AGLI

Recortes de Prensa   Martes 20 Septiembre 2011

 

I Congreso de la Sociedad Civil
El Sistema reclama una renovación profunda después de más de treinta años.
Mario Conde www.gaceta.es 20 Septiembre 2011

“En consecuencia, sobresale una necesidad manifiesta en los tiempos en que nos toca vivir: la que reclama, en las postrimerías del siglo XX, el debido protagonismo para la sociedad civil. Creo que a este fin hay que dar respuesta a dos cuestiones principales: cómo ha de estructurarse la sociedad civil y, consecuentemente, qué papel debe desempeñar en el proceso público”. Estas palabras integran la esencia del discurso “Sociedad civil y poder político”, que pronuncié en junio de 1993 en la Universidad Complutense de Madrid con presencia de D. Juan Carlos I. El aplauso profundo con el que fueron recibidas por quienes asistieron al acto, que en ese momento ejercían poder real en la sociedad española, contrasta de modo doloroso con la realidad de esta primera década del siglo XXI: nunca la sociedad civil española se ha encontrado tan alejada de la gestión de los asuntos que la conciernen, nunca sus instituciones han gozado de menor peso específico en nuestro modo de vida.

Las dos derivadas que de ello inevitablemente dimanan –desprestigio de la clase política y del sistema de democracia de partidos– se han instalado en la sociedad con indiscutible fuerza en estos dieciocho años, cumpliéndose el pronóstico formulado al denunciarlas. Y este estado de cosas, que me parece lastimoso, es responsabilidad de todos, porque tenemos el modelo de sociedad que hemos querido tener, por acción o por omisión, por dolo o negligencia, por egoísmo o dejadez, en todo caso por falta de responsabilidad ciudadana, por carencia del deseo de ser los verdaderos dueños de nuestro destino. Hemos decidido, unos más y otros menos, dedicarnos a “lo conveniente”, aparcando por las conveniencias lo que deberían ser convicciones, ideales, valores, principios. Y aquí se encuentra, guste o incomode, la raíz profunda del estado de cosas con el que nos toca vivir. No sólo en lo económico, sino en lo político, cultural, ético y hasta espiritual. El Sistema en su conjunto reclama una renovación profunda después de más de treinta años de experimentar una Constitución que nos dieron en 1978 y que ha demostrado su utilidad en este período, pero con mayor fuerza reclama la evidencia de un ajuste apropiado a la realidad del momento de España.

El asunto es cómo conseguirlo. La experiencia de estos años certifica que la clase política, por sí sola, es más que renuente a estos cambios. En 1992, en el Congreso Ética y Capitalismo celebrado en El Vaticano, lo expresé solemnemente con estas palabras: “Las instancias estatales deberían ayudar, aunque no podemos ser optimistas porque mayor fuerza de la sociedad civil significa menor poder efectivo del Estado”. Y humilde y desgraciadamente, diecinueve años después la realidad me dice que no erré el juicio. La experiencia ilustra el camino: la sociedad debe tomar las riendas de su propio destino.

Para ello tiene que disponer de un mínimo de organización. La invasión callejera, y sus derivadas de violencia, en una u otra forma, sólo ayudan a desvirtuar el movimiento y constituyen instrumentos eficaces para su descalificación. Por ello, frente a las protestas por la situación que vivimos, la sociedad debe formular, serena y organizadamente, respuestas nacidas de la experiencia, la inteligencia, el trabajo y la sensatez. De aquí nace el I Congreso de la Sociedad Civil, que más de sesenta fundaciones, organizaciones y entidades de la sociedad civil van a poner en marcha el día 30 de septiembre, en jornada de un día en el que se debatirán ponencias sobre democracia participativa, reforma de la Ley Electoral, economía y empleo, Justicia, reforma constitucional, sociedad civil y poder político. Las expondrán personas que ostentan títulos de letrados del Consejo de Estado, catedráticos, doctores en Economía, abogados del Estado, es decir, personas cuya titulación académica, experiencia y conducta permiten concluir que sus propuestas no nacen de un oportunismo de última hora, sino de una competencia y una convicción difícilmente cuestionables.

Es el inicio de un movimiento. Las conclusiones de ese Congreso se trasladarán formalmente a los partidos políticos, como exigencias de la sociedad. Del Congreso no deriva iniciativa electoral alguna. Se respetan los cauces que existen en la actualidad, esperando que esos mismos cauces respeten, acojan y cumplan las exigencias que dimanan de la sociedad. Es así como funciona la lealtad sociedad civil-clase política. El Congreso no será, desde luego, el encargado de violarla. Ninguno de los ponentes alberga semejante intención. Esperamos que se entienda que en este país, en esta España de hoy, todavía quedan personas capaces de ocuparse de los asuntos públicos sin que su verdadero motivo para ello sea una secreta, oculta o disfrazada ansia de poder. Es más simple: queremos que la sociedad sustituya las protestas por la acción coherente y coordinada en torno a propuestas serias y susceptibles de ser implementadas para mejorar nuestra convivencia, esperando, al tiempo, que los políticos no rompan el pacto de lealtad.

Es, como digo, el inicio. Millones de personas, de un modo u otro, se encuentran detrás. Pero el camino se recorre andando, sin pausas obligadas por la pereza o el conformismo. Por eso, este movimiento continuará y así lo deseamos para que culmine en los cambios estructurales necesarios para el propósito final: recuperar al hombre como el eje de la política, pero al hombre-en-sociedad, estableciendo como referente un humanismo de sentido trascendente que reclama de nuevo situar en el plano superior la noción de Humanidad.

*Mario Conde es abogado del Estado.

La campaña de Rubalcaba fomenta la envidia, el odio y l disgregación
Francisco Rubiales Periodista Digital 20 Septiembre 2011

Una vez más, la izquierda, para controlar el poder, apela a las más bajas pasiones y fomenta en el pueblo la envidia y el odio. Por enésima vez, sólo para obtener votos, se agreden los pilares del Estado de Derecho, como acaba de hacer Rubalcaba en Cataluña, impulsando la insumisión de los catalanes ante la sentencia que les obliga a equiparar los idiomas catalán y español en las escuelas. Ese tipo de política envilecedora, indigna de una democracia de ciudadanos, es la culpable de la actual crisis de España pues produce personas ineptas, cargadas de odio, victimistas, adictas a la vagancia y lastradas por un resentimiento social que daña la convivencia y corrompe a la sociedad.

Este tipo de campaña ha sido tristemente frecuente en el PSOE y en la izquierda comunista española, donde han estimulado el odio de las masas hacia los banqueros, los especuladores, los ricos, los controladores aéreos, los capitalistas, el centralismo y contra todo aquel que haya destacado y sabido crear riqueza, generando una sociedad bestializada que podría llegar a disfrutar metiendo en la cárcel a todo el que haya ganado más que la media, repartiéndose después esa riqueza como botín.

La democracia debería apelar a lo mejor de cada ciudadano, fomentando la cooperación, el esfuerzo, la solidaridad, la unidad como pueblo y la admiración por valores como el esfuerzo y el éxito, pero muchas veces, empujada por partidos y políticos desalmados, hace justo lo contrario, fomentando la envidia y el odio al que triunfa. Entonce, se desacredita y exhibe la baja calidad moral y política de sus dirigentes y partidos políticos.

El PSOE sabe que el impuesto sobre el patrimonio, convertido por Rubalcaba en uno de los pilares de su campaña, es obsoleto y está erradicado de la inmensa mayoría de los países democráticos, porque es injusto y cobra dos veces por los mismos ingresos, además de castigar a los que ahorran con su esfuerzo, que son, precisamente, los que destacan y tienen capacidad de crear riqueza en cada sociedad.

Rubalcaba sabe que es un impuesto que castiga a las clases medias españolas, no a los verdaderos ricos, cuyo dinero está refugiado en empresas, en productos financieros exentos de tribuitación, como los sicav, o en paraísos fiscales, bien protegidos de la zarpa socialista, que ni siquiera les amenaza.

Lo que Rubalcaba y el PSOE pretenden con ese impuesto es fomentar la envidia y el odio a los cien o doscientos mil españoles que, por haber sabido y podido ahorrar, tengan que pagarlo. Esa cultura de la envidia es destructiva como el ácido y, si es aplicada, como es el caso de España, por políticos millonarios y cargados de privilegios, es también hipócrita, mentirosa y rastrera.

La España que pretenden crear fomentando la envidia y el odio a los que más dinero tienen es una sociedad deleznable y condenada a la pobreza, aunque esa sociedad, envuelta en sus propias heces, termine votando a los "amos" socialistas. Esa sociedad es justo el extremo opuesto a lo que se conoce como "el sueño americano", copiado por muchos países del mundo, según el cual una persona, aunque sea pobre, si se esfuerza, estudia y demuestra creatividad y valores, puede subir en la escala social, triunfar y convertirse en millonario.

El sueño español fomentado por Rubalcaba y sus seguidores es mucho más rastrero e indecente: apoyar causas que proporcionan poder, aunque sea bastarda, perseguir y acosar a todo el que gane o haya destacado o ganado mucho dinero, sólo para obtener el voto de los pobres envidiosos y adictos a las subvenciones y ayudas del Estado.

Un programa político que fomenta esa España de los vicios y de la bajeza no merece un sólo voto decente de los españoles.

Voto en Blanco

Rubalcaba auspicia el derecho de las autonomías a la secesión.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 20 Septiembre 2011

Rubalcaba es un fuera de serie, no cabe duda. Ha descubierto algo sobre lo que nadie se había dado cuenta, que si quiere los votos de los catalanes nada mejor que decirles que ellos son soberanos y detentadores de la soberanía popular y que lo que decidan en referéndum nadie puede cambiarlo, aunque sea inconstitucional. Chico listo este Rubalcaba a la par que traidor.

La soberanía popular sectorizada que preoconiza Rubalcaba exijo que la expanda a todos los niveles donde esa soberanía se pueda expresar. Si lo que decidan las gentes de una comunidad autónoma no lo puede revisar el Tribunal Constitucional significa que Rubalca está de hecho respaldando el derecho de secesión unilateral de cualquier sector con soberanía. Y ya puestos lo que decida la soberanía popular en un municipio, barrio, calle, manzana, casa o persona, total ya puestos ¿para qué quedarnos a mitad de camino?

Y dado que la soberanía popular la tiene el pueblo, si se hace un referéndum en Villacumbres de Abajo eso va a misa y nadie puede decir lo contrario. Este Rubalcaba es un auténtico reo de alta traición, algo que domina a las mil maravillas.

“No puede ser que un tribunal corrija lo que la soberanía popular ha sancionado”, dijo Rubalcaba ayer. Este tío ni siquiera se ha leído la Constitución y eso que dice en su artículo 1.2, "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". No dice que resida en el pueblo catalán, ni murciano, ni riojano, ni vasco, ni gallego, ni andaluz, reside en el pueblo español, Rubalcaba, y lo sabes pero te da igual proponer leyes que violen la constitución, porque en ningún momento has hablado de cambiar la Constitución, solo leyes que violen la Constitución.

Carma sin Karma
Martin Prieto La Razón 20 Septiembre 2011

Sus jefes de Prensa aburrían a las redacciones exigiendo que escribiéramos Carma. Casi lo logró y, además, cada uno se llama como quiere. En el velorio de Gabriel Cisneros, áquel chico de la derecha que llegó a padre de la Constitución, vagaba por el Congreso sorbiendo mocos como una María de Magdala y más que una socialista en la cucaña parecía un ser humano normal.

En Vivienda no pudo hacer nada y sólo se publicitó presentando un plan de irás y no volverás en la puerta de La Moncloa y con ZP haciendo de palmero de su ahijada.

En Defensa no ha roto nada porque el elefante no se deja, pero tiene todas las carpetas abiertas por falta de ideas o dinero. Redactó un código de conducta muy celebrado para que los soldados españoles no asesinen a civiles. Se quedó en My Lay.

Pero ese toque femenino de Cyrano de Bergerac, esas ojeras desvalidas, la llevaron a verse con posibilidades de gobernar España. Es bueno que su currículo tenga estudios en Quebec, suponiendo que comprobó que la cultura francesa no quiere independizarse de Canadá. Debió ir con una beca «Orgasmus», de ésas para folgar, y no entendió la vacuidad del grito de De Gaulle.

La damita, cuyo logro en la legislatura fue casarse con Miguel Barroso, monje negro de Zapatero, se ha puesto a gritar en Cataluña de la mano de su verdugo Rubalcaba, ofendiendo a togas y políticos, recurriendo a los socorridos anticatalanes, embromando con mal gusto a Cospedal y su dieta o ignorando tonante la quiebra en Toledo. La muchachita revestida de grosera, de furia, de petrolera en la Comuna, de verdulera airada. De aquella vocecita a arengar la Legión. Necesita la India inmersión en sánscrito y regenerar karma. ¡¿Y ésta era nuestra yegua blanca!?

EN LA LOCALIDAD DE PAU
ETA roba 200 matrículas de coche en Francia
El robo se produjo hace varios días en la localidad de Pau, y viene a refutar la tesis de que ETA está inactiva.
LIBERTAD DIGITAL  20 Septiembre 2011

Varios encapuchados robaron hace días en torno a 200 matrículas de coche en la localidad francesa de Pau (al sur del país) en una acción atribuida a la banda terrorista ETA, según han confirmado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista. Esta acción se produce en el marco del supuesto alto el fuego permanente, general y verificable decretado por la banda el pasado 10 de enero.

ETA no ha cesado tampoco el robo de coches en el país galo y lo mantiene a un ritmo aproximado de un vehículo al mes. También se han dado casos en los que los terroristas practican más de un robo al mes y después permanecen una temporada sin sustraer más, apuntan estas fuentes, que precisan que no se trata de una actividad regular, sino en función de sus necesidades concretas en cada momento.

En los últimos meses se han denunciado varios robos que, por el modus operandi, han sido atribuidos a la banda por las fuerzas de seguridad francesas. Algunos de los coches robados aparecieron abandonados y calcinados tiempo después, una práctica habitual de los terroristas cuando quieren abandonar sin dejar pruebas un vehículo que consideran 'quemado'.

No es la primera acción de este tipo que llevan a cabo los terroristas. El pasado 20 de diciembre las autoridades francesas atribuyeron a la banda el robo producido en la localidad gala de Valence, donde sustrajeron diverso material para fabricar documentación falsa, que los terroristas emplearían para burlar controles de seguridad y moverse con libertad.

En aquella acción participaron entre tres y cuatro personas. La localidad de Valence está situada a unos 100 kilómetros al sur de Lyon y en concreto el robo se perpetró en la región de Bourg Mdempeage tres meses después de anunciar ETA el cese de sus acciones armadas ofensivas y unos días antes de decretar su alto el fuego permanente general y verificable.

También el pasado 21 de marzo las fuezas de seguridad francesas detuvieron a la joven terrorista Jone Lozano, quien portaba un sobre con 54.000 euros en su interior –pese a que en el sobre figuraba escrita a mano la cifra de 48.000– procedente de uno de los últimos cobros antes de que la banda cesase la extorsión a los empresarios vascos.

Según han informado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista, ETA cuenta en la actualidad con cerca de sesenta terroristas en activo en Francia a los que hay que proporcionar infraestructura y la garantía de poder mantenerse en la clandestinadad lejos de la acción de las fuerzas de seguridad.

En cualquier caso, en los últimos meses ETA también ha llevado a cabo movimientos que se salen de esa estrategía de mero mantenimiento en la que las fuerzas de seguridad enmarcan el robo de matrículas conocido este martes. El pasado 21 de junio fue detenido el terrorista Iñaki Domínguez Atxalandabaso, también en el país galo, procedente de Italia donde había adquirido numeroso material electrónico para fabricar bombas.

El despilfarro del día
La "política lingüística" de las comunidades autónomas costará 200 millones en 2011
Las comunidades autónomas con lengua propia tienen previsto gastar este año más de 200 millones en "normalización".
Otros 300 millones para "relaciones exteriores"
Pablo Molina Libertad Digital 20 Septiembre 2011

Las comunidades autónomas con lengua vernácula destinarán este año un total de 204 millones de euros de sus presupuestos a "normalizar" el uso de sus respectivas lenguas autóctonas en detrimento del español, tal y como exigen sus estatutos de autonomía y las leyes de normalización existentes en cada territorio.

En los presupuestos generales de las cinco comunidades autónomas cuyos habitantes utilizan otra lengua además del español, existen las correspondientes partidas presupuestarias para financiar la "normalización lingüística" de sus habitantes según el siguiente detalle:

PAÍS VASCO
115.515.000

CATALUÑA
62.626.526

GALICIA
11.095.357

VALENCIA
9.164.990

BALEARES
6.237.602

T O T A L
204.639.475

Es necesario aclarar que en esa relación se incluyen solamente los gastos imputados directamente a acciones destinadas a la imposición de las respectivas lenguas autonómicas, ya sean gastos directos realizados por las comunidades autónomas o subvenciones repartidas entre los grupos afines. No se reflejan, por tanto, los gastos necesarios para el funcionamiento de instituciones académicas dedicadas a la investigación lingüística o la realización de acciones transversales llevadas a cabo por todos los departamentos de la administración, tales como la rotulación de espacios públicos y la redacción bilingüe de las decenas de miles de documentos oficiales que a diario se expiden, acciones estas últimas que por su propia naturaleza resultan incuantificables.

La inmersión lingüística está confiada a organismos autonómicos dedicados exclusivamente a este fin. En unos casos se trata de una dirección general dentro de una consejería (Galicia y Baleares), mientras que en otros existen unas corporaciones autónomas que funcionan al margen de los controles jurídico-administrativos a los que todo órgano directo de la administración ha de someterse.

En este último caso, el ejemplo más abigarrado es el de Cataluña, que no sólo cuenta con la preceptiva Dirección General para Política Lingüística, sino también con un "Consorcio para la Normalización Lingüística", otro ente denominado "Centro de Terminología" y, para rizar el rizo, un departamento especial en la consejería competente en materia de salud pública para promocionar el catalán en los centros sanitarios dependientes de la Generalidad catalana, cuyos principales cometidos son la organización de cursos de catalán entre el personal sanitario y la vigilancia para que la información a los usuarios llegue exclusivamente en lengua catalana.

Cataluña
El PP no consideró “necesario” recurrir la inmersión obligatoria de la LEC
“[Se hizo] en aquellos artículos que lo consideramos necesario”, asegura Sánchez-Camacho. Y añade que el PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional lo mismo, en materia lingüística, tanto por el Estatuto de Autonomía como por la LEC: “Hemos defendido lo mismo en uno y en otro recurso”. Pero no es cierto.
Redacción www.vozbcn.com  20 Septiembre 2011

El PP no consideró “necesario” recurrir todo lo relativo a la inmersión lingüística obligatoria en catalán de la Ley de Educación de Cataluña (LEC). La norma autonómica se aprobó el 10 de julio de 2009 en el Parlamento autonómico y los populares presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) el 27 de octubre de 2009. Sin embargo, ninguno de los artículos recurridos por el PP hace referencia al modelo de inmersión lingüística.

Los artículos recurridos por el PP de la LEC son los párrafos 7, 20, 22, 27, 28 y 36 del Preámbulo, los artículos 4.2, 8.1, 8.3, 9.2, 10.2, 10.4, 17, 51, 52, 53, 55.1, 55.6, 57.1, 58, 59, 61, 64.4, 64.5, 65, 68, 70.1, 104.3, 109, 111, 112, 114.1, 117.1.c), d) y f), 119, 120, 121, 125, 153, 154, 155, 158.1, 158.2.a), primero, segundo y cuarto, 158.2.f) y 161, las disposiciones transitorias 3.ª, 6.ª y 10.ª, y las disposiciones adicionales 2.ª y 9.ª. Ninguno de estos puntos recurridos hace referencia al modelo de inmersión escolar de Cataluña. Los populares recurren, básicamente, la creación de un cuerpo docente al margen del nacional así como la configuración de un currículo de educación propio para Cataluña.

En la LEC, sin embargo, sí hay artículos enteros dedicados al modelo de inmersión. Los aspectos relativos a la lengua catalana como única lengua vehicular, excluyendo el uso del español como también lengua vehicular, se especifican en el artículo 11 (‘El catalán, lengua vehicular y de aprendizaje’), artículo 14 (‘Proyecto lingüístico’), artículo 15 (‘Programas de inmersión lingüística’), artículo 18 (‘Uso y fomento del catalán’) y artículo 142 d). Ninguno ha sido puesto en duda en el recurso del PP ante el Alto Tribunal.

El PP asegura que sí recurrió contra la inmersión en la LEC
Preguntada este lunes Alicia Sánchez-Camacho, senadora, diputada autonómica y presidenta del PP de Cataluña, por el motivo concreto que llevó a los populares a no presentar recurso de inconstitucionalidad en este aspecto de la LEC, la respuesta ha sido concisa: “[Se hizo] en aquellos artículos que lo consideramos necesario”. Y ha añadido que el PP ha recurrido ante el TC lo mismo, en materia lingüística, tanto por el Estatuto de Autonomía como por la LEC: “Hemos defendido lo mismo en uno y en otro recurso”. Pero no es cierto.

En el recurso del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, resuelto en 2010, sí se recurrió el sistema de inmersión lingüística obligatoria en catalán de las escuelas de Cataluña. Sin embargo, en el recurso de octubre de 2009, contra la LEC, no se hizo. ¿Qué hubiera ocurrido si el Alto Tribunal hubiera validado el modelo de inmersión obligatoria? No lo hizo, y se basó en la sentencia de 1994. Pero eso el PP no lo podía saber.

Sanchez-Camacho, en respuesta a una pregunta de LA VOZ DE BARCELONA, ha asegurado que “los artículos que están recurridos por el PP en la Ley de Educación [de Cataluña] son los que se refieren a garantizar la educación y que el castellano y el catalán sean lenguas vehiculares. [...] Así se hizo cuando se presentó el recurso [ante el TC]“. Nada más lejos de la realidad, como se puede comprobar en los artículos arriba mencionados.

CiU gana tiempo, pero no hay vuelta atrás
La Generalidad quiere ganar tiempo para retrasar lo máximo posible la aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo, que obligan a la Consejería de Enseñanza a reintroducir el español como lengua vehicular, junto al catalán, en las escuelas de Cataluña. Uno de los argumentos que está utilizando CiU desde la Administración autonómica es, precisamente, que el PP no recurrió ni un solo aspecto de la LEC en materia lingüística (algo que no es cierto del todo, pues en el recurso del PP sí se pide al Alto Tribunal que se pronuncie sobre el modelo de inmersión en aranés en el Valle de Arán) y así lo harán valer cuando el TC dicte sentencia sobre la norma autonómica, sin un pronunciamiento en contra de la inmersión lingüística obligatoria al no haber sido requerida la valoración del Alto Tribunal.

Sin embargo, si bien en lo mediático parece que las tesis de la Generalidad van calando en los medios de comunicación, en lo jurídico no hay vuelta atrás. Fuentes judiciales consultadas por este diario han asegurado que las sentencias del Tribunal Supremo -son cinco-, en base a la del TC de 1994, son inapelables, de ejecución obligada y obligan a cambiar el modelo que desde Enseñanza se está aplicando en las escuelas de Cataluña.

Cataluña
El nuevo director del MNAC deberá saber catalán, español e inglés
El patronato -formado por Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura- convoca un concurso internacional para elegir al sucesor de María Teresa Ocaña.
Redacción www.vozbcn.com 20 Septiembre 2011

El patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha convocado este lunes un concurso internacional para nombrar al nuevo director de la institución, en sustitución de Maria Teresa Ocaña, que abandonó el cargo el pasado 31 de agosto tras cinco años al frente de la institución.

De hecho, su mandato finalizaba en abril pasado pero el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, lo prorrogó hasta septiembre para cerrar la temporada de verano y esperar a que el patronato del museo -actualizado tras las elecciones municipales de mayo- se encargara de elegir al sustituto.

‘Consolidar’ el museo como ‘centro de referencia internacional’
El MNAC busca ‘historiadores del arte y personas con experiencia acreditada en la gestión de equipamientos museísticos del más alto nivel’, que tendrán de plazo hasta el 30 de octubre para presentar su candidatura para dirigir uno de los principales museos de Cataluña. La misión del nuevo máximo responsable del MNAC será ‘consolidar’ el museo como ‘centro de referencia internacional’. Eso sí, entre los requisitos que se exigen al nuevo director está el de acreditar ‘el conocimiento de las dos lenguas oficiales de Cataluña’, además del inglés.

El nuevo director será elegido por un comité de expertos, que está formado por Narcís Serra, presidente del MNAC; Miquel Roca, presidente de los Amigos del MNAC; María Bolaños, directora del Museo Nacional Colegio de San Gregorio de Valladolid; Miguel Zugaza, director del Museo del Prado; Bartomeu Marí, director del Macba; Daniel Giralt-Miracle, crítico e historiador; Eduard Carbonell, ex director del MNAC (1994-2005); y Josephine Matamoros, directora del Museo de Arte Moderno de Céret (Francia).

Cataluña
El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley del Aranés por declararlo ‘preferente’
En su recurso el Ejecutivo advertía de que ‘una Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña no puede entrar a regular el uso de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado en la instrucción de sus procedimientos administrativos’, y recordaba que ‘la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucional ese carácter preferente de la utilización de la lengua cooficial’.
Redacción www.vozbcn.com 20 Septiembre 2011

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite, el pasado 13 de septiembre, el recurso del Gobierno contra los artículos 2.3, 5.4, 5,7 y 6.5 la Ley del Aranés (u occitano), aprobada por el Parlamento autonómico de Cataluña el 22 de septiembre de 2010.

De esta forma, la Ley queda suspendida cautelarmente hasta que, en un plazo no superior a cinco meses, el Alto Tribunal ratifique o levante dicha suspensión, que se ha conocido este lunes. El Congreso, el Senado, la Generalidad y el Parlamento autonómico de Cataluña tienen 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Los artículos recurridos establecen que el aranés es ‘la lengua de uso preferente de todas las instituciones de Arán, especialmente del Consejo General de Arán, de la Administración local y de las entidades dependientes, de los medios de comunicación públicos, de la enseñanza y de la toponimia’. Además, también exigen que el aranés sea la lengua ‘preferente’ de la Generalidad y de la Administración del Estado en esta comarca, a todos los niveles.

El Gobierno recuerda que es inconstitucional establecer una lengua preferente
En su recurso, el Gobierno considera que ‘desde el punto de vista competencial, y de acuerdo con el artículo 3.1 de la Constitución, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla así como el derecho a usarla. En cuanto a las demás lenguas españolas, su apartado 2 señala que serán también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas. Pero, la norma resulta contraria a la Constitución en la medida que declara el carácter preferente del aranés’.

Y recuerda que ‘una Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña no puede entrar a regular el uso de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado en la instrucción de sus procedimientos administrativos. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucional ese carácter preferente de la utilización de la lengua cooficial’.

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Colaboradores con banda terrorista. Lo único que ofende es la duda.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 20 Septiembre 2011

Mañana se va a perpetrar otra vergonzosa actuación de una Institución Judicial que hace tiempo que debió desaparecer, como tantas otras, por su marcada y descarada dependencia política y brazo togado del Gobierno, al más puro estilo de las Salas del III Reich de Hitler. Me refiero a la Audiencia Nacional. Un nido de ambición donde los cargos se obtienen como recompensa por los favores concedidos. Un lugar donde la prevaricación ha sido consentida hasta extremos que avergonzarían a dictaduras totalitarias.

Mañana, el juez Bermúdez, ese personaje cuya vida dio un vuelco tras su presidencia del juicio más mediático y falsario de la democracia de España, va a presidir y pronunciarse en el Pleno de lo Penal sobre si en el caso del chivatazo a ETA cometido desde instancias de personajes del Ministerio de Interior y la Policía, se debe apreciar la característica de "colaboración con banda terrorista". Este matiz quiere ahora justificar que para que exista ese delito, debe haber coincidencia con los fines de los terroristas. Y ¿qué mayor coincidencia que la de ayudar a la fuga de los terroristas ante la persecución policial?

La estratagema de este impresentable juez es simple, asegurarse una mayoría de votos en el Pleno, al tener por cierto que si se volvía a plantear el tema en la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, se volvería a pronunciar en contra de esa nueva interpretación del acto de delación con la consecuencia de abortar una operación policial en marcha y la detención de los etarras y colaboradores implicados. Es simplemente la consecuencia lógica de un juez que ha recibido de este Gobierno y su anterior Ministro de Interior, toda clase de recompensas .

Y siempre aparece el mismo personaje, Rubalcaba, tras estos turbios manejos. Alguien que fue el portavoz del Gobierno que creó, financió y defendió al terrorismo de Estado personificado en el GAL y que junto con su jefe de filas, el famoso Mr.X, nunca ha sido oficialmente imputado ni condenado por su posible participación y conocimiento de los hechos. Un personaje que tras los atentados terroristas del 11M del 2004, delinquió al acusar al Gobierno del Sr. Aznar del PP de mentir a los ciudadanos, apareciendo públicamente en la televisión en el día de reflexión de las elecciones generales.

Un personaje que ha sabido recompensar la lealtad mediante ascensos, recompensas de todo tipo y adjudicación de cargos relevantes a quienes ahora están imputados en el caso Faisán, cuyo esclarecimiento y establecimiento de responsabilidades políticas y penales, podrían con toda seguridad poner fin definitivamente a una carrera política caracterizada por acciones tan oscuras y mezquinas como las que he descrito. Un personaje que, si hubiera una Justicia independiente, hace años que se habría sentado en el banquillo y compartido prisión con alguno de sus camaradas como Barrionuevo, Vera, etc.

Mañana se va a perpetrar otra traición a la Justicia en la que se va a echar tierra definitivamente al mayor acto de colaboración con banda terrorista por razones meramente oportunistas y sectarias. Una mancha imborrable en la Historia reciente de España plagada de traiciones, actuaciones mercenarias cuyos protagonistas ya no se esconden para realizarlas, sino que actúan amparados bajo un manto de honorabilidad y envueltos en togas manchadas con los pasos dados en esos lodos del camino que han transitado. Que ha existido delación, es innegable, sus autores identificados e imputados,algunos aún en las miras por su futura imputación aunque se blinden legalmente en cargos del Estado. Hay colaboración con banda terrorista al permitir el fracaso de una operación policial. Aquí, lo único que ofende es la duda. Aquí lo que ofende es el desesperado intento de hurtar a la Justicia su misión de llegar hasta las últimas consecuencias en esclarecer los hechos y la cadena de mando de las órdenes para la delación.

La Justicia y la libertad van a quedar definitivamente prostituidas por la cooperación consciente de unos personajes sin escrúpulos ni conciencia dispuestos a sentenciar que lo blanco es negro. Aquí lo único negro es el futuro de España en manos de estos miserables.

Otro díade la madre
Alfonso USSÍA La Razón 20 Septiembre 2011

Repito lo que nos dijo, en su día, a sus diez hijos, nuestra madre. «Soy vuestra madre menos el Día de la Madre». El Día de la Madre se lo trajo de los almacenes «El Encanto» de La Habana Pepín Fernández, fundador de «Galerías Preciados», y su idea la desarrolló con enorme éxito su principal competidor, Ramón Areces, desde «El Corte Inglés». Hoy es una costumbre establecida y celebrada, y podría darse que en el futuro fuera declarada Fiesta Nacional. Ignoro la fecha actual de celebración del Día de la Madre, pero propongo que el 19 de septiembre se designe, a partir del presente año, «El Otro Día de la Madre», en homenaje a la de Rafael Díez Usabiaga.

Escribo con antelación a la comparecencia ante el juez del mencionado dirigente proetarra. Disfrutaba de unas maternales, o filiales, vacaciones en libertad gracias a la bondad infinita del juez Baltasar Garzón, que lo puso en la calle para que atendiera a su madre, que a decir verdad, ya estaba atendidísima. Pero ha sido condenado a otros diez años de prisión y, por lógica, su destino inmediato es la cárcel. Se me desgarra el corazón y ahoga el ánimo.

La verdad es que Usabiaga no le ha hecho excesivo caso a su madre, coartada de su libertad, desde que abandonó la prisión de la mano de don Baltasar. Vive al cuidado de dos hijas, y pasea todas las mañanas y tardes por las calles de su localidad. El propio Usabiaga ha reconocido que no visitaba en demasía a su hacedora porque estaba en otras cosas, nada recomendables para los hijos. Usabiaga, como Otegui, y previamente De Juana Chaos, Urruticoechea o «Ternera» y demás delincuentes comunes de probada afición terrorista, recibió un trato amable y político por parte de determinados jueces y magistrados proclives a obedecer las órdenes del Gobierno de Zapatero.

Eso, «el ambiente propicio para alcanzar la paz», que dicen los idiotas, cuando el único ambiente propicio para alcanzar la paz es el que podrá disfrutarse cuando la ETA sea definitivamente derrotada. Y aquí sale la santa figura de la madre, que no tiene culpa de nada, aunque sí una elevada responsabilidad en la educación y formación de su hijo, que le ha salido rana total. Se suponía que, aprovechando su puesta en libertad, Usabiaga atendería con más cuidado y asiduidad a su madre, pero éste no se ha portado como un hijo modélico. Se ha reunido más veces con la ETA que con la madre, y la pobre mujer lo ha tenido que pasar fatal. Para la atención que precisa la madre, que ingrese Usabiaga en prisión o permanezca en libertad carece de importancia porque el caso que le hará será el mismo, es decir, ninguno. El daño es más moral que práctico.

La sociedad vasca se fortalece desde el matriarcado, y un vasco que no se preocupe de su madre merece ser expulsado inmediatamente del espacio de influencia de Sabino Arana, el inventor de la farsa. Me satisface saber que el ingreso en prisión de Usabiaga no le va a afectar en absoluto a su madre. Me satisface y me consuela. Y propongo a las firmas de grandes superficies del País Vasco la creación del «Otro Día de la Madre», con la sola finalidad de que los proetarras, batasunos, bateragunos, las feas, los sortus y los bildus puedan celebrar algo cercano a la sensibilidad humana y familiar. Pero con el niño en la cárcel, que es su sitio.

Aún peor que la derrota electoral
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 20 Septiembre 2011

La derrota electoral no es lo peor que le puede pasar al PSOE en noviembre. Lo peor que le puede suceder, y hay cada vez más atisbos preocupantes de ello, es perder esenciales señas de identidad que han sido sus claves para hegemonizar la izquierda española y haber conseguido gobernar el país durante más de 20 años. Esas señas son ser un partido socialdemócrata de corte moderado, más allá de excesos verbales, y ser un partido que de alguna manera contribuía a vertebrar España desde la izquierda.

Pues bien, la terrible herencia zapateril está llevando a que el PSOE caiga en posiciones disparatadas y en algunos casos delirantes y antisistémicas. Los arrimones al 15-M pueden provocar deslizamientos peligrosos y que los separen crecientemente de lo que es su propio electorado, que no es ni radical ni tan escorado a posiciones extremas. Por el otro lado la deriva nacionalista se ha incrementado de manera irresponsable alentada por el propio líder y presidente que con el famoso Statur, su nación discutida y discutible y con los pactos con separatistas, ERC y BNG, se ha ido metiendo en una cada vez más profunda sima. Perdieron en Galicia y Cataluña el poder y sufrieron un durísimo varapalo. Y sin escarmentar ahí sigue como han demostrado esta semana Carme Chacón y Rubalcaba cuando instan a no obedecer los mandamientos judiciales en defensa de la lengua común de todos los españoles.

Increíble pero evidente.El PSOE se enfrenta pues a un peligro mucho mayor que a perder una considerable cantidad de escaños. Eso tiene remedio pero la perdida de su imagen y su prestigio ya seriamente daños es de mucha más difícil reparación.Suerte que cuentas con una ventaja. Por fortuna para ellos no existe en el espectro de la izquierda un partido "sustitutorio" al que pudieran acabar por ir sus electores. Lo que le sucedió a UC, que tuvo en AP su Némesis, es difícil que le suceda al PSOE con IU o con UPyD o los ecologistas. Le pueden rascar algunos votos y asientos pero no parece que vaya a haber un corrimiento telúrico hacia ellos. Eso , por ahora, les vale. Pero puede no valerles mañana.

Otegi
Los publicistas de Bildu
Cristina Losada Libertad Digital 20 Septiembre 2011

¡Tan bien como nos iba y vienen unos jueces a cortar el rollo! El tribunal cortante ha sido una sala de la Audiencia Nacional. Su impertinencia ha consistido en condenar a Otegi y a Díez Usabiaga a diez años de cárcel. La idílica situación que esa sentencia "complica" es un proceso en el cual los terroristas se abstienen de matar mientras les parezca conveniente y reintroducen a sus peones, tras somero lavado de cara, en instituciones que dotan de poder y presupuesto. Ah, no, exclaman buenistas y oportunistas, aquello que la condena pone en peligro es la feliz conversión a la democracia del entorno terrorista y la ansiada desaparición de la banda. En titular de periódico: "La condena a Otegi complica el proceso para un futuro sin ETA". Y los jueces, insensibles al benéfico objetivo, deciden frustrar el happy end. Ya se asombraba el estadista González de que nadie les dijera lo que tienen que hacer.

Siempre a vueltas con las sentencias y siempre idéntica confusión. Criticar un fallo es legítimo. Pero no estamos en el caso. Nadie sostiene que los acusados fueran inocentes. Se censura a los magistrados por juzgar sus actos en lugar de juzgar el contexto: "la realidad que vive Euskadi". Por interferir en la política, dueña y señora a la que han de consultar antes de pronunciarse. Su yerro imperdonable ha sido establecer que Otegi y el resto seguían una estrategia urdida por la banda. A quién se le ocurre. Atenerse a los hechos es una obsesión malsana. Lo que tenían que hacer -¡y nadie se lo dijo!- era arrojar las pruebas a la papelera, celebrar la ausencia de atentados y agradecer a los procesados su contribución a la paz antes de hacer la suya, que era absolverlos. Díganlo de una vez: la independencia judicial está de sobra.

El lendakari López entiende a quienes se sientan molestos por la condena a los pacifistas, pero su comprensión tiene límites: no quiere regalarles la aureola de víctimas. Barrunta que eso aumentaría el caudal de votos de Bildu. El problema de López y de su partido reside en que los agentes publicitarios del avatar batasuno han sido ellos. Los socialistas le han hecho la campaña desde el instante en que vincularon el fin de ETA al éxito de su nueva franquicia. Sólo desde el doblepensar orwelliano se puede coronar a Bildu como reina de la paz y lamentar después los efectos electorales de tal política.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

España
Cinco juristas responden a Rubalcaba por cuestionar al TC: «Es lesivo, un disparate»
Ven absurdo e innecesario que cada generación vote en referéndum la Constitución y creen que se deslegitima al TC si éste no puede valorar una norma por contar con respaldo ciudadano
Rubalcaba promete blindar por ley las decisiones aprobadas en referéndum, como el Estatut
ABC 20 Septiembre 2011

1. ¿Cree que la Constitución debería ser votada periódicamente para que todas las generaciones tengan la oportunidad de respaldar o rechazar su articulado?
2. ¿Debe cambiarse la ley para evitar que el Tribunal Constitucional anule normas que han obtenido el respaldo ciudadano vía referéndum, como ocurrió con el Estatuto catalán?

Ramón Punset, Catedrático de Derecho Constitucional
1. Sería la primera vez que tal cosa ocurriese. Las constituciones, salvo cuando contienen normas que ellas mismas declaran inmodificables, suelen prever mecanismos de reforma dirigidos a facilitar su adaptación a los cambios sociales. Sin duda, una constitución ha de hallarse siempre a disposición de la comunidad nacional. Ahora bien, como se trata de la norma fundamental, esa disponibilidad exige, para evitar alteraciones irreflexivas o de pura coyuntura, seguir un procedimiento más dificultoso que el previsto a fin de modificar la legislación ordinaria. Teniendo en cuenta que la petrificación de la Carta Magna conduce a la revolución, el secreto de la longevidad constitucional radica precisamente en una sabia combinación entre la posibilidad de reforma y la exigencia de mayorías cualificadas en el Parlamento reformador, más la intervención, en su caso, del cuerpo electoral. La Constitución española permite su modificación incluso completa, aunque estableciendo dos procedimientos de muy diferente dificultad.

2. Es un completo disparate. En un Estado de Derecho, los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución, que es la norma suprema. Así lo proclama la nuestra, de modo que los Estatutos le están subordinados. Pensar otra cosa significa otorgar fuerza constitucional a una simple ley orgánica y negar la supremacía constitucional. Sí resultaría oportuno resucitar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los Estatutos aprobados por las Cortes antes de someterlos a referéndum.
Es absurdo exigir un referéndum expreso

Enrique Arnaldo, Catedrático de Derecho Constitucional
1. En absoluto. La Constitución, como cualquier norma, vincula y obliga de forma indefinida sin necesidad de ser ratificada cada cierto tiempo. Sería absurdo exigir un referéndum expreso de cada generación para que se visualice que ésta sigue estando conforme con la Constitución. Probablemente quien sostiene otra cosa parte de un mal entendimiento de una conocida afirmación de Jefferson sobre el derecho de cada generación de cambiar la Constitución que ha recibido de la anterior. Es obvio que la Constitución no es inmutable ni imperecedera y que puede y debe reformarse cuando se entienda necesario o adecuado, como recientemente se ha hecho en nuestro país, pero ello no requiere montar votaciones periódicas.

2. No comparto en absoluto esa apreciación pues supondría desnaturalizar al legislador negativo que es (en la definición de Kelsen) el Tribunal Constitucional, al que está reservado el control de constitucionalidad de todas las leyes, incluidos los Estatutos. Debe quedar claro que el TC no modifica normas sino que tiene el monopolio para declarar la nulidad de las que son contrarias a la Constitución. Soy partidario de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad al menos respecto de los Estatutos, y a la vista de la sentencia dictada sobre el de Cataluña creo que queda reforzada esta tesis.
Deseable flexibilidad para las reformas

Luis Aguiar, Catedrático de Derecho Constitucional
1. No es estrictamente necesario que todas las generaciones deban, de algún modo, manifestar su adhesión a la Constitución. Es bueno que así sea, pero esa adhesión no debe necesariamente manifestarse a través de un referéndum. Lo que sí me parecería bien sería que hubiera mayor disposición por parte de las fuerzas políticas para reformar aquellos aspectos de la Constitución que lo necesiten por el transcurso del tiempo. Y algunas de estas reformas, por su importancia, sería necesario en algunas ocasiones, y deseable en otras, que se manifiestara a través de un referéndum. En definitiva, soy partidario de una mayor flexibilidad para reformar la Constitución porque permitiría que las nuevas generaciones encontraran más cauces para expresar su adhesión al texto constitucional.

2. Es inexcusable que desde el punto de vista constitucional existan cauces para que el Tribunal Constitucional valore la adecuación o no a la Constitución de lo que por propia previsión del texto constitucional es una ley orgánica. Dicho esto, hay que advertir que sería muy conveniente que se previeran mecanismos procesales para que esa eventual intervención del Tribunal Constitucional tuviera lugar con carácter previo al pronunciamiento de los ciudadanos en referéndum.
Imprescindible control de las leyes por el TC

Jesus Santos Vijande, Catedrático de Derecho Procesal
1. En el constitucionalismo de los países de nuestro entorno se ha querido dotar a la norma suprema de una rigidez, de una estabilidad, que hasta cierto punto resulta imprescindible para el buen funcionamiento del Estado democrático de derecho. Unos procedimientos de reforma de la Constitución que previesen la periódica revisión de la Carta Magna por el pueblo, a parte de resultar estrambótico en relación con los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno, generaría problemas de seguridad jurídica y no añadiría en buenos conceptos legitimidad a la democracia misma.

2. Un proyecto de ley semejante sería abierta y categóricamente inconstitucional. El TC es el supremo intérprete de la Constitución y, por mandato constitucional, tiene la potestad indeclinable e incuestionable de enjuiciar la adecuación a la

Constitución de cualquier ley o norma con rango de ley, sea cual fuere el procedimiento para su elaboración: es decir, medie referéndum o no medie referéndum. Las leyes refrendadas por el pueblo o aprobadas en referéndum popular no pueden ser sustraídas, sin grave quebranto de la Constitución, del control por el TC en relación con su constitucionalidad. Pretender lo contrario, con nuestra Constitución en la mano, significaría defender una concepción del Estado de Derecho por completo indefendible: a saber, que el respeto debido a la Constitución se garantiza en distinta medida en función de que la norma legal que la pueda contradecir haya sido o no aprobada por referéndum.
La propuesta socava la legitimidad del TC

Álvaro R. Bereijo, Ex presidente del Tribunal Constitucional
1. Como propuesta política es una excentricidad. Con el paso del tiempo, las constituciones tienen el problema de la renovación del consenso en torno a ellas en la medida en que las generaciones se suceden y es necesario que las nuevas vayan asimilando los principios y valores de la Constitución. La solución a ese problema es, si se quiere, una reforma constitucional en aquello en lo que se estima que la realidad ha cambiado y es necesario acomodarla a los nuevos tiempos y a los cambios sociales, políticos y económicos. Así, las nuevas generaciones tendrían la oportunidad de renovar el consenso en torno a esa constitución. Pero si lo que se pretende es que periódicamente se llame a consulta a las nuevas generaciones para que se pronuncien sobre si aceptan o no esa constitucion, se trata de una propuesta atrabiliaria, dicho con todos los respetos.

2. No requiere sólo una reforma de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sino también de la Constitución. Es una propuesta profundamente lesiva y nociva porque socava la legitimidad del TC, que en fechas recientes ha desestimado un recurso de la Generalitat en el que se pedía lo mismo. Y se hace un flaco servicio al Estado constitucional y a las instituciones con propuestas que socavan la autoridad y legitimidad de la más alta institución jurisdiccional del Estado, que es el Tribunal Constitucional.

Las víctimas recurrirán al Constitucional si la Audiencia deriva el chivatazo a Irún
El Pleno de la Sala de lo Penal analiza desde hoy si hubo colaboración con banda armada. Pedraza: “Es una intromisión en la Justicia, una treta electoral de Rubalcaba”.
Luis Rivas. Madrid www.gaceta.es 20 Septiembre 2011

Colaboración con banda armada y/o revelación de secretos a ETA. La clave está en la conjunción. En el primer supuesto, el caso Faisán seguirá su curso, aunque henchido de repercusión y penas, en la Audiencia Nacional. En el segundo, será derivado a provincias. El magistrado Javier Gómez Bermúdez, en una maniobra atípica, ha borrado la posibilidad del término medio al avocar el proceso al Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia. “Por su complejidad e importancia jurídica”, arguye. 15 de los 18 jueces –tres se han abstenido– valorarán hoy la instrucción del caso a puerta cerrada y votarán una solución que podría demorarse varios días.

El presidente del Pleno enarbolará su argumento de que, para incurrir en colaboración con banda armada, los sospechosos han de mostrar “afinidad ideológica” con los terroristas, reflexión contraria a la esgrimida por su señoría misma durante el juicio del 11-M. Esta tesis, la de 2011, es compartida por el fiscal y por las defensas de García Hidalgo, Pamies y Ballesteros.

En la ribera opuesta figuran los que no han variado su estrategia: Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) y el PP. El cuarteto de partes se ha pertrechado bajo “los fundamentos establecidos por el juez Ruz, que son muy sólidos”, indica el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro. De acuerdo con la instrucción de Ruz, “con independencia del ánimo, móvil o intención... el autor de las revelaciones... debe necesariamente tener conciencia... de estar llevando a cabo una acción que supone, objetivamente, una colaboración idónea y potencial a las actividades de la organización terrorista”.

La decisión de arrebatar el caso a la Sección Segunda de la Audiencia, partidaria de la existencia de colaboración con banda armada, para implantarlo en el Pleno supone, en opinión de Antonio Guerrero, abogado de la AVT, algo que no ha “visto nunca”. “En un recurso no se discute la calificación jurídica, eso corresponde al momento de la vista oral, que será dentro de cuatro o cinco meses”, añade. Para Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, “se trata de una intrusión política muy clara, inédita”. “Hay un interés desmedido en que esto se vaya a Irún y se diluya”. Su homóloga en la AVT, Ángeles Pedraza, predice: “Se lo van a quitar de encima porque Rubalcaba, Camacho y los demás tienen que quedar libres. Es una treta electoral y los jueces se están pasando la patata caliente, porque nadie quiere condenarlos”. El pesimismo de la presidenta deviene temor en el verbo de Jesús Martín, portavoz de la UO: “Nos parece muy peligroso que se vaya de la Audiencia, ya que sería una resolución a la carta para ETA”.

En el supuesto de que el Faisán volara de regreso a Irún, Guerrero explica: “Interpondríamos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”. “Es la única solución jurídica”, lamenta. “Incluso, podría darse la paradoja de que se resolviera el juicio antes del recurso, ya que tardaría entre año y año y medio”, agrega.



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