AGLI

Recortes de Prensa   Miércoles 7 Diciembre 2011

 

¿Circunscripción nacional?
Eduardo Arias Minuto Digital  7 Diciembre 2011

No es que este de la circunscripción sea, desgraciadamente, un problema importante para el patriotismo político español. Electoralmente hablando nada cambiaría para nosotros con una modificación legislativa que fijara todo el territorio nacional como circunscripción única. Nuestros resultados, hoy por hoy, seguirían siendo malos. Pero sí puede ser un tema importante en nuestro futuro y además merece la pena hablar algo del pasado para saber como hemos llegado hasta aquí, es decir, hasta la actual fórmula de reparto de diputados.

La transición. Allí estuvo la clave del actual sistema electoral. Muy concretamente en los pactos entre el centro derecha, el partido socialista y los regionalismos, por aquel entones, mucho más moderados que en la actualidad. El pacto fue más o menos el siguiente: gobernará el partido socialista o el centro derecha, los regionalismos tendrán representación en el Congreso, contarán en el Gobierno por su representación parlamentaria y mandarán en sus respectivas regiones. Cuando hablo de regionalismos me refiero a los autodenominados nacionalismos vascos y catalán, unos nacionalismos con tanta nación detrás como si al barrio de Vallecas le da por hacerse secesionista, y que, a la hora de la verdad, eran y son separatismos. ¿Cómo hacer que esto fuera posible? Con la Ley Electoral. Si la democracia es en sí misma un error teórico que además es imposible de realizar en la práctica, lo que hay en España ya es un mal chiste.

Tanto el PSOE como el PP han pactado sin despeinarse con CiU o PNV y hasta con ERC, es decir, han pactado, también el PP repetimos, con fuerzas políticas que apuestan por la ruptura de España como nación y por su finalización histórica. Ese era el pacto de la transición.

Y hasta aquí hemos llegado. Año 2011 y unas elecciones generales en el pasado mes de Noviembre que otorgan representación parlamentaria a ETA y a los separatismos olvidando aquella máxima de la democracia, una gran tontería por otra parte, de un hombre un voto y cambiándola por aquello de un vasco separatista 10 votos, un catalán separatista otros 10 votos y el resto de los españoles un votillo. Por supuesto, como siempre en democracia, el que se abstiene no existe. Si entre la clase política española hicieran un concurso de tontos ganaban todos.

¿Qué sector político fue uno de los damnificados de esta genial fórmula electoral elegida en la transición? Casualidades de la vida, y posiblemente algo no accidental en aquel pacto, lo fue el patriotismo político español. Un nacionalismo español, este sí con nación detrás, que era cuarta fuerza política pero al que las circunscripciones provinciales condenaban al extraparlamentarismo casi por definición. Ello derivaba en el voto útil. Y ello beneficiaba al centro derecha. Fraga siempre se vanaglorió de haber evitado en España la organización de un patriotismo político español. Este personaje deplorable lo llamaba extrema derecha y este personaje, al que dicen que le cabe el Estado en la cabeza pero que tiene menos sentido común que un cangrejo de río y aproximadamente los escrúpulos morales de un escarabajo pelotero, tiene una responsabilidad histórica que algún día España le exigirá a él y al partido que fundó hoy en el Gobierno.

En fin, 36 años de democracia han sido necesarios para que nuestros políticos, a raíz de la movilización de unos pocos miles de izquierdistas extremos, empiecen a hablar de algo de cajón: España debe ser una circunscripción nacional única. Que esto es de cajón es evidente. Que esto sería bueno para España por cuanto limitaría a su verdadera realidad la representación política del separatismo resulta indudable. ¿Cuánto tardarán nuestros políticos en adoptar las medidas necesarias para que se produzca el cambio legislativo necesario? Lo que les dicten no los intereses de España sino sus cálculos de conveniencia. Lo dicho: si entre nuestra clase política se hiciera un concurso de mediocridad, de mezquindad, de estupidez, ganaban todos.
PRESIDENTE DEL NUDO PATRIOTA ESPAÑOL

Demasiada zanahoria
Iñaki Ezkerra La Razón 7 Diciembre 2011

La legalización de Bildu en vísperas de las municipales y la manera en que se produjo –el Constitucional corrigiendo al Supremo– pusieron en evidencia la infamia. De nada sirvió la prudencia de no acusar a los socialistas de estar negociando con ETA. Esa prudencia no les disuadió de hacerlo. Y es que se podían interpretar como signos de una política pedagógica del palo y la zanahoria los miramientos ridículos con De Juana y su novieta o la puesta en libertad de Díaz Usabiaga, el que iba a cuidar a mamá, todo el rosario de excarcelaciones que no justificó nunca la Audiencia Nacional. Pero dejar colarse a ETA en unas elecciones era «demasiada zanahoria» como para seguir llamándola así y no «negociación».

De acuerdo, no se habría acordado el referéndum de autodeterminación ni la entrega de Navarra ni todas las cosas que pedía ETA en sus cartas a los Reyes Magos. Pero era también difícil no llamar a esa negociación «política» cuando era a la política precisamente a lo que se le estaba dejando jugar a ETA con esa legalización. Lo que siguió después –Amaiur, la ofensivamente llamada «conferencia de paz», las señales de gratitud de la banda en medio de la campaña para favorecerles electoralmente…– ha sido la confirmación de esa fechoría de la que Eguiguren será ahora, una vez más, el bocazas, pero no el único responsable. Responsables son todas las caras y todos los caras de ese partido; los que concibieron –como ayer la «guerra sucia»– hoy la «sucia paz»; los que dieron las órdenes; los que lo han permitido; los que le mantienen de presidente de los «sucialistas vascos».

No sólo él puede hablar. También podemos hacerlo nosotros ahora que ha pasado el peligro de que volvieran a gobernar España y de que esa negociación se consumara.

víctimas del terrorismo
«Que se guarden el perdón hasta que cumplan su condena»
El padre del guardia civil Fernando Trapero, asesinado por ETA en Capbreton junto al agente Raúl Centeno, asistió ayer al homenaje a su hijo en El Tiemblo
E. C. | ÁVILA. El Correo 7 Diciembre 2011

«Lo primero que pide la ciudadanía es justicia», afirma el alcalde de la localidad abulense
El 5 de diciembre de 2007 fallecía tras cuatro días de agonía el guardia civil Fernando Trapero, de 23 años. Un comando de ETA les disparó a quemarropa a él y a su compañero, Raúl Centeno, que murió en el acto, cuando se encontraban en la localidad francesa de Capbreton. El escenario ha cambiado por completo cuatro años después, tras el cese definitivo de la violencia decretado por la organización terrorista. Pero ya es demasiado tarde para el agente, para el resto de las más de 800 víctimas de la banda y para sus familiares. Entre ellos, el padre del guardia madrileño.

«Que se guarden el perdón a las víctimas hasta que se cumplan su condena», exigió Fernando Trapero ayer tras el homenaje que, como cada año, se le rindió a su hijo en la localidad abulense de El Tiemblo, de donde es originaria la familia. El hombre, que asistió al acto junto a su esposa y su hija, añadió -junto al monolito erigido en memoria del joven agente y de todos los fallecidos a manos de ETA- respecto a los terroristas que «ha habido mucho tiempo antes para pedir perdón, como el momento en el que cometieron el atentado, pues podían haberse entregado a la Justicia y pedido perdón, y entonces sí se hubiera aceptado, porque era de corazón».

Ofrenda floral
Ahora que se anuncia desde la izquierda abertzale un gesto inminente de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, lo que corresponde es que quienes cometieron los asesinatos paguen primero por lo que hicieron. Tal es el sentimiento de Fernando Trapero respecto de los autores de las muertes de su hijo y de Raúl Centeno.

Por este atentado están imputados en Francia el exjefe etarra Mikel Carrera, 'Ata', Asier Bengoa y Saioa Sánchez. Aunque no se ha podido probar, algunas fuentes relacionaban también con el doble asesinato a Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki'. El crimen está penado con hasta cadena perpetua en el país vecino.

En la ofrenda floral de El Tiemblo, que sirve también para condenar la violencia y expresar el rechazo a ETA, participó ayer toda la Corporación municipal, encabezada por el alcalde, Rubén Rodríguez, y una representación de la Guardia Civil, según informa la agencia Efe. «Lo primero que pide la ciudadanía es justicia», remarcó el primer edil en línea con lo manifestado por el padre de Fernando Trapero. Medio centenar de personas arroparon a la familia con su asistencia al acto, que concluyó con un minuto de silencio y un emotivo aplauso.

El Gobierno y la banda mantuvieron contactos a través de intermediarios para llegar a las elecciones en «paz».
El PSOE pretendía rentabilizar el supuesto «cese armado»
Documentos de ETA confirman la negociación que reveló Eguiguren
PSOE y PNV han negociado con ETA, a través de intermediarios, durante, al menos, el último año y medio, en un «proceso» que se ha llevado con el máximo secreto y del que los protagonistas esperaban obtener importantes réditos: en el caso de la banda, los ha logrado, con la legalización de Bildu, la participación de Amaiur en las elecciones generales y la consiguiente consolidación de su «Frente Institucional»; socialistas y nacionalistas, que perseguían una victoria en las generales (o al menos que el PP no ganara por mayoría absoluta), han cosechado un tremendo fracaso.
J. M. Zuloaga La Razón 7 Diciembre 2011

MADRID- De paso, han dejado una herencia «endiablada» a Mariano Rajoy, con ETA en las instituciones y un «cese armado» que puede tener fecha de caducidad cuando a los terroristas no se les dé lo que piden.

Hace unos días, el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, confirmó algo que ya se sospechaba: el Gobierno socialista no había dejado de negociar con ETA y mantenía los contactos. El desmentido oficial del portavoz del Ejecutivo, José Blanco, sirvió de poco. Documentos de la banda, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, comunicados y declaraciones de los pistoleros y el repaso de los hechos que se han producido en este periodo, que se ajustan al milímetro al «cronograma» pactado con ETA, evidencian la existencia de negociaciones.

Para evitar los problemas que surgieron con la publicidad que se dio al anterior «proceso», desarrollado entre 2006-2007, los contactos se articularon a través de intermediarios. En la última entrevista publicada en «Gara», los portavoces de la banda hablaban de que ambas partes habían tenido un «conocimiento mutuo» de lo que se trataba, gracias, sin duda, a esos mediadores.

No es cierto que el PP estuviera implicado en este «proceso». Otra cosa es lo que nacionalistas y socialistas transmitieran a ETA, que deseaba que los de Rajoy estuvieran en el «ajo» por si, como ocurrió, ganaban por mayoría absoluta. De hecho, sus dirigentes han aclarado en los últimos días que no se sienten concernidos por los acuerdos que PSOE y PNV hayan podido establecer con los terroristas. En su último comunicado, la «izquierda abertzale» ha subrayado que, «entre todos, debemos hacer que el PP responda a la voluntad social de Euskal Herria». Prueba de que alguien utilizó el nombre del partido de Rajoy con demasiada ligereza.

En el momento de la ruptura del anterior «proceso», en 2007, ambas partes, Gobierno y ETA, acordaron dejar «canales abiertos». Y ésos son los que se han utilizado. Algunos son conocidos, como Brian Currin y sus mediadores, facilitadores, verificadores y especies similares. Las fundaciones Henri Dunant y la holandesa Dialogue Advisory Group (DAG), también.

A finales de 2009 o primeros de 2010, ETA decidió suspender los atentados a partir de febrero de ese año y le comunicó su decisión, a través de los intermediarios, al Gobierno (el dato está incluido en el último «Zutabe», el 113, publicación interna de los pistoleros). Los terroristas jugaban con la debilidad de un Ejecutivo que no pasaba por su mejor momento y le tentaron otra vez con la promesa de la «paz». Sin embargo, Zapatero y Rubalcaba no se fiaron y esperaron acontecimientos. En septiembre, ETA anunció que no iba a llevar a cabo «acciones armadas». El «proceso» cobró entonces fuerza y, a través de los mediadores, la banda hizo llegar su propuesta. Los documentos de los terroristas lo dejan claro: por parte de ETA, «cese de la actividad armada para abordar con la participación de todas las partes acuerdos democráticos para la paz, estabilidad y reconciliación; compromiso por la vías democráticas y pacíficas para resolver las cuestiones políticas; oponerse al esfuerzo de cualquier otro de usar la fuerza o de amenazar con su uso para influenciar el curso o resultado de las negociaciones multipartitas».

Por parte del Estado español, «compromiso de respeto de los derechos civiles y políticos, haciendo posible la actividad y desarrollo de cualquier proyecto político. Legalización de la actividad política de la izquierda abertzale; compromiso de desactivación de las políticas antiterroristas en un escenario de no violencia e impulso de un proceso democrático». Lo ocurrido con Bildu y Amaiur y la permisividad de la que disfruta la ilegalizada Batasuna hablan por sí solos. ETA añadía que «este acuerdo-compromiso múltiple tiene que estar velado por la comunidad internacional, ubicándose en el marco de su desarrollo la Conferencia Internacional (la que se celebró en San Sebastián) para que dé soporte a la puesta en marcha del proceso democrático». Eguiguren reveló días pasados que la resolución final del encuentro había sido pactada también entre el Gobierno y ETA. Después, se produjo el anuncio del supuesto «cese armado». Todo ocurría en pleno periodo electoral.

La victoria, pese a todos estos «enredos», fue para Rajoy, que tendrá que administrar una situación auténticamente compleja.

La reforma pendiente
Editorial www.gaceta.es 7 Diciembre 2011

Ni siquiera la más abultada de las mayorías puede servir de excusa a gestiones desastrosas.

Ya está muy escrito –entendido y asumido– que uno de los ejes fundamentales del zapaterismo pasaba por la voladura controlada del régimen constitucional de 1978, inaugurado por una Carta Magna que algunos no consideran el punto de encuentro –consensuado y pacífico– que necesitamos para seguir construyendo un futuro nacional, sino una etapa transitoria que sólo apoyaron como vehículo temporal de sus objetivos finales, y que han estirado hasta el extremo en cuestiones ideológicas y territoriales. La peligrosa novedad se dio con la investidura de Rodríguez Zapatero, porque desde su primer discurso dejó claro que renunciaba a entenderse con media España y elegía como aliados, entre otros, al nacionalismo más radical y la izquierda más montonera. Estos extremistas, sin ni siquiera mostrar su apoyo a nuestra democracia –o cuestionándola abiertamente–, se sumaron sin pudor al programa rupturista de gobierno.

En su obsesión personal por una guerra de otro siglo, el todavía presidente en funciones no dudó en agitar los peores fantasmas de nuestra política, y ahora estos espectros pululan entre nosotros sin ninguna gana de regresar a sus sepulturas, a pesar de que el 20-N los españoles dieron un mandato clarísimo: basta de experimentos ideológicos, nacionalistas o excluyentes, retomemos la senda de la cordura y la moderación.

Es general el reconocimiento del momento gravísimo que atraviesa nuestro país y el propio continente. Muchos no dudan en calificarlo como encrucijada histórica, y no exageran teniendo en cuenta todo lo que nos jugamos: desde la supervivencia del Estado de bienestar hasta nuestra propia soberanía nacional, abiertamente cuestionada por los localismos y puesta encima de la mesa de una Unión Europea en fase de refundación. Por todo, entre la tarea ingente de Rajoy, figura un fortalecimiento de las instituciones que en muchos casos sólo se puede conseguir mediante un blindaje constitucional, sobre todo después de comprobado que ciertas ambigüedades del texto –y algunas lagunas– se han utilizado como arma contra la misma Constitución.

La reforma pendiente pasa por cinco puntos clave, ineludibles e improrrogables:

El primero es la abolición de la ley sálica –la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión– que todavía sobrevive agazapada en el artículo 57, y que ha dejado de tener sentido y justificación. Además, es sabido que esta reforma sería recibida casi con unanimidad tanto en las Cortes como en la calle. En segundo lugar, es urgente que sea revisado en profundidad el Título Octavo, referente a la organización territorial del Estado, es decir: las comunidades autónomas. Sólo los nacionalismos radicales se aferran a un modelo que –retorcido y estirado hasta el extremo– ya es mayoritariamente señalado como responsable de una gran parte del problema nacional. El caos autonómico provoca perplejidad incluso más allá de nuestras fronteras, restando al Estado un crédito que no le sobra. Es necesario afrontar la reforma no como un regreso al centralismo, sino como desarrollo y garantía del Título Primero, que recoge los derechos y deberes, entre otros la plena igualdad ante la ley, algo que se ha puesto en peligro en la alocada carrera de estatutos centrífugos. Escandaliza contemplar como esta igualdad se vulnera –de facto– incluso en el acceso y gestión de servicios públicos básicos como la Sanidad y la Educación. No sería descabellado que el Estado recupere competencias demasiado a menudo maltratadas desde los entes autonómicos, y que han puesto en peligro libertades tan básicas como el derecho indiscutible de que los padres puedan elegir el castellano como lengua vehicular de la escolarización de sus hijos.

La tercera reforma debe atender a la organización e independencia de la Justicia. Ya es hora de recuperar la efectiva división de poderes, resucitar a Montesquieu –al que Guerra dio por muerto– y a la vez atajar para siempre la tentación del Ejecutivo y del Legislativo de someter al Poder Judicial. Para el museo del horror zapateril ha de quedar esa imagen vergonzosa que protagonizó la vicepresidenta De la Vega abroncando en público a María Emilia Casas, presidenta, a su vez, del Constitucional.

En cuarto lugar –y como prevención ante la advertencia de Mayor Oreja de que lo peor de la negociación con ETA está por llegar–, ya es hora de derogar la Disposición Adicional IV, una incomprensible ventana abierta hacia la gran reclamación terrorista de incorporar la Comunidad Foral de Navarra al País Vasco. La derogación sería un gesto claro de firmeza frente a las paranoias separatistas, inconscientemente jaleadas por tanta negociación y claudicación secreta y pública.

Y, precisamente referidas a estas claudicaciones criminales, se hace necesaria una quinta enmienda al texto constitucional, un artículo que recogiese la responsabilidad penal de los gobernantes. La victoria conseguida en una elecciones no recubre de impunidad al político electo, ni siquiera la más abultada de las mayorías puede servir de excusa a gestiones desastrosas, que ya sean mediante dolo o imprudencia punible acarrean gravísimas consecuencias, y que hasta ahora no sólo no se persiguen, sino que reciben como premio salarios y privilegios vitalicios.

Estos cinco puntos ahondan en el espíritu de la Constitución y en la letra de sus primeros títulos, los de más peso jurídico y político. Se trata de hacer efectiva la igualdad de los españoles ante la ley y, en definitiva, de profundizar en los primeros artículos –y, por lo tanto, los más importantes– de la Carta Magna, los que algunos –durante mucho tiempo– han tratado de convertir en papel mojado.

Propuestas
Las cinco reformas constitucionales que plantea LA GACETA
 www.gaceta.es 7 Diciembre 2011

Más de treinta años después de que se aprobase la Carta Magna, los cambios se hacen necesarios para frenar la voracidad nacionalista y devolver competencias al Estado.

La Constitución de 1978 es el principal instrumento para la convivencia de los españoles. Y su funcionamiento durante estos 33 años ha sido casi modélico. Pero, al mismo tiempo, se ha revelado ineficaz o incompleta en algunos aspectos. Además, el inexorable paso del tiempo, que acarrea los inevitables vaivenes de la política, la economía y la historia, hace necesario introducir cambios que, respetando el armazón legal que crearon los constituyentes, mejoren la vida de los ciudadanos. Por ello, en esta época de una profunda crisis que no es sólo económica, LA GACETA propone cinco grandes reformas para fortalecer y mejorar el modelo constitucional que garantice el futuro de una España más fuerte y más cohesionada.

Sucesión en la corona.
1 Una de las cuestiones más candentes respecto a una probable reforma constitucional es la que tiene que ver con la sucesión en la Corona. El artículo 57.1 de la Constitución establece la prevalencia del varón sobre la mujer en los derechos de sucesión. Y, teniendo en cuenta que Sus Altezas los Príncipes de Asturias han alumbrado a dos niñas, Leonor y Sofía, y pueden concebir a un varón en el futuro, para que ellas puedan ser reinas en el futuro es necesaria una reforma de dicho precepto. Es decir, si sus Altezas tuvieran un niño antes de hacer la reforma, Leonor perdería la prevalencia para acceder al trono. Hoy día existe un enorme consenso social sobre la oportunidad de acometer este cambio.

Responsabilidad legal de los gobernantes.
2 En los últimos tiempos ya ha habido ejemplos de cómo en otros países los mandatarios tienen una responsabilidad legal por sus actuaciones a la hora de gobernar. Es el caso de Islandia, donde el ex primer ministro fue imputado criminalmente el pasado septiembre por su nefasta gestión económica. De hecho, el artículo 102 de la Constitución se refiere así a las actuaciones del máximo mandatario democrático del país: 1. “La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo”.

Estado autonómico.
3 La reforma que ya se hace imprescindible debe conseguir también el cierre definitivo de la estructura de organización territorial del Estado. Sólo así se lograría desactivar las pretensiones del nacionalismo que busca desfigurar España. Además, esta modificación debe replantear el poder del Estado sobre las Comunidades Autónomas, con el peso específico que debe tener y tiene en cualquier sistema comparado. En otras palabras, se trata de incluir en la Carta Magna una suerte de nueva centralización del Estado, después de años en que las diferentes regiones han obtenido muchas más competencias de las deseables. Un reparto que hasta ahora ha sido desigual, impidiendo así de facto la necesaria solidaridad entre todos los territorios.

Derogación de la transitoria cuarta.
4 La disposición transitoria cuarta de la Carta Magna permite, referéndum mediante, la unión del País Vasco y Navarra como una sola comunidad autónoma. A estas alturas, ya nadie duda que la inclusión de esta disposición en el texto constitucional en 1978 fue una lamentable cesión a los nacionalistas vascos que debatían en el Congreso sobre el futuro de España. Igualmente, los ciudadanos navarros ya han dejado claro en todas las citas electorales que no quieren abandonar su estatus actual, el de la Navarra foral y española. El Partido Popular, que ahora se dispone a iniciar su tarea de gobierno, se comprometió, por boca del propio Mariano Rajoy, a derogar esta disposición inservible.

Cambio del modelo judicial.
5 Uno de los grandes problemas en la Historia Contemporánea de España es la politización de la Justicia, que ha llegado a límites insoportables. Principalmente por el desarrollo de la Constitución que han llevado a cabo a través de leyes orgánicas los diferentes Gobiernos del PSOE. Acabar con el sistema de cuotas de los partidos se hace hoy más necesario que nunca. Y esta cuestión debería incluirse en el Título VI del texto constitucional, para que no quede al albur del partido gobernante en cada momento. Este mismo año, con la atroz legalización de Bildu gracias a la mayoría de magistrados afines al PSOE, pone en entredicho también el funcionamiento del propio Tribunal Constitucional. Incluso, algunos jueces ya han abogado en fechas recientes por suprimirlo. El debate al respecto es más necesario que nunca.

Desvaríos en La Gaceta
Nota del Editor 7 Diciembre 2011

Es una pena que alguien, súmamente despistado, haya dado a luz estas tonterías y encima se las hayan publicado en La Gaceta, medio que apreciamos por su
posicionamiento, en general basado en el sentido común (eso de ser de derechas ya no tienen sentido, si lo tiene decir que se es católico, apostólico y romano, pero allá cada cual si su religión no se inmiscuye en la vida de los demás).

La sucesión de la corona no tiene sentido alguno, la corona tiene que desaparecer, su existencia demuestra la absoluta falta de rigor y sentido de la propia constitución, pues si todos los españoles somos iguales ante la ley, la monarquía sobra.

La responsabilidad legal de los gobernantes está muy bien, pero hay que ir más al fondo, contra los profesionales de la política, clase que debe extinguirse.
El servicio a España, aparte de dejarse exprimir por todo tipo de mecanismos, no debe suponer ventaja alguna respecto a su condición normal de ciudadano,
por el contrario debe suponer una fuerte carga para que ejerza su servicio con eficacia y lo más rápidamente posible vuelva a su condición inicial de ciudadano.

El estado autonómico hay que desmantelarlo, no hay tarea que no pueda ser ejecutada con más eficacia a nivel Español (o superior), y con ello desaparece la necesidad de derogar la transitoria cuarta.

El modelo judicial sigue sin servir, primero porque los ciudadanos no podemos estar sometidos a un sistema cuya virtud consiste en haber aprobado unas
oposiciones, que aplica una legislación siempre por detrás de la realidad, que no tiene responsabilidad alguna de sus fallos y que no tiene sentido de la eficacia.

Así que copio aquí lo que hay en la página inicial de AGLI:

Si te importa España, diez acciones indispensables
Nota del Editor 1 Noviembre 2011
1ª la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.
2ª  desmantelar el tinglado autonómico.
3ª deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política
4ª simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios
5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media
6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros
7ª arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad
8ª educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida
9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz
10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad

Sostiene a Eguiguren
Santiago González El Mundo 7 Diciembre 2011

En los últimos días, EL PAÍS ha publicado extractos de un libro escrito por Jesús Eguiguren, presidente del PSE, y el corresponsal político de este periódico, Luis Rodríguez Aizpeolea, en el que se ofrecen detalles, en buena parte desconocidos, sobre la negociación con ETA entre 2005 y 2007. Se trata del testimonio de un negociador que, en primera persona y con documentos en mano que avalan muchas de sus afirmaciones, relata cómo fue el diálogo más prolongado que ha mantenido un Gobierno en democracia con la banda terrorista.

Eguiguren es prácticamente el único protagonista directo de todo el proceso, ya que participó, con diversos interlocutores, en los contactos previos, en la mayoría de las reuniones del Gobierno con ETA y asimismo en las negociaciones celebradas en otoño de 2006 (en Loiola) y en mayo de 2007 (en Ginebra) con el PNV y Batasuna. Su publicación, de indiscutible interés público, es además un ejercicio de transparencia indispensable en democracia. [¿A qué llamamos transparencia? La transparencia de la democracia española, ¿descansa sobre Eguiguren, un particular? Entre Loiola y Ginebra esté el atentado de la T-4 y un presidente y un ministro del Interior que dan por roto el proceso de negociaciones. El ministro con más firmeza que el presidente, todo hay que decirlo. Así de tajante: "El proceso está roto, está liquidado, está acabado, no hay proceso, porque ETA lo ha roto". ¿Quiere decir El País que ahora todo está claro, no es que el Gobierno mintiera, sino que la negociación fue cosa de Txusito?]

El proceso no obedeció a una iniciativa unilateral de ETA (la famosa carta remitida a Zapatero), sino que fue el resultado de contactos previos en los que se habían pactado una serie de condiciones, incluyendo el contenido de la declaración del presidente del Gobierno meses después del inicio del alto el fuego. Otro dato es que la negociación Gobierno-ETA apenas llegó a iniciarse: hubo varias reuniones, pero en ellas se habló de cuestiones de procedimiento y se intercambiaron reproches; pero no se negoció. [¿Qué quiere decir 'apenas'? Cuando se ha pactado con una banda terrorista una declaración institucional del presidente del Gobierno hasta en las comas, cuando ETA le ha escrito el discurso del 29 de junio de 2006 a Zapatero, ¿no ha habido una negociación política? Otra cosa es que Zapatero tratase de engañar a ETA y a los españoles a un tiempo. A la primera, metiendo una morcilla con alusión a "las normas y los procedimientos legales". A los segundos, violando la promesa de exponer "ante el Congreso" el comienzo de las negociaciones. No lo hizo ante, sino 'en' el Congreso, no ante los representantes de los ciudadanos, sino ante los periodistas. Naturalmente, a ETA no consiguió engañarla. A buena parte de los españoles, sí y, como puede verse, todavía] No hubo por tanto negociación alguna en secreto autorizada por Zapatero antes de llegar al Gobierno, ni traición alguna al Pacto Antiterrorista, sino que conoció las gestiones de Eguiguren después de ser elegido presidente. [O sea, que el Gobierno queda limpio porque Eguiguren iba ya de verso suelto mientras Zapatero firmaba el Pacto Antiterrorista con el entonces presidente del Gobierno. ¿El presidente del PSE incumple lo que firma se supone que en nombre del PSOE su secretario general, (salvo que Zapatero también obrara a título particular, que todo puede ser) y eso demuestra que los socialistas cumplieron el pacto antiterrorista? Zapatero desconoció lo que se había hecho hasta que llega al Gobierno y cuando llega, ¿lo que hace es avalar retroactivamente y dar por buena la violación del Pacto Antiterrorista hecha por el particular Eguiguren? Aunque el editorialista crea todo lo que antecede de buena fe, debería tener en cuenta un par de datos: Zapatero llega al Gobierno el 14 de abril de 2004, le cuentan lo que hay y lo da por bueno. Un año más tarde, el 24 de abril de 2005 ¡sigue mintiendo sobre la inexistencia de contacto, ni dialogo alguno entre el Partido Socialista y personas que puedan representar a la ilegalizada Batasuna! Vaya el editorialista a la colección de su periódico y lea la entrevista al presidente del Gobierno publicada en esa fecha. Detalle adicional: durante todo el proceso, los miembros del Gobierno y del PSOE no pararon de acusar al PP de violar el Acuerdo Antiterrorista].

También tienen interés los contactos entre los tres partidos vascos ya citados. Se plantearon como alternativa al bloqueo de las conversaciones y son, en sentido estricto, unas negociaciones políticas, con el tema de Navarra como eje central. Aunque el preacuerdo alcanzado no llegó a firmarse, se estaba invirtiendo el orden de negociación previsto: primero la paz y luego la política. Se aceptó así negociar bajo la amenaza de ETA de romper la tregua, lo que a su vez explica la presentación de nuevas (y estrambóticas) exigencias; un error que pudo condicionar el desenlace. [Mastiquen bien este párrafo. En realidad quiere decir que ETA ¿su bendita cerrazón? nos salvó de los planes de Eguiguren, un tipo al que le daba igual ocho que ochenta, primero la paz y luego la política o al revés. Y que el armazón de todo esto se fue montando a espaldas de su partido y que se hizo contra el parecer del ministro del Interior. Y luego ese mismo ministro y el presidente le agradecen todo lo que ha hecho].

Pero al final no hubo cesiones del Gobierno en acercamiento de presos, libertades condicionales, terceros grados u otros tratos de favor, que sí se produjeron durante la tregua de ETA en la etapa del Gobierno de Aznar. [Aquí me derrota el editorialista. tendría que responderle con varios folios de texto, pero los muy interesados pueden encontrar una larga refutación a esto en el capítulo VIII de 'Lágrimas socialdemócratas' entre las páginas 251 y 258]. Ni siquiera se aplicó el más que cuestionable compromiso de Eguiguren de evitar detenciones, pues hubo operaciones policiales durante toda la tregua.

Sin el cerco policial, ETA no hubiera dejado las armas, pero sin la desafección que creó en la izquierda abertzale la violenta ruptura de la negociación por parte de ETA tras el atentado en la T-4 tampoco se hubieran creado las condiciones para que los etarras cedieran. [¿Con qué herramienta lógica se llega a esta conclusión? ver lo dicho en días anteriores sobre el uso de la falacia 'post hoc ergo propter hoc'. Sobre este falaz argumento, también escribió en El País Santos Juliá el 10 de abril de 2011]. Esta es la tesis central del libro, bien fundamentada por el testimonio y los documentos aportados.

Todo montaje tiene su cabeza de turco
EDITORIAL Libertad Digital 7 Diciembre 2011

Como si no estuviese ya suficientemente desacreditada la versión oficial del 11-M, este lunes el diario El Mundo publica una información que cuestiona las ya de por sí endebles “pruebas” que sirvieron para imponer 40.000 años de cárcel a Jamal Zougham, único condenado por poner una bomba el 11-M.

Como los lectores deben recordar, las únicas “pruebas” que apuntaban a Zougham -gerente de la tienda de telefonía de la que procedía la tarjeta localizada en el móvil de la extraña mochila de Vallecas- como uno de los terroristas que colocaron las bombas del 11-M fueron los múltiples y contradictorios testimonios de quienes afirmaron haberle visto en los trenes, una vez que todos los medios de comunicación de este país ya habían publicado su cara tras ser detenido 48 horas después de los atentados. No existía ninguna llamada cruzada, ni ninguna huella digital, ni ningún rastro de ADN, ni ninguna otra prueba pericial que incriminara a Zougham en la colocación de los artefactos. Para colmo, el comportamiento de Zougham durante la jornada de la masacre y hasta su detención el 13-M nada tenía que ver con la de quien -se supone- acababa de participar en la mayor masacre terrorista que haya conocido Europa: lejos de fugarse o esconderse, Zougham acudió el 11-M al establecimiento que regentaba y trabajó como un día normal, así hasta que el 13-M la policía se presentó a detenerlo.

Sólo existía, pues, el testimonio de ocho testigos que, más que incriminar al detenido, le concedían el don de la ubicuidad pues aseguraban haberlo visto en sitios distintos a la misma hora. En lugar de rechazar estas testificales por la probable “contaminación” que hubiera podido provocar la publicación previa de la foto de Zougham, el juez instructor y, posteriormente, Gómez Bermúdez, fueron quedándose con aquellos testimonios que fueran compatibles entre sí hasta quedarse en el de sólo tres testigos, todos ellos rumanos: dos amigas que viajaban juntas y el testigo protegido R-10.

Aun así, de dar por ciertos estos tres testimonios, el relato de cómo habría deambulado Zougham por el tren de Santa Eugenia es tan ridículo como queda descrito por Luis del Pino en su blog. A eso hay que añadir el hecho de que una de las testigos declaró haber visto a Zougham el 11-M tres semanas después de los atentados, mientras que la otra tardó más de un año en hacerlo. Además, El Mundo asegura este lunes que esta última había sido desestimada como víctima por los técnicos de Interior, cuestionando incluso que viajara en los trenes el día del atentado. Todo cambió, sin embargo, el 7 de febrero de 2005, cuando esta mujer rumana aseguró poder identificar a Zougham, momento en el cual dejo de ser considerada una impostora para pasar a convertirse en víctima del 11-M, cobrar una indemnización de 48.000 euros y convertirse en testigo protegido y pieza básica del juicio.

En cuanto al testigo protegido R-10, El Mundo lo ha localizado y reconoce en una entrevista que no está seguro al 100% que fuese Zougham la persona que vio; que él recuerda a esa persona con el pelo liso, cuando Zougahm lo tiene muy rizado, o que es falso el informe de la Policía que asegura que este testigo lo reconociese por una fotografía el 16 de marzo.

Todo apunta, pues, a que Zougahm bien pueda ser una “cabeza de turco” y que su participación en la masacre bien pudo ser la misma que la de los terroristas suicidas con tres pares de calzoncillos que la Ser aseguró haberse encontrado en los trenes explosionados. Lo que es seguro es que, tanto la imagen de Zougham como la de aquellos falsos terroristas suicidas, fue determinante para que los autores del 11-M lograran dar su perseguido vuelco electoral el 14-M.

Sanidad y Educación, el gran fracaso de la España de las Autonomías
Pinocchio Estrella Digital 7 Diciembre 2011

La España de las Autonomías es un fracaso. Esto ya es un hecho incuestionable. Cuando todos pensábamos en la Transición que era la salida natural de España, el tiempo ha demostrado que es inviable. Lo único que hemos creado es una casta de políticos menores que se han creído y se creen los reyes del mambo y lo único que han hecho es gastar dinero a lo tonto. Malgastarlo intentando crear mini estados.

Nunca se debieron transferir tantas competencias y, desde luego, nunca Sanidad y Educación. Y de esto tienen la culpa los dos grandes partidos.
Curiosamente, la izquierda ataca a Aznar por la Guerra de Irak sin motivo suficiente cuando lo peor que hizo, con diferencia, fue aumentar y consolidar las trasferencias de competencias a las autonomías. Así se escribe la historia.

Un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), denominado ’Las diferencias regionales del sector público español” y promovido por la Fundación BBVA, demuestra que existen diferencias muy importantes en el peso del sector público en las distintas autonomías, y que el gasto que asumen por cada ciudadano, especialmente en Sanidad y Educación, es diferente, lo que pone en peligro la igualdad de oportunidades y determina la consolidación fiscal. Entre las conclusiones se entresaca que la diferencia entre territorios, en la dimensión del sector público, supera la que existe entre nuestro país y otros de nuestro entorno. Algo para echarse a temblar, 24 horas después de celebrar el aniversario de una Constitución que nos hace a todos iguales.

La barbaridad de transferir estas competencias esenciales de cohesión e igualdad está abriendo grandes diferencias entre españoles e, incluso, guerras de taifas como la que se ha producido entre el País Vasco y La Rioja por culpa de la Sanidad.

Al parecer, La Rioja se niega a atender a los ciudadanos alaveses que se encuentran en la zona limítrofe con ella, como hasta ahora venía sucediendo, porque ya no hay dinero. Ahora que se pague cada uno lo suyo.

Ya no hay españoles en esas dos autonomías. Ahora sólo son vascos o riojanos. Sin duda, la crisis está desnudando una España de las Autonomías fracasada. Y, ojo, porque esto no ha hecho más que empezar.

Dentro de unos días saltará otra guerra, por ejemplo, entre Aragón y Cataluña porque, a causa de los recortes aplicados por la Generalidad catalana, se teme una afluencia masiva de catalanes hacia la sanidad aragonesa.

Para echarse a temblar.

según los 11 presupuestos presentados
¿Austeridad? Las CCAA prevén más gasto público y más deuda en 2012
Hasta el momento, once autonomías han presentado sus proyectos presupuestarios para 2012. El gasto público aumenta un 2% y la emisión de deuda un 33%.
Pablo Molina Libertad Digital 7 Diciembre 2011

En estos momentos sólo once comunidades autónomas (Andalucía, Galicia, Valencia, Canarias, Baleares, Madrid, Cantabria, País Vasco, Navarra, Extremadura y Murcia) han presentado los anteproyectos de ley de presupuestos para el año próximo, a falta aún de aprobación definitiva. Las demás autonomías están a la espera de conocer los Presupuestos Generales del Estado para elaborar las cuentas propias que habrán de regir el próximo ejercicio.

De las once comunidades que han elaborado ya sus presupuestos generales para el año próximo se deduce que, lejos de limitar el gasto autonómico de forma severa, en general están dispuestas a gastar tanto como en 2011, con casos extremos como la Comunidad de Madrid que, pese a ajustarse a los límites máximos de déficit (-1,3%), aumenta un 17% el gasto público total para 2012 si se incluyen las necesidades financieras (emisión de deuda). Así, en cuanto a la deuda pública que habrán de emitir el año próximo, más de lo mismo, con récords de incremento en casi el doble, como Murcia, o del 66,6% y el 42% de Madrid y Cantabria, respectivamente.

1. Andalucía
La comunidad andaluza gastará durante el año próximo 32.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,1% respecto al presupuesto de este ejercicio. Los gastos de personal crecen un 0,9%, según el Ejecutivo de Griñán para dar "respuesta a los distintos acuerdos y tasas de reposición a que debe dar cobertura la Administración Andaluza". Pero el capítulo que experimenta una mayor subida, un 6,6%, es el de "Transferencias corrientes", que engloba todas las subvenciones y aportaciones económicas finalistas de la comunidad autónoma a personas físicas y jurídicas -dependientes de la propia administración autonómica o privadas- para financiar sus gastos ordinarios. La reciente remodelación de las agencias públicas andaluzas, que una vez consolidadas sus plantillas han pasado a depender directamente de la comunidad autónoma, ha contribuido a que este capítulo haya experimentado esa notable subida respecto al presente ejercicio.

Las necesidades de financiación externa a que habrá de recurrir la Junta para sostener un gasto autonómico serán de 5.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 33% respecto a la deuda pública emitida el presente ejercicio.

2. Galicia
Galicia gastará el año próximo 9.859 millones de euros, tan sólo un 0,1% menos que en el presente ejercicio. El gasto corriente (personal, burocracia, gastos financieros y subvenciones) crecerá en 2012 en un 0,3%. Para financiar esos gastos tendrá que recurrir a emisiones de deuda pública por importe de 1.303 millones de euros, un 2,5% más que en 2011.

3. Valencia
La Comunidad Valenciana gastará el año próximo 13.754 millones de euros, un 6,4% menos que en 2011, situándose a la cabeza de las autonomías que más van a reducir el gasto público durante el siguiente ejercicio. El capítulo de personal se reduce en un 1,7% y las transferencias corrientes (subvenciones) un 4%. Para financiar esos gastos la comunidad autónoma tendrá que lanzar emisiones de deuda por importe de 1.480 millones de euros (-10%).

4. Canarias
La comunidad canaria gastará el año próximo 6.821 millones de euros, un 4,74% más que en el presente año. Para financiar ese gasto tendrá que pedir prestado 1.350 millones de euros, lo que supone que las emisiones de deuda pública durante 2012 se incrementan en nada menos que un 60% respecto al presente ejercicio. Los gastos de personal se reducen en sólo un 0,25% mientras que las subvenciones se incrementarán en un 1,38%.

5. Baleares
La comunidad balear gastará el año próximo 3.675 millones de euros, lo que supone un incremento nada menos que del 8,58% respecto al presupuesto del presente ejercicio. Los gastos de personal disminuyen en un 7% y las subvenciones en un 0,6%.

A cambio, los gastos financieros -básicamente el pago de intereses de la deuda- se incrementa en un 101%. La comunidad autónoma lanzará emisiones de deuda a lo largo del año próximo por un importe de 922 millones de euros, un 33% más que las emitidas en 2011.

6. Madrid
La comunidad madrileña gastará el año próximo 22.000 millones de euros, nada menos que un 17% más que en 2011, para lo cual necesitará pedir prestados 4.000 millones de euros, un 66,6% más que en el presente ejercicio. Este aumento se debe, en gran medida, a que la Comunidad no ha recibido -o no espera recibir- los cerca de 3.000 millones que le adeuda el Estado en concepto de fondos interterritoriales según el nuevo modelo de financiación autonómica. Los gastos de personal descienden un 1% y el total de los gastos corrientes un 1,87%.

7. Cantabria
La comunidad autónoma de Cantabria gastará el año próximo 2.439 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,77% respecto a 2011. Para financiar esos gastos necesitará pedir prestados más de 460 millones de euros, un 19% más que en el ejercicio actual.

8. País Vasco
La comunidad autónoma vasca gastará el año próximo 10.449 millones de euros, un 1,1% menos que en 2011, para lo cual deberá emitir deuda por valor de algo más de 1.200 millones de euros, lo que supone apenas un incremento del 0,1% respecto al presente ejercicio.

9. Navarra
La Comunidad Foral de Navarra gastará el próximo ejercicio 3.840 millones de euros, un 1% menos que el presente año. Navarra emitirá deuda pública por importe de 408 millones de euros a lo largo de 2012, un 42% más que en el ejercicio presente

10. Extremadura
La autonomía extremeña gastará el próximo año 4.914 millones de euros, un 0,6% menos que en 2011, para lo cual se verá obligada a lanzar emisiones de deuda pública por importe de 596 millones de euros, un 20% más que en el presente ejercicio.

11. Murcia
La comunidad murciana gastará el año próximo 4.836 millones de euros, lo que supone una reducción del 1,7% respecto al año en curso. Para financiar esos gastos, Murcia emitirá deuda por importe de 984 millones de euros, prácticamente el doble (94,6%) del dinero que ha pedido prestado a lo largo de 2011.

Más gasto y más deuda
Éste es el cuadro resumen de las once comunidades autónomas con presupuestos de 2012 ya elaborados (en millones de euros). Los datos incluyen tanto el gasto financiero como no financiero (presupuesto total) y las necesidades de financiación previstas para el próximo año (emisión de deuda).

Como se ve, en 2012 gastarán una media de algo más del 2% respecto a 2011, y en cuanto a las emisiones de deuda el importe será casi una tercera parte mayor que toda la deuda emitida a lo largo del presente ejercicio.

España
Viaje a las embajadas catalanas del derroche
Mientras aplica duros recortes en sanidad, Mas mantiene una red «diplomática» que cuesta 32,8 millones al año
maría jesús cañizares / barcelona ABC Cataluña 7 Diciembre 2011

LA diplomacia nacionalista tiene un precio muy alto: 32,8 millones de euros que incluyen el mantenimiento de seis «embajadas» situadas en barrios lujosos de Nueva York, Berlín, Londres, Buenos Aires, París y Bruselas. Un gasto considerable si se tiene en cuenta la situación de crisis económica que vive Cataluña, donde el derroche practicado por el anterior Ejecutivo tripartito ha obligado al presidente Artur Mas a aplicar durísimos ajustes en ámbitos como la sanidad, la educación y la función pública.

Sostiene Mas que la acción exterior es uno de los pilares fundamentales para situar la economía catalana en el mundo y fomentar la cultura y la lengua más allá de las propias fronteras. Sin embargo, como el propio líder de CiU admite, las arcas autonómicas están en números rojos, lo que ha puesto la amplia red de delegaciones, oficinas y «casales» catalanes en el exterior en el punto de mira de los organismos de la Generalitat susceptibles de ser recortados.

Cataluña no es la única comunidad autónoma con representación en el exterior, pero su red es tan extensa que da lugar a duplicidades y a un cierto tufo pancatalanista. Y es que, paralelamente a las 27 agencias comerciales creadas por la Generalitat —denominadas Acció y que dependen de la Consejería de Empresa y Empleo, que destina 11,7 millones de euros a su funcionamiento— para atraer a inversores extranjeros, el Gobierno catalán mantiene esas «embajadas» de dudosa utilidad. Todas ellas —a excepción de la de Bruselas, heredera del Patronato Catalán Pro Europa abierta en 1994—, fueron creadas por el tripartito. Es precisamente durante este mandato cuando la obsesión por el patriotismo sin fronteras de ERC, avalado por el PSC, alcanzó su punto álgido, hasta llegar a los 56 millones de euros presupuestados para 2010.

Mantener las delegaciones cuesta al año 1,1 millones de euros y sus respectivos responsables cobran 80.000 euros. La mayoría están situadas en zonas exclusivas de esas ciudades. La de Nueva York, emplazada en el emblemático edificio Rockefeller Center, es la más llamativa en este sentido, pues su alquiler asciende a 473.000 euros al año. El alquiler de la delegación en París asciende a 416.000 euros al año, mientras que la de Berlín llega a los, 60.000 euros.

El PP ha puesto la reorganización de estas «embajadas» como condición para revalidar su apoyo a los presupuestos de la Generalitat. De hecho, los populares exigieron durante la negociación de las cuentas de 2011 que esas delegaciones se dediquen exclusivamente a cuestiones comerciales y no identitarias, y funcionen perfectamente coordinadas con las embajadas españolas. También reclaman que solo se mantegan aquellas oficinas que resulten más rentables económicamente. Por su parte, fuentes del gobierno autonómico aseguran que antes de fin de año se llevará a cabo la reestructuración de esas oficinas, lo que podría implicar la eliminación de una de ellas, y recuerdan que el Estatuto catalán avala esa función exterior.

Pero la presencia catalana en el exterior, dirigida por la Secretaría de Asuntos Exteriores, dependiente del departamento de Presidencia de la Generalitat, es mucho más amplia e incluye también 95 comunidades catalanas en el resto de España o en el extranjero, los llamados «casales». Tradicionalmente, estas casas regionales se han beneficiado también de importantes subvenciones. Este año hay presupuestados 1,2 millones, algo menos de los 1,8 millones recibidos el año pasado. Osaka, Guayaquil o Vancouver, Pekín o Reikiavik son algunas de las ciudades donde la comunidad catalana está presente.

Cataluña también dedica parte de su presupuesto a la ayuda al tercer mundo mediante la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), que supone un gasto de 22 milones de euros al año, a los que hay que sumar otros once millones que otros departamentos de la Generalitat destina a la solidaridad internacional. La ACCD atraviesa actualmente por un Expediente de Regulación de Empleo que podría dejar su plantilla de 93 trabajadores en la mitad. Tiene presencia en Marruecos, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Mozambique, Guatemala y Colombia.

En el ámbito estrictamente cultural, la Generalitat difunde la lengua catalana a través del Instituto Ramon Llull, el equivalente al Instituto Cervantes español, con sedes en París, Londres, Nueva York y Berlín, ciudades en las que comparten dependencias con las «embajadas» catalanas. Este organismo gestiona, con un presupuesto de 12 millones de euros, los cursos de lengua y cultura catalanas en 125 universidades presentes en 32 países agrupadas, desde 2002, en la Red Universitaria de Estudios Catalanes en el Exterior. El coste aportado para esos cursos por todos los departamentos de la Generalitat supera los cuatro millones de euros.

Las ansias expansivas del nacionalismo catalán ha jugado malas pasadas al Gobierno autonómico de turno. La foto de Carod-Rovira con la corona de espinas durante una visita a Israel o la guerra de banderas protagonizada por él mismo o por el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol —debido al empeño de anteponer la «senyera» a la bandera española en los actos— son algunos de los conflictos diplomáticos registrados en el largo historial de viajes institucionales del Ejecutivo autonómico.

Efectivamente, fue el primer Gobierno de Pujol el que sentó las bases de esa proyección en el extranjero. La primera Casa de Cataluña en París fue un proyecto de Jordi Pujol, inaugurado en 1998. El presidente Pasqual Maragall y Carod-Rovira desmantelaron el proyecto original en 2007, para transformarlo en Delegación del Gobierno de Cataluña, con pretensiones diplomáticas. Sin duda es un buen ejemplo de la errática política «exterior» de la Generalitat.
Cifras catastróficas

Con un presupuesto de lanzamiento de unos 800 millones de pesetas de la época, La Maison de la Catalogne en París se instaló en el Pasaje de St.-André-des-Arts, en el corazón histórico de St.-Germain, el barrio más caro de París. La idea original era muy simple: montar un gran restaurante de gastronomía catalana, cuyas ganancias presumidas servirían para promover el turismo, las artes y la cultura catalana, en unos locales que tenían tres plantas y permitían diferenciar las distintas actividades gastronómicas, artísticas y culturales.

Aquella primera Maison de la Catalogne tuvo cierto éxito. Pero entró en crisis tras la llegada al poder del primer tripartito, que aplicó destituciones fulminantes y filtró cifras catastróficas sobre la gestión «pujolista»: una deuda acumulada de más de 300.000 euros.

Maragall comenzó por exigir «tratamiento diplomático» para sus nombramientos, causando ciertas tensiones con la embajada de España. El primer equipo nombrado por Maragall terminó por precipitar una gravísima crisis económica, asumida por Carod de manera muy personal: cambió a la delegada del Gobierno catalán para nombrar en el cargo a su hermano.

Las deudas y déficits acumulados aconsejaron pronto el cierre definitivo de la primera Maison de Catalogne, víctima de la incompetencia gestora: un restaurante catalán instalado con subvenciones era gravemente deficitario. Con el cierre de la Casa de Cataluña, el Gobierno tripartito decidió «unificar» los servicios gubernamentales en París, nombrando a un equipo gestor, instalado muy lejos de las zonas de negocios donde suelen instalarse las delegaciones de empresas privadas.

Abandonado el local de 300 metros cuadrados, en el Barrio Latino, el Gobierno de Cataluña instaló sus nuevas delegaciones centralizadas en dos grandes pisos en un barrio acomodado, como terminó haciendo con el resto de «embajadas».

Las demás autonomías también despilfarran
215 oficinas
Cataluña es la comunidad que más oficinas tiene en el extranjero. En total (incluidas las de promoción turística y cultural) cuenta con 50. Pero no es la única. La Comunidad Valenciana mantiene 28 oficinas, aunque ha anunciado que pronto cerrará cinco. Le siguen Andalucía (22), País Vasco (15) y los Gobiernos de Madrid, Asturias y Galicia, que disponen de 12 oficinas cada uno,

150 millones
Es lo que cuesta mantener cada año el conjunto de oficinas autonómicas en el exterior, según los cálculos del popular Eugenio Nasarre, quien ha cuestionado insistentemente al Gobierno socialista sobre esta materia.

7 delegaciones en Miami
Florida es el mejor ejemplo del dislate. Siete comunidades cuentan con embajada comercial en Miami: Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Conviven con seis instituciones del Estado: el Consulado General, la Oficina Comercial, la Oficina de Educación, la Oficina de Turismo, el Centro Cultural Español de Cooperación Iberoamericana y la Cámara de Comercio.

CAMBIÓ tres VECES DE VERSIÓN
Una de las testigo clave del 11-M engañó a la Policía e inventó hechos
Continúa desvelándose la falsedad de las pruebas que sirvieron para imponer 40.000 años de cárcel a Zougham.
LIBERTAD DIGITAL 7 Diciembre 2011

Continúan los indicios de falso testimonio contra el único condenado como autor de la masacre del 11-M. Según publica el diario El Mundo este lunes, la primera testigo rumana engañó a la Policía, inventó hechos y cambió de versión sobre lo que había visto ese fatídico día. Su testimonio, no obstante, es el que sostiene teóricamente de forma más sólida la prueba de cargo que sirvió para condenar a Zougam.

Según estas informaciones, cuando se le tomó declaración a esta testigo –denominada como C-65-, aseguró que iba con una mujer en el tren, y en el juicio dijo que iba con otra distinta. Además, la otra mujer también reconoció a Zougam pero la Policía no la creyó. A quien sí creyó fue a C-65, aunque dio tres versiones distintas: primero le aseguró a la Policia que se fijó en Zougam porque tuvo un incidente al cambiar de vagón, a Del Olmo le dijo que éste le había "rozado", a Bermúdez que la había "desplazado", y a El Mundo que él se giró y entonces fue cuando le vio la cara. Recordemos que la fotografía del marroquí había sido difundida masivamente hacía algunos días.

Otra de las mentiras que C-65 le contó a la Policía fue que en el momento del antentado le cayó encima un cadáver. Algo harto imposible, dado que en su vagón -el quinto- no hubo muertos, y tampoco heridos graves.

Además, el entorno del testigo rumana también trató de aprovecharse de la masacre. Su marido y su hermano declararon que iban juntos en el tren, pero la declaración del marido se aceptó -aunque salió sin ninguna herida de uno de los vagones que más sufrieron las explosiones, y el mayor número de muertos- , mientras que la del hermano se ha desechado. En virtud de ello, la mujer rumana y su marido consiguieron la nacionalidad española y casi 100.000 euros -la testigo rumana exageró sus síntomas para conseguir la máxima indemnización- , además de un trabajo: fueron contratados por la empresa de seguridad del íntimo amigo del comisario González que pagó la ya célebre cacería de Bermejo y Garzón.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Nacionalismos y cuestión autonómica
Xosé Luis Meilán La Voz 7 Diciembre 2011

E n las pasadas elecciones el voto nacionalista aumentó claramente en Cataluña y el País Vasco. Reflejado en escaños, CiU ha pasado de 10 diputados a 16 y aunque el PNV ha perdido 1 se compensa con los nuevos 7 que ha conseguido la coalición Amaiur en la que se concentra la izquierda abertzale. En el primer caso, parece fuera de duda que el avance se ha producido a costa del importante retroceso de los socialistas catalanes, que son superados por CiU por primera vez en unas elecciones generales. En el País Vasco el incremento del voto nacionalista se debe a la irrupción de Amaiur. Es arriesgado realizar proyecciones de futuro de los resultados de esas elecciones generales, pero para subrayar su importancia habría que retener como casi imposible que pueda reeditarse el actual acuerdo gubernamental del PSE y del PP en las próximas elecciones autonómicas. Con mucha probabilidad el futuro lendakari será un nacionalista, con o sin apoyo de los socialistas.

Las cifras comentadas vienen a confirmar una vez más que, al menos en el País Vasco y Cataluña, existe un «hecho diferencial» irreductible que se ha manifestado en prolongadas presidencias de los correspondientes Gobiernos autonómicos. Los datos evidencian también que el «hecho diferencial» es menos acusado en Galicia. Los tres casos aparecen reconocidos en la disposición transitoria segunda de la Constitución que tuve el honor de defender en el debate constituyente apelando a los precedentes llevados a cabo bajo la Constitución de 1931. La realidad es tozuda y contra ella se estrellan muchas y muy honorables opiniones. Reflejarla fue lo que procuramos hacer en la Constitución con mayor conciencia unos que otros.

La solución constitucional, con su referencia además a las nacionalidades, compatible con «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» fue aceptada por CiU y por el PNV. Arzallus votó en contra de la autodeterminación. La discrepancia final se fundó en que la actualización de derechos históricos de los territorios forales, País Vasco y Navarra, se determinó que se llevará a cabo «en el marco de la Constitución».

En la radicalización actual de las posturas nacionalistas tiene mucho que ver la irresponsable actitud de Zapatero en el proceso del Estatuto catalán. Al comprometerse a aceptar lo que el Parlamento catalán aprobase ignoró que en el horizonte lógico de todo nacionalista está la independencia, por muy lejos que se la sitúe. La nueva reivindicación es una fórmula equivalente al concierto vasco-navarro. En el País Vasco, Amaiur será determinante, sobre todo si llegan a ser los más votados. No dejará de agitar la bandera de la autodeterminación que influirá en el PNV. El «pacto con la Corona» que defendía en 1978, de no fácil acomodo constitucional, quedará obsoleto. Se ha roto el delicado equilibrio constitucional. La herencia que se ha dejado es, a largo plazo, preocupante.

Montilla, la viva imagen del PSC
MARÍA ANTONIA PRIETO ABC Cataluña 7 Diciembre 2011

ES probable que en el acalorado debate abierto en torno a las ocupaciones y la dignidad del ex presidente de la Generalitat José Montilla nos esté costando atinar. Cierto que eso de hacerse designar senador arroja una sombra de sospecha sobre la altura política de Montilla, pero me temo que los reproches dirigidos en los últimos días al todavía primer secretario del PSC tienen tanto de ajuste de cuentas, de ahora te vas a enterar de lo que vale un peine, que apenas han dado en el blanco. No es insultante para la Generalitat como institución que Montilla pretenda seguir sirviendo a su país más allá de las cuatro (carísimas) paredes de su oficina de ex president, y tampoco hay nada indigno en que un hombre de 56 años con hijos pequeños oponga cierta resistencia a una jubilación prematura por más que, habiéndole cabido el honor de presidir Cataluña, no tenga posibilidades de encontrar un trabajo a la altura de su currículum. Dicen los puristas, los guardianes de las esencias, que no hay precedentes. Un argumento de lo más elaborado. Si la Humanidad se hubiera empeñado en respetar a toda costa los precedentes habría boicoteado, por revolucionarias, las transformaciones del Neolítico.

Después de toda una vida de trabajo, Montilla se niega a retirarse, quiere seguir en activo. ¿Por qué entonces el dirigente socialista no se ha erigido en referente moral para estos tiempos que corren? ¿Por qué no se aplaude la ausencia de vanidad y la capacidad de sacrificio demostrada al aceptar un trabajo por debajo de su cualificación? ¿Por qué, en definitiva, la opinión pública ha acogido con tal disgusto su decisión de convertirse en senador? La respuesta, creo, no tiene nada que ver con la institución de la Generalitat, la dignidad del cargo de ex president o los dichosos precedentes.

El Montilla senador que vuelve a sentirse cómodo en el marco constitucional es la metáfora de un partido en descomposición, carcomido por las contradicciones. Es la viva imagen de la decadencia del aparato del PSC, que ni come, ni deja comer. Es el uso y el abuso de los cargos públicos. Es la apropiación y el reparto de las instituciones. Es el relevo tutelado y el despacho en la sombra. Es la vigilancia permanente y el secuestro de la militancia. Es la ausencia de autocrítica. Es la visión distorsionada del entorno. Es, sobre todo, la incapacidad total para comprender que su tiempo ha pasado... y con más pena que gloria. El Montilla senador es un aviso para los reformistas como Àngel Ros.

Reforma constitucional
ALBERT RIVERA ABC Cataluña 7 Diciembre 2011

AYER nuestra Constitución cumplió años. Los hechos demuestran que nuestra Carta Magna necesita una revisión, pero no para satisfacer reivindicaciones identitarias o de poder de una casta política, sino para abordar reformas que nos permitan mejorar la democracia y salir de esta crisis económica y política sin precedentes.

Necesitamos una reforma constitucional que reserve claramente las competencias esenciales del Estado, y que delimite las de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, estableciendo mecanismos de control y coordinación reales para servir mejor a los ciudadanos y no fragmentar aún más nuestra legislación o duplicar instituciones para contentar a intereses nacionalistas. También hay que reformar el sistema electoral, suprimir estructuras políticas obsoletas como las diputaciones o reformar Las Cortes, para que el Congreso sea una cámara de interés general donde tengan representación los partidos de ámbito nacional y el Senado deje de ser un cementerio de elefantes de la partitocracia y sea una cámara de representación territorial.

Pero desgraciadamente estas reformas, que cada vez cuentan con más apoyo entre la opinión pública española, dependen de la voluntad de los dos partidos mayoritarios, los mismos que junto a los nacionalistas han blindado cada vez más esta democracia de baja intensidad en la que vivimos. PP y PSOE, después del «reformazo» express veraniego, ya no tienen excusas. Si no se reforma la Constitución para hacer un Estado más cohesionado, más moderno y que mejore nuestro sistema democrático es porque no les interesa.

Y los principales beneficiados de que no se lleve a cabo esta reforma son los que dicen dar por liquidada nuestra Carta Magna. Cuanta menos legitimidad tenga la Constitución que nos une, más fácil será levantar fronteras entre nosotros. El gobierno de Artur Mas incumple las sentencias judiciales y la Constitución en Cataluña sin que nada ocurra, ya que cuenta con el visto bueno de los socialistas y la vista gorda de los populares. Pero muchos ciudadanos no vamos a mirar hacia otro lado, y seguiremos trabajando para que la España constitucional y democrática siga vigente en todos los rincones de nuestro país.

Albert Rivera es presidente de Ciutadans.

frente al parlament
Rivera (C’s) presenta un decálogo de artículos que en Cataluña “se quieren borrar”
 Minuto Digital 7 Diciembre 2011

C’s ha celebrado el día de la Constitución con un acto frente al Parlament en el que se ha leído una selección de los diez artículos de la Carta Magna que “en Catalunya se quieren borrar”, haciendo alusión directa al PSC y PPC.

‘Artículo 1: La soberanía nacional reside en el pueblo español’ ha sido el primer artículo leído por uno de los diez voluntarios que han ido subiendo al escenario situado en el Parque de la Ciutadella, seguido por el 2, el que hace referencia a la ‘indisolubilidad de España’.

El décalogo ha continuado con la lectura del artículo 3 –el castellano como lengua oficial del estado–, el 9 –los ciudadanos y los poderes están sujetos a la Constitución– y el 14 –los españoles son iguales ante la ley, independientemente de nacionalidad, sexo, raza, religión u otros aspectos–.

Tras leer el número 66 –las Cortes representan al pueblo español–, se ha cerrado la selección de la Constitución con los otros cuatros artículos: el relativo a las competencias del Tribunal Constitucional (106), el que refleja que los españoles tienen los mismos derechos independientemente de la comunidad autónoma de la que procedan (139), el que establece que las autonomías son controladas por el Constitucional (153) y el que refleja los diferentes mecanismos del Gobierno para hacer cumplir las leyes (155).

“SE PISA Y NINGUNEA”
El presidente de C’s, Albert Rivera, ha explicado que “esta carta no se celebra en Catalunya porque no se puede homenajear lo que se pisa y ningunea”, y ha animado a los políticos catalanes a respetar los derechos y libertades de la sociedad.

“En Catalunya se están ninguneando derechos sociales que solo la Constitución nos garantiza, como la sanidad y la educación públicas”, ha añadido.

El diputado de C’s en el Parlament Jordi Cañas ha explicado que “ningún país que no respeta la Constitución acaba bien”, y ha puesto Estados Unidos y Alemania como ejemplos de respeto.


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