AGLI

Recortes de Prensa   Martes 27 Diciembre 2011

 

La hora de la verdad
Editorial www.gaceta.es  27 Diciembre 2011

España ya tiene un nuevo Gobierno y ha llegado la hora de la verdad. Todo el mundo sabe cuáles son los males de la economía española y cuáles son –aunque a algunos no les gusten– las medidas que hay que tomar para salir de la crisis económica, financiera, social, política y de valores en que ha sumido a España el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Los más de cinco millones de parados que tiene el país tienen que ser un acicate para no perder ni un minuto más y la clase política española, con el Gobierno al frente –pero con el resto de las fuerzas políticas de la oposición también–, asuma el reto de lograr el consenso necesario en las grandes decisiones de interés nacional para lograr el cambio político que demanda la sociedad española. Es el momento de la toma de decisiones y de instrumentar esas medidas, porque la economía española, como anunció ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha vuelto a entrar en recesión. A la espera de que se conozca la verdadera dimensión del déficit de las autonomías, los recortes en las administraciones con la implantación de límites del gasto público y en los presupuestos de las comunidades autónomas y ayuntamientos son las medidas más urgentes que, junto con las que nos vienen indicadas desde Europa, como la reforma del mercado laboral y el ajuste del déficit público, ocuparán de forma inmediata las labores del nuevo Gobierno. Un Gobierno que no puede despistarse porque va a tener encima a unos mercados que no van a dar tregua y que valorarán lo que haga en los primeros días y, especialmente, el ritmo al que lo haga, que fue precisamente el principal error de sus incompetentes antecesores.

La UE y los mercados ya no creen en promesas, ni vale la confianza o la credibilidad, hoy en mínimos históricos. Es el momento de la verdad, de las políticas eficaces y de las medidas de ajuste, porque como ya no caben devaluaciones de la moneda como antaño, se producirá una devaluación de nuestro trabajo: trabajar más por menos. Es el precio que hay que pagar si queremos conseguir un crecimiento más sostenible que haga más competitiva a nuestra economía. Además, sería la respuesta lógica al conflicto que plantea el manido recurso a la congelación de los salarios de los funcionarios, que será otra de las medidas urgentes del nuevo Gobierno. En este capítulo de reducción del gasto, habrá que sumar los recortes implícitos en la supresión de organismos y cargos políticos ya realizados, así como la implantación de la tasa cero en la reposición de mano de obra en la función pública, que supondrá un ahorro importante frente al despilfarro al que nos ha abocado la desenfrenada carrera del zapaterismo, que incrementó en 340.000 el número de funcionarios en los últimos siete años.

Dentro del capítulo de medidas urgentes, que incluirá también –claro está– la promesa electoral de actualización de las pensiones, es importante que se dé una respuesta al gran problema financiero de los activos contaminados –en nuestro caso, especialmente la inversión inmobiliaria– . La mayoría de los analistas proponen la creación de un banco malo, cuyo éxito o fracaso dependerá de quién la financie. Si al final acaba siendo un gasto público, seguiremos teniendo el mismo problema. Después vendrán el resto de reformas. Tiempo habrá. Ahora es el momento de pasar a la acción. La sociedad española y los cinco millones de parados así lo demandan.

educación
El Constitucional avala a la UPV para dar clases a presos de ETA
La sentencia sostiene que el Estado "vulneró" el derecho del centro educativo a la autonomía universitaria. El litigio judicial llevaba 8 años abierto
JOSÉ MARI REVIRIEGO | BILBAO El Correo  27 Diciembre 2011

El Tribunal Constitucional ha declarado nula la sentencia del Supremo que obligó en 2009 a la Universidad del País Vasco (UPV) a suspender las matriculaciones de personas encarceladas en el conjunto de España que querían cursar estudios universitarios. En aquel momento 57 inscripciones quedaron anuladas en un litigio judicial que derivó en una polémica política por la competencia de la UPV para impartir estudios a presos de ETA. El fallo judicial rechaza ahora los argumentos de la Abogacía del Estado y concede amparo a la UPV en su reivindicación de la autonomía universitaria para "regular la calidad de la enseñanza". El Constitucional reconoce que la UPV es una institución con "potestad" en esta materia, por encima de las directrices de instituciones Penitenciarias.

La sentencia sostiene que el Estado "vulneró" el derecho de la UPV a la autonomía universitaria y subraya la competencia de la Universidad para organizar el modo y las condiciones del servicio educativo a los internos en centros penitenciarios, "libre de ingerencias extrernas". Sin embargo, el Constitucional no obliga a ninguna de las partes en litigio a buscar una salida, aunque les insta a alcanzar un acuerdo. "Parece razonable exigir de las distintas administraciones públicas implicadas un esfuerzo de colaboración para asegurar que la prestación del servicio ocasionará el menor trastorno posible a la convivencia ordinaria en el seno de la institución penitenciaria", explican los magistrados firmantes de la sentencia. El pleito ha durado ocho años desde que se produjo la reforma de la Ley General Penitenciaria, en la última etapa del gobierno de José María Aznar.

El rector de la UPV, Iñaki Gorizelaia, ha comparecido esta mañana junto a su antecesor en el cargo, Juan Ignacio Pérez, para expresar su "satisfacción" por la resolución judicial. Gorizelaia ha considerado que "los esfuerzos" de la institución académica que gobierna han sido "recompensados" desde una perspectiva "jurídica y moral". "No me toca hablar del momento político si no de reivindicar que hemos hecho bien las cosas", ha declaro en el Paraninfo de la UPV de Bilbao.


Es más de un 40% de los 782 cometidos
314 asesinatos de ETA han quedado impunes
 www.gaceta.es 27 Diciembre 2011

Las víctimas denuncian la existencia de 314 asesinatos de ETA sin resolver, más del 40% de sus atentados mortales desde la amnistía de 1977.

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Maite Pagazaurtundúa, ha presentado este martes un estudio en el que se denuncia la existencia de 314 asesinatos de ETA sobre los que "a día de hoy no se ha celebrado un juicio en el que se haya determinado un autor material por parte de la Justicia española", lo que supone más de un 40 por ciento de las acciones mortales perpetradas por la banda terrorista sin esclarecer.

"Más de un 40 por ciento de asesinatos han salido gratis para sus autores y para ETA. Las personas que aparecen hablando de flexibilidad para los presos deben preguntarse si quiere que asumamos más impunidad y si no les da asco pensar en un porcentaje mayor de impunidad. Es para nosotros terrible, es echar sal a las heridas, ver que ex presos de ETA se reúnen para reivindicar su pasado es un delirio, que se sientan orgullosos.

Que se reúnan y envíen los datos que nos faltan", ha dicho Pagazaurtundúa. Según este estudio, basado en los datos facilitados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, de los 314 casos sin resolver hay 53 sobre los que directamente "no existen antecedentes documentales y la Fiscalía ya ha solicitado a la Policía y Guardia Civil que aporte los casos de los que dispongan".

También hay 66 asesinatos sobre los que se ha dictado sobreseimientos provisionales por desconocimiento de sus autores y hay 118 prescritos y 9 a punto de prescribir en los próximos meses. Pagazaurtundúa ha hecho esta presentación frente al denominado 'Muro de la Memoria' en el que se pueden leer los nombres de los cientos de asesinados cuyos asesinatos no han sido esclarecidos. En la presentación de este estudio ha estado acompañada por la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, y el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero y otros representantes de víctimas como Antonio Recio (Covite).


******************* Sección "bilingüe" ***********************
Menuda pantomima
José Antonio Vera La Razón 27 Diciembre 2011

Cuando ETA hizo público su comunicado electoral, algunos dijimos que le restaba fuerza el hecho de que se diera a conocer en plena campaña para las generales. En cambio, otros argumentaron que para nada, y celebraron a lo grande el «fin definitivo de la actividad armada». Lo cierto es que ahora aparece Jesús Eguiguren advirtiendo que la banda puede volver a matar. O sea, que si no se les da lo que piden (acercamiento y excarcelación de presos amén de otras reivindicaciones políticas), los asesinos volverán a hacer lo único que saben. Y además dirán que la culpa es nuestra por no haber cumplido el compromiso que se estableció ante ellos. Ése es el fondo de la cuestión. Con Eta se sentó el anterior Gobierno para prometer que si anunciaba el «cese definitivo de la lucha armada» habría contraprestaciones. Ellos cumplieron con su parte y ahora le reclaman al Ejecutivo la suya. El problema es que el Gobierno ya no es el mismo y Rajoy no se siente concernido por presuntos acuerdos que van más allá de la disolución sin condiciones. Y se lo dijo bien claro a los de Amaiur. «A ustedes nos les debemos nada». Es decir, que la democracia no puede estar en deuda con unos tipos por el simple hecho de que han decidido dejar de matar. Tienen que entregar las pistolas porque el terrorismo no es de recibo en un sistema de libertades, y porque asesinar es un delito y quienes incurren en él han de pagar por ello. Lo contrario sería injusto y una afrenta para los cientos de víctimas que han sufrido en primera persona la crueldad etarra. Me temo que tenemos un problema. Pero no hay que equivocarse. La culpa no será del Gobierno del PP por plegarse a lo que la banda quiere. La culpa es de quienes pactaron con ETA sobre premisas incumplibles con el único objeto de pescar votos en campaña electoral. Todo envuelto en lloros, emociones y falsedades que quedan al descubierto a medida que transcurren los días, se empiezan a poner nerviosos los asesinos porque no ven resultados, y el señor Eguiguren nos recuerda que «ETA puede volver a matar». Menuda pantomima.

La bomba de Amaiur
Alfonso Basallo www.gaceta.es 27 Diciembre 2011

Desde el punto de vista ético esos tipos no deberían ocupar escaños.

Nada demuestra mejor el carácter arbitrario de la voluntad política que la forma en que instrumentaliza la Ley. Cuando algo se les mete entre ceja y ceja, ya puede haber un ordenamiento jurídico perfectamente trabado que “ellos” buscarán un resquicio para darle la vuelta como un calcetín y salirse con la suya. Es lo que ha permitido que Amaiur haya metido la cabeza en el Congreso y que en las elecciones vascas del próximo año un personaje como Arnaldo Otegui tenga posibilidades de llegar a la Lehendakaritza. El Supremo había anulado las listas de Bildu, pero una instancia política como el TC las blanqueó, demostrando que en España el verdadero Supremo puede ser el Ejecutivo, cuando le conviene.

Los proetarras están ahora legitimados por las urnas y ya no es posible desactivar esa bomba de relojería democráticamente colocada en el Congreso. Pero, desde el punto de vista de la lógica ética –no de la lógica política– esos tipos no deberían estar ocupando escaños. Es profundamente injusto que los colaboracionistas del crimen representen a los ciudadanos. Es como para borrarse, pedir la hoja de reclamaciones, presentar una enmienda a la totalidad.

Queda, sin embargo, un cartucho –por otro lado, plenamente democrático– que valdría la pena quemar: una reforma electoral que permita votar en el País Vasco a los más de 200.000 exiliados que tuvieron que dejarlo por las amenazas de ETA. Si esto fuera posible, tal como ha propuesto el PP, esos votos contrarrestarían los de Amaiur en los futuros comicios vascos.

Basagoiti quiere, a través de su partido, plantear la medida en el Congreso de los Diputados, competente para promover una modificación legal de ese calado. ¿Lo harán? Sería la prueba del algodón para comprobar si, en esta nueva legislatura, la justicia se impone a la arbitrariedad.

Cataluña
Entre el seny y la rauxa
José Antonio Baonza Díaz  Libertad Digital 27 Diciembre 2011

"No es lógico que, siendo una parte esencial del estado español, paguemos uno o dos puntos porcentuales más que el gobierno central por nuestra deuda". Quien de esta guisa clama por una emisión de "hispabonos" o "iberbonos" del gobierno central para asumir las deudas de la comunidad de Cataluña no es el prefecto del departamento del Nordeste-Pirineos –como tal vez llamaríamos a esta entrañable región al modo francés– sino el presidente de uno de esos híbridos monstruosos entre estado federado y estado independiente que han resultado ser las comunidades autónomas españolas. Con el pretexto de la falta de apoyo financiero estatal, el gobierno de una de ellas ha suspendido pagos a sus empleados, al tiempo que ha aplazado el ingreso de las retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social. No parece que hable la misma persona que antes de llegar a presidente de la Generalitat contribuyó de manera entusiasta al golpe de gracia dado a la legalidad constitucional por la aprobación formal del estatuto catalán de 2006.

Los presentes lamentos de Artur Mas derivan de la percepción común entre analistas de deuda pública de que la caótica relación de los gobiernos españoles conlleva un riesgo adicional de que las deudas de las regiones no se asuman por un gobierno central cuyas cuentas ya se encuentran suficientemente deterioradas. Esta responsabilidad mancomunada frente a los acreedores, la cual parece evidente dentro de la estructura de los estados reconocidos en Derecho internacional, no resulta tan clara con el proceso de segregación progresiva abierto en España hace años. Resulta curioso que cuando el independentista declarado se da cuenta de las consecuencias de sus veleidades no tenga empacho en definir a su demarcación como región española y en reclamar la "ayuda" del denostado gobierno del que quiere independizar a su comunidad algún día.

Entiéndase bien. El estado general de las finanzas públicas no es mejor cualitativamente. Sin embargo, los políticos españoles comparten una contumaz resistencia a reconocer que se ha acabado el dinero. La postura de Mas, aunque equivocada cuando apunta a la emisión de más deuda y la creación de nuevos impuestos, resulta sensata en comparación con las últimas manifestaciones de osadía revestida de aplomo con las que se despidió de la vida pública –esperemos que para siempre– el anterior inquilino de la Moncloa. Poco antes de las elecciones que desalojaron a su partido del poder, bramaba contra el Banco Central Europeo por no promover otro proceso inflacionario que diluyera las deudas ya contraídas y exigía a la Unión Europea la emisión de unos "eurobonos" que sirvieran para financiar unos gastos impagables con impuestos a tipos de interés eternamente inferiores a los que los inversores exigirían al gobierno español.

Si la conducta de la casta política que domina a un pueblo fuera la exacta traslación de la generalizada o dominante en una sociedad determinada, me atrevería a decir que la mayoría de los españoles se debate entre los polos opuestos de esa esquizofrenia: el seny y la rauxa, que caracterizarían, según el tópico, el comportamiento de los catalanes.

Un columnista perspicaz resumió hace tiempo la situación: muchos españoles piensan como cubanos (de la isla-cárcel, se entiende), pero quieren vivir como norteamericanos. El sentido común y cierta racionalidad que están obviamente presentes en las vidas de muchos individuos coexisten con el dislate, el exceso o la miopía intelectual más temeraria cuando opinan sobre asuntos colectivos. La propia dimensión de las decisiones que deban ser colectivas no parece encontrar límites para numerosas personas, adocenadas durante años para aceptar intromisiones intolerables del gobierno en la libertad de los individuos. El sorprendente buen resultado electoral del PSOE en las elecciones generales –si debiera colegirse una relación proporcional entre los daños causados por su gestión y el batacazo que merecerían–, así como su influencia en el discurso del partido que ha recogido los frutos de su desgaste, demuestran hasta qué punto los ideólogos de ese partido han programado las mentes de muchos individuos con su machacona y omnipresente propaganda. Aunque puede palparse en la sociedad española la conciencia de padecer muchos males, ésta no va acompañada de una identificación acertada de los mismos y los remedios necesarios para atajarlos.

Llama la atención en estas fechas navideñas que los temarios de oposiciones para ingresar en las administraciones públicas encuentren un hueco entre los libros más publicitados –y tal vez más vendidos– de las grandes librerías. No parece haber calado entre sectores mayoritarios de la población la necesidad de reducir drásticamente las funciones de los gobiernos y –por ende– de los empleados públicos. Todavía existe la creencia bastante extendida de que los gobiernos "crean" puestos de trabajo y de que ese gasto no conlleva necesariamente destrucción de riqueza generada en la sociedad.

Sin embargo, puede que la irresponsabilidad tenga sus días contados y quede descubierta a los ojos de la mayoría. Tal vez una suspensión de pagos tan grave como la protagonizada por el gobierno de Cataluña sirva para tomar plena conciencia de la auténtica dimensión de los problemas planteados y no demorar por más tiempo las medidas necesarias para paliarlos. Dentro de este contexto, acaso los gobernantes de los distintos ámbitos administrativos –central, autonómico y municipal– lleguen a la convicción de que deben liquidarse departamentos y empresas públicas enteros ocupados por empleados públicos. Parece evidente que no será suficiente reducir servicios sin precisar, recortar los salarios de los empleados públicos y enajenar empresas públicas, como apunta Mas. Si los gobiernos no ajustan sus plantillas a sus ingresos reales, como han tenido que hacer de forma dramática las empresas privadas con los perjuicios inducidos por la dualidad del mercado de trabajo, se presentarán suspensiones de pagos mucho más difíciles de afrontar.
José Antonio Baonza Díaz es abogado y miembro del Instituto Juan de Mariana

Cataluña
El TSJC reactiva el proceso contra el Govern por desacato lingüístico
El tribunal pide, en una providencia, que se considere someter la decisión al pleno de la Sala de lo Contencioso
JANOT GUIL / BARCELONA ABC  27 Diciembre 2011

Desde mediados del pasado septiembre la pelota está en el tejado de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Fue este tribunal, que preside el magistrado Joaquín José Ortiz Blasco, el que en un auto de julio de este año instó a la Generalitat a aplicar, en un plazo de dos meses, las ya famosas tres sentencias contra el sistema de inmersión en catalán en la enseñanza que el Tribunal Supremo (TS) dictó en diciembre de 2010. Áquellas que conminaban a la Consejería de Educación a garantizar que el castellano fuera también lengua vehicular en las escuelas catalanas.

Los fallos del TS estimaban unos recursos presentados por los padres de escolares catalanes y basaban sus argumentos en lo que el Tribunal Constitucional dirimió al respecto en julio de 2010 a propósito del recurso al Estatuto catalán.
Alegaciones

La historia es sabida: la Generalitat presentó recurso a la decisión del TSJC, conocida el 2 de septiembre, los padres que en su día acudieron al TS, apoyados por Convivencia Cívica Catalana (CCC), presentaron sus alegaciones, y la citada Sección Quinta suspendió el ultimátum de los dos meses hasta resolver el recurso. Y así hasta hoy, sin noticias. O casi.

En una providencia notificada el pasado 15 de diciembre a la que ha tenido acceso ABC, el tribunal que debe decidir sobre este recurso acordó, «dada la trascendencia de la cuestión que ha de resolverse», someter a la consideración del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC «si la misma ha de ser votada y fallada por el Pleno de la sala de lo Contencioso». Por los 24 magistrados que la integran.

«Lo que interpretamos con esta providencia es que el tribunal no se quiere “mojar” ante la relevancia del caso, las fuertes presiones...», declaró a ABC Ángel Escolano, el abogado que representa los intereses de Convivencia Cívica Catalana en esta causa. «Quieren diluir su responsabilidad sometiendo la cuestión a la veintena de magistrados»,señala el presidente de Convivencia, Francisco Caja.

No sería la primera vez que la controvertida inmersión lingüística del catalán que se aplica en las escuelas de Cataluña recala en el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. En julio de este año, diez días antes de que la Sección Quinta se pronunciara, el Pleno de esta sala dictó una sentencia, a propósito de un recurso sobre un decreto de 2008, que avalaba el modelo de inmersión. En concreto, 17 de los 24 jueces reunidos firmaron un fallo en el que se sentencia: «La lengua catalana es el vehículo de expresión normal tanto en las actividades internas como en las de la proyección exterior» de las escuelas».

Y por «normal» se entiende que «indica el carácter de lengua usual o habitual», relacionado «con las finalidades de normalización que se pretenda asumir», sin que eso implique la exclusión del castellano. Entre los siete magistrados que entonces firmaron un voto particular en contra estaba el presidente de la Sección Quinta, Ortiz Blasco; pero entre los que la suscribieron también se hallan otros miembros de este tribunal.

En todo caso, Escolano recalca lo sorprendente de esta última petición para que se decida en pleno. «En julio, lo que se sustanciaba era una sentencia a raíz de un recurso, pero es que ahora se trata de un auto de ejecución de una sentencia, en el que no cabe entrar en la cuestión de fondo, que ya decidió el Supremo».

Sea como sea, con dilaciones más o menos interesadas, el letrado augura que el pleno de la Sala de lo Contencioso tendrá que desestimar el recurso de la Generalitat e instar a la ejecución de la sentencia. Otra cosa es saber cuánto tiempo el gobierno de Mas aguantará sin acatar el fallo.

anula una sentencia del supremo
El TC permite a los presos etarras estudiar en la Universidad del País Vasco
El Tribunal Constitucional autoriza a los presos de ETA a matricularse en la UPV. Su rector, el hermano de Jone Goirizelaia, está "satisfecho".
 Libertad Digital 27 Diciembre 2011

El Tribunal Constitucional ha anulado la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba el protocolo por el cual se matriculaba a reclusos en la UPV. El rector del centro, Iñaki Goirizelaia, hermano de la abogada del entorno de ETA Jone Goirizelaia, ha expresado su "satisfacción" en rueda de prensa en Bilbao. También ha dicho que ahora "lo lógico" sería que ahora se facilitase la firma de un convenio entre la UPV e Instituciones Penitenciarias para que los presos se matriculen.

Los antecedentes del caso se remontan a 2003, cuando se produjo la reforma de la Ley General Penitenciaria, en virtud de la cual, para que los internos pudieran acceder al servicio público de la educación universitaria, sería necesario que la Administración Penitenciaria suscribiera convenios con universidades públicas.

En atención a la movilidad de la población reclusa y a la naturaleza no presencial de los estudios, los convenios se suscribirían preferentemente con la Universidad de Educación a Distancia (UNED), si bien la Administración Penitenciaria también podría celebrar convenios con otras universidades. Esta regulación y la negativa del Estado a establecer el convenio correspondiente con la UPV –cabe recordar los casos de presos etarras con asignaturas aprobadas pese a no haber hecho el examen- eliminó la posibilidad de que los internos en cárceles españolas pudieran cursar estudios en ella.

En octubre de 2004, el Consejo de Gobierno de la UPV aprobó, por unanimidad, un Protocolo de Atención de Personas Internas en Centros Penitenciarios, con el objetivo de que sirviera de base a un futuro convenio con Instituciones Penitenciarias.

La Abogacía del Estado recurrió la citada normativa, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló a favor de la UPV. La sentencia fue recurrida y el Supremo dio la razón al Gobierno en abril de 2009, por lo que 57 matriculaciones de reclusos quedaron suspendidas. Ante esta decisión, la institución académica recurrió en amparo ante el Constitucional y éste le dio la razón el pasado 19 de diciembre.

En concreto, el TC ha anulado la resolución del Supremo porque, dice, "contraviene el derecho a la autonomía universitaria" y señala que la interpretación que hace el TS de la Ley General Penitenciaria rechazando que la Universidad pueda regular las condiciones en las que ha de impartir la docencia a distancia a presos hasta no se haya concertado con la Administración Penitenciaria, supone "una restricción del ejercicio de la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada, que lo lesiona".

"Se vuelve a cubrir de gloria"
En declaraciones a esRadio, Santiago Abascal ha lamentado la decisión. "El Tribunal Constitucional se vuelve a cubrir de gloria y confirma bien a las claras que es un tribunal de carácter político", ha dicho el presidente de la fundación DENAES. En su opinión, con fallos como este actúa "de espaldas a la sociedad española" y "a espaldas de la justicia más elemental".

"Lanza una idea que es peligrosísima, que la autoridad universitaria puede servir para que se infrinjan las leyes, y que unos terroristas, a través de estrategias mafiosas, pueden obtener calificaciones elevadísimas sin ningún tipo de control", ha denunciado.

Lucha antiterrorista
El 40% de los asesinatos de ETA han quedado impunes
Según asociaciones de víctimas, han prescrito 134 de los 314 ocurridos desde 1977 sobre los que no hay sentencia
EFE / MADRID La Opinión 27 Diciembre 2011

Un 40 por ciento de los 782 asesinatos cometidos por ETA desde la amnistía de 1977 han quedado impunes y carecen de sentencia judicial, según un informe elaborado por el Observatorio contra la Impunidad, creado hace un año por una veintena de asociaciones y colectivos de víctimas del terrorismo.

De los 314 asesinatos de ETA sin sentencia judicial, 134 han prescrito ya, quedando extinguida la responsabilidad penal de los autores, y nueve más están a punto de prescribir en los próximos meses, algo que quieren evitar las asociaciones de víctimas del terrorismo.

"Es nuestro Salvar al soldado Ryan", ha asegurado en la presentación del informe la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Maite Pagazaurtundúa, acompañada por representantes de la AVT, Covite o Dignidad y Justicia, entre otros colectivos.

Además de los casos prescritos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional asegura no tener información sobre otros 53 atentados mortales, de los que sí tienen constancia las asociaciones de víctimas.

Según los datos aportados al observatorio por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, la Justicia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa en 166 asesinatos por desconocimiento de los autores materiales.

En 95 atentados, pese a haberse logrado identificar a algún implicado en los hechos, no se ha obtenido finalmente una condena contra los autores materiales de las muertes.

Ocho casos más con víctimas mortales se han archivado sin juicio ya que los terroristas ya habían muerto, y otros once sumarios han acabado con una sentencia absolutoria para los presuntos autores.

Por años, 1978, 79 y 80, periodos sangrientos, acumulan casi 150 asesinatos sin resolver, casi el 60 por ciento de los atentados mortales cometidos en esas fechas.

Ya en años más recientes, en 1990 ETA cometió 25 asesinatos, de los que 19 siguen sin condena.

"Hay que hablar claro, un 40 por ciento de los asesinatos de ETA han salido gratis para sus autores materiales y para ETA", ha lamentado Pagazaurtundúa, que ha calificado este informe de "mazazo" para las víctimas del terrorismo.

La presidenta de la FVT ha alertado de que los terroristas no pueden reclamar ahora "medidas de gracia" o "flexibilidad" en la política penitenciaria sin colaborar antes con la resolución de estos asesinatos sin resolver.

Pagazaurtundúa ha lamentado también que los antiguos presos de la banda hayan celebrado actos públicos en los que reclaman beneficios penitenciarios para los etarras todavía encarcelados, tras el anuncio de la banda de un final definitivo de su actividad terrorista.

"Es echar sal sobre las heridas", ha subrayado la presidenta de la FVT, que ha dejado claro que las víctimas no pueden asumir ahora "más impunidad" a la ya acumulada durante décadas de actividad etarra.

Sobre los 314 asesinatos que quedan sin resolver, el Observatorio contra la Impunidad va a establecer un protocolo de comunicación con los familiares para informarles de los detalles del proceso y la posibilidad de una reapertura de los casos.

"Esto es solo la punta del iceberg de la historia de ETA", ha destacado Pagazaurtundúa que ha insistido en que ETA ha acumulado un "verdadero muro de impunidad" que no puede acrecentarse con el cierre en falso de los casos pendientes en los tribunales.

Ha recordado que, en algunos casos, los familiares no saben ni siquiera el paradero de los cadáveres de sus seres queridos, por lo que ha rechazado cualquier "medida de gracia" o "reinserción" de los terroristas hasta que colaboren con la Justicia.

Preguntada si se ha puesto ya en contacto con el nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la presidenta de la FVT ha anunciado que en breve le remitirá una carta en la que expone las reivindicaciones de las víctimas del terrorismo.

También ha mostrado su satisfacción por el discurso de Navidad del Rey, en el que reclamó a los terroristas de ETA que entreguen "sus armas asesinas" y desaparezcan para siempre.

Primer posible desafío a Rajoy
La Generalitat catalana da un paso más hacia la "transición nacional"
Europa Press. www.gaceta.es  27 Diciembre 2011

El Ejecutivo de Artur Mas ha aprobado un anteproyecto de ley de Consultas Populares que permitiría al Gobierno catalán convocar consultas populares no vinculantes sobre cualquier tema, también sobre la independencia de Cataluña.

La Generalitat ha dado este martes un paso más hacia la "transición nacional" catalana que asegura defender, al aprobar un anteproyecto de ley de Consultas Populares que permitiría al Gobierno catalán de Artur Mas convocar consultas populares no vinculantes sobre cualquier tema, también sobre la independencia de Cataluña.

La nueva ley de consultas, que ahora inicia su aprobación parlamentaria, era uno de los compromisos que adoptó CiU en la campaña de las elecciones autonómicas, y su aprobación por parte del Gobierno catalán llega días después de que la federación votase 'no' a la investidura de Rajoy, aunque luego hiciera una valoración positiva del nuevo Gobierno y de sus primeras medidas.

La aprobación del texto coincide con el primer aniversario de la toma de posesión de Artur Mas como presidente de la Generalitat y representa el primer posible desafío al que tendría que hacer frente el presidente Mariano Rajoy procedente de Cataluña, en caso de cristalizar.

Sobre cualquier asunto
La ley pretende regular las consultas populares que no son un referéndum, por lo que su resultado nunca será vinculante, según ha aprobado el Gobierno autonómico de Artur Mas, en la última reunión del año. Según Homs, se puede preguntar sobre cualquier asunto, no sólo en lo relativo a lo que la Generalitat tiene competencias.

Al preguntársele sobre si también puede incluirse en estas convocatorias asuntos como la independencia o las relaciones entre Cataluña y el resto de España, ha dicho que sólo habría "argumentos políticos" y no jurídicos para impedirlo.

"No nos da miedo preguntar a la gente y de hecho esto es una apuesta de radicalidad democrática", ha asegurado Homs, quien no ha descartado que se pueda convocar una consulta sobre la necesidad de que Cataluña tenga una nueva financiación que la equipare a las autonomías forales, esto es País Vasco y Navarra.

"Quienes se oponen --a la convocatoria de consultas populares-- intentan amputar la expresión democrática de un pueblo", algo que rechaza el Gobierno catalán, ha añadido Homs, quien ha asegurado que para legislar sobre ello, el Ejecutivo ha partido del auto del Tribunal Constitucional (TC) por el que se rechazó el 'Plan Ibarretxe' y la sentencia por la que recortó el Estatut en 2010.

Homs ha indicado que el TC no suprimió del Estatut el artículo que da competencias a la Generalitat en lo relativo a las consultas populares, por lo que lo único que hace el Gobierno catalán es aprobar un redactado que las despliegue.

Convocatoria y participación
Hay dos tipos de consultas según la normativa: las de ámbito local, cuya convocatoria corresponde al alcalde, y las de ámbito autonómico, que las convoca el presidente de la Generalitat.

También puede solicitar convocar una consulta de ámbito autonómico si así lo solicitan 50.000 firmas válidas, y en el caso de las de ámbito municipal, se fija un tope de entre el 5% y el 20% de los habitantes, en función de la demografía de las localidades.

El proyecto establece también que podrán votar en estas consultas populares los catalanes mayores de 18 años así como los ciudadanos de la Unión Europea (UE), Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza que estén empadronados en algún municipio catalán.

El tripartito aprobó en la anterior legislatura catalana una ley que regulaba los referéndums, cuyo resultado es vinculante, si bien tal y como establece la Constitución en este caso es necesario contar con el aval del Gobierno central. El texto fue recurrido por parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ante el TC.

Actualidad
Mas burla de nuevo la Constitución aprobando las 'consultas populares no vinculantes'
La Generalitat podrá utilizar el censo de Cataluña sin el permiso de la administración central
 www.lavozlibre.com/Ep 27 Diciembre 2011

Barcelona.- Artur Mas ha vuelto a burlar la Constitución Española (CE). La Generalitat de Cataluña ha dado este martes un paso más hacia la "transición nacional" catalana que asegura defender, al aprobar un anteproyecto de ley de Consultas Populares que permitiría convocar consultas populares no vinculantes sobre cualquier tema, también sobre la independencia de Catalunya.

La nueva ley de consultas, que ahora inicia su aprobación parlamentaria, era uno de los compromisos que adoptó Convergencia i Unió (CiU) en la campaña de las elecciones autonómicas, y su aprobación por parte del Govern llega días dezpués de que la federación votase 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, aunque luego hiciera una valoración positiva del nuevo Gobierno y de sus primeras medidas.

La aprobación del texto coincide con el primer aniversario de la toma de posesión de Artur Mas como presidente de la Generalitat y representa el primer posible desafío al que tendría que hacer frente el presidente Mariano Rajoy procedente de Catalunya, en caso de cristalizar.

La ley pretende regular las consultas populares que no son un referéndum, por lo que su resultado nunca será vinculante, según ha aprobado el gobierno autonómico de Artur Mas, en la última reunión del año. La norma ahora deberá empezar a tramitarse en el Parlament, y establece que en vez del censo electoral, pueda utilizarse el padrón municipal en este tipo de consultas.

Según Francesc Homs, portavoz del ejecutivo autonómico catalán, se puede preguntar sobre cualquier asunto, no sólo en lo relativo a lo que la Generalitat tiene competencias. Al preguntársele sobre si también puede incluirse en estas convocatorias asuntos como la independencia o las relaciones entre Cataluña y el resto de España, ha dicho que sólo habría "argumentos políticos" y no jurídicos para impedirlo.

"No nos da miedo preguntar a la gente y de hecho esto es una apuesta de radicalidad democrática", ha asegurado Homs, quien no ha descartado que se pueda convocar una consulta sobre la necesidad de que Catalunya tenga una nueva financiación que la equipare a las autonomías forales, esto es País Vasco y Navarra. "Quienes se oponen a la convocatoria de consultas populares intentan amputar la expresión democrática de un pueblo", aseguró.

LOS PORMENORES DEL NUEVO ANTEPROYECTO DE LEY
Hay dos tipos de consultas según la normativa: las de ámbito local, cuya convocatoria corresponde al alcalde, y las de ámbito autonómico, que las convoca el presidente de la Generalitat.

También puede solicitar convocar una consulta de ámbito autonómico si así lo solicitan 50.000 firmas válidas, y en el caso de las de ámbito municipal, se fija un tope de entre el 5% y el 20% de los habitantes, en función de la demografía de las localidades.

El proyecto establece también que podrán votar en estas consultas populares los catalanes mayores de 18 años así como los ciudadanos de la Unión Europea (UE), Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza que estén empadronados en algún municipio catalán.

Cataluña
El Ayuntamiento de Mollet cierra un taller teatral infantil por ser en español
El gobierno municipal, en manos del PSC, alega falta de alumnos, unos días después de que ERC acusara a los responsables de la asociación de ser ‘falangistas’. La formación independentista había protestado porque las obras se realizaban mayoritariamente en castellano.
Redacción www.vozbcn.com 27 Diciembre 2011

Poner en marcha un taller de teatro para niños cuyas actividades se realicen en castellano no es tarea fácil en Cataluña. Prueba de ello es la experiencia vivida por Manuel Aguilella, secretario de Acción Sindical de SiPcte-USOC de Correos, que en enero de 2009 fundó la Asociación teatral de las artes escénicas y culturales Cataplân.

Aunque es residente en Barcelona, poco después de crear Cataplân -una entidad sin animo de lucro-, Aguilella consiguió que el Ayuntamiento de Mollet (Barcelona), entonces gobiernado por el PSC en solitario, le cediese durante tres horas a la semana un espacio en un centro cívico municipal para realizar talleres de teatro para niños, mayoritariamente en castellano, pero también en catalán.

A ERC no le gusta que se haga teatro en castellano
Entre la quincena de niños que solían asistir -con edades comprendidas entre los 8 y los 15 años-, Aguilella acogía tanto a españoles como a hijos de inmigrantes magrebíes, chinos y sudamericanos, muchos de cuyos padres querían que los niños realizasen actividades en español, lengua habitualmente tratada como extranjera en las escuelas públicas de Cataluña. Posteriormente, la oferta se amplió y también incluyó talleres teatrales para adultos.

El primer problema con el que Aguilella se encontró tuvo lugar en mayo de 2009, cuando los niños representaron la obra Los tres cerditos y el lobo durante un festival municipal al aire libre. Entonces, desde la agrupación local de ERC surgieron las primeras críticas por el hecho de que el castellano fuese la lengua elegida para interpretar el tradicional cuento infantil. El responsable del taller tuvo que dar explicaciones ante el Ayuntamiento, que, sin embargo, le trasladó su apoyo. A pesar de ello, decició no volver a hacer representaciones en público para evitar nuevas quejas.

Campaña contra Aguilella
Pero la campaña definitiva se puso en marcha en otoño pasado, cuando los concejales de ERC en el Ayuntamiento de la localidad vallesana (Oriol López Mayolas y Marta Vilaret García) descubrieron que Aguilella también era el máximo responsable en Cataluña de la Organización Juvenil Española (OJE) -entidad de utilidad pública, según el Ministerio del Interior-. Probablemente, otras actuaciones suyas, como el hecho de que se presentase en el número siete de la lista de UPyD por Barcelona en las generales, o la acción protagonizada en junio pasado cuando se atrincheró en la sede central de la Consejería de Salud porque no le proporcionaron un impreso oficial en castellano, también llegaron a oídos de los concejales independentistas.

Aprovechando que el PSC de Mollet perdió la mayoría absoluta en las municipales de mayo -desde entonces gobierna mediante pactos puntuales con CiU y con ERC-, López Mayolas planteó en un pleno de octubre pasado que el Ayuntamiento debería anular el convenio firmado con Cataplân (que incluye una subvención de 300 euros anuales), por el que le cedía el uso del teatro municipal, debido a los vínculos de su director con organizaciones supuestamente “falangistas” y a las presuntas quejas de algunos padres.

‘Hemos destapado un curso de teatro hecho por falangistas en un equipamiento municipal de Mollet’, llegaron a indicar en el perfil de Facbook de la sección local de ERC, mensaje que posteriormente retiraron. Algunos medios locales de tendencia nacionalista, como Contrapunt o El 9 nou, tambien avalaron las acusaciones de ERC.

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