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Recortes de Prensa   Sábado 17 Septiembre 2011

 

Miras cortas
Arturo Moreno www.gaceta.es 17 Septiembre 2011

El proceso de globalización avanza imparable y deja a su paso una cultura de la interdependencia, de impulso a la cooperación internacional, una demanda de instituciones globales para atender a la compleja resolución de los problemas. Uno de los efectos geopolíticos es el aumento de la escala, de la dimensión en que se proyectan las naciones, que se incorporan a bloques políticos superiores con objeto de fortalecer su influencia y condicionar las decisiones.

En España, sin embargo, asistimos a una reivindicación de los grupos nacionalistas. No parece muy razonable que en un periodo en que España demanda unidad, buena fe, sensatez, responsabilidad y altura en los propósitos colectivos, nos distraigamos, cuanto menos, de las acuciantes prioridades nacionales y se propague una imagen de condicionamiento y debilitamiento del ya ahora endeble proyecto nacional. Una de las enseñanzas que nos está dejando esta crisis es que nadie puede adoptar una actitud de indiferencia o de lejanía sobre los asuntos públicos, ni tampoco otorgar primacía al egocentrismo particularista sobre las cuestiones nacionales, que, guste o no, tienen otra escala.

Hace tan sólo unos días, en España se ha procedido a una importante reforma constitucional, con objeto de establecer un razonable compromiso de limitación del déficit estructural y la deuda en la que pueden incurrir el conjunto de las Administraciones Públicas. El presidente del PP ha manifestado que si los españoles le otorgan su confianza, su Gobierno cumplirá con este precepto desde los primeros Presupuestos Generales del Estado, tal y como hizo con éxito su partido en la anterior etapa de Gobierno. Bien, pues esta reforma que pretende reforzar el principio de estabilidad presupuestaria y de disciplina fiscal para ganar la credibilidad y la confianza de los mercados no ha merecido la aprobación de los grupos nacionalistas. Rechazaron la reforma, al no aceptarse el blindaje para sus territorios a través de la aceptación de unas condiciones especiales, paliativas, ventajistas y privilegiadas respecto a otras comunidades, de acuerdo con su particularismo político. La pasión identitaria ciega con frecuencia la lógica de la razón política.

La segunda cuestión objeto de abrupta discusión es la negativa del Ejecutivo catalán a acatar la resolución judicial dictada por el TSJC que declara la compatibilidad del castellano, junto al catalán, como lengua vehicular de la enseñanza obligatoria en Cataluña. En declaraciones posteriores a la sentencia, distintos dirigentes nacionalistas han dejado claro que el nacionalismo parece incapaz de evolucionar, de escuchar otras opiniones, de realizar la más mínima autocrítica, no dejando lugar a la duda, a la reflexión, a la humana equivocación.

Una deriva hacia el empecinamiento, el dogmatismo ramplón, una aversión a los matices, a la diversidad de gamas que admite el debate civilizado, puede conducir al no deseado efecto de que prenda el fanatismo en la sociedad. Es preocupante que no parezcan capaces de reducir sus ancestrales prejuicios y ampliar su visión de las cosas. Da que pensar que ni siquiera consideren que pueden no tener razón.

Resulta paradójico que personas moderadas en muchos otros aspectos puedan llegar a considerar a la sociedad abierta una amenaza por ser susceptible de perjudicar sus rendimientos electorales y, por lo tanto, mitigar su retrotáctil dominio político, económico y social. Es verdad que todavía no hay un clima intelectual preponderante en el interior de la sociedad catalana que, sobre el inequívoco hecho sociológico de un cambio de su realidad social, cada vez más plural y diversa, y del nuevo paradigma globalizador, proponga una renovación conceptual del papel de Cataluña. Creo que es un error no adaptarse a los nuevos tiempos, congelando la realidad o enmascarándola. No integrar en un proyecto común a toda la sociedad es propiciar su división, aislando a una parte, y esto significa perder un potencial formidable.

En un Estado de derecho, los jueces no hacen las leyes. Carece de rigor y de sentido atacarles, porque no sólo la democracia y el Estado de derecho se basan en el respeto a las leyes, sino que como dijo Cicerón, “somos libres porque somos esclavos de la ley”. Pero si los fundamentos democráticos y la lealtad institucional son factores esenciales en el análisis político, no lo es menos el sentido de la responsabilidad personal que deben tener los políticos. Hoy el seny aparece como un elemento casi subversivo, mientras se atisba la presencia de un cierto autoritarismo político que, aunque campe a sus anchas, no debería olvidarse de las enseñanzas de la historia, ni de la limitación que representa en el desarrollo de las iniciativas sociales. Las lenguas siempre deben ser un factor esencial para el entendimiento y la cooperación, no para la confrontación. Deberían ser un elemento para el dialogo, la concordia y la generación de oportunidades. Por último, desde una concepción democrática del poder y la sociedad, nadie debe arrogarse en exclusiva la representación de Cataluña reduciéndola a la identidad nacionalista.

España y Cataluña se necesitan y tienen un largo camino que recorrer juntas. Sería deseable que, fruto de una convivencia abierta, leal y comprensiva, se puedan perfeccionar las relaciones y alcancemos cotas de satisfacción política y de progreso que nos hagan concluir que, efectivamente, ha merecido la pena fortalecer nuestros vínculos. Para ello es necesario actuar con claridad y con el espíritu positivo y constructivo que exige el tiempo que nos ha tocado vivir. No volvamos la espalda al siempre prometedor futuro ni renunciemos a compartir la esperanza.

*Arturo Moreno es abogado.

De sirvientes a señores
carlos ruiz miguel ABC Galicia.  17 Septiembre 2011

Las etimologías guardan siempre maravillosas sorpresas. Una de las etimologías más interesantes es la de la palabra «ministro», particularmente en estos momentos de crisis. Aquí, como en casi todo, los conocimientos clásicos ofrecen una guía segura para tratar los problemas actuales, cuyo olvido sólo produce enormes estropicios. La palabra «ministro» viene del latín «minister» que significa «sirviente». Emparentadas con «ministro» están otras palabras como «menos», «menor», «miniatura» o «minúsculo». ¿Qué ha ocurrido para que los que nacieron como «modestos», «menores» o «sirvientes» se hayan convertido en una casta privilegiada y altiva? La respuesta es que la política ha pasado de ser un «servicio» a ser una salida para vivir muy bien a costa de los demás.

Cuando hablo de «ministros» incluyo a los políticos en sentido amplio: consejeros autonómicos, ediles, parlamentarios, altos cargos en general. No niego que entre ellos pueda haber personas con vocación de servicio, pero parece claro que las normas que rigen la política aprobadas por la mayoría de esos políticos hacen que esa vocación, si existe, quede bastante disimulada. El asunto era menos llamativo en la época de las vacas gordas. Pero ahora tocan las vacas flacas y los políticos disfrutan de una serie de prebendas que resultan inaceptables. Y lo que es peor, el tratamiento que se da a la denuncia de esas prebendas es insultante hacia la ciudadanía.

En Galicia se está discutiendo sobre algunas de esas prebendas: coches oficiales, teléfonos móviles oficiales, etc. Y la respuesta de algunos políticos y periodistas ante esto es bastante escandalosa. No parece de recibo que un periodista critique la laudable decisión de la diputada Carme Adán de renunciar al coche oficial diciendo que eso es una «jugada política». ¡Ojalá todas las «jugadas políticas» fueran así! Más grave aún, si cabe, es la reacción de la presidenta del Parlamento de Galicia mostrando su «disposición» a «llegar acuerdos que abaraten la factura de los coches oficiales». No. La señora Pilar Rojo, como presidenta, debe ser la primera en impulsar un acuerdo no para «abaratar», sino para suprimir esa factura.

Recordaba en este diario Juan Soto el aniversario de uno de los políticos e intelectuales gallegos más importantes de los dos últimos siglos: Pastor Díaz. Y recordaba que él, tres veces ministro, rector, académico y senador vitalicio murió con un modestísimo patrimonio. Y es que Pastor Díaz sabía bien que ser «ministro» era servir y no una vía de conseguir canonjías. Por eso algunos le quieren olvidar. Por eso, otros lo recordamos.

Los jueces también sucumben
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial 17 Septiembre 2011

El IV Barómetro del Consejo General de la Abogacía, presentado el pasado día 13, no deja lugar a dudas: los Tribunales de Justicia siguen perdiendo valoración ciudadana (4,4 puntos sobre diez). El 50% de los consultados en el estudio del CGA considera que la administración de la justicia funciona mal o muy mal en España; ocho de cada diez ciudadanos estima que el Consejo General del Poder Judicial –máximo órgano de gobierno de los jueces— requiere de una “reforma urgente y profunda” y siete de cada diez, además, cree que los nombramientos de sus consejeros están en función de razones políticas y no técnicas. Un barómetro del CIS de julio de 2010 situaba en el 71% el porcentaje de ciudadanos que opinaba que la justicia funciona “poco o nada satisfactoriamente”.

Estos y otros datos no fueron valorados en la deslucida apertura del año judicial celebrada el pasado jueves, acto sobre el que sobrevolaba, no sólo la inédita aunque justificada ausencia del Rey, sino también la abdicación del Consejo General del Poder Judicial en su función de defender la independencia de los órganos jurisdiccionales –paralizado en nombramientos pendientes por causas ideológicas- y el desparpajo partidista con el que la Fiscalía general del Estado es conducida por Cándido Conde Pumpido.

La baja consideración de la justicia no se debe sólo, ni quizás principalmente, a sus carencias técnicas, su escasez de recursos y su desesperante lentitud. Se debe, sobre todo, a la percepción de que los jueces y magistrados han sucumbido ante las presiones políticas que proceden del Gobierno, de la subordinación gubernamental del ministerio fiscal –tantas veces decisivo en el impulso de la acción de la justicia- y de los excesos de jurisdicción del Tribunal Constitucional que se comporta con frecuencia como una instancia de casación de las sentencias del Tribunal Supremo.

La baja consideración de la justicia no se debe sólo, ni quizás principalmente, a sus carencias técnicas, su escasez de recursos y su desesperante lentitud. Se debe, sobre todo, a la percepción de que los jueces y magistrados han sucumbido ante las presiones políticas que proceden del Gobierno

Así ocurrió en la revocación de las sentencia de la Sala del 61 del TS sobre la legalización de las listas de Bildu, o en otros casos, algunos pendientes, como el de la vigencia de la doctrina Parot en el cumplimiento de las penas por los terroristas, y otros de menor repercusión pública. La marcha en excedencia voluntaria del magistrado de la Sala Segunda, Adolfo Prego, uno de los más solventes y reconocidos, no parece haber merecido especiales comentarios. Y ahí duermen el sueño de los justos las causas abiertas contra Baltasar Garzón después de una escabechina de recusaciones y filibusterismos que ponen en duda la solvencia y rigor del máximo órgano jurisdiccional entregado demasiadas veces a sus luchas intestinas.

Pero el episodio de la más lacerante politización judicial se producirá el martes, cuando se reúna el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional para resolver el recurso de apelación de los imputados por el juez Ruz en el caso Faisán, más conocido como el del “chivatazo” a activistas de la banda terrorista ETA, perpetrado en mayo de 2006 presuntamente por el ex director general de la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía de Bilbao, Enrique Pamiés y el comisario de Vitoria, José María Ballesteros.

Ruz considera que los tres han cometido dos delitos: de revelación de secretos y de colaboración con banda armada. La apelación a la decisión del juzgado central debía ser resuelta por la sección segunda de la Audiencia Nacional, cuyos magistrados integrantes, conocidamente, coinciden con el juez instructor del caso.

El extraño papel de Gómez Bermúdez
Sin embargo, haciendo uso de una habilitación muy excepcional, el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez, ha decidido avocar el asunto al plenario, apartando a la sección segunda. Lo hace porque sabe que en la Sala existen posibilidades de que se estime la apelación y una mayoría de magistrados considere que los hechos no constituyen un delito de colaboración con banda terrorista al suponerse que los imputados, pese a revelar secretos, no se adherían a los fines y propósitos de los etarras.

Si así lo decidiera la Sala, el juez Ruz y la Audiencia Nacional perderían su competencia en el asunto y éste continuaría en un juzgado de Irún referido sólo a un posible delito de revelación de secretos. Y como consecuencia, el proceso moriría desde el punto de vista de su relevancia política librando a Antonio Camacho y a Alfredo Pérez Rubalcaba de la responsabilidad política de la comisión por sus subordinados de un delito especialmente grave e infamante.

La maniobra de Gómez Bermúdez es sólo aparentemente legal. No hay en el caso ninguna excepcionalidad técnica que la justifique, más allá del carácter profesional de los imputados y las derivaciones políticas del caso. El Tribunal Supremo ha mantenido el criterio reiterado de que la adhesión a la causa de la banda terrorista no es un elemento esencial del tipo penal del delito de colaboración; que lo esencial es el hecho connivente, más allá de si se participa o no en sus fines. En todo caso, y como el derecho no es aritmética, tendría que ser la sección segunda –que es el órgano jurisdiccional penal predeterminado por la ley— la que resolviese una cuestión de orden interpretativo a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La alteración competencial mediante una arbitraria avocación en pleno proceso, para dirimir un recurso de apelación de carácter absolutamente ordinario, transmite la insuperable sensación de que tanto el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional como algunos otros magistrados tratan de evitar que tanto el actual ministro de Interior, Antonio Camacho, como el anterior, Pérez Rubalcaba, se vean salpicados por un caso tan viscoso y tan grave como “el Faisán”. Correspondía a Gómez Bermúdez haber velado por la normalidad del proceso, más aún cuando estamos inmersos en un proceso electoral en el que una decisión exculpatoria de la Sala Penal de la Audiencia Nacional –que correspondía tomar a su sección segunda— estará contaminada inevitablemente por el recelo de una verosímil manipulación política.

Valga pues este episodio tan poco edificante para resumir un hecho perceptible en el entorno de la administración de justicia: muchos jueces y magistrados han desfallecido, se sienten sin fuerzas ni entereza moral para sostener su independencia al observar el partidismo con el que se designan y actúan determinados magistrados en las más altas instancias jurisdiccionales. De ahí que en la encuesta del Consejo General de la Abogacía con la que iniciaba esta crónica se refleje que el 54% de los consultados opine que el Estado de Derecho en España está en peores condiciones que en el resto de países avanzados. Yo diría que en, algunos aspectos, está por los suelos.

Boicot
El Festival
Maite Nolla Libertad Digital 17 Septiembre 2011

Siempre he pensado que los boicots a bulto son muy injustos. Me refiero a que en San Sebastián tienen culpa de que el alcalde sea de Bildu los que le han votado y los que le han dejado gobernar en minoría. El resto soporta la vergüenza del enjuague de Zapatero, Rubalcaba y los magistrados del Constitucional encabezados por Pascual Sala. Vamos, que aunque sea un hecho objetivo que, catorce años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en San Sebastián gobierna la cara política de ETA –según dice la Policía, la Guardia Civil, la mayoría de magistrados del Supremo y la minoría del Constitucional–, de eso, más de la mitad de los que pueden votar en San Sebastián no tiene ninguna culpa. Ya sé que la comparación igual no está muy bien traída, pero ahora que cada vez más gente dice que entregaría la independencia a Cataluña con un lazo, los que vivimos y votamos aquí y no estamos por la cosa secesionista nos acordamos de los familiares y amigos de los que han estado treinta años considerando a Pujol un gran hombre de Estado. Porque, como dice Boadella, los mayores defensores del nacionalismo catalán están en Madrid. Aunque sean cuestiones distintas, el sentimiento debe ser parecido al que parte de la población debe tener en San Sebastián con Pascual Sala.

Por eso, con el festival de cine de San Sebastián supongo que hay que encontrar el equilibrio entre no ser injustos y no hacer como si las cosas que pasan no pasaran. Me refiero a que difícilmente veremos a una directora pidiendo no hacerse la foto con el alcalde por sus declaraciones o a la ministra de Cultura negándole el saludo. Y como no hay que ser injustos hay que recordar que al alcalde de Valladolid lo trataron como si fuera un criminal de guerra o un maltratador por su comentario grosero sobre Leire Pajín. Grosero y de mal gusto, aunque no lo era menos que el de Elena Valenciano cuando dijo que el obispo de San Sebastián tenía un "aspecto físico desagradable". La diferencia es que a la número dos de Rubalcaba no le montaron una concentración de teresianas en Ferraz. El caso es que por lo de los "morritos", Antonio Banderas e Icíar Bollaín, entre otros, se hicieron los muy ofendidos. El equipo entero de También la lluvia no quiso salir en la foto con León de la Riva, y, como culminación de aquella charlotada, la señora Sinde se negó a saludar al alcalde de Valladolid, en un acto de valentía sin precedentes, cuyo vídeo se encargaron de pasar una y otra vez en sus canales habituales. Iba a hacer una comparación bien traída, pero mejor no sigo.

ETA
La derrota moral del terror
Ignacio Cosidó Libertad Digital 17 Septiembre 2011

La victoria sobre el terrorismo es esencialmente una victoria moral. Por eso es fundamental que la desaparición del terrorismo tenga como base el reconocimiento de culpa por parte de los asesinos y el resarcimiento moral de sus victimas. Lo contrario puede significar que el terrorismo desaparece porque considera que ha vencido moralmente, que ha logrado los objetivos políticos por los que practicaba su actividad criminal y que, en este nuevo estadio, la lucha violenta debe dar paso a una fase de lucha política en la que sus metas puedan ser culminadas.

La sociedad española ha soportado demasiado sufrimiento por la acción criminal de ETA como para poder conformarse con un empate moral con la banda terrorista en la que sus victimas sean equiparadas a las supuestas víctimas de la acción del Estado en la lucha contra el terror. La violencia terrorista es intrínsicamente perversa, mientras que la acción del Estado, en el marco del Estado de Derecho y de la legitimidad democrática, es una exigencia política y ética.

Resulta absolutamente inaceptable que el Gobierno vasco acceda en el denominado Día de la Memoria a equiparar ambos tipos de victimas. Es una grave ofensa a las victimas reales y, de alguna forma, viene a equiparar la lucha democrática contra el terrorismo con la acción criminal de los terroristas. Espero que el Partido Socialista reconsidere su posición y no apoye la pretensión de quienes en última instancia pretenden dar una coartada moral y una justificación histórica a los terroristas.

El Gobierno y la Fiscalía están obligados, además, a perseguir todas aquellas expresiones de apoyo a los terroristas que cumplen condenas por los crímenes cometidos, las justificaciones públicas del terrorismo o la negativa a condenar de forma clara y contundente sus crímenes, hechos que por desgracia se prodigan cada vez más, amparados y protagonizados por los representantes políticos de los terroristas a los que incompresiblemente se les han vuelto a abrir las puertas de las instituciones democráticas.

La gran eficacia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han llevado a ETA a un momento de gran debilidad criminal, pero su presencia en las instituciones democráticas está brindando a los terroristas una renovada fortaleza política. La desaparición de ETA no puede hacerse a costa de entregar el poder a sus representante políticos, de ceder aunque sea parcialmente en sus reivindicaciones totalitarias, ni de rehabilitar históricamente su acción criminal. Es esencial que en el final de ETA mantengamos principios muy firmes para poder lograr una verdadera derrota moral del terror a la que la inmensa mayoría de los españoles aspiramos y que debemos, desde hace ya demasiado tiempo, a las victimas.
Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.

Conflicto
Rajoy se escabulle del asunto lingüístico en Cataluña
Suaviza el tono, receta moderación y considera que el tema 'se ha sobredimensionado'
Europa Press www.lavozlibre.com  17 Septiembre 2011

Madrid.- El líder del PP, Mariano Rajoy, ha suavizado este jueves el tono de su partido con Cataluña para abonar su apoyo tras un hipotética victoria electoral en las generales, y ha evitado enconar el debate sobre temas como el concierto económico catalán o la imposición lingüística.

En su intervención en el marco del almuerzo organizado por Barcelona Tribuna, ha recalcado que por mucho que su partido se imponga por mayoría absoluta, como vaticinan muchas encuestas, un gobierno comandado por el PP no gobernará de espaldas a la sociedad y tendrá muy presente a sectores como los agentes sociales.

Preguntado por el anticatalanismo, ha destacado que sería "disparatado y de una irresponsabilidad manifiesta" tensar las relaciones entre Cataluña y España, y se ha comprometido a no agravar los problemas que puedan existir actualmente.

Rajoy ha apostado por un discurso pragmático, y ha precisado que lo que realmente debe primar en las relaciones entre ambos territorios es la recuperación económica. Además, en relación a la imposición lingüística, el candidato ‘popular’ también ha rehusado radicalizar el discurso popular y ha optado por un papel conciliador recetando moderación y voluntad de entendimiento para solucionar el conflicto.

“Los elementos de discordia se ha sobredimensionado”, respondió Rajoy, evitando polemizar. Y se refirió a la "moderación y a la voluntad" como camino para el entendimiento. "Las ganas de entenderse, y yo las tengo y las tendré", añadió, poniendo el énfasis en "lo que nos une y no en lo que nos separa".

Repetidas por el nacionalismo
Las diez falacias sobre la política lingüística
El auto del TSJC sobre la Inmersión reaviva las mentiras de los nacionalistas.
Mariano Alonso Libertad Digital 17 Septiembre 2011

1-El catalán es la lengua mayoritaria en Cataluña
Según las encuestas de la propia Generalidad, es la lengua habitual para el 35% de los ciudadanos de esta región. Un 10% menos que en 2003, cuando el Tripartito relevó a CIU en el Gobierno.

2-Las sentencias de los tribunales obedecen a reivindicaciones minoritarias de unas pocas familias
Las tres sentencias del Tribunal Supremo de diciembre de 2010 se refieren, efectivamente, a denuncias concretas de tres familias en particular. Pero no son las únicas familias que han mostrado su oposición a la política de inmersión lingüística. Desde los miles de profesores de secundaria que abandonaron Cataluña en los primeros Gobiernos de Pujol, la respuesta ciudadana a las políticas sobre la lengua del nacionalismo ha sido importante desde el punto de vista numérico. Baste citar el Manifiesto de los 2.300 de 1981 suscrito por intelecutales y profesores o, más recientemente, las 50.000 firmas recogidas por el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, en contra del sistema de inmersión.

3-La oposición a la inmersión responde a razones partidistas.
Al margen de lo dicho en el punto anterior, ocurre más bien al contrario. Han sido los movimientos nacidos en la sociedad civil los que han espoleado a los partidos políticos a tomar postura e incluso a nacer. De lo último da ejemplo la creación de Ciudadanos en 2006, fruto de una plataforma de intelectuales ajenos a las siglas partidarias, como Albert Boadella o Francesc de Carreras. Y de lo segundo se podrían citar muchos casos, pero hay una imagen que vale más que mil palabras: la de Alicia Sánchez Camacho junto a Francisco Caja presentando el pasado junio una instancia en la consejería de educación catalana para que su hijo sea educado en castellano y catalán. Un gesto que repitieron centenares de familias.

4-Se permite la educación en castellano
Para no decir la verdad, los nacionalistas suelen hablar de enseñar el castellano, en lugar de en castellano. El matiz no es superfluo, ya que lo primero se cumple en la actualidad. Basta con que se imparta la asignatura de Lengua Española, que forma parte del examen de selectividad, y sin ni siquiera llegar a la tercera hora que pretendió imponer un decreto del Gobierno central. Enseñar en castellano, por tanto, implicaría impartir en esa lengua varias asignaturas relevantes, como por otra parte se hace en los colegios de élite a los que acuden los hijos de muchos nacionalistas.

5-Los alumnos catalanes tienen un buen nivel de castellano.
Lo que tienen son unos buenos resultados en la prueba de selectividad. En unas pruebas que son mucho más fáciles que las de lengua catalana, pues así las diseñan las propias universidades de Cataluña, con autonomía para ello. Como relató en un artículo en ABC Xavier Pericay, en una de las pruebas se les daba a los examinados un texto de Miguel Delibes y se les hacía la siguiente pregunta: "Escriba todos los nombres de animales que se citan en el texto y clasifíquelos en aves y no aves". Juzgue el lector si es necesario estudiar todo un curso para terminar sabiendo distinguir a un gorrión de un perro. Por lo demás, si fuese cierto que el hecho de que los niños escuchen el castellano en la televisión o en la radio, además de en la calle, les hace competentes en ese idioma habría que preguntarse, por ejemplo, por qué los escolares ingleses se educan en la lengua de su majestad teniendo a mano la BBC.

6-La inmersión garantiza la cohesión social
No parece que lo haga si el niño cuyos padres quieren educación en castellano tiene que ser atendido al margen de sus compañeros. Tratamiento que consiste en explicaciones discrecionales en castellano por parte del profesor señalando al alumno del resto de sus compañeros. Al menos, así reconocen los nacionalistas que sucede. Tampoco si el que acaba de llegar a la región catalana, o está de paso, no puede expresarse oralmente y por escrito en la lengua vehícular de la enseñanza, o si hasta en los recreos se impone el catalán y se excluye el castellano.

7-Es un modelo integrador para los inmigrantes
Al margen de lo que ocurre en la escuela, el nacionalismo ha intentado extender la inmersión a otros ámbitos. Buena prueba de ello es la Ley de Acogida que el año pasado recurrió ante el Tribunal Constitucional la Defensora del Pueblo a instancias del entonces diputado José Domingo. La norma, aprobada con la oposición del PP y Ciudadanos, aseguraba que el inmigrante debe alcanzar las competencias básicas en catalán y castellano, si bien precisaba: "...el catalán, como lengua propia de Cataluña (el concepto que introdujo el nuevo Estatuto), es la lengua común para la gestión de las políticas de acogida e integración" y añadía "el aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios de primera acogida empieza por la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana"

8-La señalización viaria respeta el bilingüismo
Los espectadores de Libertad DigitalTV recordarán la cara de pasmo del ex alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, cuando una redactora de esta cadena le preguntó por qué el consistorio prefería no cobrar muchas multas de tráfico a establecer una señalización bilingüe en la Ciudad Condal. El entonces primer edil, del PSC, atribuyó la pregunta a las obsesiones de determinada prensa y aseguró que nunca se le había quejado un ciudadano por esta cuestión. Lo cierto es que en Barcelona no se respeta el bilingüismo en las señales viarias y eso permite recurrir con éxito las multas.

9-El catalán no sobreviviría sin discriminación positiva
En este punto el nacionalismo no deja de caer en una cierta contradicción. Pues si el catalán necesita de la discriminación positiva para existir, como dicen, parece difícil sostener al mismo tiempo que ya es la lengua mayoritaria en Cataluña y que de ahí su preeminencia en la escuela pública.

10-Existen prácticas de discriminación del catalán, particularmente en los medios de comunicación
Cualquiera que haya frecuentado las ruedas de prensa políticas en Madrid habrá observado que el catalán es un idioma muy hablado en los corrillos. Algo lógico dada la gran cantidad de periodistas que trabajan en medios de Cataluña, muchos de los cuales emiten en la lengua catalana. Más allá de la anécdota, cualquier espectador de televisión en España puede escuchar declaraciones en catalán, convenientemente subtituladas, de protagonistas de la vida política o social. Por ejemplo muchas de las palabras públicas del entrenador del Barcelona, Josep Guardiola. Sin embargo, la obsesión por excluir el castellano llevó a TV3 a establecer en su libro de estilo que los mensajes de móvil con los que el público participa en determinados programas se tradujesen de manera automática al catalán.

Deuda autonómica récord
EDITORIAL El Correo 17 Septiembre 2011

La deuda conjunta de las comunidades autónomas aumentó el 23,5% en el segundo trimestre de 2011 hasta sobrepasar los 133.000 millones de euros (el 12,4% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica registrada, según datos del Banco de España publicados ayer. Y no ha dejado de crecer desde 1995, a pesar de los compromisos cada vez más solemnes de contención del gasto.

La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda entre abril y junio fue nuevamente Cataluña, con 38.530 millones de euros, el 28,9% del total de la deuda autonómica conjunta; Euskadi, con 5.382 millones, es la séptima e términos absolutos, pero es la segunda menos endeudada en relación con su propio PIB (7,9%).

En total, la deuda total de las administraciones públicas aumentó un 16,5% en el segundo trimestre al situarse en 702.806 millones de euros, el 65,2% del PIB, algo más de cinco puntos por encima de los límites de convergencia suscritos en el Tratado de Maastrich pero muy por debajo de la media comunitaria en este momento. No cabe duda, en cualquier caso, de que la contención del débito autonómico será uno de los retos a los que tenga que enfrentarse con toda contundencia el Gobierno que surja de las elecciones del 20N.

Cataluña
Puigcercós destaca de la obra de Montilla que respondía en catalán cuando le preguntaban en español
Redacción www.vozbcn.com 17 Septiembre 2011

El presidente saliente de ERC, Joan Puigcercós, ha defendido este viernes la labor de José Montilla (PSC) al frente de la Generalidad de Cataluña. En una entrevista emitida en TV3, Puigcercós ha destacado la posición del primer secretario del PSC en contra de la tercera hora de lengua castellana en las escuelas y el hecho de que respondiera en catalán a las preguntas que le hacían en castellano en el Parlamento autonómico:

“En un tema tan complicado como el de la tercera hora [semanal de castellano en las escuelas públicas de Cataluña], el [ex] presidente [autonómico] Montilla estuvo más en su sitio que, incluso, el consejero de Educación de este Gobierno [autonómico], Ernest Maragall. [...] Yo recuerdo, y para mí es un motivo de satisfacción como catalán, las sesiones de control parlamentario, cuando desde el PP o desde el Grupo Mixto, Ciudadanos, en este caso, preguntaban sobre la inmersión lingüística [obligatoria] o sobre la normalización del catalán en temas como la Ley del Cine o el Código de Consumo al presidente de la Generalidad. La respuesta contundente del [ex] presidente [autonómico] Montilla contestando en catalán al señor Rivera, que preguntaba en castellano, para mí es el paradigma de lo que a mí me satisface“.

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Justicia contra ETA
El Editorial La Razón 17 Septiembre 2011

Que un terrorista sea condenado por un tribunal tras un proceso con todas las garantías es siempre una victoria del Estado de Derecho y una derrota de los enemigos de la democracia y de la libertad. Por esa razón es tan positiva la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el «caso Bateragune». El fallo ha sentenciado a sendas penas de diez años de prisión al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y al ex secretario general del sindicato proetarra LAB Rafael Díez Usabiaga por un delito de integración en organización terrorista en grado de dirigentes y por haber intentado reconstruir la ilegalizada Batasuna a las órdenes de ETA. Los jueces han considerado probado que los condenados estaban «integrados» en la banda y actuaban «en plena connivencia con ella» para «planificar y gestionar la nueva estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas, en aras de la culminación del proceso independentista». La sentencia ha recordado además una circunstancia esencial para quienes defienden hoy que Otegi es un hombre de paz, que se ha distanciado de las consignas y la disciplina de ETA y que representa algo así como la única esperanza de un tiempo sin violencia terrorista en el País Vasco. Efectivamente, se cometería un gravísimo error si no se tuviera en cuenta, como refiere el auto, que Otegi nunca condenó la violencia terrorista en su etapa como miembro de la comisión de coordinación designada por ETA para controlar Bateragune y que sigue sin pedir la desaparición de la banda.

La exacerbada reacción del nacionalismo vasco, con Bildu y el PNV a la cabeza, demuestra no sólo su escaso o nulo respeto por las resoluciones judiciales y su escasa convicción democrática, sino que también prueba que aguardaban un fallo político en la línea con la legalización de Bildu en el Tribunal Constitucional. Por el contrario, es una satisfacción para quienes creemos en el Estado de Derecho una sentencia dictada por magistrados profesionales que se han guiado por el principio de legalidad en la valoración de las pruebas. Habría que recordar a aquellos que criminalizaron ayer al tribunal, que el mismo Otegi fue absuelto en otros dos procesos. Siempre es una garantía que la Justicia no actúe al dictado de nadie. Cuando no es así, cuando algunos se manchan las togas con el polvo del camino, se hace un flaco favor al Estado de Derecho.

La condena a Otegi y Díez Usabiaga ha llegado en un momento delicado para la lucha contra ETA y la convivencia en el País Vasco, con Bildu en las instituciones y Sortu en camino del Constitucional. Las soflamas nacionalistas y la amenaza de las movilizaciones por parte de Bildu no son más que manifestaciones que avalan la tesis de que todo es ETA y que, por tanto, habría que actuar contra aquellos que participan del proyecto totalitario y liberticida. Hay que recordar hoy que Díez Usabiaga, dirigente de ETA, fue mentor público de Sortu y Bildu. Sacar a los voceros de los terroristas de las instituciones debe ser un objetivo prioritario de la nueva etapa política tras las elecciones generales. Sería una temeridad olvidar que, como recordó la Fiscalía esta semana, ETA mantiene operativa toda su estructura con comandos en España y Francia y que la condena a Otegi, como adelanta hoy LA RAZÓN, ha frustrado la estrategia diseñada por la banda.

Dura condena
EDITORIAL El Correo 17 Septiembre 2011

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional, condenando a Arnaldo Otegi y a Rafa Díez Usabiaga a diez años de cárcel por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigentes, y a ocho años de prisión a Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto por la primera de las imputaciones, juzga hechos y conductas que se remontan a finales de 2008 y principios de 2009. El relato judicial considera que los ayer condenados con dureza formaron parte en esos meses de una estructura a través de la cual ETA trató de supervisar la actuación de las diversas organizaciones de la izquierda abertzale dirigiendo sus pasos y orientando el debate suscitado en su seno tras la ruptura de la tregua de 2006.

Parece demostrado que en ese tiempo las relaciones entre el núcleo etarra y los dirigentes de la extinta Batasuna mantuvieron una tensión contenida, pero sin adoptar la forma de una ruptura expresa que pudiese llevar al Tribunal a tenerlo en consideración. El juicio emitido sobre aquel momento se proyecta sobre el presente y condiciona el futuro inmediato tanto de la izquierda abertzale como de la política vasca en su conjunto. La amenaza etarra no se desvanece por el hecho de que la trama terrorista declarara un alto el fuego permanente. La exitosa iniciativa de la izquierda abertzale de recuperar la legalidad de facto mediante la coalición Bildu tampoco despeja los recelos y las dudas que suscita su obediencia a un pasado tenebroso.

Pudiera darse el caso de que el Tribunal Constitucional concediera carta de naturaleza al registro de Sortu como partido legal, y los condenados cuentan ahora con la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo una resolución no exenta de fallas argumentales sobre la propia naturaleza de Bateragune. Pero el crédito democrático de la izquierda abertzale, que continúa resistiéndose siquiera a deplorar retrospect ivamente el uso del terror, en ningún caso subirá enteros si opta por instrumentar la sentencia de ayer para recabar votos victimistas de cara a las próximas citas electorales y así soslayar la responsabilidad que le atañe directamente en poner fin a la persistencia etarra.

Justicia pendiente
El Editorial La Razón 17 Septiembre 2011

La más que probable última apertura de Año Judicial bajo la actual administración socialista permite un análisis con perspectiva sobre la evolución de la Justicia en estas dos legislaturas. Inmersos en un debate endémico sobre la modernización de las estructuras y la despolitización del aparato judicial, la realidad es que los gobiernos del PSOE no han mejorado el funcionamiento de la administración de Justicia ni la confianza de los ciudadanos en un sistema cuestionado.

Tras ocho años de mandato de la izquierda, la Justicia se ha desgastado en polémicas estériles y en guerras que no eran suyas, mientras se sometía a una instrumentalización política indeseable que la desgastaba. Más allá de la capacidad y la profesionalidad de la mayoría de jueces, fiscales y demás personal que sostienen el edificio judicial, la opinión pública otorga hoy su peor valoración a este Poder del Estado.

Una encuesta reciente del Consejo General de la Abogacía Española era concluyente. Nueve de cada diez españoles entienden que es el momento de acometer una «gran reforma de la Justicia», a través de un pacto de Estado. En este último año ese desapego de los ciudadanos ha corrido en paralelo a la desafección hacia los políticos. En buena media porque el principal pero ha sido su politización. También porque algunos gobiernos o instituciones han demostrado un escaso respeto por los tribunales, con actitudes de desobediencia insólitas. La insumisión de la Generalitat frente a los autos sobre la libertad lingüística y los titubeos de los mismos tribunales frente a esa actitud han debilitado una imagen ya mermada.

Ello explica que el 76% de los españoles crea hoy que en la práctica la sentencia es papel mojado. En este sentido, las palabras de Carlos Dívar, presidente del Supremo, en la apertura del Año Judicial, en las que aseveró que «las decisiones judiciales deben ser respetadas por las instituciones», no hacen sino poner de manifiesto la anormalidad democrática de ignorar a los tribunales y la complacencia que rige para una determinada clase de políticos. Dos varas de medir suponen agravio y no mejoran la impresión ciudadana.

Tampoco lo hace que se perturbe la naturaleza de la organización judicial. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un problema por sus pendencias con el Supremo. La legalización de Bildu supuso el cénit de la deslegitimación del TC, decidido a atropellar el espíritu constitucional y a degenerar en tribunal de casación frente al Supremo. Sin duda, el Constitucional, al igual que otros órganos como el Consejo General del Poder Judicial o la propia Fiscalía General del Estado, han sufrido un retroceso en credibilidad por la injerencia creciente de la clase política.

La Justicia tiene una catarsis pendiente que debe contemplar desde su modernización y dotación hasta el blindaje de una independencia real y no retórica que acabe con la imagen de los órganos judiciales convertidos en rehenes de la aritmética parlamentaria. El PP tendrá la obligación de promover una reforma, preferiblemente pactada, que permita a la Justicia cumplir con lo que los ciudadanos necesitan y esperan.

Otegui y Bildu son lo mismo
Editorial www.gaceta.es 17 Septiembre 2011

Nacionalistas y socialistas suelen estar empeñados en olvidar, y en hacernos olvidar, que el problema de Batasuna –la causa de que haya sido ilegalizada– no es que sea una formación política secesionista, sino que forma parte de la estructura terrorista de ETA.

Del mismo modo que la banda necesita de comandos o de un aparato de financiación para desarrollar sus actividades criminales, también hace uso de una formación política pantalla para proveerse de dinero, información y plataformas propagandísticas. Si es del todo lógico que se persiga y se sancione a los etarras que buscan reconstruir su entramado logístico, también lo debe ser que se persiga y sancione a los etarras que buscan restablecer su aparato político.

Así lo ha entendido la Audiencia Nacional, que ha condenado a 10 años de presión a Arnaldo Otegui y a Rafael Díez Usabiaga por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna a través del grupo Bateragune. Al cabo, según la Audiencia, Otegui y Usabiaga actuaban “en plena connivencia y siguiendo las superiores directrices de ETA”, lo que obviamente justifica su condena por colaboración con banda armada.

Lo que debería suponer una señal de absoluta normalidad democrática se convierte, sin embargo, en una decisión polémica cuando una parte del arco parlamentario pretende que las resoluciones judiciales se sometan a sus estrategias y preferencias políticas. Fue el actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien mejor resumió el deseo de nuestros mandatarios por implosionar la separación de poderes cuando allá por 2006 dijo, a propósito de la paz sucia con ETA, aquello de que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”.

Algo similar quiso expresar ayer el lehendakari vasco Patxi López. De acuerdo con el socialista, la sentencia “ha podido generar desconcierto en algunos sectores de la sociedad, dada la situación política que estamos viviendo en Euskadi”. En otras palabras, los pasteleos entre algunos políticos y ETA deberían justificar, a juicio de López, que los tribunales también sometieran sus sentencias ante los pistoleros.

Afortunadamente, no ha sido así, pues, en ocasiones, el Estado de derecho todavía sigue imperando en nuestro país. Con todo, la resolución de la Audiencia Nacional también pone de manifiesto el atropello al orden jurídico que llevó a cabo el Tribunal Constitucional hace unos meses cuando, por mandato socialista, permitió que Bildu se presentara a las elecciones municipales y que, como consecuencia, obtuviera la Alcaldía de San Sebastián y la Diputación de Guipúzcoa. Es incomprensible que una formación que claramente responde a las necesidades estratégicas de ETA haya sido legalizada mientras que ahora se condene a Otegui y Usabiaga por haber querido constituir un partido con idéntica finalidad.

Esperemos que después de esta sentencia, el Constitucional no tenga la desvergüenza de volver a enmendarle la plana al Supremo y legalizar Sortu.
Puede que esta medida sea una de las condiciones que la banda le ha impuesto al Gobierno para brindarle un comunicado antes de las elecciones, pero su infamante comportamiento no debería volver a repetirse. Al contrario, lo que deberíamos replantearnos es si, a la luz de las crecientes evidencias, Bildu puede seguir siendo legal. La condena de Otegui nos demuestra que ETA nunca ha cejado en sus intentos de estar presente en las instituciones, y con Bildu de momento lo ha conseguido… gracias al visto bueno del Partido Socialista.

El cachondeo de Bildu y la triste impunidad
Pepe Álvarez de las Asturias www.elsemanaldigital.com 17 Septiembre 2011

Mientras el presidente zombi espera anhelante el momento de dedicar lo que le queda de vida a supervisar las blancas nubes (en su mundo de fantasía no existen nubes grises) recostado en una hamaca en su flamante chaletito leonés, junto a su señora y sus góticas niñas; mientras el candidato Pérez continúa su particular tour "porque soy listo" por todos los rincones del país y de El País (y de RTVE, y de EFE y de etc.), repartiendo demagogias económico-justicieras a diestra y (sobre todo) siniestra; mientras la ministra Salgado va pidiendo limosna por las esquinas de Europa y el ministro Pepiño se va durmiendo por las esquinas patrias y al resto de ministras y ministras ni están ni se les espera; mientras la justicia, la fiscalía y la abogacía del Estado han cogido ya definitivamente el sueño de los justos y han entrado en la fase REM más insondable, en la inconsciencia más inconsciente… hay unos que no se dedican a supervisar nubes en su caserío, ni a parodiar a Robin Hood, ni a pedir limosnas por Europa, ni a dormirse siquiera un minuto, ni mucho menos a entrar en fase REM salvo, quizá, en lo que respecta a su conciencia. Ellos (y ellas) sí están, siempre están; y nunca se les deja de esperar. Y no defraudan, la verdad. Siempre cumplen las peores expectativas.

Ahora, además, lo hacen con descaro, recochineo, rechifla y reguasa. O sea, que se descojonan de nosotros en nuestra cara con total y absoluta impunidad. Y ése es precisamente el quid de la cuestión. La impunidad. Antes lo hacían con rabia, con odio, con miedo (más de uno se hizo caquita en los pantalones), incluso cubiertos con capucha. Pero es que ahora lo hacen de chirigota, disfrazados de guardia civil, policía nacional, falangistas, legionarios y Rey de España. Así fue la jocosa bufonada que organizaron las cuadrillas de la villa navarra de Alsasua, con la bendición de la simpática alcaldesa bilduetarra, Garazi Urrestarazu Zubizarr-eta, y la complicidad del pueblo en pleno. Una risa, oiga.

Al más puro estilo NO-DO, los katxondos katxorros de Alsasua se chotearon de las fuerzas de seguridad, del ejército, de la Iglesia (el paso era una muñeca hinchable sobre una cruz) y del Jefe del Estado, ambientados con esvásticas, banderas nazis, brazos alzados, discursos fascistas y vivas a España con el consiguiente "¡una, grande, libre!", desde la balconada del ´Gure Etxea´ (de propiedad municipal) comparando el evento con la situación actual de los oprimidos vascos y las oprimidas vascas; y para rematar el cachondeo, dos encapuchados –estos sí- denunciando la "asfixiante presencia de los cuerpos policiales", a los que que ni se les quiere ni se les necesita y, por si las dudas, desplegando una inmensa pancarta con un contundente "¡Que se vayan a hacer ostias!" (con perdón).

Esto sucedió el 3 de septiembre y, que se sepa, ni el fiscal general, ni la justicia, ni el gobierno foral, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni el ministerio de justicia, ni el de interior (¡ja!), ni el TS, ni la AN ni el ejército ni yo qué sé quién más ha movido un dedo ni siquiera para señalar a los katxondos katxorros de Alsasua y decirles "¡chicos malos!" Ná de ná. Impunidad total, oiga. Aquí lo de nemo me impune lacessit ("nadie me ofende impunemente") que reza el escudo escocés, como que no. Normal, teniendo en cuenta que el propio TS ha legalizado al brazo político de ETA y les ha llenado los bolsillos de pasta gansa, pagada por usted y por mí. Y claro, esto es lo que pasa cuando el niño te pide una chuche y tú le das una bolsa de chuches de 7 kilos, le llevas a Disneylandia, le abres una cuenta ahorro y le compras un descapotable para cuando sea mayor. Y cuanto peor se porta, más le das. Para que no se enfade, la criatura. Y es que la impunidad es la mejor invitación al delito.

Y así llevamos desde el 22M. Con Bildu choteándose en nuestros morros con todo tipo de provocaciones, declaraciones, festejos, homenajes, reivindicaciones, comilonas, recepciones y farras varias, dejando nítida y cristalina su relación con la serpiente (como si no lo supiéramos de antes), que por cierto acaba de corroborar la AN condenando a Otegui y Usabiaga por pertenencia a banda armada. Y aquí no pasa nada. Pero nada de nada. Y Bildu en la impunidad y el choteo. Y la Guardia Civil en la calle, manifestándose contra el acoso. Y aún nos queda Sortu.

Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo. Ahí estamos, amigo Sófocles, ahí estamos.

¿Qué ‘coherencia’?
Javier Nart www.gaceta.esc 17 Septiembre 2011

Para los nacionalistas la inmersión lingüística sería el eje vertebrador-integrador de la sociedad catalana, abominándose del castellano como lengua covehicular.

Santo y bueno. Otra cosa sea que una gran mayoría de la inmigración cometa el nefando pecado de hablar español, ya que es de origen hispanoamericano. Pero progresivamente para eso está la escuela, para evitar separaciones por comunidades mediante el beatífico remedio de la lengua propia: el catalán… El castellano sería la impropia.

También se dice con resultados científicos en mano que es una falaz mentira que los niños beneficiados de la inmersión lingüística tengan peores resultados académicos en lengua castellana que quienes estudian en esa lengua. Doctos expertos en Pedagogía demostrarían que los niños inmigrantes obtendrían resultados semejantes e incluso mejores que los de Burgos o Cáceres aunque provengan de Ecuador o Bolivia y su lengua no sea la catalana. También debería ser verdad que el nivel de castellano de los alumnos de Cataluña fuera superior al de sus compañeros de Valladolid.

Dicho lo cual, pongámonos mano a la obra: dado que la inmersión en catalán propicia un mejor castellano, no perdamos el tiempo y hagamos inmersión en castellano… para que los hijos del nacionalismo integrador puedan hablar un mejor catalán. Y, con carácter inmediato rescatemos a tanto niño desestructurado que padece nefandas escuelas donde se pone en riesgo su integración nacional en Cataluña al ser el idioma en las aulas el castellano, el catalán y una tercera lengua extranjera (alemán, francés o inglés).

Me refiero, lo que son las cosas, a los hijos del actual presidente de la Generalitat y del anterior que no gozan de la inmersión lingüística integradora, sino de desintegradoras escuelas como el Colegio Alemán o Aula. O sea, que quienes más gritan son los que no actúan como predican.

Para los demás, inmersión; para sí mismos, dos lenguas vehiculares... de las que, públicamente, abominan.

Inmersión y submarinismo
Matías Alonso www.vozbcn.com 17 Septiembre 2011

Estos días, tras el remolino provocado por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que conmina a la Administración autonómica catalana a cumplir tres sentencias del Tribunal Supremo, solo se habla de inmersión. La escuela pública catalana, de la mano de los gobiernos de sesgo nacionalista que han ostentado el poder en esta Comunidad Autónoma desde el advenimiento de la democracia, ha ido migrando, con paso firme y decidido, a lo que se conoce como modelo de inmersión lingüística.

El supuesto ataque frontal al catalán que representa un simple requerimiento judicial para que se respeten los derechos de unos padres que han tenido el valor y la santa paciencia de enfrentarse al régimen, se ha convertido en un toque de generala en el que todas las fuerzas nacionalistas, incluidas aquéllas que dicen ser catalanistas como es el caso del PSC, han cerrado filas “en defensa del català“. Porque, además, “el català està en perill” puesto que solo el 40% de los ciudadanos de Cataluña tienen como primera lengua el idioma propio, el catalán, en contraposición al 60% que tienen como primera lengua el idioma impropio, es decir, el castellano.

La realidad social catalana es la que es: Què hi farem! Y lo viene siendo desde hace siglos. En Cataluña hay dos lenguas propias, que además son cooficiales en virtud del ordenamiento jurídico que da sustento a nuestro Estado de derecho. Y de eso se trata, de que estamos en un Estado de derecho, aunque algunos que viven de él lo lleven tan mal como aparenta. La inmersión lingüística obligatoria que se aplica en el modelo educativo catalán no tiene los treinta años de vigencia que continuamente se le atribuyen. Este modelo de inmersión, que solo afecta al 60% de los niños catalanes cuya lengua materna es el español o castellano, toma carta de naturaleza a través de la vigente Ley de Educación de cataluña (LEC), promulgada en base al Estatuto de Cataluña de 2006, antes de ser corregido en la cuestión lingüística por la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 de 28 de junio.

Se habla de las bondades del sistema de inmersión lingüística, que realmente no aplica al 40% de los niños que “viuen en català“. Se compara su aplicación con los modelos aplicados en otros países, como es el caso de Suecia, cuando no resisten comparación alguna. Se dice que es “en defensa del català” cuando la realidad, también reconocida por la propia consejera Rigau, es que se trata de una “eina fonamental per a la construcció nacional“. Se oculta que informes de organismos adscritos a la Generalidad de Cataluña dejan claro que el riesgo de fracaso escolar aumenta considerablemente en la escuela catalana cuando la lengua materna no es el catalán. Nos venden la moto, a todos. El sistema es malo, es injusto, es ilegal y, además, tiene un coste insoportable para cualquier sociedad moderna: aumenta el fracaso escolar con el consiguiente riesgo de exclusión social que representa para quien lo padece.

Puede que este largo proceso afrontado por algunos –cada vez son más– padres preocupados por el futuro de sus hijos termine con la sinrazón que el bloque nacionalista catalán ha impuesto en estos años. Puede que finalmente, pese a las maniobras de despiste del PP –que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la LEC pero no su apartado más dañino, el que consagra al catalán como única lengua vehicular– y del PSOE –que acaba de escribir uno de los más vergonzantes episodios del parlamentarismo español apoyando en el Congreso de los Diputados una moción contra el español en Cataluña–, el Estado de derecho recobre su plena vigencia en Cataluña. Así debe ser y cabe esperar que así sea por el bien de todos.

Entretanto, buena parte del alumnado de las escuelas públicas catalanas deberá seguir practicando el submarinismo, en esta inmersión obligatoria que les condiciona seriamente durante una fase fundamental para su desarrollo como persona, cual es el período entre los tres y los seis años, clave para obtener las habilidades necesarias en lectoescritura, y a la que todos los expertos –los independientes, no los afectos al régimen– le otorgan la máxima importancia para asegurar el éxito en la educación.

Todo llegará, salvo que Artur Mas y su Gobierno autonómico, los predicadores de la “transició nacional de Catalunya“, sigan clamando por el desacato y resistiéndose a cumplir con las leyes, y sigan sumergidos en esta y otras cuestiones, cual zapadores anfibios, fuera de la ley, dispuestos a dinamitar los pilares del Estado de derecho.

Matías Alonso es secretario general de Ciudadanos
 

El ‘número uno’ del PP por Barcelona alaba la inmersión lingüística
Jorge Fernández Díaz asegura que la lengua no será una prioridad en su campaña.
Redacción. Barcelona www.gaceta.es 17 Septiembre 2011

El que será número uno en las listas del PP de Barcelona en las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, Jorge Fernández Díaz, alabó ayer la inmersión lingüística como técnica de aprendizaje, y aseguró que no hará de la lengua una prioridad electoral.

El candidato del PP tomó nota de las palabras del jueves en Barcelona del líder de la formación, Mariano Rajoy, quien pidió moderación en el debate lingüístico y abogó por potenciar lo que une y no lo que separa a los españoles.

En una entrevista en TV3, Jorge Fernández Díaz aseguró que la inmersión lingüística no será una prioridad porque la política lingüística “la fija el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat, y no es una competencia que radique en el Congreso de los Diputados y sobre la que el Gobierno deba tomar alguna decisión”.

Jorge Fernández Díaz aseguró en esta entrevista que la política lingüística es una competencia de la Generalitat y “le corresponde al Parlamento de Cataluña hacer las leyes, y su interpretación a los tribunales de justicia”.

El candidato del PP defendió la inmersión como técnica para aprender idiomas. “Si tuviera que aprender alemán, aunque soy un desastre, le podría asegurar que haría inmersión en alemán”, dijo. Y garantizó que la inmersión ha dado buenos frutos en Cataluña los últimos 30 años. “Sin duda el balance ha sido exitoso”, dijo, porque “hoy, gracias a Dios, el catalán es una lengua con gran vitalidad, suficientemente conocida en Cataluña, y con un uso social”.

Sólo al final de la entrevista, Jorge Fernández Díaz matizó algo sus palabras cuando aseguró que después de 30 años de inmersión “es el momento de abrir una reflexión, no una confrontación, para tener en cuenta cómo ha cambiado el mundo y la sociedad catalana en estos 30 años y continuar con esta técnica, con el catalán como lengua vehicular, pero a lo mejor también en castellano y, sobre todo, en inglés”, afirmó.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció el jueves en Barcelona, por sorpresa, que Jorge Fernández Díaz será el cabeza de lista por Barcelona. Político de larga trayectoria, es vicepresidente tercero del Congreso y diputado desde el año 1989. Es hermano del presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona.

La elección de Fernández Díaz como cartel electoral ha suscitado algunas críticas en un momento en el que la formación, bajo el liderazgo de Alicia Sánchez-Camacho, ha obtenido sus mejores resultados electorales en Cataluña, tanto en las pasadas autonómicas, en las que el PP se convirtió en la tercera fuerza política, como en las municipales, consiguiendo alcaldías importantes como las de Badalona o Castelldefels. Además, en algunos sectores se le considera demasiado próximo a CiU.

Antes de saltar al Congreso, Jorge Fernández Díaz fue diputado en el Parlamento de Cataluña. Incluso en el año 1988, Fernández Díaz encabezó las listas de la entonces Alianza Popular. Obtuvo seis escaños, el resultado más bajo en la historia de AP y el PP.

Dudas de CiU

El portavoz de CiU en el Congreso y candidato de la federación nacionalista, Josep Antoni Duran i Lleida, dijo de Fernández Díaz que es un político competente y con años de experiencia. Aun así, Duran i Lleida dudó de las palabras del candidato del PP y del líder del partido, Mariano Rajoy, en el sentido de que la lengua no centrará la campaña. Duran i Lleida recibió ayer estas palabras “con el escepticismo que me provoca el hecho de que se diga una cosa aquí, cuando se está en Cataluña, y se practique otra cuando se está en Madrid”.

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