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Recortes de Prensa   Sábado 24 Septiembre 2011

 

El otro escándalo del ‘caso Faisán’
El carácter criminal de aquella conducta no admitía, ni admite, la menor duda razonable.
José Luis Manzanares www.gaceta.es 24 Septiembre 2011

El primer escándalo del caso Faisán es el chivatazo mismo a los recaudadores de la banda terrorista ETA para evitar su detención y recuperar algunas
cantidades procedentes del denominado impuesto revolucionario. O de los graciosos donativos de los simpatizantes de dicha organización criminal. Todo
indicaba, ya desde el primer momento, que aquella advertencia sólo podía venir de personas que conociesen con detalle la inminencia de la operación policial
en curso. Con otras palabras, habría que buscar a los responsables del hecho –autores e inductores– en los aledaños del Ministerio del Interior, si no en el
propio departamento. Resulta muy improbable que unos policías de a pie, si se permite la expresión, actuaran por su cuenta y riesgo, jugándose no sólo su
carrera sino también el banquillo de los acusados y la cárcel.

Quiere decirse que, con independencia de la identidad de los implicados en unos hechos de tamaña gravedad, y al margen de la calificación jurídica que
merezcan en cuanto al tipo delictivo aplicable (revelación de secretos o colaboración con banda terrorista), es lo cierto que el carácter criminal de aquella
conducta no admitía, ni admite, la menor duda razonable. Otra cosa es que tanto un fiscal como un determinado juez instructor, a los que no puede culparse de
exceso de celo en el ejercicio de su cargo, se inclinaran inicialmente por archivar unas diligencias en las que hasta entonces poco o nada se había
investigado. Por fortuna, las acusaciones populares lograron que un nuevo titular de ese juzgado siguiera adelante, abriese sumario y acordase la práctica de
muy reveladoras diligencias de prueba. Resultado de todo ello fue el procesamiento de un ex director de la Policía, del jefe de la Policía del País Vasco y
de un inspector cuyas obligaciones profesionales en las proximidades del bar Faisán nunca fueron explicadas satisfactoriamente.

Luego, recurrido el auto de procesamiento ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la competente en principio para resolver
la apelación, surgió la polémica acerca de si los hechos imputados deberían tipificarse como delito de colaboración con banda armada, del que conocería la
Audiencia Nacional, o de simple revelación de secretos, lo que conllevaría la inhibición a favor de un juzgado de instrucción de Irún y posteriormente, en su
caso, de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Así las cosas, el presidente de la Sala, Gómez Bermúdez,
decidió que conociera del recurso el Pleno de la Sala para unificar criterios. No es corriente tomar semejante decisión respecto a un auto de procesamiento,
pero nada hay que objetar desde una apreciación exclusivamente jurídica. Y aquí, en estas líneas, sólo de ese ámbito se trata.

La sorpresa surge cuando el Pleno soslaya aquella cuestión y se limita a revocar el auto de procesamiento por considerar insuficientes los indicios contra
los tres procesados, pero afirmando a la vez que aprecia indicios bastantes de que existe un hecho constitutivo de delito. Y a partir de ahí vienen las
interesadas interpretaciones políticas de una resolución que todos los partidos dicen acatar, como no puede ser menos en un Estado de derecho. La resolución
se toma por unanimidad y, mientras no se demuestre lo contrario, ha de estimarse perfectamente ajustada a derecho cuando entiende, contra la opinión del juez
instructor, que no hay por ahora indicios suficientes para mantener aquella inculpación formal. Pero lo curioso es que queda sin resolver, al menos
expresamente, el dilema sobre la calificación del delito. El mantenimiento del sumario en la Audiencia Nacional presupone, no obstante, la tipificación más o
menos provisional de los hechos como delito de terrorismo, es decir, como colaboración con banda armada.

El hecho mismo aparece tan acreditado como es posible cuando aún no ha sido recogido en una sentencia. Subsisten así las fundadas sospechas sobre su ideación
por personas de alto nivel en la lucha antiterrorista. Poco importa que semanas más tarde fueran detenidos los beneficiados por el chivatazo. Se trata de un
delito de pura actividad que, al parecer, tuvo además como resultado la llegada de fondos a los pistoleros en suelo francés.

El segundo escándalo del caso Faisán consiste en que, después de tantos años, continuemos sin saber, con nombres y apellidos, pruebas incuestionables y
seguridad absoluta, quiénes cometieron unos hechos tan cercanos a la alta traición. Deseable sería identificar también a los responsables de este segundo
escándalo porque, además, pudieran tener relación con el primero. Huelgan ahora los gestos de dignidad ofendida. Tanto el instructor como los magistrados del
Pleno han cumplido con su deber al valorar los indicios obrantes contra aquellos tres procesados. Lo mejor para los sospechosos inocentes es que se descubra
a los culpables. Si no se logra, el reproche por el fracaso recaerá en primer término sobre el Ministerio del Interior. Poco puede hacer el juez por sí
mismo.

*José Luis Manzanares es miembro del Consejo de Estado.

Réquiem por el peor presidente que ha tenido este país
Federico Quevedo. El Confidencial 24 Septiembre 2011

Se acabó la legislatura. El lunes, si no se hunde el mundo, el presidente del Gobierno disolverá las Cortes y convocará a los ciudadanos a las urnas para el
próximo 20 de noviembre. Habremos dado fin a uno de los periodos más tristes y oscuros de la historia de este país llamado España. No es ninguna exageración,
por más que a algunos pueda parecérselo: Zapatero se va y nos deja como herencia un país sumido en una de las peores crisis de toda su historia. Es verdad
que la situación no afecta solo a España, pero más allá de una debacle económica que compartimos con buena parte del mundo desarrollado, la realidad es que
nuestro país acumula otros sinsabores que van desde la crisis del modelo territorial hasta el descrédito de las instituciones, pasando por un sinfín de
problemas que afectan a la convivencia, a la clase política, a los jueces, a las fuerzas de seguridad, a nuestra política exterior y un largo etcétera que
sería imposible enumerar en estas líneas.

¿Ha hecho algo bien Zapatero? Esta es la gran pregunta que nos hacemos estos días en los que suena la campana del final de estas dos legislaturas, y la
respuesta no puede ser más pobre. Es verdad que se ha mejorado el capítulo del tráfico y que hay menos accidentes mortales. Es verdad que se ha aprobado una
Ley de Violencia de Género y se ha han dado pasos hacia la concienciación social sobre este problema gravísimo. Es verdad que se aprobó una Ley de
Dependencia que tampoco había en este país y que era necesaria. Es verdad que ha habido una prioridad política por la igualdad de sexos. Y es verdad, no
podemos negarlo, que en el último año y medio ha dado la vuelta como a un calcetín a su política económica y algún paso ha dado en la buena dirección, aunque
fuera obligado por las circunstancias.

La parte negativa de esos aspectos positivos es que sigue creciendo el número de víctimas de la violencia machista, que faltan recursos para poder cumplir
los objetivos de la Ley de Dependencia, que la igualdad no solo no se consigue mediante cuotas, sino que además éstas acaban perjudicando a la mujer, y que,
sin embargo, no se ha hecho nada en cuanto a medidas racionales para evitar la discriminación; las reformas han llegado tarde y son incompletas, y prueba de
ello es que los mercados nos pasan factura por ello.

Durante la primera legislatura se practicó el sectarismo contra la oposición, con todo aquello del Pacto del Tinell y el cordón sanitario contra el PP

Como comprenderán, no puedo apuntar en la columna de aspectos positivos la Ley del Aborto, porque por convicción no puedo considerar como tal un atentado tan flagrante al primero de todos los derechos del ser humano, la vida, sobre todo la de un ser indefenso. Ni puedo apuntar en su haber la ley de matrimonios
gays, no porque me moleste, sino porque considero que lo podía haber hecho buscando el consenso social en lugar de hacerlo para provocar a una parte de la
ciudadanía muy importante. Ese es, probablemente, el gran reproche que se le puede hacer a Rodríguez Zapatero: el hombre que llegó al poder vendiendo imagen
de talante y tolerancia, luego gobernó desde la confrontación y la marginación del contrario. Cuando digo que ha sido una época en ocasiones oscura, me
refiero a la manera en que, durante la primera legislatura, se practicó el sectarismo contra la oposición, con todo aquello del Pacto del Tinell y el cordón
sanitario contra el PP.

Luego vino otro de los grandes errores a apuntar en los errores del presidente saliente: el ‘proceso de paz’; la búsqueda del fin de ETA mediante la cesión a
sus pretensiones, y que culminó con ese oscuro episodio que todavía hoy sigue sin aclararse llamado el ‘caso Faisán’. Por alguna razón que desconozco, la
izquierda siempre ha escogido atajos que han bordeado e incluso, superado, la línea roja de la Ley y el Estado de Derecho en su empeño por acabar con ETA lo
más rápido posible. Miren, yo no voy a participar de teorías que señalan al Gobierno como colaborador de la banda terrorista en un intento de desmembrar el
Estado español… Lo he podido hacer en algún momento, pero reconozco que es una locura. Ahora bien, sí es cierto que Rodríguez Zapatero buscó sus alianzas en
el nacionalismo radical y que, como consecuencia de ello, dio impulso a un debate territorial sin tener claro nunca a donde quería llegar y dejando la
iniciativa en manos de los nacionalismos.

Hoy heredamos las consecuencias de aquello, y la ‘cuestión nacional’, como les decía la semana pasada, va a ser uno de los temas principales con los que se
va a encontrar el nuevo Gobierno. Como lo será la necesaria reforma del Poder Judicial, que si siempre se ha visto condicionado por el Poder Ejecutivo, en
estas dos legislaturas lo ha sido más que nunca, lo que ha dado lugar a una crisis institucional sin precedentes que ha puesto en entredicho y bajo sospecha
a una de las más altas instituciones del estado: el Tribunal Constitucional.

¿Qué más? No ha habido política energética, y la política agraria ha pasado tan desapercibida que ni siquiera sabíamos quién ocupaba la cartera… Desde el
punto de vista de la Cultura, este Gobierno pasará por ser el mayor enemigo de la libertad en la Red y por haber considerado a todos los ciudadanos de este
país como presuntos delincuentes. Tuvo en su mano un acuerdo para la Educación y el propio Zapatero evitó que se firmara… seguimos siendo los últimos en los
informes Pisa. El Gobierno del ‘No a la Guerra’ nos sacó de Iraq, es cierto, pero nos metió de lleno en todo conflicto bélico que se le puso por delante a
Zapatero. Abandonamos a su suerte a los saharauis, amparamos los ataques a los derechos humanos en las dictaduras bananeras latinoamericanas, financiamos
revoluciones antidemocráticas. Nos alejamos de Europa y pasamos a ser convidados de piedra en cuanta reunión de los países más importantes del mundo ha
habido. Nos hemos enfrentado a Marruecos e insultado a la mitad de los líderes europeos. Se han aprobado leyes prohibicionistas que recordaban aquellas otras
de principios de siglo XX en Estados Unidos. Se han tirado a la basura millones de vacunas de la gripe A… Podemos seguir y no acabaríamos nunca. Puede ser
que, con el tiempo, la historia sea algo más benévola con Rodríguez Zapatero de lo que hoy podemos ser los analistas. No lo sé, pero dudo mucho que al
presidente de los cinco millones de parados haya en el futuro un solo libro de historia que le dedique más de un par de párrafos, y no precisamente para
alabar su aportación al bien común porque de eso, desde luego, nada de nada.

Sr. Pérez Rubalcaba, ex portavoz del Gobierno del GAL.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 24 Septiembre 2011

La corrección que el Sr. Rubalcaba ha hecho a un periodista no deja de tener su gracia cuando no hace mucho pedía que le llamaran "Alfredo", luego
P.Rubalcaba y finalmente Rubalcaba. Es una cortesía dirigirse a cualquier persona con el Don o Doña, si se comienza nombrándole por su nombre propio o por
Señor o Señora X Y siendo X el primer apellido e Y el segundo apellido. Pero cuando el primer apellido es de los llamados "corrientes" por ser millones de
personas que se apellidan de igual manera, una forma de distinguirse es acudir al Registro Civil y permutar el orden legal de los apellidos paterno y
materno. En la mayoría de los casos la omisión del primer apellido es una costumbre aceptada en el modo coloquial.

En este caso, a D. Alfredo Pérez Rubalcaba, que no ha ejercido su opción de realizar la permuta, le molesta quien osa llamarle por su segundo apellido
omitiendo el Señor, cuando lo correcto es que le llamen Sr. Pérez, Sr. Pérez Rubalcaba y no Sr. Rubalcaba como exige. Claro que eso es cuestión de semántica
y de soberbia. Porque los políticos están más que acostumbrados a que cuando se les interpela o se refieren a ellos se omita el Sr. dentro del respeto que
toda persona se merece, como forma "familiar" e inequívoca que identifica al personaje y no a otra persona. No obstante, siempre es de buena educación
mantener las distancias de protocolo y dirigirse a las personas de modo correcto.

Yo reconozco que también en mis escritos me refiero constantemente a los personajes políticos por su apellido más conocido como Zapatero, eliminando el
Rodríguez, Rubalcaba, eliminando el Pérez, Rajoy , Aguirre, Bono, etc. Prometo solemnemente que desde hoy solo me referiré a ellos del modo que las nomas
establecen. Igual en algún caso y siendo escrupuloso, deberé añadir lo de Señoría o Excelencia, Ilustrísimo o lo que corresponda en el caso de que su cargo
conlleve ese tratamiento. Aunque creo que con lo de Señor o Señora se cubren todas las posibilidades, incluso con Sus Majestades.

El caso es que el Sr. Rubalcaba tras esa amonestación se ha negado a responder sobre el caso Faisán y el ascenso de unos de los inicialmente imputados como
ejecutor de la delación, el inspector Ballesteros. Imputado hasta que ha venido el Pleno de la AN a reprochar al juez D. Pablo Ruz para que siga investigando
y el que no ve base suficiente para inculpar a los imputados. Claro que lo que no analizan es por qué ya no existen pruebas. Desde luego que habrá que
investigar quien o quienes han destruido la prueba principal de la grabación.

Luego se habla del "Honor" de la Policía. Pero lo que nadie habla es del deshonor de esa misma policía donde ocurren hechos como la manipulación o
falsificación de pruebas, el robo de decomisos de drogas, o la destrucción o robo de pruebas incriminatorias. ¿Dónde está la responsabilidad en la custodia
de las pruebas? Es realmente patético y vergonzoso el que nunca se llegue a la imputación de responsabilidades y al castigo ejemplar de los culpables. En el
caso del Faisán aún se llega más lejos, al no permitir la investigación de la Guardia Civil y dejar al mismo grupo policial bajo sospecha de haber cometido
la delación, que sea el mismo que busque a los delatores.

Espero que ahora el juez D. Pablo Ruz sí que tenga las manos libres para poder hacer una investigación más presentable y pueda avanzar en la búsqueda de los
verdaderos culpables, tanto ejecutores, como de la línea de mando policial y política. Porque lo quieran o no, todo comienza y termina en el inusual modo de
llevar el "proceso de paz" desde Moncloa, con la inestimable cooperación del Ministerio de Interior y la Fiscalía General, junto con algún ex juez de la
propia Audiencia Nacional.

Sr. Pérez Rubalcaba, su pasado le persigue, su presente le acorrala y su futuro se ve realmente incierto. No es lo mismo estar al timón que querer gobernar
con el móvil. Hay demasiadas interferencias en la red y eso Usted bien lo sabe. Nadie está a salvo con el sistema del Gran Hermano de SITEL.

Caso Faisán
Compromiso con la verdad
Ignacio Cosidó Libertad Digital 24 Septiembre 2011

No es necesario, o no debería serlo, que un ministro vaya a la cárcel para que tenga que asumir sus responsabilidades políticas. Hay funcionarios condenados
por uno u otro motivo, por fortuna casos puntuales, sin que de esos delitos se derive responsabilidad política alguna de quiénes están al frente de los
departamentos en los que trabajan. En el caso Faisán lo relevante desde un punto de vista político no es que se haya cometido un delito, sino que exista una
colaboración probada desde el Ministerio del Interior con la banda terrorista ETA, algo que no solo resulta delictivo, sino inadmisible políticamente y
repugnante desde un punto de vista moral. En este caso, lo más importante no es el nombre de quién que dio el chivatazo, sea quién sea, sino el nombre del
político que dio la orden de hacerlo. Y tan indiscutible como que el chivatazo existió es que Alfredo Pérez Rubalcaba era Ministro del Interior en el momento
en que produjo.

Siempre he defendido la presunción de inocencia como un principio básico del Estado de Derecho. Ni siquiera cuando mandos policiales fueron procesados por el
caso Faisán pedimos nunca medida cautelar o disciplinaria alguna contra ellos. Es más, me parecía profundamente injusto que fueran unos policías los que
terminaran pagando por un chivatazo que era político, tenía una motivación política y tengo la convicción de que fue ordenada por mandos políticos. El
Gobierno nunca debió utilizar un chivatazo para intentar salvar su negociación con ETA, como reconoce en las actas de sus conversaciones con los terroristas,
pero si querían darlo, nunca debieron utilizar a la Policía. Al hacerlo han ultrajado un Cuerpo que ha perdido mucha sangre heroica luchando contra el
terrorismo.

Lo peor del caso Faisán ha sido la mentira. Hay gobiernos que asumen las consecuencias de sus actos, incluso aunque ello suponga asumir la muerte de
terroristas. Pero negar sistemáticamente su implicación en el chivatazo y dejar en la estacada a unos funcionarios cuyo delito fue obedecer ordenes de sus
mandos políticos, no solo ha sido una gran mentira, sino una cobardía.

La pregunta que se hacen hoy muchos ciudadanos es que sucederá ahora, si llegaremos a conocer la verdad, si alguien pagará por esta vileza. El PSOE ha
vendido la decisión de la Audiencia Nacional de seguir investigando como si hubiera decidido cerrar el caso, pero es justo lo contrario. Nunca es fácil, en
ninguna democracia, investigar a gobiernos que cometen actos ilegales. Pero precisamente por eso el caso Faisán es tan importante para la salud de nuestro
Estado de Derecho. Por muy relevante que sea quién cometa un delito, aunque sea un ministro, debe ser juzgado por tribunales independientes, y si se puede
demostrar su culpabilidad, condenado. Esas son las reglas.

En mi opinión, una investigación judicial que se vea libre de las maniobras de un Gobierno que trata de ocultarlo todo para eludir sus responsabilidades y
ayudada por una Fiscalía que ejerza su función y no la de abogado defensor del Ejecutivo, puede terminar por encontrar no solo a quiénes dieron el chivatazo,
sino de donde partió la orden. Hay que mantener nuestra confianza en un Estado de Derecho que en casos difíciles como el GAL depuró unas responsabilidades
penales que tampoco fueron asumidas políticamente por un gobierno socialista. A veces la Justicia es lenta, pero implacable. También las urnas. Nuestro
compromiso con la verdad no está en función de fechas electorales.
Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.

El final de una contienda
Luis del Pino Libertad Digital 24 Septiembre 2011

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 24/9/2011

Si yo les pregunto a ustedes cuándo empezó la Guerra de la Independencia española contra los franceses, pocos dudarán en contestar que el 2 de mayo de 1808,
¿verdad? Sin embargo, si les pregunto que cuándo terminó, lo más probable es que la mayoría de ustedes no sepa qué responder.

Pero no piensen que es que sus conocimientos históricos son deficientes. La razón de que casi nadie sepa la respuesta a esa pregunta es que no existe una
respuesta sencilla. Podemos considerar, por ejemplo, que la Guerra de la Independencia terminó el 31 de agosto de 1813, fecha de la última batalla de
importancia en suelo español, la batalla de San Marcial. Pero, en realidad, las hostilidades no cesaron con esa batalla.

Podemos sostener, y parecería razonable, que la guerra terminó el 11 de diciembre de 1813, con la firma del Tratado de Valençay entre España y Francia, por
el que Napoleón reconoció a Fernando VII como legítimo rey de España. Pero lo cierto es que Fernando VII seguía aún prisionero en Francia.

¿Acabó entonces la guerra el 24 de marzo de 1814, cuando Fernando VII cruza la frontera de regreso a España? Pues en realidad, tampoco, ya que las tropas
aliadas seguían batallando contra los franceses.

Podemos elegir, entonces, como fin de la guerra el 11 de abril de 1814, fecha en que se produce la abdicación de Napoleón Bonaparte, o bien el 14 de abril de
1814, fecha de la última batalla, en Bayona, entre Wellington y los franceses. Pero, sin embargo, Fernando VII no había sido aún reconocido como Rey, porque
todavía no había jurado la Constitución de Cádiz, así que la situación de interinidad institucional en nuestro país continuaba.

¿Y el 17 de abril de 1814, fecha en que el general Elío realiza el primer pronunciamiento militar de nuestra Historia moderna e insta a Fernando VII a
recuperar sus derechos al trono, prescindiendo de las Cortes de Cádiz? Pues en realidad tampoco, porque, aunque parezca mentira, aún había por aquel entonces
tropas francesas en territorio español.

¿Entonces nos decantamos por el 25 de abril, fecha en que se produce la salida de las tropas francesas de Barcelona? Para entonces, ya estaba todo el pescado
vendido: se había firmado un tratado de paz con Francia, los aliados (ingleses y portugueses) habían ya también cesado en las hostilidades, Napoleón y José
Bonaparte habían abdicado, Fernando VII había recuperado el trono gracias a un pronunciamiento militar y ya no quedaban tropas extranjeras en suelo español.

Aunque aún quedaba por rematar el conflicto institucional, lo cual no tardaría muchos días. El 4 de mayo de 1814, Fernando VII, "El Deseado", suspendía la
Constitución de Cádiz.

La Guerra de la Independencia española tuvo, como ven ustedes, un principio bien definido, pero su final es casi imposible de determinar, en medio de la
catarata de acontecimientos vivida durante el colapso del régimen napoleónico y la crisis institucional española.

De todos modos, da igual cuándo se acabara exactamente aquella guerra, porque lo que sí están claras son las consecuencias que aquella contienda tuvo. Además
de centenares de miles de muertos, la invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia nos dejaron una España completamente arruinada, una clase
dirigente y un régimen deslegitimados, una población acostumbrada a hacer la guerra - nunca mejor dicho - cada uno por su cuenta y una nación dividida en un
conflicto civil que aún perdura.

El próximo lunes se reunirá por última vez el Consejo de Ministros, para formalizar la decisión de disolver las Cortes y convocar elecciones, formalidad que
no es sino un hito más dentro un agónico y prolongadísimo fin de legislatura.

Zapatero lleva yéndose muchísimo tiempo, pero parece que no terminara de irse nunca. Llevamos tantos meses hablando de la marcha de Zapatero que, con el
correr de los años, lo único que recordaremos será una esperpéntica ceremonia de la confusión, en la que será imposible determinar cuándo acabó la
catástrofe.

Si yo les preguntara a ustedes dentro de algún tiempo en qué momento comenzó en España la era Zapatero, todos me responderían que el 14 de marzo de 2004,
cuando el actual presidente fue elegido por sorpresa tras los atentados sufridos tres días antes. Sin embargo, si nos planteamos la pregunta de cuándo acabó
la era Zapatero, la pregunta distará mucho de tener una respuesta simple.

Podremos decir que acabó en mayo del pasado año 2010, cuando la inminente quiebra de nuestro sistema financiero inició el proceso de intervención europea de
nuestras cuentas, restando así al presidente buena parte de su poder. Pero, en realidad, Zapatero siguió gozando de todas sus atribuciones, por mucho que
estuvieran sometidas a tutela.

O quizá acabó en noviembre de 2010, cuando los movimientos internos en el seno del PSOE pusieron de manifiesto que la estrella de Zapatero comenzaba a
declinar en el seno del partido. Pero Zapatero seguía teniendo en su mano intentar competir por una tercera victoria electoral.

Tal vez la era Zapatero terminó el 2 de abril de 2011, cuando el presidente de gobierno y secretario general del PSOE anunció públicamente que no se
presentaría a las siguientes elecciones, en un intento desesperado de contener la debacle que se anunciaba para las municipales. Pero Zapatero continuaba
ocupando su despacho en la Moncloa.

O puede que se terminara el 29 de julio, cuando Zapatero anunció, sin materializarla, su intención de convocar elecciones anticipadas. Pero lo cierto es que
seguía teniendo a su servicio el Boletín Oficial del Estado.

O a lo mejor se termina la era Zapatero el lunes, cuando finalmente se emita el decreto de convocatoria de elecciones, pero siguen aún quedando dos meses
hasta que los españoles elijan a un nuevo gobierno.

Puede que lo más sensato sea decidir que el final de la era Zapatero se producirá el 20 de noviembre, cuando los españoles elijan a otro gobierno para
sustituir al actual, pero la realidad es que después de celebradas las elecciones, Zapatero seguirá en el cargo todavía un mesecito más, hasta que tenga
lugar el traspaso de poderes.

Así que la única alternativa que nos queda es concluir que el fin de la era Zapatero tendrá lugar el día en que Mariano Rajoy tome posesión como nuevo
presidente de Gobierno.

Pero ni siquiera estoy seguro de que eso sea correcto, porque el acceso de Rajoy a la Moncloa no va a terminar de manera inmediata con los conflictos
institucionales abiertos ni a cerrar las llagas que Zapatero deja supurando.

El final de la era Zapatero estará para siempre envuelto en la más absoluta confusión, por la sencilla razón de que eso es lo natural cuando se produce el
colapso de un régimen. Aunque Zapatero se vaya, ya nada volverá a ser lo mismo en nuestro país: todos hemos perdido la inocencia en el sentido político y los
consensos y sobrentendidos de la Transición han saltado por los aires.

En cualquier caso, da lo mismo la fecha que elijamos como fin de esta etapa negra de nuestra Historia. Porque lo que sí están claras son las consecuencias de
estos 7 años de gobierno del PSOE: la era zapaterina nos deja una España completamente arruinada, una clase dirigente y un régimen deslegitimados, una
población acostumbrada a hacer la guerra cada uno por su cuenta y una nación dividida en un conflicto civil que Dios sabe cuánto se prolongará.

Desde luego, parece que nos ha mirado un tuerto, porque en los últimos siglos, cada vez que España intenta levantar cabeza, se produce alguna calamidad que
nos vuelve a sumir en el más negro de los pozos.

Por lo pronto, a ver cómo se comporta, en cuanto llegue al Gobierno, el líder del Partido Popular: Mariano Rajoy, "El Deseado".

La Defensora del Pueblo pide cambios legislativos para que se cumplan las sentencias de Derechos Humanos
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, pedirá al Ministerio de Justicia que introduzca las modificaciones legislativas necesarias
que "den plena efectividad interna a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando dichas decisiones supongan una condena a España por
violación de la Convención Europea de Derechos y Libertades Fundamentales".
Madrid - Ep www.gaceta.es 24 Septiembre 2011

En concreto, Cava de de Llano solicitará que esos cambios legislativos recojan los cauces procesales específicos que den cumplimiento estricto a las
sentencias del Alto Tribunal. Con esta petición, se pretende acabar con el actual vacío legal que impide que las sentencias del Tribunal con sede en
Estrasburgo se ejecuten de manera efectiva, según ha informado la Oficina del Defensor del Pueblo de España.

La Defensora anunció esta medida en la clausura de unas jornadas de trabajo organizadas por la Institución que dirige y por el Consejo de Europa, que han
reunido los días 21 y 22 de septiembre en el Senado a representantes de los Defensores del Pueblo y de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de todos
los Estados miembros del Consejo de Europa (CE), así como a altos funcionarios del CE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

A lo largo de estas jornadas, Cava de Llano reclamó también reformas que "faciliten la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
que posibiliten una rápida respuesta a los casos presentados que estén bien fundados, a fin de fortalecer la posición institucional y la credibilidad social
del Alto Tribunal Europeo".

Además, lamentó las actitudes de los distintos gobiernos de España, de diferente color político que, en su opinión, "no han dado una solución satisfactoria a
la hora de acatar debidamente las decisiones vinculantes de la Corte de Derechos Humanos.

Según la institución, en la actualidad, el 90 por ciento de las demandas individuales presentadas ante el TEDH son declaradas inadmisibles. Por otra parte,
una vez dictadas las sentencias, su ejecución por parte de los Estados no siempre se cumple como debiera.

A 31 de diciembre de 2010, un total de 9.922 casos estaban pendientes de resolver ante el Comité de Ministros para la supervisión de su ejecución.

Barcelona
El Ayuntamiento apoya la prohibición del español como lengua vehicular en las escuelas junto al catalán
CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC aprueban una declaración en defensa de la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán. Alberto Fernández
Díaz (PP) denuncia la incoherencia y doble moral de muchos de los políticos que defienden la inmersión pero evitan que sus hijos se sometan a ella.
Redacción www.vozbcn.com 24 Septiembre 2011

Solo el PP ha defendido el bilingüismo escolar durante el pleno extraordinario que se ha celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Barcelona. El resto de
grupos, CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC, han aprobado una declaración institucional de ‘apoyo, mantenimiento, mejora y extensión’ del actual modelo de inmersión
lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, a pesar de que diversas sentencias de los tribunales han dictaminado que se trata un sistema
ilegal.

Alberto Fernández Díaz (PP) ha criticado que el primer pleno de la etapa de Xavier Trias al frente del Consistorio haya sido uno monográfico, dos días antes
de las Fiestas de la Merced, para defender la inmersión obligatoria, y no para tratar de plantear medidas contra la crisis económica, el desempleo y la
delincuencia.

El dirigente popular ha abogado por un modelo trilingüe en el que castellano, catalán e inglés sean lenguas vehiculares:
“Nos dicen que con tres horas en castellano a la semana se garantiza el conocimiento de esta lengua, pero que para conocer el catalán, en cambio, es
imprescindible la inmersión lingüística, toda la enseñanza en catalán. Y yo les pregunto: cuando los padres piden en muchas escuelas que sus hijos cada curso
escolar reciban más horas y más asignaturas en inglés, ¿también les dirán que son contrarios a la inmersión lingüística? ¿también les dirán, como hacen con
el PP, que están contra el catalán?”.

Fernández Díaz también ha denunciado la incoherencia y doble moral de muchos de los políticos que defienden la inmersión obligatoria en catalán pero evitan
que sus hijos se sometan a ella:
“¿Por qué quieren imponer un modelo lingüístico en las escuelas, cuando muchos de los que nos gobiernan en Barcelona, algunos regidores de este
Consistorio, o en Cataluña, llevan a sus hijos a escuelas sin inmersión? Tal vez sea una cuestión de contradicciones ideológicas y de recursos públicos, es
decir, como ellos pueden pagar un determinado tipo de educación a sus hijos, no dudan en llevarlos a unas determinadas escuelas en las que no hay inmersión
lingüística, pero eso sí, ¡viva la coherencia!, imponen al resto de la comunidad educativa y de los catalanes un modelo lingüístico que ellos no desean ni
aplican para sus hijos”.

Y ha advertido a Trias de que “las sentencias se han de cumplir siempre, nos gusten o no”:
“Con este antecedente, señor alcalde, cuando usted pasee por Barcelona y se encuentre con un vecino que haya visto cómo una sentencia de un tribunal de
justicia no le gusta o no le da la razón, ¿usted también le recomendará que se declare insumiso? Cuando usted dicte un decreto que no guste a un vecino de
nuestra ciudad y le diga en la cara que no la piensa respetar, ¿usted qué le dirá? ¿Le dirá lo mismo que le está diciendo hoy a los barceloneses en este
pleno?”.

“Tenemos dos estados que ignoran y combaten el catalán”
Sin embargo, el alcade, Xavier Trias (CiU), ha evitado responder a Fernádez Díaz. Ha considerado que “no está mal” que el primer pleno de su mandato se
destine a “no permanecer en silencio ante el ataque que supone para el catalán y para el autogobierno la sentencia del Tribunal Supremo y el auto del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”. Y ha basado su defensa de la inmersión obligatoria en que, en su opinión, el catalán aún “no se sitúa en el mismo
nivel que el castellano”.

El convergente Jaume Ciurana ha ido más allá. “Esta no es una discusión filológica, educativa o jurídica, sino política y nacional, porque los catalanes no
tenemos un estado que defienda el catalán, sino que tenemos dos estados que lo ignoran y lo combaten. El referendo cotidiano de miles y miles de familias que
día tras día apoyan el modelo de inmersión lingüística no se puede cuestionar por una minoría que utiliza la polémica sobre la lengua para satisfacer otros
intereses“, ha espetado.

Por parte del PSC, Jordi Hereu ha defendido “con firmeza” la inmersión obligatoria porque es “uno de los pilares básicos de este país [Cataluña]“. Según
Hereu, la prohibición del español como lengua vehicular escolar junto al catalán es “un modelo de éxito”, “la base de la unidad civil”. Y, sorprendentemente,
puesto que ni es lo que se está debatiendo en estos momentos, ni es el modelo avalado por los tribunales, el ex alcalde ha dedicado buena parte de su
intervención a criticar la segregación de los niños en función de la lengua.

“Ninguna sentencia podrá doblegar la voluntad mayoritaria del país”
Ricard Gomà (ICV-EUiA) ha declarado el firme apoyo de su grupo a que el catalán sea la única lengua vehicular escolar y ha culpabilizado de la situación,
que, según él, afecta a “la dignidad nacional”, a una supuesta “catalanofobia” del PP. El ecocomunista ha sido uno de los más contundentes:

“Queremos una escuela pública y en catalán, como factor de construcción de una sociedad justa y no fracturada. Digámoslo claro: contra la inmersión, no
pasarán. Tenemos una lengua propia y oficial, el catalán, que sigue en desventaja frente al castellano. [...] Hay que dar pleno apoyo a la comunidad
educativa para que sepan que nunca tendrán que renunciar a la inmersión por ninguna sentencia insolente. [...] Ninguna sentencia podrá doblegar la voluntad
mayoritaria del país [Cataluña], ni el entramado lingüístico de nuestra convivencia. El TC ya cometió, con la sentencia del Estatuto, una agresión
antidemocrática contra la voluntad de la ciudadanía de Cataluña. No aceptamos, ni aquella agresión, ni ninguna derivada en materia lingüística. Queremos
dejarlo claro: rechazamos las decisiones judiciales del Supremo y del TSJC explícitamente orientadas a dañar nuestro modelo lingüístico de éxito educativo,
social y convivencial”.

Por último, el líder de UxB/ERC, Jordi Portabella, ha advertido de que tratar de suprimir la inmersión obligatoria es un “ataque contra el catalán, contra la
igualdad de oportunidades y contra la convivencia” que supondría “sumergir en la ignorancia a un grupo de personas que nunca sabrán nuestra lengua, pero el
derecho a la ignorancia no existe“. Según Portabella, esto provocaría “la desaparición del uso de la lengua catalana”.

Cataluña
La Generalidad impuso 233 multas por no utilizar el catalán, en 2010
Estas sanciones son contrarias a la ley, tal y como dictó el Tribunal Constitucional, en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía: ‘El deber de
disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular
o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones
privadas’.
Redacción www.vozbcn.com  24 Septiembre 2011

La Generalidad sigue aplicando las multas lingüísticas a los ciudadanos de Cataluña, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) dictó, en la sentencia de
2010 sobre el Estatuto de Autonomía de 2006, que las sanciones por motivos lingüísticos (el uso de una u otra lengua oficial de Cataluña) no son legales.
Según el último informe de Política Lingüística, la autonómica Agencia Catalana de Consumo aplicó 233 expedientes sancionadores a empresas, durante 2010, por
utilizar no utilizar el catalán en sus comunicaciones privadas.

Desglose de sanciones lingüísticas, por no utilizar el catalán, solo en 2010 (fuente: Generalidad de Cataluña).

El TC, sin embargo, en su fundamento jurídico 22 de la sentencia de 2010, interpreta el artículo 34 del Estatuto de la siguiente manera:
‘[...] El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la
imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y
directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre
los poderes públicos y los ciudadanos’.

Por lo que, si los 233 expedientes son recurridos ante el Alto Tribunal la Generalidad deberá devolver el dinero, más intereses, a los empresarios y pagar
los costes del proceso judicial, por no aplicar las normas acorde a la ley. El Alto Tribunal, además, dejó abierta la puerta a que se recurrieran las leyes
autonómicas que se derivan de la incorrecta aplicación del Estatuto en materia de multas o sanciones lingüísticas. Así ha ocurrido con el Código de Consumo
de la Generalidad y la Ley de Cine, que establecen sanciones para los empresarios que no utilicen el catalán, y sí lo hagan en español, por ejemplo.

Evolución del número de sanciones impuestas por la Generalidad por motivos lingüísticos (fuente: Generalidad de Cataluña).

Repunta el número de multas
La Agencia de Consumo de la Generalidad ha recaudado, solo en 2010, 218.825 euros gracias a las multas lingüísticas. En 2009, las sanciones fueron 151
(recaudando 147.350 euros); en 2008, 209 multas (208.200 euros de recaudación); y en 2007 se pusieron 733 multas lingüísticas que dejaron en las arcas de la
Administración autonómicas 2,9 millones de euros.

Todo indica que las multas lingüísticas serán anuladas por los tribunales en cuanto se pronuncien. La decisión de aplicar este tipo de multas, que sanciona
el uso solo de uno de los dos idiomas de Cataluña (el español), pero no el uso solo del otro idioma (el catalán), fue tan polémica que incluso el propio PSC,
que las ha aplicado durante los siete años de gobierno, anunció en la campaña de las pasadas autonómicas que reconsiderarían la medida puesta en práctica,
gracias a una ley aprobada durante el pujolismo.

Promesa del PP incumplida
Durante la campaña electoral al Parlamento autonómico también el PP se pronunció en contra de las multas lingüísticas por el uso solo del español. Su
presidenta, senadora y actual diputada autonómica, Alicia Sánchez-Camacho prometió que los populares no pactarían con CiU si estos no retiraban de la
legislación autonómica las sanciones lingüísticas.

Sin embargo, pese a que Artur Mas (CiU), presidente autonómico, ya se ha manifestado a favor de mantener este tipo de multas, a todas luces
inconstitucionales, el PP no ha tenido inconveniente en pactar con los nacionalistas los Presupuestos de la Generalidad de 2011, que incluyen, entre otras
cosas, las partidas destinadas a la Agencia Catalana de Consumo y a los inspectores de este organismo para sancinar a los comerciantes.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Austeridad a la gallega
Sería bueno que el Parlamento se exigiese a sí mismo lo que podría exigir por ley a los ciudadanos
CARLOS RUIZ MIGUEL ABC Galicia 24 Septiembre 2011

PARECE que no quieren soltar sus bicocas. Comentando aquí semana pasada lo que cuesta la prebenda de los coches oficiales del Parlamento decía que «la señora
Pilar Rojo, como presidenta, debe ser la primera en impulsar un acuerdo no para “abaratar”, sino para suprimir esa factura». Sin embargo, como era de
esperar, ha ocurrido contrario: la señora Rojo ha impulsado un acuerdo para mantener los coches, que puede salir incluso más caro y que desde las filas de su
propio partido fue calificado benévolamente como «chamativo».

Una inspiradísima caricatura de Pilar Canicoba ilustraba perfectamente la situación. Un coche con la inscripción «Parlamento de Galicia» daba un volantazo
para esquivar una gran tijera que se interponía en su trayectoria. Ese dibujo sintetizaba lo que José Luis Jiménez documentó en un amplio artículo en ABC
cuyo título lo decía todo: «PSOE y BNG respaldan el ficticio plan de recorte del parque móvil del Parlamento».

Vayamos a los datos. Primero: el Parlamento de Galicia, con 75 diputados, tiene diez coches oficiales de gama alta que, naturalmente, tienen coste de
mantenimiento técnico y de seguros. Segundo: los coches se mantienen, pero no sólo para los miembros de la Mesa del Parlamento. Tercero: los miembros de la
Mesa son compensados de la pérdida de este privilegio con el cobro de dietas para asistir al Parlamento. Cuarto: los miembros de la Mesa a los que ha habido
que «indemnizar» cobran casi 8.000 euros brutos. Quinto: según informa la prensa gallega, los diputados que más cobran (los de la Mesa) son los que se
ausentan con más frecuencia del Pleno. Sexto: el parlamento paga Internet ADSL y teléfono móvil sin límite de gasto a todos los diputados y, al menos, a
veinticinco de sus funcionarios. A ello se puede añadir la financiación, generosa, que el Parlamento de Galicia presta a congresos de asociaciones privadas.

Hay, además, un hecho verdaderamente «chamativo»: todos los miembros de la Mesa del Parlamento de Galicia (presidenta, vicepresidentes primero y segundo, y
secretarios primero y segundo) tienen derecho a tener una secretaria. ¡Sí!, también los secretarios primero y segundo tienen derecho a secretaria. Y que no
se diga que esto pasa también en otros Parlamentos. Lo que está mal no deja de estar mal porque se haya hecho frecuente. Los ciudadanos, no sé si se han
enterado, quieren ejemplaridad.

El Parlamento de Galicia, muy probablemente, tendrá que aprobar leyes con recortes para los ciudadanos. Sería bueno que se fuera exigiendo a sí mismo lo que
puede que vaya a exigir a los demás.

VCT homenajea a las víctimas de ETA en Leiza
 www.gaceta.es  24 Septiembre 2011

En el noveno aniversario del asesinato del agente de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro Montes, Voces contra el Terrorismo, con su presidente Francisco
José Alcaraz y la viuda de Juan Carlos a la cabeza, ha rendido homenaje a todas las víctimas de la banda asesina.Vea el vídeo.

El acto estaba convocado a las doce del mediodía en la plaza del ayuntamiento de Leiza, municipio gobernado por la coalición proetarra Bildu, donde hace poco
más de un mes se homenajeó a los terroristas, para desagraviar a todas las víctimas de la banda terrorista y en especial a Juan Carlos Beiro Montes, agente
de la Guardia Civil asesinado en esa localidad navarra hace nueve años.

El acto finalmente ha comenzado con algo de retraso, ya que la familia de Juan Carlos, con su viuda al frente, se ha trasladado desde su Asturias natal para
acudir al acto de homenaje.

Primero se han guardado cinco minutos de silencio frente al ayuntamiento de Leiza, escoltados por varios vehículos blindados de la Benemérita, que también
han querido estar presente en el homenaje a su compañero asesinado hace nueve años, cuando una bomba trampa adosada a una pancarta que ensalzaba a los
asesinos, acabó con su vida e hirió a otro compañero.

Al acto han acudido varios autobuses fletados por la asociación Voces contra el Terrorismo, con su presidente Francisco José Alcaraz a la cabeza, mientras
que desde Asturias ha llegado otro autobús con amigos y familiares de Juan Carlos. A ellos se han sumado varios vecinos del pueblo, encabezados por el
concejal de Derecha Navarra Española, Silvestre Zubitur. Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra y ex alcaldesa de Pamplona, se ha asumado al
acto.

Tras los cinco minutos de silencio se ha celebrado en la iglesia de Leiza una misa por Juan Carlos, oficiada por un capellán castrense y concelebrada por
varios sacerdotes, entre los que se encontraba el párroco de la localidad.

Después de la misa, los presentes se han desplazado al lugar donde murió Beiro, en el puerto de Urto, en la carretera NA-1.320, donde han realizado una
ofrenda floral. Allí su viuda, María José Rama, ha dado lectura a un comunicado en el que ha pedido "dignidad y justicia" para las víctimas del terrorismo.

Finalmente, Serafin Zubitur y otros vecinos del municipio han recordado a los agentes que prestan su labor, tanto en Navarra como en resto de España, a
aquellos que defienden la libertad, "frente a la Leiza que está con los asesinos, está la Leiza que apoya a las víctimas", ha señalado una vecina leizatarra.
El acto ha acabado con la lectura de un comunicado por María José Rama, viuda de Juan Carlos Beiro Montes, en la que ha criticado la negociación del Gobierno
con la banda terrorista y ha pedido dignidad, memoria y justicia para las cerca de mil víctimas de ETA. "No podéis mandar a Leiza a morir a un ser humano en
defensa del país para luego negociar con sus asesinos". "O estáis con los que sufren, o estáis con los que agreden".

Para terminar ha criticado la presencia de los proetarras de Bildu en las instituciones. "Como mujer de una persona asesinada, no entiendo cómo mi país, al
que por cierto, servía mi marido y por el que le asesinaron, puede permitir que quienes no han condenado la muerte de mi marido y otras 900 muertes, entre
anteriores y posteriores, tengan el privilegio de sentarse en las instituciones de mi país".

También han acudido al acto el consejero de Educación del Ejecutivo foral, José Iribas, el consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales y
Portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniáin, y la delegada del Gobierno en la Comunidad, Elma Saiz, entre otros.

Para la viuda de Beiro, este homenaje "demuestra la enorme dignidad de un grupo de personas que, arriesgando su libertad y su integridad, luchando por sus
principios y valores, os habéis reunido aquí, dando la cara".

El cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, de 32 años y natural de Asturias, fue asesinado el 24 de septiembre de 2002 como consecuencia de la explosión
de una 'bomba-trampa' oculta tras una pancarta que el agente, junto a otros compañeros que resultaron heridos, se disponían a retirar en Leitza.

El atentado tuvo lugar a las 12.50 horas en el puerto de Urto, en la carretera NA-1.320, que une Leitza con la localidad guipuzcoana de Berastegui, en un
punto situado a menos de un centenar de metros del límite interprovincial.

222 ARGUMENTOS
El libro que un nacionalista catalán nunca habría querido ver escrito
Enrique Rodríguez www.elsemanaldigital.com 24 Septiembre 2011

"Historias ocultadas del nacionalismo catalán", de Javier Barrayoca, desvela infinidad de hechos, sustanciales o anecdóticos, que demuestran la nula
fundamentación de esa ideología.

¿Ocultas u ocultadas? Ocultadas. Porque "ocultas" significaría que estaban casualmente en un cajón. Y lo que queda claro tras leer este libro es que estaban
"ocultadas", y bien "ocultadas", porque se colocaron ahí no fuese que alguien descubriese el pastel.

Ese alguien, para desgracia del nacionalismo, es Javier Barraycoa, catalán y profesor universitario en Barcelona, quien ha recogido en Historias ocultadas
del nacionalismo catalán (LibrosLibres) nada menos que 222 hechos históricos que demuestran que los fundamentos de dicho movimiento son postizos e
ideológicos y carecen de anclaje en la Historia, da igual que nos remontemos a dos siglos que a diez.

Entre lo sublime y lo patético
Eso, cuando no caen en lo ridículo, como la definición de Cataluña de August Maspons ("un grupo zoo-geo-histórico"), las invocaciones religiosas del
capuchino Miquel d´Espugues (la devoción a la Virgen de la Mercé, para que fuese "redención verdadera", debía ser "reintegradora de los valores étnicos y
sobrenaturales", y por tanto "impermeable al espíritu de España") o la pretensión reciente de convertir el burro es símbolo nacional para oponerlo al toro de
Osborne... siendo así que la especie se ha salvado gracias a un semental que conservaba el Ejército español.

Que el nacionalismo está totalmente divorciado respecto a la realidad catalana lo muestran algunos detalles, si se quiere anecdóticos pero significativos,
concernientes a hechos muy cotidianos.

Fútbol y toros
Por ejemplo, este sábado se celebrará la última corrida de toros en Cataluña (prohibidos gracias a un cordobés, José Montilla), en lo que los separatistas
consideran una victoria sobre algo españolista y, por tanto, anticatalán. Pero lo cierto, como cuenta Barraycoa, es que Barcelona fue la única ciudad del
mundo (ni Madrid, ni Sevilla, ni México D.F., ni Lima) con tres plazas simultáneamente en activo, y que costumbres tan taurinas como sacar el pañuelo para
reclamar la oreja, o que la banda toque en los momentos cumbre de la faena, no nacieron en la Feria de Abril ni en los Sanfermines, sino en la Ciudad Condal.

O, ahora que el Barça se ha empeñado en convertirse en un abanderado político del nacionalismo, es bueno recordar que su fundador, el suizo Hans Gamper
(luego rebautizado como Joan), sólo permitía jugar extranjeros, y que el Español nació como reacción para que en Barcelona hubiese un equipo donde jugasen
los futbolistas catalanes.

"Catalán" significa "castellano"
Si del deporte pasamos a la etimología, encontramos datos tan curiosos como que "catalán" significa... "castellano". En efecto, Barraycoa explica que muy
probablemente "catalán" es una derivación de "chatelain", "castellano" en francés, porque Cataluña era tan tierra de castillos y de castellanos (habitantes
de los castillos) como Castilla.

En torno a la lengua y la literatura la realidad se mofa también del nacionalismo. La Renaixença, momento naciente del catalanismo (aún no político), se hizo
en castellano, y los grandes difusores de la lengua fueron Jacinto Verdaguer (mil veces cantor de España) y San Antonio María Claret, confesor de Isabel II.

En cuanto a Francesc Macià y Lluís Companys, proclamadores ambos del Estat catalá, el primero era un militar del Ejército español converso tardíamente al
nacionalismo, y el segundo, ex militante del lerrouxismo (quintaesencia del radicalismo centralista), se dedicaba de joven a disolver sardanas a bastonazos,
cuando el baile popular catalán se consideraba de derechas.

Por amor a Cataluña
Es posible que haya un antes y un después del libro de Barraycoa en cuanto a la percepción pública sobre el nacionalismo catalán. Abarca todos los ámbitos de
la política, la historia y la cultura en los que el nacionalismo ha dejado su impronta fraudulenta, y los confronta con la verdad desnuda de los hechos: "El
nacionalismo", sostiene, "es en puridad un acto de voluntad emancipado de la realidad concreta".

Pero el autor no la examina como doctrina sesuda, sino a través de decenas de historias que la definen mediante sentimientos y acciones. Y queda muy poco de
la mitología con la que los distintos grupos separatistas intentan consolidar su poder. Pues, en el fondo, de eso se trata.

Barraycoa pretende justo lo contrario: "Acercar a los catalanes a su propia historia, así como al resto de España, para que comprenda lo que el pueblo
catalán ha sido y debería seguir siendo".

educación
Las ikastolas hacen una defensa de la inmersión lingüística en euskera
Censuran que la Administración educativa ha recortado cuatro millones de la financiación de su grupo en en dos años
MARTA FERNÁNDEZ VALLEJO | BILBAO El Correo 24 Septiembre 2011

El presidente de las ikastolas, Koldo Tellitu, ha abogado por lograr en Euskadi "consensos como el de Cataluña" para implantar la inmersión lingüística en
euskera en las aulas vascas "en nombre de la cohesión social". Tellitu ha resaltado, durante el acto inaugural del curso escolar celebrado en Tolosa, "el
orgullo con el que los catalanes proclaman el acierto de utilizar la lengua nacional como idioma vehicular para evitar la fractura en la sociedad".
El máximo responsable de las ikastolas del País Vasco ha criticado los "recortes en la financiación pública" de estos centros concertados. "La crisis
económica ha hecho mella en nuestras aulas. Se nota en las aportaciones económicas que realizan los cooperativistas, pero se nota sobre todo en los recortes
que sufrimos por parte de la Administración". También ha cifrado en 4 millones en dos años la reducción de la aportación pública. Durante su intervención en
el acto, en el que han estado presentes la consejera de Educación, Isabel Celaá, y el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, Tellitu ha opinado que
"Euskal Herria va en la dirección del escenario que queremos". "Es tiempo para el reencuentro y la mirada al futuro. Urge aprender del pasado para no repetir
los mismos errores. El ámbito educativo tiene mucha tarea por delante en este terreno. Es el momento de abordarlo", ha subrayado.


31 detenidos
Guerrilla urbana y kale borroka tras el derribo de un centro juvenil en Bilbao
 www.gaceta.es 24 Septiembre 2011

Rodolfo Ares ha condenado los actos "vandálicos, de violencia callejera y guerrilla urbana" registrados en el bilbaino barrio de Rekalde tras el inicio
del derribo de un centro juvenil.

El consejero de Interior, ha asegurado que estaban "planificados y organizados" y se pretendía "destrozar" el barrios de Rekalde y otros puntos de Bilbao.
Ares ha añadido que los 31 detenidos son una "amalgama" de personas vinculadas a la kale borroka, antisistema y personas con antecedentes delictivos En el
transcurso de una rueda de prensa ofrecida en el centro de Gestión de Emergencias de Euskadi, Ares ha condenado los incidentes registrados en la capital
vizcaína y ha defendido la actuación de la Ertzaintza que tuvo que trabajar "en circunstancias muy difíciles".

El titular ha señalado que quienes protagonizaron esos altercados eran un grupo de "radicales, intolerantes y desalmados" y ha asegurado que, si no hubiera
sido por la actuación de la Ertzaintza, con la colaboración de la Policía Municipal y de los Bomberos, "estos pirómanos hubieran incendiado Rekalde y parte
de otras zonas de Bilbao".

Según ha manifestado, quienes protagonizaron estos incidentes eran personas de Bilbao, pero también de otros puntos del País Vasco, del resto del Estado y
también se ha constado que procedían de Alemania.

Ares ha asegurado que los actos de "sabotaje y guerrilla urbana" estaban "dirigidos y planificados con gente que avisaba a donde había que acudir". Además,
ha señalado que contaban con mochilas preparadas "para provocar incidentes" y disponían de gasolina y artefactos incendiarios que "no se improvisan, se
preparan". "Había gente estableciendo mecanismos de ordenes de actuación o, al menos, coordinando o mandando mensajes", ha añadido.

Preguntado por quién podría estar detrás de los incidentes, ha señalado que se están realizando las diligencias oportunas para esclarecer los hechos. Según
ha señalado, no hay que descartar tampoco que hubiera una "mezcla de kale borroka, violencia callejera, antisistemas, alcohol, etc", pero ha indicado que hay
que ser "prudentes".

Los incidentes, según ha precisado, se saldaron con 31 detenidos que forman una "amalgama de personas" tanto del entorno de la kale borroka, como
antisistemas y personas con antecedentes delictivos imputados por delitos contra la propiedad y alguno por violencia de género. Además, ha explicado que uno
de los detenidos había sido candidato a concejal en un municipio vizcaíno y está "muy vinculado a la kale borroka".

Ares ha señalado que deberán responder de delitos de desórdenes públicos y de atentado contra agentes de la autoridad. En la comparecencia, se ha precisado
que se están practicando las diligencias correspondientes y realizando comprobaciones y han indicado que la inmensa mayoría de los 31 detenidos serán puestos
en libertad, con citación y cargos.

El titular de Interior ha señalado que los actos comenzaron a las cinco menos veinte de la tarde del viernes, cuando se inició el derribo del gaztetxe y se
concentraron en la zona gente que colocó barricadas para impedir el paso de la grúa. Según ha explicado, a partir de ese momento, fueron "numerosos" los
actos vandálicos y de sabotaje.

El titular de Interior ha señalado que estos actos han provocado "grandes destrozos" en Rekalde y en otros puntos de Bilbao, donde se colocaron barricadas,
se provocaron daños en vehículos privados y se cruzaron y quemaron contenedores. Además, ha indicado que, de no ser por la intervención de los Bomberos y de
la Ertzaintza, pudo arder un grupo de viviendas en Rekalde.

Ares ha querido hacer un llamamiento a la "calma y a la convivencia" y ha pedido y agradecido la colaboración ciudadana. "Rekalde y sus vecinos no se merecen
que gamberros, pirómanos, gente intolerante destrocen su barrio, así no se defiende el espíritu Kukutza, destrozando un barrio como el de Rekalde", ha
añadido.

El titular de Interior ha añadido que estos actos no se pueden "envolver en la bandera de la defensa de la cultura, destrozando Rekalde y Bilbao".


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