AGLI

Recortes de Prensa   Jueves 10  Noviembre 2011

 

Silencios
César VIDAL La Razón 10 Noviembre 2011

Decir que el único debate público de la campaña electoral lo ganó Rajoy resulta tan evidente como afirmar que el sol sale por las mañanas por mucho que pueda
diluviar. No voy a seguir insistiendo en ello porque en este caso concreto hasta las encuestas y los medios contrarios lo reconocen. Tampoco se puede negar
que Rubalcaba estuvo patético. No lo digo porque el lado izquierdo de su rostro se haya desplomado de manera que recuerda a los cabestros de las plazas de
toros, ni porque no dejara de parpadear como sólo puede hacerlo el que no para de mentir. Lo afirmo fundamentalmente porque su principal argumento se redujo
a lanzar pellas de miedo sobre los ciudadanos insistiendo una y otra vez en que los socialistas nunca abandonarán a los ciudadanos mientras que el PP iba a
favorecer a los bancos y a los ricos, a quitar las pensiones a los ancianos y a aplicarnos a todos el modelo austríaco que, salvo especialistas, casi nadie
sabe lo que es, pero que, dicho por el portavoz de los gobiernos de los GAL y la corrupción, suena a purga anal, a disciplina inglesa o a algo todavía peor.
Rajoy ganó por goleada.

Sin embargo, yo, que ya soy muy mayor y es difícil que vaya a cambiar, tengo que reconocer que me fijé más en lo que callaron los candidatos que en lo que dijeron. En otras palabras, me llamaron más la atención los silencios que las proclamas. Por ejemplo, ninguno de los candidatos habló de la corrupción cuando Blanco está a punto de sentarse en el banquillo. Por ejemplo, ninguno de los candidatos se refirió al escandaloso gasto público cuando tiene nombres concretos como Barreda, Chaves o Ruiz-Gallardón. Por ejemplo, ninguno de los candidatos anunció que diría al pueblo que no podemos mantener por más tiempo un sistema de bienestar que, por ejemplo, en Suecia comenzaron a desmantelar hace años a la vez que buscaban alternativas más realistas y económicas.

Por ejemplo, ninguno de los candidatos mencionó Cataluña cuando su gobierno autonómico ha respaldado públicamente un referéndum independentista y amenaza con poner sobre la mesa un pacto fiscal que, de ser aceptado, constituiría una villanía sin precedentes y un expolio intolerable para la mayoría de las comunidades autónomas.

Por ejemplo, ninguno de los candidatos se refirió al 11-M ahora que Manzano está contra las cuerdas y todos sabemos que la mochila de Vallecas era más falsa que un euro de serrín.

Por ejemplo, ninguno de los candidatos citó, siquiera por cortesía, a las víctimas del terrorismo que habían salido a la calle apenas unos días antes pidiendo memoria, dignidad y justicia. Por ejemplo, ninguno de los candidatos se comprometió a impedir que ETA estuviera en las instituciones y siguiera devorando a bocados trozos enteros del territorio nacional. Ignoro si esos silencios los pactaron los candidatos para evitar pasar un mal rato o si, por el contrario, surgieron de un comportamiento espontáneo que busca no asustar a la gente.

En el primer caso, me parecería lamentable porque indicaría un juanpalomismo de la casta política, y en el segundo, porque dejaría de manifiesto que piensan
que los que les pagamos el sueldo somos estúpidos que no pueden entender nada aunque se les dé a tragar con cucharilla. Y es que hay silencios que suenan
más que gritos.

El debate de Rajoy y Zapatero, marcado por los pactos
Javier Cortes Lucena www.elsemanaldigital.com 10 Noviembre 2011

Fácil lo tuvo el actual líder de la oposición en el debate. La verdad es que la situación no podía ser más cómoda; paro, déficit, desconfianza y corrupción
merodeaban sobre Rubalcaba, que parecía que acudía más a una despedida que a un debate entre dos candidatos a La Moncloa.

El socialista se aferró a la ambigüedad del programa de los populares mientras Rajoy se defendía recordando la nefasta gestión económica del gobierno de
Zapatero.

Uno reprochaba futuras privatizaciones y recortes en la sanidad y la educación como, según él, hace el PP en las comunidades autónomas donde gobierna
mientras el otro trataba de explicar que la mejor política social es la creación de empleo, ya que supone el primer paso a una mayor recaudación de impuestos
que posteriormente pueden ser destinados precisamente a eso, a políticas sociales.

Hasta ahí todo muy bien, cada uno de ellos en su papel defendiendo su escudo y bandera ¿pero qué fue de aquellas materias que muchos esperábamos? ¿Qué fue de la reforma de la Justicia, de la negociación con ETA, de la víctimas del terrorismo, de Bildu y Amaiur, del estado de las autonomías, del caso Campeón, etc…?
Nada de nada, tan sólo Rubalcaba tímidamente nombró las listas abiertas, ¿un guiño a los indignados del 15-M?

Todo absolutamente pactado, no hay mejor pacto que el silencio. En ningún momento Rajoy reprochó la política antiterrorista del gobierno de España ni el caso
de presunta corrupción que acorrala al actual portavoz del Gobierno. Tiene difícil explicación que en estos momentos en los que según las encuestas el PSOE
no acopiará un número de votos significativos, por el alto al fuego "definitivo" de los terroristas, Rajoy no se dignó siquiera a nombrar el caso Faisán ni
la entrada de los asesinos en las instituciones. Sinceramente no puedo comprender cómo se puede llegar a esta situación tan lúgubre.

En política es entendible que los candidatos debatan sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos dejando atrás otras menos relevantes pero en este
caso, en mi modesta opinión, Rajoy tenía argumentos de peso para desmenuzar cualquier razonamiento que su oponente pudiera esgrimir.

Ha sido una pena que un debate, tan beneficioso para unas elecciones democráticas, acabe convirtiéndose en pequeñas intervenciones o monólogos de cada
aspirante mediando entre ellos un pacto de silencio sobre asuntos de vital importancia para el futuro próximo de España.


ENTRE EL BUENISMO Y LA VACUIDAD
Para entender once años de culto a la personalidad que tocan a su fin
Alfredo Crespo Alcázar www.elsemanaldigital.com 10 Noviembre 2011

La hegemonía de Zapatero en el socialismo español pasará a la historia como una época dominada por el binomio sectarismo-relativismo que ha fomentado la
división y el enfrentamiento.

EL 20-N, ADIÓS. El año y medio de larga agonía del zapaterismo ha puesto de manifiesto todas las carencias con las que se hizo cargo del PSOE
tras la derrota de 2000.

PARA RECORDAR LO QUE FUE. Santiago González. Lágrimas social-demócratas. El desparrame sentimental del zapaterismo. La Esfera de los Libros.
Madrid, 2011. 395 pp. 21 €

Muy pocos eran los que conocían, incluso dentro de su propia formación política, a José Luis Rodríguez Zapatero cuando en julio de 2000 se convirtió en el
secretario general de los socialistas. A partir de ese momento, tuvo manos libres para transmutar "intelectualmente" a un partido huérfano de liderazgo tras
el "felipismo".

Sin embargo, como bien argumenta el periodista de El Mundo y Onda Cero Santiago González, tras once años, el político nacido en Valladolid no ha cumplido esa
misión cuasi-mesiánica de transformar a su partido, después a España y, en última instancia, el mundo. Pese a este duro revés, él y todos aquellos que le
jalearon desde tribunas mediáticas y desde el hemiciclo creen que los equivocados somos los demás.

Así, aunque el zapaterismo ha gustado presentarse como la quintaesencia de la moralidad, no ha sido más que una "ideología" que ha favorecido la existencia
de dos varas de medir. Dicho con otras palabras: sólo tenía en cuenta quién era el sujeto de la acción, de tal modo que si ésta la protagonizaba "uno de los
suyos", era válida. En caso contrario, había que descalificar al adversario.

Ejemplos los hemos tenido en todos los ámbitos, como el cine, donde ha encontrado a los aliados más incondicionales. Directores y actores practicaron el
hooliganismo pro-zapateril antes incluso del 14 de marzo de 2004. Ellos son exponentes de lo que el zapaterismo mejor ha ejemplificado: la ausencia de
autocrítica. Así, ante el descenso (alarmante) de público a las películas españolas, el culpable era el PP, nunca la mala calidad de las cintas, basadas en
muchas ocasiones en una interpretación torticera de la historia reciente de España. Como enfatiza Santiago González, el anti-franquismo sobrevenido ha
caracterizado a los acérrimos del proyecto revisionista de Zapatero.

Asimismo, han sido ocho años donde la palabra "responsabilidad" ha quedado fuera del vocabulario del equipo gubernamental. Por el contrario, éste siempre ha
acusado a alguien de entorpecer su mega-proyecto: en el terreno de la economía, a los "mercados" (como si fueran personas de carne y hueso) y en lo referente
a la organización territorial del Estado, al PP. En este punto es obligado recordar el Pacto del Tinell, ejemplo de cordón sanitario que se hizo contra la
formación de Mariano Rajoy, un auténtico apartheid político y social, aderezado con insultos y cuando no, amenazas, siempre necesarias según la turba
buenista.

Buscar el enfrentamiento con el "otro" (el PP) ha sido signo distintivo del zapaterismo y de su ideología buenista. Para tal fin, la estrategia era clara: se
le acusaba justo de aquello que las huestes en el poder fomentaban, como es la división, y lo aderezaban con el uso de epítetos como "derecha extrema".
Contundencia verbal, que no argumental, para lograr el titular fácil y el aplauso de los suyos. Una endogamia sin límites.

Complementariamente, el socialismo era sinónimo de conceptos como "paz", "igualdad", "libertad"… pero como hemos podido ver, y Santiago González nos narra
magistralmente, también de cinco millones de parados, de pérdida de peso en la esfera internacional y de rendición ante ETA.

Crisis deudora
No hay soberanía sin responsabilidad
GEES Libertad Digital 10 Noviembre 2011

Cinco gobiernos europeos han necesitado en menos de un año cambios de gobierno o adelantos electorales derivados del incumplimiento de los criterios del
euro: Irlanda, Portugal, España, Grecia e Italia. En la última semana estos dos últimos han entrado en una crisis política de incertidumbre máxima acerca de
quiénes serán sus dirigentes y cuáles las medidas para reducir la deuda provocada por estados del bienestar sobredimensionados al no conciliarse el gasto con
el ingreso.

La soberanía popular se ha volatilizado. Quien interpretara esta afirmación como un síntoma de simpatía hacia la socialdemocracia ideológicamente dominante
demostraría ser un lector ocasional del GEES, lo que debería remediar. Pero es cierto que la ausencia de rechazo rotundo de los electorados europeos contra
las medidas socialdemócratas-keynesianas que mal que bien han sido aplicadas en el entorno europeo para supuestamente paliar la crisis de 2008 es relevante.
Las ideas importan y que, hoy, con la que está cayendo, todavía prevalezcan consejos de sabios y opiniones editoriales en los medios más extendidos a favor
de la socialización del gasto, el incremento de la "demanda agregada" y la exigencia de "estímulos" públicos para reflotar la economía es más que un error,
una tragedia.

Llegó el momento de constatar la quimera de las políticas anticíclicas puestas en marcha en todo Occidente tras la crisis de 2008. Un elemento esencial de
las doctrinas heterodoxas avanzadas por socialistas e intervencionistas es que la repetición de depresiones es un fenómeno inherente al capitalismo. Mientras
los socialistas –reales– sostienen que la solución es la sustitución del capitalismo por el socialismo –ya saben, 100 millones de muertos, miseria
generalizada– los intervencionistas –socialistas ficticios o socialdemócratas– apelan al estado para corregir el funcionamiento de la economía de mercado y
alcanzar la estabilidad. Los intervencionistas tendrían razón si sus planes antidepresivos pretendieran abandonar las políticas expansivas del crédito. Pero
lo que hacen, después de tres años fracasando gravemente haciendo lo contrario, es pedir aún más expansión del crédito vía compra de bonos, fondo de
estabilidad o rebajas de tipos, para evitar la recesión.

En esta tesitura hay países europeos menos tentados a aplicar medicinas curalotodo basadas en financiación artificial. Alemania y Holanda, y secundariamente
Austria o Finlandia. No tanto por racionalidad económica, ni por ninguna superioridad, como por historia e idiosincrasia, dicen alto al gasto público. La
pregunta es si, más allá de condicionar sus préstamos a esta actitud –lo que es normal– su pertenencia al euro les legitima para reclamarla de quienes
carecen de esta convicción económicamente racional, pero no necesariamente compartida por la mayoría. La respuesta es sí, mientras estemos vinculados por el
compromiso de un tratado que lo exige.

La gravedad de la situación lleva a muchas ciudadanías, la española puede ser un ejemplo, a la convicción de que cualquier solución implica asumir esta
realidad. Es imprescindible que esta idea se generalice. La soberanía exige responsabilidad popular, y la salida de la depresión revocar las insensatas
políticas socialistas.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Memoria, honestidad y sentido común
Si para algo ha de servirnos la memoria, desde la honestidad y el sentido común, es para que no se repita el pasado, para erradicar la intolerancia y la maldad, y para construir una sociedad en libertad y con derechos
MILA GARCÍA DE LA TORRE www.diariovasco.com  10 Noviembre 2011

La memoria. Todo nos dice que es el tiempo de la memoria, de recoger los testimonios de los que sufrieron la violencia terrorista, de narrar cómo se han vulnerado los derechos humanos de manera sistemática por una banda terrorista que hizo del asesinato, la extorsión y el amedrentamiento su seña de identidad y la esencia de su existencia. Es necesario recordar todos y cada uno de los atentados y las ocasiones en que las víctimas fueron silenciadas, olvidadas, ignoradas o despreciadas. Y para ello no hay más que recoger sus testimonios, buscar en las hemerotecas, consultar las sentencias o releer informes, investigaciones o publicaciones como el magnífico libro titulado 'Vidas Rotas'. Es importante que esta labor se haga ahora, cuando todavía está fresca la memoria de muchas de las víctimas y de toda la sociedad. Están demasiado cercanos el horror, la angustia y la sensación de desamparo como para no poder referir con absoluta fidelidad lo que ha significado en nuestras vidas la maldición del terrorismo. Y es necesario, además, que esto se haga de una manera sistemática, rigurosa y, sobre todo, con honestidad. El objetivo de esta memoria no es otro que el de deslegitimar la razón por la que las víctimas lo fueron, esa intención fanática de doblegar a toda la sociedad, de acabar con la democracia, de imponer un proyecto político totalitario y excluyente, una sociedad en la que no habría libertad ni derechos.

La honestidad. Por eso, es desasosegante comprobar que los que fueron conniventes con la violencia terrorista, los que justificaron la existencia del horror, o los que necesitan ahora justificar su cobardía pasada, nos sumergen en la ceremonia de la confusión con listados delirantes de supuestas víctimas. Sólo persiguen embarullar y, de paso, apuntalar en la sociedad vasca la idea de que tuvimos una confrontación armada, que había dos bandos enfrentados, que esto era como Irlanda y que nuestra democracia y la banda terrorista ETA pueden ser comparadas en sus principios y en sus fines.

Y en esta ceremonia de la confusión salen inevitablemente mal paradas las víctimas, las del terrorismo y también todas aquellas víctimas que sufrieron la vulneración de sus derechos a manos de los que deberían haberles defendido. Esas víctimas que ahora están siendo reivindicadas, también con muchos años de retraso, tras haber padecido las actuaciones reaccionarias y fuera de derecho que ejercieron algunos servidores públicos que no aceptaban el cambio político en nuestro país, durante la transición y al comienzo de la etapa democrática y fueron incapaces de adaptarse a las exigencias de aquella nueva democracia. El Estado de Derecho se fundamenta en la defensa de los ciudadanos y tiene los mecanismos adecuados para perseguir la vulneración de sus derechos, con más rigor si cabe cuando los vulneradores son los que deberían garantizarlos. Por lo tanto, denunciar estos delitos significa deslegitimar el uso indebido de la violencia legítima que ostenta el Estado de Derecho, y recordar a las víctimas que han sufrido este abuso es también un deber de memoria que debemos desarrollar, con el mismo fin deslegitimador y también con la misma honestidad con la que recordemos a las víctimas del terrorismo.

Precisamente por ese deber de honestidad es indigno que intereses partidarios torticeros pretendan crear una equiparación entre todas estas víctimas reales y las quieran ubicar en un bando o en el opuesto. No ha habido bandos, seguramente muchas víctimas de los abusos policiales durante la transición también fueron víctimas de ETA en la democracia. Y no hay más que recordar a López de Lacalle, José Ramón Rekalde o Ernest Lluch, por citar a tres personas que padecieron el franquismo y sus últimos zarpazos y que sufrieron también la violencia de ETA.

El sentido común. El hecho de que hubo víctimas del terrorismo y de los abusos policiales que se dieron simultáneamente en el tiempo no significa que unas fueron la consecuencia de las otras. Que la transición tuviera estos episodios de indignidad no fue por la existencia de ETA, porque estos elementos reaccionarios atentaron contra la nueva sociedad que exigía democracia. Y la existencia de ETA no se explica como respuesta a aquellas vulneraciones, porque siguió atentando durante toda la historia de nuestra democracia, cuando aquellas prácticas reaccionarias ya habían desaparecido.

Es difícil que aquellas formaciones políticas y aquellos grupos sociales que intentan crear esta ceremonia de la confusión desistan de su empeño. En realidad, no podemos esperar de ellos ahora la honestidad que no han tenido en el pasado. Pero los ciudadanos y ciudadanas de este país debemos hacer un ejercicio de sentido común, de no recurrir a la frase fácil de «los unos contra los otros», porque así es como se construye un relato perverso en el que aportamos a la sociedad y especialmente a los más jóvenes la idea de que cada acto violento ha tenido una causa, una justificación. Es fundamental después de todo lo que hemos pasado que en el futuro no quede abierta la posibilidad de relativizar con impunidad el uso de la violencia, con cualquier disculpa que justifique su utilización, como desgraciadamente aún sucede entre algunos jóvenes.

Si para algo ha de servirnos la memoria, desde la honestidad y el sentido común, es para que no se repita el pasado, para erradicar la intolerancia y la maldad, para construir una sociedad en libertad y con derechos. Si no es así, la memoria, deshonesta e insensata, será un elemento emponzoñado, una herramienta para perpetuar esa violencia y esa maldad.

Una rendija a la verdad del 11-M
EDITORIAL Libertad Digital 10 Noviembre 2011

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación de Víctimas del Terrorismo han coincidido a la hora de valorar el hecho de que la Fiscalía
apoye su acusación contra el exjefe de los Tedax Sánchez Manzano por hacer desaparecer pruebas de la matanza como "una puerta abierta a la esperanza para
conocer la verdad del 11-M". Y ciertamente lo supone, no sólo porque el fiscal denuncie en su escrito que "las evidencias recogidas en los cuatro focos de
las explosiones fueron trasladas a las instalaciones de la Unidad Central de los Tedax, de donde en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su
destino"; también porque el mismo fiscal solicita a la juez la incorporación de varios de los informes que obran en el sumario del 11-M relativos a la
mochila de Vallecas, principal prueba de cargo en el juicio celebrado y cuyo artefacto explosivo fue desactivado el 12-M en la comisaría de Vallecas.

Si resulta asombrosa la desaparición de los restos de las explosiones y muestras de explosivos del 11-M, no lo es menos la inexplicada aparición de esta
mochila con un artefacto que ni explosionó ni podía explosionar pero que fue determinante para la fulgurante detención de los sospechosos en plena jornada de
reflexión del 13 de marzo. Tal y como indicaba una radiografía policial, ocultada en su día al juez Del Olmo, ese artefacto no podía estallar, no sólo porque
el teléfono que incorporaba no daba la corriente suficiente para garantizar la detonación, también porque tenía unos cables sueltos con todo el aspecto de no
haber estado unidos jamás. Asombrosamente, lo que sí tenía la mochila era una tarjeta telefónica, absolutamente innecesaria para hacer detonar la bomba
mediante la activación de la alarma del teléfono pero sumamente útil para conducir las investigaciones hasta la detención de los supuestos responsables de la
matanza.

Conviene recordar que esa mochila con un artefacto de doce kilos de peso y que, según la versión oficial, procedía de la estación de El Pozo, no aparece en
el listado de bultos y objetos encontrados en dicho escenario. Nadie ha declarado haberla visto allí, ni durante su supuesto traslado a Ifema y, finalmente,
a la comisaría del Puente de Vallecas. Sólo se tiene constancia de su existencia en este último lugar, a cargo del comisario Rodolfo Ruiz, que posteriormente
sería condenado por falsificación de pruebas en el caso de la detención ilegal de dos militantes del PP por una supuesta agresión al ministro Bono durante
una manifestación de víctimas del terrorismo.

Para colmo, el artefacto de la mochila poco tiene que ver en su composición con los que provocaron la matanza. Para empezar, el análisis de las muestras de
los trenes arrojó la presencia de dinitrolueno, componente que no forma parte de la Goma2-ECO. La mochila de Vallecas –al igual que el resto de explosivo de
la no menos sospechosa furgoneta Kangoo– fue analizada previamente y no contenía dinitrotolueno, sino sólo Goma2-ECO. Únicamente al detectarse dinitrotolueno
en las muestras de los trenes volvió a analizarse la Goma2-ECO de la mochila y de la furgoneta; y, con técnicas iguales a las previamente utilizadas,
apareció asombrosamente dinitrotolueno.

Por si esto fuera poco para descartar como válida la que ha supuesto una de las principales pruebas de cargo en la versión oficial del 11-M, se da la
circunstancia de que el artefacto de la bolsa de Vallecas contenía más de medio kilo de metralla en forma de clavos y tornillos. La forense del 11-M ha
declarado, sin embargo, que ninguno de los 191 cadáveres tenía incrustaciones por impacto de metralla.

Así las cosas, esperemos que las nuevas diligencias abiertas en el juicio contra Sánchez Manzano sirvan para desmontar en sede judicial esta increíble prueba
sobre la que se sustenta la versión oficial del 11-M y se pueda abrir, de par en par, la puerta al conocimiento de toda la verdad de la inolvidable matanza.

Rubalcaba, agente inmobiliario de Florentino Pérez
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 10 Noviembre 2011

Alfredo Pepunto le echó una manita a Florentino Pérez para la recalificación de la ciudad deportiva del Real Madrid. Los socialistas, como siempre, ayudando
a los pobres, protegiendo el Estado del bienestar, impidiendo la especulación...

Mariano Guindal es un gran periodista especializado en economía que ha publicado hace unas semanas un libro interesantísimo, El declive de los dioses
(Planeta) y que he empezado a leer. Fue el periodista que en una rueda de prensa, cuando todavía los poderosos permitían a los plumillas hacer preguntas,
arrancó a Miguel Boyer la primicia de la intervención de Rumasa. Y su moral se ve en que en el libro él recurre a testimonios y declaraciones, y cuando
desconoce una cosa lo dice y no recurre a fuentes anónimas, como hacen otros*.

Entre los hechos y testimonios que Guindal aporta está el siguiente, descrito en las páginas 478 y 479:

Cuando empecé a recopilar datos sobre los antiguos propietarios de aquellos terrenos que el generalísimo había destinado a zona deportiva me quedé
sorprendido y decidí preguntar a mi vieja amiga de de la UGT, Matilde Fernández, que entonces era concejal del Ayuntamiento de Madrid.

-Cuando me opuse a la construcción de las torres, porque me parecía una barbaridad aquella masa de cemento junto al hospital de La Paz, Florentino me
llamó a su despacho y me advirtió de que si mantenía esa postura echaría contra el PSOE a todo el madridismo. Me quedé helada, hablaba de los seguidores del
Madrid como si le perteneciesen. Siempre pensé que el fútbol, la política y los negocios no tenían nada que ver, pero evidentemente me equivoqué. Unos días
después me llamó Rubalcaba que como sabes es muy madridista y amigo de Florentino para pedirme que no me opusiera al proyecto. ¡Me pareció increíble!

Florentino se aplicó a sí mismo el eslogan del PSOE de Pelea por los quieres antes de que el gabinete de comunicación se lo copiase a Serrat. Él quería
construir las cuatro torres y vaya si peleó por ellas.

Cuando Rubalcaba sacó la Ley del Suelo de 1998 en el debate con Rajoy, éste le podía haber replicado con su gestión a favor de Florentino Pérez y preguntado
a cambio de qué la hizo.

Ya veis por qué no se trató la corrupción en el debate dichoso. Ni la independencia judicial, ni las víctimas del terrorismo, ni la delincuencia, ni la ley
electoral...

* Tiré sin acabar de leer un libro recién publicado sobre un magnicidio perpetrado en España porque el autor emplea este engaño de sacar personajes que
confirman sus tesis sin dar sus nombres, por lo que pueden ser perfectamente una invención. Y si el autor emplea este truco tan burdo dos o tres veces, ¿qué
no hará en otras partes del libro? Menos mal que el librito no me costó un céntimo, porque me lo mandó la editorial.

Cataluña
‘Normalizar la verdad en Cataluña’
Este artículo tiene por finalidad ofrecer a los ciudadanos un manual mínimo de referencias jurídicas para contraponer la verdad de las sentencias sobre
derechos lingüísticos a las mentiras del catalanismo. Su ámbito se circunscribe al sistema escolar, aunque no se agotan en él. Hasta ahora todo se ha
reducido a la normalización lingüística; ha llegado la hora de normalizar la verdad en Cataluña.
Antonio Robles www.vozbcn.com  10 Noviembre 2011

La necesidad del catalanismo de alcanzar la hegemonía política y social en Cataluña le ha llevado a vaciar la historia de cualquier hecho que no encajara en
su relato identitario y a imponer otros que lo reforzasen. La manipulación o la mentira han sido una constante, y el modo de hacerlas creíbles, el agravio
victimista; su recurso más eficaz de excitar los sentimientos y crear rebaño; el escenario ideal para imponer las más absurdas teorías, si las teorías
convienen a la identidad.

Hasta aquí, nada nuevo en los procesos de formación romántica de cualquier nacionalismo, pero a partir de finales de los setenta y sobre todo, a raíz de los
Gobiernos de Jordi Pujol, los relatos son de usar, tirar y reciclar según conveniencia. Las palabras tendrán, a partir de la excitación catalanista, el
significado que interese al nacionalismo en cada momento. Ya se trate de la reivindicación de la lengua materna, la interpretación de las sentencias
judiciales, el éxito o el fracaso del sistema educativo, el respeto a las leyes, la solidaridad fiscal o la responsabilidad en las cifras del paro.

La desfachatez ha llegado tan lejos, que sólo los hechos, no sus palabras, pueden ayudar a diferenciar los datos, de la propaganda y las mentiras. Es preciso
estar advertidos para poder exigir y ejercer los derechos que nos esquilman. Por ello, se hace imprescindible antes de explicar cómo exigirlos y ejercerlos,
subrayar sus falsedades:

Tienes derecho a estudiar en la lengua de tu elección. Ningún tribunal español ha avalado la inmersión lingüística; por el contrario existen sentencias
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que han avalado la “cooficialidad lingüística” (catalán y castellano son lenguas propias y oficiales), y
“la conjunción lingüística” (catalán y castellano son lenguas vehiculares sin que ninguna sea exclusiva ni excluyente. Lo contrario de la inmersión).

Tienes derecho a elegir el idioma vehicular en educación infantil y primer ciclo de primaria y el Gobierno de la Generalidad está obligado a incluir las
casillas de opción lingüística en las instancias de preinscripción de principio de curso. En ningún caso está justificada la “atención individualizada”,
declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo.

Tienes derecho a rotular tu negocio en el idioma o idiomas de tu elección. Ningún tribunal ha avalado las multas lingüísticas; al contrario, el TC ha
dejado expresamente sentenciado que ninguna empresa privada puede ser multada por rotular en castellano, ni la disponibilidad lingüística es universal.

Tienes derecho a la tercera hora de castellano. Ningún tribunal ha avalado que se reduzca a 2 horas la enseñanza de la asignatura de lengua española; al
contrario, existen dos decretos del Gobierno nacional, que obligan expresamente al Gobierno de la Generalidad a dar la tercera hora de castellano.

Tienes derecho, aunque seas funcionario a utilizar también tu lengua materna, habitual o de preferencia. Ningún tribunal ha avalado que los funcionarios
estén obligados a utilizar sólo la lengua catalana; al contrario, profesores y funcionarios, alumnos, padres y personal no docente, pueden utilizar ambas
lenguas oficiales en todo lugar y momento. Y eso vale para los libros de texto o cualquier otro soporte educativo.

Todos estos derechos constitucionales y otros muchos que exceden el marco que quiere acotar este artículo, los ha incumplido y los sigue incumpliendo el
Gobierno de la Generalidad. Y lo peor, las justificaciones para el desacato, están basadas en la manipulación o la simple mentira de lo que dicen las
sentencias. El recurso al filibusterismo jurídico, sin embargo, no sólo se circunscribe a la legalidad, alcanza todo tipo de interpretaciones maliciosas de
la vida social, política y cultural, como la cohesión social, la lengua propia, la segregación escolar, la ecología lingüística, la identidad nacional etc.

La utilización de “la lengua materna”, según conveniencia
Para evidenciar la mala fe y la manipulación del catalanismo, nada más evidente que el uso interesado del concepto de “lengua materna”, un derecho cuando se
reivindicó para poder estudiar en lengua catalana, pero una agresión a Cataluña cuando se reivindica poder hacerlo también en lengua española.

Cualquiera que tenga edad para recordar los años sesenta y setenta y haya vivido en Cataluña, sin duda recordará la campaña del catalanismo para defender el
derecho a estudiar en lengua materna. Ninguna otra campaña fue tan persistente y extensa en el espacio y el tiempo como la cruzada por estudiar en lengua
materna. Es decir, en catalán; porque por entonces, sólo era lengua vehicular el castellano. Nadie fuimos ajenos a la defensa de ese derecho y los
castellanohablantes asumimos esa campaña como si de nuestra lengua materna se tratase. No porque fuera el catalán específicamente, sino porque en ese momento
era la lengua excluida y porque su exclusión conculcaba derechos fundamentales del ciudadano.

La defensa por parte del nacionalismo de ese derecho no dio cuartel. Desde el emotivismo más victimista, a la ciencia pedagógica más avanzada o la autoridad
y legalidad internacional de la UNESCO, el catalanismo nos convenció que impedir estudiar en lengua materna era aberrante y muy perjudicial para la educación
del niño. Nadie cuestionó el derecho, ni contradijo el perjuicio causado. El axioma de la UNESCO de 1953 fue utilizado por el catalanismo no sólo como
criterio pedagógico indiscutible sino como fundamento humano inalienable:

“Es axiomático que el mejor medio para enseñar a un niño es la lengua materna”.
A caballo de esta máxima y de las conclusiones de la Conferencia Internacional de Bilingüismo de 1928 en Luxemburgo, que concluye que la lengua materna es el
mejor método de aprendizaje para el niño, todos los prebostes del catalanismo de entonces -que son los mismos que nos gobiernan ahora-, defendieron la tesis
de la lengua materna con uñas y dientes. El líder del PSUC, Josep Benet, en Combat per una Catalunya autónoma, recoge aquel espíritu con especial dramatismo:

“Se tortura a nuestros niños durante los primeros años de escuela aprendiendo en una lengua que no es la materna”. “Los resultados analizados (desde
1928) mostraron que estos alumnos a los que se aplicaba un programa de cambio de lengua “casa-escuela” presentaban en general peores resultados académicos y
niveles más bajos de inteligencia que aquellos niños en los cuales la lengua de instrucción y la familiar coincidían. A partir de estos datos, la Oficina
Internacional de Educación manifestó públicamente que la Primera Enseñanza en lengua materna había de ser condición sine qua non para un pleno desarrollo
académico y psicológico de los niños.”

Trías Fargas, de CiU y portavoz de “la Minoría catalana”, insistía con el mismo argumento en 1978 en el Congreso de los Diputados:
“Creo que es justo decir también que el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia. Cambiar
de lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellano a
estudiar en catalán”. (Ramon Trías Fargas, CiU, Comisión Constitucional, debate sobre el art. 3 CE, 1978).

No hubo ni un solo catalanista que se abstuviera de defender la lengua materna como lengua de enseñanza, ni día que no se recordase; sin embargo, una vez que
el Gobierno de la Generalidad de Jordi Pujol dispuso de los traspasos de Educación, fue desplazando al castellano hasta dejarlo fuera del sistema educativo a
través de la inmersión (de momento camuflada), sólo en catalán. A partir de ese momento, “la lengua materna” dejó de ser un derecho de los padres, y sus
virtudes educativas pasaron a la “lengua de la tierra”. Un tocomocho desvergonzado y obsceno. De víctimas a verdugos, y con buena conciencia.

Quizás, de las razones más sucias argüidas por el catalanismo para despojar a la población castellanohablantes de sus derechos a estudiar en lengua materna,
sean las del responsable de la inmersión en los 23 años de Pujol, Joaquim Arenas i Sampera que, empeñado en buscar razones para impedir la enseñanza en
castellano, retuerce el axioma de la UNESCO de 1953 y de las conclusiones de la Conferencia Internacional de Bilingüisme, para hacerles decir lo contrario de
lo que dicen:

“Los sabios allí reunidos – dice Joaquin Arenas de La Conferencia Internacional de Bilingüisme, de 1928- , no pocos catalanes, elaboraron unas
conclusiones que llevaron a la condena del bilingüismo como aprendizaje simultáneo de dos lenguas y a proclamar en consecuencia la lengua materna como único
vehículo para los aprendizajes escolares”. Hasta aquí, respeta la letra, pero como ahora ya no le interesa defender la lengua materna, se pregunta:
“¿Correspondía, sin embargo el concepto de lengua materna a la idea de lengua mamada? Este era y es el quid de la cuestión “, para concluir cínicamente: “Los
sabios allí reunidos se decantaron a favor de la enseñanza en lengua propia, que denominaban materna en un sentido más amplio, no etimológico, que puede ser
interpretado como lengua madre de la tierra. Se deduce claramente que defendiendo la lengua materna tal como lo hacían apostaban por la lengua territorial”.
Y después de hacer un sinfín de trampas más, concluye: “Se puede afirmar que tanto en la Conferencia de Bilingüismo de 1929 como en la de la UNESCO desde
1951 hasta la actualidad, cuando se nombra el concepto de lengua materna se traduce en el sentido de <>, es decir, de lengua territorial”. (La inmmersió
lingüística. Escrits de divulgació. Joaquim Arenas i Sampera. Pags. 16 y 17. Barcelona, 1986. Sus fuentes parecen haber sido citadas a voleo, porque ni
siquiera coinciden los años de dichos eventos con los reales).

Según este aprendiz de brujo, la “lengua materna” pasa a “lengua territorial” en cuanto son los niños de lengua materna castellana los excluidos de este
derecho.

Independientemente de la grosería de hacer hablar a las piedras y convertir a tu madre y a tu padre en dos alcornoques, lo más insoportable es la
manipulación y la indecencia ética y científica que les sigue. Porque no nos olvidemos que estamos hablando del promotor de la inmersión cuyas teorías fueron
llevadas a la práctica con todos los Gobiernos de Pujol y aún hoy se siguen al pie de la letra; además de ser el santo que sacan a pasear cada vez que hay
que hablar de ciencia pedagógica para defender la inmersión.

Como el impostor Joaquin Arenas, la actual Consejera de Educación, Irene Rigau pasó de defender la lengua materna a considerar que esta era la lengua
territorial, es decir, la lengua propia, es decir, “su” lengua materna. Y si alguien no lo tiene claro, que le pregunten al actual presidente de la
Generalidad, Artur Mas que no se anda con rodeos cuando alguna madre le pide enseñanza en lengua materna:

“Que se monte un colegio privado en castellano para quien lo quiera pagar, exactamente igual que se montó uno de japonés en su momento.” (Entrevista en
El Mundo, 18/02/2006).

Para todos los castellanohablantes que nos sumamos a la defensa de la enseñanza materna en catalán de buena fe, la manipulación fue y es imperdonable e
inasumible.

La inmersión es inconstitucional
Pero la prostitución del lenguaje no se queda en la interpretación de la lengua materna en función de qué lengua materna se trate, sino en la traducción de
las sentencias de los Tribunales de Justicia. Aquí mienten directamente y sostienen las mentiras con la complicidad de los medios de comunicación.

Cuando en 1992 La Generalidad saca el decreto de inmersión lingüística 75/1992 de 9 de marzo, y la Asociación por la Tolerancia, la Cervantina y las madres
de CADECA se amotinan contra el abuso, el Gobierno de Jordi Pujol se parapetó en los medios para descalificar las protestas y a los ciudadanos que las
ejercían; y cuando la sentencia del TC 337/1994 desautoriza la exclusión del castellano como lengua docente, recurren a la mentira a secas.

No es verdad que el Tribunal Constitucional haya avalado la inmersión en la sentencia 337/1994. Ni la ha avalado en esta sentencia, ni en ninguna otra, pero
sí la ha desautorizado en cuantas sentencias lingüísticas se han dado. Mal podría avalar la inmersión lingüística la sentencia 337/1994 del TC, cuando la
causa que dio lugar a dicha sentencia tuvo su origen en una demanda judicial presentada por el abogado Gómez Rovira en 1983 en defensa de la enseñanza en
castellano para sus hijos contra dos decretos que desarrollaban la Ley de normalización Lingüística de 1983, cuando aún faltaban nueve años para que se
publicara el Decreto de inmersión lingüística de 1992. Por supuesto, el Tribunal Constitucional nada dice al respecto del concepto de inmersión, y cuando en
un voto particular se hace referencia a ese modelo pedagógico, es para remarcar su inconstitucionalidad. Sin embargo sí hace mención, y con todo detalle, al
concepto de “conjunción lingüística” o de “bilingüismo integral”, introducidos por la defensa de la Generalidad a la demanda, cuyo modelo implica que catalán
y castellano han de convivir como lenguas vehiculares y ninguna de ellas puede ser exclusiva ni excluyente. O sea, lo contrario de la inmersión. El
Fundamento jurídico 10 de la STC 337/1994 de 23 de diciembre lo deja meridianamente claro:

“Este modelo de conjunción lingüística que inspira la Ley 7/1983, del Parlament de Cataluña es constitucionalmente legítimo en cuanto responde a un
propósito de integración y cohesión social en la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea la lengua habitual de cada ciudadano. Al igual que es legítimo que el
catalán, en atención al objeto de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no
determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma”.

Guiados por la mala fe, todos los gobiernos de la Generalidad han utilizado la generosidad del juicio de relevancia que hace el TC del concepto de
“normalización” como un modelo equitativo o equilibrador entre las dos lenguas oficiales, para identificar torticeramente “normalización” con “inmersión”. Es
decir, allí donde los magistrados interpretan el concepto de normalización como una prima para recuperar al catalán de su postración histórica, los
nacionalistas lo traducen como la exclusión del castellano como lengua docente. O sea, falsificaron la sentencia del TC. Lo vuelven a recordar las cinco
sentencias firmes del Tribunal Supremo de diciembre de 2010 y 2011, basadas a su vez en la STC sobre el Estatuto de 28 de junio de 2010:

“el catalán y el castellano no sólo son materia objeto de estudio sino lengua docente en los distintos niveles educativos”.

“[…] no cabe olvidar que el deber constitucional de conocer el castellano (art. 3.1 C.E.) presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a
conocerlo a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos” (STC 337/1994, F.10). “El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de
aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en
Cataluña” (STS, 16/12/2010)

Aún así, no han tenido reparos, a pesar de la evidencia de la sentencia 337/1994 y siguientes, en seguir mintiendo. ¿Por qué? Por dos motivos claves, uno
instrumental y otro final. Comienzo por este último.

El nacionalismo nunca ha tenido como fin normalizar la lengua catalana, sino imponerla como exclusiva; o dicho de otro modo, “normalizar” era el concepto
para llegar al monolingüismo sin levantar sospechas. Pero como tal objetivo no era posible alcanzarlo de golpe, ni estaba amparado por la ley, el desarrollo
de toda la normativa y su despliegue práctico ha simulado dicho fin monolingüista con declaraciones públicas de respeto a ambas lenguas, mientras en la
práctica se actuaba como si la lengua española fuera extranjera. Astucia y malicia a partes iguales.

La garantía para poder mentir y simular con impunidad se la ha dado el poder político mayoritario que ha logrado mantener desde la instauración de la
Generalidad, y el control de los medios de comunicación públicos y de todos los privados relevantes. Con ellos han podido mentir sin que nada ni nadie
contradijera la manipulación. Ni siquiera los diferentes Gobiernos de España, que unas veces por la necesidad de su apoyo y siempre por el complejo histórico
ante el victimismo catalán, han dejado hacer y han consentido la ilegalidad. Puede parecer increíble, pero en Cataluña tiene más credibilidad lo que dicen
los medios y sus políticos (o al revés) que las propias sentencias. O dicho de otro modo, las sentencias acaban por decir, no lo que dicen, sino la versión
que imponen los medios nacionalistas. No hay otra versión porque nadie tiene el suficiente poder mediático para remarcarla. En ausencia del Estado.., la ley
del más fuerte.

La “atención individualizada” es inconstitucional
Por esto mismo, cuando en 1994, el TC resolvió la demanda del padre y letrado Gómez Rovira después de 11 años de dejación y retraso, el Gobierno de la
Generalidad se sacó de la manga la “atención individualizada” para simular que cumplía la sentencia del TC y ningún poder público movió un dedo para
restablecer la legalidad. ¿Cómo lo iban a hacer, si Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha declarado estar de acuerdo con la inmersión, cuando se aplicó el Decreto
de la Inmersión 75/1992, era ministro de educación del Gobierno socialista de Felipe González?

La atención individualizada fue un truco más de trileros para desanimar a los padres y evitar el derecho de los niños a estudiar en lengua materna en la
educación infantil y primer ciclo de primaria (hasta los 8 años) y a “la conjunción lingüística” en el resto de etapas, como la sentencia imponía. Con el
truco de la atención individualizada, la Consejería de Educación de la Generalidad pretendía hacerles desistir de su empeño, segregando a los niños de la
normalidad de la clase para señalarlos ante sus compañeros, como anticatalanes. La treta lo conseguía en clase, los medios en la calle. La atención
individualizada, sin embargo, se definía en los medios sin ninguna crítica a los derechos conculcados del niño y con aparente neutralidad:

“El profesor podrá, llegado el caso, explicar la lección en catalán, pero atender en castellano el trabajo individual del alumno que lo requiera”(El
País, 26/10/1993)

Con el fundamento jurídico 7 de las 5 Sentencias del TS (del 9, 12 y 16 de diciembre de 2010 y las dos de 2011) la trampa ya no es posible, pues advierte al
Gobierno de la Generalidad que la forma de reintroducir el castellano como lengua vehicular no admite trucos ni triquiñuelas para evitar su cumplimiento, es
decir, que

“no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular”.

Y en el fundamento jurídico sexto de la STS de 16/12/2010 explicita que la atención individualizada en modo alguno es lo mismo que estudiar en la lengua
habitual o materna, que es en la que el TS defiende que se estudie en la primera enseñanza, remarcando que en la actualidad no se hace:

“en cuanto a la primera enseñanza que comprende la educación infantil y el primer ciclo de primaria la misma no se imparte en la lengua materna sino que
se utiliza el sistema de atención individualizada en lengua castellana que es algo bien distinto del derecho a recibir esa educación en su lengua habitual”
(…) “Como afirma el motivo y en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional esa exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular pervierte el
modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral de modo que se implanta un modelo de inmersión
contrario al espíritu y a la letra de la Constitución”.

Volviendo al fundamento jurídico séptimo, el TS sentencia:
“En consecuencia la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adoptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la
declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto
con el catalán”.

Es precisamente este mandato, el que ha recogido el Auto 28/07/2011 del TSJC instando a la Generalidad a cumplir con la sentencia en el plazo de dos meses,
plazo que sin embargo, se ha levantado en tanto el TSJC resuelva las alegaciones del Gobierno de la Generalidad; pero en cualquier caso, tales alegaciones,
en ningún caso pueden modificar lo sentenciado en firme por el Tribunal Supremo; es decir, reintroducir el castellano como lengua vehicular en el sistema
educativo catalán.

Son obligatorias las casillas de opción lingüística en las hojas de preinscripción
Como hemos visto, la aplicación de la conjunción lingüística sólo tiene una excepción, en la primera enseñanza, (educación infantil y primer ciclo de
primaria, o sea, hasta los 8 años). En esta etapa, los niños tienen derecho a estudiar en la lengua de su elección. Así lo expone la Ley de política
lingüística de 1998 en su artículo 21.2 y que la sentencia del 28/06/2010 del TC avala:

“los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de
garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique”.

Como en tantas otras ocasiones, el nacionalismo lo aprueba, pero impide ejercerlo. ¿Cómo? Veamos. Para poder ejercer ese derecho, los padres han de señalar
la casilla correspondiente al idioma elegido como vehicular, en las instancias de preinscripción a principio de curso. Pero como, curiosamente,
desaparecieron las casillas de elección del idioma al curso siguiente de aprobarse la ley de Política Lingüística de 1998 para evitar que ejercieran el
derecho, se hubo de recurrir a los Tribunales nuevamente. A consecuencia de los recurso presentados, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha
emitido cinco sentencias (1ª; 14/09/2004, S.Nº1062/2004 – 2ª, 17/02/2005, S.Nº 149/2005 – 3ª, 24/09/2005, S.Nº 884/2005, más dos del TS), instando al
Gobierno de la Generalidad a que incluya las casillas en las instancias de preinscripción de principio de curso, más otra del Tribunal Supremo que las
corrobora (14/05/2008. STS, Nº418 /2008). Por si no fuera suficiente, la sentencia de 16/12/2010 del Tribunal Supremo lo vuelve a explicitar en su fallo,
después de instar a la Generalidad a reintroducir al castellano como lengua vehicular en la escuela junto al catalán,

“incluyendo el derecho de los niños en educación infantil a recibir la enseñanza en lengua peticionada por los padres y de igual modo declaramos que el
modelo oficial de preinscripción en educación infantil ha de preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos
escolares en centros sostenidos con fondos públicos.

Aún estamos esperando a que se cumplan. En Cataluña jamás se ha cumplido una sentencia sobre derechos lingüísticos. Engaño, manipulación, mentiras, y
desacato.

El catalán no puede ser la lengua única de las instituciones
Como la gran mentira de la inmersión constitucional, los nacionalistas han mentido y han legislado la exclusividad de la lengua catalana en diversas
instituciones catalanas. Amparándose en la manipulación del concepto de “lengua propia”, en innumerables universidades, ayuntamientos y otras instituciones
públicas, la han convertido en única. Como es el caso del ‘Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Barcelona’ en el que su artículo 3,
apartado 1 impone: “Les actuacions internes de l’Ajuntament de Barcelona s’han de fer en català”. Nulo de pleno derecho según la STC 28/09/2010, que en su
fundamento jurídico 14, además de sentenciarlo inconstitucional, lo explica:

‘La definición del catalán como “la lengua propia de Cataluña” no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la cooficialidad de ambas
lenguas en perjuicio del castellano. Si con la expresión “lengua propia” quiere significarse, como alega el Abogado del Estado, que el catalán es lengua
peculiar o privativa de Cataluña, por contraste con el castellano, lengua compartida con todas las Comunidades Autónomas, la dicción del art. 6.1 EAC es
inobjetable. Si de ello, por el contrario, pretende deducirse que únicamente el catalán es lengua de uso normal y preferente del poder público, siquiera sea
sólo del poder público autonómico, se estaría contradiciendo una de las características constitucionalmente definidoras de la oficialidad lingüística, cual
es, según acabamos de recordar con la cita de la STC 82/1986, que las lenguas oficiales constituyen “medio normal de comunicación en y entre [los poderes
públicos] y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos”. Toda lengua oficial es, por tanto —también allí donde comparte
esa cualidad con otra lengua española—, lengua de uso normal por y ante el poder público. También, en consecuencia, lo es el castellano por y ante las
Administraciones públicas catalanas, que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales”
(…) “No admitiendo, por tanto, el inciso y “preferente” del art. 6.1. EAC una interpretación conforme con la Constitución, ha de ser declarado
inconstitucional y nulo”‘

A la luz de la doctrina constitucional ninguna institución puede convertir a una de las dos lenguas en únicas, preferentes o exclusivas y cualquier
funcionario de la administración puede utilizar ambas lenguas oralmente o por escrito sin más limitación que la disponibilidad lingüística (Serán los
ciudadanos, en su elección personal quienes modulen en qué lengua desean comunicarse con la Administración)”.

Asimismo, las comunicaciones y los rótulos han de ser bilingües, nunca monolingües en ninguna de las dos lenguas oficiales, pues de ser así (como es en la
actualidad) una lengua sería “preferente” sobre la otra, y la STC 28/09/2010 ha dejado claro que sería inconstitucional y nulo. A pesar de ello, el
Ayuntamiento de Barcelona se niega a modificar el reglamento municipal que excluye el uso del castellano, a pesar de que los tribunales de Justicia han
dictado una sentencia firme contra el Ayuntamiento de San Pol de Mar por idéntica exclusión de la lengua española.

Las multas lingüísticas no son constitucionales
Las actividades, empresas y comercios privados, en su modalidad de utilización de las lenguas oficiales no pueden ser sancionados. La sentencia 31/2010 del
TC de 28 de junio de 2010 en su Fundamento jurídico 22 ampara la libertad de los particulares para rotular en catalán o en castellano, o en los dos y a no
estar obligados por la disponibilidad lingüística:

“el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a
estas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en
las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes
públicos y los ciudadanos”.

A pesar de la evidencia, siguen poniendo multas. En total, 811 multas y 900.250 €.
El incumplimiento de esta doctrina constitucional en la actualidad es manifiesto en múltiples instituciones, y la manera de justificar la prevaricación,
desacato o desobediencia a los Tribunales sigue amparándose en la manipulación y la mentira.

La incoherencia entre la realidad (de la calle, de las sentencias etc.) y la imposición mediática de sus mentiras tienen su punto culminante en su carácter
victimista. En lugar de valorar como un logro los avances en la paridad del catalán con el castellano a partir de la STC 337/1994, la falsifican por exceso y
por defecto. Por exceso porque la utilizan para convertir la inmersión en constitucional y por defecto porque son incapaces de reconocer que en dicha
sentencia elevaron al catalán a lengua vehicular, la impusieron como un deber para todos los escolares de Cataluña y generalizaron la disponibilidad
lingüística para todos los funcionarios de las administraciones públicas respecto a los administrados. Tres conquistas que fueron expresamente rechazadas
cuando se elaboró la Constitución a través del rechazo de la enmienda 106 presentada por Roca Junyent en la que pretendía que el catalán, además de un
derecho, fuera un deber. Por decirlo en plata, la sentencia 337/1994 fue muy favorable a las tesis catalanistas, aunque no avalara la inmersión, y sin
embargo consideran al TC como el enemigo público número uno de Cataluña. Una hipocresía infinita.

La inmersión provoca el doble de fracaso escolar entre los castellanohablantes
Pero la mentira no se queda sólo en la falsificación de las sentencias, también han ocultado el fracaso escolar de los niños inmersionados en aquellos
estudios que dependieron del Gobierno de la Generalidad, bien no haciéndolos, o no publicándolos cuando habiéndolos hecho no les interesaban los resultados,
bien cribando las muestras para sesgar los resultados, o distorsionando su interpretación. Y cuando los estudios no han dependido de él, sino de las
valoraciones externas, como es el caso de las pruebas internacionales PISA, se han limitado a desviar la atención con temas menores y a ocultar el gravísimo
fracaso que sufren los alumnos castellanohablantes obligados a la inmersión.

Efectivamente, según el análisis estadístico de los datos proporcionados por PISA 2006, estudiado por la Fundación Jaume Bofill y elaborado por Convivencia
Cívica Catalana, el fracaso escolar global en Cataluña en función del tanto por ciento de abandono escolar, llega al 31, 9%, uno de los más elevados de los
países de OCDE; pero si lo desglosamos entre castellanohablantes y catalanohablantes el perjuicio de la inmersión no puede ser más evidente: los alumnos
castellanohablantes abandonan la escuela en un 39,6%, mientras que entre los alumnos catalanohablantes se reduce a un 18,9 %, es decir, los niños
castellanohablantes abandonan los estudios prematuramente en más del doble que los catalanohablantes. Como quiera que el diferencial se mantiene
independientemente de su nivel social, deja en evidencia, que los niños inmersionados en una lengua que no es la materna y en la que pierden habilidades que
tendrían con la propia, sacan peores resultados que quienes sí pueden hacerlo. No nos olvidemos, que la inmersión sólo se aplica a los niños
castellanohablantes, los catalanohablantes no sufren la inmersión, ya que estudian en su lengua materna. Esa dificultad añadida acaba por bajar su
rendimiento educativo. Es seguro que tendrán mayor nivel en lengua catalana, como evidente es que el rendimiento en el resto de asignaturas disminuye al no
estudiar en la lengua que verdad dominan. El resultado es matemático e incontestable: 4 de cada 10 alumnos castellanohablantes abandonan los estudios.

Ante la evidencia, la maquinaria de manipulación del nacionalismo educativo se preocupó de cribar alumnos con resultados académicos peores en las siguientes
pruebas PISA de 2009 para sesgar los resultados a favor de la inmersión y de un menor fracaso escolar general. La Fundación Bofill lo ha denunciado y
Convivencia Cívica Catalana lo ha expresado en cifras. Hasta la subvencionada Fundación Bofill tiene vergüenza intelectual y ha denunciado que la Consejería
de Educación excluyó a unos 150 alumnos del nivel más bajo (repetidores, alumnos de 3º de ESO, e hijos de inmigrantes) para conseguir mejorar los resultados
finales. El porcentaje de alumnos inmigrantes examinados fue del 11,2% del total, cuando en realidad suponen el 17,5% del total de la ESO. Y se aumentó la
proporción de alumnos de 4º de ESO, que suelen sacar mejor puntuación que los de 3º. Al final, de un total de 1.500 alumnos que recomienda PISA, sólo
hicieron las pruebas, 1381.

La manipulación de la muestra llega al descaro cuando se comprueba cómo los alumnos castellanohablantes mejoran en las pruebas últimas de PISA 2006 respecto
a las últimas de 2009, nada menos que 22 puntos, casi cuatro veces más que los catalanohablantes, que sólo lo hacen en 6 puntos. “Es difícil creer – barrunta
CCC – que dos grupos de alumnos que están bajo el mismo sistema educativo y comparten el mismo pupitre tengan subidas de rendimientos tan diferentes”. Tan
difícil como fácil deducir que el sesgo de la muestra evitando alumnos castellanohablantes poco aplicados, permite al Gobierno de la Generalidad asegurar con
descaro que la inmersión no perjudica a los niños castellanohablantes. Efectivamente, segura CCC, “se disminuyó en un 10% el porcentaje de alumnos
castellanohablantes en la muestra de 2009 respecto al 2006. Y ese 10% se corresponde en gran medida con los castellanohablantes de puntuaciones bajas,
repetidores o con un historial de inmigración que fueron excluidos de la muestra de PISA 2009. Y a esta exclusión de alumnos de bajo rendimiento cabe
atribuir esa subida inesperada de la puntuación de los alumnos castellanohablantes”.

Aún así, los resultados globales vuelven a remarcar niveles de mayor fracaso en niños castellanohablantes forzados a la inmersión que los alumnos
catalanohablantes no inmersionados. Exactamente, 20 puntos más.

De la mentira a los ciudadanos, a la amenaza contra el Estado
La sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional ha dejado al descubierto el abuso continuado del catalanismo y sus verdaderas intenciones. Por eso, ya no
les basta la simulación y el engaño. Desenmascarados, han pasado a la amenaza. A la amenaza contra el Estado:

“Si la inmersión lingüística quedase suprimida o rebajada [en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional] se tendría que considerar un casus
belli” (Jordi Pujol, agosto de 2010).

El actual presidente de la Generalidad, Artur Mas ya había adelantado la amenaza en mayo de 2008 ante la posibilidad de que el Congreso aprobara una
modificación de la Ley electoral que redujera la sobrerepresentación de los partidos nacionalistas. Sería, amenazó: “Una declaración de guerra en toda
regla”.

Actúan contra la ley con mentalidad de Estado, sin serlo; pero en todo caso, si lo fueran, tampoco respetarían las reglas democráticas en las que todo Estado
de Derecho está fundamentado. España sí es un Estado democrático, garantista y con separación de poderes. Ni siquiera el presidente del Estado más poderoso
de la tierra -me refiero a Nixon y a EEUU-, estuvo por encima de la ley. Estos catalibanes parece que sí.

En España, la Constitución nos ampara. Depende de cada uno de nosotros denunciar los abusos, hacernos respetar y defender los derechos de nuestros hijos a
estudiar en la lengua común de todos los españoles. No son los profesores, ni los padres, ni los niños, ni los comerciantes, ni los funcionarios los que
están fuera de la ley por utilizar la lengua española, sino el Gobierno de la Generalidad. Y es él el que ha de tener problemas con la justicia.

Convénzanse, el problema no es de reparaciones históricas ni de salvaguardar la cohesión social, ni de cualquiera de las múltiples gaitas que se sacan de la
manga para justificar el abuso, el problema es la limpieza lingüística, cultural y política que necesitan para afianzar una identidad nacional capaz de abrir
una brecha emocional y cultural con España que les asegure la independencia. Mientras no nos tomemos en serio lo evidente, nos tendrán entretenidos con
pequeñas escaramuzas en las que siempre perderemos. Han de cumplir la ley…, cuanto antes. Mientras tanto, hagamos dentro de la legalidad lo mismo que hacen
ellos desde fuera de ella: Hagamos como si no tuviéramos Gobierno alguno de la Generalidad mientras excluyan nuestros derechos lingüísticos. Y la forma más
directa es hablar y utilizar el español allí donde lo excluyan. En la escuela, en los medios de comunicación públicos, en los Ayuntamientos, en el
Parlamento.., siempre. Como Joan Manuel Serrat hizo en aquella lejana gala de Eurovisión de 1969 negándose a cantar en castellano al impedírsele cantar en
catalán.

Mientras los lentos mecanismos de la ley trabajan para defender los derechos conculcados, los ciudadanos podemos hacernos respetar a diario.

Cataluña
Fernández Díaz reniega de los compañeros del PP por “su campaña anti Estatuto” de 2006
“Es evidente que algunos dirigentes del PP y alguna parte del PP se equivocó en la reacción, ciertamente, lo reconozco. Es verdad. Y a mí no me gustaron
algunas cosas que se dijeron, fueron una barbaridad”.
Agencias / Redacción www.voz 10 Noviembre 2011

El candidato del PP por Barcelona parece que haya entrado en una cacharrería con pies de elefante. No hay día, en esta campaña electoral, que sus
declaraciones no despisten a los votantes populares y den juego a sus rivales políticos. Este miércoles, Jorge Fernández Díaz ha renegado de sus compañeros
de partido por las cíticas que algunos hiceron al nacionalismo catalán durante la tramitación del Estatuto de Autonomía.

Fernández Díaz ha asegurado, en una entrevista en Catalunya Ràdio, que “en la campaña del Estatuto se cometieron muchos errores por parte de todos; también
nosotros”, en referencia a declaraciones y campañas del PP en contra de la reforma estatutaria, que posteriormente el Tribunal Constitucional adecuó a la
legalidad. El PP incluso recogió firmas por toda España en contra del texto estatutario y el propio Mariano Rajoy las presentó al Congreso.

“Fueron una barbaridad”
Sin embargo, para el candidato del PP por Barcelona “es evidente que algunos dirigentes del PP y alguna parte del PP se equivocó en la reacción, ciertamente,
lo reconozco. Es verdad. Y a mí no me gustaron algunas cosas que se dijeron, fueron una barbaridad”, si bien no ha concretado las barbaridades ni quién las
dijo. El PSC, por ejemplo, está utilizando cuñas radiofónicas del PP de Andalucía y de Aragón, de la época de la reforma estatutaria, durante esta campaña
electoral.

“Solo se recuerda al PP por su campaña anti Estatuto… creo que no hace falta recordarlo, pero repito, hay un principio en la física que dice principio de
acción-reacción. Y la acción fue muy negativa, muy negativa, y la reacción creo que también se pasó de frenada”, ha añadido el número uno del PP por
Barcelona.

Pese a todo, el popular ha responsabilizado del clima y los momentos de confrontación vivido en esa etapa política a los líderes del PSOE y del PSC, José
Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall, respecticamente, que ocupaban entonces la Presidencia del Gobierno y el máximo cargo de la Generalidad: “La
iniciativa política fue una barbaridad, y el señor Zapatero engañó a los catalanes también, y creó un clima insostenible”.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

A Rubalcaba ya solo le queda ETA y algún17N
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 10 Noviembre 2011

Estaba escrito, todo fue previsto, la hoja de ruta de Zapatero al infierno decía que poco antes de las elecciones ETA montaría el numerito para que ZP y el
PSOE pudiesen sacar pecho y colgarse la medalla ente el electorado de que ellos solitos habían acabado con ETA mientras ETA se frotaba las manos viendo que
todo le salía a pedir de boca.

Solo les ha fallado en el plan un detallito, que la debacle hecatómbica en que nos ha metido Zapatero iba a convertir en humo de pajas la martingala que han
montado con ETA. Es tan gordo y catastrófico lo de Zapatero con la economía que ya ni lo de ETA le va a valer a Rubalcaba. No obstante se les está viendo la
patita a estos amantes del compadreo con ETA.

Rubalcaba dijo con esa boca suya de mentir que no utilizaría lo de ETA en la campaña y desde ese momento no ha parado de colgarse la medalla una y otra y
otra vez. Y si no fuese eso suficiente, sale ayer el mandamás del PSOE y lendakari del País Vasco, Patxi López, sacando barriga y colgando una medalla
colectiva a todos los socialistas al decir que los del PP “reconocen que hemos acabado con el terrorismo sin concesiones”.

Y ese es el pecado ignominioso de Rajoy, haber reconocido eso nada más anunciar ETA su retirada de pacotilla. Estos raros de Rajoy y compañía tienen lo que
se ganan. No hablan de ETA y Rubalcaba se cuelga la medalla y López les reprocha que Rajoy, aun diciendo que el paripé de ETA es una derrota real, no les
pide perdón a los socialistas, que ya es.

Y lo dicho, que a Rubalcaba ya solo le queda enseñar por media España la medalla que él mismo se ha colgado por haber acabado de mentirijillas con ETA y
también le queda algún 17N, que espero que no ocurra dada la diferencia de expectativas electorales entre Rajoy y Rubalcaba, pero uno nunca sabe qué se cuece
en las cloacas y si una vez funcionó puede que algunos piensen que un 16 o 17N también podría funcionar.

Y ahora ya nos vamos a tomar unos vinos....
Vicente A. C. M. Periodista Digital 10 Noviembre 2011

Qué daño le han hecho las palabras que pronunció Rajoy en el debate, "Yo no soy como usted". Esa frase lapidaria dejó a Rubalcaba callado y apabullado ante
la superioridad moral del que así le hablaba. Por tanto no es extraño que vengan ahora los del PSOE a intentar dar la vuelta a esta verdad con el No es lo
mismo Rubalcaba que Rajoy". Desde luego que no. Rubalcaba es todo un ejemplo de lo que un político puede hacer anteponiendo los fines sectarios y partidistas
a los medios y el poder usados. Y un claro ejemplo ha sido la deslealtad constante en el tema de la lucha anti terrorista.

Da náuseas ver como entre Patxi López y Rubalcaba escenifican la traición al Estado de Derecho con la hipócrita y cínica pretensión de haber logrado ellos la
paz con ETA. Y además de semejante mentira, llegan a la mezquindad de decir que "han tragado mucho" para conseguirlo. Desde luego, aún están en nuestras
retinas las vergonzosas imágenes de las reuniones entre Patxi López, Eguiguren y Batasuna-ETA. Aún resuenan en nuestros oídos las palabras de Zapatero
llamando al terrorista etarra Otegi "Hombre de paz". Aún remueven nuestras entrañas las imágenes de los desplantes y chulería en los juicios de los asesinos
terroristas de ETA y la liberación de de Juana Chaos por "motivos humanitarios" Es verdad, los españoles hemos tragado mucho, Rubalcaba.

Porque sí, Patxi López, os habéis arrastrado ante la ETA y habéis deshonrado la memoria de todas las víctimas del terrorismo. Y desde luego que no tenéis
perdón y así te lo llegó a manifestar la madre de uno de tus camaradas asesinados por ETA, Joseba Pagazaurtundua, cuando te dijo eso de "Patxi harás y dirás
muchas cosas que nos helarán la sangre". Y la verdad es que no has parado de hacerlo, hoy mismo junto al gran farsante y candidato Rubalcaba. Y solo quien no
tiene conciencia o su ceguera obsesiva le impide tenerla, puede llegar a hacer declaraciones del tono y contenido de las que se han hecho en San Sebastián en
este mitin akelarre del PSE-PSOE.

Ahora se jactan y se felicitan por haber logrado la victoria de ETA y la derrota del Estado de Derecho. Pronto se darán cuenta de que su poder ha acabado y
que sus compañeros de viaje siguen su plan de acción hasta la consecución de su exclusivo objetivo, la independencia de lo que llaman Euskal Herría y que ETA
seguirá siendo el garante de lograr ese objetivo del único modo que ha actuado durante décadas, con la violencia, la coacción y la imposición. Gracias a
estos miserables España ve impotente como el terrorismo se ha impuesto y va a ser muy difícil volver a tener una posición de fuerza y cohesión social que
preserve la dignidad de las víctimas y su estéril sacrificio.

Bien que se pueden ir a festejarlo...a tomar unos vinos, aunque debería haber dicho lo ir de txikitos que es más apropiado. Seguro que no van a tener el
miedo de acabar como Gregorio Ordoñez en "lo viejo" por el simple hecho de discrepar políticamente de esos asesinos terroristas. Me gustaría que Rubalcaba y
Patxi hicieran una demostración de su " ya está. y ahora ya nos vamos a tomar unos vinos" sin escoltas y por lo viejo. ¿A que no? Seguro que lo de pedir a
Alfredo perdón no iba a ser precisamente la reacción de los que por allí suelen andar.

Consenso político
María Luisa Gª Franco www.gaceta.es 10 Noviembre 2011

Frente a quienes lamentan que la falta de consenso político vaya a deslucir la celebración, hoy en el País Vasco, del Día de la Memoria, yo me alegro de
que el PP se haya negado a ser partícipe de una ofensa colectiva a las víctimas del terrorismo y de que el PSE no se haya atrevido a dejar al margen al
partido cuyo apoyo necesita para seguir en Ajuria Enea.

Me alegro en solidaridad con las víctimas, que no iban a participar en ningún homenaje en el que se las considerase parte del colectivo de “damnificados del
conflicto”, junto con quienes tuvieron la mala suerte de que les estallaran las bombas que preparaban para otros o quienes sufrieron “abusos policiales”.

Las víctimas del terrorismo no pretenden ser las únicas víctimas, pero sí que se les reconozca que ellas o sus familiares han sido quienes han sufrido las
consecuencias del terrorismo etarra. Otros habrán sufrido otras cosas. El discurso que pretende mezclarlo todo sirve a la estrategia de quienes están en
estos momentos en las instituciones democráticas sin condenar los atentados de ETA.

Lo que ellos quieren que permanezca en la memoria colectiva es que en las últimas décadas en el País Vasco ha habido un “conflicto” con responsabilidades
compartidas, perspectiva que disuelve la culpabilidad de los que mataron e insinúa que no fueron inocentes los que murieron. El consenso político es
importante, pero no hasta el punto de plegarse a la hoja de ruta de quienes se siguen apoyando en ETA para presionar a los demócratas.

En el Día de la Memoria hoy las flores sustituirán a los discursos en el Parlamento Vasco, para evitar escenificar las discrepancias políticas, pero el
lehendakari López hablará en Ajuria Enea de “todas” las víctimas, lo que incluye también a las que lo fueron de sí mismas.

Interior premia al asesino de la T-4
Alberto Lardiés. Madrid www.gaceta.es 10 Noviembre 2011

Traslada en la cárcel de Jaén a Sarasola y a otros tres etarras a un módulo de presos comunes.

Cuatro etarras que cumplen condena en la cárcel de Jaén han sido reubicados en las últimas semanas. El Ministerio del Interior les ha trasladado a los
módulos destinados a los reclusos de segundo grado. Es decir, les ha situado junto a los presos comunes. Entre los terroristas está Martín Sarasola, uno de
los autores del atentado contra la Terminal 4 de Barajas, perpetrado a finales de 2006. Así lo confirman a LA GACETA fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Actualmente, 14 miembros de ETA están encarcelados en el presidio jienense. Entre ellos figuran algunos de los etarras más conocidos que se han detenido en
los últimos años. Aparte de Sarasola –coautor del atentado de la T-4 junto a Igor Portu–, allí se encuentran Ibai Beobide, José Ángel Lerín o Íñigo Zapirain.
Este último es uno de los presuntos miembros del comando Otazua, desarticulado en marzo de este año en Bilbao, al que se atribuyen hasta 14 atentados –entre
ellos los asesinatos del militar Luis Conde (2008) y el policía Eduardo Puelles (2009)– y considerado como el grupo de pistoleros más importante que tenía
ETA hasta su detención.

Beobide, arrestado en febrero de 2010, ocupaba un destacado lugar en el organigrama de la banda criminal, como dinamizador de los comandos. Más llamativo es
el caso de José Ángel Lerín, detenido en marzo de 2007. Este personaje, considerado como jefe del comando Donosti, se casó en el Palacio de Justicia de Jaén
en 2009, cuando ya pesaban sobre él varias condenas. Es hermano de Ignacio Lerín, uno de los etarras más buscados, que incluso podría ocupar hoy día un cargo
de relevancia en la estructura de la organización terrorista.

También allí está encarcelado el veterano José Javier Arregui Erostarbe, Fiti, uno de los tres terroristas que formaban la cúpula de ETA arrestada en Bidart
(Francia) en marzo de 1992 (los otros dos son Francisco Mújica Garmendia, Pakito, y José Luis Álvarez Santacristina, Txelis).
Las fuentes mencionadas aseguran que uno de los etarras ahora premiados por Interior es Sarasola, pero de momento no aportan los nombres de los otros tres
terroristas, por motivos de seguridad.
Se da la circunstancia de que la prisión de Jaén es una de las que tradicionalmente han albergado a los etarras que, lejos de arrepentirse, mostraban su
total sintonía con la estrategia de asesinatos de la banda terrorista. Así pues, el hecho de que se traslade a los reos de la banda junto al resto de
reclusos es, cuando menos, “sorprendente”, en palabras de las fuentes consultadas por LA GACETA.

Dichas fuentes denuncian que estos movimientos de etarras en las cárceles se producen curiosamente justo días después de que la banda criminal haya declarado
el “cese definitivo de la actividad armada”.

Llueve sobre mojado. Este mismo año dos pistoleros abandonaron esta prisión de Jaén con menos de 24 horas de diferencia. Fue los pasados 13 y 14 de abril.
Primero quedó libre, por haber cumplido su condena, José María Sagarduy, Gatza, hasta ese momento el preso etarra que más tiempo llevaba encarcelado. Horas
después le tocó el turno al asesino de 22 inocentes Antonio Troitiño, que tenía que cumplir condena hasta 2017 pero se aprovechó de un error de bulto de la
Audiencia Nacional para cambiar los barrotes por la libertad. Cuando los jueces subsanaron su fallo y le reclamaron, el etarra ya se había fugado.


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