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Recortes de Prensa   Lunes 19 Diciembre 2011

 

Casi ocho años después
El rompecabezas del 11-M
Gabriel Moris Libertad Digital 19 Diciembre 2011

"Yo me fié de la verdad y la verdad a mí me engañó. Si verdad a mí me engaña, ¿de quién me voy a fiar yo?"

La letra de esta siguiriya define con bastante fidelidad mi estado anímico y mental sobre el esclarecimiento de lo ocurrido el 11M.

Con una distancia en el tiempo de casi ocho años, me atrevo a intentar construir el rompecabezas elaborado en torno al mayor atentado terrorista perpetrado en Europa durante el siglo XXI. Hasta ahora y a pesar de ser víctima, no he osado lanzar públicamente ninguna hipótesis sobre la autoría del atentado. Los autores, los investigadores, incluso los juzgadores, me han dado motivos para atreverme a hacer un ejercicio para encajar las piezas que deberían permitir construir lo que, hasta hoy, podríamos denominar rompecabezas del 11- M.

Desde antes del día ONCE, desde ese día y hasta hoy, han circulado rumores, soflamas, informaciones falsas, afirmaciones más o menos grandilocuentes, mentiras evidentes e hipótesis más o menos fundadas. También ha habido silencios más que elocuentes. Todo este ruido de fondo ha ido creando en la sociedad, en las instituciones estatales, en los medios de comunicación e, incluso, en las víctimas del atentado, un estado anímico, mezcla de sentimientos y emociones, que nos ha conducido a una total fragmentación social, moral, política y convivencial. El grupo humano en el que más fácilmente podría haberse logrado una sólida unidad de objetivos y de acción es el de las víctimas. Nada puede unir más que el dolor por la pérdida de los seres queridos y el ansia de verdad y justicia. Pues, a pesar de ello, hemos resultado ser tan vulnerables o más que el resto de la sociedad. La convulsión originada por la masacre fue tal, que afectó de forma total tanto a las víctimas como a toda la estructura social de España. Para verificar la validez de esta afirmación, basta con preguntar a alguien su opinión sobre el atentado y sus consecuencias; habrá respuestas tan diferentes como personas interpeladas.

Creo, no obstante, que no sería difícil consensuar una premisa: la única verdad de lo ocurrido es la pérdida de 192 personas y un número de heridos próximo a los 2.000. Respecto a la sentencia: un autor material y dos colaboradores, uno necesario (todos procedentes de los 116 detenidos); ausencia de autor intelectual.

Un atentado de esta magnitud, y con las grandes repercusiones políticas y sociales de éste, no creo que pueda ser fruto de la improvisación, ni obra de personas con un perfil delincuencial como el de los condenados. Por lo tanto, el contenido de la sentencia dictada no puede constituir la parte nuclear de la trama del atentado. Como mucho, podría corresponder a una parte minúscula de la verdad judicial y ésta no siempre se corresponde con la verdad de los hechos. Desconocemos la finalidad, la trama y los autores. Sí podemos enumerar a quienes encubren la verdad de los hechos y a quienes se han beneficiado y se benefician de aquel crimen de lesa humanidad.

Antes del atentado había cierta efervescencia callejera con una virulencia, creo que desproporcionada, respecto a la gravedad de los asuntos reivindicados (Prestige, Irak, Azores); cuestiones similares o más graves, después, no han producido reacciones sociales de la misma magnitud. La palabra PAZ fue clave antes, durante y después del atentado. Curiosamente Afganistán y Libia han sido bien acogidas por todos, incluidos los "hombres de paz".

Inicialmente, el atentado fue atribuido a ETA por unanimidad. Parecía lógico partiendo de los antecedentes, incluido el episodio de Cañaveras. La teoría islamista sólo empezó a tomar cuerpo a raíz de las pruebas que hoy sabemos que fueron falsas (Kangoo y mochila de Vallecas). Estos dos elementos condicionaron las investigaciones policiales que llevaron a la detención de más de un centenar de personas. La desaparición de los trenes sin orden judicial, así como la de las muestras tomadas por los Tedax de Madrid, son asuntos que sólo han comenzado a investigarse casi ocho años después y por una jurisdicción distinta a la Audiencia Nacional. Creo que estos hechos, y otros que omitimos, hacen desmoronarse la teoría islamista ya que, tamañas negligencias, desautorizan a las cúpulas policiales y judiciales que investigaron los atentados.

Aún acatando la sentencia, creo que hoy existen diligencias realizadas por el Juzgado nº 43 de la Audiencia de Madrid que ponen en evidencia la validez de partes nucleares de la instrucción y de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional. Esta afirmación viene avalada tanto por las nuevas partes querellantes (UOGC y SUP) como por el reciente anuncio de solicitud de revisión de la sentencia del único condenado por su presencia en los trenes.

Respecto a las responsabilidades políticas, ni la fallida Comisión Parlamentaria de Investigación, ni el silencio a la batería de preguntas de Alicia Castro en el Congreso, han conseguido sacar de su mutismo a los dos gobiernos formados a raíz del 11-M. El silencio de todo el arco parlamentario parecía consensuado en las dos legislaturas surgidas de sendos atentados. ¿Es normal que un Parlamento, que representa la voz del pueblo, no quiera dirimir las responsabilidades políticas de un atentado político? Creo que el esclarecimiento del 11-M sería el mejor homenaje que nuestros representantes y los representados podríamos ofrecer a las víctimas.

Falta recordar la constelación de ascensos y de medallas con que el Gobierno premió a los que no evitaron ni investigaron el atentado, así como a los jueces y fiscales que nos vendieron un proceso judicial y una sentencia sin autores.

Con las piezas esbozadas, ¿alguien se atreve a construir el rompecabezas del 11-M? Yo me siento incapaz de hacerlo. Posiblemente resultara fácil sustituyendo esas piezas por unas nuevas aportadas por los que saben y callan.

Me reafirmo en mi ya vieja petición de "reabrir el 11-M". Hoy tengo el apoyo de varios compañeros demandantes.

La infamia del Faisán
Carlos Dávila www.gaceta.es 19 Diciembre 2011

No quiero tener la impresión de que el Faisán se ha terminado con la expulsión electoral de los socialistas.

La información que descubrimos ayer revela, al menos, dos cosas: que desde el principio el Gobierno, o sea Zapatero, Fernández de la Vega y Rubalcaba, sabía lo que iba a hacer y, segundo, que eligieron a Garzón para hacerlo. O sea que, ni más ni menos, el Gobierno decidió colaborar con ETA para no detener a los autores del chantaje. ¿Qué nombre colocar a este comportamiento? ¿Bochorno?, ¿desvergüenza?, ¿infamia?, ¿traición? Probablemente los cuatro juntos. Rajoy comienza hoy su etapa presidencial y quedaríamos defraudados si lo que ha sido una de las preocupaciones de su partido, el esclarecimiento del Faisán, quedara ahora nublado o por el déficit o por el paro. Queremos la verdad. ¡Ah! Y que paguen los autores de la fechoría. Carlos Dávila. Director

La realidad
José Carlos Rodríguez Libertad Digital 19 Diciembre 2011

Se van José Luis Rodríguez Zapatero y su cuadrilla colmados de sueldos a pares, indemnizaciones que multiplican varias veces el sueldo medio, y el futuro bien cubierto con consejos de administración, fundaciones y mandangas varias. Han debido de hacer mucho mal si les permitimos irse en esas condiciones sin un escándalo mayúsculo.

Bien es cierto que les hemos permitido hacer cosas peores. Pero ¿cómo tendremos que entender estos siete larguísimos años de zapaterismo? Llegaron con un desprecio desenvuelto, casi altanero, a la historia de España, a la democracia a la que nos aferramos desde hace tres décadas, a la economía, a la sociedad misma, que pensaban cambiar de arriba abajo.

Querían cambiar de arriba abajo la sociedad. El ejemplo más conspicuo es el proyecto de una "ley de igualdad de trato y no discriminación", un texto perfectamente totalitario, que quería regular las relaciones privadas, incluso las más íntimas. Han proscrito el consumo de tabaco, han querido hacer lo mismo con el vino o las hamburguesas, han introducido una asignatura de propaganda progre en los colegios... Todo porque no les gusta lo que son ni lo que hacen los españoles.

Intentaron una destransición, colgar la democracia de la II República, y desmentir así a la historia, que muestra que venimos de la aceptación por parte del franquismo de la realidad de España. Al fin y al cabo, durante el franquismo "no había españoles", como dijo Zapatero en una ocasión. La II República fue un intento, fallido, de echar aguarrás sobre la sociedad y la historia españolas, y Zapatero recuperó ese proyecto. Así como despreciaron la sociedad, las instituciones y la historia de España, hicieron lo mismo con la economía. Ni la entendieron ni la reformaron.

Finalmente ha sido la realidad la que se ha vengado de tanto desprecio. Los sectores más conservadores se han rebelado en la calle, la economía se ha vuelto contra sus planes y, finalmente, la sociedad española les ha dado la espalda. La elección de Mariano Rajoy es la asunción, por parte de los españoles, de que no podemos permitirnos mirar a la realidad de soslayo, ni que se siga haciendo desde el Gobierno.

José Carlos Rodríguez es periodista y miembro del Instituto Juan de Mariana

Formidable antología
Alfonso USSÍA La Razón 19 Diciembre 2011

Me irrita la falta de generosidad de los periódicos con los aciertos de la competencia. Hoy, no tengo más remedio que felicitar a la «Crónica» de «El Mundo» por su antología de frases de Zapatero. Reunidas, conforman el retrato de un insensato, un mentiroso y un humorista involuntario. «La Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento» (17/12/2009) es el pensamiento que le lleva, dos años más tarde, a anunciar su futuro: «El mejor destino es el de supervisor de nubes acostado en una hamaca». Le deseamos desde aquí una larga y fructífera supervisión. Insuperable su referencia a Obama: «La cuestión no es qué puede hacer Obama por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por Obama» (30/7/2009). Durante el año 2005, Zapatero es Supermán. «Somos la envidia de Europa, y en pocos años vamos a ser un país de primera división en el mundo». (19/12/2005). En el año 2006, su fuerza visionaria es ya invencible: «Hoy estamos mejor que hace un año. Pero dentro de un año estaremos aún mejor». No obstante, es en el año 2007, con todas las naciones serias adoptando medidas drásticas para combatir la crisis económica, cuando surge el Zapatero insuperable, el chocholo de barra de bar: «Lo enunciaré de forma sencilla pero ambiciosa. La próxima Legislatura lograremos el pleno empleo en España». Vuelvan hacia atrás la lectura y repitan la frase. La pronunció el 3 de julio de 2007. También ese mismo año, el 16 de octubre: «No hay atisbo de recesión económica. La economía española tiene muy buenos fundamentos».

Extraordinaria precisión de un excepcional Presidente. Claro que el año 2007 lo había principiado con una revelación asombrosa, emitida el 15 de enero. «Vamos a superar a Alemania en renta per cápita. Es que el crecimiento de España está en el 4%, creando empleo. Sólo con esa cifra, uno, como Presidente de Gobierno, se siente ya absolutamente reconfortado en el balance de su actuación». En el año 2008, desprecia, denuncia y arremete contra los que le hablan de la crisis. El 14 de enero: «La crisis es una falacia. Puro catastrofismo». Crecen los parados hasta los cuatro millones, pero Zapatero tiene su versión: «No son parados. Son personas que se han apuntado al paro» (7 de febrero de 2008). Y el 5 de julio de aquel desastroso año para España, Zapatero nos sonríe: «Ser optimistas es algo más que un acto de racionalidad: Es una exigencia moral, un rasgo de decencia, y si me lo permitís, hasta de elegancia». Elegantísimo. El año 2009, de acuerdo con sus frases, es el año que dedica al calor familiar. En una misma entrevista, publicada el 31 de mayo, se refiere a su mujer e hijas. «En mi vida personal, lo que más me emociona es la mirada cómplice de Sonsoles». Nada que objetar, porque las miradas cómplices son muy importantes. Pero la utilidad de su famoso «talante» queda en entredicho con este segundo reconocimiento:

«También aplico la política del talante en la educación de mis hijas». Lo comprobó el matrimonio Obama. El 21 de febrero de 2010, nos tranquiliza: «Conmigo de Presidente, jamás habrá en este país recortes sociales». Y animado por su exuberante feminismo, nos anuncia a los varones tiempos de trances difíciles: «Acabaré con siglos de dominación del hombre» ( 28 de marzo de 2010).

El 3 de abril de 2011, se muestra plenamente respetuoso con la democracia interna del PSOE: «No nos gusta el dedazo». Pero la frase excelsa, la guinda, el colofón genial, nos la regala el 3 de marzo de 2011, año de su desaparición política para siempre: «¡No sabéis cómo se puede disfrutar de la democracia! En mi caso, llegué a ser Presidente del Gobierno». Así era.

¿Tiene la secesión una relevancia moral?
JOSÉ MARÍA RUIZ SOROA El País  19 Diciembre 2011

A primera vista, la cuestión que plantea el título de este artículo debería responderse con una rotunda negativa: la secesión de parte de un Estado por respecto al conjunto carece de cualquier relevancia en el plano de la ética política democrática, porque la determinación de las fronteras que corresponden a un concreto demos es una cuestión que excede de la democracia misma. En realidad, es una cuestión que la antecede y sobre la cual los principios normativos de la democracia no podrían aparentemente decir nada. La democracia se ocupa de las reglas de gobierno de un demos, pero la constitución territorial y personal de ese demos es algo previo a ella misma. Por ello, si un pueblo particular decide separarse del conjunto del Estado en el que hasta entonces vivía, la filosofía política no podría sino tomar nota de ello, sin poder valorar la corrección o no de esa decisión desde principio alguno.

¿Es así de simple? ¿Carece la secesión de cualquier relevancia moral? Una valiosa parte del pensamiento democrático contemporáneo lo cuestiona y afirma, por el contrario, que no puede hablarse hoy en día (y fuera de situaciones coloniales o de opresión de minorías étnicas) de un supuesto derecho a la estatalidad en virtud del cual una minoría nacional podría validamente reclamar la secesión del Estado en que vive, por la sencilla razón de que un tal derecho atentaría a los principios democráticos esenciales, sería autodestructivo de la democracia misma (Luigi Ferrajoli). De manera que, muy en contra de tal supuesto derecho, en las sociedades nacional y culturalmente complejas, lo que la teoría democrática proclama es una exigencia normativa para los nacionalistas de mantener la convivencia dentro del Estado realmente existente (vamos, de renunciar a la secesión) siempre que, claro está, ese Estado respete los mecanismos de tipo federal de protección de las minorías nacionales (Ramón Maíz). Para la democracia, la pluralidad nacional está mejor defendida en un Estado complejo que en uno secesionado que pretenda ser "el único Estado de una única nación".

Para entender estas afirmaciones, que resultan inicialmente contraintuitivas, la vía más directa es la de interrogar a quienes reclaman la independencia nacional por el para qué de su reclamación. No por el por qué o el cómo de su petición (algo que remite a la prestigiosa idea de autodeterminación), sino por la finalidad de la pretensión de constituir un nuevo Estado: "La independencia, ¿para qué?", esa es la cuestión relevante para opinar sobre las consecuencias morales de la secesión.

En 1990, en la declaración aprobada por el Parlamento vasco a favor del derecho de autodeterminación, se respondía con toda nitidez a esta pregunta: "El ejercicio del derecho de autodeterminación tiene como finalidad la construcción nacional de Euskadi". Es decir, que la independencia no es un fin en sí misma, sino un medio para poder realizar una política, hacer un algo que ahora no sería posible. ¿Qué? Construir desde un poder político soberano un nuevo ciudadano que se ajuste al modelo de ciudadano nacional predeterminado y que se integre en una sociedad socioculturalmente homogénea en sus lealtades, valores y sentimientos. Tal como lo expresó el PNV en la declaración aprobada por su máximo órgano: "La libertad que reclamamos es libertad para restaurar nuestra personalidad colectiva a partir de valores creados a lo largo de una historia de milenios".

No es difícil establecer un paralelismo entre esta finalidad confesa del independentismo nacionalista y la sugestiva distinción que hizo Benjamin Constant en 1819 entre la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos, y que se considera generalmente como la clave de bóveda de las democracias actuales, para ver que la libertad que reclaman los nacionalistas es un caso flagrante de libertad de los antiguos. Es decir, es la libertad del colectivo, del pueblo entendido como un todo homogéneo e intemporal, una libertad de la nación. Y es una libertad que se reclama para ejercitarla, precisamente, contra la libertad de los modernos, es decir, contra los individuos que componen ese pueblo y a los que se desea hacer objeto de un proceso personal de reconstrucción (de perfeccionamiento).

La pretensión de edificar un Estado uninacional que a su vez construya posteriormente una sociedad uninacional homogénea es una pretensión en radical oposición con las libertades personales que garantiza la democracia, entre las cuales la libertad de identidad pasa como libertad fundante. Es una pretensión que tuvo su momento triunfal en el pasado, cuando las exigencias democráticas no eran tan claramente percibidas como lo son hoy. Así se gestaron los Estados uninacionales que hoy son objeto de necesaria refacción mediante técnicas federales. Pero, pretender aquí y ahora volver a crear un Estado uninacional es tanto como caminar contra el entendimiento moderno de la libertad y la democracia.

Expresado en términos paradójicos: la secesión es inmoral porque quienes la piden son nacionalistas. Aunque es cierto que, si no lo fueran, no la pedirían. Y es que la inmoralidad no está en el qué, sino en el para qué.

José María Ruiz Soroa es abogado.

Esperanza y libertad

Rafael L. Bardají www.gaceta.es 19 Diciembre 2011

España se encuentra sin sus aliados tradicionales por culpa de Zapatero.

Al finalizar el Shabbath, la comunidad judía de Madrid le entregó el Premio Or Hanukah a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Se lo merecía con creces, pues Aguirre es uno de los pocos políticos españoles que siempre ha mantenido una línea clara en defensa del Estado de Israel, contra el antisemitismo y frente a quienes pretenden negar la existencia de aquella vergonzosa tragedia que fue el Holocausto.
Que la Comunidad judía premie a un no judío dice mucho. Israel y el pueblo judío cuentan con muchos amigos más allá de sus filas y el ejemplo de quienes salen en defensa de ellos porque lo consideran justo y necesario, bien por obligación moral, bien por intereses comunes, es también justo que se reconozca.

Que, además, se premie a un político español, un país que les expulsó hace siglos, también pone de relieve la evolución de los acontecimientos. Posiblemente no haya un país más importante para España en estos momentos que Israel y el nuevo gobierno hará muy bien en cerrar el horroroso capítulo del zapaterismo en relación a Israel, los palestinos y el Oriente Medio.

Defender a Israel es defendernos a nosotros mismos de la ola de islamismo que inunda toda la región, de Marruecos a Afganistán; estrechar la cooperación con Israel significa mejorar nuestra capacidad tecnológica y de innovación gracias a la experiencia de las empresas de aquel país; podemos aprender cómo mejorar nuestra inteligencia, la lucha antiterrorista, el entrenamiento de nuestras fuerzas armadas, la gestión del agua, las investigaciones médicas, la gestión del conocimiento… Nunca tan pocos nos pueden ofrecer tanto.
España se encuentra sin sus aliados tradicionales, por culpa de Zapatero y porque las alianzas ya no son lo que eran. El nuevo Gobierno está en la obligación de tender nuevos puentes. Israel tiene que ser uno de los primeros.

El Parlamento Europeo y la pesca: no vale todo
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 19 Diciembre 2011

Para el Parlamento Europeo no vale todo. En las relaciones internacionales, como en las internas, la ley de la selva no da buenos resultados. Tampoco el chantaje ni la mentira. Y en el acuerdo pesquero de la UE con Marruecos ha habido de todo eso. Lástima que la mayoría de los eurodiputados españoles, y los gallegos en particular, no hayan estado a la altura de las circunstancias.

En tiempos de crisis conviene recordar algo necesario para salir adelante. En el desarrollo de un país intervienen muchos factores, pero hay uno esencial: la seguridad jurídica que se deriva del respeto al Derecho. Por eso países muy ricos en materias primas o en población, pero donde reina la arbitrariedad no están desarrollados. Por eso los países más desarrollados son democracias respetuosas con el Derecho.

Algo que el Derecho no permite es robar o comerciar con productos robados. Comprensible. En el Derecho Internacional también existe esta regla. Y el acuerdo pesquero de la UE con Marruecos dejó la puerta abierta a pagar mucho dinero de la UE a cambio de poder participar en el saqueo de las riquezas naturales de un pueblo, el saharaui. El Derecho no reconoce que el Sahara Occidental forme parte de Marruecos, por lo que se miente cada vez que se habla de sus aguas como “marroquíes”. No es legal pagar a Marruecos para extraer riquezas del territorio que ocupa ilegalmente. Máxime cuando ese dinero no va a beneficiar a la población saharaui sino que, antes al contrario, se utiliza, para financiar el establecimiento de colonos marroquíes en el territorio.

Marruecos sabe que hay algunos pescadores españoles en aguas marroquíes del Estrecho de Gibraltar: la flota de Barbate. Y optó por el chantaje: si los de Barbate quieren pescar en aguas marroquíes, que los europeos consideren “marroquíes” también a las aguas saharauis. Y que además paguen por ello. Porque, aunque se oculte, la mayor parte de la pesca no está en aguas marroquíes, sino saharauis Europa cedió al chantaje disimulando. Pero ahora hay pruebas de que se pagaba a Marruecos para pescar en aguas que no son marroquíes. Y para colmo la UE pagaba más de lo que obtenía con el acuerdo.

El Parlamento Europeo ha dicho no a este chantaje que además era ruinoso. Lástima que dos eurodiputados españoles de origen gallego, Carmen Fraga Estévez (PP) y Antolín Sánchez Presedo (PSOE) votaran a favor de pagar a Marruecos una cantidad desmesurada… por algo que no es de Marruecos.

NOTA:
Este artículo se ha publicado en el diario ABC, edición de Galicia, el sábado 17 de diciembre de 2011.

Educación
El PP garantizará poder estudiar en castellano en toda España
 www.gaceta.es 19 Diciembre 2011

Establecerá "asignaturas mínimas más amplias para toda España y garantizará los principios de igualdad y equidad en todo el territorio nacional".

La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que su formación hará una reforma del modelo educativo con el establecimiento de "asignaturas mínimas más amplias para toda España y garantizando los principios de igualdad y equidad en todo el territorio nacional".

En declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, Cospedal ha explicado que el PP garantizará la posibilidad de estudiar el castellano en toda España y llevará a cabo una "mejora en la calidad de los contenidos para evitar que el país siga estando a la cola en materias como matemáticas o lengua". En este sentido, ha recalcado que su partido "ampliará el número de años del bachillerato y hará una modificación del modelo hasta la enseñanza superior".

Por otro lado, ha afirmado que la intención del PP es presentar "un programa básico de servicios sociales con una cartera de servicios en el ámbito sanitario y de los servicios sociales que sea idéntico para toda España como un mínimo equilibrado para que la solidaridad interterritorial funcione (...) con independencia de la descentralización de servicios o de funciones que puedan existir".

En esta línea, la presidenta manchega ha señalado que "no está previsto en el programa del PP" que el Estado atraiga para sí competencias autonómicas pero "sí que ejercite algunas que eran de su competencia y no ha venido ejerciendo en los últimos años", como la inspección educativa, "que tiene que ser una verdadera inspección para garantizar la igualdad en educación en todo el territorio".

Garzón mantuvo dos reuniones con Zapatero en la semana del chivatazo a ETA
Lucinio Serrano www.gaceta.es 19 Diciembre 2011

La denunciada ayer por LA GACETA y otra el 27 de abril de 2006. En la primera participó también el aún ministro del Interior Camacho. Las víctimas exigen una respuesta inmediata del Gobierno en funciones por el caso del 'chivatazo' del Bar Faisán a ETA.

La cúpula del Gobierno socialista se reunió en dos ocasiones con el juez Baltasar Garzón antes de que se produjera el chivatazo a ETA el 4 de mayo de 2006. Por un lado, la ya explicada ayer por LA GACETA, que congregó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; al ex ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; a su entonces secretario de Estado, Antonio Camacho; y a la ex vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Todos ellos se reunieron en Moncloa la noche anterior al chivatazo. El otro encuentro tuvo lugar en el mismo escenario y a las mismas horas (entre las 23.30 h. y las 2 de la madrugada), pero una semana antes. La noche del 27 de abril de 2006, Garzón visitó el Palacio de la Moncloa para reunirse con los mismos personajes: Zapatero, Rubalcaba, Camacho y De la Vega.

En ambas reuniones el modus operandi se repitió, según han explicado a LA GACETA fuentes de la seguridad de Moncloa de toda solvencia. Los personajes fueron los mismos, el escenario también, las horas se repitieron y la discreción fue similar. En ambas ocasiones, Garzón apareció en un coche con las lunas tintadas y accedió al complejo presidencial con credenciales de VIP, lo cual impidió que su visita quedase registrada, ya que este estatus permite al visitante no tener que identificarse ante los servicios de seguridad.

Asimismo, en los dos encuentros se produjo unos de los hechos más inauditos. Los vigilantes de seguridad recibieron la orden de apagar las cámaras de seguridad del edificio, que filman continuamente cualquier acontecimiento que ocurre en los accesos a la Moncloa. Esto impidió asimismo que quedase constancia de imagen alguna de la visita que pudiera comprometer al magistrado, que por aquel entonces disfrutaba de un año de excedencia en la Universidad de Nueva York, pero que mantenía la titularidad del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

Un compañero de Garzón, Fernando Grande Marlaska, le sustituía entonces al frente de dicho juzgado en la madrileña calle Génova. Marlaska estaba por aquellos días (finales de abril y comienzos de mayo) perfilando la operación que iba a ejecutar el día 4 de mayo contra el aparato de extorsión de ETA, y que implicaba registros de establecimientos, entre ellos el bar Faisán, y detenciones, entre ellas la del entonces dirigente del PNV Gorka Aguirre.

Paralelamente a esa operación judicial, el Gobierno estaba negociando con el PNV el apoyo de la formación nacionalista al denominado proceso de paz emprendido por el Ejecutivo de Zapatero. De hecho, ese respaldo del PNV se iba a visualizar precisamente ese 4 de mayo de 2006, justo el día en que Marlaska iba a desmantelar parte del aparato de extorsión de ETA, con una visita oficial a La Moncloa del entonces presidente del partido nacionalista, Josu Jon Imaz.

Citas sospechosas
Las conversaciones que se produjeron esas noches del 27 de abril y del 3 de mayo en el palacio presidencial son desconocidas, pero se tornan cuanto menos sospechosas en el contexto que se acaba de narrar. De hecho, resulta aún más necesario que sean explicadas conociendo que ese 4 de mayo la operación de Marlaska contra el aparato de extorsión de ETA se frustró a causa del chivatazo que algún funcionario de la Policía dio al entonces dueño del Faisán, Joseba Elosúa, enlace con la banda y presunto terrorista. Fue el propio Elosúa quien posteriormente admitió que el chivatazo se lo dio un policía, aspecto que también reconoció el propietario del bar en una de las escuchas que se le interceptaron.

También resultó sospechosa la llamada que Garzón hizo a Marlaska para tratar de persuadirle y que no ejecutara la operación el día antes del soplo. A primerísima hora de la mañana, desde Nueva York, Garzón telefoneó a su sustituto al frente del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional el 3 de mayo de 2006, un día antes del chivatazo, según contó en sede judicial el entonces comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia, José Cabanillas, que se encontraba en el despacho de Marlaska en el momento de la llamada.

En vista de que Marlaska no atendió a sus requerimientos, Garzón presumiblemente cogió un avión destino a Madrid para llegar por la noche a la reunión de la Moncloa, donde le esperaban Zapatero, Rubalcaba, De la Vega y Camacho.

Pocos días después, Garzón arrebató el caso Faisán a Marlaska ocupando de nuevo el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Poco después de abrir las carpetas del caso, el juez decidió no encargar más diligencias a la Guardia Civil y dar la exclusividad de la investigación al equipo de la Policía encabezado por el inspector Carlos Germán. Precisamente era este equipo policial el que estaba al frente de la operación –frustrada por el soplo– contra el aparato de extorsión de ETA y por lo tanto agrupaba a funcionarios que podían considerarse sospechosos de haber dado el chivatazo al conocer todos los datos de la operación que se iba a ejecutar contra la banda.

Las víctimas exigen explicaciones
La unanimidad es la tónica dominante en las declaraciones que han realizado a LA GACETA destacadas personalidades interesadas en que se aclaren los sucesos que rodearon al chivatazo del bar Faisán. Víctimas y representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no dudan en señalar que la reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, Alfredo Pérez Rubalcaba y Baltasar Garzón en el Palacio de La Moncloa debe ser explicada para aclarar los hechos a fondo.

Para Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, no es de recibo que unas horas antes de que se avisase a miembros de ETA de que la Policía controlaba el establecimiento en el que se gestionaba el “impuesto revolucionario”, la extorsión asesina de la banda terrorista, tan destacados políticos se reunieran. Asegura que “desde la AVT vamos a seguir hasta el final.

El presidente del Gobierno, antes de marcharse, debe explicar esto. Si era una reunión política, nos sobra un juez en Moncloa. Vamos a pedir al nuevo Gobierno que cambien a muchos cargos policiales y militares. Además, a la vista de los datos publicados por LA GACETA, no descartamos ampliar la investigación llamando a declarar a los responsables de seguridad para que expliquen quién les ordenó desconectar las cámaras”. La representante de las víctimas lo tiene muy claro: “Hay que depurar responsabilidades. Hay que saber qué pasó con el Faisán y quienes lo saben son ellos”.

En la misma línea se expresó el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz: “La información de LA GACETA confirma que el chivatazo fue un mandato político y que es parte del proceso de negociación y signo de la rendición ante ETA. El PP debe investigar para depurar responsabilidades políticas, unas responsabilidades que ya deberían haber sido saldadas”.

Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, organización que junto a la AVT ejerce la acusación popular en la causa que investiga los hechos relacionados con el chivatazo a ETA en el bar Faisán, ha asegurado a este diario que la exclusiva de la reunión de los dirigentes políticos y el juez tiene “gran relevancia política y jurídica”.

Para él, estas informaciones “apuntan nuevas pruebas a la hipótesis de la implicación del juez Baltasar Garzón. No le va a quedar más remedio al juez Ruz que aclarar esta reunión y así lo vamos a reclamar”.

Los sindicatos policiales también lo tienen claro. Para Alfredo Perdiguero, “las llamadas daban pie a pensar que el origen del chivatazo estaba en cocinas muy importantes. Esta nueva información, desvelada por el diario de Intereconomía, sitúa las cocinas cerca de Moncloa y Ferraz”.

Por su parte, José Manuel Sánchez Fornet, del Sindicato Unificado de Policía, señala que “si se confirma la noticia, la investigación del sumario debe dirigirse a esa reunión y llamar a declarar a las personas que participaron en ella”.

Operación denunciada en el Juzgado 19 de Madrid
La trama contra la juez del 11-M contrató a un detective para apartarla de la judicatura
Diego Carrasco www.gaceta.es 19 Diciembre 2011

Manuel González, próximo a la izquierda radical, fue el hombre clave de la estrategia. LA GACETA publica los correos electrónicos que desvelan toda la urdimbre.

La trama para conseguir apartar de la carrera judicial a la magistrada Coro Cillán, que investiga, entre otros asuntos, los atentados del 11-M, decidió colocarle un detective con el fin de averiguar todos los pasos de su vida privada y así poder desestabilizarla por completo.

Un hecho que está íntimamente relacionado con lo publicado hace unos días por LA GACETA en exclusiva referido a la existencia de “un interés muy vivo para echar a Cillán de la judicatura”. La pieza clave de todo el entramado es “Manuel González Alonso, hombre muy próximo a la izquierda radical y con influencias en el Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial”, explican fuentes jurídicas. Además, se da la circunstancia de que la Audiencia Provincial de Valencia condenó a González Alonso por un delito de estafa y, por lo tanto, cuenta con antecedentes penales que enturbian aún más las maquinaciones iniciales.

De ahí, que en la conversación que mantuvieron por correo electrónico el abogado de Barcelona, Sergi Lacoma Cusí y su colega de Madrid, Henry Joseph Felsenstein, afirmaran: “Manolo González debe hacer valer sus influencias para, aprovechándose de las quejas nuestras, de la secretaria judicial y del fiscal, forzar la máquina”. (Ver documento 1). Es más: “Yo forzaría la máquina destinando uno o varios detectives privados para saber” movimientos de su vida privada. Es un seguimiento caro a no ser que Fernando lo negocie poniendo a gente y facilitando el trabajo del detective”. Este primer email está fechado el pasado día 4 de noviembre.

La excusa para montar el operativo contra la juez del 11-M es la investigación de un asunto relacionado con el cierre del local nocturno madrileño Moma, “que no tiene la suficiente entidad jurídica como para provocar la expulsión de Cillán de la judicatura”, destacan las citadas fuentes. Y es que los dos abogados anteriormente citados defienden a implicados en la discoteca madrileña. Concretamente, Joseph Felsenstein representa al empresario Fernando Robes Ybarra, que posee el 27% de las acciones de Moma.

En otro correo electrónico fechado cuatro días más tarde, el 8 de noviembre, Lacoma le escribe a Robes: “Ya he hablado con el detective José Julián. Ruego que le llames para empezar ya. Nos hace un buen precio (60 euros hora). Le he comentado que le puedes facilitar gente para hacerle el trabajo auxiliar”. (Ver documento 3). Unas horas después, el abogado catalán Lacoma vuelve a comentar a Robes: “Fernando: Que hayamos contactado con un detective no tiene que saberlo nadie. Sólo lo sabemos los abogados y tú. Ningún trabajador debe saberlo. Arruinaríamos el trabajo”. (Ver documento 2). Fuentes del entorno de la magistrada aseguraron a este diario que “frente a los apartamentos donde vive Cillán permaneció una furgoneta de color blanco y con los cristales tintados durante todo un fin de semana”.

Toda esta trama con soporte documental, a la que LA GACETA ha tenido acceso, está denunciada por los abogados Eugenio Rubio Linares y Agustín Guardia Palao ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. Estos letrados, que defendieron en su día el cierre de Moma, recibieron en su despacho “un sobre anónimo de color blanco y con 160 documentos con diferente contenido referido a conversaciones entre abogados y otras personas donde se planeaban negociaciones y estrategias jurídicas”, señalan. De momento, la investigación de este asunto sigue en marcha.

Lacoma es un abogado colegiado en Barcelona con más de 30 años de experiencia. Al parecer, estuvo implicado en una trama de fraude del IVA que ocurrió en Cataluña en la década de los años noventa. Tuvo que declarar como abogado de la sociedad BCN Consultores para que aclarara el importe de una de las empresas implicadas en el fraude.

Así las cosas, a esta situación para desestabilizar y presionar a la juez Cillán hay que sumar la denuncia presentada por su secretaria judicial, Sacramento Fernández Vivancos, ex cuñada del secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, ante el Consejo General del Poder Judicial. Ello provocó que sufriera una inspección por sorpresa en su Juzgado de Instrucción número 43, ubicado en la plaza de Castilla, o que su ausencia impidiera hace unos días, como también informó este periódico, que Coro Cillán pudiera tomar declaración a uno de los testigos más relevantes del 11-M.

La mencionada inspección del CGPJ determinará el preceptivo informe, que será remitido en los próximos días a la Comisión Disciplinaria de dicho órgano. Todo hace indicar que el traslado se producirá después de las Navidades. En el informe se hará una propuesta acerca de si se archivan las diligencias o se expedienta a la juez. En cualquier caso, la última palabra la tiene la Comisión Disciplinaria.

El Gobierno «premió» con juzgados a autonomías que no los necesitaban
Ignoró los asuntos pendientes de cada comunidad autónoma a la hora de asignar nuevas oficinas judiciales
F. Velasco La Razón 19 Diciembre 2011

MADRID- La carga de trabajo que padecen los jueces aumenta año tras año pese al esfuerzo de esos profesionales, cuya tasa de resolución se incrementa igualmente en cada periodo. A esa situación se ha llegado por varios factores, entre los que destacan una planta judicial insuficiente, un número muy superior al deseado de jueces y magistrados no profesionales y la creación de unidades judiciales por parte del Ministerio de Justicia en lugares donde no eran imprescindibles, y no haciéndolo, en cambio, en comunidades donde la litigiosidad y la acumulación de asuntos sí lo requería. Éstas son algunas de las conclusiones que se obtienen del informe 2011 realizado por el Observatorio de la Actividad de la Justicia, que preside el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, y dependiente de la fundación Wolters Kluwer, presidida por Rosalina Díaz.

El citado informe concluye que los jueces soportan un 15,43 por ciento más de carga de trabajo, es decir, la capacidad máxima de resolver asuntos por el conjunto de órganos judiciales, teniendo en cuenta los módulos de entradas fijados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para poder atender adecuadamente los procedimientos, se necesitarían 423 nuevos jueces, lo que repercutiría directamente en reducir la «Justicia interina», es decir, de jueces sustitutos y magistrados suplentes que no son profesionales.

Un aspecto relevante es el análisis de la relación entre la evolución de los últimos años y el número de asuntos ingresados en los juzgados. Así, se observa un «esfuerzo presupuestario» por parte del Gobierno socialista especialmente en los tres últimos años, mientras que «a estas alturas de 2011», lo que se observa es una «reducción de juzgados, por cierto, creados por la misma autoridad 12 meses antes», es decir, por el Ministerio de Justicia.

En este tema, de los 4.225 jueces y magistrados que había en 2005, con el PSOE ya en el poder, se ha pasado a 5.187 en 2010, lo que representa un incremento del 22,7 por ciento en ese periodo. En cambio, la carga de trabajo de los jueces, debido a la alta litigiosidad, ha crecido más de un 21 por ciento en esos mismos cinco años. Es decir, la creación de los nuevos juzgados no ha supuesto una disminución en los asuntos que debe resolver cada juez.

Una de las causas que incide en esa situación, según se destaca en el mencionado informe, es que en el proceso de negociación para la creación de nuevos órganos judiciales entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, éste «acoge un modelo que perturba la visión nacional, cual es adscribir a cada comunidad autónoma un número de plazas a crear en su territorio». Esto desemboca en que las que tienen menos necesidad –porque la relación entre jueces y litigiosidad es adecuada– resultan «beneficiadas», ya que «siempre reciben la creación de alguna unidad judicial nueva, en vez de visionar un mapa nacional que permitiera intensificar el nivel de creaciones en los territorios que verdaderamente lo necesitan, aunque alguna parte del territorio nacional no incrementara su número esa anualidad». Pese a que en el informe no se cita ninguna comunidad, fuentes jurídicas sitúan al País Vasco como una de las principalmente favorecidas.

Aligerar la factura de la Justicia
El director del Observatorio de la Actividad de la Justicia, Enrique López, considera que la crisis exige una «Justicia más económica» sin mermar el derecho a la tutela judicial efectiva. «Es obvio que el Estado no puede prestar un derecho universal a la Justicia gratuita, y debe gestionar los recursos de una forma no sólo justa, sino eficiente», advierte. Por eso, cree que se debe racionalizar el coste de la Justicia, no limitando el acceso a los tribunales, sino acotando la Justicia gratuita a pleitos sostenibles, y no a caprichos o consecuencias necesarias del incumplimiento de obligaciones, y potenciando alternativas a la resolución de conflictos.

Cataluña
Críticas y quejas por ‘papeles de Salamanca’ donados a la Generalidad sin tener relación con Cataluña
La CNT, el PCE, el PSOE de Asturias y el Gobierno autonómico de Aragón piden a Cultura que revise el traslado de los ‘papeles’.
Redacción www.vozbcn.com  19 Diciembre 2011

Hace unos días el Ministerio de Cultura -a través del Patronato del Centro de la Memoria Histórica- paralizó una nueva entrega de los conocidos como papeles de Salamanca, tras comprobar que se estaba haciendo una errónea identificación documental. Además, historiadores y organizaciones sindicales, como Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y UGT, y el PCE, por ejemplo, han denunciado ciertas irregularidades en los archivos ya donados a la Generalidad.

Esta decisión de paralizar una nueva entrega de documentación a la Administración autonómica ha supuesto la acusación de la Generalidad de “estafa cultural”, y la Comisión de la Dignidad ha amenazado con llevar el caso a la ONU. Sin embargo, Fernando Sánchez, secretario de Organización del PCE, ha advertido de que “esta no es documentación de una organización catalana. Es documentación nacional del PCE“.

En declaraciones a La Razón, Sánchez ha indicado que ha remitido cartas al Ministerio de Cultura para mostrar su desacuerdo por enviar “cajas” que pertenecían al PCE. También ha opinado en este sentido Manuel Vicent, de la CNT: “Si una organización es de carácter nacional, lo normal es que sus archivos estén en un archivo nacional y no que se disgreguen por las diferentes Comunidades Autónomas, sino que se entreguen a su legítimo propietario”. Vicent se puso en contacto con el Ministerio, en diciembre de 2005. “Si cada Comunidad Autónoma va a pedir lo que le corresponde, el archivo acabará disgregándose. O sea, un desastre”, ha añadido.

El 80% deberían volver a Salamanca
Por su parte, Policarpo Sánchez, investigador salmantino, se ha manifestado en la misma línea: “Ha habido una errónea selección de los documentos que se debían remitir a Cataluña”. Y ha calculado en un 80% de los papeles enviados a la Generalidad los que deben retornar al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca: “No se ha identificado correctamente lo que pertenece a Cataluña”.

El problema que plantean estas voces es que la ley establece que se debe remitir a la Generalidad todo lo que las tropas franquistas confiscaron en la Comunidad, sin tener en cuenta que parte de esos documentos procedían de personas sin relación con Cataluña. ”El responsable es la persona que dirigió la negociación política con la Generalidad. Ha sido un error del PSOE más que del Ministerio de Cultura, que, es probable, conoce mejor lo que hay allí y puede determinar con mayor seguridad si un papel puede irse para allá o no”, ha indicado Sánchez al diario del grupo Planeta. Para Vicent, “es la aplicación de una ley tendenciosa”.

Además de estas quejas, el PSOE de Asturias y el Gobierno autonómico de Aragón han levantado la voz contra el traslado de la documentación del archivo salmantino a Cataluña, sin control ni identificación correcta. Vicent ha advertido de que la situación puede llegar a ser surrealista: “Cuando se sepa el listado tendremos un año para reclamar. Allí se tratará de determinar si se nos devuelve o no. Se pretende que demostremos con un documento que esa documentación te pertenece, cuando el documento es el que demuestra de quién es propiedad. Es kafkiano”. Por otro lado, no todas las digitalizaciones se han hecho correctamente: “Se suponía que tenían que dejar una copia digitalizada en Salamanca, pero en ocasiones están incompletas. Está la primera copia de un documento y el resto falta”, ha dicho Vicent.

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La gran incógnita, ¿es Rajoy un cordero o un león?
Roberto Centeno El Confidencial 19 Diciembre 2011

El martes de la pasada semana, en la comida de despedida ofrecida por el Rey al Gobierno saliente, los elogios mutuos superaron todo lo imaginable. Don Juan Carlos llegó incluso a agradecer a los ministros allí presentes -los peores en 200 años, los responsables de nuestra ruina- “la difícil labor desarrollada en un momento especialmente complicado, donde disteis lo mejor de vosotros mismos, con sentido del Estado y en favor del interés general”. Realmente inaudito. No es de extrañar que la cúpula socialista afirmase después ser más monárquica que Isabel la Católica. Tras el almuerzo, soflama de su Majestad avisando a los españoles que vienen tiempos muy duros. ¡A buenas horas, después de cuatro años de ruina! Y ello después de decir, hace unos meses, que Zapatero era un magnífico presidente que sabía muy bien lo que hacía.

Sin embargo, pese a la gravedad de tamaño despropósito, la gran incógnita para una España en peligro cierto de ruina y desintegración es saber si el nuevo jefe del Ejecutivo es un cordero o un león. Debemos descubrir si será capaz de imponer su autoridad a sus barones y alcaldes, a sindicatos y al resto de partidos, para encarar la crisis económica con la firmeza o el nivel necesarios. Y, más difícil aún, ¿será capaz de hacer frente al chantaje de los separatistas, que amenaza con hacer saltar por los aires la unidad de esta nación? Los españoles le han dado el poder para ello, pero la duda es si lo utilizará o, por el contrario, elegirá la vía de la componenda y el consenso y acabará certificando la defunción de esta gran nación.

Su pasado de incapacidad probada para poner orden en su propia casa -o su inaudita afirmación de que la reunión del viernes con Zapatero no será la última porque seguirá consultándole sobre problemas de Estado- no invitan precisamente al optimismo. Pero hay más. En palabras de Rosa Díez, “Rajoy no se atrevía a tratar a Amaiur como Amaiur se merecía”, y ha pretendido darle grupo parlamentario metiendo a UPyD en el mismo saco. El tiro le ha salido por la culata, porque Díez pacta con Cascos (donde servidor ha ayudado lo que ha podido), lo que obligaría a dejar a Amaiur sin grupo. Ahora está por ver si ilegaliza a la formación, que ha incurrido en un fraude de Ley.

Se acabó el estar de perfil, ahora toca gobernar
En su primera intervención pública el jueves, Rajoy puso como ejemplo de austeridad y recorte de gastos a la Generalitat de Cataluña. Y uno se asombra primero y se pregunta después: ¿una Comunidad quebrada, con necesidades de financiación que no puede cubrir, que cerrará 2011 con un déficit que alcanza el doble del permitido, que para amortizar deuda patriótica necesita emitir más deuda patriótica recaudada por sus cajas a punta de pistola, que no ha cerrado una sola embajada, ni canales de televisión ruinosos, que ha doblado las subvenciones al doblaje de películas al catalán, que mantiene más de 100.000 empleos públicos inútiles por amistad y clientelismo político, que tiene que pedir al Estado que avale su deuda o le preste dinero… es este el ejemplo a seguir para Mariano? Para echar a correr.

Claro que peor es el caso de varias Comunidades y Ayuntamientos en los que el PP gobierna desde siempre, como Valencia, al borde del colapso, o el Ayuntamiento de Madrid, donde Gallardón ha hipotecado a dos generaciones de madrileños para financiar obras faraónicas que la ciudad no podía permitirse. La triste realidad es que no ha tenido carácter para imponerse a sus barones autonómicos y locales. En lugar de imponer recortes, les ha dejado despilfarrar sin freno hasta llegar a la ruina, y lo único que se le ocurre es consensuar con Zapatero el adelanto de 4.500 millones de euros de un Estado ya sin dinero para poder pagar la nómina. Es decir, más madera.

El Sr. Rajoy ya no podrá seguir de perfil por más tiempo. Ahora tiene que gobernar, y eso significa tomar las medidas drásticas de recorte de gasto que España necesita, tanto si le gusta como si no. Hoy mismo, en el discurso de investidura, tendría que retratarse porque su amigo Zapatero deja a España en la ruina, con un déficit en 2011 de no menos del 8%. Un país que deberá recortar unos 20.000 millones de euros solo para empezar, y que en 2012 necesitará recortar 30.000 millones más –por el previsible hundimiento de ingresos- para alcanzar el compromiso de déficit, una “prioridad” para Rajoy, según sus propias palabras. Estos recortes provocarán una deflación brutal que agravará el hundimiento ya en marcha, lo que hará imposible superar la crisis sin cambiar el modelo de Estado. Su promesa estrella sobre las pensiones es imposible de mantener: en 2012 la Seguridad Social entrará en déficit y su reforma, léase recorte, es urgente e inaplazable.

Los hitos que medirán si está a la altura de lo que España necesita
Pronto sabremos si el Presidente está a la altura en esta hora decisiva para España, si es incapaz de imponerse, si el inmenso caudal de esperanzas despertadas se corresponde con la realidad o si, como ocurrió con Felipe González, éstas resultan vanas. Y, ya mismo, tendremos dos pruebas del 9. No creó que ocurra, pero si Gallardón, primer despilfarrador del Reino, consigue el Ministerio de Fomento –lo que significará que él y los poderosos constructores del palco del Real Madrid han logrado imponerse- pierdan ustedes toda esperanza. Adicionalmente, si CiU vota sí a la investidura -¿qué más da lo que vote CiU?- significará que Rajoy se ha rendido a los nacionalistas y ha aceptado un pacto fiscal que conllevará la destrucción de España. En sentido contrario, si entrega a Montoro todo el poder económico, creo que la esperanza es posible, porque Montoro sabe muy bien qué hay que hacer.

Primer hito, descubrir quién manda en el PP. Para ello es necesario saber si hará cumplir lo que predica, es decir, que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Sus barones y alcaldes ya han presupuestado seguir gastando más de lo ingresan, lo que hace imposible cualquier recuperación. La deuda de las CCAA (más de un 66%) está fuera de control. Creció un 22% en el tercer trimestre de 2011, según datos oficiales. ¿Será capaz de imponerse y acabar con este disparate o cada barón y alcalde seguirá por libre, escondiendo deuda y exigiendo dinero para no quebrar?

La fragmentación de España en 17 trozos, lo que representa un auténtico desastre para la competitividad y el empleo, debe terminar. Y si se niegan, debe suprimir sus autonomías, como hizo Blair en el Ulster, porque no pasaría nada. España tiene fuerza y razón más que suficiente para imponerlo

Segundo hito, el gobernador del BdE, corresponsable principal de nuestra ruina, tiene las desfachatez de querer completar su mandato hasta julio. Si Rajoy lo acepta, cuando él mismo dice que su segunda prioridad después del déficit es arreglar el sistema financiero -temporalmente salvado por la barra libre de liquidez del BCE-, pierdan también toda esperanza. Y lo tiene tirado. Solo tiene que llamar y decirle: “Espero tener mañana tu renuncia irrevocable encima de mi mesa”, porque si se niega, cosa que no hará, de acuerdo con el Reglamento del BdE cabe iniciar su proceso de expulsión por “grave incumplimiento de sus responsabilidades”.

Tercer hito, acabar con las subvenciones a sindicatos, patronal, políticos, titiriteros y a los miles de organismos públicos. Eliminar las ayudas sin control alguno. Es una losa que España no puede permitirse. Si Rajoy quiere sacar a España de la crisis tiene que acabar con ella eliminando todas las subvenciones. En el tema laboral deberá, como mínimo, lograr que los convenios de empresas prevalezcan sobre los colectivos y los regionales. También suprimir los festivos y los que queden pasarlos a los lunes, como se ha hecho en Gran Bretaña, lo que incrementaría el PIB entre un 1 y un 2%. También debe acabar con el absentismo: hasta los funcionarios podrán ser despedidos.

Cuarto hito, acabar con la broma de los nacionalistas. Para empezar, debe cambiar la Ley electoral, una persona un voto. No puede mantener el regalo a nacionalistas y separatistas para que sus votos valgan seis veces el del resto de los españoles. Asimismo, los 300.000 vascos exilados deberán poder votar en el País Vasco. El concierto vasco, un robo intolerable al resto de España, no puede mantenerse: hay que derogarlo sin demora. Sin embargo, el hecho de que Rajoy haya nombrado portavoz del grupo popular a Alfonso Alonso, ferviente partidario del cupo y del expolio de España, convierte esto en vana esperanza. Además, la Generalitat deberá cumplir la Ley y la Constitución. La fragmentación de España en 17 trozos, lo que representa un auténtico desastre para la competitividad y el empleo, debe terminar. Y si se niegan, debe suprimir sus autonomías, como hizo Blair en el Ulster, porque no pasaría nada. España tiene fuerza y razón más que suficiente para imponerlo.

Todo esto es solo para empezar. Si resulta que no es un león, sino un cordero, y no es capaz de hacerse obedecer por sus barones, si le asesora Zapatero, si es incapaz de imponerse a sindicatos, políticos que viven como rajás, patronal y nacionalistas, le comerán hasta las barbas. Jamás superaremos la crisis y España puede saltar por los aires por unos separatistas que no tienen media bofetada.

Cómo evitar que el futuro lehendakari sea de ETA
Alfonso Merlos www.elsemanaldigital.com 19 Diciembre 2011

El censo electoral vasco ha sido adulterado por voluntad de ETA y los nacionalistas. Es hora de limpiar esta infame mancha. ¿Queremos? Podemos.

No podemos permitir que los dos grandes partidos se pongan de canto ante un asunto de vida o muerte para la dignidad nacional.

Pocas iniciativas para la regeneración de la democracia se han presentado desde la sociedad civil en los últimos tiempos con más oportunidad que la que está intentando lanzar el Foro de Ermua. La propuesta es tan simple como justa: un censo de "vascos ausentes" de cara a las próximas elecciones autonómicas en el territorio en el que hoy Bildu-Amaiur campa por sus respetos. Por desgracia y por la presunta prevaricación de las puñetas progresistas.

¿Acaso no tiene sentido y no es humano crear un listado de ciudadanos con derecho a voto en una comunidad de la que tuvieron que exiliarse por la presión terrorista de las amenazas y por el ruido asesino de las bombas? ¿Acaso no es una urgencia que los partidos con fuertes convicciones en la lucha contra el terrorismo impulsen una reforma legislativa que haga posible el reconocimiento de este derecho a esos más de 200.000 españoles a los que se les ha vulnerado? ¿Acaso no es verdad, como se subraya desde la plataforma que preside Inma Castilla de Cortázar, que el censo electoral ha sido adulterado de acuerdo a los designios de ETA y del nacionalismo y, en consecuencia, la democracia en el País Vasco en absoluto es completa?

No hace demasiados años, desde los colectivos cívicos que abanderaban y siguen abanderando la lucha contra el terrorismo se denunciaba el fantasma de un País Vasco a la medida de Arnaldo Otegi, un paraíso para la chulería fascista de Batasuna y sus demás clones socio-políticos, un escenario en el que la intimidación, el orgullo criminal y la descalificación sistemática de los no nacionalistas vencería a los valores de la convivencia y la libertad. Lamentablemente esos colectivos que tanto ejemplo nos han dado y tanto coraje nos han infundido van camino de acertar. Y nuestra clase política no parece especialmente dispuesta a remediarlo.

Con una ETA que sin desarmarse, sin desintegrarse, sin rendir cuentas ante la justicia y sin pedir perdón a sus víctimas está obteniendo tantos y tan viles frutos, lo último que nos faltaba es que los testaferros de estos verdugos se hiciesen los amos y señores de la tierra a la que han sometido con su barbarie. No podemos permitir que unas alimañas insaciables, después de haber expulsado masivamente a ciudadanos libres de sus casas, creen una ficción democrática. Y no podemos permitir que los dos grandes partidos que articulan la vida política en España, se pongan de canto ante un asunto de vida o muerte para la dignidad nacional. ¡Otegi no puede ser lehendakari!

www.twitter.com/alfonsomerlos

El länder catalán o la historia «revenant»
joan carles valero ABC Cataluña 19 Diciembre 2011

CATALUÑA se siente maltratada porque buena parte de los catalanes reciben maltrato. El gobierno de Mas, con la inestimable ayuda del Gobierno Zapatero, ha trasladado un discurso soberanista a la dura realidad de los ciudadanos. Los 220.000 trabajadores públicos de la Generalitat que no cobrarán a tiempo ni completas sus pagas esta Navidad y los miles de proveedores, pymes y autónomos en su mayoría, van a sufrir las consecuencias de un aplazamiento en el pago de sus facturas por culpa del supuesto incumplimiento de un compromiso político. Por eso la presidenta del Parlament se ha apresurado a rectificar y permitirá a los dos diputados de Solidaridad por la Independencia que sigan diciendo «España nos roba».

¿Falta de previsión en la tesorería de la Generalitat o regalo del Gobierno saliente a Rajoy? «Embolica que fa fort» quiere decir que cuanto peor, mejor. Gracias al impago de un añadido de última hora del Estatut, la ya famosa disposición adicional tercera que Zapatero concedió al tripartito para compensar el diferencial de las inversiones en infraestructuras y cuyo cálculo asciende a 759 millones de euros; el gobierno catalán ha realizado la mayor campaña a favor del pacto fiscal, que es el objetivo último de esta legislatura. La estrategia, abortada en parte por el Gobierno en funciones, al recordar que el dinero es para infraestructuras y no para tapar agujeros, aspira a completar con la cartera los cuatro puntos cardinales de la «construcción nacional»: la inmersión lingüística, TV3 y los Mossos d'Esquadra.

Con esa escenografía política de «vendetta» de fondo, la patronal catalana Fomento ha recordado que los empresarios están con la Generalitat en la reclamación de un pacto fiscal que equipare Cataluña a un länder alemán en cuanto a contribución solidaria al Estado español no superior al 4% de su riqueza y no el doble como ocurre ahora. Un tope que a su presidente, Joaquim Gay de Montellà, el hombre de consenso que cubre la retaguardia del ascenso del empresariado catalán al timón de mando de la CEOE, le gustaría que se redujera al 2,5%.

La historia se repite y Fomento vuelve a recordar el «tancament de caixes» que los comerciales e industriales de Barcelona protagonizaron en 1899 contra el alza de los impuestos tras la crisis colonial. La historia vuelve a repetirse porque, como decía Ortega y Gasset en «La rebelión de las masas», el pasado es por esencia fantasma. Revenant decía el filósofo. Si se le echa, vuelve, vuelve irremediablemente. Por eso su única auténtica separación es no echarlo. Contar con él. En suma, «vivir a la altura de los tiempos, con hiperestésica conciencia de la coyuntura histórica». El Gobierno del PP tiene en el pacto fiscal la oportunidad de practicar la conllevancia orteguiana con Cataluña. Un gesto que, como dice otro Juan Carlos habitante de estas páginas, puede dejar al PSOE (PSC) y a CiU definitivamente descolocados y sin argumentos.

Banalizar el perdón
Martín PRIETO La Razón 19 Diciembre 2011

El único personaje del mundo etarra que pidió perdón por sus crímenes es un monje que profesa en un convento en Iparralde. Espantado de sus actos, no tuvo que hablar con nadie ni explicar nada para aliviar su contrición en una regla monástica. Decía Churchill que las condecoraciones nunca se piden, nunca se rechazan y nunca se exhiben. El perdón, que habita los esquinazos más recónditos de la conciencia humana, debería seguir el mismo protocolo. Mi casa de Buenos Aires está en el barrio del Abasto, donde nació Carlos Gardel, tomado por sinagogas y judíos ultraortodoxos, con sus sombreros, barbas, trencitas y ropones negros. Conversaba con mis vecinos sobre lo suyo por antonomasia, la Soah, y me explicaron que no esperaban ninguna satisfacción de los nazis ni nada tenían que perdonar quienes fueren limpios de corazón.

Con el universo etarra nos hemos equivocado teológicamente exigiéndoles una petición de perdón a sus víctimas. El perdón se siente, no se solicita (gran escenario para farsantes e hipócritas) y el victimado está obligado a perdonar a su vez al ofensor. Tanta búsqueda del perdón universal conduce al último aquelarre del abertzalismo que, juntacadáveres, engloba a los asesinos, a los asesinados y hasta a las víctimas de eso que llamamos impropiamente «violencia de género». A este coro de cantamañanas sólo les ha faltado piar contra el maltrato animal y los perros abandonados. Todo es violencia, sí, especialmente algunos textos del radical-nacionalismo. Si en 30 años no hemos necesitado que nos perdonen la vida, no vamos ahora a agradecerles unas palabras de arrepentimiento sólo necesarias para ellos mismos y su lavatorio de sangre ajena. Ni los reinsertados como Soares Gamboa admiten estar arrepentidos. Para los encarcelados pedir perdón es la forma que tiene la llave de la celda.

Els castellans
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 19 Diciembre 2011

Este es el título de un libro de Jordi Puntí, cuya lectura recomiendo vivamente. Se trata de un ejercicio nostálgico de recuperación de la memoria de los niños de los años sesenta en un pueblo industrial de Osona. En aquellos años, todos los pueblos de Cataluña tenían su barrio de castellanos, normalmente unos bloques de casas baratas, de calles sin asfaltar y sin apenas servicios comunitarios. Barrios que hoy se han llenado de la nueva inmigración de árabes, latinos, chinos y rumanos. Paco Candel los llamó “donde la ciudad cambia de nombre”. Para la percepción popular, más bien era “donde cambia de lengua”. A esos barrios se les designaba con nombres míticos sacados a menudo del cine: el Bronx, la Onu (en mi pueblo), la Ciudad sin Ley (de Candel), el Vietnam (en Manlleu, el pueblo de Puntí). “Aquellos bloques de pisos concitaban un peligro latente, una amenaza comparable a la del Vietcong... En verano íbamos en bicicleta al barrio, y nos metíamos entre los edificios como si nos aventurásemos entre las patas de un elefante que no se entera de nada... Decíamos: ¿vamos a patrullar al Vietnam?”

La relación entre las dos comunidades infantiles era a menudo a pedradas. Las batallas entre castellanos y catalanes daban curso y salida al miedo al otro, que a la vez era recelo y competencia por el espacio y el poder. Unos y otros se observaban, se estudiaban, se odiaban y a la vez se admiraban. Ese es el caldo ideal para montar estereotipos: ”todos los castellanos votan a Felipe González, cobran el paro en Andalucía y viven aquí como si estuvieran de vacaciones”, pero a la vez “trabajan más horas que el reloj: lo hacen para no tener que estar en su casa”, “venga quejarse de Cataluña, pero todos vienen porque saben que no les faltará un plato en la mesa”, “los castellanos a la mínima cogen la baja: se pasan todo el día en el ambulatorio”.

La existencia de los castellanos dio un nuevo espacio social a los “catalanes de toda la vida”: ya no eran los últimos de la cola. Los herederos de aquella izquierda revolucionaria y comecuras de antes de la guerra hoy votaban nacionalista, aunque fuera el partido del amo. Y llevaban a los hijos a la escuela religiosa. Las familias catalanas evitaban la escuela nacional, para no mezclar a sus hijos con los castellanos: “allá, Dios sabe con qué gente se encontrarían”.

Había un reparto tácito de espacios, tiempos, actividades y establecimientos, sin ninguna razón aparente. Por ejemplo, “en verano los niños catalanes íbamos a la piscina por la mañana: los castellanos, por la tarde”. Los niños catalanes solían tener clase de repaso, y observaban con envidia cómo los castellanos saltaban desde el trampolín más alto y hacían monerías, ágiles y morenos, llevándose toda la admiración de las chavalas...

Y el Barça. La pasión que levantaba “a menudo se canalizaba contra los castellanos. Cuando el Barça ganaba... provistos de senyeres y banderas azulgranas, pasábamos por las calles del Vietnam, tocando el claxon sin parar, gritando 'Barça, Barça. Barça'. Ellos salían al balcón en pijama y nos mandaban a la mierda. Dábamos por descontado que por el hecho de ser castellanos eran antibarcelonistas, y probablemente madridistas”.

Los niños de los sesenta lo vivimos así, y así está grabado en nuestra retina, la más tierna e indeleble. Memoria errónea, sin duda. Políticamente incorrecta, también. Pero ahí está, bajo todas las capas de la conspiración de silencio que hemos montado en torno al tema tabú de la Cataluña actual.

Cataluña
Mas otorga otros 700.000 euros a medios de comunicación nacionalistas
El departamento de la Presidencia de la Generalidad adjudicó el pasado 12 de diciembre tres nuevos contratos de publicidad institucional a ‘El Punt Avui’, Grup Flaix y el diario ‘Ara’, tres días antes de anunciar el retraso en el pago de las nóminas de los funcionarios y en las facturas de los proveedores.
Redacción www.vozbcn.com 19 Diciembre 2011

El chorreo de subvenciones de la Generalidad a los medios de comunicación privados no se detiene, ni siquiera cuando no hay dinero para pagar las nóminas de los funcionarios o las facturas de los proveedores. Unas semanas después de conocerse la adjudicación de un contrato de dos millones de euros para la ‘inserción de cápsulas y microespacios divulgativos de contenido informativo de interés general para la ciudadanía’ en tres emisoras de radio y televisión del Grupo Godó, el departamento de la Presidencia ha cerrado nuevas licitaciones para insertar ‘publicidad institucional’ en tres medios privados de tenencia nacionalista por más de 700.000 euros.

En esta ocasión, como en la anterior, la adjudicación se ha realizado de forma ‘urgente’ y por el método de ‘negociado sin publicidad’, es decir, a dedo. Y los beneficiarios de esta ronda de subvenciones encubiertas como publicidad institucional son el diario El Punt Avui, el Grupo Flaix, y el diario Ara, todos ellos receptores habituales en los últimos años de millonarias ayudas directas por parte del Gobierno autonómico.

‘Cápsulas informativas de interés general para la ciudadanía’
En concreto, y según la información a la que ha tenido acceso LA VOZ DE BARCELONA, el departamento de la Presidencia autonómica otorgó el pasado 12 de diciembre un contrato para ‘la inserción de cápsulas informativas de interés general para la ciudadanía en la emisora Flaix FM y en la emisora de Ràdio Flaixbac y en sus respectivas web’ por un total de 111.792,40 euros más el 18% de IVA, esto es, 131.915,03 euros.

Ese mismo día, Presidencia adjudicó otro contrato para ‘la inserción de monográficos en formato papel y digital sobre diversos temas y servicios de interés para profesionales y pymes de Cataluña en el suplemento L’Econòmic del diario El Punt Avui, en sus dos versiones, papel y online’ por un valor de 203.820 euros más IVA, es decir, 240.507,60 euros. Por último, en la misma fecha, el departamento dirigido por Artur Mas licitó otro convenio para ‘la inserción de publicidad institucional, en formato papel y digital, en el diario Ara, en el suplemento Ara Criatures y la revista cultural Time Out‘ por 289.061 euros más IVA, esto es, 341.091,98 euros.

El sorprendente caso Ara
Se da la curiosa circunstancia de que, unos días antes de confirmarse la adjudicación, el propio presidente de la Generalidad, Artur Mas, aprovechando su primer aniversario, publicó un artículo en Ara donde presentaba al diario como un ejemplo para los emprendedores y le felicitaba por hacer ‘un producto con vocación de servicio al país [por Cataluña], a su cultura y a su lengua’. A mediados de 2010, antes de su salida a los kioskos, cuando solo era un proyecto, Ara recibió un empujón de 990.000 euros a fondo perdido por parte de la Consejería de Cultura.

Y no es de extrañar, puesto que los accionistas de Ara son expertos a la hora de conseguir subvenciones públicas. Uno de los editores del diario, El Grup Cultura 03, dirigido por Oriol Soler Castanys, ha recibido cerca de 8 millones de euros en los últimos años procedentes de la Generalidad (sin incluir las suscripciones, ni la publicidad institucional). Destaca el caso de la revista Time Out, que durante los tres años previos a su puesta en marcha fue premiada con 665.160 euros de dinero público; ayudas que han continuado tras su lanzamiento.

Prensa concertada
Los esfuerzos de la Generalidad para mantener el entramado mediático privado afín al nacionalismo se traducen en un flujo ingente y constante de recursos públicos que son difíciles de cuantificar. Solo en el año 2010, y únicamente desde la Consejería de Cultura, el Gobierno autonómico otorgó subvenciones directas a los diarios impresos por más de diez millones de euros. La única condición exigida: estar escritos en catalán. A esto hay que sumar más de tres millones de euros para los medios digitales y otros 2,8 millones de euros para las radios y las televisiones, exclusivamente desde el departamento de Cultura.

Mientras tanto, y a pesar de los recortes aplicados, los medios públicos, agrupados en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, le cuestan al Gobierno autonómico cientos de millones al año. En concreto, la Generalidad ha aportado más de 2.500 millones de euros en los últimos cinco años, principalmente en TV3 y Catalunya Ràdio, una cifra que desde el Ejecutivo autonómico han calificado como “razonable”.

ETA tiene una reserva secreta con 10 pistoleros
El grupo está preparado por si el nuevo Gobierno no sigue con el «proceso» iniciado por el PSOE
J. M. Zuloaga La Razón 19 Diciembre 2011

MADRID-ETA mantiene en la actualidad, dentro del llamado «aparato militar», una «reserva operativa» integrada por una decena de pistoleros, que, en cualquier momento, se pueden convertir en «comandos» itinerantes o con una zona de actuación determinada dentro de España, según estimaciones de expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN.

Estos individuos podrían formar, al menos, tres células y, salvo que las Fuerzas de Seguridad españolas o francesas lo logren evitar, cometer atentados en un corto espacio de tiempo, a partir de la orden de intervenir.

Entre estos diez individuos de la «reserva», uno de los secretos mejor guardados de ETA, puede haber terroristas poco conocidos (con el fin de dificultar su identificación) así como pistoleros con mucha experiencia, que los han entrenado, en especial en el uso de explosivos.

Juventud y experiencia
Los expertos prefieren no dar nombres pero apuntan a que en esa mezcla de juventud y madurez puede haber huidos de Segi (antes Jarrai y Haika) o, incluso, algún «viejo conocido» que haya regresado de América.

En cualquier caso, se trata del arma secreta que ETA tiene para romper el «proceso» si, tras la toma de posesión del nuevo Gobierno del Partido Popular, las cosas no marchan conforme al «cronograma» pactado, a través de intermediarios, con socialistas y nacionalistas.

El asunto, subrayan las fuentes consultadas, es preocupante, porque cada día que pasa resulta más evidente que los urdidores del «proceso» trasmitieron a ETA que el nuevo Gobierno salido de las urnas del 20-N, incluso si era del Partido Popular, continuaría con el «proceso» sin problemas. La realidad es otra y, desde hace varios días, las presiones sobre Rajoy son constantes.

Amenaza permanente
Si ETA hubiera desaparecido, entregado las armas y explosivos y pedido perdón a sus víctimas, dichas presiones no pasarían de ser episodios dentro de un discurrir político más o menos normal. Pero la amenaza etarra permanece, por lo que cualquier presión, lo quieran o no sus autores, lleva el sobre precio de un grupo terrorista que permanece al acecho.

La existencia de esta «reserva operativa» (en los «taldes» puede haber otros 10 o 15 individuos, hasta un total de 25); la no entrega de las armas y explosivos; los intentos de aprovisionamiento de nuevos materiales; y el mantenimiento de las estructuras clandestinas en Francia y España, demuestran que ETA tiene una voluntad clara de continuidad.

El comunicado de cese definitivo pactado durante la Conferencia Internacional, que se celebró en San Sebastián el pasado 17 de noviembre, según reveló el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, pretendía incidir en el resultado de las elecciones, pero no respondía a la realidad, según las citadas fuentes.

Etarras huidos
La cifra de etarras huidos es elevada, aunque muchos de ellos están localizados en Francia o en países de América y carecen de operatividad desde hace tiempo.

Sin embargo, hay otros de los que no se sabe nada, por más que durante la pasada campaña electoral se llegara a decir, en algunos medios y tertulias, que se sabía dónde estaban la totalidad de los miembros de ETA y, por lo tanto, podían ser arrestados en cualquier momento.

La afirmación, a todas luces exagerada y más propia de un periodo electoral que de un análisis reflexivo, carece de sentido. «Lo que se impone ahora es la prudencia, y estar muy atentos ante la amenaza etarra, que no ha desaparecido», agregaron los expertos consultados.

Zulos con armas
Entre los terroristas no localizados estarían los que integran la mencionada «reserva» secreta, que, además de pisos de seguridad en los que viven, deben disponer de zulos, en los que esconden armas, explosivos y dinero.

Estructuras operativas
- ETA no ha dado ningún paso real que acredite su voluntad de abandonar para siempre las actividades terroristas.
- Mantiene sus estructuras clandestinas en Francia y España, además de una red de zulos y pisos de seguridad.
- Los «taldes de reserva» agrupan a los terroristas que, si lo decide la «dirección» de la banda, se pueden integrar en «comandos».
- En la actualidad, el número de etarras de los «taldes» oscila entre los veinte y los treinta.

Izaguirre, feliz apoyo a los presos de ETA
El alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izaguirre, tomó parte ayer, junto a decenas de agentes sociales, políticos y sindicales, en la concentración que llevó a cabo la iniciativa Egin Dezagun Bidea para poner fin al ayuno rotatorio a favor de los derechos de los presos de ETA que se llevó a cabo durante toda la semana en el campus donostiarra de la UPV/EHU. Mientras, la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra decidirán hoy si admiten a trámite la declaración institucional presentada por Bildu para que la Cámara foral manifieste su voluntad de «respetar los derechos» de los presos de ETA

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