiencia educativa en Cataluña. Un análisis
comparado, patrocinado por la Fundación Jaume Bofill, entidad
catalanísima y subvencionadísima por el Gobierno catalán, como el
Informe sobre el riesgo de fracaso escolar en Cataluña, del también
catalanísmo Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya,
elaborados sobre la base de los informes PISA, demuestran de forma
incontestable que los niños castellanohablantes, de un mismo nivel
socio-económico-cultural, obtienen unos resultados escolares
sensiblemente inferiores a los catalanohablantes (40 puntos por
debajo). Además, duplican el riesgo de fracaso escolar (es decir,
los niños que no tienen un nivel mínimo de conocimientos): un 20,4%
de los castellanohablantes frente a un 10,5% de los
catalanohablantes.
Pero la güija nacionalista sigue repitiendo su mantra: la inmersión
lingüística asegura la cohesión social (¿?). Hablemos de los efectos
de la inmersión sobre los hijos de padres inmigrantes: el riesgo de
fracaso escolar de un niño procedente de la inmigración se
cuadruplica en Cataluña respecto a un niño catalanohablante; en
Cataluña los alumnos inmigrantes obtienen por media una puntuación
inferior en 71 puntos a los que obtiene un alumno autóctono, frente
a los 55 que obtiene en el resto de España.
Es hora de que los muertos entierren a sus muertos, como dijo el
poeta, que la güija calle y que la realidad se imponga: el sistema
lingüístico que rige hoy en las escuelas es la mejor garantía para
la desigualdad social en Cataluña. Es obvio, a la luz de datos
verificables, que el sistema de inmersión lingüística produce una
innegable fractura en el nivel educativo y social entre
castellanohablantes y catalanohablantes, aumentando las
desigualdades y dificultando la igualdad de oportunidades entre
todos los ciudadanos. Lo llaman “sistema de inmersión lingüística”,
pero basta detenerse un momento para advertir su carácter
fraudulento: no todos los niños son inmersionados en el sistema
catalán de inmersión: sólo lo son los que no tienen como lengua el
catalán. Los niños catalanohablantes no son inmersionados; reciben
la enseñanza en su lengua materna. Bautismo forzoso por inmersión se
llama eso. Para redimirlos de ser españoles. La pseudorreligión del
nacionalismo.
*Francisco Caja es presidente de Convivencia Cívica Catalana.
Obediencia a los tribunales
El Editorial La Razón 8 Septiembre 2011
La Generalitat catalana está dispuesta a prolongar la polémica
lingüística hasta donde la ingeniería procesal le permita, algo que,
por lo demás, es lo que ha ocurrido en las últimas tres décadas.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal
Constitucional han sido favorables a que el castellano fuera lengua
vehicular, pero a día de hoy el modelo de inmersión lingüística de
Cataluña discrimina a los castellanohablantes sin atender a las
resoluciones judiciales.
Asistimos ahora a otro nuevo capítulo de una polémica endémica
derivada de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
que ha dado dos meses al Ejecutivo nacionalista para equiparar el
castellano y el catalán en el sistema educativo de la comunidad. El
Tribunal apremiaba a la administración a cumplir una sentencia
concluyente del Supremo que había sido desobedecida.
El conflicto con la lengua en Cataluña afecta de lleno a fundamentos
nucleares del Estado de Derecho, por lo que cuesta creer que en
pleno siglo XXI se mantengan actitudes maximalistas y resistentes
por parte de la mayoría de los políticos catalanes, a excepción del
PP. Que ayer mismo el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs,
asegurara, en tono desafiante, que, digan lo que digan los
tribunales, se mantendrá el modelo de inmersión lingüística en las
aulas es una respuesta antidemocrática e irracional. Homs, como el
resto de la Generalitat, no puede desconocer que en un Estado
democrático y de derecho el sometimiento a la Ley no es cuestionable
y que las decisiones de los tribunales no son interpretables, sino
que son de obligado cumplimiento. Nadie está por encima de la Ley,
ni siquiera los nacionalistas. El recurso a la resolución del TSJC
es legítimo, así como la defensa del modelo que entienden mejor para
la sociedad, pero ir más allá es situarse en una posición de
desobediencia que no es propia de políticos rigurosos.
La polémica lingüística no tendría recorrido en ningún país de
nuestro entorno. Los nacionalistas, que han instrumentalizado
históricamente el catalán en favor de su estrategia, que no de los
ciudadanos, han manejado como un dogma que los idiomas tienen
derechos. No es así, los ciudadanos son sus titulares y, en este
caso, los padres son los poseedores del derecho a elegir en qué
lengua deben ser educados sus hijos. Y, mal que les pese a los
nacionalistas radicales, la realidad es que el castellano es la
lengua oficial del Estado y Cataluña es una parte de España. Ha
causado también perplejidad cómo los políticos nacionalistas y
socialistas se han lanzado en tromba contra el PP en este asunto con
el falso victimismo y la retórica trasnochada habituales.
Es evidente que toda esa sobreactuación contra los populares
responde a un interés electoral. El PSOE y su candidato quieren
pescar en este río revuelto con la esperanza de que el globo se
hinche y la mayoría absoluta del PP se complique. Los populares no
han aparcado ni la moderación ni el buen criterio en un debate que
algunos quieren abordar de forma visceral. La posición del PP se
ciñe al cumplimiento de las decisiones judiciales y al respeto al
derecho constitucional de los padres. Una actitud equilibrada y,
sobre todo, justa.
Gobiernos y sentencias
M. Luisa García-Franco www.gaceta.es 8 Septiembre
2011
Hay una división de poderes que debe estar clara por encima de los
juegos de poder político.
Si el Gobierno catalán considera que puede decidir si cumple o no
las sentencias de los tribunales, tal vez los contribuyentes se
cuestionen si deben pagar o no los impuestos. La actitud del
Ejecutivo de Mas pone en cuestión el sistema democrático que le
legitima y contribuye a desprestigiar a una clase política que ha
dejado, definitivamente, de ser ejemplo para los ciudadanos. El
presidente de la Generalitat cree que está en su derecho de decir a
los jueces que no le “toquen las narices” y que él “no cambiará el
sistema de inmersión lingüística”, por mucho que lo ordene el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Asociación de Jueces y
Magistrados Francisco de Vitoria es quien más claramente ha
respondido a ese tipo de declaraciones con la afirmación de que
“acatar y cumplir las resoluciones de los Tribunales de Justicia,
gusten o no, y colaborar en su cumplimiento, es una obligación que
compete especialmente a los poderes públicos y a los responsables
políticos”.
Mas y compañía han reaccionado como caciques reivindicando su
derecho a imponer su voluntad, por encima de las leyes; como si
nuestro país estuviera en las antípodas de la Europa del siglo XXI.
Lo han hecho, además, frente a una sentencia que, lejos de imponer
nada, lo que hace es subrayar el derecho de la lengua castellana a
ser considerada en pie de igualdad con el catalán en el sistema
educativo de Cataluña.
Se trata de sumar y eso preocupa a unos gobernantes que quieren
mantener el catalán obligatorio, como si intentaran cogerse la
revancha respecto a otros tiempos, que ya nadie recuerda, en los que
el catalán era la lengua discriminada. Los políticos que defienden
su derecho a actuar al margen de las reglas del juego pretenden
condenarnos a la alternancia de imposiciones, pero el Estado de
derecho no funciona así y hay una división de poderes que debe
quedar clara por encima de los juegos de poder político.
*M. L. García-Franco es periodista.
Albert Rivera (C's): 'La Generalitat tiene
dos opciones: cumplir la ley o sentarse en el banquillo por
desacato'
El líder de Ciudadanos no descarta tener que acudir a la vía penal
para acabar con la imposición lingüística en Cataluña
Andrés Ramos www.lavozlibre.com 8 Septiembre 2011
Madrid.- El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dando
un plazo de dos meses a la Generalitat para equiparar el castellano
al catalán en la educación es, en parte, el triunfo de Ciudadanos
(C’s). Su líder, Albert Rivera, que se encuentra a la espera de una
respuesta de UPyD para concurrir como “una tercera vía” a las
elecciones generales del 20 de noviembre, muestra su satisfacción
por este reconocimiento, pero no descarta que tengan que acudir a la
vía penal para que el Gobierno de Cataluña cumpla la sentencia.
Rivera, que cree que los nacionalistas se han metido "un gol en
propia puerta" con este asunto, asegura a LA VOZ LIBRE que no les
temblará el pulso y que no cederán ahora que han conseguido "este
paso tan importante para poder ver por fin el modelo educativo
bilingüe en Cataluña". Por eso, da a la Generalitat dos opciones:
"cumplir y decir cómo lo va a hacer o el banquillo por desacato".
-. Ha estallado por fin el asunto de la imposición lingüística que
existe en Cataluña, una vieja reivindicación de Ciudadanos. Supongo
que existirá satisfacción en la formación por esta sentencia del
TSJC…
-. Sí, el hecho de que por fin se haya puesto un plazo al fin de la
imposición lingüística con sanciones penales en caso de que no se
cumpla me parece que es de justicia. Hay que agradecérselo a todos
los padres que han luchado para que se haya llegado a esta
situación, a los que han reclamado y a los que han confiado en
Ciudadanos. Estamos en el final de un largo camino.
-. ¿Qué le han parecido las declaraciones del presidente de la
Generalitat, Artur Mas, diciendo que “no nos toquen las narices con
el catalán”?
-. Pues francamente impresentables. Ese tipo de discurso dicho por
un presidente de la Generalitat demuestra que no van a dar su brazo
a torcer y que pretenden establecerse en la ilegalidad y en la
insumisión. Hay que ver cómo acaba esto, pero si no acaba por las
buenas tendrá que acabar en los tribunales penales porque no puede
haber un incumplimiento flagrante de este tipo.
-. Si la Generalitat sigue enrocada en esa postura, ¿cómo puede
acabar todo esto?
-. A mí me parece que los nacionalistas se creen por encima del bien
y del mal y sobre todo por encima de la Constitución. En este
sentido, les veo absolutamente noqueados desde el punto de vista
jurídico y judicial. Yo creo que ellos saben perfectamente que esto
es el fin de una situación ilegal que tiene que adaptar a la
legalidad. Son conscientes de que ellos mismos han cavado su propia
tumba al sistema ilegal. Esa jurisprudencia que ellos mismos han
creado con su afrenta al debate estatutario se les ha vuelto en su
contra. Había un pacto de nacionalistas con el PP y de nacionalistas
con el PSOE para que no tocaran el tema, para que nadie llevara eso
por la vía jurídica y para que nadie moviera ficha. Ellos mismos han
querido dar un paso adelante y al intentar convertir en legal a
través del Estatuto algo que era ilegal e inconstitucional, la
sentencia les ha dicho que eso no podía ser y que si el catalán era
lengua vehicular, el castellano también lo era. Ha sido un gol en su
propia puerta. Han querido sacar pecho, han preguntado a la Justicia
si eso que hacían era legal y ésta, con sentido común, les ha dicho
que tener dos lenguas oficiales significa que tiene que haber dos
lenguas vehiculares. Todo esto es consecuencia del Estatuto y de ese
paso que dan.
-. Ciudadanos ha pedido la comparecencia en el Parlamento de Irene
Rigau, la consejera de Educación del Gobierno de Cataluña…
-. Sí, queremos que expliquen que están haciendo para cumplir con la
ley. No sólo qué piensan hacer, sino qué están haciendo ya, porque
la sentencia no es suspensiva, les da un plazo de dos meses para que
el sistema educativo ya esté plenamente adaptado a dos lenguas
vehiculares.
-. ¿Qué ocurrirá si pasan esos 55 días y la Generalitat no cumple la
sentencia?
-. Si se enrocan en esa posición victimista pues igual a otros les
tiembla el pulso, pero a nosotros no porque ya conocemos sus
amenazas y sus afrentas. El siguiente paso es ir a la vía penal. Lo
que no vale aquí es la no solución, el silencio y el incumplimiento.
Tanto nosotros, como muchos padres o entidades cívicas que defienden
el bilingüismo, vamos a mover ficha para que se cumpla. No vamos a
estar solos, pero lo vamos a liderar sin complejos, lejos de
arrugarnos o ceder ahora que hemos conseguido este paso tan
importante de ver por fin ese modelo educativo en Cataluña. El
Gobierno catalán tiene dos opciones: o cumplir y decir cómo lo va a
hacer o el banquillo por desacato. Lógicamente prefiero la primera,
pero la segunda no se puede descartar.
-. Todas las formaciones políticas de Cataluña, excepto el PP y
Ciudadanos, van a presentar en el Parlamento una declaración en
defensa de la inmersión lingüística…
-. Son fuegos de artificio. Es una huida hacia delante de
incumplimiento, en vez de ser un Gobierno y un Parlamento
responsable que asuma que están dentro de un Estado de Derecho y de
la Constitución. Supongo que también convocarán manifestaciones,
plantes, etc. Vamos a ver gestos de este tipo en los próximos días.
Muchos de ellos ridículos, otros impresentables y otros muy poco
democráticos. La presión a los jueces no me parece nada democrático.
Uno puede estar en desacuerdo con una sentencia, puede no gustarle,
pero tiene que acatarla y cumplirla. En cualquier caso, de esta
declaración, de la que he podido ver un borrador, no puedo decir más
que no mueven ficha. Es absolutamente ciencia ficción y un brindis
al sol porque por un lado dicen que el catalán tiene que ser lengua
vehicular, cosa que nadie niega y todos asumimos, y, por otro, dicen
que el Gobierno va a recurrir la sentencia, algo que ya se ha hecho
y que no hay posibilidad de recurrir más porque ya son sentencias
firmes. Que nadie espere ninguna solución mágica, esto está visto
para sentencia, en este caso ya sentenciado.
-. ¿Qué le parecen las declaraciones de algunos miembros del
Gobierno, como la ministra de Defensa, Carme Chacón, o el de
Justicia, Francisco Caamaño, llamando al desacato de ese auto del
TSJC?
-. Me han sorprendido y me han preocupado muchísimo, hasta el punto
de que hemos pedido la dimisión de Chacón. No sé si hay precedentes
en este país de que unos ministros llamen al desacato de una
sentencia desde ese cargo. Chacón tiene que dimitir de inmediato, no
se puede consentir que una ministra llame a no cumplir las leyes. Es
algo incompatible y más para alguien que quiere ser candidata a unas
elecciones. También me ha sorprendido el doble discurso del
Gobierno. Por un lado Chacón y Caamaño, y por otro, Ramón Jáuregui o
Ángel Gabilondo, que han dicho algo más lógico, que a pesar de que
ellos defendían otro modelo hay que acatar y cumplir la sentencia.
Eso es lo que yo espero de un Gobierno, al margen de cualquier
ideología.
.-. No se si ha podido oír la contundente denuncia que ha hecho el
locutor Javier Cárdenas en su programa de Europa FM, ‘Levántate y
Cárdenas’, sobre la imposición lingüística en Cataluña. Supongo que
para Ciudadanos es positivo que personajes públicos, con influencia
además en la juventud, denuncien esta situación…
-. Sí, las he leído y lo único que puedo decir de Javier Cárdenas es
que es valiente porque que un catalán diga eso en Cataluña no
siempre es fácil. No dice cosas que no se hayan dicho ya, pero que
lo diga un personaje público como él y que lo exprese públicamente
me parece muy positivo. También tengo que decir que muchas personas
conocidas nos han hecho llegar su apoyo estos días sobre este asunto
y somos conscientes de que se puede pensar, pero decirlo cuesta. Por
eso, quiero animar a todos los que estén con nuestra lucha a que no
se callen y lo digan públicamente.
-. Precisamente, una de las cosas que comentaba Javier Cárdenas es
que la culpa de que exista la imposición lingüística no es
exclusivamente de la Generalitat, sino también del Gobierno central,
que según dice, ni el PP con José María Aznar, ni el PSOE ahora con
José Luis Rodríguez Zapatero, han tenido huevos de acabar con esta
situación ¿Está de acuerdo con esta afirmación?
-. Esas palabras las ha dicho él, pero la verdad es que no se podía
decir mejor. Efectivamente, Jordi Pujol sabía en su día que la
fórmula era que nadie llevara este asunto a los tribunales y eso
pasaba por el hecho de que el PP no recurriera le ley de política
lingüística, por ejemplo en 1998, cuando estaban juntos. Lo que hubo
en aquel momento con Aznar y lo que ha habido ahora con Zapatero es
muestra de que los partidos nacionales son correponsables de lo que
ha pasado.
-. Finalmente y hablando de las elecciones, ¿tiene Ciudadanos ya
decidido si va a estar en las urnas el próximo 20 de noviembre?
-. Esta semana sabremos alguna cosa. Como ya anunciamos, solos no
nos vamos a presentar. Hemos trasladado a UPyD mediante una carta
nuestra voluntad de llegar a un acuerdo y formar esa tercera vía que
queremos impulsar. Están estudiando la propuesta y sabremos en breve
cuál es su voluntad. Nos gustaría pensar que esa tercera vía tiene
que nacer y tiene que hacerse fuerte y efectiva ante este
bipartidismo y nacionalismo que hay en España. El caso de la
inmersión lingüística evidencia que es necesaria una tercera vía,
porque podríamos haber recurrido mucho antes para acabar con esta
situación. El problema que hay es que cuando PSOE o PP se alían con
los nacionalistas hacen lo que quieren y se reparten el país a
trozos.
No todos los periodistas catalanes quieren
imponer el catalán
Artur Mas amenaza al Partido Popular con romper relaciones si
insisten en reformar la Ley de Educación de Cataluña
PEPE GIMÉNEZ www.lavozlibre.com 8 Septiembre 2011
Madrid.- A Artur Mas no le gusta que el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC) le dé un ultimátum de dos meses para
hacer efectivo un sistema educativo bilingüe. Abiertamente ha
declarado que no piensa acatar las sentencias. “No cambiará el
sistema de normalización lingüística en Cataluña ni el sistema de
inmersión lingüística en catalán en nuestra enseñanza. Con el tema
de la lengua no se juega”, ha sentenciado.
El presidente autonómico considera que la actuación de la
Generalitat es acorde con la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que
está actualmente en vigor. Dicha normativa ampara y protege la
imposición lingüística obligatoria, así como el uso exclusivo del
catalán en la enseñanza. Es conveniente recordar que el Partido
Popular (PP) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la
LEC, que fue admitida a trámite en 2009.
Mas le ha recordado al PP que su apoyo al bilingüismo escolar es “un
gravísimo error” que genera conflicto, reiterando que si en el
futuro necesita apoyos de CIU debe modificar su postura.
Por otra parte, el portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs,
en rueda de prensa ha afirmado que el Tribunal Constitucional avala
la actual política lingüística. Un periodista de 'La Voz de
Barcelona' le ha recordado el contenido de dicha resolución: “Es
legitimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización
lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de
bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del
castellano como lengua docente”. Acto seguido le ha preguntado
“¿cuando ha avalado el TC la inmersión?”. Ante esta pregunta, el
político se ha mostrado confundido. “Me sorprendería que si hemos
hecho la inmersión, digamos, fuera de ley durante estos 25 ó 30
años, entonces eso realmente ahora sería chocante”, ha argumentado.
Pero no es el único periodista que se pronuncia con valentía sobre
este asunto. Javier Cárdenas, conductor del programa de radio
‘Levántate y Cárdenas’, ha levantado su voz para criticar duramente
la política de inmersión lingüística. “A mí me parece tremendo que
un padre no pueda decidir en qué lengua quiere que enseñen a su
hijo”, ha dicho. El locutor ha hablado de sus sobrinas para mostrar
la gravedad del asunto. “Incluso la asignatura de Lengua Castellana
la imparten en catalán, es que es de locos”, ha señalado. También se
ha preguntado el porqué de la siutación: “¿Por qué tenemos que ir al
radicalismo? ¿De verdad cuesta tanto que en un colegio se impartan
las clases en catalán y en castellano?”.
Cárdenas ha resaltado la responsabilidad de los partidos nacionales.
“Es una vergüenza que ningún Gobierno central haya tenido los
huevos, y voy a hablar claro, ni el PP con Aznar, que estaba cogido
por los ‘bemoles’ por CiU, ni el PSOE ahora, de acabar con esto.
Pero ni en Cataluña, ni en Euskadi, ni en Valencia, ni en Galicia,
ni en ninguna parte”, ha dicho.
Cataluña
Las víctimas de la inmersión lingüística no
se rinden
Empresarios multados, madres y defensores del castellano explican a
ABC su experiencia. Denuncian que el Gobierno catalán anteponga su
doctrina identitaria a la ley
J. GUIL/M. J. CAÑIZARES / BARCELONA ABC Cataluña 8
Septiembre 2011
En 1981 tenía lugar la primera gran movilización en favor de los
derechos de los castellanohablantes en Cataluña. Se trata del
«Manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos en
Cataluña», conocido popularmente como el «de los 2.300» —cifra
alusiva al número de firmantes— y que vio la luz en plena gestación
de la primera ley de política lingüística impulsada por el Gobierno
de Jordi Pujol y que sentó las bases de la inmersión en las escuelas
públicas.
Treinta años después, los motivos que llevaron a suscribir ese texto
siguen vigentes porque, a pesar de los logros obtenidos por los
defensores del bilingüismo en el terreno judicial, los gobiernos
autonómicos de CiU y del tripartito se niegan a aplicar las
sentencias y mantienen un modelo lingüístico que incluso recoge un
régimen sancionador. ABC ha recabado la opinión de los protagonistas
de esa lucha en favor de la igualdad lingüística, entre los que se
encuentran empresarios multados por no rotular en catalán, madres a
quienes el Tribunal Supremo dio la razón en su derecho a escolarizar
a sus hijos en castellano, un ex concejal que impugnó el reglamento
de usos lingüísticos de su Ayuntamiento y representantes de
plataformas como Convivencia Cívica Catalana e Impulso Ciudadano,
que junto a la Asociación por la Tolerancia, lideran la
reivindicación bilingüista.
Algunas de estas personas han sufrido represalias por abrazar esa
causa en forma de amenazas —Xurde Rocamundi—, pintadas en sus
negocios —Manel Nevot— e insultos —Enrique Abad y Francisco Caja—.
Otras han ganado el pulso judicial —Santos y Gala— mientras que hay
quien está pendiente de sentencia —Rocamundi— o pretenden llegar
hasta el Tribunal de Estrasburgo si hace falta para hacer valer sus
derechos —Nevot—. Ninguno tira la toalla, pero la mayoría se muestra
escéptica respecto a la posibilidad de que, finalmente, las
administraciones cumplan con la ley y el castellano se mida de igual
a igual con el catalán.
Xurde Rocamundi es dueño de una inmobiliaria en Arenys de Mar
(Barcelona) y fue sancionado con 1.200 euros por no rotular su
establecimiento en catalán. Compara el empeño de la Generalitat en
«construir su nación a través de la lengua» con el «talibanismo y el
nazismo», porque «se busca un enemigo exterior, los infieles o los
judíos, que en el caso del gobierno catalán es España o el
castellano». Opina que los tribunales «han hecho algo tan razonable
como trasladar el bilingüismo de la calle a las escuelas»; es decir,
«que tanto el catalán como el castellano sean lengua vehicular, algo
que rechaza el nacionalismo. Y eso no lo entiendo». Rocamundi
critica que esa «sociedad civil» que se moviliza en favor de la
inmersión esté compuesta por asociaciones subvencionadas por la
Generalitat, como Ómnium Cultural.
Feliciana Piris, propietaria de una tienda de tejidos de Barcelona,
también sufre la mordaza que la Generalitat aplica al castellano. En
su caso, una multa de 1.200 euros por rotular en castellano «lanas,
sedas y algodones» al lado del nombre de su tienda, que para más
inri tiene nombre catalán: «Blau marí» (azul marino). También pagó
por poner otros carteles aclaratorios en castellano, como «los hilos
no se cambian», dirigidos a su clientela. Mientras cambia hilos sólo
en catalán, Feliciana espera que «las leyes y la gente que manda
cambien» para que se respete el castellano.
Consuelo Santos, de Sabadell (Barcelona), junto a su marido y sus
dos hijas, es una de las famosas «tres familias» a las que el
Tribunal Supremo dio la razón el pasado diciembre en su petición de
que se garantice el derecho a que el castellano sea lengua vehicular
en las escuelas de Cataluña. Tras la interlocutoria del TSJC que
insta a la Generalitat a acatar los fallos del Supremo, ahora espera
que el Ejecutivo de Artur Mas haga algo. «Algo tienen que hacer. Y
no me voy a conformar con que digan que ahora van a hacer la
asignatura de Gimnasia en castellano», advierte. Consuelo defiende
una escuela trilingüe, en la que el catalán y el castellano estén a
la par, y en las que se refuerce el inglés u otra lengua extranjera.
«Yo pido para mis hijas lo mismo que los presidentes Montilla y Mas
han querido para sus hijos, a los que han llevado al colegio alemán
o al liceo francés», espeta esta madrileña casada con un catalán,
quien denuncia que a su hija mayor la imposición del catalán le ha
impedido sacar mejores notas.
Tras su experiencia parlamentaria como diputado de Ciudadanos, José
Domingo ha cogido las riendas de Impulso Ciudadano, un movimiento
cívico antinacionalista defensor del derecho de los
castellanohablantes que ha ofrecido asesoramiento legal a los
empresarios multados por no rotular en catalán. Califica de
«lamentable» que el Gobierno autonómico catalán no tenga «ningún
respeto por el Estado de Derecho y anteponga la doctrina identitaria
a la interpretación que los jueces hacen de la ley». Recuerda que la
democracia «se basa en la separación de poderes y no se puede
demonizar a los jueces». En este sentido, recuerda que en la defensa
del catalán «no todo vale» y afirma que la negativa del Gobierno
autonómico a cumplir las sentencias favorables al bilingüismo «es
profundamente antidemocrática».
El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja,
comienza a vislumbrar una luz de esperanza para los que reclaman el
derecho a que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza en
Cataluña. La entidad que preside ha asesorado a las familias que
recurrieron al Supremo y a las 500 que han solicitado a la
Generalitat que acate los tribunales. Si Mas y su consejera Irene
Rigau no mueven ficha de aquí al 2 de noviembre, cuando concluye el
plazo que el TSJC les dio para adaptarse a las sentencias, tiene
claro el siguiente paso: se multará a la Generalitat y se denunciará
a Rigau por desobediencia y prevaricación. «Tienen que acatar las
sentencias», exige con denuedo.
Marina Gala, de Tarragona, es la cara visible de otras de las
«familias coraje» de la lucha en defensa del derecho a una enseñanza
en castellano. De las que el Supremo hizo célebres en diciembre.
Ella, junto a su marido Agustín, batalla por sus ocho hijos (aunque
algunos ya han superado la enseñanza obligatoria entre tantos años
de litigios). «Vamos a ir hasta el final», anuncia, tras celebrar la
interlocutoria del TSJC.
Abad es el ex concejal independiente del Ayuntamiento de Sant Pol de
Mar (Barcelona) que recurrió ante los tribunales el reglamento
municipal de usos lingüísticos porque excluía el castellano. El
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dado la razón en una
sentencia que es firme. «Estamos en territorio comanche. El Gobierno
español no tiene agallas para hacer cumplir la Constitución y las
sentencias judiciales a las administraciones autonómica y local»,
asegura.
Lamenta que, siendo mayoría en Cataluña, «los castellanohablantes no
se manifiesten para defender sus derechos». Está convencido de que
la Generalitat nunca aplicará las sentencias «y no pasará nada, tal
como ocurrió con el decreto sobre la tercera hora de castellano».
Para Enrique Abad, «que solo el catalán sea lengua vehicular es
inconstitucional. Eso lo tienen claro los jueces y plataformas como
Impulso Ciudadano o Convivencia Cívica, pero no las administraciones
nacionalistas por puro partidismo».
Toda la actualidad de Local
La consigna es absurda: edúcate en una
lengua para vivir con dos.
Lo realmente curioso es que alguien se sorprenda de que la Justicia
intente corregir algo que contraviene el más elemental sentido común
E. RODRÍGUEZ MARCHANTE ABC Cataluña 8 Septiembre 2011
No sé si habrá muchas familias catalanas que se nieguen a que sus
hijos estudien en las dos lenguas oficiales de Cataluña, el catalán
y el español, lo que sí parece evidente es que hay muchos políticos
catalanes que ven en ello un «peligro», lo cual convierte la
resolución del Tribunal Superior de Justicia Catalana en un problema
esencialmente político que se quiere disfrazar de educativo. Parece
social y políticamente aceptado que en Cataluña hay un bilingüismo
natural y que en la calle conviven sin agresión el idioma catalán
con el español, y eso ocurre en parte gracias a la política de
inmersión lingüística comenzada hace tres décadas, que hacía
necesaria esa (siempre discutible) discriminación positiva, hasta
tocar hueso: ir borrando de un modo más o menos sutil el español de
la educación (del paisaje oficial, en realidad).
Pero igualmente podría asegurarse que en la actualidad ningún niño
catalán que quiera estudiar y «vivir» en catalán tendría alguna
dificultad para ello, lo cual hace aún mucho más discutible esa
discriminación positiva, hasta el punto de que el hueco que se ha
hecho el catalán en la educación (en el paisaje oficial, en
realidad) es asfixiante para aquellos que quieran educarse o «vivir»
en español. Es decir, una sociedad naturalmente bilingüe es obligada
a considerarse monolingüe en un aspecto crucial de su vida como es
la educación.
La consigna es absurda: edúcate en una lengua para vivir con dos. Lo
realmente curioso es que alguien se sorprenda de que la Justicia
intente corregir algo que contraviene el más elemental sentido
común. Sin entrar en lo que significó la inmersión lingüística en su
momento, hoy parece obvio que el sistema educativo de «inmersión en
catalán» no está pensado para servir al ciudadano, sino para servir
a la lengua, o peor aún, a los intereses de los que viven de la
cohetería identitaria. Y el argumento de que el idioma español no se
resiente con esta «política educativa» es tan falaz como cierto: tan
cierto es que el español es un idioma blindado, inatacable, como que
la mayoría de los que queremos que nuestros hijos también (o sea,
TAMBIÉN) estudien EN español no pensamos en la lengua sino en
nuestros hijos, algo menos blindados que el idioma.
El síndrome de Stockholm
Nota del Editor 8 Septiembre 2011
Después de tantos años de conculcación de los derechos humanos y
constitucionales de los ciudadanos español hablantes, muchos se han
olvidado de lo que determina la constitución española: deber de
conocer el español, ausencia de deber de conocer lengua regional
alguna.
Por ello, es penoso ver que ahora se conforman con que les dejen
estudiar algo más en castellano, aunque les obliguen a estudiar la
lengua regional, y piden la igualdad para ambas lenguas, la
española, de la que repito, hay deber de conocer, y de la regional,
de la que repito, aunque el TC diga disparates en contra de la C.E.
y de los derechos humanos no hay deber de conocer.
Cataluña
Prohibición dictatorial del uso de una segunda lengua en la escuela
‘Hemos pasado de la prohibición dictatorial del uso de una segunda
lengua en la escuela a la prohibición democrática de otra lengua en
la escuela, en este caso, el castellano en Cataluña’
Redacción www.vozbcn.com 8 Septiembre 2011
Edurne Uriarte, profesora de Ciencia Política de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, ex miembro de la Ejecutiva autonómica del
PSOE del País Vasco y euskalduna, en un apunte en su blog en Abc,
este martes:
‘Aún recuerdo mi indignación adolescente de cuando mis padres me
explicaban que, aunque mi nombre era Edurne, habían sido obligados a
poner Nieves en el registro porque estaba prohibido poner nombres en
euskera (nací en 1960). Por supuesto, el euskera, mi lengua materna,
estaba proscrito de la escuela. Y, por supuesto también, quienes lo
hablábamos o trasladábamos su acento al castellano éramos tildados
de paletos, entre ellos, por bastantes de los que luego se hicieron
muy nacionalistas.
Y hemos pasado de eso, de la prohibición dictatorial del uso de una
segunda lengua en la escuela a la prohibición democrática de otra
lengua en la escuela, en este caso, el castellano en Cataluña. ¿Qué
diferencia hay entre una y otra prohibición?
Algunos dirán que la diferencia está precisamente en la propia
democracia, puesto que el sistema de inmersión en catalán ha sido
aprobado por el Parlamento catalán. Pero resulta que ese argumento
se cae cuando el Gobierno catalán, antes, y ahora de nuevo, tras el
auto del TSJC obligando al uso del castellano como lengua vehicular
en la escuela, afirma que no va a cumplir la ley. No sólo que va a
recurrir, lo cual entra dentro del método democrático, sino que va a
mantener la inmersión “caiga quien caiga”. O que impedirá el uso del
castellano en la escuela al margen de la legalidad, como sea, cueste
lo que cueste, digan lo que digan las normas democráticas aplicadas
a todos.
¿Dónde está, por tanto, la diferencia con la prohibición franquista?
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