AGLI

Recortes de Prensa   Miércoles 5 Octubre 2011

 

Los verdaderos indignados
Francisco Rubiales Periodista Digital  5 Octubre 2011

Los "indignados" son el gran fenómeno de este inicio del siglo XXI. Pero los indignados no son únicamente los cientos de miles que salen a las calles a
protestar contra la injusticia y el mal gobierno, sino los cientos de millones de ciudadanos que están indignado en silencio, en sus hogares, acumulando
desprecio y rechazo hacia una clase política que patrocina la corrupción, la injusticia, el abuso de poder y la arrogancia. Esa indignación contra la casta
gobernante será la gran marca de la vida y de la convivencia en este siglo.

Hay más indignados silenciosos, encerrados en sus hogares, que en las calles de España. Por cada indignado que se manifiesta en las calles y plazas, hay más
de cien que rumian en silencio su rechazo a un Estado que cada día es más injusto y despreciable, gobernado por una casta de políticos a la que se le ha
perdido el afecto y el respeto. Para millones de españoles, el enemigo ya no es terrorismo, un fenómeno despreciable, pero lejano, sino los políticos
injustos, corruptos y arrogantes que les han conducido hasta el desempleo, la pobreza y la infelicidad.

Cuando los políticos indecentes no dimiten y los jueces no actúan contra los políticos delincuentes, el pueblo toma el relevo y hace lo que puede, que no es
demasiado, pero rechaza a los políticos, los castiga en las urnas, los desprestigia, los desprecia y les llama "chorizos" de manera indiscriminada. Nunca en
la historia reciente de España estuvo más bajo el prestigio y el respeto a los dirigentes políticos. La distancia que separa al pueblo de los que se dicen
sus representantes es ya inmensa. Más que como representantes, empiezan a ser percibidos como opresores.

Es la "venganza" de unos ciudadanos que se sienten marginados del poder y sometidos a una casta de políticos tan inepta como cargada de privilegios. El
fenómeno se extiende por todo el mundo y agudiza la sensación, cada día más real, de que el verdadero enemigo de los gobiernos no son, como en el pasado,
otros gobiernos extranjeros, sino sus propios ciudadanos. En Estados Unidos, en Europa y en muchos otros países del mundo, los indignados crecen como la
espuma, siempre bajo el denominador común del desprecio a la casta gobernante y a sus injusticias. Ayer mismo los indignados se manifestaron masivamente en
Nueva York y Manchester, mientras que las protestas crecian en otras muchas ciudades del planeta.

Los pensadores políticos sostienen que cuando una gran parte del pueblo rechaza a sus dirigentes, éstos pierden la legitimidad y se transforman en opresores,
aunque hayan sido elegidos democráticamente.

Los partidos políticos y sus políticos profesionales son cada día más conscientes del drama que padecen al ser rechazos por el pueblo al que gobiernan.
Muchos de ellos se niegan a asumir la realidad y hablan de que ese rechazo es un efecto exclusivo de la crisis, pero ignoran que el fenómeno se debe, sobre
todo, a que ellos han engañado a los ciudadanos, vendiéndoles una democracia falsa, que en realidad es una sucia dictadura de partidos.

En abierto enfrentamiento con quienes les esquilman con impuestos injustos, les endeudan, les humillan con sus privilegios desproporcionados e inmerecidos y
les rebajan sueldos y pensiones para hacer frente a una crisis que ellos mismos han provocado, los ciudadanos están aprendiendo no solo a rechazar, sino
también a odiar a los políticos que les gobiernan, un sentimiento nuevo que neutraliza el liderazgo, impide el avance de la sociedad, refleja el fin de una
época y confirma la certeza de que el modelo político vigente ya no sirve.

La masa de indignados silenciosos es tan grande que la politica tiene que darles una respuesta. Sin esa respuesta, las urnas se van a convertir en un potro
donde se practique la venganza. Los ciudadanos de toda Europa votan contra sus gobiernos para castigarlos y critican a los políticos porque están convencidos
de que son los mayores culpables del drama que padecen. Otros muchos, todavía más decepcionados con la iniquidad reinante, optan por la abstención electoral,
el voto en blanco y el activismo contra los que mandan y poseen poder.

El divorcio entre ciudadanos y políticos es cada día más intenso y constituye ya el peor drama de la actualidad. Los países no pueden salir de la crisis
mientras que sus ciudadanos rechacen a los que les gobiernan porque salir de la crisis requiere un esfuerzo colectivo y el despliegue de las mejores
cualidades y energías de la sociedad, tesoros que los ciudadanos esconden y que no están dispuestos a entregar a una casta política a la que están
aprendiendo a despreciar.

La respuesta a los indignados no puede provenir de los actuales partidos políticos, porque esos partidos, cargados de privilegios y alejados del ciudadano,
son, precisamente, los grandes culpables del drama que vive el mundo y los directos causantes de la pobreza que avanza.

La única respuesta que los ciudadanos van a admitir es una refundación de la política y el nacimiento de un nuevo sistema donde la verdadera democracia quede
instaurada, al mismo tiempo que se recuperan los grandes valores perdidos y los ciudadanos ejerzan como cotroladores y vigilantes del poder político.

Voto en Blanco

INFORME RECARTE III, TERCERA ENTREGA
Recarte: "El Estado de las Autonomías ha enquistado las diferencias norte-sur"
En esta tercera entrega, el Informe Recarte III analiza el complejo puzzle administrativo de España y el fracaso del Estado autonómico.
Alberto Recarte La organización administrativa y la diversidad territorial
LIBRE MERCADO   5 Octubre 2011

En su nuevo ensayo, Informe Recarte III, titulado Entre la segunda recesión y las reformas, el presidente de Libertad Digital disecciona las reformas clave
que precisará España para impulsar la recuperación económica. En esta tercera entrega -de un total de siete más un apartado de conclusiones-, Alberto Recarte
analiza la "organización administrativa y la diversidad territorial" del país, para concluir que los datos demuestran "el gran fracaso del Estado de las
Autonomías".

En primer lugar, destaca la enorme complejidad burocrática que presenta España, caracterizada por la "superposición de Administraciones". En total, Recarte
cita hasta siete niveles administrativos distintos y diferenciados: la Administración Central, compuesta por el Estado y un gran número de otros organismos
autónomos; la Administración Autonómica, que cuentan con una amplia capacidad normativa y fiscal, "lo que enrarece y dificulta la vida económica y
administrativa de empresas y familias"; la Administración Local, que a su vez incluye ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones; los Entes Empresariales
(más de 3.200 en manos del Gobierno central y autonómicos); y, por último, la Administración de la Unión Europea, que aprueba disposiciones legales de
obligado cumplimiento".

Toda esta maraña dificulta hasta el extremo las relaciones de los españoles con las Administraciones. El problema es que, tal y como recuerda Recarte, el
objetivo de esa compleja organización administrativa a nivel territorial era "acercarse a los ciudadanos para resolver sus problemas". En base a este
argumento, las competencias de las autonomías siguen ampliándose desde 2004, "como consecuencia de los nuevos Estatutos de Autonomía puestos en marcha por
Rodríguez Zapatero, y por la presión de los nacionalistas" para sacar adelante las medidas de austeridad aprobadas desde 2010.

Las autonomías gastan ya en conjunto entre 160.000 y 170.000 millones de euros al año. La educación y la sanidad consumen casi dos tercios de esta cuantía,
pero los otros 55.000 millones de euros se destinan a "otros gastos" que hay que analizar, "pues es aquí donde están los mayores despilfarros", destaca el
economista.

La cuestión es que, pese al fuerte aumento competencial y el gran incremento de recursos del que gozan los gobiernos regionales, "el Estado de las Autonomías
ha enquistado uno los problemas históricos de España, las diferencias entre el Norte y el Sur".

En concreto, Recarte pone en evidencia las fuertes disparidades que siguen presentando unos territorios frente a otros pese a la inmensa transferencia de
recursos, en materias tan diversas como crecimiento económico, paro, educación, tejido empreasrial, investigación, etc. "El mantenimiento de esas
diferencias, o su incremento, es el gran fracaso del Estado de las Autonomías [...] El Estado de las Autonomías ha ignorado las diferencias".

De este modo, según Recarte, "es evidente que el dinero que el Estado recauda de todos los españoles y que, posteriormente, se distribuye, en una parte
sustancial, entre las distintas autonomías, no se gasta adecuadamente. Las transferencias, y las propias competencias autonómicas, deberían estar
condicionadas al logro de objetivos concretos, para asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los españoles".

Y es que, por desgracia, "la política económica de las autonomías, en la medida en que es posible, se limita a sumar población, porque cuantos más habitantes
tiene una autonomía, mayores son las transferencias a que tienen derecho, en gastar esos fondos para asegurar un nivel de asistencia sanitaria y educativa
básicos, y en la creación de un tejido empresarial artificial, no competitivo".

Trabajo inútil
Poco paro hay
José Antonio Martínez-Abarca Libertad Digital  5 Octubre 2011

El gran problema del desempleo en España no es cuántos están en paro, sino cuántos no están aún en paro pero deberían estar. El paro en España es un
devastador drama, en efecto, pero sobre todo causado por los millones de ciudadanos que aún no figuran en él, por motivos que a mí se me figuran
incomprensibles. Consulto las cifras del paro, para comprobar estupefacto cómo sigue sin aumentar de repente en dos o tres millones más de personas, y eso
sólo para abrir boca, gracias a que alguien empiece a preguntar a qué dedican realmente sus mañanas los habitantes de las instancias oficiales, las
semipúblicas y las subcontratadas.

Se están dando unas cifras reales de paro, llamado "sin maquillar" (más de cinco millones en la actualidad, si aplicamos los últimos datos de septiembre a lo
que ya teníamos), y lo que debemos preguntarnos es, mucho más que cuántos de los que no trabajan están apuntados al paro, cuántos de los que trabajan
producen algo que no tenga una consistencia al menos gelatinosa. No deberíamos perder el sueño contando cuántos tienen trabajo en España: el asunto está en
cuántos tienen un trabajo que sirva para algo y no digamos ya que sirva para crear riqueza. Igual que tener un puesto no es lo mismo que tener un trabajo,
tampoco tener un trabajo equivale a estar aportando algo útil al país. Aquí trabajan dos, viven de ellos tres y pretendemos sumarnos a esa fiesta cuatro.

En España también tenemos nuestros cien jardineros en nómina cuidando del mismo metro cuadrado de parterre, como en Grecia, pero a una escala abrumadoramente superior a Grecia. Si el trabajo público o semipúblico en España se ajustase a una razón productiva, o simplemente a una razón que no fuese política, desaparecerían escalones administrativos enteros, y no sólo aquellos en que todos ustedes están pensando. Se ha hablado de las Diputaciones, ectoplasma de lo que fueron excepto en su dotación pecuniaria, en efecto, tras la división del territorio en Comunidades Autónomas. Pero la distorsión entre necesidades
reales y arborescencias burocráticas empieza de forma masiva en eso que elogiaban como "la administración más cercana al administrado", los ayuntamientos, y
que se ha revelado como la más absolutamente lejana. Nunca como en estos años se ha demostrado mejor que la administración local muy pocas veces tiene que
ver con la localidad real de la que se supone que emana, porque los consistorios se han dedicado a importar tendencias cosmopolitas y obsesiones esteticistas
propias de expocero o exaparcero (cualquier poblacho ha construido con lo que no tenía el equivalente al Niemeyer de Avilés). Me contaba un amigo que acababa
de visitar un semidespoblado caserío en La Mancha profunda que disponía de un gigantesco Ayuntamiento futurista en el que ni había administrativos por falta
de papeleo, pero donde los dos únicos inquilinos del "platillo volante", el alcalde y el secretario del Ayuntamiento, utilizaban las dependencias para jugar
al "chamelo". ¡Y el secretario se enorgullecía del ahorro que suponía no tener más funcionarios en un sitio que probablemente es excesivo que tenga hasta
nombre!

Mientras toda esa España oficial que presta semejantes "servicios a la comunidad" no figure en el paro, la estructura laboral española, y descontados los dos
incautos que efectivamente se dedican aquí a algo explicable, seguirá dividiéndose en tres sectores: los que no tienen trabajo y no lo quieren, los que no
tienen trabajo y lo quieren (pero no lo van a obtener) y los que creen que tienen trabajo pero jamás han sabido en qué pueda consistir eso.
abarca@libertaddigital.tv

Entre la segunda recesión y las reformas (3)
La organización administrativa y la diversidad territorial
Alberto Recarte Libertad Digital  5 Octubre 2011

El presente ensayo de Alberto Recarte, que consta de ocho entregas, es un análisis de los problemas de la economía española y de las reformas necesarias para
salir de la crisis.

a) La superposición de administraciones
La Administración Central, que está compuesta por el Estado, y gran número de otros organismos autónomos. El Estado ejerce las competencias básicas, el
mantenimiento de la ley, el orden, la justicia y la seguridad exterior, por más que haya transferido a las autonomías competencias exclusivas, en función de
una Constitución que lo permite. Entre sus organismos dependientes destaca, por su tamaño y autonomía, la Seguridad Social. Recauda la mayoría de los
tributos, que después transfiere en un porcentaje superior al 38% –teniendo en cuenta los ingresos por cotizaciones sociales– a las demás administraciones.

La Administración Autonómica que ejerce, además de sus competencias propias, definidas en el artículo 148 de la Constitución, todas las competencias que
no están atribuidas específicamente al Estado en el texto constitucional, de acuerdo con una interpretación insólita por parte del Tribunal Constitucional.
Las autonomías reciben un 50% del IRPF y del IVA y un 58% de los Impuestos Especiales, además de otras transferencias para gastos específicos de transporte,
educación y sanidad. Cuentan con capacidad normativa, tributaria y no tributaria, en múltiples competencias, lo que enrarece y dificulta la vida económica y
administrativa de empresas y familias en toda España.

La Administración Local tiene, a su vez, hasta tres niveles diferentes de actuación. El principal son las corporaciones municipales, los ayuntamientos,
que suman 8.115 en toda España. En segundo lugar, las mancomunidades, asociaciones voluntarias de municipios para el desarrollo de algunas actividades que
interesan a todos los partícipes. Un tercer escalón, las diputaciones, de las que hay una por provincia, excepto en las autonomías uniprovinciales, donde se
han integrado con las propias autonomías, en Canarias –donde existe un cabildo en cada isla– y en Baleares –donde existen Consejos Insulares–, con
competencias similares en cada circunscripción territorial. Sus competencias son de orden provincial y actúan, en teoría, como coordinadoras e inversoras en
las actividades que no son capaces de gestionar los pequeños municipios. Del total de los 50.000 millones de gasto de los municipios, alrededor del 25% del
total son gastos impropios, no obligatorios. Estamos hablando de 13.000 millones de euros.

«Una política de ahorro de costes debería partir de una asignación de competencias entre las administraciones que tenga lógica política, administrativa y
económica.»
Desde hace tiempo esos niveles administrativos diferentes ejercen sus propias competencias y otras que no les corresponden. El ejercicio de competencias
impropias es especialmente acusado en las áreas sanitaria, educativa y de servicios sociales. Además, hay duplicidades cruzadas entre el Estado, las
autonomías, los municipios y las diputaciones.

Hay otro nivel de intervención administrativa, pues tanto el Estado, como las autonomías, los municipios y las diputaciones han creado entes
empresariales, que adoptan la forma de empresas públicas, fundaciones, consorcios o corporaciones público-privadas, para el suministro de servicios que, en
cualquier caso, escapan al control de la Intervención Pública, tanto en la contratación de personal como en la política de compras y en las decisiones de
inversión. Se financian con cargo a los presupuestos de las propias administraciones, con préstamos bancarios y con deudas con sus proveedores. Sólo en la
Administración Central hay más de 1.200 entes de esta naturaleza. En la Autonómica superan los 2.000 y son igualmente numerosos en municipios y diputaciones.

Una política de ahorro de costes debería partir de una asignación de competencias entre las administraciones que tenga lógica política, administrativa y
económica. Sería imprescindible liquidar las empresas, fundaciones, consorcios, o corporaciones que no sean imprescindibles. La necesidad de reducir el gasto
público y la imposibilidad de sostener financieramente esta estructura administrativa y empresarial nos ha permitido conocer algunos de los excesos cometidos
y nos ayuda a tomar decisiones para racionalizar el gasto. Estamos hablando no sólo del coste y de la complejidad que implica este sistema de intervención
pública, sino de sus efectos deletéreos en la propia economía. En la urgencia por reducir el déficit público se corre el riesgo de recortar el gasto en las
partidas presupuestarias más controladas, que son las del propio Estado y permitir que este sistema de intervención administrativa en la sombra se perpetúe.
En la corta experiencia que tenemos desde que comenzó el proceso de corrección del déficit público, en mayo de 2010, sólo el PP ha hablado de duplicidades y
de entes empresariales. El PSOE de Rubalcaba quiso, durante algunas semanas, suprimir las diputaciones, tras comprobar que su partido había perdido el
control de casi todas ellas.

Existe otra Administración, la de Unión Europea, que aprueba disposiciones legales de obligado cumplimiento, que deben transponerse en nuestro sistema
legislativo. La administración comunitaria asegura, además, que no existen intervenciones públicas que falseen la competencia a nivel comunitario y que los
fondos del FEGA, los del FEDER y los de empleo, encuadrados en la financiación del sector agrario, los fondos estructurales y los de adhesión, y los
específicos, se emplean correctamente.

b) Las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones
«Los ciudadanos españoles tengan una impresión muy favorable de las autonomías y los ayuntamientos. La opinión sobre el Estado es mucho peor, pues se le
considera responsable de la crisis económica y del paro. Y de subir los impuestos.»

El objetivo de esa compleja organización administrativa era acercarse a los ciudadanos para resolver sus problemas. La coincidencia en el tiempo del
desarrollo de esa red y la abundancia de ingresos públicos, por impuestos, tasas o endeudamiento, ha permitido que los ciudadanos españoles tengan una
impresión muy favorable de las autonomías y los ayuntamientos, que han multiplicado su oferta de servicios sanitarios, educativos y sociales, sin coste para
los usuarios. La opinión sobre el Estado es mucho peor, pues se le considera responsable de la crisis económica y del paro. Y de subir los impuestos. Esa
opinión es consistente con el sistema de recaudación de tributos, que lleva a cabo el Estado y después transfiere –hasta el 75% de todo lo que recauda, sin
tener en cuenta las cotizaciones sociales– a las autonomías, los municipios y otras entidades menores como diputaciones, cabildos y consejos insulares.

c) La ampliación de las competencias autonómicas
Las competencias de las autonomías siguen ampliándose desde 2004, como consecuencia de los nuevos Estatutos de Autonomía puestos en marcha por Rodríguez
Zapatero, y por la presión de los nacionalistas vascos, canarios y catalanes que han chantajeado al Gobierno central desde mayo de 2010. Le han dado su apoyo
en la aprobación de decretos-leyes para reducir el gasto público, incrementar los impuestos y hacer las reformas de las pensiones y el mercado de trabajo, a
cambio de nuevas competencias sobre políticas activas de empleo, aguas territoriales, transportes ferroviarios y propiedades del sistema sanitario.

Las autonomías gastan, en conjunto, entre 160.000 y 170.000 millones de euros, de los cuales la educación y la sanidad consumen dos terceras partes de ese
gasto. A pesar del gasto, la educación pública es, en conjunto, cada vez de peor calidad y las diferencias entre los servicios sanitarios de las autonomías
son cada vez mayores. Los otros 55.000 millones de euros anuales son para otros gastos que hay que analizar, pues es aquí donde están los mayores
despilfarros.

d) Las diferencias económicas y sociales entre norte y sur
Nos hemos acostumbrado a utilizar cifras nacionales para medir las magnitudes más significativas, como el crecimiento, el empleo, el paro o el nivel
educativo. En cambio, no se mencionan las diferencias entre norte, centro, sur, este, oeste y los archipiélagos en relación con esos datos.

Las diferencias en los datos básicos
Un crecimiento de la economía española del 0,7% es compatible con incrementos significativos en Madrid, Cataluña y el País Vasco y el decrecimiento en
Andalucía y Levante. En Madrid, Cataluña y el País Vasco la tasa de actividad, es decir, la de todos los mayores de 16 años que quieren trabajar, es 10
puntos superior, en promedio, a la del sur de España. La tasa de paro del 21% nacional es el promedio del 16% del centro y norte de España, el 19% de
Cataluña, el 26% de Extremadura y Murcia y el 29% de Andalucía y Canarias. El porcentaje de jóvenes que no terminan la educación básica, la E.S.O., en España
es del 30%. En Madrid, País Vasco, el resto del norte y Cataluña es de entre el 10% y el 20%, mientras en el resto del este y del oeste, en los archipiélagos
y en el sur alcanza entre el 30% y el 35% del total. Estas disparidades nunca se analizan. Las utilizan los políticos del PP de Madrid para decir que su
autonomía crece más que el resto porque aplica políticas liberales. Y los nacionalistas catalanes, para justificar el retraso de su autonomía, que atribuyen
a las transferencias fiscales netas que siguen haciendo al resto de España. Los nacionalistas vascos y los navarros no dicen nada, porque son, de hecho,
independientes fiscalmente.

El fracaso de las autonomías
«Las transferencias, y las propias competencias autonómicas, deberían estar condicionadas al logro de objetivos concretos, para asegurar la igualdad de
oportunidades entre todos los españoles.»

Creo que todos aprenderíamos de los éxitos y fracasos de las distintas autonomías españolas si analizáramos las razones de esas discrepancias y, sobre
todo, si utilizáramos esos conocimientos para proponer políticas que ayudaran a superarlas. En particular, el problema de la falta de educación, de
formación, de las bajas tasas de actividad y de altas tasas de paro en las autonomías que tienen peores registros. El mantenimiento de esas diferencias, o su
incremento, es el gran fracaso del Estado de las Autonomías. Es evidente que el dinero que el Estado recauda de todos los españoles y que, posteriormente, se
distribuye, en una parte sustancial, entre las distintas autonomías, no se gasta adecuadamente. Las transferencias, y las propias competencias autonómicas,
deberían estar condicionadas al logro de objetivos concretos, para asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los españoles.

El Estado de las Autonomías ha ignorado las diferencias. Los gobiernos y sus correspondientes oposiciones de cada autonomía no han querido analizar sus
fracasos. Se han centrado en conseguir más recursos financieros de la Administración Central y en aprobar leyes para, supuestamente, superar esas
diferencias, pero no se han preocupado de los resultados de esas políticas de reivindicación de mayores transferencias financieras y de prolijidad
legislativa. Las grandes diferencias en los baremos económicos que miden el bienestar, como por ejemplo la educación, la formación, el carácter del tejido
empresarial con el que se cuenta, la calidad de las universidades y de la investigación, no tienen consecuencias políticas. La política económica de las
autonomías, en la medida en que es posible, se limita a sumar población, porque cuantos más habitantes tiene una autonomía, mayores son las transferencias a
que tienen derecho, en gastar esos fondos para asegurar un nivel de asistencia sanitaria y educativa básicas y en la creación de un tejido empresarial
artificial, no competitivo.

Durante muchos años, los ingresos fiscales crecientes de las autonomías han permitido financiar esas actividades cuasi empresariales, creando empleo
artificialmente y evitando que las deudas de esos entes –de cualquier naturaleza jurídica– apareciera en las cuentas públicas, pues su entramado de
relaciones económicas permitía mantener la apariencia de ser actividades empresariales competitivas, cuyo endeudamiento, según la legislación europea, no se
contabiliza a efectos de los cálculos del déficit público según el criterio de Maastricht. En la medida en que las transferencias que reciben las autonomías
se han congelado, o disminuido, la ficción va quedando al descubierto. Esa es la experiencia de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y posiblemente de
Valencia. Además de lo que ya sabemos con certeza: la situación límite que se vive en Cataluña, la corrupción generalizada de Baleares y los déficit
reconocidos de Murcia, Cantabria y otras regiones.

El Estado de las Autonomías ha enquistado uno los problemas históricos de España, las diferencias entre el norte y el sur. Durante unos años se ha
paliado por la actividad del sector de la construcción y de los servicios y las industrias que dependen del mismo, y por el desarrollo del sector público,
creador de empleo directo e indirecto en actividades seudoempresariales. Pero hoy vuelve a estar a la vista de todos.

Así ahorra el Senado: gasta un millón de euros en renovar ordenadores
Convoca un concurso para la adjudicación de un contrato de suministro de ordenadores de sobremesa, portátiles y servicios conexos
 www.lavozlibre.com  5 Octubre 2011

Madrid.- La mala fama del Senado se acrecenta. Pese a ser, tal y como está configurado actualmente, una institución inútil, la Cámara alta es ajena a la
crisis y no escatima en gastos. Y es que, mientras las Cortes suprimen la cesta de la Navidad para todos los trabajadores, el Senado se gastará un millón de
euros en renovar ordenadores, tal y como informa el diario ‘ABC’.

Según publicaba este martes el BOE, la Mesa de la Cámara acordó el pasado 20 de septiembre convocar un procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de suministro de ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles y servicios conexos para el Senado. El presupuesto base de licitación tiene un
importe de 895.620 euros.

En total, el lote incluye 700 ordenadores de sobremesa con 4 GB de memoria RAM, 320 GB de disco duro, unidad de lectura y grabación de CD7DVD y memoria
gráfica de 512 MB entre otras especificaciones técnicas. Todo ello por 533.000 euros sin IVA. El segundo lote consta de 300 portátiles por 226.000 euros.

Pero eso no es todo, ya que la Cámara que preside Javier Rojo complementará estos ordenadores con la adjudicación de un contrato de suministro de equipos,
software y servicios conexos para la renovación de la seguridad perimetral del sistema informático del Senado, por valor de 154.580 euros.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

ETA de campaña
Antonio M. Beaumont www.gaceta.es  5 Octubre 2011

¿Quién ha dicho que el final del terrorismo está amortizado electoralmente?
Quién ha dicho que el final del terrorismo está amortizado electoralmente? Porque viendo cómo el PSOE lo utiliza en precampaña nadie lo diría. Comunicado de
ETA por entregas, arrumacos a los “mediadores internacionales”, altavoz a la autodisolución de Ekin… Combustible para cargar el ambiente y permitir al PSOE
hablar de política antiterrorista que apuntale a su candidato y ex máximo responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una
estrategia que busca inocular en la opinión pública el inminente fin de la violencia. Los acontecimientos no terminan ahí. Véase al lehendakari, Patxi López,
a favor del acercamiento de presos de ETA al País Vasco. Una iniciativa que puede generar expectativas, especialmente en el bando equivocado. El acuerdo
entre dos siempre resulta fácil cuando una de las partes está dispuesta a ceder lo que sea menester. Y aquí es donde surge la inquietud. Porque cualquiera
puede convenir que los socialistas mueven aceleradamente sus piezas sin otro fundamento que por recuperar terreno electoral.

No habría, pues, marcha atrás para Rubalcaba, algo que sabe bien la banda terrorista. Y no la hay porque los socialistas, con poca moral, se han plantado a
menos de dos meses de la cita con las urnas con tan magras expectativas que pelean a brazo partido por llegar a los 125 escaños de Joaquín Almunia en el año
2000. El líder in pectore del PSOE va a quemar sus naves en la contienda de aquí al 20-N. Sólo cabe esperar que su ansia no le haga el regalo a la “izquierda
abertzale” de ampliar su ya seguro aterrizaje en la Carrera de San Jerónimo. Lo cual, por cierto, ensombrecería aún más el panorama en manos del PP.

Ese Gobierno dirigido por un Zapatero “remendón” ha llevado a España a la ruina.
Escalofriante. Ayer, un nuevo mazazo: el paro subió en septiembre casi cien mil personas. Ni Grecia, con su drama a cuestas, con sus mentiras contables y con
sus insuficientes esfuerzos para salir del agujero, tiene tanto paro como España; ellos, un 14%, y nosotros, más del 21%. Un Gobierno inepto, borracho de
gestos inútiles, malgastador hasta la prodigalidad pública, ese Gobierno dirigido por un Zapatero “remendón” ha llevado a España a la ruina más espantosa;
porque ruina es deberle a los mercados lo que no tenemos, y ruina es seguir tapando deudas con otras deudas hasta condenarnos a la deuda perpetua. Casi ocho
años de indigencia política, de subvenciones a amiguetes y a gentes con las que nada tenemos que ver, de fomentar el desaliento en la población, de no
combatir la corrupción financiera, de instalar en España la mayor fábrica de estómagos agradecidos que en el mundo existe, de conversar con los asesinos
etarras. Ocho años de penosa oscuridad disfrazada de asquerosa y estomagante progresía es el periodo que llevamos padeciendo esto; y todo eso y mucho más,
muchas más cosas peores es la herencia que Zapatero y sus colaboradores nos dejan.

El candidato Rubalcaba, desnortado hasta no poder más, pretende –sin poderlo conseguir, claro está– desvincularse de todo eso; y lo hace con una demagogia
despreciable que sólo engaña a cuatro inavisados o que, como mucho, sirve para alimentar un poco a sus cómplices. No han hecho una reforma laboral como la
que España necesita; han enterrado centenares de miles de millones en subsidios al desempleo que sólo han servido en muchos casos para alimentar indolentes;
se han cargado también centenares de miles de pequeñas y medianas empresas; han machacado el crédito, y, para colmo, ni siquiera se supieron retirar a
tiempo. Ellos, ahora con Rubalcaba a la cabeza, son los culpables de todo esto, y nosotros tenemos todo el derecho a estar terriblemente cansados. Pero hay
que seguir y darles el 20-N la lección que merecen.

Endeudamiento
Cataluña y el cuento de la lechera
Emilio J. González Libertad Digital  5 Octubre 2011

La nueva emisión de bonos patrióticos catalanes, por importe de 4.000 millones de euros, debería servir para abrir un proceso de reflexión profundo acerca de
las finanzas de las comunidades autónomas y de su capacidad de endeudamiento. La Generalitat realiza esta nueva emisión porque carece de recursos para
devolver el dinero que tomó prestado con la anterior emisión que el Gobierno de CiU llevó a cabo en abril. Es lógico porque como el Ejecutivo regional no ha
hecho esfuerzo alguno para reducir el gasto público catalán, ahora no cuenta con capacidad financiera alguna para amortizar esos bonos y tiene que emitir
otros nuevos, y a tipos de interés mayores, con lo que compromete todavía más el maltrecho presupuesto de Cataluña. De esta forma empieza a cumplirse aquello
que dijo en su momento el premio Nobel de Economía, James M. Buchanan, de la consolidación de la deuda pública, porque estos bonos a corto plazo, a base de
renovaciones y más renovaciones, acaban por convertirse en deuda a largo plazo dado que los políticos se niegan a llevar a cabo los ajustes necesarios para
obtener los ingresos con que cancelarlos. Ellos prefieren gastar y gastar y que el que venga detrás arregle los desaguisados ocasionados.

Aquí, sin embargo, CiU se ha equivocado de estrategia. Los ‘convergentes’ contaban con que sus votos en el Congreso de los Diputados pudieran ser decisivos
para que el PP llegara al poder o el PSOE lo conservara y, a cambio de ese apoyo parlamentario, que el Gobierno central les arreglara las finanzas de la
Generalitat. Por ello, el Gobierno de Artur Mas ha seguido a lo suyo, manteniendo abiertas las embajadas catalanas mientras la Generalitat no tiene ni para
financiar la sanidad ni para amortizar los bonos patrióticos, pensando que tendría en sus manos al próximo inquilino de La Moncloa y que a éste no le
quedaría más remedio que darle a Mas todo el dinero que necesitara si quería llegar allí y mantenerse en el puesto de presidente del Gobierno. Pero, como a
la lechera del cuento, a Mas puede que no le salgan las cuentas, a tenor de lo que dicen las últimas encuestas de intención de voto.

¿Qué lección debemos extraer de ello? Que para evitar que la deuda a corto se consolide en deuda a largo plazo lo único que se puede hacer es prohibir a las
comunidades autónomas que la emitan. Si tienen dificultades para cuadrar sus cuentas, entonces no hay más remedio que obligarlas a que recorten sus gastos o
a que suban los impuestos y luego rindan cuenta por ello a los electores. Esto es lo que se denomina corresponsabilidad fiscal, y si queremos que ésta sea
una realidad en nuestro país, no hay más remedio que quitar a las autonomías cualquier competencia que puedan tener en materia de deuda. Con ello, y teniendo
en cuenta que ya no pueden vampirizar a las cajas de ahorros para que les financien, se conseguirá que equilibren sus presupuestos, les guste o no. Es el
único camino cuando los dirigentes autonómicos actúan con las enormes dosis de irracionalidad que caracterizan a la Generalitat.

Sánchez Camacho
Doble lenguaje en el PPC
Clemente Polo Libertad Digital  5 Octubre 2011

Acababa mi artículo "El fondo de la chistera" con una referencia al idilio que iniciaron la Sra. Sánchez Camacho y los líderes de Convergencia Democrática de
Catalunya (CDC) en vísperas del verano. A buen seguro que el intercambio de sonrisas y palmaditas cariñosas entre la líder del PP catalán (PPC) y los de CDC
produjo desconcierto entre quienes quizás habían creído que el PP mostraría mayor firmeza en esta nueva etapa frente a las imposiciones y chantajes de los
nacionalistas catalanes. Me pregunto qué cara se les habrá quedado a los votantes del PPC al ver cómo la Sra. Sánchez Camacho pactaba con los nacionalistas
recortes presupuestarios mucho más duros que los que los líderes de su partido en Madrid habían denunciado como "el mayor recorte de derechos sociales de la
historia de la democracia", y contra los que la propia líder del PPC animaba a los catalanes a manifestarse.

La cara de arrobamiento que emana el rostro de la Sra. Sánchez Camacho mientras se codea con la flor y nata de los nacionalistas catalanes –Mas, Pujol, Homs,
etc.– en el Parlament, me recuerda la fascinación que embargaba a la Sra. Díez –ayer miembro de los gobiernos de coalición NACIONAL-socialista en El País
Vasco (1991-97), luego furibunda antinacionalista y ahora vocera de UPyD y látigo del PSOE– en la época en que gobernar con los nacionalistas vascos era el
no va más en política. Tras tantos años de condena al ostracismo político en Cataluña, la Sra. Sánchez Camacho parece sentirse tan satisfecha en su papel de
interlocutora privilegiada de los nacionalistas catalanes que hasta ha olvidado recordarle al Sr. Mas que tiene pendiente una visita al notario. Pero que no
se hagan demasiadas ilusiones los populares porque ni el Sr. Mas irá a la notaría, ni el PPC será para CDC otra cosa que un plato que se sirve muy frío y se
engulle con la nariz tapada.

Hay que reconocer que la Sra. Sánchez Camacho tuvo un gesto encomiable el pasado junio al sumarse, a título personal, a los catalanes que reclaman el derecho
a que sus hijos reciban una educación bilingüe y aspiran a poner fin al sistema totalitario de inmersión lingüística que Franco impuso durante la dictadura,
excluyendo el catalán como lengua vehicular en el sistema educativo, y el Sr. Pujol (Jordi) perpetuó tras el advenimiento de la democracia, volviendo el
calcetín para excluir al castellano. Pero uno no puede evitar preguntarse por qué no exigió a CDC unas semanas después que, a cambio de la abstención del PPC
en la votación de los presupuestos en el Parlament de Cataluña, el gobierno de la Generalitat se comprometiera a acatar las sentencias del Tribunal Supremo y
garantizar la enseñanza bilingüe en Cataluña. Tras leer las recientes declaraciones del Sr. Fernández Díaz, cabeza de lista del PP al Congreso por la
provincia de Barcelona en las próximas elecciones generales, las dudas sobre la firmeza del PP en esta materia se acrecientan. ¿Se puede votar a un candidato
que afirma sin rubor que la inmersión lingüística no será una prioridad porque la política lingüística "la fija el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la
Generalitat, y no es una competencia que radique en el Congreso de los Diputados y sobre la que el Gobierno deba tomar alguna decisión"? Quiero creer que
esas declaraciones no representan la posición de su partido y espero una rectificación en toda regla del PP antes del 20N.

Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Escribe regularmente en su blog.

Ruido sin nueces
La presunta conversión del mundo de Batasuna a la democracia se nos está suministrando a cuentagotas, que es una forma extraña de democracia, como si ésta
pudiera existir a poquitos, por entregas. Una democracia a fascículos
MANUEL MONTERO http://www.diariovasco.com 5 Octubre 2011

El griterío hace las veces de nueces. No hay novedades en la costa vasca, pero la parafernalia que se organiza con cualquier nimiedad es la de los grandes
acontecimientos bíblicos. El comunicado de los presos se ha saludado como si llegase Moisés bajando del Sinaí con las tablas de la ley: como si exigiese a
ETA que echase la toalla, «un paso decisivo», «piden el final de la violencia», «un paso significativo hacia la paz». Nada hay en el texto que justifique tal
lectura. Lo único que se desprende es que exigen la amnistía total ya, que tampoco es una primicia -al margen de que indica un buen despiste sobre cómo están
las cosas-. Por lo demás, vienen a afirmarse como un colectivo unido y dispuesto a seguir la estrategia del 'Acuerdo de Gernika', que no exige la disolución
de ETA y cuenta con su aval, pues apoya la estrategia Bildu. Sin atisbo de ruptura con la organización terrorista, algunos acogen el comunicado como el maná
que anuncia el final de la opresión terrorista. Ya son ganas de ver las cosas a la carta.

Dicen los mentados presos que quieren impulsar el 'proceso democrático' hasta el final, pero por los prolegómenos sabemos que el sintagma 'proceso
democrático' no tiene nada que ver con lo que el común entiende por democracia y sí con el desarrollo inmediato de las aspiraciones soberanistas.
Llevamos meses en que se elevan a categoría las deducciones de los hermeneutas que ven en cualquier frasecita ambigua despegues definitivos del terror. Es
absurdo: si ETA ha decidido abandonar tiene capacidad de decirlo claramente, sin marear la perdiz; si no lo dice (y dice lo contrario) no hay razón para
suponer que calla por vergüenza o que nos miente. Si los presos quieren que el terrorismo desaparezca, que lo digan sin circunloquios ni espacios para las
interpretaciones, que en estas materias lo lían todo. Si el acuerdo de Gernika quisiera la disolución de ETA podría escribirlo claramente, sin la hojarasca
que asocia el fin de la violencia al logro de las reivindicaciones soberanistas, que es con lo que viene a identificar la paz.

La presunta conversión del mundo de Batasuna a la democracia se nos está suministrando a cuentagotas, que es una forma extraña de democracia, como si ésta
pudiera existir a poquitos, por entregas. Una democracia a fascículos.

No importa: nos hemos instalado en el entusiasmo, fascinados por la gestas de Bildu, que se diría ha venido a salvarnos. Lo de menos es que no haya nueces,
pues se impone el ruido cotidiano. Día tras día los demócratas -nacionalistas y no- nos aseguramos a nosotros mismos que estamos «más cerca de la paz», que
vivimos en un «irreversible proceso de paz». Se repiten estos sonsonetes una y otra vez, como para convencernos a fuerza de repetírnoslo. Se dice sin
pruebas, pero todo esto es un asunto de fe y la fe no las necesita. Hay argumentos para asegurar que la cercanía de la paz queda lejos, pero la repetición
constante de la euforia crea estado y sustituye a la realidad.

La forma en que se ha gestado esta conciencia ambiental presenta una característica que la hace peligrosa. Se presenta el inminente fin de ETA como un
fenómeno político, logrado por la gestión y habilidad de los políticos, que han tomado decisiones políticas que a su vez han forzado nuevas circunstancias
políticas. Este esquema contraría las evidencias. ETA está más débil que nunca, pero se debe básicamente a la eficacia policial y, cuando la hubo, a la
contundencia judicial. Esto, que es fundamental, se tiende a obviar: se calla.

Por contra, en la versión dominante ETA se aproxima al final como una opción política a la que ha llegado por medidas políticas y la persuasión de los
políticos. Evidentemente, las cosas no están sucediendo así: sólo en la palabrería. Es como si se hubiese asumido el supuesto terrorista de que a ETA no se
le puede derrotar policialmente, por lo que su final será político o no será. La fuerza de los mitos es tal que aunque sucediese lo contrario se le buscaría
una explicación contrafactual: política.

Lo anterior tiene otra consecuencia, grave. Tal y como se ha concebido históricamente el final del terror -el guión que se está siguiendo-, en el estertor
final ha de mediar alguna medida política. Es lo que parecen creer los presos de ETA, ETA e incluso los firmantes demócratas del acuerdo de Gernika: que
estamos en un proceso que incluirá necesariamente la amnistía, la autodeterminación, la territorialidad. El soberanismo ya y como punto de partida de la
auténtica democracia, o sea la paz. La paz vasca es un concepto discutido y discutible.

Da la impresión de que Bildu y los próximos piensan que ETA ya ha dado los pasos que por ahora le tocaban. Que le toca mover ficha a la otra parte (el
Gobierno, el Estado, la democracia, el PSOE.). Que la pelota en este tejado y que si el proceso no sigue, la culpa será no del terrorista sino de la
contraparte.

Están actuando como si estuviese abierto un proceso de negociación: yo doy algo (o lo parece) y te toca ceder, y así sucesivamente hasta la victoria final.
Quizás hay un malentendido, pues, por lo que sabemos, no hay negociación. Ahora bien: si ETA piensa que la hay, este momento es delicadísimo, ante el
probable cambio de gobierno en España. Si los terroristas, una vez más en el error, creen que están en un proceso negociador, ¿no intentarán que el partido
gobernante dé algún paso sea como sea, antes de que deje de serlo?, ¿tendría alguna capacidad de influir en la alternancia?, ¿no considerarán roto el
'proceso irreversible de paz' si ésta se produce?, ¿en ese momento revertirá el proceso irreversible?

informe encargado por el gobierno vasco
Euskadi gasta 403 millones en servicios que las administraciones ofrecen por duplicado
Las diputaciones son responsables de la mitad de este gasto, seguidas por el Ejecutivo, con el 30%, y los ayuntamientos, con el 20%
EUROPA PRESS | VITORIA El Correo  5 Octubre 2011

Un informe del Gobierno vasco revela que en Euskadi se gastan 403 millones de euros en servicios que las Administraciones ofrecen por duplicado y resalta que
todos los niveles administrativos vascos incurren en estas duplicidades, aunque son las diputaciones las instituciones que más duplican los servicios (50%),
seguidas por Gobierno vasco (30%) y ayuntamientos (20%).

En un comunicado, Lehendakaritza ha dado a conocer el 'Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas' elaborado por
recomendación del Consejo Asesor del lehendakari para Asuntos Socioeconómicos y por mandato parlamentario, que hoy se ha enviado al Parlamento vasco.
El informe analiza las duplicidades e ineficiencias de una selección de 13 políticas públicas entre las que se encuentran Servicios Sociales, Empleo y
Formación, Impulso Económico -Industria, 3i+d y Comercio-, Transportes, Vivienda, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Educación, Universidades y Formación, Cultura, Juventud y Deporte, Turismo, Sanidad y Salud Pública, y Policía.

El informe, dirigido por Lehendakaritza, ha contado con el apoyo técnico para su realización de las empresas consultoras Deloitte y Everis. En primer lugar,
se analizaron la legislación, presupuestos e información existente del Gobierno vasco, diputaciones forales y una muestra representativa de nueve municipios
vascos -las tres capitales vascas y junto a Barakaldo, Getxo, Portugalete, Llodio, Errenteria e Irún-. Posteriormente, se realizó un proceso de chequeo y
contraste con responsables de los Departamentos del Gobierno vasco, los nueve municipios analizados y Eudel.

Asimismo, ha informado de que las diputaciones forales de Álava y Bizkaia declinaron la invitación de participación en este proceso de chequeo y contraste,
"realizada repetidamente desde Lehendakaritza en el mes de mayo de 2011, por razones de inmediatez del proceso electoral". En el caso de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, "tan sólo ha participado" a través de la fórmula de cuestionario en relación a la Política de Transportes.

Duplicidades en las diputaciones
El texto afirma que las duplicidades identificadas en el informe son actuaciones que llevan a cabo los tres niveles administrativos vascos "sin amparo
legislativo básico o sectorial". Según afirma, todos los niveles administrativos vascos incurren en duplicidades, siendo las diputaciones las instituciones
que más duplicidades cometen (un 50%), seguidas del Gobierno vasco (un 30%) y de los ayuntamientos analizados (un 20%).

Asimismo, el 93% de las duplicidades identificadas se concentran en actuaciones situadas en las políticas de Impulso Económico (31%), Servicios Sociales
(28%), Empleo y Formación (17%) y de Transporte (17%).

Según ha explicado, estas duplicidades están provocadas por una visión "incrementalista" que "reproduce la máxima de 'más y por muchos es mejor', con lo que
se generaliza la práctica de que ayudas, y servicios se superponen al ser provistos por parte de terceros no competentes".

Asimismo, el estudio señala que "el entendimiento de la política y los servicios públicos se hace desde el punto de vista del agente que la desarrolla y no
del servicio que recibe el ciudadano", por lo que "no existe un enfoque hacia la ciudadanía en la prestación de los servicios públicos".

El informe también resalta que "la calidad de la norma y/o su separación respecto a la realidad de la práctica en cuanto al ejercicio de la actuación
pública, es lo que genera diferencias entre el modelo competencial, la acción pública y el modelo de financiación". "La ausencia de regulación en
determinados ámbitos y políticas provoca que los diferentes niveles institucionales incurran en duplicidades", subraya.

Además, se señala que las administraciones públicas vascas abordan proyectos estratégicos de país "priorizando el resultado sobre el estricto respeto al
reparto competencial".

Importe de las duplicidades
El importe de las duplicidades identificadas se ha estimado en 403.081.410 euros. Sin embargo, el informe detalla que esta cifra se refiere a las nueve
políticas analizadas en el apartado de duplicidades y recuerda que el estudio no ha abarcado a todos los municipios de Euskadi. "El informe no ha analizado
la totalidad de las actuaciones de las Administraciones Públicas Vascas, sino una parte representativa de las mismas", ha reiterado el Ejecutivo vasco.

Según ha indicado, los 403 millones de euros identificados como duplicidades equivalen al Gasto Social anual del Gobierno vasco (Renta de garantía de
ingresos-RGI, prestación complementaria de vivienda-PCV y ayudas de emergencia social-AES); al presupuesto anual de la Consejería de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo; al presupuesto Consolidado 2011 del Ayuntamiento de San Sebastián, o al 75% del presupuesto 2011 del Ayuntamiento de Bilbao.
Respecto al análisis de ineficiencias, el estudio resalta que Euskadi se caracteriza por contar con un "complejo entramado institucional donde, incluyendo al
Estado, coexisten cuatro niveles de Administración para una población de poco más de 2,2 millones de habitantes".

"En este marco de multiplicidad administrativa, el Sistema Institucional Vasco se debe enfrentar al reto de optimizar la intervención pública para hacer
frente a la compleja sostenibilidad financiera, sobre la que inciden variables socio-demográficas que llevarán asociadas en el medio plazo incrementos del
gasto", indica.

En este sentido, afirma que se han detectado "ineficiencias" en los tres niveles administrativos vascos que, "aunque se realizan con amparo competencial,
conllevan un uso no eficiente de los recursos públicos".

Como ejemplo, ha explicado que todos los niveles administrativos vascos actúan en tema de emprendimiento, "lo que provoca que existan multiplicidad de
agentes que se dedican a este campo". En la actualidad, en Euskadi existen más de 250 agentes públicos, semipúblicos y privados, relacionados con el
emprendimiento. "Se trata de una amplia red de agencias y organizaciones que, si no se coordina bien, puede complicar y dilatar todos los pasos que hay que
dar para fomentar el emprendimiento", advierte.

En la celebración del Día de la Memoria
El PSOE vasco da un paso más en igualar víctimas y verdugos
 www.gaceta.es  5 Octubre 2011

Los socialistas vascos impide debatir en el Pleno una propuesta que rechazaba igualar las víctimas de ETA con "otras víctimas políticas" en el Dia de la
Memoria.

El PSE se ha sumado al PNV y a Aralar y han rechazado este miércoles en el pleno del Parlamento vasco debatir una propuesta de PP y UPyD en la que se
mostraban en contra de incluir a "otras víctimas de motivación política" en el Día de la Memoria, y han remitido a ambas formaciones a debatir esta
modificación en la Ponencia parlamentaria sobre víctimas de motivación política.

Todos los grupos del Parlamento vasco, excepto UPyD y PP, han rechazado una enmienda de transacción en la que ambas formaciones solicitaban que se
"mantuviera el espíritu" del Día de la Memoria (10 de noviembre) en el que se reconoce a las víctimas del terrorismo. El parlamentario de UPyD, Gorka
Maneiro, había presentado originalmente una iniciativa en la que se instaba a todas las instituciones "a no desvirtuar ni modificar el propósito inicial del
Día de la Memoria" y donde se pedía que "no se mezclara a unas victimas con otras" al considerar que "favorece la mentira de que hubo o hay dos violencias
simétricas enfrentadas por un supuesto conflicto político y la pretensión de algunos de reescribir la historia".

"Proponemos no mezclar víctimas que son de naturaleza diferente para no confundir y engañar a la ciudadanía y para no reescribir la historia", ha insistido.
Ante la negativa del resto de grupos de debatir, Maneiro ha defendido que los asuntos importantes se debaten en el Parlamento y les ha acusado de "preferir
tomar decisiones contra el consenso por la puerta de atrás o en el despacho de determinado miembro del gobierno".

Asimismo, ha advertido de que si el Día de la Memoria finalmente se modifica será "un insulto evidente a las víctimas del terrorismo" y "habrá menos
participación, lo que será una victoria del nacionalistas". La parlamentaria del PP Mari Mar Blanco, por su parte, ha defendido que "existen unas líneas
rojas que no se pueden traspasar que son las que distinguen de una manera clara entre víctimas de la violencia terrorista y de las llamadas víctimas de
motivación política, que distinguen de manera contundente dos realidades completamente diferentes".

Asimismo, ha advertido de que el PP "no estará dispuesto a una memoria incluyente que pretenda difuminar las víctimas de ETA". "La Historia ha sido y es la
que es: víctimas y verdugos, vencedores y vencidos", ha defendido. Por ello, ha pedido que "no permitan que en los próximos días de la memoria las víctimas
se vuelvan a sentir humilladas equiparando su dolor y sufrimiento al de los victimarios". "No permitan con su voto hacer el juego a los terroristas", ha
solicitado.

"Consenso roto"
Por último, ha defendido que el consenso en relación al Día de la memoria "está roto" y ha defendido que con el rechazo a debatir el PP ve "una clara
intención de modificar el Día de la Memoria". El resto de grupos han retirado las enmiendas presentadas a la iniciativa de UPyD y han rechazado debatir este
tema en el pleno, remitiendo a UPyD y al PP a tratar este tema dentro de la Ponencia de víctimas de motivación política.

El parlamentario del PSE, Jesús Loza, por su parte, ha defendido que las políticas sobre víctimas deben ser "de consenso" y ha anunciado que los socialistas
no se van a sumar a la "ceremonia de reproches mutuos que nada ayudan ni al consenso ni a la memoria de las víctimas".

Por ello, han solicitado la reiterada de la iniciativa de PP y UPyD y han retirado su enmienda de totalidad en la que recordaban que "en los años de
actividad criminal de ETA, han existido otras víctimas inocentes" e instaba a las instituciones a que fueran reconocidas "de forma progresiva" e incorporadas
en la celebración del 10 de noviembre.

"El pasado 10 de noviembre reconocimos tanto a Argala como a Gregorio Ordóñez; tanto a Picabea como a Fernando Buesa; tanto a Melitón Manzanas como a Ernest
Lluch", ha defendido. La parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, ha rechazado entrar en este debate y ha preferido mantenerlo en la Ponencia, aunque ha
reiterado que esperan que "todas las víctimas sean tenidas en cuenta en el Día de la Memoria".

Desde EA y EB, Juanjo Agirrezabala y Mikel Arana, respectivamente, han retirado también sus enmiendas de totalidad en las que solicitaban que se incluyera a
las víctimas de motivación política.

Recortes de Prensa   Página Inicial